El PRM es quien presenta más propuestas de gobierno

Por Juan Bolívar Díaz
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El Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato presidencial Luis Abinader encabezan con mucho las propuestas de gobierno de cara a las elecciones generales del próximo mes y contrario a lo que se denuncia, no han rematado las debilidades y escándalos del Gobierno, lo que no puede equipararse a campaña sucia.

Esa opción política perdió demasiado tiempo y energías en el reparto de candidaturas, luchando con limitados recursos contra el desafuero de las ambiciones individuales y el poder del partido-Estado en cada circunscripción electoral, y al lanzar su ofensiva final, tropieza con la capacidad contenciosa del Gobierno.

Se les acaba el tiempo. A cinco semanas de las elecciones, a la oposición a la reelección del presidente Danilo Medina (DM) se le está acabando el tiempo, tras el fracaso de todos los intentos de acercamiento para alcanzar algún grado de concertación para enfrentar unidos lo que todos reconocen como una descomunal maquinaria de poder de un partido sin límites en el abuso de todos los poderes del Estado.

Son siete los candidatos alternativos a la continuidad de DM en el poder: Luis Abinader, Guillermo Moreno, Minou Tavárez, Hatuey de Camps, Pelegrín Castillo, Elías Wessin Chávez, y Soraya Aquino. Pero sólo los tres primeros han aparecido en alguna de las encuestas nacionales con más del 1 por ciento de las preferencias, Abinader ha predominado absolutamente en promedio sobre el 30 por ciento.

Tres de los candidatos, Hatuey (bregando por la salud), Wessin y Soraya, ni siquiera han tenido fuerte presencia en los medios de comunicación y en los escenarios de las entidades sociales, en lo que han tenido ventaja los otros cuatro, que se han lanzado especialmente por las redes sociales, la radio y la televisión.

Pero aún en la oposición Abinader ha sido el único que ha conseguido recursos para colocar el 17 por ciento de la publicidad en los medios masivos, como documentó un monitoreo del mes pasado de Participación Ciudadana, en el que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acaparaba el 82 por ciento. Estos dos dejaban a los seis restantes con menos del 1 por ciento de la publicidad. Así no hay quien compita en ninguna democracia.

Fracasa el último intento. A pesar de la extrema desigualdad la oposición no ha podido concertar ni para enfrentar los abusos del poder, como el del jueves 7 cuando el candidato del PLD entregaba más de cinco mil títulos de propiedad a parceleros de la reforma agraria con décadas esperándolos en Azua. Tuvo que suspenderlo por la mitad, cuando una multitud lo caotizó denunciando discriminación política. En Santiago concentraron el martes 5 a miles de niños y adolescentes para presentar su plan de “República Digital”, sin precisar si Medina hablaba como presidente o como candidato y si era un acto del gobierno o del partido.

El último esfuerzo, impulsado por allegados a las candidaturas alternativas de Minou Tavárez y Guillermo Moreno logró algún avance en la Semana Santa, cuando se verificaron dos reuniones y llegaron a integrarse representantes del más alto nivel de los siete candidatos de oposición. Redactaron y circularon dos documentos, uno demandando equidad en la campaña electoral y el otro comprometiéndose a defender cada voto.

Ya no se trataba de unir candidaturas, con los plazos de inscripción cerrados, sino de concertar para reclamar límites al desbordamiento del Estado en la campaña. Fechado el 30 de marzo, uno de los proyectos titulado “Ante el abuso del poder, la oposición unida reclama elecciones democráticas, libres y equitativas”, contiene 7 consideraciones, 4 emplazamientos al gobierno y a la Junta Central Electoral, reclamando medidas concretas, y 3 compromisos para evitar compra de votos e integrar al pueblo a la lucha democrática.

El otro era un proyecto de “Pacto para defender el voto”, con 3 consideraciones y 17 compromisos concretos, entre ellos velar cada voto en los colegios electorales donde tal vez sólo el PRM alcance a tener delegados en todos. Dicen que la Alianza por la Democracia, que postula a Minou, fue de los más decididos, y que al final desistieron los delegados de Moreno, Hatuey y Pelegrín.

Candidatos sin recursos. No hay dudas que los partidos alternativos han logrado postular buenos candidatos y candidatas al Congreso y los municipios, incluyendo jóvenes incontaminados de la política, activistas sociales y comunitarios. Pero tienen en común el no contar con recursos para competir en un sistema político que ha encarecido el costo de la democracia, en beneficio de los que pueden reunir dinero, legítimo y sobre todo ilegítimo. Los alternativos han resaltado en los cuatro debates de Uno+Uno con candidatos a las alcaldías de Santo Domingo Este y Norte, y de San Cristóbal, y a diputados nacionales.

Andrés L. Mateo se ríe cuando le preguntan cuál es su presupuesto de campaña para diputado y cuándo pondrá vallas. Testimonia que una de sus contrincantes en la competitiva circunscripción 1 del DN confiesa haber gastado 50 millones de pesos sólo para asegurarse la candidatura. En la capital ya es difícil conseguir una valla en las confluencias fundamentales, pues los gobiernistas las tienen monopolizadas, dicen activistas de David Collado, el candidato a alcalde por el PRM que sí tiene recursos.

Hay quienes se quejan de Abinader porque en un año no ha llegado al 40 por ciento de las preferencias, ignorando que partió de un partido desintegrado con apoyo gubernamental, que ha dispuesto de pocos recursos y que compite contra un candidato que dispone de todo el poder y de los órganos de control. Si estas elecciones hubiesen sido sólo presidenciales, estaría en mejor posición, ya que perdió más de la mitad de su tiempo y energías en los últimos meses arbitrando ambiciones desaforadas y tratando de evitar que el dinero, los contratos y los privilegios del Estado le compraran cuadros de su partido.

Las propuestas del PRM. Aunque muchos se quejan de la escasez de propuestas en la campaña electoral, el PRM ha liderado absolutamente en ese renglón, con un equipo de profesionales y técnicos del mayor nivel en economía, políticas sociales, agropecuaria, educación y relaciones internacionales.

Desde agosto presentaron y distribuyeron una propuesta de programa de gobierno que han enriquecido progresivamente, incluyendo propuestas sectoriales para las mujeres y los jóvenes, los que están en su página de internet. Allí se encuentran propuestas específicas para mejorar la calidad del gasto público, para el desarrollo agropecuario, seguridad ciudadana, relaciones exteriores, para un “gobierno eficiente”, un plan de creación de empleos. También respuestas a las doce necesidades más sentidas de la sociedad.

Los partidos y grupos integrados a la Convergencia que apoyan la candidatura de Luis Abinader firmaron un compromiso ético que incluye combatir el clientelismo y el dispendio público, comprometiéndose a eliminar barrilitos, cofrecitos y repartos en las entidades públicas. Y para esta semana anuncian la firma de un compromiso de reformas con dos ejes fundamentales, de políticas e institucionales y económico-sociales.

El Partido Revolucionario Social Demócrata, que postula a Hatuey de Camps, ha distribuido un “Programa Mínimo de Gobierno”. Aunque el presidente Medina ha anunciado varios programas sociales y económicos, todavía el PLD no ha renovado su programa de gobierno y en su página de internet aparece el presentado hace 4 años.

La institucionalidad democrática estará a prueba en el nuevo año

Por Juan Bolívar Díaz

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El año 2016 llega con grandes incertidumbres sobre el rumbo de la institucionalidad democrática nacional por el desguañangue en que se encuentra el sistema político, corroído por la corrupción, el clientelismo y el reparto de candidaturas, y por los efectos corrosivos que históricamente han acompañado en el país los proyectos reeleccionistas.

El primer desafío será evitar que el gasto público vuelva a disparar el déficit fiscal como aconteció en las dos últimas elecciones presidenciales lo que haría más perentorio un nuevo parche tributario que asoma para frenar el rumbo de la insostenibilidad fiscal, ya que pocos creen que el pragmatismo político permita una reforma integral.

Un panorama nublado. El año que concluye deja espesas nubes sobre la institucionalidad democrática nacional por el desguañangue en que se encuentran los partidos que han sostenido el sistema político, la profunda crisis del sistema judicial, por la progresiva descomposición social y por los efectos corrosivos que históricamente han acompañado los procesos reeleccionistas en la historia del país.

Aunque la percepción más generalizada es que el presidente Danilo Medina logrará la reelección, la crisis interna por la que atraviesa su partido, y los escándalos de los últimos meses arrojan dudas que solo pueden disipar la persistente debilidad y dispersión de la oposición política que presentará por lo menos cuatro candidatos presidenciales para una competencia enormemente desigual.

Se asume que, además del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llegarán a las urnas los que postulan a Luis Abinader, Guillermo Moreno, Minou Tavárez Mirabal y Pelegrín Castillo. Se cree que otros tres candidatos proclamados, Hatuey De Camps, por el Partido Revolucionario Social Demócrata, Juan Cohén, del Partido Nacional Voluntad Ciudadana y Soraya Aquino, del Partido de Unidad Nacional, terminarán firmando alianzas.

Las dos principales opciones, PLD y PRM, comenzarán el año con dificultades para completar sus boletas congresuales y municipales, el primero aún sin dilucidar los traumas de la muy parcial elección primaria que celebró el 13 de diciembre, y de la que dos semanas después no ha podido concluir, afrontando impugnaciones derivadas de la violencia con muertos y heridos y de acusaciones de alteración de padrones y robos de urnas, que afectan municipios como Santiago, La Vega y Santo Domingo Norte. El PRM con complicaciones en el Distrito Nacional y otras jurisdicciones y sin haber podido explicar los alcances de su reciente pacto con el PRSC, mientras el resto de los partidos tiene dificultades hasta para completar el listado de 4 mil 200 candidatos.

La crisis de la justicia. La circunstancia de que al terminar las fiestas navideñas, el mismo 7 de enero, se celebra con un acto solemne el Día del Poder Judicial, pondrá de nuevo sobre el tapete la crisis que sacude a ese poder del Estado. Ese día en el tradicional discurso el presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, tendrá que responder los cuestionamientos que sacuden a esas dos instancias, la primera involucrada en una banda de traficantes de sentencia y la segunda descalificada nada menos que por el Procurador General de la República, cuando intentaba explicar su decisión de no recurrir en casación el descargo del dirigente peledeísta Félix Bautista del grave expediente de corrupción que había sostenido.

El último agravamiento lo ha constituido una instancia-demanda del juez Rafael Ciprián, degradado por el organismo superior sin explicación ni justificación, en clara violación de la Constitución y de la Ley de Carrera Judicial. Tras haber declarado que la motivación habría sido que no declaró ganadora la plancha del PLD a la presidencia del Colegio de Abogados, ese magistrado plantó pleito en términos radicales, en dos desafiantes comunicados.

Ciprián escribió, entre muchos otros cargos: “ya basta de humillaciones sin nombre y de chantajes del poder. Lucharé hasta el final para que se respeten la independencia y la dignidad del juez dominicano, para que haya verdadera justicia, para que los jueces dicten sentencias conforme al Derecho y no a la orden superior”… y agregó “Sentaremos un precedente contra la arbitrariedad del poder, el abuso y el autoritarismo”.

Problemas del arbitraje. Entre analistas se da consenso en que si la competencia por el poder se cierra, la institucionalidad democrática afrontará mayores dificultades, especialmente por la histórica imposición del reeleccionismo y la cultura del abuso del Estado. Cincuenta mil tarjetas para subsidios sociales se suman en enero a más de dos millones ya en manos de la población más pobre y políticamente manipulable. En la elección congresual y municipal del 2010, en el barrio capitalino de San Carlos la observación electoral de Participación Ciudadana pudo contactar la existencia de centros informáticos que verificaban cuáles beneficiarios de tarjetas no habían votado, y salían a buscarlos.

Con una legislación electoral tan atrasada que ni siquiera han querido adaptarla a los planteamientos de la Constitución promulgada hace seis años y un arbitraje, Junta Central Electoral (JCE) y Tribunal Superior Electoral, bajo control del partido gobernante, la competitividad se reduce substancialmente.

El primer desafío del año para el arbitraje es que la JCE conozca una instancia de su titular Eddy Olivares y abra en enero el período de campaña electoral, como ha hecho en tres de los últimos cuatro comicios nacionales, sin esperar el límite de 90 días, para lo cual está facultada. Eso le permitiría un mayor margen legal para contener los excesos, aunque hay pocas expectativas al respecto.

Los graves excesos en la elección primaria del PLD que solo escogía candidaturas a regidores y unos cuantos diputados y alcaldes, certificados por su presidente Leonel Fernández en artículo en el Listín Diario del pasado lunes, se proyectan ominosamente sobre la elección nacional, sobre todo si ven riesgos de perder parte substancial del poder.

Costo de una larga fiesta. De lo que no hay dudas es que cuando concluya el proceso electoral el 15 de mayo, o el 26 de junio (último domingo del mes, artículo 209-1 de la Constitución) si es necesaria la segunda vuelta para la mayoría absoluta, a la sociedad se le pasará la factura del alto costo de la política. Es imposible estimar con alguna certeza a cuánto asciende una campaña electoral que empezó antes que se juramentara el gobierno electo en el 2012.

Cientos de precandidatos a todos los niveles de elección se han gastado miles de millones de pesos, la mayoría de ellos inútilmente ya que al final no hubo convenciones democráticas. En gran proporción los ha pagado el Estado, sea por sustracción de fondos, en vehículos, combustibles, teléfono, oficinas, en sueldos y nominillas, y por los barrilitos y cofrecitos de los legisladores, casi todos buscando reelegirse.

Del presupuesto nacional saldrán este año para los partidos unos 1,700 millones de pesos, y nadie podrá calcular cuántos miles más costará el proyecto reeleccionista más grande de la historia nacional, ya que esta vez no solo incluye al presidente, sino a todos los senadores, y a más de dos tercios de los diputados y de los alcaldes en ejercicio.

De que el Gobierno piensa gastar mucho en la campaña hay indicadores visibles en el presupuesto aprobado para el 2016. Como ejemplo, la partida de materiales y suministros de la Presidencia, que este año ejecutó 2 mil 500 millones de pesos, está triplicada a casi 8 mil millones de pesos.

Viene otro parche tributario. Los déficits fiscales crónicos del Gobierno dominicano comenzaron precisamente en la campaña reeleccionista del 2008, con cerca de 60 mil millones de pesos, porque los ingresos solo crecieron 5 por ciento, el gasto se disparó en 30 por ciento. En los años de elecciones 2010 y 12 los déficits alcanzaron récord, el último por 156 mil millones de pesos solo en el Gobierno Central. El FMI lo estimó en 8 por ciento del PIB, aunque aquí se redujo al 6 por ciento.

La última reforma tributaria, pues el Gobierno eludió el compromiso de una fiscal integral, fue precisamente para conjurar ese hoyo. Y pese al incremento de los tributos, ha mantenido persistentes déficits por encima de los 70 mil millones de pesos anuales. Participación Ciudadana documentó en su evaluación de fin de año que para el 2016, al déficit presupuestario proyectado de 75 mil 894 millones de pesos, habrá que adicionarle empréstitos por 97 mil 366 millones para amortización de la deuda pública y el costo financiero de la deuda del Banco Central, para un total de unos 230 mil millones de pesos. Una insostenibilidad que volverá a reclamar parches en la resaca electoral, cualquiera que sea el veredicto de las urnas.

Patriotas que salen caros

Por Juan Bolívar Díaz
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Un informe entregado esta semana por las nuevas autoridades del Ministerio de Energía y Minas ha puesto nuevamente sobre el tapete el enorme reparto del Estado en que se ha fundado el dominio político en los últimos años y en particular los caros que han resultado los mayores exponentes del patriotismo nacionalista.

En apenas un año de iniciadas sus operaciones bajo la administración del recién renunciante Pelegrín Castillo, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, ese ministerio ya registraba un enorme desorden financiero, con gastos desmedidos, atrasos salariales y de cuentas por pagar. El personal fijo y bajo contrato que ya ascendía a 368 costaba 26 millones 39 mil pesos mensuales, que de inmediato el nuevo ministro Antonio Isa Conde ha reducido a 21 millones, lo que implica un ahorro de 60 millones de pesos anuales.

La dimensión de los salarios queda de manifiesto en que el promedio era de 70,759 pesos mensuales, en un país donde el 85 por ciento de los asalariados formales recibe menos de 20 mil pesos mensuales, y donde 40 por ciento de los empleados estatales apenas alcanzan los 5,117 pesos por mes.

Pero el ministerio de Pelegrín Castillo tenía 29 asesores con promedio de 161 mil pesos y otros tres promediaban 556,166 pesos mensuales. En los primeros 4 meses de este año ya el ministerio había consumido el 56 por ciento de su presupuesto para todo el año, lo que proyectaba un déficit al cierre del año de 145 millones de pesos, 69 por ciento sobre su asignación.

En vez de responder sobre lo informado, el exministro Castillo se refirió a los ingresos del Fondo 1974 que la Ley de Combustibles destina al fomento de energías renovables, ripostando que nunca recibió los 1,200 millones de pesos correspondientes al mismo, porque quedaban en el Ministerio de Industria y Comercio para pagar una nominilla de 4 mil compañeritos de partido.

La respuesta de Pelegrín es indicativa de que persiste el pago de las nominillas políticas por numerosas instituciones del Estado denunciado y documentado en el 2008 no solo como un abuso contra el patrimonio público, sino también un ventajista y rentable reparto con fines políticos partidistas.

Ese reparto ha sido persistente en los organismos encargados a los aliados políticos del partido gobernante, como el Ministerio de Minas, el de Relaciones Exteriores hasta hace un año, el quebrado Banco Nacional de la Vivienda, la Lotería Nacional, la Dirección de Bienes Nacionales, anteriormente en el Instituto de Recursos Hidráulicos y otros donde se han denunciado escándalos y donde las auditorías de la Cámara de Cuentas han revelado irregularidades.

Pero los nacionalistas particularmente han salido caros, si tomamos en cuenta cómo otro adalid, José Ricardo Taveras, administró varios años la Dirección General de; Migración, donde tan solo entre 2012 y 2013 gastó discrecionalmente 925 millones de pesos, provenientes de tasas que aumentaba a su conveniencia, sin pasar por la Cuenta Unica del Tesoro. Y entre 2011 y 13 destinó 36.6 millones de pesos a comidas y bebidas para el personal de la dirección ejecutiva que disfrutaba de altos salarios, dietas, gastos de representación, viáticos, combustibles y gratificaciones.

Sería injusto ignorar que el Gobierno del presidente Danilo Medina ha hecho esfuerzos por reducir la malversación y el derroche del gasto público, pero en general ha respetado el inmenso reparto del Estado en que se fundó el liderazgo de su antecesor. Es particularmente relevante que haya evadido el cumplimiento de la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público que el 8 de agosto cumplirá dos años de que Medina la promulgara, tras años de consultorías nacionales e internacionales y de consensos y discusiones legislativas.

Habremos de seguir soñando que un día algún gobierno ponga fin al derroche que ha situado la nación entre los diez líderes en malversación en las evaluaciones de 144 países incluidos en el Indice de Competitividad del Foro Económico Mundial. Alguna vez será.

Sería absurdo desconocer la Corte de Derechos Humanos

Por Juan Bolívar Díaz
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El Tribunal Constitucional (TC) sometería al Gobierno a una grave crisis de relaciones internacionales de repercusiones impredecibles si acoge la petición de un grupo para que declare inconstitucional el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que data de 1999.

Entre juristas y sectores gubernamentales se teme la ocurrencia, considerada absurda por cuanto chocaría con la propia ley orgánica y sentencias del Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia y obligaría a llevar la adscripción al Congreso Nacional a no ser que se quiera denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos.

Una persistente versión. La versión circula desde hace varias semanas entre juristas y relacionados del Gobierno que se niegan a aceptar que tal chapucería jurídica pueda ser posible, pero fue denunciada el pasado día 25 por el exembajador ante la Organización de Estados Americanos Roberto Álvarez en un artículo publicado en el periódico digital Acento, quien expresaba su esperanza de que el informe sea infundado.

Álvarez, doctorado en derecho y relaciones internacionales de dos prestigiosas universidades norteamericanas, y quien fuera abogado adscrito a la secretaría general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, abordó en un extenso artículo las consecuencias del desconocimiento de la CIDH después de 15 años aceptando su jurisdicción. Sostiene que constituiría un grave aprieto para el Gobierno ya que tal decisión podría ser declarada como “un hecho ilícito internacional”.

El TC se aprestaría a acoger la petición de un grupo encabezado por Juan Manuel Rosario, Pelegrín Castillo (actual ministro de Minería), Pedro Casals Victoria, Miguel Castillo Pantaleón, Mario Bonetti y Leyla Roldán, quienes sostienen que el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana es inconstitucional por no haber sido expresamente aprobado por el Congreso Nacional.

El recurso fue iniciado en el 2005 ante la Suprema Corte de Justicia, la que lo traspasó al Constitucional cuando fue constituido en el 2011. La instancia fue revivida bajo la algarabía nacionalista tras la sentencia 168-13 que desconoció la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes indocumentados nacidos en el país, por temor a que este asunto llegue a la CIDH que ya ha establecido jurisprudencia en el caso de dos niñas descendientes de haitianos a las que en el 2005 dispuso su registro como dominicanas.

Rectificación del Procurador. Al caer el 2013, ya había preocupación en el Gobierno por lo que el Procurador General Francisco Domínguez Brito revocó la opinión consultiva que había emitido en el 2006 el Procurador Adjunto Angel Castillo Tejada respaldando la inconstitucionalidad. Mediante el Auto 0085 Domínguez Brito instruye al Procurador Adjunto Ricardo José Tavera Cepeda para que remita al TC una opinión “acorde con lo establecido por el artículo 62.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

La extensa nueva opinión del Ministerio Público, del 11 de diciembre del 2013, que ha trascendido en los últimos días, fundamenta el rechazo de la petición de inconstitucionalidad en base a la Constitución del 2010, la Convención sobre Tratados de La habana de 1932, la Convención de Viena de 1962 y la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, así como en el instrumento de ratificación de la misma por el Estado dominicano, aprobado por el Congreso Nacional en 1977, entre otros.

En resumen, la constitucionalidad de la adscripción a la CIDH es justificada en la ratificación por el Congreso Nacional de la Convención Americana de Derechos Humanos que creó la Corte como órgano jurisdiccional para interpretar y aplicar la Convención, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el órgano de promoción de los derechos humanos que analiza las denuncias de violación a los mismos. El 25 de marzo de 1999 el Gobierno del presidente Leonel Fernández “reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos”, acogiéndose al procedimiento establecido en el artículo 62.1 de la misma.

Agrega que al aceptar la jurisdicción de la Corte se ejerce el derecho y la obligación contraídos al suscribir la Convención, y que el Estado dominicano ha dado aquiescencia en múltiples oportunidades a la competencia de la CIDH. Cita las sentencias 0084 -13 y 136-13 del Tribunal Constitucional que reconocen “el carácter vinculante de las decisiones de esa jurisdicción internacional”, al igual que la Resolución 1920-2003 de la Suprema Corte de Justicia, y el artículo 74.3 de la Constitución que otorga jerarquía constitucional a los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos suscritos por el Estado.

Sin precedente e ineficaz. No hay precedentes de una desafiliación a la CIDH bajo el pretexto de que no fue aprobada por el parlamento. 15 de los 21 países que han aceptado la jurisdicción de la Corte se acogieron a la suscripción de la Convención, la que dejó sentado que ello no requiere “convención especial”, aunque otros 6 si buscaron la ratificación parlamentaria.

Tres países han renunciado a la jurisdicción de la corte: Trinidad-Tobago porque no pudo adaptarse a la Convención al mantener la pena de muerte, el Perú del dictador Alberto Fujimori, protestando una condena, pero el gobierno que lo sucedió, revocó esa decisión, y Venezuela, que es el único de los suscritores que se mantiene fuera tras denunciar a la Corte y la Comisión como instrumentos de Estados Unidos.

La descalificación por el TCD sería ridícula después que la RD ha aceptado cinco juicios en la CIDH, entre ellos los de las niñas Yean y Bosico y el de la desaparición de Narciso González. Incluso la dominicana Radhys Abréu de Polanco fue electa jueza de la Corte para el período 2006-12 a propuesta del gobierno dominicano en la Asamblea General de la OEA en la cancillería de Santo Domingo en el 2006.

Por otra parte, si los que quieren desconocer la CIDH buscan desligarla de un posible enjuiciamiento a la sentencia 168-13, por los casos de desnacionalizaciones que tramita la Comisión de Derechos Humanos, resulta ineficaz, ya que el artículo 78.2 de la Convención especifica que los órganos del sistema mantienen la jurisdicción sobre violaciones de derechos ocurridas antes de una desafiliación.

Consecuencias impredecibles. La denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos es imprescindible para desconocer los órganos que instituye y por lo que la motivaría redimensionaría el escándalo originado por la sentencia 168-13, dejando al país como un paria de derechos humanos en el continente. Lo expone a problemas en los tratados comerciales con Estados Unidos y al de los países Asia, Caribe y Pacífico con la Unión Europea. No ayudaría a una nación con tan alta dependencia de factores externos como el turismo, las remesas, la inversión extranjera y la cooperación y el comercio internacional.

A lo interior colocaría al Gobierno en una situación más embarazosa que la derivada de la sentencia 168-13, que le distrajo la atención durante el último año. Consciente de las impredecibles consecuencias, el presidente Danilo Medina tendría que evadir denunciar la Convención de Derechos Humanos casi después de cuatro décadas de suscrita y ratificada.

En tal escenario el mandatario tendría que optar por la humillación de enviar el protocolo al Congreso Nacional para que lo ratifique. El único resultado sería tiempo perdido y mayor descrédito internacional. Todo parece tan absurdo que hay razones para dudar que se materialice la temida sentencia. Y como las versiones han llegado a altas figuras gubernamentales y ruedan por embajadas y organismos internacionales, se supone que se habrán hecho las advertencias correspondientes.

 

¿Otro parche a la ley electoral?

Por Juan Bolívar Díaz
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Por lo que se observó el pasado martes, la mayoría de los diputados, integrada por las representaciones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su aliado el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), se propone aprobar al vapor un nuevo parche a la Ley Electoral vigente, mientras han ignorado proyectos tan fundamentales como el de la Ley Orgánica del Sistema Electoral y el de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas.

De lo que se trata es de modificar la ley para que las alianzas electorales de cuatro o más partidos puedan llevar un segundo delegado a los colegios de votación, y desde luego sería una legislación en beneficio propio de los autores, no para mejorar absolutamente el sistema electoral.

El proyecto de parche es del habilidoso diputado Rogelio Genao, quien a la vez ostenta el cargo de secretario general del PRSC, que de inmediato fue apoyado por sus aliados y se proponían aprobarlo de urgencia. El vocero del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Ruddy González, tuvo que advertir que se requiere dos terceras partes de los votos para reformular la Ley Electoral que ahora es orgánica, lo que obligó a remitirlo para el próximo martes, que es el único día de la semana que sesionarán los diputados ahora que están en campaña electoral.

A primera vista, y dado que también el PRD encarnaría una alianza de más de cuatro partidos, parecería que el proyecto no busca una ventaja particular. Pero, como se trata de una ley, consagraría algo que en otra circunstancia devendría en ventajismo antidemocrático. Por ejemplo en futuras elecciones si sólo hay una alianza de esa dimensión. Pero también discrimina una potencial alianza de dos o tres partidos. Por demás, multiplicar los delegados en los colegios electorales abonaría los alegatos y dilaciones que caracterizan el procesamiento en las elecciones dominicanas.

La iniciativa de ley en beneficio propio del proponente se produjo justo cuando Alicia Ortega acababa de denunciar la última hazaña de los diputados en materia de abuso del dinero de los contribuyentes nacionales, consistente en la disposición para cada uno, en diciembre pasado, de bonos, alimentos, bebidas y juguetes por un monto de 926 mil pesos. Así sustrajeron del erario público 162 millones de pesos por cuanto 175 de ellos recibieron los donativos. Sólo Guadalupe Valdez, Hugo Tolentino y Pelegrían Castillo rechazaron esa expropiación.

La política dominicana ha devenido en un pragmatismo tan salvaje que ya nada puede sorprender, por lo que hay que prepararse para ver la aprobación del parche reformista, y no descarten que el “PRD institucional” o inclusive todos los legisladores de ese partido, terminen dándole su visto bueno, en vez de reclamar la aprobación del proyecto de Ley de Partidos que figuró entre los acuerdos derivados del pacto de hace dos años y medio entre el presidente Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado.

No hay que olvidar que ese proyecto fue reintroducido al Congreso en junio del año pasado por la Junta Central Electoral y que había sido sometido siete veces, con más o menos variantes, desde que fue consensuado por primera vez entre partidos y sectores sociales en 1999, para la misma época en que se pactó la ley del defensor del pueblo, que acaba de cumplir once años de promulgada, sin que los diputados hayan tenido tiempo de elegir sus ejecutivos.

Pero lo grotesco es que aprueben un nuevo parche a la Ley Electoral en vez de conocer el proyecto presentado en diciembre por la JCE para adecuar esa legislación al nuevo marco constitucional que rige desde hace más de dos años.

El proyecto elaborado por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos, pretende mejorar la institucionalidad democrática, transparentar las finanzas de los partidos y normar las campañas electorales. Pero eso no interesa a los legisladores.

 

El costo institucional del presupuesto 2011

Por Juan Bolívar Díaz

La celeridad con que fue aprobado el proyecto de Ley de Presupuesto 2012 hace pensar  en la intención de reducir  los efectos de los reclamos de la sociedad civil que activamente ha demandado más recursos para la educación.

Notable insatisfacción han expresado además los ayuntamientos y el Poder Judicial a los que   legalmente  les corresponderían  mayores recursos.

Con una celeridad que sólo tiene explicación en  el interés de reducir los efectos de los reclamos de la sociedad civil organizada, la mayoría peledeísta del Congreso Nacional aprobó en tiempo récord la Ley de Presupuesto General del Estado para el último año del mandato del presidente Leonel Fernández.

La aprobación del Presupuesto conlleva un costo institucional significativo, al haber desconocido mandatos constitucionales y varias leyes que destinan partidas no sólo para la educación, sino también para el Poder Judicial y los municipios, en beneficio del Poder Ejecutivo que precisa mantener una alta inversión política.

Atropellante celeridad.  Por la forma en que fue aprobada la Ley de Presupuesto General del Estado  para el año 2012 pareciera que sobra la letra “g” del numeral 2 del artículo 128 de la Constitución promulgada por el presidente Fernández, el cual dispone que el proyecto debe ser sometido al Congreso Nacional a más tardar el primero de octubre de cada año.

El Gobierno cumplió rigurosamente ese mandato al introducir el proyecto el 30 de septiembre, pero sus legisladores la aprobaron en el tiempo récord de 20 días. Nunca en su historia la nación había tenido una Ley de Presupuesto dos meses y once días antes de comenzar un año.

El límite de tres meses de anticipación al comienzo del año para entregar el proyecto de Presupuesto al Congreso quedó consagrado en la Ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público 423-06 promulgada hace cinco años por el mismo presidente Fernández, obedeciendo a un viejo clamor nacional que rechazaba la práctica de enviar el proyecto en el mes de diciembre, lo que imposibilitaba que el Legislativo pudiera cumplir a conciencia su responsabilidad. En la generalidad de las democracias el plazo es igual o  mayor. Por ejemplo en Chile es también de tres meses, pero en Perú, Ecuador y Costa Rica es de cuatro  y en Uruguay de seis meses.

En el 2010, como en años anteriores, el Congreso atendió parcialmente reclamos de sectores estatales y de la sociedad civil tras ponderaciones en comisiones bicamerales, pero ahora sorprendió la celeridad y el Senado despachó el proyecto  en  dos sesiones  consecutivas, tras declararla de urgencia, gracias a que el partido de Gobierno domina 31 de sus 32 curules.

En la Cámara de Diputados, sin las dos terceras partes necesarias para la declaración de urgencia, hubo que guardar la apariencia de la comisión de estudio y tomarse diez días para sancionarla en una sesión que duró apenas 15 minutos.

Les bajaron línea.  Los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dieron la impresión de haber recibido la consigna de despachar el Presupuesto con la mayor celeridad posible para evitar que los reclamos de la sociedad civil en torno al 5 por ciento del producto bruto para educación constituyeran un mayor escándalo, a los que se habían sumado los de los municipios, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Poder Judicial.

Una fuente vinculada al Gobierno aseguró que la línea de acción partió de una ponderación de la Dirección de Información y Análisis Estratégico de la Presidencia de la República (DIAPE), que ha estado muy activa en las últimas semanas cuando recomendó una política de provocaciones al candidato presidencial opositor Hipólito Mejía, a través de preguntas de periodistas progubernamentales. Otro documento de la unidad gubernamental  identificaba como enemigos del Gobierno y apandillados a un grupo de periodistas reconocidos por su criticidad.

Un estratega de la candidatura peledeísta de Danilo Medina reconoció que la forma en que se aprobó el Presupuesto conlleva costo político, pero pareció resignado al considerar que hubiese sido peor si dejaban que los clamores por mejor distribución del gasto en el 2012 se extendieran por dos o tres meses y cobraran mayores dimensiones.

Se descartaba la posibilidad de una modificación que dejara satisfecho el reclamo del 4 por ciento para la educación.

De ahí que ni siquiera los más firmes seguidores de Medina en el Congreso intentaran contener la celeridad. El calificado senador Wilton Guerrero alegó que levantó la mano aprobatoria sin darse cuenta que ya se estaba votando el Presupuesto en segunda lectura. En el Senado hubo unanimidad, pero entre los diputados se produjo un puñado de disensiones, como la de la peledeísta Minou Tavárez Mirabal y los aliados Guadalupe Valdez y Pelegrín Castillo.

Costo institucional.  De cualquier forma la distribución del Presupuesto del 2012, sin atender reclamos de amplios sectores, y  la celeridad de su aprobación cuando la ley entra en vigencia 72 días después, han generado un amplio rechazo no sólo de los reclamantes más activos como los amarillos del 4 por ciento, sino también de instituciones como el Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la opinión pública en general.

El rechazo es mayor porque tanto la forma de la aprobación como el contenido violan preceptos constitucionales.

El artículo 56 de la ley pretende dispensar, “con carácter transitorio”, una partida menor del 4 por ciento del PIB para educación, establecido en la Ley Orgánica de Educación 66-97, que ya es también un mandato constitucional al tenor del inciso 10 del artículo 63 de la nueva Carta Magna. Por demás, también violentaron el artículo 112 que establece una mayoría especial de las dos terceras partes de los miembros de las cámaras legislativas para aprobar o modificar las leyes orgánicas.

Un comunicado del CONEP sostiene que se violó el artículo 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto que dispone un presupuesto anual desagregado a nivel de capítulos y partidas. También que la Ley de Presupuesto de 2012 “contiene modificaciones expresas a varios artículos de la Ley Orgánica de Presupuesto”, para lo cual se requiere las dos terceras partes del voto de ambas cámaras. La aprobación de los diputados fue por 83 contra 57 votos, equivalente al 59.2 por ciento. La mayoría de los perredeístas y reformistas votaron en contra y algunos se abstuvieron. Si 15 de ellos se hubiesen ausentado, con la disminución del quórum a 125, la aprobación habría alcanzado los dos tercios.

Los más perjudicados

Aunque queda lejos del 4 por ciento del PIB, la partida destinada a Educación registra un incremento para alcanzar el 2.95 por ciento, si se incluye lo destinado al Ministerio de Educación Superior y las transferencias, y 2.46 por ciento para el Ministerio de Educación, que desagregándole las transferencias queda en 1.97 por ciento, según los estimados del experto fiscal Nelson Suárez.

Los más perjudicados son los ayuntamientos municipales, el Poder Judicial y la Cámara de Cuentas, a los que apenas se les asigna el 43, 42 y 41 por ciento respectivamente de lo que les correspondería de cumplirse la Ley 194-04. La de Municipios, 166-03,  les consigna un 10 por ciento de los ingresos fiscales y esta vez su partida no llega al 5 por ciento, la menor desde la institución de esa cuota en el 2003.

El Presupuesto de 2012 también desconoce el mandato de la Ley 194-04, que destina el 3.10 por ciento del presupuesto al Poder Judicial, cuya apropiación de 3,097 millones de pesos es apenas del 72 por ciento de los 5,442 millones destinados al Congreso Nacional, institución mucho más pequeña. El Ministerio Público recibirá el 53 por ciento de lo que le correspondería por ley, con una partida de 2 ,600 millones de pesos.

Se violan las leyes que tienden a descentralizar el gasto público con el argumento de que los recursos no alcanzan, pero la situación se agrava progresivamente.

Los ayuntamientos tienen tres años recibiendo las mismas partidas. Pero los fondos alcanzan para elevar las asignaciones de la Presidencia de la República, que en el año 2012 dispondrá de 45 mil 11 millones de pesos, el 10.5 por ciento del Presupuesto.

Un reporte de Degnis de León en la edición del pasdo viernes del diario El Día  resalta que quienes no resultaron perjudicados en las partidas asignadas por ley fueron los partidos políticos, que recibirán 1,403 millones, justo el 0.5 por ciento de los ingresos fiscales consignado en la Ley Electoral, de los cuales más de 1,200 se distribuirán entre los tres mayoritarios.

No se podía esperar menos en un año electoral y cuando el Presidente de la República aparece empeñado en una ofensiva de último tramo de Gobierno para abonar sus posibilidades de retornar en el año 2016.

Sólo eso puede explicar que esta semana haya dispuesto la reanudación de la construcción de la presa de Guaigüí, suspendida desde antes de que iniciara sus 11 años de Gobierno.