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La institucionalidad democrática estará a prueba en el nuevo año

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

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El año 2016 llega con grandes incertidumbres sobre el rumbo de la institucionalidad democrática nacional por el desguañangue en que se encuentra el sistema político, corroído por la corrupción, el clientelismo y el reparto de candidaturas, y por los efectos corrosivos que históricamente han acompañado en el país los proyectos reeleccionistas.

El primer desafío será evitar que el gasto público vuelva a disparar el déficit fiscal como aconteció en las dos últimas elecciones presidenciales lo que haría más perentorio un nuevo parche tributario que asoma para frenar el rumbo de la insostenibilidad fiscal, ya que pocos creen que el pragmatismo político permita una reforma integral.

Un panorama nublado. El año que concluye deja espesas nubes sobre la institucionalidad democrática nacional por el desguañangue en que se encuentran los partidos que han sostenido el sistema político, la profunda crisis del sistema judicial, por la progresiva descomposición social y por los efectos corrosivos que históricamente han acompañado los procesos reeleccionistas en la historia del país.

Aunque la percepción más generalizada es que el presidente Danilo Medina logrará la reelección, la crisis interna por la que atraviesa su partido, y los escándalos de los últimos meses arrojan dudas que solo pueden disipar la persistente debilidad y dispersión de la oposición política que presentará por lo menos cuatro candidatos presidenciales para una competencia enormemente desigual.

Se asume que, además del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llegarán a las urnas los que postulan a Luis Abinader, Guillermo Moreno, Minou Tavárez Mirabal y Pelegrín Castillo. Se cree que otros tres candidatos proclamados, Hatuey De Camps, por el Partido Revolucionario Social Demócrata, Juan Cohén, del Partido Nacional Voluntad Ciudadana y Soraya Aquino, del Partido de Unidad Nacional, terminarán firmando alianzas.

Las dos principales opciones, PLD y PRM, comenzarán el año con dificultades para completar sus boletas congresuales y municipales, el primero aún sin dilucidar los traumas de la muy parcial elección primaria que celebró el 13 de diciembre, y de la que dos semanas después no ha podido concluir, afrontando impugnaciones derivadas de la violencia con muertos y heridos y de acusaciones de alteración de padrones y robos de urnas, que afectan municipios como Santiago, La Vega y Santo Domingo Norte. El PRM con complicaciones en el Distrito Nacional y otras jurisdicciones y sin haber podido explicar los alcances de su reciente pacto con el PRSC, mientras el resto de los partidos tiene dificultades hasta para completar el listado de 4 mil 200 candidatos.

La crisis de la justicia. La circunstancia de que al terminar las fiestas navideñas, el mismo 7 de enero, se celebra con un acto solemne el Día del Poder Judicial, pondrá de nuevo sobre el tapete la crisis que sacude a ese poder del Estado. Ese día en el tradicional discurso el presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, tendrá que responder los cuestionamientos que sacuden a esas dos instancias, la primera involucrada en una banda de traficantes de sentencia y la segunda descalificada nada menos que por el Procurador General de la República, cuando intentaba explicar su decisión de no recurrir en casación el descargo del dirigente peledeísta Félix Bautista del grave expediente de corrupción que había sostenido.

El último agravamiento lo ha constituido una instancia-demanda del juez Rafael Ciprián, degradado por el organismo superior sin explicación ni justificación, en clara violación de la Constitución y de la Ley de Carrera Judicial. Tras haber declarado que la motivación habría sido que no declaró ganadora la plancha del PLD a la presidencia del Colegio de Abogados, ese magistrado plantó pleito en términos radicales, en dos desafiantes comunicados.

Ciprián escribió, entre muchos otros cargos: “ya basta de humillaciones sin nombre y de chantajes del poder. Lucharé hasta el final para que se respeten la independencia y la dignidad del juez dominicano, para que haya verdadera justicia, para que los jueces dicten sentencias conforme al Derecho y no a la orden superior”… y agregó “Sentaremos un precedente contra la arbitrariedad del poder, el abuso y el autoritarismo”.

Problemas del arbitraje. Entre analistas se da consenso en que si la competencia por el poder se cierra, la institucionalidad democrática afrontará mayores dificultades, especialmente por la histórica imposición del reeleccionismo y la cultura del abuso del Estado. Cincuenta mil tarjetas para subsidios sociales se suman en enero a más de dos millones ya en manos de la población más pobre y políticamente manipulable. En la elección congresual y municipal del 2010, en el barrio capitalino de San Carlos la observación electoral de Participación Ciudadana pudo contactar la existencia de centros informáticos que verificaban cuáles beneficiarios de tarjetas no habían votado, y salían a buscarlos.

Con una legislación electoral tan atrasada que ni siquiera han querido adaptarla a los planteamientos de la Constitución promulgada hace seis años y un arbitraje, Junta Central Electoral (JCE) y Tribunal Superior Electoral, bajo control del partido gobernante, la competitividad se reduce substancialmente.

El primer desafío del año para el arbitraje es que la JCE conozca una instancia de su titular Eddy Olivares y abra en enero el período de campaña electoral, como ha hecho en tres de los últimos cuatro comicios nacionales, sin esperar el límite de 90 días, para lo cual está facultada. Eso le permitiría un mayor margen legal para contener los excesos, aunque hay pocas expectativas al respecto.

Los graves excesos en la elección primaria del PLD que solo escogía candidaturas a regidores y unos cuantos diputados y alcaldes, certificados por su presidente Leonel Fernández en artículo en el Listín Diario del pasado lunes, se proyectan ominosamente sobre la elección nacional, sobre todo si ven riesgos de perder parte substancial del poder.

Costo de una larga fiesta. De lo que no hay dudas es que cuando concluya el proceso electoral el 15 de mayo, o el 26 de junio (último domingo del mes, artículo 209-1 de la Constitución) si es necesaria la segunda vuelta para la mayoría absoluta, a la sociedad se le pasará la factura del alto costo de la política. Es imposible estimar con alguna certeza a cuánto asciende una campaña electoral que empezó antes que se juramentara el gobierno electo en el 2012.

Cientos de precandidatos a todos los niveles de elección se han gastado miles de millones de pesos, la mayoría de ellos inútilmente ya que al final no hubo convenciones democráticas. En gran proporción los ha pagado el Estado, sea por sustracción de fondos, en vehículos, combustibles, teléfono, oficinas, en sueldos y nominillas, y por los barrilitos y cofrecitos de los legisladores, casi todos buscando reelegirse.

Del presupuesto nacional saldrán este año para los partidos unos 1,700 millones de pesos, y nadie podrá calcular cuántos miles más costará el proyecto reeleccionista más grande de la historia nacional, ya que esta vez no solo incluye al presidente, sino a todos los senadores, y a más de dos tercios de los diputados y de los alcaldes en ejercicio.

De que el Gobierno piensa gastar mucho en la campaña hay indicadores visibles en el presupuesto aprobado para el 2016. Como ejemplo, la partida de materiales y suministros de la Presidencia, que este año ejecutó 2 mil 500 millones de pesos, está triplicada a casi 8 mil millones de pesos.

Viene otro parche tributario. Los déficits fiscales crónicos del Gobierno dominicano comenzaron precisamente en la campaña reeleccionista del 2008, con cerca de 60 mil millones de pesos, porque los ingresos solo crecieron 5 por ciento, el gasto se disparó en 30 por ciento. En los años de elecciones 2010 y 12 los déficits alcanzaron récord, el último por 156 mil millones de pesos solo en el Gobierno Central. El FMI lo estimó en 8 por ciento del PIB, aunque aquí se redujo al 6 por ciento.

La última reforma tributaria, pues el Gobierno eludió el compromiso de una fiscal integral, fue precisamente para conjurar ese hoyo. Y pese al incremento de los tributos, ha mantenido persistentes déficits por encima de los 70 mil millones de pesos anuales. Participación Ciudadana documentó en su evaluación de fin de año que para el 2016, al déficit presupuestario proyectado de 75 mil 894 millones de pesos, habrá que adicionarle empréstitos por 97 mil 366 millones para amortización de la deuda pública y el costo financiero de la deuda del Banco Central, para un total de unos 230 mil millones de pesos. Una insostenibilidad que volverá a reclamar parches en la resaca electoral, cualquiera que sea el veredicto de las urnas.

No fue Balaguer quien se burló de Peña

by Juan Bolívar Diaz Santana | 6 Comments

Por Juan Bolívar Díaz

José francisco peña gómez
Una crónica periodística atribuyó a Monseñor Agripino Núñez Collado haber dicho, durante un homenaje que se le rindió en Santiago a fines de noviembre, que el presidente Joaquín Balaguer se burló de José Francisco Peña Gómez cuando buscando salida a la crisis derivada del fraude electoral de 1994 le propuso dividir el período de gobierno a dos años para cada uno, y que el líder perredeísta había aceptado. Me causó pena leer que el auditorio, que incluía al presidente Danilo Medina, rió de la anécdota.

Tal vez se esté citando erróneamente el testimonio del exrector de la Universidad Católica Madre y Maestra, quien sin duda fue un testigo excepcional de aquellas tensas negociaciones, porque aunque en verdad, el caudillo reformista intentó burlarse de su interlocutor con aquella absurda propuesta, no lo logró, ya que Peña la rechazó.

A las 5 de la madrugada del 10 de agosto de 1994, cuando me preparaba para enfrentarme a la teleaudiencia de Uno+Uno, por Teleantillas, recibí una llamada de Peña Gómez, que a esa hora quería hacerme una confidencia. Pasé por su casa apresuradamente para enterarme de la propuesta que le había formulado el caudillo reformista la noche anterior en la reunión que sostuvieron en la Biblioteca Nacional. Tuve la impresión de que más que por informarme, él buscaba escuchar mi opinión, como periodista y a la vez dirigente de Participación Ciudadana, que defendíamos la institucionalidad democrática.

Tras escuchar la propuesta de que Balaguer gobernaría los primeros dos años y Peña la mitad siguiente del período, le pregunté cuál había sido su respuesta y respondió que pidió tiempo para pensarlo y concertaron una nueva reunión a las 11 de esa mañana donde él respondería. Contó que había discutido la propuesta hasta entrada esa madrugada con los dirigentes de su partido y aliados, y estaban divididos. Él amaneció ponderándolo.

Como pidió mi opinión, con la franqueza que me caracteriza, comencé preguntándole a quién creía él que la Asamblea Nacional investiría presidente, para decirle que ese era el “dardo de los partos” de Balaguer, que era un absurdo tan carente de base institucional que nadie defendería, que los Vincho y otros balagueristas lo objetarían ante la Suprema Corte y que sería declarado inconstitucional, dejándolo en ridículo.

Gracias a la oposición radical de su asesor, el historiador Hugo Tolentino, y de Fafa Taveras, y a las reservas expresadas por Hatuey de Camps, según pude constatar luego, Peña Gómez rechazó la burla de Balaguer cuando volvieron a reunirse esa mañana. Acordaron en cambio una reforma constitucional para convocar nuevas elecciones en 18 meses, prohibir la reelección consecutiva, establecer el Consejo Nacional de la Magistratura y la doble nacionalidad, todo lo cual anunciaron en un acto a las 5 de la tarde en el Palacio Nacional, con respaldo del Partido de la Liberación Dominicana, a través de un discurso allí mismo de su secretario general Lidio Cadet.

Quienes sí se burlaron de Peña Gómez fueron los que a las 9 de la noche del mismo día lo pusieron a firmar un “Pacto por la Democracia”, que incluía varias cláusulas no contempladas en el acuerdo de la tarde, como el establecimiento del 50 por ciento de los votos para ser presidente y los colegios electorales cerrados.

En mi libro “Trauma Electoral”, con doble edición en 1996, recojo todos los detalles de aquellas negociaciones. Incluyendo que Peña Gómez no quería ir al acto nocturno del Palacio pero Agripino le rogó que asistiera, y que cuando advirtió las diferencias con lo pactado con Balaguer, le dijeron que ese texto estaba escrito antes del acuerdo y que sería enmendado. Con 40 horas sin dormir, allí sí que Peña Gómez se dejó burlar. Y luego en la reforma constitucional, cuando en vez de 18 meses los peledeístas le regalaron 24 al rey de las farsas electorales para ellos ganar méritos y tiempo con miras al poder que lograrían en 1996, partiendo del 12 por ciento que obtuvieron en 1994.

Cuando a las 6 de la tarde de parte de Monseñor Núñez invitaron a Participación Ciudadana a asistir a la firma del pacto a las 9 de la noche en el Palacio, a unanimidad decidimos que no nos prestaríamos a esa burla, ya que conocíamos el texto que alteraba el acuerdo anunciado por radio y televisión a las 5 de la tarde.

La oposición sigue desafiada a algún grado de concertación

by Juan Bolívar Diaz Santana | 3 Comments

Por Juan Bolívar Díaz

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A seis meses de las elecciones generales para muchos observadores sigue siendo imperativo algún grado de concertación en una oposición política dispersa y con pocos recursos, si en realidad quieren enfrentar la inmensa maquinaria electoral que se monta para empujar, con todos los poderes del Estado, la reelección del presidente Danilo Medina.

Ya los opositores han proclamado cuatro candidaturas presidenciales, pero todavía podrían alcanzar algún grado de concertación para garantizarse por lo menos una mejor representación congresual y municipal y apoyo en una eventual segunda vuelta a la que alcance mayor votación en la primera.

Cuatro candidatos opositores. A medio año ya de las elecciones presidenciales, la oposición política al Gobierno del presidente Danilo Medina aparece dividida con cuatro candidaturas presidenciales y las expectativas de unificación lanzadas hace año y medio cuando se propuso la “Convergencia por un Mejor País”, se van diluyendo.

El primero en ser postulado fue Luis Abinader, cuando en abril ganó la elección primaria del Partido Revolucionario Moderno (PRD). Ya antes lo había proclamado el Partido Humanista Dominicano y luego el Frente Amplio y Dominicanos por el Cambio. En septiembre Alianza País proclamó al doctor Guillermo Moreno, y en octubre Alianza por la Democracia y el Partido Revolucionario Social Demócrata escogieron a Minou Tavárez Mirabal y a Hatuey de Camps, respectivamente.

Hasta ahora los demás candidatos a la presidencia son el presidente Medina, proclamado por su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Revolucionario Dominicano (PRD), y desde fines de mayo trata de asegurarse también el apoyo del Reformista Social Cristiano (PRSC) en un regateo público que no acaba de concluir, por lo que Federico Antún fue proclamado candidato presidencial. Un séptimo aspirante es el discreto Juan Cohén, escogido por el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana.

Si finalmente Medina logra ser candidato de los tres partidos tradicionales, tendrían el 80 por ciento del financiamiento estatal que para el 2016 ascendería a unos 1,700 millones de pesos. Con 15 pequeños partidos que se proyectan en el frente reeleccionista acapararían el 90 por ciento, unos 1,530 millones, dejando a la oposición RD$170 millones y la cara de Medina, aparecería 18 veces en una boleta que tendrá 26 cuadros de elección.

Una competencia desigual. La oposición se ha alentado en los últimos meses por la división que sigue afectando al partido de Gobierno y las dificultades para curar las heridas de la imposición casi total de candidatos y cerrar acuerdo con el PRSC, más los escándalos y agravamiento de problemas que le afectan. La percepción y algunas encuestas muestra declive, lógico en las actuales circunstancias, de las preferencias por Medina, pero las ventajas del usufructo del poder y el abuso que en el país le acompaña, le permitirán superar las adversidades.

Hasta los más optimistas de la oposición aceptan que será muy difícil desplazar la maquinaria de poder del PLD y aliados con su candidato presidente promoviéndose con todo el poder del Estado y monopolizando el financiamiento público. Más de seis meses después de ser candidato, Luis Abinader todavía no despliega campaña publicitaria y su proyección ha estado en sus propuestas y en un vigoroso equipo técnico-profesional.

Los cuatro partidos que lo postulan suman apenas 2.2 millones de pesos del financiamiento estatal de este año, que se duplicarían en el 2016. En cambio el PRD recibe 18 millones mensuales este año, y el doble desde enero, al igual que el PLD y el PRSC.

El financiamiento es mucho peor para las demás candidaturas de oposición. sustentadas cada una por un solo partido reconocido. Como su partido acaba de ser reconocido, será a partir de enero que Guillermo Moreno recibirá financiamiento público, y le tocaría por mes alrededor de 1.2 millones de pesos, lo mismo que Hatuey de Camps y Minou Tavárez, cuyos partidos han estado recibiendo este año 540 mil pesos mensuales.

Solo el PRM ha logrado hasta ahora una estructura nacional, en un esfuerzo de año y medio, porque se llevó la mayor parte en la división del PRD. Las otras tres opciones opositoras tendrán dificultades hasta para completar y registrar en marzo sus candidatos congresuales y municipales, y mucho más para colocar delegados en cada uno de los 15,986 colegios electorales.

Todos hablan de unidad. Un observador extranjero preguntaba por qué la oposición no logra unificarse, cuando todos hablan de la necesidad de hacerlo, para enfrentar el acorazado de poder que representa la candidatura reeleccionista. Desde antes de constituirse, el PRM ha promovido la “Convergencia por un Mejor País”, a la que ha concurrido un decena de grupos, incluyendo los cuatro partidos que sustentan a Abinader, pero no ha podido concertar con los otros tres que llevan candidatos.

Moreno y Tavárez Mirabal han coincidido en la conveniencia de la unidad, ambos enfatizando que tiene que darse sobre la base de un programa, no una simple repartición de cargos, pero aunque tienen un origen y posiciones políticas similares enla centroizquierda, no han logrado unificarse ni ellos mismos.

En agosto el PRM les invitó a considerar sus lineamientos básicos para un programa de gobierno, y no ha recibido respuesta.

Moreno insiste en una mesa de diálogo, más como discurso que como esfuerzo concreto, quedando en pequeños núcleos de izquierda que le apoyan.

Hatuey de Camps luce el más abierto a concertar y mantiene conversaciones con Abinader. En el 2012 apoyó su candidatura vicepresidencial con Hipólito Mejía para presidente, entonces por el PRD. Su fuerza política se ha estancado en la medida en que él ha concentrado esfuerzo en sobrevivir a las adversidades de salud. Esta vez tras ser proclamado candidato se definió diciendo que “no soy puente roto, soy facilitador de las unidad, por lo que mi candidatura no es un obstáculo a la misma”.

Para una segunda vuelta. La generalidad de los candidatos dejan abierta la posibilidad de concertar en una eventual segunda vuelta, pero aún manteniendo las candidaturas presidenciales, podrían comenzar a hacerlo ahora en los niveles congresual y municipal, donde se elige en una sola votación. Podrían así todos cosechar un mejor resultado y muchos electores les agradecerían darle una oportunidad de por lo menos garantizarle mayor equilibrio a la democracia dominicana.

En un escenario de bipolarización, los partidos alternativos tendrían graves dificultades para alcanzar representación congresual y ganar en municipios significativos.

La concertación desde ahora podría incluir la adopción de un programa mínimo que aborde los problemas fundamentales, progresista pero realista, de amplitud para convocar no solo a las clases medias, sino también a los sectores populares, para una coyuntura nacional donde domina el conservadurismo con franjas de frustración, indiferencia y desesperanza. Sobre base programática podría conllevar el compromiso de apoyar en segunda vuelta al candidato presidencial de oposición que quede en competencia.

Es obvio que son muchos los factores que dificultan la unidad de la oposición, que para la generalidad de los analistas y observadores y para muchos electores sigue siendo fundamental para afrontar las desventajas competitivas. La concertación, aún limitada, desataría ilusiones competitivas, aumentaría los aportes financieros a la oposición y generaría una nueva perspectiva electoral.

Un sólido frente opositor equilibraría la democracia

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
DPRM

Aunque el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato presidencial Luis Abinader se fortalecen progresivamente, cada día es más visible que se requiere una amplia concertación de la oposición política para enfrentar la inmensa maquinaria de poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fundada en el abuso y reparto del Estado.

Un sólido frente opositor, basado en un proyecto de transformaciones socio-económicas y políticas, podría generar una sinergia que atraiga a amplios segmentos sociales insatisfechos pero pesimistas ante el proyecto reeleccionista del presidente Danilo Medina que reunirá a casi una veintena de partidos en la boleta electoral.

El poder reeleccionista. El pesimismo es amplio frente a la inmensa maquinaria de poder que ha montado el PLD para una reelección total basada en un reparto del Estado sin el menor escrúpulo, dejando poco espacio a la competitividad democrática para las elecciones generales del próximo año.

La forma en que el PLD pactó para evitar su división y reformar la Constitución para viabilizar la reelección presidencial, con el reparto antidemocrático de los cargos directivos y las candidaturas, la compra de bloques legislativos enteros, y la negociación de alianzas en base al reparto del Estado, indican que no habrá límites en su determinación de mantener e incluso incrementar su poder.

Acontecimientos como la entrega del teatro de Agua y Luz del Centro de los héroes al principal pactante con el Gobierno, los vídeos demostrativos del reparto de “facilidades” para que los peledeístas adquieran automóviles y del adoctrinamiento de niños escolares para rentabilizar el clientelismo, a ocho meses de los comicios, no dejan dudas de que no habrá límites éticos ni morales ni respeto a los procedimientos democráticos, como ha sido norma en los procesos reeleccionistas de la historia nacional.

Con el control de todos los poderes del Estado y sus organismos regulatorios, del 90 por ciento del financiamiento legal a los partidos, y gran parte del aparato comunicativo nacional, el reeleccionismo no debería incurrir en ningún exceso, pero lo hace para suturar las heridas internas, pagar las nuevas lealtades y evitar deserciones a fin de mantener la percepción de invencibilidad y aplastamiento.

Las perspectivas apuntan a que, como dijo Medina para el 2008 al perder ante el presidente Leonel Fernández: “me venció el Estado”.

Proyecto de Convergencia. El proyecto de “Convergencia para un Mejor País”, lanzado a mediados del año pasado, no ha alcanzado los niveles que en principio se esperaba, quedando demasiado a expensas del PRM, nueva alternativa opositora fortalecida por la mayoría que abandonó las filas del Partido Revolucionario Dominicano capturado por el frente gubernamental.

Lo conforman actualmente otros tres partidos reconocidos, el Humanista Dominicano, el Frente Amplio que reúne a varios grupos de izquierda, y Dominicanos por el Cambio, que lidera Eduardo Estrella, además de varios núcleos políticos sociales.

Aunque han insistido en reivindicar la Convergencia, la mayoría perredemeísta y su candidato han priorizado la conformación de una estructura nacional propia. Hace un mes presentaron los lineamientos de un programa de Gobierno, sometido a consideración del resto de la oposición, pero aún no se conoce alguna reacción, en especial del segundo partido de oposición según las encuestas, Alianza País (AP), que lidera Guillermo Moreno, ni de la Alianza por la Democracia (APD) que encabeza Max Puig, o de la nueva Opción Democrática (OD) de Minou Tavárez Mirabal, agrupamientos de centro izquierda que condicionan un frente electoral a que se base en un programa de transformaciones.

El PRM ya ha anunciado que en octubre elegirá candidatos congresuales y municipales en 10 provincias, lo que dificultaría las concertaciones con otros partidos, en la medida en que avance a las 22 restantes, aunque mantendrían una serie de candidaturas reservadas para eventuales nuevos aliados.

Los que estarían más próximos serían el Partido Revolucionario Social Demócrata, que lidera Hatuey de Camps, y el Moviniento Rebelde, que encabeza el diputado y dirigente transportista Juan Hubieres.

Las opciones alternativas. Los partidos reconocidos que lideran Moreno y Puig, el de Minou Tavárez, en proceso de constitución, más Patria para Todos, sumatoria de varios núcleos de izquierda al que la Junta Central Electoral acaba de negar franquicia, tienen posiciones políticas cercanas, pero aún entre estos no se percibe interés en un frente común.

Con la excepción de la Opción Democrática, de reciente constitución, los demás han fracasado en intentos de reagrupamientos para los últimos procesos electorales.

Consideradas como opciones alternativas, del centro a la izquierda política, con discursos centrados en el rechazo de los partidos tradicionales y de la corrupción, y pregoneros de nuevas formas de hacer política para transformar la sociedad, no ocultan sus reservas frente al PRM, por provenir del PRD, aunque los tres tienen antecedentes de vínculos grupales o personales con el PLD, del que se distanciaron reivindicando principios abandonados por los gobernantes.

La AP tiene el aliento de su ascenso en las últimas encuestas, segundo de oposición después del PRM, y hasta sobre el PRD y el PRSC, muy por encima del 1.37 por ciento que obtuvo en la votación del 2012.

En esos comicios la APD, aliada al PLD, solo consiguió el 0.11 por ciento de los votos, pero quedó con una diputada nacional y alguna representación municipal. Minou Taváez Mirabal, diputada por el PLD, abandonó ese partido el año pasado, rechazando sus prácticas políticas, para crear una opción alternativa.

Equilibrar la democracia. Con muchos de los mejores técnicos y profesionales del PRD, el PRM se nutre de su experiencia y levanta una amplia estructura nacional, sumando a otros provenientes del reformismo y de la sociedad civil.

Apuesta a un escenario similar al de 1978 cuando en búsqueda de un cuarto mandato consecutivo, como ahora el PLD, Balaguer parecía invencible, y una heterogénea alianza le pudo arrebatar el poder.

Una diferencia importante es que ahora la oposición carece de un líder de las facultades políticas para la concertación y el desprendimiento personal de José Francisco Peña Gómez, en especial su capacidad para tocar la emocionalidad de los sectores populares.

El PRM ha logrado en las últimas semanas colocar a la defensiva a los reeleccionistas, con una sistemática documentación de sus debilidades, pero requiere expandirse más y comprometerse con las expectativas de los sectores sociales insatisfechos, con las organizaciones de base, y con la clase media sumida en el pesimismo, y sobre todo con la juventud, incorporándola en mayor dimensión.

Para todo ello es imprescindible un mayor esfuerzo por concertar con los alternativos, aunque ni siquiera un frente opositor garantiza el desplazamiento de la estructura de poder del PLD, pero generaría un nuevo escenario de competencia, de reclamo de equidad democrática, incluyendo la limitación del abuso de los recursos estatales.

La sinergia de la unidad obligaría a muchos indiferentes a definirse entre la continuidad y la alternativa, reduciría al máximo al PRD y el PRSC y generaría un reequilibrio del proceso democrático nacional.

La recurrente bipolarización

Con un buen discurso alternativo, Moreno, Puig y Minou tienen pleno derecho a jugar a la “real alternativa”, aunque el absolutismo reeleccionista no deja posibilidades de libre competencia y pone en ridículo la apuesta a una segunda vuelta. Con débiles estructuras, se exponen a quedar como insubstanciales, sobre todo si el PRM acaba polarizando como es tradicional en la historia nacional, donde han fracasado alternativos como Ramón Almánzar, Julián Serulle, César Estrella Sadhalá, Narciso Isa Conde, Roberto Saladín, Hamlet Hermann y el mismo Moreno dos veces.

Son altas las posibilidades de que se repita la bipolarización que ha frustrado múltiples proyectos novedosos, la que en 1978 dejó al profesor Juan Bosch y su nuevo PLD con el 1 por ciento del sufragio, apenas 18 mil votos. Si por lo menos esos tres no se juntan, podrían ser visualizados por el electorado como llaneros solitarios, fundamentalistas éticos dice José Luis Taveras, y hasta estigmatizados si en mayo próximo el PLD queda con todavía mayor control de los cargos electivos.

Al PRD le contaron el 47 por ciento de los votos en 2012, y el partido dominante se quedó con 31 de los 32 senadores y claras mayorías de las diputaciones y alcaldías.

Juntos, los tres alternativos tendrían posibilidades de pactar con el PRM, tomando en serio su propuesta de lineamientos básicos, convertirse en su ala izquierda propulsora de cambios reales, y detonar las sinergias del todos contra la reelección total, impulsando mejores candidaturas congresuales y municipales, incluyendo a representativos de la sociedad civil. Crearían mejor escenario de competencia local y nacional y garantizarían espacios para proseguir buscando constituirse en real alternativa.

 

Aquella barrida electoral del PRD

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Vale revisar los documentos y publicaciones referentes a las elecciones congresuales y municipales del 2002 para comprobar cómo el país gira continuamente sobre su propio eje, reproduciendo una y otra vez los mismos escenarios conflictivos, a menudo con rasgos de retroceso.

Hace 8 años el mapa electoral quedó con 29 provincias pintadas de blanco, dos de colorado y una de morado, en lo que conformó una barrida del partido gobernante, entonces el Revolucionario Dominicano (PRD). Este año la barrida peledeísta ha sido mayor, dejando al principal partido de oposición sin representación en el Senado y con sólo un  escaño al tercer partido del sistema que es a la vez su aliado.

Los estrechísimos resultados electorales con que esta vez se atribuyó la provincia de Pedernales al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con diferencia de apenas 14 votos y con denuncias de irregularidades  en la validación de votos que habían sido anulados, deja la duda de si hubo un despojo para excluir al PRD del Senado.

Eso estuvo a punto de ocurrir en el 2002 con el único senador obtenido por el PLD, José Tomás Pérez por el Distrito Nacional. El resultado era muy estrecho y al final la alianza que encarnó el PLD fue reconocida como ganadora por menos de un punto de diferencia sobre la que encabezó el PRD: 39.20 a 38.28 por ciento.

Todavía en la noche del sábado 18 de mayo los perredeístas insistían en que eran ganadores, tratando de dejar al PLD fuera del Senado. Me tocó ser parte, junto a Ramón Tejada Holguín y Javier Cabreja, de una comisión de Participación Ciudadana que acudió a la residencia del presidente del PRD Hatuey de Camps con los resultados del conteo rápido de la institución, donde los peledeístas ganaban la sindicatura y la senaduría del DN.

Desde el primer momento De Camps pareció ajeno a los intentos de arrebato y delante de nosotros llamó al presidente de la Junta Central Electoral, Ramón Morel Cerda, para decirle que “el partido no quiere nada que no haya ganado”. Llamaría al presidente Hipólito Mejía, quien estaba en España, para ponerlo al tanto de la situación, y lo mismo hizo con Peggy Cabral, candidata a síndica, donde nos remitió. Fuimos de inmediato donde la viuda Peña Gómez, a cuya memoria apelamos para convencerla de que reconocieran la voluntad popular, lo que procedió a hacer en la mañana del domingo junto a Fafa Taveras, el candidato a senador. Esa mediación no se hizo pública pero la reconocieron dirigentes del PLD y los candidatos ganadores.

Lo que sí fue público fue la misión que envió Participación Ciudadana a Santiago para reforzar a los dirigentes locales en el acompañamiento al PLD y a su candidato a senador Francisco Domínguez Brito en sus enérgicos reclamos de revisión de irregularidades. Se demostró que varias actas habían sido alteradas y fueron anuladas. No cambió el resultado pero quedó el precedente de revocación de actos fraudulentos. Aquellos acontecimientos vienen a la memoria en estos días de denuncias de irregularidades y fraudes, cuando aparecen peledeístas que ahora niegan derechos y gritan que nadie reclamaba cuando los intentos de arrebatos les perjudicaban.

Entonces como ahora muchos consideramos peligrosa aquella barrida y advertimos que podría desbordar el continuismo, como ocurriría poco después, aunque el presidente Mejía, como ahora el presidente Fernández, exhortó a sus seguidores desde Madrid a no ensoberbecerse con el triunfo. Cuando se anunció un recibimiento apoteósico tras su viaje a España y Marruecos, Mejía -al igual que Fernández ahora- tuvo el acierto de rechazarlo. Aunque dos meses después ya estaba modificando la Constitución para repostularse.

Participación Ciudadana, muchas otras organizaciones  y buena parte de los líderes de opinión hicimos campaña tratando de evitar aquel desbordamiento contra la institucionalidad democrática. Organizamos una vigilia nocturna ante el Congreso y asistimos a la sesión de la Asamblea Nacional que modificó la Constitución. Y si pudimos entrar a aquella sesión fue porque los diputados opositores Julio César Valentín y Pelegrín Castillo lo exigieron. Porque los perredeístas estaban decididos a impedir la entrada de las turbas de la sociedad civil. Ojalá no sigan las repeticiones.