Un Pacto Político Social para un real Pacto Fiscal

Por Juan Bolívar Díaz
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La experiencia del 2012 cuando este Gobierno impuso una simple reforma tributaria, en vez del Pacto Fiscal a que se comprometió en principio, debería ser suficiente para que los sectores empresariales, sociales y políticos comprendieran la necesidad de una firme compactación que equilibre el poder absoluto y rescate la institucionalidad democrática.

El liderazgo del empresariado organizado, economistas e importantes sectores sociales han planteado con mucha claridad los alcances del Pacto Fiscal que se impone, pero hay dudas de que comprendan que solo pueden salir adelante con un gran concierto que implique las energías que en años pasados impulsaron importantes avances institucionales.
Correctivos ineludibles

El Gobierno, el empresariado, las élites sociales, los economistas y el liderazgo social saben que, como han advertido organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la economía nacional va por el camino de la insostenibilidad, que se aproxima al límite de los déficits fiscales cubiertos con enorme endeudamiento y que hay que corregir el rumbo en búsqueda de un crecimiento más sano y un equilibro social que garantice productividad, fortalecimiento institucional y seguridad general.

Todos saben también que una vez más el interés electoral disparó el déficit fiscal, proyectándose que superará los 75 mil millones de pesos presupuestados para el año, tanto que el empresarial Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles lo estima al doble, unos 150 mil millones de pesos, que obligaría a buscar financiamiento adicional de por lo menos 1,500 millones de dólares.

El apremio llevó al ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, a pedir concentración en el pregonado Pacto Fiscal, y a la directora de Proindustria, Alexandra Izquierdo, a sugerir una reforma tributaria “transitoria”, consciente de que para que sea fiscal integral se requerirá mucho tiempo de transacciones.

Con un ingreso fiscal que quedará en unos 15 mil millones de pesos menos de lo presupuestado, el Gobierno está urgido de una reforma que le permita elaborar un presupuesto realista para el 2017, afrontando problemas de financiamiento para proyectos fundamentales como las plantas de carbón, en las que desde hace cuatro años cifra sus expectativas de afrontar la crisis energética, y de recursos para emprender programas integrales que mitiguen la abrumadora inseguridad ciudadana.

Reclamado Pacto Fiscal. Como ahora hace cuatro años, al inicio de este Gobierno se expresaba un consenso sobre la necesidad del Pacto Fiscal, pero ante las primeras dificultades y también apremiado por un enorme déficit, el Gobierno optó por el camino tradicional, con la complicidad del liderazgo empresarial, marginando a los sectores sociales representados en el Consejo Económico y Social e ignorando a la oposición política que acababa de obtener 49 por ciento de los votos.

Las principales organizaciones empresariales, encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, Asociación de Industriales de Herrera, la de Jóvenes Empresarios y múltiples sectoriales y regionales, han reformulado sus reclamos del Pacto Fiscal en términos contundentes, rechazando la prisa e incluso condicionándolo a la previa aprobación del Pacto Eléctrico que se discute hace dos años.

El CONEP lo fundamenta en racionalizar el gasto público, la Ley de Responsabilidad Fiscal, y reorientación del sistema tributario para la promoción de la producción y la exportación.

Rafael Blanco Canto, presidente del CONEP, dijo a HOY esta semana que realizan esfuerzos por unificar posiciones del sector empresarial, como hicieron para el Pacto Eléctrico, pero al mismo tiempo expresó temor de que los empresarios “busquen su acomodo de manera particular”, por lo que llamó al consenso para evitar que el Gobierno imponga otra reforma o simple parche tributario.

La fortaleza Institucional. Bien concretos y abarcadores han sido los dirigentes de la Asociación de Industrias, al reclamar límite a los déficits fiscales y desactivación de la “bomba del endeudamiento”, reconociendo la necesidad de reducir la evasión fiscal. Su presidente, Campos de Moya, ha señalado iniciativas para el desarrollo institucional y la competitividad, incluyendo la transparencia y cumplimiento de compromisos constitucionales fundamentales para la institucionalidad democrática de la nación, recordando que en agosto hay que renovar la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas.

Al respecto, el 9 de junio Campos de Moya precisó cinco iniciativas: leyes de Partidos y Electoral que iguale el terreno para todos; una Ley Tributaria y Fiscal que rompa las distorsiones que ponen a unos a pagar más y a otros menos, que incluya el control del gasto público y definición del tamaño del Estado; Ley de Pleno Empleo que ayude a regularizar a los informales y garantice seguridad social y pensiones para todos; la despolitización de los órganos estatales, incluyendo la judicatura y la Policía; y prioridades en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Economistas como Alfonso Abreu, Germania Montás, Nelson Suárez y Ernesto Selman, coincidieron esta semana en HOY en defender el Pacto Fiscal, que eleve equitativamente las contribuciones, pero con control del gasto, eliminación de los déficits y limitación del endeudamiento, que ya ronda 24 mil millones de dólares en el Gobierno central, más unos 11 mil millones de dólares del Banco Central, 8 veces la del año 2000.

Concierto político-social. Ningún Gobierno cede parte de su poder a menos que se vea obligado, y menos cuando lo acaba de multiplicar como ocurrió en las elecciones de mayo pasado. El partido gobernante ha demostrado gran capacidad para imponerse hasta por encima de su propio ordenamiento constitucional y legal, o evadiendo las legislaciones fundamentales para la institucionalidad democrática.

Eso incluye múltiples planteamientos constitucionales y casi una veintena de leyes aprobadas en el período 2000-12 para el control financiero y la transparencia de la gestión pública.

Solo una fuerte concertación social, como la que se orquestó para hacer cumplir la ley que destina el 4 por ciento del PIB a la educación, para sancionar los fraudes bancarios, y en los noventa para mejorar el sistema electoral y la justicia, podría lograr una reforma fiscal que contenga el despilfarro, la malversación y la corrupción pública y que ponga límites al uso clientelar del presupuesto, con el cumplimiento de las normativas.

Los senadores acaban de apropiarse el 10 por ciento del presupuesto del Congreso para aumentar la cobertura de su propio y privilegiado plan de pensiones.

La oposición política está también desafiada a reclamar el valor del 38 por ciento de la votación que obtuvo contra todo el Estado en mayo pasado, condicionando el reconocimiento de la legitimidad del Gobierno a que se abstenga al Estado social y democrático de derecho, con las urgentes reformas políticas, institucionales y fiscales, y que proscriba el partidarismo en los organismos estatales.

El Partido Revolucionario Moderno debe reactualizar su planteamiento de la campaña electoral de revisión de unas 7 mil cuentas estatales para ahorrar hasta 70 mil millones de pesos anuales.

Abusos fiscales en campañas y desguañangue institucional

Por Juan Bolívar Díaz
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Cuatro expertos, participantes en un foro organizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), coincidieron en que en las dos últimas elecciones, bajo gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, se ha desbordado el gasto fiscal, con un acentuado desguañangue de la institucionalidad democrática.

Datos ofrecidos por el experto en asuntos fiscales José Rijo y por la Comisión Económica del Partido Revolucionario Moderno (PRM) indican un incremento del déficit fiscal en la actual coyuntura electoral, aunque en menor medida que en la anterior, cuando el desbordamiento prosiguió aún en el período de transición al nuevo Gobierno.

Del mito a la realidad. En la exposición fundamental de un foro organizado por el área de Negocios del INTEC el martes 12 sobre el gasto público en períodos electorales, el economista Pavel Isa Contreras sostuvo que es un mito el planteamiento de que siempre en los años de elecciones el gasto del Gobierno, corriente o de capital, se desborda generando desbalances fiscales, pero que sí fue una realidad en el 2008 y 2012.

Al analizar el gasto público en los últimos 25 años, con seis elecciones presidenciales, Pavel Isa concluyó que “el gasto público y el déficit fiscal se desbordan solo en las últimas dos”, con la particularidad de que en el 2008 el exceso fue fundamentalmente del gasto corriente, y en el 2012 del gasto de capital. En el primer caso el presidente Leonel Fernández buscaba la reelección, y en el segundo la continuidad de su partido en el poder con Danilo Medina de candidato presidencial.

En el 2012, cuando se alcanzó un déficit fiscal histórico en virtud de que el Gobierno central gastó más de 155 mil millones de pesos sobre lo presupuestado, una proporción significativa ocurrió aún después de las elecciones, lo que pareció obedecer al interés del presidente Fernández de concluir y avanzar obras buscando rentabilidad política para abonar una vuelta al poder en el 2016, frustrada por el predominio del proyecto reeleccionista del presidente Medina.

Isa contreras documentó que en los años electorales el gasto gubernamental crece significativamente entre enero y abril y decae de mayo a noviembre, mientras en años no electorales el gasto es menor en los primeros meses y mayor en la segunda mitad.

Desguañangue institucional. Los cuatro expositores coincidieron en que en los dos últimos procesos electorales no solo hubo muy alto déficit fiscal, sino también un acentuado desguañangue de la institucionalidad democrática.

De diversa forma lo expusieron Pavel Isa, José Rijo, experto en asuntos fiscales, el también economista Ernesto Selman, director del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, y el sociólogo Carlos Pimentel, del área de Transparencia del movimiento Participación Ciudadana.

El consenso fue absoluto en que los organismos de control no funcionan, generando impunidad, con un Congreso que no cumple su función de fiscalización, deficiencias de la Cámara de Cuentas, politización de órganos judiciales, ignorancia del paquete de leyes de control presupuestario, transparencia y rendición de cuentas, “con prevalencia de una cultura política que obstruye el funcionamiento de las instituciones democráticas”, según Pimentel.

Selman señaló la responsabilidad de las élites empresariales y sociales, empeñadas en la búsqueda de beneficios particulares, denunció las políticas populistas y clientelares, sostuvo que entre 2007 y 2008, durante el último proceso reeleccionista, concedieron la mayor cantidad de exoneraciones impositivas vigentes, y concluyó demandando un pacto ético.

Mientras Pimentel denunció la existencia de un “Estado capturado” por la coalición de intereses económicos y políticos, con gobiernos que ignoran todo un conjunto de normativas presupuestales, de transparencia y controles en los que la sociedad dominicana se empeñó durante las últimas dos décadas.

También en el actual proceso. José Rijo convino en que la mayor crisis es institucional, con el secuestro del Congreso, la justicia y los mecanismos de control por parte del Poder Ejecutivo, sosteniendo que en la actual coyuntura electoral se está produciendo otro desbordamiento del gasto en aras del proyecto continuista, resaltando que en el primer trimestre hay un déficit fiscal de 29.5 mil millones de pesos, muy superior al de 4 millones registrado en el mismo período del año pasado.

Al comparar el comportamiento del gasto en el primer trimestre del 2016 con el mismo período del 2015, el experto en asuntos fiscales sostuvo que se está disparando tanto el gasto corriente como el de capital Y ejemplificó: en obras para edificación no residencial el gasto creció de 4,351 millones a 7,392 millones de pesos. En infraestructura terrestre y obras anexas pasó de 1,943 millones a 7,290 millones de pesos.

En nominillas y personal transitorio, el Ministerio de Obras Públicas pasó de un gasto de 196 a 329 millones de pesos, la Presidencia de la República de 139 a 221 millones de pesos, y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de 60 a 188 millones de pesos.

Rijo ofreció abundantes datos para resaltar el crecimiento en el primer trimestre de este año del gasto gubernamental en publicidad y propaganda, en pasajes, viáticos y gastos de representación, renglones que vincula a la campaña electoral.

Otro foro de denuncias. Otro foro académico, celebrado el jueves con auspicios de la Fundación Ebert sobre “Las altas cortes y la crisis del sistema de justicia”, concluyó también denunciando la quiebra institucional de la nación.

Aquí los expositores centrales fueron el destacado jurista y dirigente social Francisco Alvarez Valdez y el vicepresidente ejecutivo de la influyente Fundación Institucionalidad y Justicia, también reconocido jurista Servio Tulio Castaños Guzmán.

Alvarez Valdez trazó el proceso de ascenso del sector justicia a partir de la reforma constitucional derivada de la crisis política de 1994, hasta el retroceso con la politización y subordinación de los órganos judiciales, especialmente tras la Constitución del 2010 y la captura del Consejo Nacional de la Magistratura por el Poder Ejecutivo.

Castaños Guzmán convino en que todo el sistema de justicia está en crisis, resaltando los bajos niveles de aceptación que le marcan las encuestas.

Se remitió al último índice de competitividad del Foro Económico Mundial que coloca la independencia del Poder Judicial dominicano en la posición 124 entre 140 naciones evaluadas.

Resaltó el descrédito de la Policía Nacional, con alta proporción de miembros involucrados en crímenes.

La institucionalidad democrática estará a prueba en el nuevo año

Por Juan Bolívar Díaz

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El año 2016 llega con grandes incertidumbres sobre el rumbo de la institucionalidad democrática nacional por el desguañangue en que se encuentra el sistema político, corroído por la corrupción, el clientelismo y el reparto de candidaturas, y por los efectos corrosivos que históricamente han acompañado en el país los proyectos reeleccionistas.

El primer desafío será evitar que el gasto público vuelva a disparar el déficit fiscal como aconteció en las dos últimas elecciones presidenciales lo que haría más perentorio un nuevo parche tributario que asoma para frenar el rumbo de la insostenibilidad fiscal, ya que pocos creen que el pragmatismo político permita una reforma integral.

Un panorama nublado. El año que concluye deja espesas nubes sobre la institucionalidad democrática nacional por el desguañangue en que se encuentran los partidos que han sostenido el sistema político, la profunda crisis del sistema judicial, por la progresiva descomposición social y por los efectos corrosivos que históricamente han acompañado los procesos reeleccionistas en la historia del país.

Aunque la percepción más generalizada es que el presidente Danilo Medina logrará la reelección, la crisis interna por la que atraviesa su partido, y los escándalos de los últimos meses arrojan dudas que solo pueden disipar la persistente debilidad y dispersión de la oposición política que presentará por lo menos cuatro candidatos presidenciales para una competencia enormemente desigual.

Se asume que, además del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llegarán a las urnas los que postulan a Luis Abinader, Guillermo Moreno, Minou Tavárez Mirabal y Pelegrín Castillo. Se cree que otros tres candidatos proclamados, Hatuey De Camps, por el Partido Revolucionario Social Demócrata, Juan Cohén, del Partido Nacional Voluntad Ciudadana y Soraya Aquino, del Partido de Unidad Nacional, terminarán firmando alianzas.

Las dos principales opciones, PLD y PRM, comenzarán el año con dificultades para completar sus boletas congresuales y municipales, el primero aún sin dilucidar los traumas de la muy parcial elección primaria que celebró el 13 de diciembre, y de la que dos semanas después no ha podido concluir, afrontando impugnaciones derivadas de la violencia con muertos y heridos y de acusaciones de alteración de padrones y robos de urnas, que afectan municipios como Santiago, La Vega y Santo Domingo Norte. El PRM con complicaciones en el Distrito Nacional y otras jurisdicciones y sin haber podido explicar los alcances de su reciente pacto con el PRSC, mientras el resto de los partidos tiene dificultades hasta para completar el listado de 4 mil 200 candidatos.

La crisis de la justicia. La circunstancia de que al terminar las fiestas navideñas, el mismo 7 de enero, se celebra con un acto solemne el Día del Poder Judicial, pondrá de nuevo sobre el tapete la crisis que sacude a ese poder del Estado. Ese día en el tradicional discurso el presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, tendrá que responder los cuestionamientos que sacuden a esas dos instancias, la primera involucrada en una banda de traficantes de sentencia y la segunda descalificada nada menos que por el Procurador General de la República, cuando intentaba explicar su decisión de no recurrir en casación el descargo del dirigente peledeísta Félix Bautista del grave expediente de corrupción que había sostenido.

El último agravamiento lo ha constituido una instancia-demanda del juez Rafael Ciprián, degradado por el organismo superior sin explicación ni justificación, en clara violación de la Constitución y de la Ley de Carrera Judicial. Tras haber declarado que la motivación habría sido que no declaró ganadora la plancha del PLD a la presidencia del Colegio de Abogados, ese magistrado plantó pleito en términos radicales, en dos desafiantes comunicados.

Ciprián escribió, entre muchos otros cargos: “ya basta de humillaciones sin nombre y de chantajes del poder. Lucharé hasta el final para que se respeten la independencia y la dignidad del juez dominicano, para que haya verdadera justicia, para que los jueces dicten sentencias conforme al Derecho y no a la orden superior”… y agregó “Sentaremos un precedente contra la arbitrariedad del poder, el abuso y el autoritarismo”.

Problemas del arbitraje. Entre analistas se da consenso en que si la competencia por el poder se cierra, la institucionalidad democrática afrontará mayores dificultades, especialmente por la histórica imposición del reeleccionismo y la cultura del abuso del Estado. Cincuenta mil tarjetas para subsidios sociales se suman en enero a más de dos millones ya en manos de la población más pobre y políticamente manipulable. En la elección congresual y municipal del 2010, en el barrio capitalino de San Carlos la observación electoral de Participación Ciudadana pudo contactar la existencia de centros informáticos que verificaban cuáles beneficiarios de tarjetas no habían votado, y salían a buscarlos.

Con una legislación electoral tan atrasada que ni siquiera han querido adaptarla a los planteamientos de la Constitución promulgada hace seis años y un arbitraje, Junta Central Electoral (JCE) y Tribunal Superior Electoral, bajo control del partido gobernante, la competitividad se reduce substancialmente.

El primer desafío del año para el arbitraje es que la JCE conozca una instancia de su titular Eddy Olivares y abra en enero el período de campaña electoral, como ha hecho en tres de los últimos cuatro comicios nacionales, sin esperar el límite de 90 días, para lo cual está facultada. Eso le permitiría un mayor margen legal para contener los excesos, aunque hay pocas expectativas al respecto.

Los graves excesos en la elección primaria del PLD que solo escogía candidaturas a regidores y unos cuantos diputados y alcaldes, certificados por su presidente Leonel Fernández en artículo en el Listín Diario del pasado lunes, se proyectan ominosamente sobre la elección nacional, sobre todo si ven riesgos de perder parte substancial del poder.

Costo de una larga fiesta. De lo que no hay dudas es que cuando concluya el proceso electoral el 15 de mayo, o el 26 de junio (último domingo del mes, artículo 209-1 de la Constitución) si es necesaria la segunda vuelta para la mayoría absoluta, a la sociedad se le pasará la factura del alto costo de la política. Es imposible estimar con alguna certeza a cuánto asciende una campaña electoral que empezó antes que se juramentara el gobierno electo en el 2012.

Cientos de precandidatos a todos los niveles de elección se han gastado miles de millones de pesos, la mayoría de ellos inútilmente ya que al final no hubo convenciones democráticas. En gran proporción los ha pagado el Estado, sea por sustracción de fondos, en vehículos, combustibles, teléfono, oficinas, en sueldos y nominillas, y por los barrilitos y cofrecitos de los legisladores, casi todos buscando reelegirse.

Del presupuesto nacional saldrán este año para los partidos unos 1,700 millones de pesos, y nadie podrá calcular cuántos miles más costará el proyecto reeleccionista más grande de la historia nacional, ya que esta vez no solo incluye al presidente, sino a todos los senadores, y a más de dos tercios de los diputados y de los alcaldes en ejercicio.

De que el Gobierno piensa gastar mucho en la campaña hay indicadores visibles en el presupuesto aprobado para el 2016. Como ejemplo, la partida de materiales y suministros de la Presidencia, que este año ejecutó 2 mil 500 millones de pesos, está triplicada a casi 8 mil millones de pesos.

Viene otro parche tributario. Los déficits fiscales crónicos del Gobierno dominicano comenzaron precisamente en la campaña reeleccionista del 2008, con cerca de 60 mil millones de pesos, porque los ingresos solo crecieron 5 por ciento, el gasto se disparó en 30 por ciento. En los años de elecciones 2010 y 12 los déficits alcanzaron récord, el último por 156 mil millones de pesos solo en el Gobierno Central. El FMI lo estimó en 8 por ciento del PIB, aunque aquí se redujo al 6 por ciento.

La última reforma tributaria, pues el Gobierno eludió el compromiso de una fiscal integral, fue precisamente para conjurar ese hoyo. Y pese al incremento de los tributos, ha mantenido persistentes déficits por encima de los 70 mil millones de pesos anuales. Participación Ciudadana documentó en su evaluación de fin de año que para el 2016, al déficit presupuestario proyectado de 75 mil 894 millones de pesos, habrá que adicionarle empréstitos por 97 mil 366 millones para amortización de la deuda pública y el costo financiero de la deuda del Banco Central, para un total de unos 230 mil millones de pesos. Una insostenibilidad que volverá a reclamar parches en la resaca electoral, cualquiera que sea el veredicto de las urnas.

2015: retrocesos institucionales con estabilidad macroeconómica

Por Juan Bolívar Díaz

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El año 2015 quedó marcado por la imposición de un nuevo proyecto presidencial reeleccionista que atropelló al Congreso, subordinó la justicia y determinó un grave retroceso en la democracia e integridad de los partidos, con el país hastiado por la corrupción, la impunidad y la descomposición social.

El Gobierno logra otro año de alto crecimiento económico con estabilidad de precios y baja inflación, ayudado por una impactante caída del costo del petróleo, y por fuerte incremento del turismo y las remesas, pero nueva vez con un alto déficit fiscal y su consiguiente endeudamiento que hace temer insostenibilidad.

Llegó el rayo Quirino. Desde que alboreó el 2015 el objetivo fundamental del grupo político del presidente Medina era abrir las compuertas para la prolongación en el poder, contradiciendo los planteamientos del propio mandatario sobre lo devastadora que ha sido la reelección presidencial en la historia de un país cuyas instituciones nunca han fraguado plenamente.

El obstáculo principal era la ambición de retornar al poder del expresidente Leonel Fernández, con un liderazgo fuerte no sólo en su partido, sino también en el país y en ámbitos internacionales. Había que frenar a cualquier costo al “León” apoyado por más de la mitad de los legisladores. Parecía casi imposible, a no ser que un rayo cayera sobre él y lo partiera políticamente, como se pudo leer en el Tema de Hoy del 11 de enero: JBD, “Alta temperatura en la lucha Danilo/Leonel por el PLD”.

El rayo fue Quirino Ernesto Castillo, recién salido de 10 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, quien al comenzar febrero empezó a pregonar desde Nueva York que había financiado la campaña electoral de Leonel en el 2004 con cientos de millones de pesos y ofreció detalles y nombres de supuestos vinculados, mientras en el país cundió la percepción de que hablaba por cuenta de autoridades estadounidenses. Y desafiando a poderosos civiles y militares, se apersonó sorpresivamente al país el 28 de febrero para reclamar el dinero que decía haberle prestado a Leonel.

Otra vez venció el poder. Pocos dudan que sin el apoyo del poder gubernamental, Quirino no hubiese vuelto al país con esa pelea, y Leonel Fernández subestimó el caso bajo el alegato de no rebajarse a responderle a un convicto de narcotráfico que él había entregado a Estados Unidos, pero los relatos y detalles de Quirino por radio y televisión se impusieron al silencio de los periódicos y causó efectos devastadores sobre la imagen de Fernández, ya afectado por los sometimientos judiciales de sus muy cercanos: Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.

En cuestión de semanas, el líder peledeísta, que desde los finales de su Gobierno en el 2012 venía acosado por grupos de la sociedad civil denunciantes de la corrupción, vio declinar su estrella, y aparecieron encuestas que dejaban al PLD en riesgo de perder las próximas elecciones si él volvía a postularse. Una de Penn /Shoen lo dio perdedor en segunda vuelta frente a un Luis Abinader que en abril dejaría atrás al expresidente Hipólito Mejía, con 70 a 29 por ciento en la elección primaria de su partido.

El pragmatismo y el amor al poder pudieron más que el liderazgo de Leonel y el 19 de abril, una semana antes del éxito de Abinader y su PRM, una gran mayoría del Comité Político del PLD, integrado por 35 miembros, tomó la decisión de disponer que sus legisladores modificaran la Constitución de la República para hacer posible la repostulación del presidente Medina.

La resolución puso al borde de la división al partido gobernante cuando la mayoría de sus legisladores en ambas cámaras resistieron públicamente la decisión, y sobre todo cuando el 25 de mayo Leonel dirigió por televisión un dramático discurso de confrontación, llamando a evitar otra dictadura. Cuarenta y ocho horas después había vencido el Estado, como dijo Danilo cuando lo aplastaron para imponer la repostulación de Leonel en el 2008.

Desata crisis institucional. Una vez más en la historia nacional, el afán constitucionalista corrompió a dirigentes políticos y doblegó al Congreso Nacional y al poder judicial, comenzando por el propio PLD, donde la cúpula dirigente se auto prolongó su mandato hasta el 2020 e impuso un pacto para salvar la unidad decretando una repostulación total no sólo del Presidente, sino también de los senadores, diputados y la mayoría de los alcaldes. Los estatutos del partido, la ley electoral y los principios Constitucionales quedaron relegados.

Para reformar la Constitución hubo que “conquistar” los bloques enteros de los diputados de los otros dos partidos que han dominado el sistema político en el último medio siglo, bajo alegados pactos políticos cuyos términos aún se desconocen, y tras seis meses de negociaciones, el Partido Reformista Social Cristiano, que dispuso posibilitar la repostulación de Medina, termina pactando con el PRM para enfrentarla en las urnas.

Lo del PRD fue patético. El partido de mayor vigencia en la historia nacional, con 76 años, que en la última cita electoral alcanzó 47 por ciento de la votación luchando contra todo el Estado, se subordinó a su principal contrincante para un indefinido “gobierno de unidad”, cuyo avance ha sido una embajada en Roma y la dirección del insignificante Instituto de Cooperativas.

El procurador general Francisco Domínguez Brito se negó a escuchar testimonios de un grupo de legisladores que voceaban nombres de funcionarios que convirtieron el Congreso en un mercado, y ya más tarde renunciaría a proseguir con el expediente que sustentaba el procesamiento del senador Félix Bautista, secretario de Organización del PLD, para honrar el pacto de repostulación total que éste había contribuido a armar, por encima de Leonel. La causa reeleccionista doblegaba no sólo a la mayoría de la Cámara Penal de la Suprema Corte, sino también al jefe del Ministerio Público.

Crecimiento con deuda. Como ha sido habitual en las últimas décadas, el país vuelve a tener un año de vigoroso crecimiento de su producto interno bruto, estimado por el Banco Central alrededor del 7 por ciento, muy por encima del regional, con relativa estabilidad de precios y cambiaria, así como reducción del déficit de la balanza de pagos por la impactante caída del precio del petróleo. La estabilidad económica es lo que salva al gobierno este año.

El crecimiento económico descansó en incremento del gasto público en construcciones, auge del turismo y las remesas en un período o que marcó dificultades en el comercio con Haití y un virtual estancamiento de las exportaciones.

Los analistas, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, siguen reconociendo el crecimiento del PIB y estabilidad macroeconómica, aunque un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo diagnostica un incremento de la desigualdad salarial, prevaleciendo la preocupación por los fuertes déficits fiscales y el galopante endeudamiento.

El balance del año de PC establece en 348 mil 761 millones de pesos (unos 7.7 mil millones de dólares) el financiamiento que precisó el Gobierno en los años 2014 y 15 para cubrir sus gastos y estima que para el 2016 necesitará otros 230 mil millones de pesos, que serían más de 5 mil millones de dólares a la tasa de cambio actual para concluir en que con un gasto tan excesivo se conduce el país aceleradamente hacia la insostenibilidad fiscal.

Precisiones sobre déficit y austeridad

Por Juan Bolívar Díaz
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Tras la publicación el 18 de noviembre del trabajo “Leonel arroja leña al fuego nacional”, recibí una amable comunicación de un amigo que fue diplomático en el país durante varios años donde formula una importante precisión sobre el origen del déficit fiscal que confronta la economía española, que vale la pena compartir con los lectores:

“Los problemas de España no arrancan del déficit público, inexistente al comienzo de la crisis. Arranca de la explosión de la burbuja inmobiliaria y del endeudamiento privado, tanto de empresas (que compraban todo lo que revendía fuera de España), bancos (para poder seguir prestando a promotores inmobiliarios y conceder hipotecas) y las familias que se hipotecaban”.

“Ese es el enorme apalancamiento que supera el 300 por ciento del PIB. Luego, sí, el Estado ha incurrido en enormes déficits debido a la caída de los ingresos (que le ha venido muy bien a Leonel Fernández para confundir y manipular) y al aumento del gasto por ejemplo en subsidios de desempleo (aproximadamente un 3 por ciento del PIB). Piense, además, que las pensiones suponen un 9 por ciento del PIB. La pensión de jubilación media es de 951 euros/mes y entre jubilados, incapacidad (casi 1 millón) y viudez etc. cubre a 9 millones de personas”.

 Estas precisiones son fundamentales para entender la naturaleza del déficit fiscal español y la forma en que se ha manejado, que son similares al origen y manejo de la crisis norteamericana: la explosión de la burbuja inmobiliaria, el abuso de banqueros irresponsables, con apropiación de enormes sumas, lo que arrastró otros sectores de la economía y obligó a invertir decenas de miles de millones de dólares para rescatar hasta a la General Motors y la Chysler. Estados Unidos invirtió en eso mucho más de un millón de millones de dólares y es parte del déficit fiscal que padece, sin las consecuencias que ha tenido para España, no porque sea menor en relación al producto bruto, sino porque es quien rige la economía mundial. Aunque allí también parece que la capacidad de endeudamiento se agota peligrosamente.

 En España sólo la quiebra del consorcio financiero Bankia ha costado 23 mil 465 millones de euros, equivalentes a 29 mil 566 millones de dólares, y a un billón 220 mil 180 millones de pesos, que es 2.4 veces el proyecto de presupuesto dominicano para el 2013.

 Por cierto que un juez de la audiencia nacional ha encontrado suficientes razones para dar curso a una querella judicial contra 33 “consejeros” de Bankia considerando que sus ejecutorias “podrían desestabilizar todo el sistema financiero”.

 En resumen, que ciertamente hay déficits fiscales en España, como en Estados Unidos, pero de origen diferente al dominicano, y manejados institucionalmente, porque ni Zapatero/Rajoy ni Obama podían incurrirlo por decisión individual, burlando las normas constitucionales y legales, sin autorización del Congreso. Mucho menos podían meter a sus países en un déficit del 8.5 por ciento del PIB, (el español anda por el 6 por ciento) para ganar elecciones e iniciar una campaña electoral para volver al poder. Tampoco porque necesitaran terminar obras que la continuidad del Estado debía afrontar. Mucho menos para repartir y subsidiar gastos electorales.

 Otra precisión fundamental es sobre la austeridad y el gasto. En España, los que piden extremar la austeridad conspiran contra los pensionados o los servicios básicos. En República Dominicana la exigencia de austeridad es para reducir el dispendio y la corrupción a fin de que los recursos alcancen para la población más pobre, no en forma de dádivas de cajitas navideñas o la libra de arroz por día que permite el programa Comer es primero, sino para combatir eficientemente la pobreza.

 En España los legisladores no tienen barrilitos ni cofrecitos, ni cada entidad del Estado dispone recursos a discreción y sin transparencia para “planes sociales”. Tampoco hay organismos con cientos de empleados sin funciones ni los mandatarios tienen fundaciones con gastos millonarios mientras ejercen el poder público. Aquí austeridad es respeto a lo colectivo, como mandan la Constitución y numerosas leyes.

 

LF burló la Constitución y 12 leyes que promulgó

Por Juan Bolívar Díaz
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Con el déficit presupuestario en que incurrió el gobierno del presidente Leonel Fernández se violaron no sólo principios básicos de su propia Constitución, sino también una docena de leyes y numerosos reglamentos promulgados por él mismo a instancias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales.

Aunque gran parte de la sociedad parece ignorarlo, el Congreso Nacional aprobó o renovó a partir del 2001 un  conjunto de leyes para la planificación presupuestal de la inversión pública y un sistema de administración financiera en orden a la transparencia, eficacia y mejor aprovechamiento de los recursos nacionales.

La Constitución de Leonel.  El déficit fiscal cuantificado esta semana por el FMI en 8.5 por ciento del producto bruto interno (PBI), equivalente a unos 204 mil millones de pesos, nueve veces los 22 mil 500 millones aprobados en la Ley de Presupuesto para el 2012, numerada 294-11, implica la violación de principios y mandatos de la Constitución promulgada por el presidente Fernández en el 2010, como se indica a continuación:

1.- Artículo 138, señala que la administración pública “está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado”.

2.- Artículo 233, plantea que corresponde al Poder Ejecutivo la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto que contempla ingresos probables y gastos propuestos y el financiamiento requerido “en un marco de sostenibilidad fiscal, asegurando que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del Estado”.

3.- Artículo 234, párrafo: “Una vez votada la Ley de Presupuesto General del Estado, no podrá trasladarse recursos presupuestarios de una institución a otra sino en virtud de una ley….

4.- Artículo 236, “Validez erogación. Ninguna erogación de fondos públicos será válida si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente”.

5.- Artículo 241, proclama que “El proceso de planificación e inversión pública se regirá por la ley correspondiente”.

6.- Artículo 246 que responsabiliza al Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República del “control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos, y uso de los fondos públicos”.

Artículo 247, que instituye a la Contraloría General como órgano rector del  control interno sobre el uso e inversión de los recursos públicos, que autoriza los pagos “previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos”…

Las principales violaciones.  En la instancia de Alianza País, su presidente Guillermo Moreno  y su reconocido abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, en un comunicado de Participación Ciudadana y en una conferencia de su coordinador general, el prestigioso jurista Francisco Álvarez Valdez, se han señalado las principales violaciones a las normas jurídicas que se atribuyen al expresidente Fernández. Otros juristas adicionan varias y una decena de artículos del código penal, pero las principales se refieren a las leyes orgánicas del Presupuesto, la de Planificación e  Inversión Pública, la de Contraloría General y la de Compras y Contrataciones, promulgadas por Fernández.

De la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público (423-06) se burlaron  numerosos artículos, desde el 1 y el 3, el 9, 20 y 30, hasta el 44, 47, 48 y 51. El 44 establece que “Las apropiaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso de la República constituyen el límite máximo de gasto, sujeto a la disponibilidad efectiva de los ingresos estimados”…Para no dejar dudas agrega que “En ningún caso constituyen un derecho adquirido por las unidades ejecutoras de cada organismo público”…

El párrafo III del artículo 47 es radical: “Ninguno de los organismos incluidos en el régimen de programación periódica de la ejecución del presupuesto podrá comprometer gastos, si previamente no ha recibido la respectiva cuota periódica. La aprobación de las cuotas periódicas será la única autorización que se les otorga a los organismos para comprometer gastos”.

Para reducir el nefasto presidencialismo dominicano, el artículo 48 establece que “El Poder Ejecutivo no podrá realizar modificaciones al total de gastos aprobados por el Congreso de la República en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, ni trasladar suma de un Capítulo a otro o de una Partida a otra. Para introducir modificaciones en la Ley de Gastos Públicos que sean competencia del Congreso de la República, el Poder Ejecutivo deberá introducir un proyecto de ley, el cual deberá ser previamente conocido por el Consejo Nacional de Desarrollo”. El artículo 51 redunda: “Los funcionarios de las instituciones comprendidas en este Título no podrán asumir compromisos para los cuales no queden balances disponibles de apropiaciones presupuestarias, ni disponer de las mismas para una finalidad distinta a la prevista”.

¿Por encima de todo y todos?   Más que nada lo que se debate en el país es si después de “la revolución democrática” que proclamó Fernández el 27 de febrero último, las acciones del Presidente de la nación siguen por encima de todo y de todos, hasta el punto que el delito se atribuye a quienes piden cuentas. Las protestas generalizadas tienen el objetivo de poner fin a la impunidad. Si no se logra ahora con un déficit fiscal tan grosero y abusivo, pasará mucho tiempo para que la nación se enrumbe por la institucionalidad democrática y el respeto a las normas constitucionales y legales.

El espacio no permite detallar todas las burlas, por ejemplo a la Ley de Planificación e Inversión Pública y menos a las normativas de ejecución contempladas en la ley de Compras y Contrataciones Públicas. El desastre presupuestario fue tan obvio que en julio se hizo aprobar la Ley 174-12, llamada de “Presupuesto Complementario”, con la cual se pretendió “legalizar” a posteriori una parte del abuso, es decir, amnistiar el delito bajo el criterio de que se puede gastar primero y presupuestar después. Pero como “la parranda fiscal” (según The Economist) prosiguió hasta la madrugada del 16 de agosto, después en dos ocasiones se quiso enviar al Congreso otro “complemento presupuestario”. Como le hubiese tocado al presidente Danilo Medina promulgarlo, éste se negó radicalmente a ser parte de esa farsa, según testimonio de alto crédito.

En el fondo de todo y hasta para los observadores internacionales, lo relevante es si todo el andamiaje institucional impulsado y aprobado en la última década, tiene vigencia o no. En su duro comunicado de esta semana el FMI abandonó su lenguaje diplomático para proclamar que “En los últimos 24 meses, el desempeño económico se ha debilitado”, que “la implementación de políticas se ha deteriorado” y que “Además, una gran proporción del gasto público se ejecutó por encima de las apropiaciones presupuestarias correspondientes, reduciendo así la transparencia de las operaciones presupuestarias”.

¿Que no hay penalidad para esos delitos? Ya Participación Ciudadana citó el artículo 123 del Código Penal que sanciona con prisión e inhabilitación para cargos  públicos a “Los funcionarios o empleados públicos, las corporaciones o depositarios de una parte de la autoridad pública que concierten o convengan entre sí la ejecución de medidas y disposiciones contrarias a la ley”.

El mayor agravante es que los responsables y defensores del dispendio siguen justificándolo en que este fue un año de campaña electoral, aunque fue una doble campaña para el 2012 y el 2016, y responden agresivos e insultantes a todo el que cuestiona o protesta, sin siquiera admitir el derecho a disentir o que se equivocaron.

“La más profunda reforma”

   En la primera década de este siglo se aprobó una amplia reforma institucional y de la normativa administrativa del Estado, con unas quince leyes, unas completamente nuevas como la de Libre Acceso a la Información Pública,  o la que crea el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado, y otras para actualizar las obsoletas, como las de Hacienda, Economía o de la Tesorería y la Monetaria y Financiera..

Ese conjunto de reformas estuvo impulsado y financiado más por los organismos internacionales que por la gestión política o administrativa del país, tanto que fueron parte de los acuerdos suscritos con el FMI, que  sistemáticamente reclamó su ejecución, en lo que fue lento el Congreso Nacional, fuera bajo control perredeísta,1998-02, o  peledeísta a partir del 2002.

  Al presidente Hipólito Mejía (2000-04) le correspondió promulgar las primeras de esas leyes, comenzando por la 126-01 que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la Monetaria y Financiera,183-02, y la de Cámara de Cuentas, 10-04. Pero fue al presidente Fernández que le tocó promulgar la mayor parte del paquete legislativo a partir del 2004, de lo que se manifestó tan orgulloso que casi se atribuyó el mérito de su elaboración y aprobación.

En su último discurso-informe a la nación, el 27 de febrero pasado, Fernández  dijo que “Promovimos la más profunda reforma administrativa-financiera del Estado en la historia nacional” y enumeró nueve de ellas: la de Hacienda, Sistema Integrado de Administración Financiera, la de Presupuesto, la de Tesorería Nacional, Crédito Público, de Compras y Contrataciones, la de Contabilidad Gubernamental, la de la Contraloría General y la de Libre Acceso a la Información Pública. Se le olvidó mencionar otras tres: la del Ministerio de Economía, la de Función Pública y la muy importante Ley de Planificación e Inversión Pública.

 

Leonel arroja leña al fuego nacional

Por Juan Bolívar Díaz
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El discurso con que el expresidente Leonel Fernández trató de justificar el inmenso déficit fiscal en que terminó su Gobierno constituye una autoincriminación al revelar su desprecio por la Constitución de la República y todo el sistema normativo del manejo de las finanzas públicas.

La pieza fue inoportuna, ya que subestimó la inteligencia de los dominicanos y echó combustible sobre la indignación generada por el déficit estimado en 187 mil millones de pesos y el paquete fiscal que busca conjurarlo, contribuyendo a mantener un movimiento de protestas que afecta el inicio del Gobierno de Danilo Medina.

 Agita la indignación.  Si el doctor Leonel Fernández no subestimara la capacidad de razonar de la mayoría de los dominicanos se habría economizado el discurso que pronunció el martes 13, que solo operó como un balde de combustible sobre el fuego de la indignación nacional por el inmenso abuso de las finanzas públicas implicado en el déficit fiscal de 187 mil millones de pesos con que entregó el Gobierno.

Fue un discurso inoportuno en momento en que el presidente Danilo Medina salía del país y que solo serviría para incentivar un movimiento de protestas sin precedentes y un rechazo generalizado en todos los sectores sociales que el Gobierno ha manejado con discreción esperando que baje la marea que ha afectado su arranque.

Es que resulta imposible justificar un gasto  que superó más de ocho veces los RD$22,500 millones que el Congreso Nacional le había autorizado como déficit en la Ley de Presupuesto aprobada para el año en curso, criticado por los analistas económicos y políticos, el empresariado y los más variados sectores sociales, además de la dispersa y condicionada oposición política, y cuando su propio ministro de Economía durante ocho años, Temístocles Montás, había proclamado al presentar el ajuste que “las finanzas públicas se hacen insostenibles con estos niveles de déficit”.

Ni un solo economista, articulista o analista independiente, ni tampoco algún  dirigente empresarial o social  había avalado el discurso hasta ayer sábado,  aunque el doctor Fernández había obtenido el apoyo del Comité Político de su partido,  parte del Comité Central y de 105 diputados, mientras indignados manifestantes acosaban “como cuerpo del delito” su Fundación Global. Los reclamos de sanción por el déficit se extendieron en el país y en ciudades de Estados Unidos y Europa, atrayendo la atención de importantes medios de comunicación, resaltando la CNN que le ha dedicado horas, cuestionando los niveles de corrupción imperantes, citando el Foro Económico Mundial que le atribuye la peor evaluación entre 144 países.

Múltiples manipulaciones.  El discurso de Leonel Fernández estuvo fundado en múltiples manipulaciones de cifras y circunstancias, al extremo que  el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, quien lo fuera también en sus 12 años de Gobierno, hubo de precisar que no fueron 49 mil millones de pesos los que recibió esa institución este año para cubrir sus obligaciones financieras,  sino tan solo 11 mil millones, una diferencia de 38 mil millones. Aunque la Ley de Presupuesto le asignó 23 mil 783 millones de pesos.

   Pero la más grosera manipulación fue el tratar de equiparar el déficit fiscal incurrido por Fernández, sin prioridad, planificación ni transparencia y decidido por él solo, con los déficits fiscales de  Estados Unidos, Europa o Japón, que son planificados  y aprobados por el Congreso. Llegó al extremo de citar el riesgo del “abismo fiscal” que afrontaría el Gobierno norteamericano desde enero, justo cuando el presidente Obama negocia acuerdos con el Congreso, porque  él solo no puede pasarse con un dólar sin exponerse a un juicio político. En ningún país donde se respete el orden institucional se le ocurre a un Presidente pasarse ocho veces del déficit aprobado en una ley de presupuesto y menos porque necesite ganar una elección o sembrar para volver.

Por demás, Fernández pretende ignorar que los graves problemas económicos de España, Portugal, Grecia, Italia, son preponderantemente fruto de los déficits fiscales acumulados, los que en los últimos 6 años de su gobierno alcanzan 400 mil millones de pesos. Trató de justificar el déficit en la caída este año de las recaudaciones, cuando las mismas se han elevado en 15% en relación al año pasado, con un incremento de 42 mil millones de pesos, al pasar de 279 mil millones a unos 321 mil millones.  La reducción es en relación a un presupuesto que desde antes de su aprobación fue denunciado como sobrestimado en ese renglón y subestimado en el déficit del sector eléctrico, al que se destinó apenas US$270 millones, cuando en el 2011 pasó de US$900 millones y este año se proyecta en US$1,270 millones.

Leonel se auto incriminó.  El doctor Leonel Fernández se auto incriminó al admitir que incurrió en un déficit de 187 mil millones de pesos, cuando solo  tenía autorización legal para 22,500 millones. Como cuenta con la fidelidad del Ministerio Público y de las cortes judiciales,  se considera por encima de la Constitución y de todo el sistema legal que pauta la disposición y fiscalización de las finanzas públicas. Asume lo público como privado al plantear que “Cuando alguien compra ¨fiao¨ o con una tarjeta de crédito, de hecho está asumiendo un déficit que luego se financia con el pago de una deuda”

Participación Ciudadana recordó que el artículo 236 de la Constitución  establece que “ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviera autorizada por la ley”, y citó el artículo 123 del Código Penal que sanciona con prisión a los funcionarios públicos “que concierten o convengan entre sí la ejecución de medidas y disposiciones contrarias a las leyes”.

Entre las leyes que pudieron ser violadas PC señala las Orgánica del Presupuesto,  de Contabilidad Gubernamental, del Sistema de Administración Financiera del Estado, la de Planificación de la Inversión Pública, de Tesorería, la que instituye el Sistema Nacional de Control Interno, la de la Contraloría General, de Crédito Público y las de los ministerios de Hacienda y de Economía. Además la de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios y la de Función Pública.

El argumento de que el déficit fue por la reducción del ingreso presupuestado (11 por ciento)  se cae cuando se cuantifica un incremento del gasto que según Bernardo Vega montaría a 144 mil millones de pesos, 43 por ciento más que en el 2011, y con 100 mil millones de pesos más de lo presupuestado más de la mitad en inversión para su gloria personal de inaugurar decenas de obras, muchas de las cuales todavía requieren recursos para ponerlas en operación, incluyendo emblemáticas como la segunda línea del Metro, el Merca Santo Domingo, o el Instituto Tecnológico Superior. Hasta agosto, el Ministerio de Obras Públicas ejecutó 145 por ciento de su presupuesto de todo el año, y el de la Presidencia 105 por ciento. La deuda pública se incrementó en 1,278.4 millones de dólares (7.3 por ciento) solo en el trimestre julio-septiembre pasado.

Con el agravante de la premeditación, ya que el doctor Fernández avisó en septiembre de 2011, en Nueva York, que se proponía gastar 40 mil millones de pesos para asegurar el triunfo electoral de su partido este año. Lo que no dijo es cuánto consumiría para volver a la presidencia en el 2016. Se ha documentado que el 60 por ciento del gasto excesivo ocurrió entre el 21 de mayo y el 16 de agosto. En el proceso quedó evidente que se desarrollaban dos campañas electorales del mismo partido de Gobierno.

Fue notable que Leonel Fernández no se refiriera a las acusaciones de malversación y corrupción.

Una penosa subestimación

Ya hace años el presidente Fernández había dicho que su oposición política carecía de capacidad para conceptualizar, pero con el tiempo parece haberlo extendido a la generalidad de los dominicanos, como puso de manifiesto en los siguientes aspectos:

1.- Pretendió justificar el paquete tributario en el consenso nacional de años  sobre la necesidad de una “reforma fiscal integral”, citando los reclamos del CONEP, cuando es precisamente por no reunir integralidad y por considerársele un nuevo parche fiscal, que el empresariado y todos los sectores integrados en el Consejo Económico y Social (CES) lo han rechazado.

2.- Equiparó el “pacto fiscal” dispuesto por la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) que, según la misma, debería lograrse por consenso en el desestimado CES, con la imposición al vapor de la mayoría congresual de su partido.

3.- Comparó la presión fiscal dominicana con la de los países desarrollados, donde el estado de bienestar ofrece servicios de calidad en agua potable, energía, educación, salud, pensiones y seguridad ciudadana que el Estado dominicano no ofrece y tienen  costo adicional para los usuarios. Citó el artículo 36 de la END tratando de justificar la celeridad del parche tributario, aunque el mismo indica que “en un plazo no mayor de tres años, se habrá iniciado un proceso orientado a elevar la presión tributaria”.

4.- Citó muy parcialmente las recomendaciones del FMI del 13 de diciembre del 2011 que incluían “medidas de ajuste equivalentes a 3.5 por ciento del PIB”, equiparándolo con mayores tributos, cuando puede ser también por vía de la reducción del dispendio y la corrupción como reclama la sociedad.

Algunos datos de gestión económica

• Los ingresos fiscales crecieron de 128 mil a 321 mil millones de pesos entre el 2004 y 2012, un 151 por ciento.

• Del 2006 al 2012 los ingresos crecieron 69 por ciento pero el gasto 150 por ciento.

• La deuda pública total casi se duplica de US$13,322 millones en  2005 a US$25,890 millones en  2012.

• Las exportaciones crecieron 40 por ciento de 2004 al 2011, pero las importaciones se incrementaron en 121 por ciento.

• Entre el 2003 y 2007 se acumuló un déficit fiscal de 18,284 millones de pesos, con promedio anual de 3,657 millones; del 2008 al 2012 fue de 394, 861 millones de pesos, promedio anual de 78,861 millones de pesos.

• La deuda del Banco Central pasó de 85 mil 600 millones de pesos en  2004 a 267 mil millones de pesos en  2012, creciendo en 181 mil 600 millones de pesos, un 212 por ciento.

Fuentes: Fernando Alvarez Bogaert, HOY, 14 de  Noviembre. El último dato es de la Comisión Económica del PRD.

 

Danilo Medina entre el querer y el poder

Por Juan Bolívar Díaz
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Pocas veces un gobierno había comenzado con una situación económica tan difícil como la que enfrenta el presidente Danilo Medina, quien acabando de aprobar una traumática reforma tributaria se enfrenta de inmediato a una difícil negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que implica un choque de tarifa energética.

Sin poder responsabilizar al Gobierno anterior, ni pedir excusa por el desastre heredado, ni reducir significativamente el dispendio,  el nuevo régimen puede quedar atrapado en un círculo vicioso: caída de la actividad económica que neutralice los mayores tributos y más endeudamiento para mantener la ficción del crecimiento.

  Una imposición devastadora.  A toda máquina, sin medir implicaciones que no sean apurar el trago amargo de un solo tirón, la Cámara de Diputados completó la aceleración que se inició con el desplante al Consejo Económico y Social y pasó por el Senado, sin siquiera cumplir el ritual de la segunda lectura del proyecto de reformas tributarias para reducir el oficio a unos cinco minutos.

Voceros y comentaristas alquilados celebraban con insistencia la poca magnitud de los protestantes ante el Congreso Nacional, en el perímetro de la Universidad Autónoma y en comunidades calientes del interior del país, sin calibrar la profundidad del descontento y la frustración de los sectores empresariales, organizaciones sociales y clases medias que no se manifiestan en las calles pero influyen sobremanera en el rumbo político-social del país.

La semana se cerró con un incremento de las manifestaciones y nuevas  convocatorias de protestas para hoy domingo y días sucesivos, con el deplorable asesinato del universitario Willy Florián Ramírez. Se clamaba no sólo contra el paquete tributario, sino que  maestros salieron a reclamar reajuste salarial, los jueces organizados marcharon contra la destitución de dos colegas, estudiantes fueron al Palacio Nacional a exigir mayor financiamiento a la Universidad estatal y en pueblos y barrios se protestaba la falta de agua y electricidad. En Villa Estela, Barahona, la profesora Angela Moquete quedó gravemente baleada por la Policía cuando pedía agua. Luego falleció.

La indignación general por el desproporcionado déficit presupuestario llegó con velas nocturnas portadas por jóvenes de clases medias hasta el perímetro de la Fundación Global del expresidente Leonel Fernández, blanco de todas las críticas y acusaciones, mientras el partido Alianza País que preside el reputado jurista Guillermo Moreno formalizaba una solicitud para que el Procurador General investigue las responsabilidades del líder del partido oficial y de los dos ministros que manejaron la mayoría de las construcciones, los ingenieros Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.

Pendiente el choque eléctrico.  Hasta los economistas más optimistas, que ahora son pocos, convienen que aún con un rendimiento óptimo del paquete tributario, con el escaso margen político mostrado por el Gobierno para recortar el dispendio, y dados los mayores compromisos de pago de deudas y de inversión en educación, el déficit presupuestario se proyecta para el próximo año en un nivel sobre el 3 por ciento del producto bruto interno, por lo menos 70 mil millones de pesos.

Para lograr un acuerdo con el FMI, el Gobierno tendría que producir una elevación de la tarifa energética. El persistente déficit fiscal y la renuencia a aumentar el costo de la electricidad fueron los factores determinantes de la interrupción del acuerdo con el organismo  en la segunda mitad del año pasado.

En los documentos públicos del Fondo quedó constancia. Por ejemplo en la carta del entonces jefe de la misión para República Dominicana, Alejandro Santos, del 19 de octubre del 2011, se pedía un esfuerzo adicional “para asegurar esa estabilidad en un momento complicado”. Señaló que la reforma del sector eléctrico “ha sido el tema más complicado”, identificando dos metas “críticas desde el punto de vista macroeconómico: adopción por ley de la tarifa técnica en el sector eléctrico, e introducción por ley de un mecanismo de flexibilización de la tarifa eléctrica”.

Santos recordaba que ya en julio el Gobierno había presentado una nueva carta de intención comprometiéndose a esos ajustes, razón por la que los directores del FMI aprobaron continuar el acuerdo, reiterando que era imprescindible “un ajuste substantivo” antes de volver al directorio. Cuantificó el ajuste en 18 por ciento y propuso un 9 de inmediato y prorratear la otra mitad en seis meses. El Gobierno prefirió dejar morir un acuerdo que le había proporcionado más de mil 500 millones de dólares.

Es obvio que el FMI tomará en cuenta que hay un nuevo Gobierno, pero hasta el ministro Montás reconoce que el choque eléctrico parece inevitable, sobre todo porque a final del año la deuda con los generadores y suplidores eléctricos, de la que también se ha quejado persistentemente el organismo, estará sobre los mil millones de dólares.

Tremendo círculo vicioso.  En todos los análisis de los economistas y empresarios emerge la preocupación sobre la magnitud de las consecuencias del paquete impositivo y se teme que el Gobierno quede atrapado en el mismo círculo vicioso en que cayó su antecesor: insatisfacción, protestas sociales, repartos para amortiguar el descontento y comprar fidelidades y silencios, y endeudamiento para sostener el crecimiento económico, mientras se acentúan las dificultades competitivas, y los déficits fiscales y de balanza de pago prosiguen debilitando la sostenibilidad económica.

En otras palabras, se ha sostenido un crecimiento sacándole dinero a la población, y casi triplicando la deuda pública en ocho años, mientras se elevaba en 70 por ciento la nómina estatal en los últimos cinco años, incluyendo los pensionados. El presupuesto nacional de 121 mil millones de pesos en el 2004, creció 150 por ciento al 2008, para triplicarse a 378 mil millones en el 2010 y pasar de 500 mil millones en este 2012, aunque sólo se presupuestó 430 mil millones de pesos. Con más de 400 mil millones de pesos en déficits acumulados en los últimos cinco años.

Las consecuencias del paquete tributario y el incremento de la tarifa eléctrica permitirían al Gobierno mantener la estabilidad y algún crecimiento económico, pero generaría mayores dificultades para los sectores productivos, para las pequeñas y medianas empresas, con el consiguiente desempleo y conflictos sociales. Para conjurarlos proseguiría el costoso clientelismo político que ha sido muy rentable.

En el medio de este panorama está la frustración de promesas y compromisos de que esta vez no habría simple parche tributario, sino un pacto fiscal integral para romper el círculo vicioso y establecer un nuevo modelo económico como reclamaron todos los eventos y documentos empresariales de los últimos años, lo mismo los celebrados informes de las consultorías a Harvard y Attalí, y la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Por suerte para el Gobierno, la personalidad del presidente Danilo Medina, con algunas acertadas disposiciones de austeridad y mejor manejo administrativo, y la concentración de la indignación hacia el ex presidente Leonel Fernández, han amortiguado el desgaste. Pero cuando comiencen a sentirse los efectos del paquete tributario, repercutirán directamente hacia Medina y su Gobierno.

Para recuperar la perdida credibilidad en las instituciones estatales se requiere mucho más medidas que reduzcan el dispendio, en niveles que el sistema partidista y político no parece en capacidad de entender. No aceptan ni que les pidan cuentas. Todavía muchos creen que Danilo Medina quiere hacer “lo que nunca se ha hecho”, aunque cada vez se teme más que no pueda. Le urge dar algunos palos contundentes a los repartos, barrilitos, cofrecitos, exoneraciones, altos salarios y pensiones, y suprimir  organismos inútiles. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre.

La negociación con el FMI

  Temprano de la semana el ministro de Economía Temístocles Montás reconoció por Teleantillas que el siguiente desafío del Gobierno es lograr un acuerdo con el FMI que le facilite acceso a nuevo financiamiento, como cuestión esencial para mantener la ya precaria sostenibilidad de la economía nacional, consciente de que el organismo reclama elevación de la tarifa eléctrica para reducir margen del déficit fiscal.

Una misión del FMI llegó el lunes para recibir informaciones preliminares sobre la forma en que el Gobierno pretende reducir el déficit fiscal que este año alcanza el nivel descomunal de los 187 mil millones de pesos y conocer del proyecto de presupuesto de  ingresos y gastos del 2013, cuyo borrador sería presentado al presidente Medina la próxima semana, con expectativa de llevarlo al Congreso antes de diciembre.

Una vez que este instrumento sea aprobado por el Congreso, lo que sería tan rápido como el parche tributario, es cuando el Gobierno presentará una carta de intención para formalizar negociaciones con el organismo internacional, lo cual el ministro Montás estimó que ocurriría ya en enero.

Pero en medio del rechazo general al nuevo parche tributario que frustró las expectativas de un pacto fiscal integral, la tasa cambiara pasaba la barrera de los 40 pesos por dólar, incrementando incertidumbres y recordando la urgencia de recursos financieros para mantener la estabilidad. Se contempla colocar entre mil y mi1 500  millones de dólares en bonos soberanos, aunque el reconocido economista José Luis de Ramón dijo esta semana en un coloquio organizado por la Cámara Americana de Comercio que el mantenimiento del tipo de cambio demandaría el próximo año contratar entre dos y tres mil millones de dólares.

 

¿Podrá Danilo librarse del hoyo de Leonel?

Por Juan Bolívar Díaz
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La precipitada aprobación de un nuevo parche tributario, a pesar de la avalancha de oposición de los distintos sectores sociales, dejará al Gobierno de Danilo Medina cada vez más dependiente y con menos posibilidades de diferenciarse de su antecesor y caudillo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández.

Al pagar el costo político inmediato de frustrar el proyecto de pacto fiscal e imponer una reforma tributaria más que agravará las dificultades de amplios sectores sociales, y pendiente de recibir los beneficios económicos de los nuevos tributos, el Gobierno tendrá una mayor dependencia de los responsables del hoyo que busca tapar.

Extraña la precipitación. Muchos de los que han creído en la decisión del presidente Danilo Medina de “corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho” no logran entender sobre cuál estrategia se podrán alcanzar esos objetivos si el Gobierno escogió un camino que lo distancia abruptamente de los más diversos sectores sociales empeñados en superar el legado de clientelismo, malversación y corrupción que generó un hoyo fiscal sobre 185 mil millones de pesos este año y más de 400 mil en los últimos cinco.

No es solo que Medina centró su discurso electoral en la concertación de los tres pactos que dispone la Estrategia Nacional de Desarrollo, fiscal, eléctrico y por la educación, sino que tan pronto se juramentó apeló al escenario constitucional para esos objetivos, representado en el Consejo Económico y Social (CES) y su decisión parecía firme cuando propuso a tres profesionales vinculados a las organizaciones sociales  como relatores del diálogo, Isidoro Santana, Pavel Isa Contreras y Javier Cabreja.

¿Qué provocó el cambio de dirección y la abrupta ruptura del diálogo con el CES? es una pregunta que busca respuesta. La dura posición de los sectores sociales al reclamar como cuestión previa la reducción del gasto y la malversación y el cambio de modelo político y económico no era nueva y se fortaleció enormemente cuando el Gobierno transparentó la magnitud del déficit y la indignación creció hasta reclamar sanciones para los responsables, tanto dentro del Consejo como en la opinión pública.

El sector social del CES, con mayor disposición a aceptar una mayor carga fiscal, se quedó petrificado esperando una contraoferta de los negociadores gubernamentales que reclamaban una aprobación inmediata, pretendiendo convertir el organismo en un simple sello gomígrafo, mientras voceros políticos, incluyendo algunos que habían justificado y defendido el desmadre,  hostigaban toda disensión.

Tanto el presidente Medina, como sus funcionarios de mayor credibilidad, que no tuvieron responsabilidad en el desmadre fiscal del último quinquenio, han insistido en que reducirían el gasto y el dispendio hasta en 50 mil millones de pesos. Lo incomprensible es que ante los reclamos y propuestas específicas, dieran la espalda sin  formular una contra propuesta identificando y cuantificando sus reducciones.

El pragmatismo político. Hay quienes creen que la estrategia inicial del Gobierno frente al CES sucumbió en el altar del pragmatismo político. Partieron de que la sociedad no pasará de unos días de protestas que las navidades se encargarán de dispersar y de la necesidad de mayores recursos a corto plazo para que el Gobierno no quedara “de brazos cruzados”. La precipitación tiene otra explicación: la urgencia de negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para abrir cauce a nuevas posibilidades de financiamiento, confiados en que proseguir el endeudamiento y el gasto, incluyendo otras cien mil tarjetas de ínfimos subsidios, les seguirá rentando política y socialmente.

El objetivo es comprensible, pero podría estar subestimando el estado de indignación y actitud de resistencia que hay en la sociedad, lanzándose contra una alianza casi sin precedente de los sectores sociales, empresariales y sindicales, más una oposición política, que si bien está dispersa y en parte bajo influjo de Leonel Fernández (parte de su éxito, al viejo estilo balaguerista), está obligada a participar en la resistencia.

Como creen domesticado al PRD, los voceros de esa estrategia ahora centran sus ataques contra el alto empresariado, lo que tiene un efecto intimidante, pero también alienta la conformación de un amplio frente. Fue relevante la publicación esta semana en el periódico Acento.com del “Credo tributario del empresario Juan Bautista Vicini Lluberes”, una de las cabezas del mayor grupo empresarial dominicano, quien tras expresar cálido y amplio reconocimiento al presidente Medina, concluye pidiendo al Congreso que “confíen en el mandatario y no le permitan cometer el error de pasar una reforma fiscal fuera del marco de un pacto y un compromiso colectivo, porque el déficit que enfrentamos no es tan solo el fiscal, estamos frente a un déficit estructural, comercial, energético y moral de los cuales solo se sale con demostraciones de credibilidad, generando la confianza de toda una población”.

El pánico como explicación. Pese a la avalancha de críticas y advertencias recibidas por la comisión bicameral que “estudia” el proyecto de reforma tributaria, prosiguiendo la precipitación, el viernes el Senado lo aprobó de urgencia, en dos sesiones consecutivas, tras algunas concesiones cosméticas que le reducirían otros mil millones de pesos sobre los 7 mil que le habían reducido al someterlo al Congreso, dejándolo para el primer año en unos RD$46 mil millones, 9,000 menos que el presentado al CES.

Ningún organismo de la sociedad le dio apoyo, pero eso no va a detener la determinación, que se repetirá cuanto antes en la Cámara de Diputados, dispuesta por el Comité Político del PLD. Algunos analistas la atribuyen al pánico que ocasionó en los ámbitos del expresidente Fernández el rechazo tan generalizado y enfático a la magnitud del déficit fiscal, pero sobre todo a la decisión adoptada por el CES de crear una comisión de expertos económicos y jurídicos para investigar las causas del déficit y determinar las leyes que se violaron y las consecuencias penales. En su quinta edición, del 10 de octubre, la revista “La Lupa sin Trabas” recogió las angustias en un reporte del reportero investigador Panky Corcino con  el elocuente título de “Vientos de Tormenta para Leonel Fernández”.

Hay versiones de que los leonelistas reaccionaron disgustados por la decisión de transparentar el déficit ante el CES, argumentando que dieron armas a la oposición y que harían muy largo el proceso de aprobación de cualquier parche, desgastarían el Gobierno y dejarían mal parado al partido. La vocación de unidad del Comité Político y lo que se ha denominado como el “tigueraje político” se impuso por encima de cualquier consideración. Ante los cuestionamientos externos al principio se chantajeaba a los danilistas, hasta en medios de comunicación, recordándole que si hubo déficit fue para que él fuera Presidente. Pero el argumento perdió fuerza en la medida en que se fue descubriendo que el déficit fue mayor después de las elecciones, en los tres meses de la transición, en aras de la glorificación del nuevo caudillo, en lo que ha sido señalado como inicio de su campaña por el retorno en el año 2016.

En brazos de Leonel

En la lucha interna por la candidatura presidencial, tanto dentro como fuera del PLD se apostaba a que Danilo Medina no sería candidato y hasta se creía que de serlo, no ganaría, simplemente porque el caudillo Fernández no lo quería ni lo permitiría. Una excelente estrategia permitió a Medina ampliar su base fuera del partido, ganar apoyo en todos los sectores y construir la imagen de que podría librar el país del nuevo caudillaje que ponía su grandeza y prolongación por encima de todas las políticas.

Danilo se acercó a múltiples sectores preocupados por la calidad de la democracia, lo que contribuyó a un amplio frente, sin formal concertación, en defensa de la Constitución y la institucionalidad democrática, que obligó a Leonel a aplazar su proyecto continuista, aunque sostuvo al anunciar su decisión que la Constitución le permitía repostularse. Las habilidades mostradas por Medina hasta crearon entusiasmo, mantuvieron la unidad partidaria, y superaron otros intentos de cerrarle el paso con la entonces primera dama Margarita Cedeño de Fernández, y con el vicepresidente Rafael Alburquerque. Y ya candidato, el leonelismo no tuvo alternativa que apoyarlo, ante el peligro que representaba “el loco” de Hipólito Mejía diciendo todos los días que “iban para la cárcel”.

Una “garganta profunda” asegura que desde antes de la juramentación de Medina, los activistas del leonelismo encabezados por Félix Bautista (vean la foto de satisfacción junto al presidente del Senado en la sesión que aprobó el paquete publicada ayer por Acento), juraron que esta vez los danilistas no les pasarían por encima. Asegura que la decisión del Procurador Francisco Domínguez Brito de defender la investigación de los negocios del senador por San Juan disparó las alarmas. Este habría  comenzado por reunir a la mitad de los senadores “para recordarles que ellos fueron electos en el 2010 con el dinero que él les aportó”.

Todo esto en medio de versiones sobre el descubrimiento de cuestiones que “de hacerse públicas dejarían chiquitos” los escándalos de las últimas semanas, de sueldos, liquidaciones, pensiones y auditorías explicativas de los déficits fiscales y reveladores de por qué el país es líder mundial en malversación y corrupción, según el Indice de competitividad del Foro Económico Mundial.

Si en ese panorama, con el caudillo y su gente a la defensiva, el Gobierno tuvo que salir huyendo del escenario del CES, si no pudo ni siquiera comprometerse a suprimir definitivamente la mitad de los 250 vicecónsules o que siquiera la difunta Corporación Dominicana de Empresas Estatales ya inexistente, menos que liquidaría barrilitos, cofrecitos y los “planes sociales” y repartos de casi todos los organismos del Estado, o que sancionaría alguna violación de la Constitución y las leyes, ahora de frente a toda la sociedad le resultará mucho más difícil librarse del hoyo de Leonel. Podría depender cada vez más de la unidad monolítica del PLD y los poderes que controla el líder cuyo objetivo fundamental es volver a la presidencia en el 2016. ¿Algún dominicano inteligente lo duda?

 

El peligroso costo de imponer la reforma

Por Juan Bolívar Díaz
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La firme posición de los sectores integrados en el Consejo Económico y Social (CES) de no discutir nuevos impuestos sin que antes se pactara una profunda revisión de la totalidad del gasto y la malversación de los recursos públicos y de la calidad de la inversión no constituyó sorpresa. La sociedad está indignada y exige rectificaciones.

Lo que sí sorprendió fue la celeridad con que el Gobierno rompió las conversaciones con los sectores sociales y su disposición a jugársela imponiendo un nuevo parche fiscal, sin transar más allá de una reducción del 14 por ciento en el paquete impositivo enviado al Congreso Nacional.

Una resistencia avisada.  Durante los últimos años, con mayor énfasis en la campaña electoral, y tras los comicios de mayo, los más diversos sectores sociales, relevantemente el empresarial y las organizaciones sociales comprometidas en la promoción del desarrollo y la pulcritud democrática, advirtieron sistemáticamente que no aceptarían nuevos parches tributarios en aras del dispendio, la corrupción, el clientelismo.

El reclamo de un pacto fiscal que incluyera una revisión del gasto y la exigencia de prioridades para el desarrollo y la competitividad aparecieron en todos los escenarios de concertación política y social y llegaron a la Constitución del 2010 y a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) discutida durante años y promulgada en enero pasado.

El Informe de la Comisión Internacional encabezada por Jacques Attalí por encargo del gobierno del doctor Leonel Fernández diagnosticó en noviembre del 2010, la distancia entre los poderes públicos y la sociedad y especificó como primera de siete grandes iniciativas la adopción de disposiciones “para devolver la confianza en las instituciones”, como requisito para lograr un pacto fiscal.

Desde la campaña electoral y en su discurso de juramentación, el presidente Danilo Medina se abanderó con los tres pactos fundamentales proclamados en la END comenzando con el fiscal. De inmediato anunció que convocaba al CES para buscarlo y este organismo, integrado por representantes de los sectores empresarial, sindical y social, no tuvo dificultad en consensuar  nueve “Principios Orientadores del Pacto Fiscal, resumidos en este espacio el 2 de septiembre.

Una y otra vez los dirigentes sociales insistieron en que esta vez no se dejarían engañar ni dividir de los políticos, como había ocurrido en seis reformas tributarias de la última década, que no aceptarían mayores gravámenes sin un pacto integral que  rectifique la calidad del gasto y de la inversión, en orden al desarrollo humano y productivo, con participación y contraloría social, con sostenibilidad fiscal y que supere la discrecionalidad, el despilfarro y la malversación.

 Rechazo a otro parche.  Cuando el 3 de octubre el Gobierno presentó al CES su proyecto para recaudar en el 2013 más de 55 mil millones de pesos adicionales, el mismo ministro de Economía advirtió que no encontraron forma de reducir significativamente el gasto “sin echar más leña al fuego”, sellándolo como estrictamente tributario, provocando rechazo general de los sectores sociales, la dispersa oposición y de los medios de comunicación.

En conocimiento de que el abuso inconstitucional e ilegal y la politiquería más descaradas habían llevado el déficit presupuestario de este año a un 8 por ciento del producto bruto, entre 183 mil y 187 mil millones de pesos y en medio de innumerables escándalos de liquidaciones y pensiones desorbitadas de altos funcionarios, los principios consensuados en el CES tomaron más fuerza.

De ahí el rechazo formal al paquete impositivo y la reiteración de la discusión de “un pacto fiscal integral como lo dispone el artículo 36 de la ley 1-12” (END). El CES con la asesoría de un amplio equipo de economistas y expertos fiscales planteó un “presupuesto de transición” para el 2013, pero no a partir del desorbitado de este año,  sino del año pasado, que “representa un 23 por ciento de incremento del gasto ejecutado en el 2011 sin la necesidad inmediata de establecer nuevos gravámenes”. Sería de 410 mil millones de pesos sin incluir las aplicaciones financieras. (Comunicado íntegro en HOY, 26 de octubre, página 3-A).

El planteamiento reclamaba al Gobierno identificar y cuantificar la reducción del gasto por vía de la corrupción, de la malversación, de los altos sueldos y pensiones, de la eliminación de organismos inoperantes reductos de clientelas políticas, de la fusión de otros de similares funciones, de revisión de onerosos contratos mineros y eléctricos, del achicamiento de la escandalosa nómina de vicecónsules y diplomáticos, de consejos directivos, de barrilitos y cofrecitos de repartos, no sólo del Congreso sino también de los ayuntamientos e innumerables instituciones estatales. Nada nuevo, lo que se venía reclamando por años, lo que el informe Attalí consignó como condición para el pacto fiscal: restaurar la confianza de la sociedad.

Lo que siempre se ha hecho.  Cuando se esperaba una contraoferta del Gobierno, asumiéndose que su propuesta original podría ser objeto de negociación, sus representantes precipitaron el rompimiento, apenas dos semanas después de iniciada la consulta y con más de dos meses para el nuevo año. El ministro de Economía Temístocles Montás había dicho el 14 de octubre que el presupuesto del 2013 estaría entre 430 y 350 mil millones de pesos por lo que la diferencia con la propuesta del CES oscilaba de 20 a 40 mil millones. Se rechazó la transacción que a la mitad hubiese conllevado entre ingresos y reducción de gastos de 10 a 20 mil millones de pesos.

El problema de fondo es que como dijo Montás al presentar el plan original “las finanzas públicas se hacen insostenibles con esos niveles del déficit” y ahora se depende más que nunca de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que reclama un saneamiento radical. La alternativa para el equilibrio sería cortar a fondo el clientelismo y la malversación, pero el sistema político no luce aún en capacidad para emprenderlo.

Contradiciendo el discurso y el compromiso del presidente Medina, su Gobierno optó por lo que siempre se ha hecho: pedirle a la población que siga financiando el dispendio, porque no es posible apretar los cinturones de los políticos. El decreto de austeridad del 22 de agosto fue un buen comienzo, pero no rebasa los de austeridad de Leonel Fernández, incluyendo la ley del 2007, que nunca se cumplieron, por lo que queda todavía en veremos.

Es obvio que la desconfianza de la población es muy grande, y está más que diagnosticada y justificada. El Gobierno perdió la oportunidad de “hacer lo que nunca se ha hecho”, cambió su propósito original y volvió a optar por el parche, desconociendo el mandato constitucional y la ley de END que crean el escenario del CES. Previamente ya habían comenzado a descalificar el organismo y un dirigente oficialista llegó al extremo de definirlo como “mezcla de macos y cacatas”.

Un camino muy costoso.  El proyecto sometido al Congreso implica una reducción del paquete tributario original de 7 mil 717 millones de pesos, equivalentes al 14 por ciento, al pasar de 55 mil 14 millones a 47 mil 297. Pero sigue siendo gravoso para todos los sectores sociales, en mayor o menor medida y en vez de promover productividad y competitividad, en lo inmediato implicaría serias dificultades, no sólo para los grandes intereses empresariales como vende la política, sino hasta para pequeñas y micros empresas. Por ejemplo, el cobro de 12 mil pesos anuales, ajustables a la inflación, a los detallistas de mercancías “que no tributen en el régimen ordinario”.

Parece obvio que se impuso la línea política leonelista que niega toda reducción de gasto y se sustenta en un clientelismo exacerbado y compra de conciencia arriba, en el medio y debajo de la sociedad, (se sacan dos pesos de cada galón de combustibles para los transportistas) y apela al pragmatismo político salvaje de simplemente utilizar el poder. Fernández no tuvo empacho en reunirse esta semana con sus senadores para que venzan escrúpulos y aprueben el paquete derivado de su descomunal déficit fiscal.  La decisión de imponer la reforma en un Congreso bajo su control y a cualquier precio, es alentada por la división del principal partido de oposición que Fernández ha  financiado y sostenido y el gobierno de Danilo Medina será cada vez más dependiente del camino viejo que prometió corregir. Rompe prematuramente su luna de miel con la población y se expone a graves problemas de gobernabilidad y hasta de legitimidad, sobre todo si aprueban la reforma sin las dos terceras partes de los votos, que no los tienen en la Cámara de Diputados. Ya el pragmático secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared, ha negado que sea una ley orgánica, aunque el experto constitucionalista Cristóbal Gómez y el diputado Hugo Tolentino han recordado que el artículo 112 de la Constitución incluye en esa categoría “el régimen económico financiero; el presupuesto, planificación e inversión pública”.

Todavía en el Congreso tendrán que hacer concesiones, sobre todo si sirven para dividir a sectores empresariales y sindicales, pero parece que se impuso la decisión de marchar solos contra vientos y mareas sin importar lo que piense el resto de la sociedad, confiados en que vencerán las resistencias. Conlleva el riesgo de generar nuevos protagonismos y liderazgos sociales que sustituyan el desgaste de la oposición política y un estado de insubordinación que anule o reduzca lo que se pretende recaudar y derive en mayores confrontaciones. Los políticos no advierten el estado exacerbado de indignación y disposición a la resistencia que se refleja en todos los ambientes y en los medios de comunicación y las redes sociales.