2011: un año de incertidumbres

Por Juan Bolívar Díaz
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El  2011 concluye con tantas incertidumbres como comenzó, primero  institucionales y políticas, y ahora en el orden económico sin que pueda asegurarse si el Gobierno quiere y puede mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), congelado en el último trimestre.

A pesar de altos déficits fiscal y en la cuenta corriente de la balanza de pagos, con un volátil escenario económico internacional y encarecimiento de las importaciones que agravan el déficit de balanza de pagos, el Gobierno logró mantener la estabilidad macroeconómica y el crecimiento gracias a un alto endeudamiento.

Fracaso del continuismo.  Durante todo el primer trimestre del año el país fue sometido a un fuerte estrés político-institucional cuando tomó cuerpo el intento de imponer una nueva repostulación del presidente Leonel Fernández a pesar de la prohibición incluida en la Constitución que él mismo había promulgado un año antes.

Una parte de los funcionarios del Gobierno y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y hasta la primera dama se manifestaron partidarios de otra reelección del doctor Fernández, mientras desarrollaban una movilización nacional en procura de dos millones de firmas para avalar el proyecto.

Paralelamente se desarrollaban acciones como la elección de un secretario general “provisional” de la Liga Municipal, la aprobación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura sin los dos tercios de los votos que manda la Constitución e intento de desconocer el límite de los 75 años para la elección de los miembros del nuevo Tribunal Constitucional, que configuraron un “relajamiento institucional para condicionar la sociedad a cualquier salto”.

El 14 de marzo aumentó la tensión cuando el Presidente se declaró “en reflexión” sobre la posibilidad de repostularse. El domingo 27 de marzo en un acto masivo recibió “más de dos millones 200 mil firmas” en libros encuadernados donde se le pedía que se postulara. Fue el 8 de abril cuando finalmente el mandatario anunció que declinaba la candidatura, aunque avalaba el argumento de los “ingenieros constitucionalistas” y algunos abogados de que podía optar por la reelección.

Para entonces ya se había lanzado la precandidatura presidencial del vicepresidente Rafael Alburquerque y el 10 de abril la de la primera dama Margarita Cedeño, tratando de crear una alternativa a la de Danilo Medina que había corrido casi solo. En medio de tensiones intrapartidarias  ella pronunciaría un dramático discurso de declinatoria al final del mes. Y Alburquerque apoyaría a Medina antes de que éste fuera finalmente electo candidato presidencial el 26 de junio, poniendo fin a las incertidumbres. Predominó la voluntad democrática en el partido gobernante.

 Intensa movilización social.  Por encima de las profundas insatisfacciones expresadas en las encuestas y recogidas por los medios de comunicación, especialmente por el desempleo, elevación del costo de la vida, la corrupción generalizada y el incremento del narcotráfico y la inseguridad, la sociedad dominicana protagonizó este año intensas luchas que incluyeron marchas, protestas y un paro casi general de actividades en junio.

Lo más relevante del año ha sido la amplia movilización social en reclamo del cumplimiento del mandato legal y ahora también constitucional de destinar el 4%  del Producto Interno Bruto a la educación. La incorporación de grupos juveniles y segmentos de clases medias y altas a las manifestaciones constituyó un aliento para los que promueven un mayor sentido de ciudadanía como contrapeso el pragmatismo salvaje en que ha devenido la actividad política.

Una Coalición por la Independencia de la Justicia concertó también a numerosas entidades de diversos estamentos sociales en los reclamos porque se elijan los jueces de la Suprema Corte y los nuevos tribunales Constitucional y Superior Electoral en función de la integridad y la capacidad y no por simple conveniencia política. También hubo grupos que se movilizaron contra la delincuencia y la corrupción, aunque los órganos del ministerio público no produjeron ni un solo proceso judicial y ni siquiera parecieron preocuparse por las denuncias de malversación que se produjeron casi cada semana, incluso en auditorías de la Cámara de Cuentas.

La movilización más exitosa del año fue la que en el primer trimestre logró hacer respetar la Constitución, reivindicando el carácter de las leyes orgánicas y poniendo freno a los intentos continuistas que amenazaron hasta la integridad del partido de gobierno y sobre todo la institucionalidad democrática nacional. El empresariado, las iglesias, las instituciones que luchan por la vigencia de la democracia y el fortalecimiento institucional, así como gran parte de los medios de comunicación constituyeron un sólido valladar social.

El mayor éxito del Gobierno.  El Gobierno ratificó su éxito en mantener la estabilidad macroeconómica con un crecimiento del producto bruto proyectado al 4.5%, en el promedio regional, inflación del 8% e ínfima devaluación, pero continuando el endeudamiento interno y externo que ha duplicado la deuda dominicana en 7 años.

Crece la convicción de que esa pista se está agotando. En este 2011 por primera vez hubo que dedicar más del 50% del monto de los ingresos fiscales al servicio de la deuda.

El déficit fiscal que a finales de septiembre el Banco  Central cuantificó en más de 35 mil millones de pesos, volverá a sobre pasar los 50 mil millones, por cuarto año consecutivo. Aunque en junio hubo que hacer una rectificación fiscal poco ortodoxa para buscar unos 12 mil millones de pesos. Peso a ello las recaudaciones quedaron por debajo de lo presupuestado en diez mil millones de pesos. Mientras el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se proyecta sobre los 5 mil millones de dólares, un diez por ciento del PIB.

A lo largo del año siguieron siendo intensos los cuestionamientos a la política de inversiones y el gasto social a lo que se atribuye que la población no perciba los beneficios del crecimiento económico, mientras devastadoras evaluaciones internacionales dejaban al país en absoluto descrédito, como las de competitividad del Foro Económico Mundial que lo declaró campeón mundial en malversación de los recursos públicos y en confianza en la Policía, entre 142 naciones evaluadas.

El año concluye con gran incertidumbre sobre la suerte de la institucionalidad democrática y la estabilidad económica en medio de una nueva dispendiosa campaña electoral que se vaticina con ribetes de arrebatos por la incursión de todo el Gobierno en la promoción de su candidatura para cuyo triunfo ya el propio presidente Fernández tuvo la osadía de anunciar que invertiría 40 mil millones de pesos.

El acuerdo con el FMI ha quedado frisado. El Gobierno no ha pasado con éxito ninguna de las evaluaciones trimestrales desde su firma en el 2009, y desde septiembre no ha podido presentar una nueva carta de intención para reanudarlo, mientras adelantaba venta de bonos por 250 millones de dólares con cargo al presupuesto de 2012 de por sí sobrevaluado, convertía en deuda una línea de crédito de 210 millones de dólares en el Banco de Reservas y elevaba sobre esa cifra su deuda con los generadores eléctricos.

Economistas, empresarios, comunicadores y hasta el gobernador del Banco  Central han dejado constancia de la conveniencia de reanudar el acuerdo con el FMI, con la esperanza de que pueda moderar el vaticinado desguañangue de la economía nacional en aras de la prolongación en el Gobierno.

Resucitó y llegó papá

El mayor partido de la oposición, el Revolucionario Dominicano (PRD) también fue sometido a fuertes tensiones en el proceso de elección de su candidato presidencial para los comicios de 2012, lo que culminó temprano el 6 de marzo con la resurrección política del expresidente Hipólito Mejía, quien fuera derrotado de forma aplastante en el 2004 cuando intentó la reelección en medio de una devastadora crisis financiera.

Al grito de “llegó papá”, el agrónomo Mejía logró una victoria que muy pocos creían posible al comienzo del año, superando por 7 puntos al presidente del partido blanco Miguel Vargas  Maldonado, el cual había sido candidato para la elección del 2008. La elección de Mejía fue más sorpresiva por cuanto su contendiente controlaba los cargos ejecutivos del partido, su Comisión Política y gran parte de los legisladores, alcaldes y dirigentes provinciales.

La elección generó grandes tensiones que sacudieron el PRD y sólo a regañadientes Vargas aceptó dos meses después que Mejía fuera proclamado candidato, y desde entonces mantiene una “presidencia institucional” del partido, sin participar en ninguna actividad de la campaña electoral y más bien proyectando una imagen de resentimiento sin límites en lo que parece un hecho sin precedentes en el mundo, aunque gran parte de quienes le promovieron han optado por la decisión partidaria.

Pero la resurrección del agrónomo Mejía no fue sólo en su partido, sino en el ámbito nacional, pues la generalidad de las encuestas, especialmente las más acreditadas, como la Gallup y la Penn Schoen-Berland lo han proyectado encabezando las preferencias electorales, bordeando el cincuenta por ciento. Para los analistas políticos él posicionamiento de Hipólito Mejía ha constituido “el retorno del año” como lo proclamaron los seis periodistas que participaron el viernes en el debate periodístico de fin del año de Teleantillas.

El dramático informe de Amnistía Internacional

Por Juan Bolívar Díaz
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El reciente informe de Amnistía Internacional (AI) es una dramática documentación de graves violaciones a los derechos humanos en la política de seguridad pública del Estado dominicano que deja al país muy mal parado ante el concierto mundial.

El amplio documento aborda la descomposición de la Policía Nacional desde múltiples visiones y contiene serias recomendaciones de reformas que deberían ser ponderadas por las autoridades y la opinión pública, en vez de responder con chovinismo patriotero divorciado de la globalización.

Cállate o te matamos.  Recogido en un libro de 69 páginas, de impecable edición, y sintetizado en un video testimonial de cinco minutos, el informe de AI lleva un título dramático: “Cállate si no quieres que te matemos” y el subtítulo “Violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía en República Dominicana”. Su capítulo cuarto, referido a los abusos policiales, está subtitulado con el lema “¡Policía, no me mate, que yo me paro!”, difundido el año pasado en las redes sociales después de varios asesinatos de personas que no se detuvieron cuando agentes del orden se lo ordenaron en lugares inapropiados.

En realidad el informe no es novedoso para los dominicanos bien informados, porque está integrado por denuncias que han sido recogidas por los medios de comunicación en las últimas décadas, aunque al ser avaladas por una prestigiosa institución internacional se constituyen en un dramático documento llamado a causar alarma y estupor en los ámbitos transnacionales preocupados por los derechos humanos y el estado de derecho.

Para mostrar la barbarie policial hubiesen bastado las estadísticas de  los muertos y heridos por la Policía Nacional en los últimos años, pero el informe se extiende en redadas masivas para extorsión, torturas y otros abusos. Consigna 2,367 homicidios policiales en los últimos seis años, para un promedio anual de 395, más de uno por día, según las propias cuentas de la PN, y 2,138, de acuerdo al conteo de la Procuraduría General de la República. Los heridos por los agentes policiales en los últimos cuatro años ascienden a 4,354, promediando 1,088 por año y tres por día.

AI denuncia los alegados intercambios de disparos como frecuentes ejecuciones, llamándolos “homicidios ilegítimos”, indicando que las muertes a manos de la PN representan un promedio del 15 por ciento de los homicidios ocurridos en el país entre el 2005 y el 2010. Esa cantidad de muertos representa anualmente entre 3 y 5 puntos de  la tasa nacional de homicidios, que ha girado en la última década entre 22 y 26 por cien mil habitantes.

Dramáticos testimonios.  El libro de AI contiene numerosos testimonios de víctimas y de testigos presenciales de abusos policiales, recogidos por delegaciones de esa institución en los meses de octubre del 2009 y 2010 y en marzo del 2011. Documenta asesinatos múltiples ejecutados por policías, como el de cinco choferes acribillados en el parque Mirador Sur el 30 de diciembre del 2008, en lo que inicialmente se informó como “intercambio de disparos”, para luego tener que admitirse que se trató de una ejecución múltiple. Lo mismo documenta la ejecución de un hombre y dos mujeres en Pueblo Nuevo, Santiago, el 20 de marzo del 2006. En ambos casos se llegó a condenas judiciales, pero se sostiene que la mayoría de los homicidios policiales quedan en la impunidad.

El párrafo que inicia las conclusiones del informe indica que la  PN  “comete violaciones graves de derechos humanos y los responsables casi nunca comparecen ante la justicia. El control es inadecuado y las reformas han estado viciadas, por lo que no han puesto fin a estos abusos. Así mismo, los indicios señalan que, en vez de contribuir a combatir la delincuencia, los métodos policiales de mano dura propician el aumento de la violencia y la criminalidad”.

A continuación se señala que “Debido principalmente a la falta de voluntad política, no se emprenden reformas eficaces y no se garantiza la función policial efectiva que precisa la población dominicana. Quienes están en el poder no se han enfrentado a las personas interesadas en mantener el sistema actual en el que la corrupción está profundamente arraigada y los abusos policiales contra los derechos humanos son omnipresentes”.

Amnistía denuncia la tortura como método investigativo y sostiene que “la conducta ilegítima y poco profesional de muchos agentes de policía contribuye a aumentar la delincuencia y la violencia en República Dominicana. La corrupción generalizada de la Policía, las actuaciones policiales agresivas y la participación de agentes del orden público en actividades delictivas socavan la capacidad del Estado de proteger los derechos humanos y garantizar la seguridad pública”.

Un documento abarcador.  Contrario a lo que algunos argumentaron para descalificarlo, el informe es abarcador, enfocando los desafíos de la creciente delincuencia, el costo en muertes de agentes policiales y sus pésimas condiciones salariales y de vida. Recoge la cifra oficial de 354 policías muertos en los últimos 6 años, promediando 59 por año. No lo señala, pero esa estadística de la PN no se refiere sólo a las víctimas de los delincuentes, sino que incluye los que perecen en riñas personales.

El documento señala que la PN “opera en un entorno difícil y peligroso. En el último decenio, los índices de delitos violentos han aumentado vertiginosamente, en gran parte debido al aumento del tráfico de drogas, la proliferación de armas de fuego y la creciente desigualdad social”. Indica cómo la tasa de homicidios pasó del 13 por 100 mil en 1991 al 26.41 en el 2005 y el 25 por cien mil en el 2010.

Acredita a la PN “un enfoque de tolerancia cero” contra la corrupción interna, al cifrar en 12 mil los agentes policiales destituidos entre el 2007 y 2010. Se refiere también a las precariedades salariales que impiden a la mayoría de los policías y sus familiares el disfrute de una vida digna y que los obliga al pluriempleo, en detrimento de su vida familiar y personal, y de su efectividad y motivación laboral. Especifica que el 45 por ciento de los policías tienen salarios mensuales de unos 5 mil 300 pesos, unos 140 dólares, cifra que considera “extremadamente baja” y que contrasta con el salario mínimo de 8 mil 356 pesos en las empresas de seguridad privada. Entre las recomendaciones del informe se incluye el mejoramiento de las condiciones de trabajo y vida de todos los agentes del orden.

JCE suspende su “genocidio civil”

Por Juan Bolívar Díaz

Mediante un oficio de la directora del Registro Civil, la Junta Central Electoral (JCE) dispuso la entrega de copias de sus actas de nacimiento a todos los descendientes de extranjeros que se encuentren en investigación hasta que se determine si procede pedir a un tribunal que disponga su nulidad.

De esa forma se da satisfacción al movimiento nacional e internacional que viene denunciando un genocidio civil contra ciudadanos descendientes de haitianos a quienes se les venía negando la expedición de copias de actas de nacimiento, lo que fue debatido esta semana en Washington, D. C. en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Modifica la Resolución 12-07.  El oficio 32-2011, suscrito por la licenciada Dolores Fernández Sánchez, directora Nacional del Registro del Estado Civil, modifica la polémica Resolución 12-07 (en adelante R12-07) del Pleno de la JCE emitida el 10 de diciembre del 2007 que dispuso “que sea suspendida provisionalmente la expedición de Actas del Estado Civil que contengan irregularidades o vicios que imposibiliten legalmente su expedición”.

El documento está fechado el 19 de octubre, cinco días antes de la audiencia de la CIDH, y está dirigido a los oficiales del Estado Civil. El asunto indica: Decisión sobre expedición de actas de nacimiento en investigación correspondientes a hijos (as) de ciudadanos extranjeros.

El único párrafo del oficio señala: “De conformidad con la decisión adoptada por la Comisión de la Junta Central Electoral de fecha 05 de octubre de los corrientes, se les instruye en el sentido de que las actas de nacimiento correspondientes a hijos (as) de ciudadanos extranjeros que se encuentren en estado de investigación, sean expedidas libremente hasta tanto el Pleno de la Junta Central Electoral determine si las mismas son válidas o no, conforme a la investigación correspondiente, y proceda a suspenderla provisionalmente, a demandar su nulidad ante un Tribunal o a reconocer su regularidad”.

La decisión trascendió el miércoles y ya al día siguiente decenas de afectados habían concurrido a las oficialías del Estado Civil en Monte Plata para reclamar actas que se les había negado desde el 2007, primero por la Circular 17-07 de la Cámara Administrativa de la JCE, validada después  por la R12-07 del pleno del organismo, entonces presidido por el doctor Julio César Castaños, aunque con la oposición de los jueces Aura Celeste Fernández y Eddy Olivares.

Procedimiento irregular.  La circular fue hecha pública este viernes en el telediario Uno Más Uno de Teleantillas, generando incertidumbre, porque se creía que solo el Pleno de la JCE podía modificar o derogar una resolución propia. Incluso, la quinta disposición de la R12-07 dice expresamente que “El levantamiento temporal o definitivo de la suspensión provisional, requiere de una decisión expresa de la Junta Central Electoral”.

Pero extrañamente la decisión atribuida a la Comisión de Oficialías de la JCE y firmada por una jefa departamental, modifica la resolución de la máxima instancia de la institución. No se sabe si tuvo algún vínculo, pero fue adoptada el 5 de octubre cuando  llegó al país la Secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton, quien advirtió de “preocupaciones muy serias” sobre el despojo de la ciudadanía a descendientes de haitianos que la habían obtenido por haber nacido en el país, e instó a que se adoptara una resolución que reconozca sus derechos.

La circular fue emitida apenas cinco días antes de la audiencia celebrada el lunes 24 por la CIDH en su sede de Washington, D. C. donde se debatió la situación de unas 457 personas a las que se les ha negado administrativamente la expedición de copias de sus actas de nacimiento. Allí los representantes del Gobierno dominicano restaron magnitud al problema, repitiendo el argumento de la JCE de que solo han afectado a 120 bajo cargos de que fueron inscritos fraudulentamente. Los han querido confundir con casos de declaraciones tardías de mafiosos y de beisbolistas que buscaban aparecer más jóvenes. Pero la Circular 17-07 que inició el genocidio civil especifica en su segundo párrafo que “fueron expedidas en tiempo pasado Actas de Nacimiento de forma irregular con padres extranjeros que no han probado su residencia o estatus legal en la República Dominicana”. Luego prohibió a los oficiales del Estado civil expedir actas de nacimientos con “cualquier irregularidad”, debiendo proceder a enviar el expediente a la JCE para investigación.

Un triunfo de la razón.  La decisión de expedir libremente las actas de nacimiento está llamada a eliminar un factor que generaría múltiples desaprobaciones y condenas internacionales al país, y es un triunfo del  “Movimiento por un Registro Civil Libre de Discriminación”,  que defiende los derechos de los desnaturalizados.

Ese movimiento esta integrado por una docena de entidades religiosas y sociales como el Centro Bonó,  Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM), el Consejo Nacional de la Unidad Evangélica, Visión Mundial, Catholic Relief Services, Centro de Estudios Constitucionales de la  UASD y la Coalición de ONGs por la Infancia, así como por decenas de núcleos de afectados. Y han movilizado la solidaridad de una docena de instituciones internacionales.

Sostienen que los afectados no son solo los 457 documentados ante la CIDH, sino miles y potencialmente decenas de miles que todavía no han requerido actas de nacimiento o no lo harán  por estar en edades y circunstancias de pobreza en las que no la necesitan al tener la cédula personal de identidad. Un comunicado publicado en HOY del viernes por el movimiento citado indica que “un estudio de campo realizado por el SJRM revela que en Monte Plata, San Pedro de Macorís y Guaymate unos 1600 dominicanos-as han ido a las oficialías a buscar una copia de sus actas de nacimiento y la negación ha estado amparada bajo alegatos discriminatorios tales como tu apellido es de haitiano, eres negro, etc.”

Para muchos de los afectados en los cuatro años en que se aplicó la restricción los daños son irreparables, al haber perdido oportunidades de realización personal, porque el acta de nacimiento es requerida para tener acceso a la cédula y al pasaporte, a estudios de todos los niveles, a empleos formales, al seguro médico y los fondos de pensiones, a casarse o divorciarse, al crédito bancario, a vender y comprar inmuebles. De ahí que se hablara de muertos civiles y de genocidio civil.

Carencia de sustento jurídico.  Los jueces electorales Aura Celeste Fernández y Eddy Olivares se opusieron firmemente tanto a la Circular 17 como a la R12-07 que originaron la exclusión de los dominico-haitianos, considerando que la JCE invadía el ámbito de la justicia, que es la que puede dictaminar. En una instancia de impugnación, la doctora Fernández sostuvo que “No existe ninguna disposición expresa de la ley 659 sobre actos del Estado Civil que le confiera a la JCE la facultad de ordenar la retención de actos del Estado Civil. Por el contrario ese papel se le confiere de manera exclusiva a los jueces del Poder Judicial.” Citó el Artículo 31 de esa ley el cual dispone que cualquier persona podrá pedir copia de las actas asentadas en los registros del Estado Civil, las cuales “se tendrán como fehacientes mientras no sea declarada la falsedad de dichas actas”.

En similares términos fue concebida la instancia del doctor Olivares, quien  además citó un dictamen de la Suprema Corte de Justicia la cual sostiene que las declaraciones de nacimiento debidamente asentadas y realizadas dentro de los plazos legales, “constituyen documentos con enunciaciones de carácter irrefragable, hasta inscripción en falsedad”.

Abogados y las entidades defensoras de los derechos humanos han denunciado que la acción de la JCE ha violado principios constitucionales básicos, como el del Artículo 18 de la nueva Constitución que proclamó dominicanos a todos los que disfruten de la nacionalidad antes de su entrada en vigencia, el ordinal 13 del Artículo 48, el cual indica que “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones o comisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa”.Y el Artículo 110 y el 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre la irretroactividad de la ley. También han citado violaciones a la Ley 659-44 sobre Actos del Estado Civil, así como a los códigos  Civil y de Procedimiento Civil.

La decisión de la JCE es correcta porque suspende la arbitrariedad de un acto administrativo que suspende un derecho fundamental y reivindica la jurisdicción de los tribunales donde seis afectados que recurrieron encontraron amparo, dos de ellos incluso en la Suprema Corte. Puede ser una forma subrepticia de rectificar el genocidio civil.

El costo institucional del presupuesto 2011

Por Juan Bolívar Díaz

La celeridad con que fue aprobado el proyecto de Ley de Presupuesto 2012 hace pensar  en la intención de reducir  los efectos de los reclamos de la sociedad civil que activamente ha demandado más recursos para la educación.

Notable insatisfacción han expresado además los ayuntamientos y el Poder Judicial a los que   legalmente  les corresponderían  mayores recursos.

Con una celeridad que sólo tiene explicación en  el interés de reducir los efectos de los reclamos de la sociedad civil organizada, la mayoría peledeísta del Congreso Nacional aprobó en tiempo récord la Ley de Presupuesto General del Estado para el último año del mandato del presidente Leonel Fernández.

La aprobación del Presupuesto conlleva un costo institucional significativo, al haber desconocido mandatos constitucionales y varias leyes que destinan partidas no sólo para la educación, sino también para el Poder Judicial y los municipios, en beneficio del Poder Ejecutivo que precisa mantener una alta inversión política.

Atropellante celeridad.  Por la forma en que fue aprobada la Ley de Presupuesto General del Estado  para el año 2012 pareciera que sobra la letra “g” del numeral 2 del artículo 128 de la Constitución promulgada por el presidente Fernández, el cual dispone que el proyecto debe ser sometido al Congreso Nacional a más tardar el primero de octubre de cada año.

El Gobierno cumplió rigurosamente ese mandato al introducir el proyecto el 30 de septiembre, pero sus legisladores la aprobaron en el tiempo récord de 20 días. Nunca en su historia la nación había tenido una Ley de Presupuesto dos meses y once días antes de comenzar un año.

El límite de tres meses de anticipación al comienzo del año para entregar el proyecto de Presupuesto al Congreso quedó consagrado en la Ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público 423-06 promulgada hace cinco años por el mismo presidente Fernández, obedeciendo a un viejo clamor nacional que rechazaba la práctica de enviar el proyecto en el mes de diciembre, lo que imposibilitaba que el Legislativo pudiera cumplir a conciencia su responsabilidad. En la generalidad de las democracias el plazo es igual o  mayor. Por ejemplo en Chile es también de tres meses, pero en Perú, Ecuador y Costa Rica es de cuatro  y en Uruguay de seis meses.

En el 2010, como en años anteriores, el Congreso atendió parcialmente reclamos de sectores estatales y de la sociedad civil tras ponderaciones en comisiones bicamerales, pero ahora sorprendió la celeridad y el Senado despachó el proyecto  en  dos sesiones  consecutivas, tras declararla de urgencia, gracias a que el partido de Gobierno domina 31 de sus 32 curules.

En la Cámara de Diputados, sin las dos terceras partes necesarias para la declaración de urgencia, hubo que guardar la apariencia de la comisión de estudio y tomarse diez días para sancionarla en una sesión que duró apenas 15 minutos.

Les bajaron línea.  Los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dieron la impresión de haber recibido la consigna de despachar el Presupuesto con la mayor celeridad posible para evitar que los reclamos de la sociedad civil en torno al 5 por ciento del producto bruto para educación constituyeran un mayor escándalo, a los que se habían sumado los de los municipios, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Poder Judicial.

Una fuente vinculada al Gobierno aseguró que la línea de acción partió de una ponderación de la Dirección de Información y Análisis Estratégico de la Presidencia de la República (DIAPE), que ha estado muy activa en las últimas semanas cuando recomendó una política de provocaciones al candidato presidencial opositor Hipólito Mejía, a través de preguntas de periodistas progubernamentales. Otro documento de la unidad gubernamental  identificaba como enemigos del Gobierno y apandillados a un grupo de periodistas reconocidos por su criticidad.

Un estratega de la candidatura peledeísta de Danilo Medina reconoció que la forma en que se aprobó el Presupuesto conlleva costo político, pero pareció resignado al considerar que hubiese sido peor si dejaban que los clamores por mejor distribución del gasto en el 2012 se extendieran por dos o tres meses y cobraran mayores dimensiones.

Se descartaba la posibilidad de una modificación que dejara satisfecho el reclamo del 4 por ciento para la educación.

De ahí que ni siquiera los más firmes seguidores de Medina en el Congreso intentaran contener la celeridad. El calificado senador Wilton Guerrero alegó que levantó la mano aprobatoria sin darse cuenta que ya se estaba votando el Presupuesto en segunda lectura. En el Senado hubo unanimidad, pero entre los diputados se produjo un puñado de disensiones, como la de la peledeísta Minou Tavárez Mirabal y los aliados Guadalupe Valdez y Pelegrín Castillo.

Costo institucional.  De cualquier forma la distribución del Presupuesto del 2012, sin atender reclamos de amplios sectores, y  la celeridad de su aprobación cuando la ley entra en vigencia 72 días después, han generado un amplio rechazo no sólo de los reclamantes más activos como los amarillos del 4 por ciento, sino también de instituciones como el Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la opinión pública en general.

El rechazo es mayor porque tanto la forma de la aprobación como el contenido violan preceptos constitucionales.

El artículo 56 de la ley pretende dispensar, “con carácter transitorio”, una partida menor del 4 por ciento del PIB para educación, establecido en la Ley Orgánica de Educación 66-97, que ya es también un mandato constitucional al tenor del inciso 10 del artículo 63 de la nueva Carta Magna. Por demás, también violentaron el artículo 112 que establece una mayoría especial de las dos terceras partes de los miembros de las cámaras legislativas para aprobar o modificar las leyes orgánicas.

Un comunicado del CONEP sostiene que se violó el artículo 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto que dispone un presupuesto anual desagregado a nivel de capítulos y partidas. También que la Ley de Presupuesto de 2012 “contiene modificaciones expresas a varios artículos de la Ley Orgánica de Presupuesto”, para lo cual se requiere las dos terceras partes del voto de ambas cámaras. La aprobación de los diputados fue por 83 contra 57 votos, equivalente al 59.2 por ciento. La mayoría de los perredeístas y reformistas votaron en contra y algunos se abstuvieron. Si 15 de ellos se hubiesen ausentado, con la disminución del quórum a 125, la aprobación habría alcanzado los dos tercios.

Los más perjudicados

Aunque queda lejos del 4 por ciento del PIB, la partida destinada a Educación registra un incremento para alcanzar el 2.95 por ciento, si se incluye lo destinado al Ministerio de Educación Superior y las transferencias, y 2.46 por ciento para el Ministerio de Educación, que desagregándole las transferencias queda en 1.97 por ciento, según los estimados del experto fiscal Nelson Suárez.

Los más perjudicados son los ayuntamientos municipales, el Poder Judicial y la Cámara de Cuentas, a los que apenas se les asigna el 43, 42 y 41 por ciento respectivamente de lo que les correspondería de cumplirse la Ley 194-04. La de Municipios, 166-03,  les consigna un 10 por ciento de los ingresos fiscales y esta vez su partida no llega al 5 por ciento, la menor desde la institución de esa cuota en el 2003.

El Presupuesto de 2012 también desconoce el mandato de la Ley 194-04, que destina el 3.10 por ciento del presupuesto al Poder Judicial, cuya apropiación de 3,097 millones de pesos es apenas del 72 por ciento de los 5,442 millones destinados al Congreso Nacional, institución mucho más pequeña. El Ministerio Público recibirá el 53 por ciento de lo que le correspondería por ley, con una partida de 2 ,600 millones de pesos.

Se violan las leyes que tienden a descentralizar el gasto público con el argumento de que los recursos no alcanzan, pero la situación se agrava progresivamente.

Los ayuntamientos tienen tres años recibiendo las mismas partidas. Pero los fondos alcanzan para elevar las asignaciones de la Presidencia de la República, que en el año 2012 dispondrá de 45 mil 11 millones de pesos, el 10.5 por ciento del Presupuesto.

Un reporte de Degnis de León en la edición del pasdo viernes del diario El Día  resalta que quienes no resultaron perjudicados en las partidas asignadas por ley fueron los partidos políticos, que recibirán 1,403 millones, justo el 0.5 por ciento de los ingresos fiscales consignado en la Ley Electoral, de los cuales más de 1,200 se distribuirán entre los tres mayoritarios.

No se podía esperar menos en un año electoral y cuando el Presidente de la República aparece empeñado en una ofensiva de último tramo de Gobierno para abonar sus posibilidades de retornar en el año 2016.

Sólo eso puede explicar que esta semana haya dispuesto la reanudación de la construcción de la presa de Guaigüí, suspendida desde antes de que iniciara sus 11 años de Gobierno.

Genocidio civil inaceptable

Por Juan Bolívar Díaz

La República Dominicana será drásticamente cuestionada en el escenario internacional por el despojo de la nacionalidad a miles de ciudadanos de ascendencia haitiana que fueron reconocidos durante todo el siglo pasado y a los que se aplica retroactivamente un nuevo ordenamiento constitucional y jurídico.

Eso fue lo que reclamó aquí hace poco la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton y lo que conocerá en Washington el día 24 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ya tiene 457 casos documentados, con apoyo de decenas de organizaciones nacionales e internacionales.

Disposición administrativa.  Como advertimos hace cuatro años cuando la Junta Central Electoral comenzó a negar la emisión de actas de nacimiento a los descendientes de haitianos que ya habían sido registrados como ciudadanos dominicanos, el caso comienza a dilucidarse en los organismos internacionales y lo que se puede esperar es reprobaciones y condenas.

Aunque algunos quieren confundir, ya no se trata de la discusión sobre los derechos de los indocumentados, sino del despojo de la nacionalidad a quienes los oficiales del Estado Civil inscribieron como dominicanos, amparados en una normativa legal que rigió hasta el 2004 y en la Constitución vigente hasta el año pasado.

Hasta el 2010 la Constitución dominicana en base al principio del jus-soli reconocía como ciudadanos dominicanos a los nacidos en territorio nacional, con excepción de los hijos de los diplomáticos y los extranjeros en tránsito, y la Ley de Migración 95, de 1939, limitaba a diez días el período que definía el tránsito. En el 2004 se aprobó la nueva Ley de Migración 285-04, que niega la nacionalidad a los residentes ilegales, lo que obtuvo carácter constitucional en la Carta Magna promulgada en el 2010.

Sin embargo, desde el 2007 la Junta Central Electoral, mediante disposiciones administrativas, sin siquiera hacerla depender de un veredicto judicial, empezó a negar la expedición de copias de las actas de nacimiento a los ciudadanos de nombres o apariencia haitiana que no demostraran que sus padres eran residentes legales al momento en el que fueron declarados.

Primero fue la Cámara Administrativa de la JCE, mediante la Circular 017 del 29 de marzo de 2007, firmada por su presidente, Roberto Rosario, que instruyó a los oficiales del estado civil a “examinar minuciosamente” las solicitudes de certificados de ciudadanía, argumentando que “fueron expedidas en tiempo pasado actas de nacimiento de forma irregular con padres extranjeros que no han probado su residencia o estatus legal en la República Dominicana”.

Cuando se cuestionó la facultad de esa cámara para adoptar tal norma, el asunto fue llevado al pleno de la Junta Central Electoral, que la avaló mediante su resolución 12-07, del 10 de diciembre del mismo ano.

Son muertos civiles.  Esta semana el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, negó que se haya desnacionalizado a 457 personas y sostuvo que sólo son 120 los “depositados y examinados” por ese organismo.

Probablemente se refería a los 126 que mediante su oficio 5787, del 11 de septiembre de 2008, el director del Registro del Estado Civil solicita al pleno de la JCE la cancelación definitiva de su registro de nacimiento. Entre el 2008 y 2010, la JCE sólo revisó 10 casos, según un boletín del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes.

Pero otro conteo es el referente a las personas a quienes se les ha negado “provisionalmente” darle copia del acta de nacimiento, y que ven pasar los años sin que se les responda sus requerimientos, tanto ante las oficialías como en las oficinas de la JCE “porque están bajo investigación”.

Aunque hay afectados con más de 60 años, e incluso casi una tercera parte nacidos antes de 1965, la investigación del SJRM establece que el 70 por ciento nació entre 1976 y el 2000, es decir menores de 35 años, que es el período en el que más se requiere del acta de nacimiento.

Son miles los que al serle negado el documento fundamental quedan impedidos de sacar la cédula de identidad y electoral y el  pasaporte, de casarse o divorciarse, de matricularse en escuelas y universidades, y de optar por becas y empleos formales.

Tampoco pueden declarar a sus hijos, lo que les traspasa a éstos su condición de muertos civiles.

Por su condición de pobreza y marginalidad, la mayoría de las víctimas del genocidio civil se sumen en la frustración y el resentimiento, pero otros luchan por sus derechos, contactando a las organizaciones de derechos humanos que les proporcionan  abogados. Milcíades Yan, de Monte Plata,; Ana María Belique e Isidro Belique, de San Pedro de Macorís, y  Moisés Yan, de Guaymate, han logrado sentencias de jueces ordenando que se les entregue copia de su acta de  nacimiento.

En algunos de esos casos, la JCE ha apelado y están pendientes de fallos definitivos en la Suprema Corte de Justicia.

Descrédito internacional.  El genocidio civil contra los domínico-haitianos difícilmente encuentre un defensor internacional y todo lo que espera al país es descrédito.

Es que no hay precedentes de esa naturaleza en el mundo, a no ser en la Alemania nazi contra los judíos. Porque es universal el principio de la irretroactividad de la ley, especialmente en cuestiones fundamentales como la identidad nacional.

Cada vez es más frecuente la adopción de restricciones a la inmigración y al derecho a la nacionalidad, pero en ningún país se propone despojar a quienes ya obtuvieron un estatus legal. Por el contrario, las nuevas legislaciones casi siempre han tendido a amnistiar a los de estatus ilegal de larga data.

Lo que ha convocado para el día 24 del mes en curso en Washington la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es un juicio contra el Estado dominicano, sino una audiencia para que explique su política de desnacionalización de ciudadanos de ascendencia haitiana. Es un espacio de diálogo al que han convocado por los canales diplomáticos a una representación del Gobierno nacional.

Pero no hay la menor duda de que si no se rectifica el camino, tanto la coalición nacional como la internacional proseguirán la pelea en los tribunales nacionales y de no encontrar satisfacción pedirán a la Comisión Interamericana que canalice un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya en el 2005 condenó al Estado dominicano y dispuso la entrega del acta de nacimiento a dos hijas de domínico-haitianos. Esa vez dictaminó que la ilegalidad de los padres no es heredable a los hijos.

Una decena de instituciones internacionales, entre ellas las que llevaron el caso de las dos niñas a la Corte Interamericana, figuran como  promotores de la audiencia del día 24, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el Centro por los Derechos Humanos Robert Kennedy, Refugees  International, Fundación Etnica Integral, Iniciativa pro Justicia de la Sociedad Abierta, Christian Aid del Reino Unido, el Servicio Mundial de Iglesias, Global Rights y la Asociación 180 grados para la Cooperación y el Desarrollo.

Nadie sabe a ciencia cierta cuántos ciudadanos de padres y hasta abuelos haitianos han sido despojados de la ciudadanía por esa disposición administrativa, sin que medie un pronunciamiento judicial, porque muchas de las víctimas son tan pobres e indefensas que no se apresuran a denunciarlo, pero los organismos defensores de los derechos humanos acumularon 457 expedientes debidamente documentados que son los remitidos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

No es una labor exclusiva del Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas que dirige Sonia Pierre, como lo presentan quienes llegan al extremo de cuestionar la nacionalidad dominicana de esa activista de ascendencia haitiana. En Septiembre pasado 18 organizaciones nacionales, integradas en un “Movimiento por un Registro Civil Libre de Discriminaciones” lanzaron una campaña “contra la política de desnacionalización” de la JCE.

Participan también unos 70 núcleos de afectados en el Distrito Nacional y seis provincias de fuertes asentamientos de inmigrantes haitianos por el cultivo de caña en el siglo pasado como Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Barahona, La Romana, Baoruco y Puerto Plata.

Esta semana, el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM) sostuvo que ha identificado por lo menos 1,584 afectados en una investigación que realizó tan solo en las zonas de Don Juan y Quisqueya de San Pedro de Macorís, en Monte Plata, Guaymate, de La Romana y en Neiba. Ya el 3 de diciembre del 2009, el doctor Servio Tulio Almánzar, en su calidad de director nacional del Registro del Estado Civil, dependiente de la JCE, en respuesta a un requerimiento por la Ley de Libre Acceso a la Información mediante su oficio 13326, cuantificó en 3,650 los “expedientes en proceso de investigación administrativa”.

En la medida en que pasan los años, crece el número de los afectados y no son decenas de miles porque una alta proporción de los dominicanos de ascendencia haitiana inscritos en el Registro Civil pasan de los 40 años de edad, tienen cédula de identidad y ya no necesitan  copias de sus actas de nacimiento.

Caerán en grandes proporciones cuando se vean obligados a renovar su cédula de identidad, para lo cual tendrán que solicitar el certificado de ciudadanía.

 

La JCE debe cuidar los avances logrados

Por Juan Bolívar Díaz

Ante la renuncia del jefe de informática se impone la transparencia y el apego a la ley, y abandonar el proyecto de financiar observadores electorales nacionales

 Las circunstancias que rodean la renuncia del Administrador General de Informática de la Junta Central Electoral proyecta sombras sobre el organismo que deben ser disipadas con absoluta transparencia y en consulta con los partidos políticos como dispone la ley.

 También es imperativo que la presidencia de la JCE abandone lo que parece un esfuerzo por auspiciar su propia observación electoral, entrando en un ámbito suficientemente cubierto por instituciones nacionales e internacionales que gozan de reconocimiento nacional e internacional.

 Hicieron saltar a García

No es que el licenciado Miguel Ángel García renunció como Administrador General de Informática de la JCE, sino que lo hicieron saltar del cargo, según se desprende de su carta de dimisión y los anexos que la acompanan. Ningún profesional de su nivel y prestigio, que se respete, podría aceptar que un subalterno se le sobreponga con o sin apoyo de la alta jerarquía sin un acuerdo previo.

 En la JCE era público el pugilato que se verificaba por la máxima dirección del importante departamento de informática entre el administrador general y el director de Informática, ingeniero Franklin Frías. Lo que determina la renuncia del superior fue un memorándum de Frías, del 23 de agosto, dirigido a todo el personal de programación y desarrollo, base de datos, subdirectores y asistentes de informática, donde les “queda terminantemente prohibido la tramitación y/o modificación a cualquier registro de la Base de Datos de la Junta Central Electoral, solicitados por otras instancias de la institución sin la debida autorización y/o conocimiento de quien suscribe”.

 Es obvio que el director Frías pasó por encima del Administrador General, su superior jerárquico, a quien reducía a subordinado en la materia clave de las modificaciones a la base de datos del organismo que controla el registro civil y electoral de la nación, y que para hacerlo tenía que contar con la aprobación de la superioridad que no siguió el procedimiento de rigor, que implicaba un acuerdo previo con el administrador general.

El 22 de septiembre el licenciado García dirigió una carta al doctor Roberto Rosario, presidente de la JCE, en la que primero se queja de la imposibilidad de verlo y responderle personalmente un correo del 29 de agosto, en el que aparentemente se avala

La decisión de Frías, ya que expresa que se le están desconociendo sus funciones y responsabilidades, fomentando un administrador general paralelo. García le citó la resolución de la JCE que lo designó en el cargo en el 2003 y termina poniendo su cargo a disposición del presidente Rosario. Cuatro días después, el 26, presenta renuncia.

 Ironías de la vida

En la sesión del plano de la JCE del 30 de septiembre, que aceptó la dimisión de García no hubo dudas de que Frías contaba con el apoyo del doctor Rosario, quien logró los votos de la doctora Rosario Graciano de los Santos, como él proveniente de la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, y del politólogo José Ángel Aquino. La rechazaron el doctor Eddy de Jesús Olivares, vinculado al Partido Revolucionario Dominicano, y el doctor César Francisco Féliz, al Partido Reformista Social Cristiano.

 Lo irónico del caso es que García fue llevado a la JCE en el 2003 como consecuencia de los reclamos que formulaban el PLD y el PRSC cuando la mayoría de los integrantes del máximo organismo electoral, bajo la presidencia del doctor Luis Arias, se inclinaba hacia el PRD que, con el control del Senado, los había designado. Entonces el ingeniero Frías, ya director de informática, era objeto de suspicacias, razón por la que se apeló a García, un reputado técnico de la empresa Mercasid, en una clásica mediación de Monseñor Agripino Núñez Collado.

 Las suspicacias que predominaban a finales del 2003 estaban determinadas por el hecho de que el entonces presidente de la República, Hipólito Mejía, se había embarcado en una campana por su reelección. Se procuraba poner al frente del Centro de Cómputos un técnico que diera confianza a todos los actores políticos.

 La resolución 30/2003, del 1 de diciembre del 2003, no permite la menor duda, ya que tras consultar a los partidos, en la letra a del numeral 9, el pleno de jueces electorales resuelve “Aprobar el nombramiento del señor Miguel Ángel García como Administrador General de Informática de la Junta Central Electoral, estableciendo que es el funcionario de mayor Jerarquía en ese Departamento”.

Lo que ordena la ley

Tanto el memorándum de Frías como el respaldo de Rosario a su decisión de autoerigirse como mandante único del departamento del centro de cómputos de la JCE implican el desconocimiento de una resolución del organismo no solo legítima, sino también consensuada y negociada con los partidos en consonancia con un mandato de la Ley Electoral vigente.

 La JCE no puede eliminar el cargo de Administrador General de Informática ni conferir sus funciones al director del departamento sin violar la letra a de las funciones de la Cámara Administrativa, indicadas en el artículo 6 de la Ley Electoral donde se especifica que los titulares de los departamentos fundamentales, entre ellos el de Cómputos serán “designados previa consulta con los partidos políticos”.

Si se pretende modificar el organigrama de la JCE y dar facultades plenas al director, es obvio que se impone la previa consulta a los partidos, sobre todo si se quiere evitar ruidos y conflictos que revoquen los avances que la concertación y la transparencia han impreso a la administración del sistema electoral.

 La imposición, por autoritarismo o por cualquier conveniencia, de un administrador del Centro de Cómputos a la medida del presidente de la JCE implicaría un retroceso y es inevitable que genere incertidumbres y suspicacias ya en medio de un proceso electoral que se perfila altamente competitivo.

 De ahí las reacciones que la situación ha generado de parte de partidos políticos e instituciones de observación electoral, como el movimiento cívico Participación Ciudadana, que han demandado transparencia y consenso de las autoridades electorales con los actores fundamentales del sistema electoral que son los partidos. Participación Ciudadana lo hizo en el 2003 junto con otras instituciones que constituyeron una Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad.

 No deben financiar observadores

Otro elemento que tiende a crear incertidumbres y que la JCE debe despejar es el interés que muestra su presidente Roberto Rosario por auspiciar, incluso con financiamiento, grupos de observación electoral, lo que se podría interpretar como intento por influir en una instancia que tiene que caracterizarse por la independencia de los actores y el arbitraje.

 Durante una reunión en Bruselas, Bélgica, el 20 de junio pasado con el director de la División para América Latina del Servicio Exterior de Acción Europea, Tomas Dupia Delmoral, y Jolita Butkeviciene, directora para América Latina y el Caribe de la Cooperación Europea, el presidente de la JCE les solicitó el envío de observadores a los comicios del 2012, lo que ha sido normal en los procesos electorales. Lo novedoso es que también les pidió fondos “para el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil dominicana para la implementación de programas de observación electoral”. Le respondieron que el país no es prioridad por los avances registrados en ese campo.

 La doble petición fue publicada en periódicos dominicanos, aunque el pleno de la JCE no ha decidido financiar la observación electoral de la sociedad civil. Desde los comicios de 1996, Participación Ciudadana ha venido realizando programas de observación electoral, con la aceptación de las autoridades electorales y los partidos políticos. Estos la han aplaudido especialmente cuando están en la oposición o en desventaja en los órganos del arbitraje electoral.

 Participación Ciudadana ha realizado también conteos rápidos, reconocidos como de alta precisión, por organismos nacionales e internacionales que han financiado el movimiento cívico, el cual nunca ha buscado ni tenido financiamiento del gobierno, de la JCE o de los partidos. Sí de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, de la Unión Europea, de la Cooperación Española, de Canadá y otras agencias internacionales. Esa observación ha contado con la participación de decenas de organizaciones sociales dominicanas, desde empresariales, hasta religiosas y comunitarias y también en coordinación con misiones de observadores de la Organización de Estados Americanos, del Centro de Asesoría y Promoción Electoral para América Latina y otras entidades.

 En las dos últimas elecciones también otras entidades, como el Colegio de Abogados, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Movimiento Cívico Toy Jarto pero creo en mi país han realizado observación electoral, sin recibir financiamiento oficial.

 Precisamente para este miércoles 5 de octubre la JCE había convocado a una serie de organizaciones sociales para estimularlas a la observación electoral, esfuerzo que parece innecesario. Pero cuando los dirigentes llegaron al local del organismo, en medio del conflicto por la renuncia del administrador de Informática, se les informó, sin dar razones, que la reunión estaba aplazada.-

 

 

Campeón mundial en corrupción; RD sigue cayendo en competitividad

Por Juan Bolívar Díaz

La República Dominicana volvió a retroceder, esta vez 9 escalones para completar 15 en los últimos dos años, en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial correspondiente al período 2011-12 publicado el miércoles 7, con la peor caída de toda América Latina.

El país resulta campeón mundial en los indicadores de corrupción y en mala calidad de la educación en las evaluaciones de esta institución internacional con sede en Davos, Suiza, a cuyas últimas dos asambleas asistió el presidente Leonel Fernández en enero y abril pasados.

Caída contradictoria.  Los retrocesos dominicanos en el Indice de Competitividad contrastan con el crecimiento que sigue registrando la economía nacional del 7% el año pasado y proyectado para el 6% en  2011. El país encabeza el crecimiento económico latinoamericano de los últimos años, pero fue el que mayor descenso registró entre los de la región en el último año en competitividad global.

En el informe 2011-12, la República Dominicana cae 9 escalones, al pasar de la posición 101 en la anterior evaluación a la 110, entre 142 naciones evaluadas, tres más que el año pasado, cuando fueron 139. El descenso es sostenido si se tiene en cuenta que en la evaluación 2010-11 el país estaba en la posición 101, y que hace dos años estaba en la 95 y cinco años atrás en la 90.

Influye en el descenso el que cada vez la evaluación abarca a un mayor número de países, pero evidencia que el pregonado progreso nacional es bien limitado en el ámbito mundial. En la del año pasado abarcaba a 139 países y ahora a 142, crecimiento de tres que coincide con el descenso dominicano en varios renglones como los referentes a educación.

No puede pasar desapercibido que República Dominicana es líder mundial en dos renglones importantes: despilfarro en el gasto gubernamental y en desconfianza en los servicios policiales, en los que se le sitúa en el escalón 142 de igual número de naciones evaluadas. En calidad de los servicios educativos, en la tasa nacional de ahorro y en la confianza en los políticos, el país queda situado en los últimos ocho escalones mundiales.

De los 22 renglones en que peor aparece el país, entre los últimos 31 de las 142  naciones, vale resaltar una mejoría en la última evaluación en  la tasa de matrícula de la educación primaria, donde pasó del escalón 120 al 111, en la eficiencia del marco regulatorio, del 120 a 112, en el crimen organizado del 121 y al 113, en el costo de la delincuencia para las empresas del 125 al 122  y en calidad del suministro eléctrico, que ascendió de la posición 132 a la 129.

Corrupción y educación.  Los renglones en los que peor situada aparece la República Dominicana en el Indice de Competitividad  coinciden con las apreciaciones y críticas de la opinión pública y el registro de las encuestas nacionales, que el Gobierno atribuye a falsa apreciación y a un supuesto “plan mediático” para el descrédito de la actual gestión gubernamental.

El índice contiene tres renglones indicadores de corrupción gubernamental: despilfarro en el gasto gubernamental, favoritismo de los funcionarios del Gobierno y desvío de los fondos públicos. En ellos el país ocupa las posiciones 142, 141 y 140, respectivamente, lo que permite sostener que se le clasifica como campeón mundial

En la materia básica de educación, las notas que obtiene el país son de altísima reprobación: calidad de la educación primaria en la posición 140, educación en matemática y ciencias 139 y la calidad general del sistema educativo aparece en el escalón 136, lo que quiere decir que sólo 6 países de 142, tienen peor evaluación en el fundamental renglón de la educación. Una mejoría significativa se advierte en la tasa de matriculación en la educación primaria, donde el país ascendió 9 escalones del 120 al 111.

En la tasa nacional de ahorro los dominicanos quedan también con pésima evaluación, ocupando el escalón 138, es decir que sólo en 4 países se ahorra menos, lo que confirma la percepción de que hay un gran consumismo y afición a lo superfluo, al lujo y la vanidad en la población nacional, especialmente en los sectores altos y medios de la población.

Otro indicador que avala las preocupaciones actuales de la sociedad dominicana es la  confiabilidad en los servicios policiales, donde el país aparece situado en el último escalón.

Contundente evaluación.  El Indice de Competitividad del Foro Económico Mundial es un golpe contundente a los que pontifican sobre el extraordinario crecimiento y mejoramiento institucional de los últimos años y avala las críticas e insatisfacciones  de la opinión pública nacional.

 Tiene la agravante de que en este caso no se le puede atribuir a intereses políticos locales ni a ningún “plan mediático”, ya que el propio presidente Leonel Fernández ha avalado ese organismo. En efecto el mandatario asistió a finales de enero pasado a la reunión anual del Foro que se celebra en Davos, Suiza. Y tres meses después, en abril, acudió a su asamblea latinoamericana que este año tuvo efecto en Río de Janeiro, Brasil.

En ambos escenarios el mandatario dominicano pronunció discursos, que no lograron impactar a los evaluadores, dados los resultados del índice publicado esta semana, aunque generalmente el doctor Fernández causa buena impresión por el tono de modernidad y la elocuencia que lo caracterizan.

Después de la República Dominicana, los latinoamericanos que tuvieron mayor retroceso en el Indice de Competitividad de este año fueron los centroamericanos: El Salvador, Guatemala y Costa Rica que, sin embargo, se mantuvieron en escalones  superiores, 91, 84 y 61 respectivamente. Nicaragua cayó dos escalones para situarse en el 114, cuatro por debajo de RD.

En el caso dominicano el retroceso es más significativo porque en general la región latinoamericana tiene mejores perspectivas de competitividad en el escenario de crisis económica internacional, resalta el informe mismo.

Los mejores renglones

Si bien el país no aparece en el primer quintil positivo en ninguno de los 111 renglones evaluados, es notable que se inscribe en 14 dentro del segundo quintil. La mejor evaluación es en fortaleza de los bancos, donde ocupa la posición 34, lo que debe ser considerado como consecuencia de las quiebras bancarias del 2003 que generaron un saneamiento de la banca nacional.

También se evalúa muy bien la colaboración entre empleadores y empleados, en el escalón 37 de los 142 países analizados. Contrario a la percepción nacional en la deuda gubernamental como porcentaje del producto bruto interno, el país ocupa la posición 41, al igual que en prevalencia de la propiedad extranjera y en el impacto de la inversión extranjera en los negocios. Otra sorpresa es en equilibrio del presupuesto gubernamental en proporción del producto bruto, ocupando el escalón 45.

Otros renglones en que la nación queda dentro del cuarenta por ciento mejor evaluada son: flexibilidad en la determinación salarial, protección al inversionista, calidad de la infraestructura del transporte aéreo, en la transparencia en la elaboración de políticas gubernamentales y en el desarrollo de clusters. También quedan bien parados los procedimientos aduanales y la calidad de la infraestructura de los muelles portuarios, que obtienen las posiciones 57 y 58 entre los 142 países evaluados.

Atendiendo a los 12 pilares que comprende la evaluación, en el que peor parado aparece el país es el referente a instituciones e institucionalidad, seguido por  salud y educación primaria, educación superior y eficiencia profesional, e innovación. En los que resulta mejor evaluado es  en eficiencia del mercado de bienes y servicios, eficiencia del mercado laboral y desarrollo del mercado financiero.

Acentuada la ventaja de Hipólito y del PRD

Por Juan Bolívar Díaz

Las ventajas que marcó la encuesta Gallup-HOY publicada en mayo a favor de Hipólito Mejía y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para las elecciones del año próximo se acentuaron en la de esta semana, resaltando la amplia  diferencia de 20 puntos en la intención de voto entre los que expresan firme disposición al sufragio.

Aunque faltan todavía 9 meses para las elecciones y pueden producirse cambios significativos, esta investigación perfila un voto de censura motivado por la creciente desaprobación del Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) generada por los problemas económicos, el desempleo, la corrupción y la inseguridad ciudadana.

Muy cómoda ventaja.  El titular de HOY causó impacto al informar que Hipólito Mejía superaba a Danilo Medina por 14.5 por ciento en las preferencias del universo de los “habilitados para votar” en el 2012, al registrar 47.9 a 33.4 por ciento, en la encuesta Gallup- HOY, lo que significa un incremento de 6.2 en relación a los resultados de la realizada a fines de abril y publicada en mayo pasado, mucho antes de que el PLD escogiera su candidato presidencial el 26 de junio.

Pero la ventaja del perredeísta es mucho más amplia, 20 puntos, en “el total de entrevistados habilitados para votar y que manifestaron intención inequívoca de voto” entre quienes obtiene un 54.4 contra un 34.5 por ciento de los que se inclinan por el peledeísta.

En el renglón de las simpatías partidarias, el PRD también supera al PLD, con registros de 41 a 36.4 por ciento. En la encuesta anterior el partido morado todavía tenía mayor simpatía, 42 a 40 por ciento. Sin embargo, esa vez el partido blanco ya aparecía en primer lugar, 37.7 a 31.1 por ciento en intención de voto. Ese renglón no se ha incluido en la publicada esta semana.

Faltando casi 9 meses para los comicios, es obvio que Mejía no puede cantar victoria. El 26 por ciento de los encuestados entre el 11 y 15 de este agosto manifestó que todavía podría cambiar su intención de voto y el PLD controla el Gobierno, lo que otorga ventajas significativas en la pobre tradición institucional de la nación.

Sin embargo en la historia de las encuestas dominicanas ningún candidato presidencial ha superado una desventaja inicial, con la excepción de los comicios viciados de 1990 y 94, y la de esta investigación es de las mayores, sólo comparable con las registradas a favor del PLD y su candidato Leonel Fernández cuando Mejía buscaba reelegirse en el 2004.  El promedio de las tres encuestas más acreditadas en el país (Gallup, Penn-Schoen y Hamilton) cada una con dos entregas entre enero y marzo de ese año otorgaba a Leonel Fernández el mismo 58 por ciento con que ganó. En el 2008 las encuestas le promediaron 55 por ciento y terminó con el 54.

Desaprobación del Gobierno.  La progresiva caída de la popularidad del PLD y su Gobierno queda ratificada en esta encuesta Gallup-HOY, lo que deja a Danilo Medina en cuesta arriba y no porque faltara la formalidad de su proclamación, ya que hace dos meses que fue electo con el 87 por ciento de los votos de los militantes peledeístas. De hecho parece tener más propaganda en las vías públicas y los medios de comunicación que su competidor.

La desaprobación del Gobierno que en mayo alcanzaba el 59 por ciento se elevó ahora al 63, mientras la aprobación caía en la misma proporción de 28 al 24 por ciento, es decir apenas la cuarta parte de la población. Aunque la valoración del trabajo del presidente Fernández subió del 47.6 al 52.5 por ciento.

El resultado más devastador para la imagen del Gobierno sigue siendo el referente a la corrupción. El 61.6 la aprecia mayor que antes. En mayo era 63 por ciento. Sumados los que estiman que es igual que antes del actual Gobierno, la proporción se eleva a 88 por ciento, ahora dos puntos menos. Apenas el 10 por ciento aprecia que ahora la corrupción es menor, lo que implica que aún la mayoría de los simpatizantes del partido de Gobierno estiman que la corrupción empeora.

Pero lo que más estaría influyendo en la pobre valoración del Gobierno y las expectativas de cambio en el 2012 son las apreciaciones sobre la situación económica: 84 por ciento la estima mala o muy mala, y sólo 6 por ciento buena. El 80 por ciento, 8 puntos menos que en mayo, cree que el país va por mal camino y, lo que es peor,  el 71 por ciento considera que estará peor o igual al final del actual Gobierno.

Cuando se le pregunta a los encuestados sobre los principales problemas nacionales se repiten los mismos de mayo pasado, aunque con variaciones en el orden: inflación,  delincuencia, desempleo,  apagones, tráfico y consumo de drogas y corrupción administrativa.

Advertencias a la vista.  Los resultados de esta encuesta ratifican que los problemas del Gobierno son de naturaleza endógena y no de la “conspiración mediática” que vienen denunciando algunos voceros. Dimensionan las dificultades que enfrenta la candidatura de Danilo Medina para salir airosa, más aún cuando son pobres las expectativas nacionales e internacionales de mejoramiento económico en los 9 meses que distan de los comicios.

Hay quienes señalan los mil cien millones de dólares que está recibiendo el Gobierno como fruto de la reanudación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como un factor importante que permitiría aliviar la situación económica nacional, pero olvidan que ese financiamiento, que incluye los 500 millones de dólares por bonos soberanos recién recibidos, ya estaba comprometido en el presupuesto del año en curso. Podrán desviar alguna proporción, pero no muy alta. Más posibilidades tiene el Gobierno de incumplir de nuevo los compromisos con el FMI en  el último trimestre de este año y el primero del próximo y desbordar los límites fiscales.

Las posibilidades de correctivos que cambien las perspectivas políticas dependen más que nada de una correcta interpretación de lo que arroja esta nueva encuesta Gallup-HOY, en su mayor parte reiterativa de la ejecutada en mayo, y de lo establecido  poco después por la Penn & Schoen y por otras investigaciones que se han conocido informalmente en las últimas semanas.

Las altas ventajas registradas para la candidatura de Hipólito Mejía podrían constituirse en un aliento al triunfalismo y dilatar o imposibilitar una total integración de los líderes y cuadros principales del perdedor de las primarias, Miguel Vargas Maldonado, quien al ser presidente del partido y controlar los principales cargos nacionales tiene suficiente influencia para crear dificultades y generar crisis.

Hipólito Mejía cometería un grave error si se da por ganado. Tiene que contar con las extraordinarias energías, la experiencia política y el discurso propositivo de Danilo Medina que ha ganado terreno en los sectores medios, quien en las próximas semanas deberá cosechar un descuento importante de las desventajas que le arrojan las encuestas y la percepción general.

Los jóvenes con Hipólito Mejía

Cuando se revisan las preferencias marcadas por la Gallup-HOY por edades, llama mucho la atención que Mejía alcanza el 57 por ciento en el segmento más joven del electorado, los que están entre 18 y 25 años. Algunos lo atribuyen a que estos no recuerdan cómo fue la gestión del perredeísta entre el 2000 y 2004.

Otra corriente interpretativa se adscribe a la hipótesis de que en esas edades está el mayor porcentaje de desempleados y desesperanza, en los sectores populares. Un agudo observador señaló que en las clases medias muchos jóvenes dependen de un estipendio fijo para sus gastos personales, especialmente para el combustible de sus autos, y esos son los más atentos al precio de los combustibles, con los que el Gobierno viene haciendo zafra.

Una ventaja significativa es la que registra el candidato perredeísta en las simpatías de los encuestados que se identifican con el Partido Reformista Social Cristiano donde alcanza 24.7 por ciento, mientras Danilo Medina sólo obtiene el 17.8 por ciento, lo que reduce los efectos de una repetición de la alianza PLD-PRSC. Parece que la cúpula reformista, beneficiaria del Gobierno, juega a mantener esa alianza, pero las bases forman parte de la población insatisfecha con la situación económica y social.       La encuesta indagó sobre 18 atributos para ser Presidente de la nación y Mejía ganó por amplios márgenes en 14, incluyendo el de más experimentado en asuntos de Gobierno, el de mejor trayectoria política, que está al lado de los pobres, manejaría mejor una crisis y en que sabrá hacer un buen Gobierno. Sin embargo, Medina lo supera 54 a 36 en el importante renglón de más capacitado e inteligente, en que está en favor de los ricos por 42 a 25 por ciento, y en que haría una mejor gestión financiera y en que mejorará la educación.

Retos para Leonel en este último año

Por Juan Bolívar Díaz

El Presidente Leonel Fernández ha iniciado el último año de su tercer período gubernamental con importantes retos económicos, institucionales y políticos, entre los que resaltan garantizar un proceso electoral democrático y mantener la estabilidad macroeconómica en medio de graves turbulencias nacionales e internacionales.

Sea que pueda o no retornar al poder, como partidarios y antagonistas le atribuyen, cuando concluya su actual gestión Fernández será el único mandatario dominicano y latinoamericano que habrá agotado tres períodos de gobierno mediante elecciones libres y formalidades democráticas.

Un año fundamental

Este octavo año de gobierno consecutivo y duodécimo en dos etapas, que inició Leonel Fernández el 16 de agosto será fundamental para el balance de su gestión, que todavía podría mejorar en aspectos donde se concentran las insatisfacciones y críticas o proseguir en la pendiente enjabonada que lo ha llevado a perder parte del amplio apoyo popular que le acompañó en los primeros tramos.

Estos próximos meses serán los más difíciles no sólo por el desgaste de su gobierno y liderazgo, sino también por el escenario de incertidumbres económicas internacionales de indudables repercusiones en el país, y por la acumulación de déficits fiscales y de balanza de pago, así como por el agotamiento y el peso del endeudamiento en que se ha fundamentado la estabilidad macroeconómica de los últimos 8 años.

El panorama es visto con pesimismo en los más diversos sectores sociales, donde se teme que el presidente vuelva a desbordar el gasto público en la próxima campaña electoral, como lo hizo en las del 2008 y 2010, ya sea por esforzarse en apoyar la candidatura de su partido, o concluir obras y repartos para abonar el camino de retorno al poder para el 2016, como esperan sus más fervorosos partidarios y le atribuyen sus opositores.

Para mantener la estabilidad macroeconómica, que es la mayor prenda de su doble período de gobierno, sin dejar una bomba de tiempo a su sucesor en medio de la crisis económica, Fernández tiene que atenerse a los límites establecidos en el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, independientemente del interés político.

 Por otro lado el mandatario está desafiado a apoyar institucionalmente la candidatura de su partido, más allá de su interés en perpetuarse en su liderazgo, pero también a garantizar un proceso electoral libre, equitativo y democrático, sin el abuso de los recursos del Estado de que se le acusó en las tres últimas elecciones generales.

Luces y sombras

Hay unanimidad en que el mayor éxito de la gestión de Fernández ha sido la estabilidad macroeconómica con alto crecimiento, aunque no se ha traducido en empleo de calidad ni en reducción de la pobreza, sino más bien en mantenimiento de la misma con programas asistencialistas que no inciden en desarrollo humano. Ese crecimiento es de poca sostenibilidad al fundarse en un enorme endeudamiento ya cercano al 40 por ciento del producto bruto. El presupuesto del 2010 se sustentó en financiamiento externo e interno por 121 mil 700 millones de pesos, y en el 2011 por 97 mil 200 millones de pesos.

Los ingresos nacionales sólo alcanzan para el gasto corriente. Y el déficit de la  cuenta corriente de la balanza de pagos fue el año pasado de más de 4 mil 400 millones de dólares, que este año se acercaría a los 5 mil millones, con políticas económicas que promueven más la importación que la producción y las exportaciones nacionales.

Esta gestión gubernamental podrá reivindicar una significativa cantidad de obras materiales, especialmente viales, como dos líneas de metro, elevados, puentes, extensiones universitarias y hospitales, aunque con excesiva concentración de la inversión pública en la capital y su entorno. También la promoción de importantes reformas jurídicas, constitucionales e institucionales, pero con muy limitado cumplimiento de las mismas, cuando no abierta violación.

Las mayores sombras se registran en la escasa inversión en educación, salud y real combate a la pobreza, corrupción sin límites, malversación y boato, inseguridad derivada de todo género de delincuencia, especialmente del narcotráfico, fracaso en superar la crisis energética, fomento del clientelismo y el rentismo como fundamento de la política y desprecio por los reclamos de la comunidad y la opinión pública. Se imputa al doctor Fernández haber cambiado el ideario de Juan Bosch por el de Joaquín Balaguer, como forma de prolongarse enel poder.

Quedan oportunidades

Es cada vez más generalizada la convicción de que la magia del discurso del doctor Fernández ha perdido poder de convicción, desgastada por las promesas incumplidas y el cúmulo de insatisfacciones económicas y sociales, las cuales tuvieron expresión en el paro general del mes pasado.

La imagen presidencial quedó deformada por los intentos de casi un año por abrir una brecha para colar otra repostulación presidencial en contradicción con la flamante Constitución del 2010, así como por los viajes mensuales del presidente por todas partes del mundo  exterior con amplias comitivas y excesiva vanidad, hasta el grado de la sobreestimación.Por más esfuerzos que se hagan

las insatisfacciones derivadas de los problemas estructurales ya no tienen remedio en un año, pero el presidente tendría oportunidad de recuperarse al menos parcialmente reconociendo la necesidad de mayor inversión en educación para el presupuesto del 2012, dando muestras efectivas de combate a la corrupción, con austeridad en el gasto público y esfuerzos visibles por la transparencia y el cumplimiento de las normas de compras y contrataciones.

Las mayores oportunidades estarían en el ámbito de lo institucional y democrático, creando un clima de civilizada competencia electoral, con absoluta prohibición de abusar de los recursos del Estado en la campaña electoral, y procediendo a una elección satisfactoria de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral.

Una gran contribución del presidente Fernández sería concluir la aprobación de la Estrategia Nacional de Desarrollo que lleva tres años de procesamiento y auspiciar la aprobación de la ley de partidos políticos y las reformas pendientes a la ley electoral, para todo lo cual es imprescindible un clima de entendimiento y concertación por lo menos con todo el sistema político partidista.

Un año puede alcanzar para contener el deterioro y el desgaste de 11 años de gobierno, y hasta para lograr alguna revocación, pero con políticas innovadoras que respondan a las demandas insatisfechas, no con demagogia como la del reciente mitin político de Gualey.

El gran éxito de Leonel

Al margen de que pueda o no retornar al poder en el futuro, el presidente Leonel Fernández puede terminar sus 12 años de gobierno con un gran éxito personal, ya que será el único en la historia dominicana y latinoamericana que haya logrado tres períodos de gobierno bajo formalidades democráticas, tanto en su elección como en la gestión.

En agosto del 2012, antes de cumplir 59 años de edad, Fernández Reyna se habrá inscrito en la historia nacional como el de más prolongado ejercicio democrático. Estará entre los siete gobernantes que han presidido la nación en dos terceras partes de sus 168 años y compartirá con Joaquín Balaguer el dominio, también de dos terceras partes, de los 50 años del período post Trujillo.

Las dos peores dictaduras de la historia nacional, las de Rafael Trujillo y Ulises Hereaux (Lilís) se extendieron por 31 y 14 años, para un total de 45. La cuasi dictadura de Joaquín Balaguer, agotó 22 años con 6 elecciones casi todas no democráticas y períodos de eclipse de las libertades fundamentales, lo mismo que los 13 años de Buenaventura Báez en cuatro períodos, los 12 de Pedro Santana y 8 de Horacio Vásquez, también en 3 etapas. Con los 12 de Fernández, serán 112 años de gobierno republicano, justo el 68 por ciento.

Como a ningún otro al líder del PLD le ha tocado gobernar con pluralidad de partidos, con amplia libertad de información y opinión a través de una inmensa red de  medios de comunicación, e incluso durante 6 años sin tener el control del Congreso Nacional, y con el Poder Judicial en la etapa más independiente de la historia nacional.

La repetición de gobernantes con pluralidad de períodos es de los factores por los que muchos no se atreven a afirmar que éste será el último del doctor Fernández, de cuya formación y herencia política se esperaba un mayor afianzamiento del proceso democrático, y más impulso al desarrollo humano, pero ha reproducido las políticas de siembra de cemento, de cultivo del clientelismo y de la corrupción en que se fundaron  los prolongados regímenes de Trujillo y Balaguer.

El paquetazo busca evitar una explosión

Por Juan Bolívar Díaz

El nuevo paquete impositivo y el aumento de la tarifa energética buscan evitar o por lo menos aplazar la explosión de un modelo económico que se tambalea por los persistentes déficits fiscales y de balanza de pagos, cuando se agota la pista del endeudamiento en que se ha sustentado el crecimiento de los últimos años, lo que hace fundamental rescatar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Incapaces de reducir gastos y malversaciones, los funcionarios han preferido pagar ahora el costo político para evitar un mayor deterioro y hasta una explosión de aquí a las elecciones de 2012, aunque ofenden la población al alegar que buscan invertir más en educación y al culpar al FMI por los tributos.

Gobierno en su laberinto.  El palo se veía venir después de tres años consecutivos con déficits fiscales que han sumado más de 160 mil millones de pesos y de la cuenta corriente de la balanza de pagos proyectado este año otra vez sobre 4 mil millones de dólares, agotándose la pista del endeudamiento en que se ha sustentado la estabilidad y el crecimiento económico de los últimos años.

Ya el Banco Central estimó sobre 16 mil millones de pesos el déficit fiscal en el primer trimestre de este año. Se proyectó en unos 65 mil millones de pesos.

Desde enero el FMI dejó en suspenso el acuerdo de 2009 con el Gobierno dominicano que no pasó las últimas dos revisiones y reclamó una nueva carta de intención con las correspondientes correcciones para reducir el déficit fiscal disparado  por encima de los niveles tolerables.

Mientras se maniobraba para la repostulación del presidente Leonel Fernández se le dio larga al asunto, pero cuando resultó infranqueable el muro constitucional, el Gobierno empezó a poner atención a la crisis. Se reconoció que el subsidio a la electricidad duplicaría los 350 millones de dólares programados para este año, aunque comenzó enero con un incremento tarifario del 11%.

La prueba de que no era ese el único factor perturbador es que la elevación de la tarifa en otro 8% tampoco resulta suficiente para conjurar la crisis. Viene entonces el paquete impositivo que según el Gobierno busca 9 mil 500 millones de pesos adicionales, pero que economistas y opositores políticos estiman muy superior, 25 mil millones de pesos, según el Partido Revolucionario Dominicano.

El mayor gravamen, que por sí solo aportaría alrededor de 8 mil millones de pesos, es el 1% a los activos financieros. Se plantea también elevar los impuestos a los dividendos de las inversiones, a la propiedad inmobiliaria, al telecable, las bancas de apuestas y los juegos telefónicos y de Internet y a los premios y ganancias en cualquier tipo de lotería.

Irritación generalizada.  Tal como se temía la irritación ante el alza tarifaria e impositiva es generalizada, incluyendo opositores y aliados políticos y los más diversos sectores sociales, empresariales, sindicales, y en la opinión pública que cuestionan el nivel y la calidad del gasto de un gobierno que se benefició de 4 reformas tributarias realizadas en el período 2004-07 y de créditos que triplicaron el presupuesto de 89 mil millones de pesos en el 2003 a 267 mil millones en el 2007, año en que tuvo un excedente de recaudaciones de 11 mil millones de pesos. El economista Carlos Despradel estimó que entre el 2004 y 2007 el gasto gubernamental se incrementó en 131%, con una inflación acumulada de 59%, para un crecimiento real del 72%.

Se le cuestiona al Gobierno que nunca ajusta el gasto corriente que crece sin freno hasta en medio de la crisis fiscal (los gastos de personal crecieron en 11.5%  en el primer trimestre según  el economista Nelson Suárez) y los niveles de dispendio y corrupción que han colocado el país como campeón mundial en favoritismo de los funcionarios públicos, en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, que incluye 139 naciones.

También en la posición 138 en “despilfarro en el gasto gubernamental”, y en la 134 en “desvío de los fondos públicos”. Mientras está en el escalón 133 en calidad de la educación.

Ya el Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la nación señaló la racionalización del gasto público y el desarrollo institucional como iniciativa fundamental para el Gobierno recobrar la confianza de la población.

Planteó controles sobre el patrimonio de los funcionarios, eliminación de barrilitos, subsidios y nominillas, así como limitar por ley el número y tamaño de los ministerios, de los viceministros, de las delegaciones diplomáticas y consulares y de las entidades gubernamentales en general. Pero el Presidente ha seguido designando paquetes de embajadores, vicecónsules y subsecretarios.

La anterior reforma tributaria fue acompañada de una ley de austeridad para el año 2007 que buscaba reducir el gasto corriente en 20%, lo que no se cumplió y terminó elevándose en 16%. El 17 de marzo pasado el presidente Fernández anunció un programa de austeridad para enfrentar el alza de los precios del petróleo y los alimentos, que incluía una reducción del 12% en el gasto del gobierno, exceptuando educación y salud, y un ahorro energético de al menos 10%. Su cumplimiento generaría este año más de los 9 mil 500 millones de pesos del paquete.

Un palo acechado.  Hasta la semana pasada los altos funcionarios del Gobierno seguían negando la posibilidad de mayores impuestos y atacaban a los dirigentes perredeístas que los denunciaban como inminentes.

Reconocían que ningún sector social estaba en condiciones de aceptarlo sumisamente. Y esta vez no fue precedido de consulta con los sectores productivos, como ocurrió a finales de 2005 y 2006, de lo que se quejó ahora la presidenta de la Asociación de Industrias, Ligia Bonetti.

Dos factores adicionales han contribuido al rechazo del paquete impositivo: que el Presidente adujera que buscaba “atender el ardoroso clamor social” que reclama mayor inversión en educación, lo que no asoma por ningún lado en el proyecto de ley, y que se pretenda echar la culpa al FMI, sin reconocer el exceso de gasto y ni siquiera volver a prometer combatir el dispendio y la corrupción.

Sólo el dispendio y la malversación, sino la corrupción,  pueden explicar que la cárcel recién inaugurada en Higüey costara 1,200 millones de pesos, cinco veces el valor de una similar construida por la Procuraduría General en Moca, abierta el año pasado, y que un estacionamiento de vehículos en la Universidad Autónoma, saliera por  mil millones de pesos sin tener que comprar el terreno.

Muy pocos están dispuestos a criticar el incremento de impuestos a las bancas de  apuestas, pero sí al resto  considerados inflacionarios cuando ya la inflación se proyecta en dos dígitos para este año. El sector empresarial resistirá por los problemas estructurales y de competitividad que enfrenta, particularmente el industrial, y por los incrementos del costo de la electricidad, de los combustibles y el transporte, del salario y la seguridad social, y por las repercusiones en las tasas de interés bancarias.

Palo si bogas y palo si no bogas.  No han faltado quienes atribuyan el paquete tributario a un supuesto interés en perjudicar a Danilo Medina el virtual candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Sin duda que la sola propuesta y aprobación tendrán costo político cuya dimensión será proporcional a los efectos secundarios de las medidas.

Pero el Gobierno se encontraba en una disyuntiva que en cualquier caso tendría consecuencias de dimensiones impredecibles si mantenía congelado el acuerdo con el FMI, porque el presupuesto de este año se volvería inmanejable y podría desestabilizarse la economía más cerca de las elecciones, con repercusiones catastróficas en términos electorales. El jefe de la misión del FMI, Alejandro Santos dijo el jueves que sin nuevos impuestos es difícil seguir adelante con la implementación del presupuesto de este año, y “se tendría que hacer un ajuste, incluso mayor, lo que empieza a ser bastante preocupante”.

Del acuerdo con el FMI depende que antes de marzo de 2012 se reciban unos mil 200 millones de dólares, equivalentes a unos 45 mil 200 millones de pesos, directamente de ese organismo o en financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial.

Esos créditos forman parte del presupuesto nacional de este año, lo mismo que la colocación de 500 millones de dólares en bonos soberanos, que se dificultaría sin el aval del Fondo Monetario.  El presupuesto de 2011 depende de un financiamiento externo e interno de 96 mil millones de pesos. El de 2010 implicó 120 mil millones.

En término de divisas esos 1,700 millones de dólares pueden ser decisivos para mantener una relativa estabilidad cambiaria (con el peso ya a 38 por dólar), dadas las presiones que tiene la cuenta corriente de la balanza de pagos, con un costo del petróleo y los alimentos que agrava el desequilibrio externo de la economía nacional, que este año generaría un déficit sobre los 4 mil millones de dólares, cercano al de 2008.

Con o sin paquete y más allá de la crisis internacional, el Gobierno es responsable y pagará el costo político del derroche que se inició en la campaña reeleccionista de 2008, con un festival de gastos y subsidios, y que se extendió por las elecciones de 2010, cuando los déficits fiscales batieron récords, pese a que en el 2009 el acuerdo con el FMI aportó dinero para gastar a manos llenas.   El mismo Danilo Medina y algunos de sus voceros congresionales han reconocido el costo político del paquete fiscal, del cual buscarán distanciarse para reducir su impacto, aunque no tanto como para ofender la susceptibilidad del sector hegemónico del Gobierno.