Por Juan Bolívar Díaz

El año 2016 llega con grandes incertidumbres sobre el rumbo de la institucionalidad democrática nacional por el desguañangue en que se encuentra el sistema político, corroído por la corrupción, el clientelismo y el reparto de candidaturas, y por los efectos corrosivos que históricamente han acompañado en el país los proyectos reeleccionistas.

El primer desafío será evitar que el gasto público vuelva a disparar el déficit fiscal como aconteció en las dos últimas elecciones presidenciales lo que haría más perentorio un nuevo parche tributario que asoma para frenar el rumbo de la insostenibilidad fiscal, ya que pocos creen que el pragmatismo político permita una reforma integral.

Un panorama nublado. El año que concluye deja espesas nubes sobre la institucionalidad democrática nacional por el desguañangue en que se encuentran los partidos que han sostenido el sistema político, la profunda crisis del sistema judicial, por la progresiva descomposición social y por los efectos corrosivos que históricamente han acompañado los procesos reeleccionistas en la historia del país.

Aunque la percepción más generalizada es que el presidente Danilo Medina logrará la reelección, la crisis interna por la que atraviesa su partido, y los escándalos de los últimos meses arrojan dudas que solo pueden disipar la persistente debilidad y dispersión de la oposición política que presentará por lo menos cuatro candidatos presidenciales para una competencia enormemente desigual.

Se asume que, además del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llegarán a las urnas los que postulan a Luis Abinader, Guillermo Moreno, Minou Tavárez Mirabal y Pelegrín Castillo. Se cree que otros tres candidatos proclamados, Hatuey De Camps, por el Partido Revolucionario Social Demócrata, Juan Cohén, del Partido Nacional Voluntad Ciudadana y Soraya Aquino, del Partido de Unidad Nacional, terminarán firmando alianzas.

Las dos principales opciones, PLD y PRM, comenzarán el año con dificultades para completar sus boletas congresuales y municipales, el primero aún sin dilucidar los traumas de la muy parcial elección primaria que celebró el 13 de diciembre, y de la que dos semanas después no ha podido concluir, afrontando impugnaciones derivadas de la violencia con muertos y heridos y de acusaciones de alteración de padrones y robos de urnas, que afectan municipios como Santiago, La Vega y Santo Domingo Norte. El PRM con complicaciones en el Distrito Nacional y otras jurisdicciones y sin haber podido explicar los alcances de su reciente pacto con el PRSC, mientras el resto de los partidos tiene dificultades hasta para completar el listado de 4 mil 200 candidatos.

La crisis de la justicia. La circunstancia de que al terminar las fiestas navideñas, el mismo 7 de enero, se celebra con un acto solemne el Día del Poder Judicial, pondrá de nuevo sobre el tapete la crisis que sacude a ese poder del Estado. Ese día en el tradicional discurso el presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, tendrá que responder los cuestionamientos que sacuden a esas dos instancias, la primera involucrada en una banda de traficantes de sentencia y la segunda descalificada nada menos que por el Procurador General de la República, cuando intentaba explicar su decisión de no recurrir en casación el descargo del dirigente peledeísta Félix Bautista del grave expediente de corrupción que había sostenido.

El último agravamiento lo ha constituido una instancia-demanda del juez Rafael Ciprián, degradado por el organismo superior sin explicación ni justificación, en clara violación de la Constitución y de la Ley de Carrera Judicial. Tras haber declarado que la motivación habría sido que no declaró ganadora la plancha del PLD a la presidencia del Colegio de Abogados, ese magistrado plantó pleito en términos radicales, en dos desafiantes comunicados.

Ciprián escribió, entre muchos otros cargos: “ya basta de humillaciones sin nombre y de chantajes del poder. Lucharé hasta el final para que se respeten la independencia y la dignidad del juez dominicano, para que haya verdadera justicia, para que los jueces dicten sentencias conforme al Derecho y no a la orden superior”… y agregó “Sentaremos un precedente contra la arbitrariedad del poder, el abuso y el autoritarismo”.

Problemas del arbitraje. Entre analistas se da consenso en que si la competencia por el poder se cierra, la institucionalidad democrática afrontará mayores dificultades, especialmente por la histórica imposición del reeleccionismo y la cultura del abuso del Estado. Cincuenta mil tarjetas para subsidios sociales se suman en enero a más de dos millones ya en manos de la población más pobre y políticamente manipulable. En la elección congresual y municipal del 2010, en el barrio capitalino de San Carlos la observación electoral de Participación Ciudadana pudo contactar la existencia de centros informáticos que verificaban cuáles beneficiarios de tarjetas no habían votado, y salían a buscarlos.

Con una legislación electoral tan atrasada que ni siquiera han querido adaptarla a los planteamientos de la Constitución promulgada hace seis años y un arbitraje, Junta Central Electoral (JCE) y Tribunal Superior Electoral, bajo control del partido gobernante, la competitividad se reduce substancialmente.

El primer desafío del año para el arbitraje es que la JCE conozca una instancia de su titular Eddy Olivares y abra en enero el período de campaña electoral, como ha hecho en tres de los últimos cuatro comicios nacionales, sin esperar el límite de 90 días, para lo cual está facultada. Eso le permitiría un mayor margen legal para contener los excesos, aunque hay pocas expectativas al respecto.

Los graves excesos en la elección primaria del PLD que solo escogía candidaturas a regidores y unos cuantos diputados y alcaldes, certificados por su presidente Leonel Fernández en artículo en el Listín Diario del pasado lunes, se proyectan ominosamente sobre la elección nacional, sobre todo si ven riesgos de perder parte substancial del poder.

Costo de una larga fiesta. De lo que no hay dudas es que cuando concluya el proceso electoral el 15 de mayo, o el 26 de junio (último domingo del mes, artículo 209-1 de la Constitución) si es necesaria la segunda vuelta para la mayoría absoluta, a la sociedad se le pasará la factura del alto costo de la política. Es imposible estimar con alguna certeza a cuánto asciende una campaña electoral que empezó antes que se juramentara el gobierno electo en el 2012.

Cientos de precandidatos a todos los niveles de elección se han gastado miles de millones de pesos, la mayoría de ellos inútilmente ya que al final no hubo convenciones democráticas. En gran proporción los ha pagado el Estado, sea por sustracción de fondos, en vehículos, combustibles, teléfono, oficinas, en sueldos y nominillas, y por los barrilitos y cofrecitos de los legisladores, casi todos buscando reelegirse.

Del presupuesto nacional saldrán este año para los partidos unos 1,700 millones de pesos, y nadie podrá calcular cuántos miles más costará el proyecto reeleccionista más grande de la historia nacional, ya que esta vez no solo incluye al presidente, sino a todos los senadores, y a más de dos tercios de los diputados y de los alcaldes en ejercicio.

De que el Gobierno piensa gastar mucho en la campaña hay indicadores visibles en el presupuesto aprobado para el 2016. Como ejemplo, la partida de materiales y suministros de la Presidencia, que este año ejecutó 2 mil 500 millones de pesos, está triplicada a casi 8 mil millones de pesos.

Viene otro parche tributario. Los déficits fiscales crónicos del Gobierno dominicano comenzaron precisamente en la campaña reeleccionista del 2008, con cerca de 60 mil millones de pesos, porque los ingresos solo crecieron 5 por ciento, el gasto se disparó en 30 por ciento. En los años de elecciones 2010 y 12 los déficits alcanzaron récord, el último por 156 mil millones de pesos solo en el Gobierno Central. El FMI lo estimó en 8 por ciento del PIB, aunque aquí se redujo al 6 por ciento.

La última reforma tributaria, pues el Gobierno eludió el compromiso de una fiscal integral, fue precisamente para conjurar ese hoyo. Y pese al incremento de los tributos, ha mantenido persistentes déficits por encima de los 70 mil millones de pesos anuales. Participación Ciudadana documentó en su evaluación de fin de año que para el 2016, al déficit presupuestario proyectado de 75 mil 894 millones de pesos, habrá que adicionarle empréstitos por 97 mil 366 millones para amortización de la deuda pública y el costo financiero de la deuda del Banco Central, para un total de unos 230 mil millones de pesos. Una insostenibilidad que volverá a reclamar parches en la resaca electoral, cualquiera que sea el veredicto de las urnas.