La oposición no logra capitalizar el cerco ciudadano al Gobierno

Por Juan Bolívar Díaz
A1

El principal partido de oposición está muy ocupado en una prematura lucha interna por la candidatura presidencial para dentro de casi 3 años, reproduciendo el pasado perredeísta y mostrando incapacidad para sintonizar con las demandas ciudadanas

A falta de encuestas, la percepción más generalizada es que la oposición no ha podido capitalizar el cerco ciudadano al Gobierno, con su principal agrupamiento, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), enfrascado ya en una lucha interna por la candidatura presidencial tres años antes de la próxima elección.

El Gobierno de Danilo Medina parece haber recuperado la iniciativa tras 8 meses a la deriva, con una ofensiva que lanzó a los medios de comunicación a los altos funcionarios al concluir el primer año del período constitucional mientras los líderes de la oposición brillaban por su ausencia.

Una tremenda maquinaria

Llamó la atención que la maquinaria propagandística del gobierno copara en gran proporción los espacios de televisión y radio y hasta de los periódicos, con reproducción en las redes sociales, durante las últimas tres semanas al concluir el primer cuarto del segundo período constitucional del presidente Danilo Medina, que según la Constitución habrá de dar paso a otro dentro de tres años.

De esa forma, los medios fueron inundados de las realizaciones gubernamentales, hasta la exageración de que las “visitas sorpresas” del presidente crearon medio millón de empleos en cinco años, lo que de haber sido cierto habría invertido la migración campo y pequeñas comunidades hacia las concentraciones urbanas. De ahí la afirmación del secretario general del Partido de la Libración Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, de que son “mezquinos, miopes y mediocres” quienes no aprecian que el país tiene otro nuevo redentor.

La táctica gubernamental prefirió hablar del primer año del período y privilegió los cinco acumulados, como forma de evadir el desgaste y el rechazo que acumuló el gobierno de Medina en los últimos meses, virtualmente cercado por las protestas populares que se han expandido en la MarchaVerde.

Con una coordinación centralizada desde el Palacio Nacional, los voceros gubernamentales acapararon los espacios de entrevistas, mientras los opositores guardaron una asombrosa discreción. Medios que quisieron guardar proporción, no encontraron disponibles a los principales personeros opositores como Luis Abinader, Hipólito Mejía, Federico Antún o Guillermo Moreno.

Una oposición entretenida

            De acuerdo con los resultadlos de las pasadas elecciones, el Partido Revolucionario Moderno, (PRM), el Revolucionario Social Cristiano, (PRSC) y Alianza País fueron los que más votos obtuvieron, para sus candidaturas presidenciales, al margen de las alianzas,  tras el triunfante PLD, con proporciones de 27 por ciento, casi 6 y casi 2 por ciento, respectivamente.

De ellos el PRSC ha enfrentado un proceso de división con impugnaciones contenciosas y fallos adversos a su actual dirección, quedando virtualmente fuera del debate, aunque su vicepresidente Guillermo Caram es uno de los más contundentes críticos de la política gubernamental, especialmente en el ámbito económico, que en la primera mitad del año ha acusado indicadores de contracción.

Guillermo Moreno sigue siendo uno de los mejores expositores de la política nacional, tanto en sus presentaciones televisivas como en sus artículos semanales en el periódico Diario libre, pero sufre de períodos de invisibilidad, hasta para los medios que aprecian sus capacidades. Al líder de Alianza país le sobran capacidades y honestidad, pero le faltan ingredientes para convertirte en alternativa, de ahí que con tres candidaturas presidenciales no haya llegado al 2 por ciento de los votos.

            Minou Tavárez Mirabal y Eduardo Estrella son dos líderes también de buen discurso y prestigio por su pulcritud, pero no han podido levantar estructuras  partidarias consistentes.

El PRM reproduce al PRD

            El colmo de la ineficiencia parece ser el PRM que está reproduciendo las prácticas políticas que dividieron y casi desaparecieron al Partido Revolucionario Dominicano, del cual son el último desgajamiento. En mayo cuando faltaban tres años para la próxima elección presidencial ya los dos principales líderes del PRM habían comenzado el activismo grupal tratando de asegurarse la candidatura presidencial. El primero en lanzarse al activismo grupal fue Hipólito Mejía, en mayo, convencido de que perdió de Luis Abinader para los comicios del 2016, “porque no hizo campaña”. O compelido por el desastroso resultado de la elección primaria en abril del 2015, donde el joven y emergente Abinader le venció con votación de 70 a 29 por ciento.

Hace más de un mes que el candidato del 2016 sucumbió también al activismo grupal y en las últimas semanas ambos se mueven por el país como si faltaran meses para la elección primaria. Su prioridad no es terminar de organizar un partido que se constituyó a la carrera entre el 2014 y el 16 para sustituir al PRD en la competencia por el poder, sino posicionar sus seguidores.

El resultado es en primer lugar la distracción, pues el primer objetivo es vencer al compañero de partido, no al contrincante externo, y como la lucha interna es larga, la misma consumirá gran parte de sus recursos económicos y humanos, generando rivalidades que luego resultan insuperables cuando tienen que enfrentarse a la elección nacional.

Violan su propio pacto

            Consciente de que los intereses del partido debían prevalecer sobre los grupales o individuales, Mejía y Abinader firmaron un pacto el 16 de enero pasado, en un comunicado dirigido a “simpatizantes, militantes y dirigentes del PRM” en el que se comprometían “a dedicarse, única y exclusivamente, a ejecutar los trabajos institucionales, absteniéndose de promover candidaturas hasta que lleguemos al momento que para tal efect0o se establece en los propios estatutos, tal como lo reiteró la Resolución de la Dirección Ejecutiva de fecha 21 de junio del 2016”.

El documento, firmado también por Andrés Bautista y Jesús Vásquez, como presidente y secretario general del partido, expresaba la voluntad de dedicarse todos a “trabajar con el mayor espíritu unitario, con esmero y dedicación, para salir airosos de nuestra responsabilidad estatutaria” de celebrar en septiembre la convención nacional que sellaría la organización del PRM en todo el país.

Según los informes recabados, ya el objetivo de septiembre está perdido y hay dudas que lo logren para antes de Navidad, a menos que se produzca un alto en la desenfrenada competencia interna, que los perredeístas consideraban buena “para dinamizar la organización”. En aquel caso podría explicarse siendo un partido con años de consolidado a nivel nacional y aún así generó divisiones insalvables, entre Guzmán y Jorge Blanco, entre este y Majluta, entre Majluta y Peña Gómez y finalmente entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas.

Ls primera etapa de la consolidación del PRM estaba cifrada en la reorganización de todos los municipios, y habría alcanzado a 138, faltando 20. La segunda sería un nuevo registro de militantes, abriendo inscripciones y reinscripciones, etapa que aún no comienza. Para culminar en una convención que elegiría todos los cargos a nivel nacional, provincial, municipal y local, así como los llamados frentes de masas.

Ignoran el clamor nacional

            Aunque gran parte de la dirección y la militancia del PRM ha participado en el movimiento de la Marcha Verde, excepto Hipólito Mejía quien dijo que “no soy hombre de marchas ni de tirar piedras”, parece que no han podido descifrar las razones de la indignación  nacional que se expresa masivamente en las calles.

Cuando inmensas multitudes ponen contra la pared al Gobierno y su partido exigiendo castigo de la corrupción y fin de la impunidad, los perremeistas están preocupados por la candidatura presidencial del 2020. Cuando gran parte de la sociedad lucha por una ley de partidos y otra del régimen electoral que acorte campañas como forma de reducir el costo de la política, del clientelismo y el rentismo, y el abuso de los recursos públicos y del poder, los del PRM adelantan en años su precampaña.

Esas cegueras políticas no fueran tan dañinas ni repugnantes si no estuvieran enfrentados a una maquinaria política que controla y abusa de todos los poderes del Estado, con una experiencia política única y capacidad para comprarlo y dividirlo todo, incluso los partidos de oposición. Y desde las instancias propagandísticas del gobierno no han faltado incentivos para lograr el éxito de que Mejía y Abinader destrocen la mayor opción de poder de la oposición. Entre los opositores no han faltado quienes crean que pudieran ser beneficiarios del apoyo del presidente Medina para contener la posibilidad de un regreso del “Leonel vengativo”, que alude a la forma con que los danilistas le cerraron el paso al expresidente, Quirino incluido, en el 2015-16.

Algo nuevo deberá surgir

La indignación de la Marcha Verde no ha cedido a pesar del empeño gubernamental y sus miles de propagandistas y existe el convencimiento de que en la medida en que persevere y se acerque al 2020, el gobierno y el PLD tendrán que atender siquiera parte de sus reclamos, Y que si no ocurre así, ni hay una estructura partidaria que se comprometa con el sentimiento nacional, para el 2020 podría emerger una alternativa sorpresa, como ha ocurrido en muchos países, últimamente en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá, y antes en América del Sur.

Para ganarse el espacio político abierto por las clases medias y sectores populares cada vez mayores, la oposición partidaria tendría que diferenciarse mucho más del partido gobernante. Por ejemplo, renunciando a barrilitos y cofrecitos  y presentando gestiones municipales y legislativas insospechadas de corrupción y reproducción del clientelismo, el rentismo y el patrimonialismo.

En el PRM hay otro problema serio, que los  intereses personales están por encima dee los colectivos. No se explica que acabaran de reelegir a Alfredo Pacheco como vocero en la camára de Diputados, donde hay excelentes emergentes, estando imputado por el escándalo Odebrecht. Tampoco se entiende que Andrés Bautista, también imputado, no haya puesto su cargo a disposición del partido. Como presidente se supone que no podrá hablar de Odebrecht hasta que no quede despejada la acusación que le afecta. Más aún si él ha sido tomado como rehén político, que es lo que parece, por la debilidad y hasta falsedades de lo que se le imputa.-

La mejor opción para Venezuela

Por Juan Bolívar Díaz
A1

En las actuales perspectivas nacionales e internacionales, la mejor opción que aparece a la vista es una transacción política que implique un reconocimiento del mandato presidencial hasta comienzos del 2019, la restauración de los poderes de la Asamblea Nacional y un calendario electoral con un claro compromiso de respeto a la voluntad democráticamente expresada por el pueblo de Venezuela.

Es evidente que el nivel de confrontación interna dificulta los acuerdos, con un gobierno que persiste en el camino de la imposición dictatorial y sectores de oposición que sólo contemplan el final del régimen. Pero es a las autoridades a quienes corresponde la iniciativa de transacción, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

Maduro y sus partidarios podrán extender la crisis y con suerte llegar hasta el final del actual período constitucional, pero no podrán prolongarse más allá sin hacer pagar a Venezuela un costo incalculable, no sólo en inestabilidad, represión política y ruptura institucional, sino también con un agravamiento de la crisis económica y social que hace tiempo alcanza proporciones insostenibles.

El aislamiento internacional del gobierno venezolano rebasa con mucho los exabruptos de un Donald Trump que acaba de tirarle un balón de oxígeno con su amenaza de invasión militar. Se trata de una fanfarronada absolutamente insostenible en el actual concierto internacional, independientemente de las repercusiones que podría tener en un territorio tan grande y diverso como el venezolano. La América Latina de hoy dista muchísimo de la de 1965, cuando Estados Unidos logró un precario apoyo para convertir su invasión a la República Dominicana en una “Fuerza Interamericana de Paz”.

Pero es obvio que Maduro tiene un cerco político internacional que abarca a casi las dos terceras partes de las naciones del continente, especialmente de las de mayor peso económico, político y poblacional. Al que se suma la Unión Europea, convencidas de que el autoritarismo del chavismo ha derivado en un régimen dictatorial.

De nada sirve no reconocer la realidad venezolana. Maduro carece del liderazgo y el carisma de Chávez, pero sobre todo de los petrodólares que durante más de una década permitieron políticas sociales que se traducían en el amplio respaldo popular que se manifestó repetidas veces en las urnas. En lo externo permitieron al régimen extender su influencia a múltiples países de la región. Pero ahora ya no hay Chávez ni petrodólares.
El resultado es que Nicolás Maduro apenas consiguió la mitad de los votos para ser electo presidente en el 2014, y que la oposición obtuvo dos tercios en los comicios para elegir la Asamblea Nacional al final del 2015.

Como todo parece indicar el deterioro del apoyo popular de Maduro está en ascenso en gran medida estrangulado por la crisis económica, y que el régimen parece empeñado en alejarse de los procedimientos democráticos, tratando de mantenerse a toda costa en el poder. El pueblo que eligió a Maduro fue también el que eligió, en mucho mayor proporción, la Asamblea Legislativa que el ejecutivo ha desconocido.

El mundo democrático tiene que seguir presionando una solución en Venezuela, un pacto de respeto a los procedimientos democráticos, con plenas garantías para todos, por parte del gobierno, que debe aceptar la mediación internacional, Decisiones como la unilateral convocatoria de una asamblea constituyente que sustituye a la Asamblea Legislativa, sólo conducirá a la tragedia. Los dominicanos estamos en el deber de ayudar a restaurar la convivencia democrática en Venezuela, con una posición más activa que la que ha sustentado el gobierno nacional.

Un año a la defensiva política con creciente endeudamiento

Por Juan Bolívar Díaz
Presidente de la República, Danilo Medina.

Presidente de la República, Danilo Medina.

El presidente Danilo Medina agota el primer año de su segundo período de gobierno a la defensiva por el escándalo de Odebrecht que lo salpica,  y sin afrontar los problemas de fondo de la economía, sustentada en un vertiginoso endeudamiento .

            Al agotar el primer cuarto de su segundo período constitucional, el gobierno del presidente Danilo .Medina aparece empeñado en salir de la defensiva en que lo dejaron los escándalos de corrupción, especialmente el devastador de Odebrecht que hizo estallar la indignación de la Marcha Verde.

Su mayor mérito sigue siendo el crecimiento económico, aunque fundado en un insostenible endeudamiento que en el primer semestre de este año alcanzó 12.31 millones de dólares (584.7 millones de pesos) por día, evadiendo el mandato legal y los reclamos de la sociedad por un pacto fiscal, ley de responsabilidad fiscal y reformas políticas.

Quinto año de gobierno

El presidente Danilo Medina llega el miércoles 16 a su quinto año de gobierno y primero del segundo cuatrienio tratando de salir de la trinchera defensiva en que quedó sumido desde el fin del 2016 por el escándalo de Odebrecht y otros que han sacudido la conciencia ciudadana durante mucho tiempo adormecida frente a ese fenómeno.

En los últimos días los altos funcionarios del gobierno fueron enviados a los programas de televisión y los periódicos a pregonar sus logros y el mismo mandatario ha roto su silencio para defenderse en discursos improvisados en Santo Domingo, Santiago y San Juan de la Maguana. Medina también ha incrementado sus viajes por el país, cada vez menos sorpresivos y más reiterativos en ofertas de pequeños financiamientos y en inauguración de escuelas, convertidas en su mayor realización gracias al acatamiento de la ley de 1997 que dispone el 4 por ciento del PIB para educación.

Impactado por una intensa lucha por el predominio partidario con el expresidente de la nación y presidente del PLD, Leonel Fernández, Medina no ha podido concertar una acción eficaz con su partido para evadir el cerco de la marcha verde, en especial en el plano judicial, donde una instancia que imputa a 14 personas no parece sostenible ni siquiera en la propia familia gobernante, lesionada en algunos miembros relevantes.

El PLD: amagar y no dar

            Por más que se haya pretendido simular, el poderosos Comité Político del PLD, único de sus organismos que se mantiene vigente, no ha logrado concertar acciones para defenderse de la avalancha originada por las confesiones de sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos electorales de la constructora brasileña, y ni siquiera ha podido emitir un pronunciamiento formal a ocho meses del estallido en vísperas de la Navidad del 2016.

La imputación por supuestos sobornos de tres de los propios miembros del Comité Político, considerada selectiva hasta en los predios peledeístas, ha contribuido a la inacción, aunque voceros como el secretario general Reinaldo Pared Pérez y el ministro de Interior y Policía Carlos Amarante Baret han amenazado con sacar los peledeístas a las calles a defender su gobierno, pero esa tarea ha quedado limitada a los altos funcionarios.

El hecho de haber imputado a dos de los que aspiraban a la candidatura presidencial del PLD para el 2020, Temístocles Montás y Radhamés Segura, amplió la disensión interna más allá del grupo del expresidente Fernández, donde hay quienes entienden que es a Medina a quien le toca defenderse de lo que pudiera ser tan dañino como fueron para Leonel Fernández las revelaciones del enorme déficit fiscal tras concluir su gobierno   en 2012, y peor aún las pagadas declamaciones del narcotraficante Quirino Paulino en 2015.

No han parado la marcha

            Las  capacidades políticas de los peledeistas no han sido suficientes para detener el ascenso de la Marcha Verde, que todavía se expande por todo el país, a la vista de la muestra del pasado fin de semana en Nagua. Fracasaron en atribuir el movimiento cívico a los partidos de oposición, a grupos empresariales pretendidamente disgustados o al patrocinio extranjero, tanto como en las expectativas de que fuera efímera.

Cuando a finales de mayo la Procuraduría General presentó la instancia de impugnaciones, la maquinaria propagandística gubernamental pretendió dar por cerrado el escándalo, pero la insustancialidad del documento lo diluyó rápidamente, aumentando la indignación, sobre todo cuando quedó evidente que el 75 por ciento del financiamiento de Odebrecht llegó en el gobierno de Medina, dejando fuera del expediente a los danilistas.

            También resultaron contraproducentes el informe de la comisión presidencial sobre la contratación de las plantas de carbón de Punta Catalina, manchada desde su origen por  conflictos de intereses y el acuerdo de la Procuraduría con la Odebrecht, en tanto han evadido exigir a la empresa que entregue la información detallada a que se comprometió a cambio de la impunidad. Haber ignorado las sobrevaluaciones de obras y el financiamiento electoral que salpica al gobierno de Medina, ha contribuido a mantener la indignación.

Es demasiada corrupción

            Si bien fueron las revelaciones de Odebrecht lo que detonó la crisis del gobierno de Medina apenas comenzaba su segundo período, una cadena de escándalos han contribuido  a erosionar su credibilidad y apoyo, incluso algunos heredados de su predecesor, como el de sobornos en la compra de los aviones Tucano por 92 millones de dólares.

Pero a ello se adicionó el de la OISOE, estallado con el suicidio allí de un contratista bajo extorsión mafiosa que develó medio centenar de expedientes presentados por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Igual la venta a precio vil a una empresa del barrio Los Tres Brazos y el tráfico de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar que generó el asesinato de dos comentaristas radiofónicos en San Pedro de Macorís y el “suicidio” de un desesperado comprador que se sintió estafado.

A pesar de algunos esfuerzos, el país no ha logrado mejorar su posicionamiento en las evaluaciones internacionales referente a las instituciones y la corrupción. El índice de competitividad del Foro Económico Mundial 2016-17 lo mantiene en el escalón 123 en el pilar de institucionalidad, en el 133 en desvío de los fondos públicos y en confiabilidad de la policía, 132 en políticas antimonopolios, 128 en favoritismo de los funcionarios, y 111 en despilfarro del gasto gubernamental. Eso entre 139 países evaluados.

Algunos esfuerzos fallidos

Aunque el gobierno iniciado hace cinco años ha realizado esfuerzos por mejorar la administración pública y controlar el dispendio, parece que se esfumaron. Fracasaron la mayoría de las comisiones de veeduría auspiciadas y el dispendio ha reflotado en términos escandalosos, como las recientes revelaciones de que el expresidente de la Cámara de Diputados Abel Martínez gastó en 6 años más de 7 mil millones 380 millones de pesos en ayudas sociales clientelares, donaciones y publicidad política.

Se acredita al ministro de educación Andrés Navarro la depuración de casi 4 mil personas que cobraban como maestros, lo que debería extender a la nómina de empleados administrativos, que creció 78 por ciento, con 33 mil 307 designaciones tras la aplicación del 4% del PIB para educación, lo que Educa denunció hace un año  como insostenible. El mismo Navarro había limpiado la nómina de Relaciones Exteriores cancelando más de 900 botellas, pero su sucesor Miguel Vargas Maldonado ha recién designado 45 asesores con sueldos promedio de 122 mil pesos, incluyendo a nueve que aspiraron a diputados.

Estabilidad por endeudamiento

El gobierno de Danilo Medina llega a su quinto año con el mérito de haber mantenido la estabilidad macroeconómica con alto crecimiento, sobre 6 por ciento el año pasado, aunque en la primera mitad del 2017, se ha reducido al 4 por ciento, con indicadores preocupantes que obligaron a una reducción de tasas de intereses y del encaje legal para incentivar financiamiento productivo por 20 mil 423 millones de pesos.

En sus primeros meses, el régimen intentó acatar el mandato de  la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que dispone el pacto fiscal, pero lo desechó ante los reclamos sociales de ajuste del gasto, reducción del dispendio y de la malversación. Luego  ha persistido en desestimarlo, lo mismo que la reclamada ley de responsabilidad fiscal.

Pese a las advertencias ha seguido sustentando el crecimiento en el endeudamiento, que del 2013 al 15 creció en US$791.8 millones por año, pero en el 2016 se disparó a US$3,459.67 millones, equivalentes a US$9.61 millones por día, 456 millones de pesos, según el informe de Crédito Público de abril pasado. Pero ya en el primer semestre del 2017 la deuda del sector público no financiero creció en US$2, 215.5 millones, igual a 369.2 millones mensuales, US$12.31 millones diarios, equivalentes a 584 millones de pesos cada 24 horas. La deuda representa ya el 52 por ciento del PIB y 41 por ciento de las recaudaciones.

Sobran razones para cuestionar si eso es sostenible a mediano plazo en una economía que no aumenta sus exportaciones, duplicadas por las importaciones.

——————————————————————————————————–

Fuente: Dirección General de Crédito Público. Elaboración cortesía de José Rijo Presbot

Una histórica deuda dominicana

A1

Por Juan Bolívar Díaz

En Chile, allá en el lejano sur del mundo, nos acaban de dar una lección cuando el Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, presentó formal acusación judicial contra 12 ex miembros de la Armada, por el secuestro y desaparición del estudiante dominicano Juan Andrés Blanco Castillo, hecho ocurrido hace nada menos que 44 años, días después del golpe de Estado que cobró la vida del presidente Salvador Allende y de miles de chilenos, iniciando una tiranía militar que se extendió por 17 años.

El dictamen del 1 de agosto en curso, es ejemplar y relevante por múltiples causas, entre ellas porque muestra la fortaleza profesional de la justicia chilena que más de cuatro décadas después ha encontrado responsables de un grave acto delictivo, sin detenerse en la jerarquía de un vicealmirante y un contralmirante, oficiales y subalternos, aunque la víctima no tenía ni tiene relevancia en ese país, aunque hubo una querella presentada por el abogado Nelson Morales Chávez, a nombre del Estado dominicano.

El joven Blanco Castillo era hijo del reconocido abogado dominicano Andrés Blanco Fernández, uno de los fundadores del Partido de la Liberación Dominicana, que había estudiado en la entonces Unión Soviética y retornó al país en 1973, pero se le impidió el ingreso, yendo a parar al Chile de Allende, entonces meca de perseguidos políticos.

En la capital chilena le sorprendió el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Cuando fue levantado parcialmente el estado de sitio impuesto, el joven Blanco incurrió en la imprudencia de irse para Valparaíso, desatendiendo los consejos de otros estudiantes dominicanos, como Isis Duarte, Gustavo González y Melba Barnett, así como de la exiliada Elsa Peña Nadal, últimos compatriotas que lo vieron el mismo día. La investigación estableció que fue detenido por una patrulla de la base aeronaval de El Belloto, a cargo del teniente Jorge Ginouves Contreras, en Villa Alemana, cerca de la estación de trenes, y entregado al personal de inteligencia de la misma.

Después lo llevaron al cuartel de policía de investigaciones de Quilpué donde es recluido en calabozos subterráneos y “sometido a interrogatorios y apremios ilegítimos”. El expediente consigna “numerosos testimonios respecto a su detrimento físico” y que fue sacado del recinto en dirección desconocida. Seis meses después fue encontrado un cadáver de sexo masculino en la localidad de Colliguay, que por su vestimenta y características se presume que fuera el del dominicano. Los restos fueron destinados a una tosa común en el cementerio de Quilpué, pero no han podido ser ubicados.

La lección es relevante para la sociedad dominicana que carga una elevada deuda histórica desde el exterminio indígena a nuestros días, con múltiples genocidios, asesinatos y desapariciones que han quedado en la impunidad, siempre bajo el argumento de no remover las heridas del pasado.

Cuando para el quinto centenario del descubrimiento la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, que sesionaba aquí, decidió realizar un acto de desagravio y petición de perdón por el exterminio indígena, el arzobispo López Rodríguez se negó a asistir alegando que no había nada por lo que se debiera pedir perdón.

Nos impusieron como patrona la virgen de los conquistadores, y nadie ha pagado jamás por los fusilamientos de los fundadores, cuyos restos fueron juntados con los de sus verdugos. En la impunidad quedaron los miles de asesinatos de la tiranía trujillista, el fusilamiento de los héroes del 30 de Mayo, de Manolo Tavárez y compañeros insurrectos ante el golpe de Estado. y el asesinato del último héroe nacional Francisco Caamaño, de los periodistas Gregorio García Castro y Orlando Martínez, y de la desaparición del profesor Narciso González.

En 1962 hubo un juicio histórico que condenó a los ejecutores del alevoso asesinato de las Hermanas Mirabal y su chofer Rufino de la Cruz, pero tres años después fueron liberados clandestinamente de la prisión tras estallar la revolución de 1965.

Gratitud a la justicia chilena por esta lección de la investigación de la desaparición del estudiante Blanco Castillo, que esperamos concluya en condena de los imputados.

Deuda con la niñez dominicana

A1Por Juan Bolívar Díaz

            Las penalidades de la crisis política e institucional originada en las revelaciones del escándalo Odebrecht, que aún no cesan a más de siete meses de su estallido,  no deben impedir que se ponga atención al Informe sobre la Niñez en el Mundo del 2017 publicado la semana pasada por la reconocida organización internacional Save the Children, dadas las fuertes implicaciones que contiene para la sociedad dominicana.

Save the Children es una prestigiosa organización no gubernamental fundada en Londres en 1919, hace casi un siglo, para ayudar a la niñez víctima de la Primera Guerra Mundial, extendida ahora a 120 países. Tuvo el mérito de elaborar en 1924 la primera declaración sobre los derechos de la niñez, precursora de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada 65 años después por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El informe de este año bajo el título “En deuda con la niñez”, revela que  por lo menos 700 millones de niños, la décima parte de la población mundial, han dejado de disfrutar de su niñez demasiado temprano, debido a diversas causas, como enfermedades, conflictos, violencia extrema, matrimonio prematuro, maternidad precoz, malnutrición, exclusión de la educación y el trabajo infantil.

Constriñe el espíritu saber que 8 millones de niños y niñas mueren al año por esas causas, tres cuartas partes antes de los 5 años de edad, y que más de 75 mil fueron asesinados tan sólo en el 2015, mientras el mundo gastaba 1,750,000 millones de dólares en armamento, la tercera parte sólo por la superpotencia dominante, y que hasta en los países pobres crece la inversión en armamentismo.

Para los dominicanos debe ser profundamente doloroso que esta nación aparezca en el escalón 120 de 172 evaluadas en el informe sobre las condiciones de la niñez, y entre las seis  peores del continente americano, apenas por encima de Haití, Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala, curiosamente todas de la región centroamericana y de esta isla.

Entre los peores indicadores hay dos que debieron ser superados con campañas educativas que no requieren alta inversión económica, como son el matrimonio infantil y el embarazo de adolescentes. El 27.5 por ciento de las niñas contraen matrimonio o tienen pareja antes de los 19 años, casi 5 por ciento por encima de la tasa regional promedio. Y lideramos el continente, junto con Haití, en natalidad de adolescentes, con 97.3 por cada mil niñas de entre 15 y 19 años.

Más complejas de superar son las rémoras de nuestras altas tasas de muerte y trabajo infantil. Todavía registramos 30.9 muertes antes de los cinco años por cada mil nacidos vivos, y 13 por ciento de nuestros niños, más de 300 mil, tienen que trabajar para subsistir, aún con 15 por ciento que no asisten a la escuela, la mitad cuando llegan a la educación secundaria. Y todavía hay más vergüenza, pues figuramos entre los 10 países del continente con las más altas tasas de homicidios infantiles.

No existe la menor justificación para estos datos vergonzosos en un país que según las estadísticas oficiales lleva 6 décadas de crecimiento económico, en los últimos años entre los más altos del continente, con una “modernización” que para algunos remite al Nueva York chiquito o al Miami o el Mónaco caribeño.

Sólo la mayor inequidad y la concentración de la riqueza, la corrupción y la malversación pueden explicar esas iniquidades que deberían obligar a una profunda revisión. Eso seguirá ocurriendo mientras cualquier político  o funcionario pueda disponer de los bienes públicos a su antojo y conveniencia sin la menor consecuencia. Como acaba de documentar el periodista santiagués Esteban Rosario, al dar cuenta de que el presidente de la Cámara de Diputados en el periodo 2010-16, Abel Martínez, gastó 7  mil 380 millones de pesos en donaciones sociales, bonos navideños y publicidad. Con esa suma se habrían hecho dos proyectos habitacionales modelos como La Nueva Barquita.-

           

Abaratar el alto costo de la política y promover equidad y democracia

 
A1Los líderes políticos, sobre todos los gobernantes, siguen bailoteando las reformas electorales, cuyos objetivos fundamentales hace un cuarto de siglo  que fueron identificados, y hasta objeto de repetidos consensos e introducciones al Congreso    

Por Juan Bolívar Díaz

A pesar de múltiples esfuerzos una comisión bicameral, que parece bien empeñada, fracasó en su propósito de aprobar el proyecto de Ley de Partidos antes que concluyera la primera legislatura del 2017, lo que mantiene incertidumbres sobre el del Régimen Electoral, mucho más extenso y conflictivo.

Las cúpulas partidarias, especialmente la gobernante, siguen evadiendo las reformas del sistema político y electoral, aún con la presión de la indignación popular que demanda el fin de la corrupción y la impunidad, para lo cual será necesaria una profunda reforma política e institucional.

Se quedó la Ley de Partidos

De nuevo concluyó una legislatura sin que se aprobara el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, y ya nadie sabe cuántas han pasado desde la primera vez que fue sometido al Congreso en el 2001, aunque esta vez contó con el apoyo diligente del presidente de la comisión bicameral que busca consensuarlo, el senador Arístides Victoria.

La comisión, integrada por representantes de los diversos bloques partidarios, se había propuesto aprobar el proyecto de Ley de Partidos en la legislatura que concluyó el 26 de julio. Después de haber logrado consenso en 74 de los 77 artículos del proyecto, quedaron empantanados en los referentes a las elecciones primarias, el tope de financiamiento y gastos y la participación de la mujer en las candidaturas y los cargos directivos de los partidos.

Para no dejar dudas sobre dónde radican los obstáculos, aún después de concluida la legislatura, los comisionados se han dedicado a visitar a los líderes de los partidos buscando que bajen instrucciones, diligencia que ya hicieron con el gobernante PLD, con el Reformista Social Cristiano y con el bloque de partidos emergentes Tienen pendiente ser recibidos por el presidente Danilo Medina, el PRM y al PRD.

Primarias simultáneas o no

Uno de los desacuerdos más pregonados durante años ha sido en torno a si las elecciones primarias, para escoger candidatos, se realizan simultáneamente y con el padrón nacional de la Junta Central Electoral (JCE) o con el padrón partidario y en la fecha que escoja  cada   partido. Hay quienes creen que ese  desacuerdo oculta la renuncia de las cúpulas a establecer un orden democrático que reduciría su poder casi omnímodo.

La diferencia podría haber sido salvada dejando a opción de cada partido el sistema a adoptar, con la condición de que si es con el padrón propio, éste tenga que ser depositado ante  la JCE siquiera con 3 meses de anticipación. Según adelantó Victoria, la mayoría de los partidos prefieren la elección primaria simultánea, con el padrón de la JCE y que esta cargue con la organización y procesamiento de las votaciones, lo que pudiera en devenir en fuente de conflictos, pues tendrían que escrutar al mismo tiempo los votos recibidos por miles de precandidatos a los cargos, que en la municipal serán unos 3,800 por partido.

Más  renuencia parece haber sobre el establecimiento de topes de gastos por candidaturas, como mecanismo para reducir el poder del dinero, a menudo de origen corrupto estatal o de lavado privado, en las posibilidades de elección.

La demanda de legisladoras porque se imponga la paridad de género en las candidaturas y la dirección de los partidos es la otra fuente de discordia. Parece exagerada si se tiene en cuenta que nunca se ha cumplido a cabalidad la cuota de candidaturas de la mujer, ni cuando era del 25 por ciento y menos al subirse al 33 por ciento. La transacción podría ser elevarla  al 40 por ciento, promoviendo la equidad sin imponer una igualdad que no existe en la actividad política,. y extendiéndola por primera vez a los cargos directivos.

Del Régimen Electoral     

            Más difícil será el abordaje del proyecto de ley del Régimen Electoral, más extenso y conflictivo, pues ya no se trataría de regular los procesos electorales de dirigentes y candidatos, y garantizar la democracia interna, la transparencia y la rendición de cuentas de los partidos, sino la competencia por el poder del Estado.

El proyecto de la JCE para la Ley de Partidos recoge gran parte de las demandas que han sido objeto de numerosos consensos desde el patrocinado por la Fundación Siglo 21 en 1992-93, y aún así lleva unos 17 años dando vuelta en el Congreso. El del Régimen Electoral presentado por el mismo organismo, data del 2011 y es más limitado, por lo cual ha recibido múltiples adiciones de los partidos y de las instituciones de la sociedad civil interesadas en la materia, como Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia y otras.

Este segundo proyecto, que sería abordado por la comisión bicameral cuando alcance consenso sobre el primero, implicará una mayor voluntad del liderazgo político por privilegiar el interés nacional, sobre el partidario, siendo mayor el desafío para el PLD que ahora controla casi todo el poder estatal, como nunca antes en la todavía incipiente democracia nacional. El PRD tuvo mayoría relativa en la Cámara de Diputados y absoluta en el Senado en el período 1998-06, pero no hizo esfuerzos suficientes por la ley de Partidos y menos para las reformas político-electorales integrales.

Con la presión adicional de la Marcha Verde todo el sistema político está desafiado a reformas que contribuyan a cerrar el camino de la corrupción y la impunidad, que comienza en las campañas electorales e incluye el rentismo empresarial y el clientelismo popular, los abusos de los poderes del Estado y la utilización de dinero proveniente del Estado y del lavado de activos, incluyendo el narcotráfico.

Bajar el costo a la política

            El primer objetivo de la ley del Régimen Electoral debería ser la rebaja del altísimo costo de la política en el país, que debe comenzar con la estricta reducción de las campañas internas y generales a no más de tres meses, con sanciones al que se adelante a realizar actividades de propaganda o abierta promoción de candidaturas, topes de gastos para los partidos, precandidatos o candidatos, con límites y transparencia de los aportes privados y estricta rendición de cuentas, especialmente del financiamiento estatal. Incluye también restringir las campañas a la jurisdicción de la candidatura, nacional, provincial o municipal.

Otro renglón fundamental es la restricción al abuso de los poderes del Estado, comenzando por prohibir absolutamente los desbordamientos del gasto público y el incremento del gasto social en los años de elecciones, así como de la nómina estatal, incluyendo las contrataciones temporales, y de la publicidad estatal, que siempre debe limitarse a lo institucional, educativo y legal. Se agrega la prohibición de inauguraciones y anuncios de nuevas obras en el período de campaña electoral, y la licencia automática de todo funcionario del Estado que se convierta en candidato o responsable de campañas electorales.

Al bajar el costo de la política se promueve la equidad entre los partidos con grandes recursos y los emergentes, y se facilita que  personas honorables, sin patrocinios de la corrupción estatal, del rentismo empresarial o el lavado de activos, puedan competir por los cargos electivos, saneando la actividad política y la gestión pública.

Reafirmar la democracia

            La reforma que se ha reclamado durante un cuarto de siglo es para reafirmar la institucionalidad democrática, que comienza por la elección de las autoridades y los representantes, garantizando que se pueda votar separados por diputados y senador y por regidores y alcalde. Implica más equitativa distribución del financiamiento estatal, y sanción de los delitos electorales, como la compra de votos, el despojo o alquiler de cédulas, y la coerción a los empleados estatales y a los ciudadanos más vulnerables.

Conlleva también la profesionalización de los órganos de gerencia y arbitraje electoral, creando mecanismos para control del financiamiento y persecución de los delitos electorales, con sanciones suficientemente disuasorias como cancelación de candidaturas o congelación del financiamiento público.

La JCE debe ser convertida en un real organismo colegiado, que no sea exclusivo de los abogados, puesto que ya no es un tribunal, y de concertación con los partidos que compiten. Y el Tribunal Superior Electoral debería ser un órgano adscrito a la carrera judicial, sin reparto ni apropiación partidista.-

———————————————————————————————————

Principales objetivos de las reformas electorales

*Abaratar el costo de la política dominicana

* Reducir los altos niveles de rentismo y clientelismo

* Transparentar el financiamiento y obligar a rendir cuentas

* Rescatar el sistema político de la descomposición

* Controlar los abusos del poder y los recursos estatales

* Garantizar la democracia interna en los partidos

* Sistematizar la equidad entre los partidos y candidatos

* Promover equidad de género en la dirección y las candidaturas

* Ampliar el derecho ciudadano a elegir diputados y regidores sin arrastre

* Garantizar independencia de la gerencia y el arbitraje electoral

* Prevenir los delitos electorales y sancionarlos con fuerza disuasoria

* Ampliar la representación de las minorías en los comicios

* Dotar a la JCE de instrumentos eficaces para fiscalizar los partidos

* Viabilizar la participación social en la fiscalización de los partidos

* Mayor equidad en la distribución del financiamiento estatal

Los nuevos desafíos de la Marcha Verde tras su indiscutible éxito

Marcha Verde, Santo Domingo. 16-07-17. // Fuente Externa.

Los mayores desafíos de la marea verde son mantener las características y objetivos que le han permitido impactar en la conciencia social, sin sobreestimarse ni caer en el aventurerismo, ampliar su base popular y exigir reformas políticas e institucionales

 Por Juan Bolívar Díaz

            Aunque el Gobierno ha pretendido ignorarla, la Marcha Verde lo ha sumido, con todo y partido, en una crisis de credibilidad, que lo ha dejado a la defensiva, apostando a que el tiempo diluya el mayor movimiento sociopolítico de la historia nacional o a que su plural liderazgo cometa errores que le resten potencialidad.

Después de la masiva marcha del día 16, el movimiento social necesitará mayores  niveles de formalidad sin afectar características como la diversidad, con mayores esfuerzos para ampliar su base popular sin caer en el aventurerismo, reafirmando sus objetivos fundamentales  y avanzando en el reclamo de transformaciones políticas e institucionales.

Una sorpresa consolidada

Después de la marcha de hace dos semanas, con participación de decenas de miles de personas, nadie discute el extraordinario y consolidado éxito de la Marcha Verde (MV) que ha impactado la conciencia social dominicana, sacudiendo años de adormecimiento frente a la abrumadora corrupción política e impunidad diagnosticada en los últimos años en los mayores niveles mundiales por instituciones como el Foro Económico Mundial y Transparencia Internacional y en las encuestas e investigaciones nacionales.

El hartazgo de la sociedad con la malversación de los fondos públicos, y niveles inaceptables de clientelismo y rentismo que han consumido los mecanismos democráticos del sistema político, es la explicación del éxito de un movimiento sin un liderazgo centralizado, de tan diverso espectro socio político, que se consolida aún dentro de un marco de estabilidad macroeconómica.

Entre analistas hay consenso de que la MV es la mayor expresión de ciudadanía en la historia nacional, sin banderas partidistas, sin tirar una piedra o quemar una goma, sin dádivas ni promesas de cargos y repartos, con una movilización espontánea  que ha dado nuevo protagonismo a las clases medias. Con apoyo significativo en los medios de comunicación y uso intensivo de las nuevas tecnologías comunicativas, incorporando y reanimando a una enorme masa de jóvenes, adultos y hasta ancianos.

Sacudimiento político

            Al potenciarse en las dimensiones sin precedentes del escándalo de corrupción protagonizado por la empresa Odebrecht y en las denuncias internacionales, la MV ha producido un sacudimiento político, dejando a la defensiva al gobierno del presidente Danilo Medina cuando apenas comenzaba segundo período gubernamental. También ha desestabilizado a su Partido de la Liberación Dominicana, cuyos máximos organismos no han podido liberarse del estigma de la corrupción ni formular efectivos planteamientos de defensa, socavados por intensas luchas en aras del predominio grupal.

La incredulidad general afecta las gestiones de un Ministerio Público que ha evadido la investigación local de los sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos electorales de Odebrecht, y elaboró una instancia de imputaciones saturada de inconsistencias que ha tenido fuertes repercusiones al interior del partido gobernante por la selectividad de los imputados. Con el extremo de no reclamar a la empresa que entregue toda la información que comprometió en el pacto de impunidad con la Procuraduría General hace tres meses.

El presidente Medina respondió el miércoles durante media hora los reclamos de un sacerdote de Santiago sobre su política de gastos, pero ha persistido en guardar silencio ante los cientos de miles que durante 6 meses han marchado en todas las regiones del país exigiéndole acciones concretas contra la corrupción y para poner fin a la impunidad. Su estrategia sigue siendo dejar que el tiempo diluya la indignación social, con una táctica de ataques verbales de su enorme, pero ahora ineficiente  aparato propagandístico.

Lucha de largo aliento

En el muy diverso liderazgo de la MV se expresa conciencia de que para alcanzar los objetivos de sanciones de la corrupción y poner fin a la impunidad se requerirá mantener la presión por mucho tiempo más. Están discutiendo las acciones que pondrán en práctica tras las movilizaciones masivas, entre ellas una consulta nacional, además de una asamblea de más del centenar de organizaciones y grupos sociales que la conforman.

En lo inmediato proseguirán las marchas a nivel provincial y barrial y contemplan pequeñas acciones para mantener la mística y ampliar la participación popular que viene en crecimiento desde las marchas de Azua, San Pedro de Macorís y en la nacional de Santo Domingo. Las primeras fueron una expresión dominante de las clases medias.

También existe la preocupación de dar una estructura mínima más definida al movimiento, tanto a nivel nacional como local, pero sin afectar su amplia horizontalidad y diversidad. La administración de esa pluralidad y el consenso han descansado en la experiencia de los activistas y entidades que llevaron luchas exitosas como la del 4 por ciento del PIB para la educación  y la preservación de Los Haitíses y Loma Miranda.

La MV ha comenzado por exigir al Procurador General que reclame a Odebrecht el cumplimiento del acuerdo de impunidad o le ponga fin. Insistiría en su planteamiento inicial de una investigación independiente de los sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos electorales. Incluirían el reclamo a la Procuraduría de que investigue la denuncia sobre las transferencias de 4.4 millones de dólares de Odebrecht a la empresa CineArt 2013 creada en Santo Domingo por los hijos de Joao Santana y Mónica Moura.

Mantener la ponderación

Una clave fundamental de supervivencia para la MV es mantener la ponderación en cada acción, evadiendo proponer metas inalcanzables que dejan frustraciones, sin sobreestimar sus fuerzas ni subestimar las del gobierno, evadiendo el aventurerismo que caracterizó en el pasado a grupos de izquierda y el sobre entusiasmo de nuevos actores sin experiencia en las luchas políticas y sociales.

No faltan quienes se inclinan al maniqueísmo puritano y al rechazo de los partidos y grupos políticos, varios de los cuales han contribuido al éxito del movimiento, incluyendo al principal de la oposición, el Revolucionario Moderno, a Alianza País, Opción Democrática, Alianza por la Democracia, Dominicanos por el Cambio, Partido Revolucionario Social Demócrata, Partido Comunista del Trabajo, Patria para Todos y persistentes agrupamientos de la vieja izquierda. Además de  segmentos del Partido Reformista Social Cristiano y hasta de la Fuerza Nacional Progresista.

Esa enorme diversidad conforma un abanico ideológico difícil de sostener sin metas generales unificadoras como la lucha contra la corrupción y la impunidad. Por eso mismo la mayoría de sus líderes rechazan la posibilidad de transformar  el movimiento en una opción partidaria, que por ahora disolvería la MV, y que sólo pudiera tener alguna viabilidad al acercarse la próxima contienda electoral, a más de dos años y medio, si para entonces los actuales partidos han sido incapaces de asumir los retos ciudadanos, incluyendo conformar  una coalición con metas específicas contra la corrupción y la impunidad y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, con relevante participación social.

Con poder constituyente

Si la estrategia del gobierno es dejar que el tiempo y la diversidad reduzcan la Marcha Verde, la de esta podría ser evitar a toda costa su desgarramiento y seguir acumulando poder prosiguiendo la importante gestación de nuevos líderes sociales por todo el país, relevantemente en las clases medias y sectores empresariales, con capacidad para presionar cambios en el liderazgo político.

Si el PLD y su Gobierno no responden las demandas, y parece difícil que puedan hacerlo, aunque no faltan en su seno quienes crean que deben plantearse algunas transformaciones, la MV tendría que mantener la presión y obligar respuestas de la oposición política, incluso cosechando un poder constituyente que transforme la acción partidista y rescate valores democráticos, institucionales y socioeconómicos.

La esencia y consistencia de la marcha no le permite competir con los partidos sin reducirse, y por su diversidad tampoco podría adoptar un programa de amplios objetivos, pero sí ampliar su discurso a todo lo que se relaciones con la corrupción y la impunidad, relevantemente las reformas del sistema político, desde la ley de partidos hasta la del régimen electoral, bajo la convicción de que hay que abaratar el costo de la política para reducir la corrupción y rescatar mecanismos institucionales que proscriban la impunidad.

Tanto los líderes sociales como los políticos que marchan tienen que reconocerse mutuamente si quieren traducir el movimiento en poder constituyente, sin pretender una revolución, pero espantando todos los repartos clientelares y rentistas, los barrilitos y cofrecitos, la malversación, el derroche y la improvisación oportunista. Como concluyó esta semana el artículo “Marcha Verde y Liderazgo”, del excelente activista social Domingo Matías, “un movimiento social se crea para ganar poder social, transformarlo en poder político y no en un partido político”.  Los partidos sobran en el país, en todo el espectro.-

Para salvar el Plan de Regularización

Por Juan Bolívar Díaz

A1
Tal como advertíamos en el análisis del pasado sábado en HOY, el Consejo Nacional de Migración reunido este martes no tuvo más opción que prolongar por otro año la vigencia de los 230,065 permisos provisionales de trabajo en el país, lo que constituye el tercer esfuerzo por salvar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) dispuesto por el Decreto 327-13 del presidente Danilo Medina, en retardado acato de la Ley General de Migración 285-04 promulgada 9 años antes por el presidente Hipólito Mejía.

La resolución fue adoptada por este Consejo de Migración del que forman parte 8 ministros y otros tantos funcionarios del Estado, quienes han encargado a la Dirección de Migración que en un plazo de 30 días presente un protocolo para tratar de lograr que quienes no han podido completar los requerimientos del PNRE alcancen la meta y declarar la caducidad de los permisos a quienes no lo puedan hacer en un año.

En el citado análisis también advertimos que sin atacar los escollos que impiden completar la regularización, el Estado seguirá indefinidamente “de renovación a renovación”, a menos que considere que con 8 o 10 mil es suficiente para las labores productivas y de servicios que realizan los inmigrantes, particularmente ese 97.7 por ciento que son haitianos, casi todos muy pobres.

Si ya en el 2012 el país cargaba con 485 mil inmigrantes haitianos, seguramente  más de 550 mil tres años después, y con más razón si fueren uno o dos millones, como reiteran los radicales, lograr una regularización de 230 mil sería un gran éxito, porque separando la paja del trigo, haría más fácil la tarea de deportar los excedentes que no porten el carnet de regularizados.

Lo primero que no sólo el Consejo Nacional de Migración, sino todo el gobierno y la sociedad dominicana debería decidir, es si necesitamos o no los inmigrantes haitianos y en qué cuantía, y establecerle requisitos que esa proporción pueda cumplir, y si no los necesitamos, si estamos en capacidad de pagar el costo de deportarlos a todos y sellar la frontera por completo, muro incluido, para liquidar también el centenario negocio de los traficantes de haitianos.

Si se entiende que necesitamos inmigrantes, hay que salvar definitivamente el PNRE, que con el de ahora lleva tres intentos frustrados. El primero fue días antes de vencer el plazo para el registro, el 17 de junio del 2015, cuando apenas el 1.8 por ciento de los 239,368 solicitantes habían completado el exigente pliego de requisitos. Decidieron aceptar provisionalmente  a todos los que iniciaran el proceso, por lo que se produjo la avalancha de la última semana y subieron a 288,467. Como 38,226 no calificaron, mayormente por no tener documento de identidad o de tiempo en el país, quedaron 250,241 que fueron los regularizados  provisionalmente por uno o dos años. Como 20,176 no se presentaron a recibir la autorización provisional, quedaron en los 230,065 que nos ocupan.

Pero resulta que el 1.8 por ciento que había cumplido los requisitos se elevó hace un año apenas al 2 por ciento, lo que determinó el segundo salvataje que lo llevó al 3 por ciento, totalizando apenas  7 mil 834 regularizados. Ello obligaría a sincerar la realidad, simplificar y abaratar los costos del proceso, pero nos vamos con un tercer plazo de un año que obviamente no resolverá.

Si en realidad queremos la regularización, procede modificar el decreto y reducir los requisitos a las cuestiones esenciales, como la identificación personal  y haber ingresado al país antes de octubre del 2011, que ya llenaron los 230 mil provisionales. Sería suficiente que agregaran certificado de no delincuencia, constancia de trabajo y de vivienda y arraigo social. Inútil seguir pidiéndoles cuentas bancarias, propiedades muebles e inmuebles, etc.

Como varios requisitos básicos dependen de dominicanos, es fundamental que el Estado los promueva con decisión y valentía para que la población entienda que colaborar a regularizar a un empleado, inquilino  o vecino trabajador y de buena conducta, no equivale a vender la patria, como se ha inculcado. De lo contrario, tendremos que afrontar el punto final o seguir de renovación a renovación.-

Una ayudita al Procurador General

Por Juan Bolívar Díaz
20_07_2017 HOY_JUEVES_200717_ Opinión12 A

Ahora que la jueza Miriam Germán ha dejado en la nada el endeble expediente de impunidad con que la Procuraduría General de la República (PGR) imputó a 14 personas por los confesados sobornos de Odebrecht. Después que la marcha del Movimiento Verde el domingo 16 evidenció el fracaso de todas las maniobras de mareo para distraer la atención sobre el mayúsculo escándalo de sobornos, sobrevaluaciones y financiamiento electoral. Y ahora que vino al país una misión del Departamento de Justicia de Estados Unidos con el interés de coordinar acciones con el Ministerio Público para el rastreo y localización del dinero generado por la corrupción y el narcotráfico, los dominicanos hartos de la impunidad estamos en el deber de ofrecer la más amplia colaboración.

Esa ayuda es urgente porque sabemos que el Procurador General, Jean Alain Rodríguez,  además del caso Odebrecht, tiene múltiples investigaciones pendientes, como la de los aviones Tucano, los 52 expedientes que le presentó el CODIA de extorsión en la Oisoe, la sobrevaluación de casi 100% en la remodelación del hospital Darío Contreras, venta a precio vil del barrio Los Tres Brazos, la trágica muerte de los comentaristas radiofónicos de San P. de Macorís, víctimas del mafioso tráfico de terrenos estatales y el  traspaso a la empresa Lujan de los terrenos estatales donde opera el vertedero de Duquesa.

Hay que ayudar a Jean Alain, aunque se crea que él teme encontrarse con las pruebas de la  corrupción de Odebrecht en este país que fue considerado  seguro para establecer su Departamento de Operaciones Estructuradas, tras el acoso judicial en Brasil, y aunque no hayan investigado las denuncias de sobrevaluaciones.

Y aunque él no ha hecho el menor caso a la denuncia presentada el 2 de mayo pasado por el Centro Social Juan XXIII, Participación Ciudadana, Fundación Masada y Santiago Somos Todos para que investigue el financiamiento de las campañas electorales del presidente Danilo Medina, precisando transferencia de 4 millones 396 mil 796 dólares de Odebrecht, entre 2013-14, a la empresa CINE&ART2013, constituida en esta capital, he aquí algunos detalles adicionales que podrían ayudarle:

CINE&ART2013, SRL fue constituida el 18 de junio del 2013, con capital de 100 mil pesos dominicanos, a partes iguales por los brasileños Marcelo Mascarenhas Kertesz y Ayle Axe de Souza Santana. Pero 5 meses después, el primero traspasa sus acciones, por sus mismos 50 mil pesos, al también brasileño Daniel Moura Marques Requiáo. Este a su vez las traspasaría el 29 de septiembre de 2015, siempre por la misma suma, a su hermana Alice Moura Requiáo. El  Registro Mercantil en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo es el No.100084SD, para “producción de cine, realización y producción de cine publicitario y todo tipo de actividades audiovisuales para cine, televisión y medios electrónicos”.

Si los apellidos Santana y Moura no le dicen nada al Procurador, puede tomar nota de que el domicilio social declarado originalmente por  CINE&ART fue Helios 102, Bella Vista, “coincidente”  con el de la empresa Polis Caribe de Joao Santana y Mónica Moura. Después la trasladaron al domicilio de sus propietarios Ayle Santana y Alice Moura, en la calle Itzamana No.3, Los Cacicazgos.

En la denuncia de las 4 entidades sociales se especifican 16 transferencias por los 4.3 millones de dólares de 4 empresas constituidas por Odebrech en Perú  a una quinta Isagón SAC, la cual a través del Credicorp Bank de Panamá las remitió a la cuenta de CINE& ART en un reputado banco de Santo Domingo.

Como a Jean Alain no le gustan los allanamientos en busca de documentos, que ya no encontrará en el domicilio de los Santana-Moura, seguro que con la Superintendencia de Bancos, podría determinar el destino de esa suma, que a la tasa actual sobrepasaría 208 millones de pesos. También puede rastrear los pagos del Estado a CINE&ART, uno de ellos del Ministerio de Educación por 16 millones 198 mil pesos en noviembre del 2014.

Por si lo ignora Jean Alain conviene precisarle que los Santana Moura fueron los  asesores electorales del licenciado Danilo Medina para los comicios del 2012 y para su reelección en el 2016, hasta su arresto por la justicia de Brasil en febrero de ese año.-

Tendrán que salvar otra vez el Plan de Regularización de Extranjeros

Por Juan Bolívar Díaz
A1

Aunque se escamotea la información y persisten las manipulaciones, informes indican que apenas 7,834, el 3 por ciento de los que recibieron el estatus provisional, han podido completar la exigente planilla de requisitos, por lo que desconocer esa realidad implicaría dar por fracasado un esfuerzo que ha tenido aplauso nacional e internacional.

La implacable realidad. Aunque se ha pretendido ocultarla, la realidad es que apenas 7,834 inmigrantes de múltiples nacionalidades han podido completar la exigente planilla de requisitos para acogerse a la regularización, equivalentes al 3 por ciento de los 230 mil 065 que hace dos años fueron autorizados provisionalmente a permanecer y trabajar en el país. Otros 20 mil 176 no se han presentado a recibir la constancia correspondiente, que probablemente fueron de las decenas de miles que regresaron a Haití tras cumplirse el plazo en julio del 2015.

Contrario a lo que todavía muchos pregonan, no ha sido la falta de documento de identidad el problema fundamental, pues sólo 20 mil 365, de los 288 mil 467 que originalmente solicitaron regularizarse, no presentaron pasaporte, cédula de identidad o acta de nacimiento, como estableció el decreto que dispuso el plan. Fueron el 53 por ciento de los 38 mil 226 que fueron descartados desde el comienzo, muchos por no haber podido acreditar la fecha de ingreso al país.

Del total de los solicitantes, provenientes de 116 países, el 97.7 por ciento son de nacionalidad haitiana, el 36 por ciento lo hizo con acta de nacimiento, 33 por ciento con pasaporte, el 24 por ciento con carné o cédula nacional de identidad, y el restante 7 por ciento no pudo presentar un documento de identidad personal.

Demasiados requisitos. Desde el principio se advirtió que el PNRE era excesivamente exigente para una población de inmigrantes muy pobres, que incluía aspectos socio-económicos como cuentas bancarias, propiedad de muebles e inmuebles y de automóviles, contratos de alquileres, además de los básicos como documento de identidad, arraigo en el país, certificado de buena conducta, contrato de trabajo y constancia de residencia. Y hasta las compras de electrodomésticos o contratos de teléfono deben ser autenticados por notarios públicos, todo lo cual eleva los costos a niveles impagables por la mayoría de los haitianos.

Abogados que participaron en los procesos por cuenta de grandes empresas que procuraron regularizar sus trabajadores agrícolas, testimoniaron que cada caso salía por entre 15 y 20 mil pesos, sin contar las extorsiones a que eran sometidos los más indefensos. Con el agravante de que las gestiones implicaban entre 10 y 15 visitas a los centros de registro, con los consiguientes costos de transporte y de ausencia laboral.

Así como ha habido empresas interesadas en regularizar sus empleados extranjeros, la mayoría de los empleadores agrícolas, de la construcción y domésticos, evaden darle certificaciones de empleo, muchos por temor a que luego les exijan prestaciones laborales o pago de la seguridad social. A eso contribuye la condición inestable de esos trabajadores y su empleo temporal por estaciones de cultivo y cosechas agrícolas.

Pequeños y medianos productores agrícolas aducen que ellos no pueden dar un certificado sin garantía de que el jornalero no se vaya a otro lugar o labor. La renuncia afecta a haitianos en el trabajo doméstico, guardianes, jardineros, porteros de edificios, fincas y residencias. Alta proporción tampoco ha conseguido que dominicanos les firmen constancia de arraigo.

Sin real alternativa. Las autoridades no tienen alternativa realista a una nueva prórroga de la provisionalidad, a menos que quieran proclamar el fracaso de un programa de regularización en el que dicen haber invertido más de dos mil millones de pesos, con aportes internacionales, para un objetivo planteado desde 1990 en el decreto 417 del presidente Balaguer, que lo dispuso por primera vez. La segunda quedó patente en la Ley 215 de Migración, promulgada por el presidente Mejía en el 2004. El objetivo fue rescatado por la polémica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, en septiembre del 2013.

Fue en vísperas de concluir el plazo para solicitar la regularización que las autoridades concibieron las autorizaciones provisionales, al comprobar que apenas 2 por ciento cumplía todos los requisitos. Se anunció que se darían permisos por dos años a los que se acreditaron con pasaporte y por un año a los de actas de nacimiento o cédula.

Como no se emitieron todas las autorizaciones al mismo tiempo, tampoco vencen juntas, los primeros 140 mil entre este julio y diciembre, y el resto en el 2018. Pero de hecho, los 230 mil autorizados provisionalmente serían apenas la mitad de los 458 mil haitianos que, según la Encuesta Nacional de Inmigrantes del 2012 habían llegado al país, que para el 2015 podrían haber superado los 550 mil, por el incremento de esos años.

Los esfuerzos por regularizar esos 230 mil, deberían permitir la repatriación de unos 300 mil, y de hecho las autoridades han dado cuenta de que entre 40 y 50 mil se fueron por propia voluntad al finalizar la regularización, y otros tantos fueron deportados progresivamente.

Tendría un costo muy alto. Debe asumirse que de no renovarse las autorizaciones provisionales, casi todos los inmigrantes haitianos estarían condenados a la deportación, con un costo inmenso para las relaciones bilaterales en la isla, y a nivel internacional para un país que a su vez tiene más de millón y medio de sus nativos en el exterior. Marchitaría aún más la imagen de la República Dominicana en el mundo, afectada severamente desde la sentencia 168-13, que dispuso la desnacionalización de los descendientes de haitianos nacidos en el país.

Pero sobre todo, habría que contemplar si la producción agropecuaria y la construcción, pública y privada, y las labores domésticas pueden mantenerse sin la barata mano de obra haitiana. A no ser que de golpe la población dominicana decida asumir las tareas más duras dejadas por décadas a los vecinos. En cualquier caso, elevaría los costos de producción y reduciría la ya pobre capacidad competitiva de los productores nacionales.

Solo el entusiasmo de los grupos que explotan el ultra nacionalismo promoviendo la confrontación en la isla, puede creer que el país puede prescindir de la inmigración haitiana después de un siglo. Incentivaría el tráfico de ida y vuelta por la frontera, con el que personeros de ambos lados han hecho fortuna durante décadas. Aunque debe quedar consignado que, con evidente hipocresía, muchos de los explotadores de la mano de obra haitiana guardan silencio y hasta se suman a los prejuicios históricos, sociales y hasta raciales.-