Discurso de Juan Bolívar Díaz, coordinador nacional de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional que originó la Coalición Democrática por el Cambio

Lic. Luis Abinader 

Candidato Presidencial

Lic. Raquel Peña

Candidata vicepresidencial

Presidentes y dirigentes de los partidos y grupos sociales integrantes de nuestra Coalición Democrática por el Cambio

Distinguidos invitados: 

            Las limitaciones y la prudencia que impone la pandemia que nos afecta han impedido que este acto tuviera la masiva asistencia que le correspondía. Pero  tampoco hay que darle más vuelta. Todo está consumado y el próximo domingo veremos concretada la consigna que levantamos al constituir esta coalición político-social: el cambio va! Y habrá cambio porque el cuerpo social dominicano está fatigado del virus PLD-2004-20 que ha contagiado y contaminado todo.

            Fue el 23 de noviembre, ante un millar de testigos reunidos en el aula magna de nuestra Universidad Autónoma,  cuando los partidos y grupos sociales integrantes de esta coalición firmamos y proclamamos los Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional. Fue el fruto de más de un año de búsqueda de consenso, primero entre un centenar de destacados profesionales y promotores democráticos y luego con decenas de grupos sociales de todo el país para culminar en la gran concertación de 7 partidos políticos aquí representados.

            Después de esa proclama nos embarcamos en la siempre difícil tarea de conformar una coalición con candidaturas para todos los niveles de elección. Con todo entusiasmo asumimos la candidatura presidencial del PRM, y luego logramos acuerdos para candidatos comunes al Senado, la Cámara de Diputados y los municipios, tarea más difícil por la camisa de fuerza que impone la legislación electoral al limitar al 20 por ciento la cantidad de candidaturas que pueden ser reservadas para alianzas. Pero lo logramos, y no sólo entre los 7 partidos que  postulan el binomio Luis Abinader-Raquel Peña, sino que fruto de la sensibilización que diseminamos en toda la oposición, se materializaron algunos intercambios de apoyo también con el partido Alianza País y con varios de los integrados en el frente electoral que encabeza la Fuerza del Pueblo. 

            Esos acuerdos puntuales fueron necesarios para evitar que una multiplicidad de candidatos  opositores permitiera a la corporación político-económica gobernante quedarse con el control del Senado y desde allí convertirse en un obstáculo a las reformas políticas, institucionales, económicas y sociales que propugnamos. 

            Esta no ha sido una alianza más de las tantas que ha habido en la historia del país, simplemente para repartirse el Estado como minifundios. Es fruto de las preocupaciones de las dominicanas y los dominicanos más conscientes y sensibles sobre la necesidad de rescatar la nación de la enorme descomposición que la aflige, del deterioro institucional, de la corrupción y la impunidad, del desorden social y de las exclusiones, que se reflejan abajo en delincuencia  e inseguridad. También para detener el rumbo a la insostenibilidad financiera por déficits y endeudamiento desproporcionados durante toda una década. 

Ahí están nuestros lineamientos con las prioridades Políticas e Institucionales para transformar el país, que se sintetizan en reformas para restablecer la democracia y la separación e independencia de los poderes del Estado, declarar la guerra total a la corrupción y la impunidad, programas y acciones integrales de prevención y control de la delincuencia para garantizar la seguridad ciudadana, políticas efectivas de control de la inmigración con estricto cumplimiento de las leyes y respeto de los derechos humanos, y fortalecer la descentralización y el carácter subsidiario  de los ayuntamientos.

También para realizar una reforma político-electoral integral, aprobar la Ley de Participación Social, garantizar la condición de servicio y honorabilidad de la Función Pública, dar renovado impulso a la protección del medio ambiente, reduciendo las vulnerabilidades, eliminar todo género de discriminación con especial promoción de los derechos de las mujeres, la niñez, la adolescencia y de las personas mayores y con discapacidades, y para hacer cumplir el imperio de la ley, con especial seguimiento a la de Estrategia Nacional de Desarrollo.

Como Prioridades Económicas y Sociales consignamos: concertar los pactos Fiscal y Eléctrico y la Ley de Responsabilidad Fiscal, con estrictos controles del gasto público, una política racional de financiamiento y un sistema tributario que procure la justicia social; para  superar lo antes posible la crisis energética, rescatar la salubridad del colapso con servicios integrales de calidad,   y una reforma de la seguridad social, así como para orientar la inversión del 4% del PIB a alcanzar la calidad del sistema educativo. 

Así mismo, postulamos un nuevo modelo de crecimiento que potencie a los sectores productivos con libre competencia y productividad, a fin de asegurar  la autonomía alimentaria y multiplicar las exportaciones, afrontar el caos del transporte público y el enorme déficit de viviendas de carácter social y fortalecer las políticas sociales a fin de eliminar la indigencia y reducir efectivamente la pobreza. 

Nuestro candidato presidencial, el próximo presidente de la República, Luis Abinader, nos pidió que realizáramos este acto, no como expresión de proselitismo, sino para antes del triunfo electoral del 5 de julio dejar ratificado su compromiso con la sociedad política y la sociedad civil, de cambiar el curso de la nación y reabrir los surcos claros del poeta Juan José Ayuso para que quepan todos los sueños.  

Estamos reeditando la capacidad concertadora del inolvidable José Francisco Peña Gómez que en días de luto y represión, cuando algunos desertaban de su responsabilidad histórica, convocó el Acuerdo de Santiago que cuatro años después daría inicio a la etapa democrática de la historia nacional. 

Reactualizamos los postulados peñagomistas del gobierno compartido con la sociedad y por eso en esta  coalición abundan los candidatos y candidatas salidos de las más diversas instancias sociales, algunos sugeridos  por nosotros pero también por los partidos, y por el candidato presidencial Abinader,  comenzando por nuestra candidata vicepresidencial Raquel Peña, que no es una política profesional y proviene del mundo académico y del mediano empresariado.

Por Igual los candidatos a senadores Antonio Taveras Guzmán, en Santo Domingo, y Manuel Matos en San Juan, ambos del sector productivo. Profesionales de la categoría de Jesús Feris Iglesias en San Pedro, o Pedro Catrain en Samaná, o el artista popular el Torito Héctor Acosta, en Bonao. 

Del sector social también provienen muchos candidatos a diputados, como Gabino Hernández, con más de 30 años en las organizaciones comunitarias de las profundidades de Sabana Perdida. Manuel María Mercedes, defensor de derechos humanos, Diulka Pérez, comunicadora, la académica Diana Contreras, Bolívar Ureña dirigente comunitaria de Santo Domingo Oeste, Santa Sánchez, (DN), del movimiento de mujeres trabajadoras, Chiqui Checo, de Santiago Somos Todos; activistas sociales como Blas Alcibíades Vargas, de Santiago, Antonio Navarro Campos, de Azua, y el profesor Bartolomé Deshamps, de Bonao y Santo Porcell Soto, del  movimiento de trabajadores independientes.

Nos enorgullece que estos dirigentes sociales compartan responsabilidades en el próximo congreso con jóvenes políticas de la categoría de Faride Raful, Gloria Reyes, o la profesora  Josefa Castillo, toda una nueva generación de mujeres que trazan nuevos rumbos a la ética y la eficiencia política. 

Y muchos hombres, jóvenes y maduros, tantos que sería injusto mencionar sólo algunos. Pero sin dejar de inclinarnos reverentes ante el ingeniero Eduardo Estrella,  símbolo de los que han ejercido los más altos cargos ministeriales dejando una estela impoluta.    

            Queridos compañeros: Estamos todos convocados a reivindicar la actividad política como la definió el fundador de la República, la ciencia más digna de ocupar las mentes de los humanos. 

            Estamos llamados a dejar atrás la desesperanza y la resignación, para empoderar a nuestro pueblo como dueño de su propio destino. Más ahora cuando la pandemia del Covid-19 nos dejará tan graves repercusiones económicas y sociales agravando más aún las condiciones de vida de la mayoría.

            Sólo nos queda invitar a todos los conciudadanos a no dejarse intimidar y acudir a las urnas el domingo para no tener que dar otra vuelta innecesaria y costosa. Esta es la coalición político-social  más amplia de nuestra historia, que honra el legado de nuestros héroes, de quienes lucharon por toda su vida y de los que han persistido por compartir el pan y la esperanza. Esta coalición  llevará a la presidencia a un ser humano de la categoría profesional, política y moral de Luis Abinader Corona.

            Permítanme cerrar tomando prestadas algunas de las “Palabras para Julia”, de José Agustín Goytisolo, para dirigirlas a nuestro candidato, con la esperanza de que cuando sea presidente no se les olviden, porque en este país las alturas del poder marean casi sistemáticamente y todavía ninguno termina con la dignidad de Mandela, de Mojica, o de Bachelet: “Un hombre solo, o una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Tu destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida, tu dignidad es la de todos”.-  

Santo Domingo, 1 de julio del 2020  

Ante una grosera manipulación

Por Juan Bolívar Díaz

            Es muy penoso que haya grupos y personas que desde que se menciona Haití o los inmigrantes haitianos reaccionan airados y son capaces de las más groseras manipulaciones para estigmatizar, promover exclusiones y atizar odios entre los dos pueblos que habitarán por siempre el espacio insular de 72 mil kilómetros cuadrados,  y por tanto condenados a entenderse.

            Es lo ocurrido con nuestro análisis publicado en HOY el 14 de noviembre, “Parece necesario renovar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE)”, donde se plantea la disyuntiva del nuevo gobierno con los 196 mil 471 inmigrantes, casi todos haitianos, que se acogieron al mismo desde el 2014 y cuyos carnets provisionales han vencido en el período 2019-20. Sin ningún fundamento algunos difundieron que se pedía la regularización de 500 mil haitianos y en las redes sociales lo equipararon hasta con la nacionalidad dominicana.

            En base a esas falsedades han renovado sus viejos reclamos de linchamiento por “traición a la patria”, y han convocado una “Gran marcha nacional contra la nueva regularización de 500 mil haitianos que propone Juan Bolívar Díaz”. Unos cuantos fanáticos colocaron en las redes decenas de mensajes de odio. Uno tuvo la osadía de escribir a mi correo electrónico bajo el seudónimo de ruddy.rom :“Traición a la patria. Jamás el pueblo te va perdonar por querer que el gobierno legalice a los haitianos ilegales, tu eres un hijo de puta! Tu vida no vale nada por traidor espero que un buen patriota te de pa,bajo”.

            La pretendida traición fue plantear que el PNRE ejecutado a partir del decreto 327-13 de Danilo Medina,  tras ser dispuesto por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, ha quedado en un limbo. Con base en un documento oficial de la Dirección General de Migración se indica que en principio 288,481 se acogieron al llamado a regularización, de los cuales 28,508 no calificaron por falta de documento de identidad, pero 259, 973 fueron acogidos provisionalmente. Que de estos sólo 7,831 llenaron todos los requisitos y recibieron permisos de residencia temporal ordinaria, mientras 252,142 obtuvieron permiso temporal de No residentes, para que pudieran completaros.

            Entre 2016 y 2018 los carnets provisionales fueron renovados dos veces, se redujeron  porque muchos se fueron del país, pero quedaron 196,471 cuyos carnets ya quedaron vencidos, 12,779 en el 2019, y 183.701 a noviembre del 2020. Después de 6 años de esfuerzos e inversión de cientos de millones de pesos del erario nacional, sólo 14,763 tienen en la actualidad permiso para permanecer legalmente en el país, 8,847 como estudiantes no residentes y 5,916 como residentes temporales.

            Ante esas estadísticas oficiales, el análisis planteaba que “el nuevo gobierno tiene dos opciones, volver a renovar la provisionalidad vencida, o si quiere iniciar un control real de la inmigración, sincerar los requisitos para que los 196 mil con permisos vencidos puedan alcanzar un estatus definitivo”. Planteaba  más complejidad para los 301 mil haitianos que según la Encuesta de Inmigración 2017 están en el país sin haberse acogido al PNRE,  y concluía que “lo peor puede ser mantener el desorden inmigratorio del que sacan enormes ventajas económicas sectores empresariales, políticos y militares”. 

            Hasta personas racionales han creído la manipulación de la regularización de los 500 mil haitianos que según la ENI-17 vivían en el país, y llegan al extremo de condenar toda regularización, ignorantes de que el objetivo es controlar el desorden migratorio Desconocen  el decreto de Balaguer que en 1990 declaró de alto interés nacional un plan de regularización de extranjeros, la ley de Migración del 2004 cuyo artículo 151 lo dispone, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) del 2012 que lo reitera y hasta la polémica sentencia del TC 168-13 que lo ordena. 

            Para algunos fanáticos, defender el proceso de regularización es traición a la patria. Ignoran el artículo 23 de la Ley de END, que en su numeral 2.3.7 dispone “Ordenar los flujos migratorios conforme a las necesidades del desarrollo nacional”, asumiendo que los inmigrantes haitianos representan más del 75% de la mano de obra agropecuaria y del 60% en  la construcción, y que la buscan hasta para porteros de casas y edificios de apartamentos.            La END reclama el registro y control de los inmigrantes, atendiendo a la demanda del desarrollo nacional, pidiendo sanción a la trata de personas y al tráfico ilícito de inmigrantes, alinear los órganos del orden público con el marco jurídico y hasta “asegurar el respeto a los derechos humanos de la población inmigrante”. ¿Es o no una ley, consensuada tras diez años de consultas y debates?                    

Falta un gran empuje social para afianzar las instituciones y garantizar estabilidad

La precaria cultura democrática no es patrimonio exclusivo de los políticos dominicanos y alcanza al liderazgo de las organizaciones empresariales, sindicales, sociales, y eclesiásticas que se asocian al poder político para buscar o preservar privilegios    

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            En amplios estamentos sociales se descalifica a los partidos políticos, como si fueran los únicos responsables del atraso institucional dominicano, cuando la responsabilidad es compartida por gran parte del liderazgo social que se asocia al poder político en búsqueda de privilegios o para preservarlos. 

            Es obvio que el partidarismo político carga un enorme y justificado descrédito, pero no se quedan muy lejos las organizaciones empresariales, sindicales y profesionales, que tendrían que desatar un gran empuje para contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática nacional.    

Gobierno lanzaría desafío

            Compelido por la triple crisis de salubridad  económica y social, y atendiendo al compromiso de cambios postulado en su campaña electoral, el presidente Luis Abinader estaría preparando un gran desafío a la sociedad dominicana con un conjunto de reformas administrativas, estructurales y legales que mejoren la calidad del gasto, fortalezcan la institucionalidad democrática y preserven la estabilidad político-social en el próximo 2021 que se pinta crucial por las consecuencias del coronavirus.

Son muchos los que creen que el gobierno debería extender el próximo año todos los programas de asistencia a los que han perdido el empleo o lo tienen suspendido, que en principio no se contemplaban en el proyecto de presupuesto del 2021, mientras los planificadores tratan de reducir gastos para poder mantener los programas “Fase” “Quédate en casa” y Pa-ti”, al menos en el primer trimestre. Lo que desde el principio se contempla es el incremento del programa “Comer es Primero”, que pasaría de 811 mil a un millón de familias beneficiarias, duplicando el monto mensual para cada una de 830 a mil 600 pesos. 

Fuentes de crédito aseguran que se busca reducir  gastos no esenciales por unos 50 mil millones de pesos, implicando programas de gastos de todos los ministerios, de los poderes públicos, incluyendo el Congreso, y la reducción al 50% de la asignación a los partidos, equivalente a $630 millones, lo que estaría siendo resistido en la comisión bicameral que analiza el proyecto de presupuesto 2021.

El presidente Abinader contempla apelar a la comprensión y el sacrificio de todos los sectores, comenzando por las dependencias del Gobierno Central donde se impondría un plan de absoluta austeridad, con controles y sanciones a quienes lo desconozcan. También tocaría a los organismos autónomos y descentralizados, incluyendo a los que tienen proporciones fijas del presupuesto.

Los números no mienten

Los planificadores del Gobierno tendrán que hacer mayor esfuerzo para que la población pueda digerir la  magnitud de la crisis fiscal, arrastrada por una década y multiplicada este año por el Covid-19, cuando  el financiamiento pasará de 8 mil 300 millones de dólares. A agosto había alcanzado 300 mil millones de pesos y desde entonces a diciembre se calculan otros 185 mil millones de pesos. La deuda consolidada del Estado estaría ya sobre el 60 % del PIB. 

El proyecto de presupuesto 2021 prevé ingresos por $746 mil millones y los gastos por $706 mil, de los cuales casi un tercio, el 31.9, se irán en pago de deuda pública, 19.2% para educación, 9.4 para administración, 9.2 para protección social y 7.2 para salud. Ahí se va el 76.9%, y el restante 23.1 para energía, justicia, orden público, seguridad, protección ambiental y otros servicios. 

La rigidez del presupuesto es mayor cuando se verifica que hay 23 leyes que establecen porcentajes del presupuesto para entidades autónomas y descentralizadas del Estado, que en realidad nunca se cumplen por completo, pero las instancias de más poder defienden cada peso resistiendo reconocer la gravedad de la crisis fiscal. En virtud de las mismas se irá en el 2021 el 6.7% del PIB o el 37% del gasto, que alanzaría al 62% si se cumplieran al pie de la letra.

Una cultura dura de roer 

Urge al Gobierno convencer a los sectores políticos y a su propia base de funcionarios sobre la necesidad de extremar el ahorro para afrontar la crisis y preservar la estabilidad fiscal y social, pues se enfrenta a una cultura política dura de modificar, donde muchos de los que recién llegan a los cargos públicos, al igual que los legisladores, y los funcionarios de3 los organismos autónomos y descentralizados, no muestran disposición a ceder parte de sus beneficios. Por el contrario hay quienes buscan ampliarlos y extenderlos a sus familiares y relacionados.

El aprovechamiento de lo público, la malversación y la concepción del Estado como botín de ganadores de elecciones, constituyen una cultura política vista como normal en amplios estamentos de la sociedad. Pero cada vez es mayor la proporción poblacional que muestra fatiga ante esas prácticas, coronadas por inmensa corrupción, especialmente en las nuevas generaciones y en las clases medias, como se evidenció en la Marcha Verde entre 2017-18 y en las plazas de las grandes ciudades en la primera mitad de este año.

Pero en estos segmentos crece un sentimiento de rechazo a la política y los políticos que puede convertirse en negativa y tiene que ser vencida con decisiones firmes y gran coherencia. Es lo que trata de mostrar el presidente Abinader que desde su juramentación encamina esfuerzos para controlar y sancionar la corrupción y para reducir el dispendio y mejorar la calidad del gasto público.

No son sólo los políticos

            Las inmensas legiones de los insatisfechos con la forma en que se ha administrado el país tienen que mantener un activismo crítico pero también propositivo, realista, estimulando y aferrándose a los esfuerzos de cambios que parten del ámbito gubernamental o congresual, asumiendo que los problemas no son sólo responsabilidad de los políticos, que de ser así hace tiempo que habrían sido relevados. 

            Las investigaciones sociales diagnostican el gran descrédito de los partidos, de los poderes públicos, legisladores, de la justicia, la policía y, militares y hay razones para eso, pues son a quienes la población elige para encargarle la cosa pública, pero ellos no hubiesen llegado tan lejos si no contaran con la complicidad y la participación de los demás actores sociales, especialmente de los empresarios, sindicalistas, eclesiásticos, intelectuales, académicos, comunicadores. Estos y sus organizaciones se acomodan a los gobernantes para reclamar participación directa o indirecta en el reparto del Estado y en la corrupción y para buscar compensaciones y favores, defender exenciones y evasiones impositivas. La asociación comienza en las campañas electorales cuando se adscriben al “rentismo”, financiando políticos como inversión.

Hasta líderes religiosos  

            La institucionalidad democrática y la transparencia superan con mucho el ámbito partidista y se interna en la sociedad. Las organizaciones empresariales, profesionales, sindicales, sociales y religiosas reproducen los vicios de la política, porque sus estructuras no suelen ser democráticas ni participativas, sus líderes se anquilosan y se aferran a los puestos. En todos esos segmentos se cuentan divisiones, hasta en el Country Club, o el Club Naco, en los colegios profesionales y las centrales sindicales. 

            Ni hablar de las iglesias, en cuyas bases hay una inmensidad de personas dedicadas a servir a la sociedad, incluso a los más necesitados, pero sus jerarquías se confunden con los poderes públicos y empresariales. En el liderazgo religioso no se advierte una militancia con los cambios profundos que requiere la sociedad dominicana. Aunque están prestos a encabezar movilizaciones para que se mantenga absoluta penalización del aborto aún si mediara una violación o esté en peligro la vida de una mujer.    

            Con el Covid-19 cientos de miles de personas quedan sin empleo y se demuestra la vulnerabilidad social dominicana, con indicadores de que sin cambios profundos el país se encamina a la insostenibilidad financiera y a la inestabilidad social. Para evitarlo se requiere no sólo la voluntad política, sino de todo el liderazgo nacional. Pendientes están dos de los tres pactos fundamentales planteados en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que en enero cumple 8 años: el eléctrico para hacer eficiente  ese servicio y economizar un subsidio que en una década consumió miles de millones de dólares, y el fiscal para controlar el dispendio público, reducir exenciones privadas y la extrema desigualdad, y elevar la contribución de los más pudientes.

            A todo el liderazgo nacional tendría que apelar el presidente Abinader, quien pretende erigirse en un refundador del Estado, planteado en su programa de gobierno, con pasos firmes  en sus primeros tres meses, con el Ministerio Público, la transparencia y rendición de cuentas, la prevención de la corrupción, eliminación de botellas y malversaciones, y con la elección de una Junta Central Electoral con personalidades independientes.- 

Signos indiscutibles de pobreza

Por Juan Bolívar Díaz

            En la medida en que el país comienza a controlar la terrible expansión del coronavirus y la población se acostumbra a convivir con la pandemia, vamos volviendo lentamente a la normalidad, tratando de enfrentar epidemias como el matrimonio infantil, el embarazo de adolescentes, los feminicidios y los accidentes de tránsito, renglones en que aparecemos en  los más altos niveles mundiales, y hasta en el liderazgo, como es la proporción de fallecimientos por accidentes automovilísticos.

            Son signos indiscutibles de la pobreza y el atraso social e institucional, que hace tiempo debimos haber combatido con sólidas y sostenidas campañas preventivas, poniendo por delante la educación en todas sus expresiones. Pero en estos días también se nos revela otro terrible indicador, la miseria de los trabajadores públicos y privados, patente en la docena de salarios mínimos y el costo de la canasta básica, más difíciles de enfrentar en la actual crisis de salubridad, económica y social.

            Es una buena decisión la prohibición legal del matrimonio infantil o adolescente que se discute en el Congreso Nacional, con la aprobación de las instituciones gubernamentales, sociales e internacionales relacionadas con la protección de los derechos y la dignidad de esos segmentos poblacionales. Pero será necesario mucho más que una ley, efectivas medidas de prevención y sobre todo educación para combatir el apareamiento temprano, y aplicar las sanciones a los adultos que utilicen sexualmente a niñas y adolescentes, con o sin que medie la voluntad de la víctima, tal como prescriben nuestros códigos.

            Hay que celebrar la iniciativa legislativa del joven y nuevo diputado José Horacio Rodríguez y la acogida que tuvo en el gobierno y diversos sectores políticos, para prohibir el matrimonio infantil, que sólo es permitido en una veintena de casi 200 países del mundo, entre ellos República Dominicana. Pero hay que ir mucho más lejos porque también tenemos una de las más altas tasas mundiales de embarazos de adolescentes, que condena a la pobreza cada año a millares de niñas y sus tempranos descendientes, con alto costo económico para la salubridad pública y familiar.

            Constituye un enorme bochorno que llevemos años diagnosticando que más del 20 por ciento de las dominicanas quedan embarazadas antes de los 18 años, muchas desde los 10 y 12. Un recién publicado estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas indica que al 2017 la RD registraba una de las más altas tasas de embarazo de adolescentes en el hemisferio occidental, con 94 por cada mil habitantes.  

            Pero la peor noticia de estos días es que el costo de la canasta familiar del quintil más pobre, ahora 17 mil 458 pesos, está casi a la par del mínimo de las grandes empresas, 17 mil 600, y muy por encima de otra decena de salarios mínimos, que incluye los de las medianas y pequeñas empresas, de 12 mil 107 y 10 mil 729 pesos, respectivamente. Muy por encima del mínimo del sector público, situado en 10 mil pesos y promediando 6 mil en los ayuntamientos, y de los emblemáticas sectores de zonas francas, 11,500, y de  hoteles, bares y restaurantes, que oscilan entre 11 mil 600 y 7 mil 490 pesos. 

            Los cálculos indican que más de la mitad de los empleados formales e informales tienen ingresos inferiores al salario mínimo más alto. Ni hablar de los costos promedios, el de la canasta familiar está en 36 mil 584, mientras en los registros de la Tesorería de la seguridad social el sueldo promedio era antes de la pandemia de 23 mil pesos, pero el 80 por ciento de los empleados ganaba menos de esa suma. 

Los informes indican que cientos de miles de trabajadores han perdido sus empleos por el coronavirus y otros tantos reintegrados ahora ganarán menos, lo cual se traducirá en mayores niveles de pobreza, evidenciando la repetida y engañosa ilusión de que ya somos un país de clases medias, casi sin pobreza. 

El Banco Central acaba de “sincerar” su índice de precios al consumidor. Ojalá podamos sincerar también el debate público sobre cómo enfrentar la triste realidad económico social, lo que será difícil cuando ya sectores políticos que gobernaron 16 años consecutivos adelantan que al cumplirse la próxima semana los 100 días del nuevo gobierno, saldrán a las calles a “defender a los pobres”. ¡Que Dios y las 11 mil vírgenes nos amparen!                   

Parece necesario renovar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE)

El programa iniciado en el 2014 quedó en la provisionalidad para 183 mil 718 inmigrantes, 98% haitianos, que solicitaron regularizar su estatus inmigratorio, con permisos vencidos entre el 2019 y noviembre del 2020, después de renovarlos en 2017-18 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) ejecutado por el gobierno de Danilo Medina, tras ser dispuesto por un decreto de 1990, dos leyes y una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) se encuentra en un limbo, con los  196 mil 471 permisos provisionales de trabajadores temporales vencidos entre el 2019 y 2020.

            La algarabía antihaitiana impuso un plan de regularización muy rígido al que concurrieron sólo el 36% de los inmigrantes registrados por la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes ENI-2017, el 87 por ciento provenientes de Haití, de los que apenas 14 mil 763, el 5 por ciento, han alcanzado un estatus migratorio regular o definitivo.      

Otro intento fallido

            El PNRE, iniciado en el 2014 en plena euforia antihaitiana, tras la sentencia del TC 168-13 que lo ordenó, se encuentra atascado en la provisionalidad a consecuencia de los múltiples requerimientos que se impuso para el registro de una población inmigrante de extrema pobreza y víctima de prejuicios y exclusiones. 

Después de medio año 2014 para el registro de los inmigrantes, 87 por ciento de origen haitiano, apenas un 3 por ciento logró cumplir todos los requisitos para obtener un permiso de trabajo, y para no reconocer el fracaso se apeló a emitir carnets provisionales al 97 por ciento, por uno o dos años, renovados por segunda vez en el 2017-18 y que han vencido entre el 2019 y 2020, sin que las autoridades nacionales hayan tomado decisión. 

Contrario a lo que se insiste, la imposibilidad de la regularización no ha sido por falta de documentos de identidad, ya que de los 288 mil 481 solicitantes originales, el 93 por ciento los presentó y el 7 restante quedó descalificado de inmediato, por lo que se partió de 259,973. Pero de estos el 97 por ciento nunca pudo cumplir 29 requisitos en 4 ejes fundamentales, en especial  las “condiciones laborales y socio-económicas”.

Como predominó el discurso antiinmigrante, los empleadores y la población en general no entendió los beneficios que para el control de la inmigración ilegal, supone la regularización de los trabajadores que necesitan las actividades económicas, en particular la agropecuaria y la construcción, donde se encuentra más del 60 por ciento de los inmigrantes haitianos. Además, su condición temporera y volatilidad de esos trabajadores dificulta que consigan certificación de empleos, de viviendas y de arraigo.

Las cifras no mienten

            Las estadísticas registradas en un “Informe Final Proceso de  Renovación o Cambio de Categoría Migratoria de  los Extranjeros acogidos al Nacional de Regulación” de la Dirección General de Migración, no dejan dudas del fracaso. Sólo 14 mil 763 tienen en la actualidad un permiso vigente para permanecer legalmente en el país, 8,847 como estudiantes no residentes y 5 mil 916 como residentes temporales. Mientras 196 mil 480 carnets de trabajadores temporeros quedaron vencidos a noviembre del 2020, de ellos 12,779 al finalizar 2019 y otros 183 mil 701 en  11 meses del 2020.

            La dimensión del fracaso se mide cuando se apela a la Segunda ENI-2017, de la Oficina Nacional de Estadísticas, auspiciada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con apoyo internacional, según la cual en el 2017 los inmigrantes residentes en el país ascendían a 570 mil 933, de los cuales, 87 por ciento, 497 mil 825, son de nacionalidad haitiana. Los que tienen un estatus migratorio totalizan apenas el 2.58 por ciento.

            El fallo es de origen, porque en la inscripción del 2015 de los 259 mil 973 solicitantes de regularización acogidos, sólo el 3 por ciento, 7 mil 831, pudieron completar los requisitos para recibir el permiso de residencia temporal ordinaria. Entonces para ocultar el fracaso se decidió darles carnets provisionales al grueso, 252,142 inmigrantes. Y de estos sólo 183 mil 718 lograron renovarlo al 2017, que son los que entre 2019-20 han visto caducar sus permisos. 

Se redujeron en 68 mil 423, Migración estima que el 20 por ciento de estos porque se fue del país, y el resto por múltiples causas, incluida la falta de recursos para seguir asistiendo a las oficinas oficiales, donde muchos son víctima de extorsión. La mayoría del 3 por ciento regularizados lo lograron con apoyo económico y legal de grandes empresas azucareras, como el consorcio Vicini y  Central Romana. Sus a bogados estimaron que salían sobre los 15 mil pesos.  

Tres décadas por regularizar

            La regularización de los inmigrantes es otro de los esfuerzos fallidos de la sociedad dominicana, que ha pasado por cuatro diferentes gobiernos a lo largo de 30 años, pues comenzó en el 1990 con el decreto 417-90 del presidente Joaquín Balaguer que la declaró de alto interés nacional. Ya entonces se discutía una actualización de la Ley General de Migración, lo que vino a lograrse en el 2004, al final del gobierno de Hipólito Mejía. El texto dispuso la realización de un plan de registro y regularización de los inmigrantes, pero el gobierno siguiente, de Leonel Fernández, no hizo caso y el reglamento de la ley, que según la misma debía emitirse en 6 meses, se tomó 7 años, apareciendo en octubre del 2011.

            Durante todos esos años se discutió y consensuó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, finalmente promulgada por el presidente Fernández en enero del 2012, y en la misma volvió a aparecer la prioridad del programa de regularización de extranjeros para comenzar a organizar y controlar la inmigración haitiana.

            Un año después, en septiembre del 2013 el TC emitió su sentencia 168-13 que privó retroactivamente de la nacionalidad, hasta 1929,  a decenas de miles de descendientes de inmigrantes, casi todos haitianos, que habían sido registrados como ciudadanos dominicanos, desatando un escándalo de dimensiones internacionales que sería conjurado en gran parte  al año siguiente con la Ley 169-14 que se la devolvió a la mayoría, pero dejó un parte con la única opción de registrarse como extranjeros para luego optar por la nacionalidad.

            La polémica sentencia volvió a disponer la realización del Plan de Regularización, lo que acató el gobierno del presidente Danilo Medina con su decreto 327-13, que lo dispuso finalmente, para 7 años después tener un balance pírrico de 14 mil regularizados, la mayoría inscritos en universidades dominicanas..      

Carga al nuevo gobierno

            La situación del PNRE es una carga pesada para el nuevo gobierno, que hasta el momento no ha dicho ni una palabra al respecto, tal vez consciente de que el asunta despierta pasiones que han impedido que gran parte de la población entienda que el país necesita una parte de los inmigrantes y que registrarlos es el primer paso para controlar su desbordamiento. De cualquier forma, después de iniciado el plan, ha seguido en crecimiento la inmigración haitiana, aunque no en las dimensiones del período 2006-12 cuando llegó el 62 por ciento de los registrados en la ENI-2012.

En la ENI-2017 los inmigrantes haitianos habían crecido en 39 mil 592 para cifrarse en 497 mil 825, muy lejos de los 2 millones 100 mil en que los estimó en el 2018 el “Manifiesto Patriótico” de un núcleo antihaitiano. De hecho los ultranacionalistas han sido sobreestimados, porque organizados son unos pocos miles. El partido que más los representa, la Fuerza Nacional Progresista, viene en sistemática caída electoral, pasando en su boleta presidencial del 0.73 por ciento en el 2012, al 0.35 en 2016 y apenas 0.20 en las elecciones de este año, con 8 mil 98 votos.

El nuevo gobierno tiene dos opciones: volver a renovar la provisionalidad vencida o si quiere iniciar un control real  de la inmigración, sincerar los requisitos para que los 196 mil con permisos vencidos puedan alcanzar un estatus migratorio definitivo. Pero la situación se complica si se piensa en qué hacer con los otros 301 mil haitianos que según la ENI-2017 residen en el país pero no han solicitado regularización. Lo peor puede ser mantener el desorden inmigratorio del que sacan enormes ventajas económicas sectores empresariales, políticos  y militares.-        . 

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Largo proceso a la regularización

1.- El decreto 417-90 de J. Balaguer dispone regularizar los inmigrantes

2.- La Ley General de Migración 285-04 ratifica la regularización

3.- La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2012 la replantea

4.- La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional la ordena

5.- El decreto 327-13 de Danilo Medina dispone el PNRE

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El duro calvario del PNRE

2014-2015

288,481 extranjeros se acogieron al PNRE 

259,973 fueron acogidos provisionalmente 

  28,508 no calificaron por falta de documentos

252,142 recibieron permisos de No Residentes 

    7,831 recibieron permiso de Residencia temporal ordinaria

2017-2018

203,798 solicitan renovación o cambio de categoría migratoria

    9,842 reciben carnet de residente temporal ordinario

183,718 reciben carnet de trabajadores temporeros

   8,847 reciben carnet de estudiantes no residentes

   5,916 renovaron su estatus de residentes temporales 

 12,779 vencieron sus carnets temporeros en el 2019

183,701 vencen carnets temporeros en los meses del 2020

Fuente: “Informe Final Proceso de Renovación o Cambio de Categoría Migratoria de los Extranjeros Acogidos al Plan Nacional de Regularización”. Dirección General de Migración         

Aún no podemos bajar la guardia

Por Juan Bolívar Díaz

            Los boletines del Ministerio de Salud Pública y los reportes de los medios de comunicación muestran un avance significativo en el control del coronavirus en el país, pero la experiencia a nivel internacional indica que aún no es tiempo de bajar la guardia, y que, por el contrario. debemos incrementar las previsiones para llegar al 2021 en mejores perspectivas, no sólo de salud, sino también económicas y sociales.

            Gran parte de la población nacional no está plenamente consciente de la gravedad de las repercusiones económico-sociales de la pandemia que asola el mundo, y pone patas arriba hasta las economías dominantes. El loable esfuerzo de las autoridades por insuflar optimismo conlleva la debilidad de que muchos no alcanzan a captar las dimensiones de la crisis y su daño en el cuerpo social dominicano.

            Una comparación de los boletines cada 30 días entre julio y noviembre, no deja duda de los avances que ha logrado el pueblo dominicano en el control del Covid-19, desmintiendo la persistente difusión pesimista de que somos lo peor del mundo, los más indisciplinados, especialmente cargando contra los sectores populares, que en un 99 por ciento han observado los rigores del toque de queda, como también demuestran las estadísticas. Es cierto que en algunos barrios se han verificado fiestas y francachelas, pero lo mismo en los segmentos de clases medias y altas, sólo que en estas últimas se realizan en sus amplios espacios interiores. 

Junio y Julio registraron una situación extremadamente crítica. El boletín 115, del 11 de julio mostró 1,418 contagios, pasando estos de 44,332 a 81,094, un mes después,  en el boletín 145 del 10 de agosto, con un incremento promedio diario de 1,218. Entre el 8 de octubre, boletín 205, y el 9 de noviembre, boletín 235, los contagios crecieron en 12,589, con una reducción promedio diario a la tercera parte, 420.

Por igual entre julio y agosto los decesos pasaron de 897 a 1,346, incremento de 449, con promedio diario de 15. Entre octubre y noviembre, los fallecimientos se incrementaron en 100, de 2,167 a 2,267 promediando diariamente sólo 3.3.

Cuando se verifica la tasa de positividad, es decir la proporción de contagiados por pruebas realizadas, en julio registró de 26.11 por ciento, que subió en agosto alarmantemente a 33.5, para caer en septiembre a 18.21, en octubre a 12.07, y descendiendo a 9.97% el 10 de noviembre. Por igual ha caído la tasa de letalidad, es decir la proporción de fallecidos en relación al número de contagiados, de 2.01 en julio a 1.66 en agosto, volvió a 1.89 en septiembre, a 1.84 en octubre y registró 1.74 por ciento en noviembre.

En otras palabras que la curva ascendente de contagios y fallecimientos se ha  inclinado hacia abajo. Pero eso no permite cantar victoria, porque todavía falta mucho para hablar de control y porque en otros países se llegó a progresar mucho más que aquí, y al relajarse las previsiones, hizo aparición una segunda ola, en algunos casos tan masiva y letal como la primera.

Es comprensible que gran parte de la población esté cansada de las restricciones y aspire a recuperar la libertad, pues si algo ha quedado absolutamente claro en este pandémico y terrible 2020, es que los seres humanos no están programados para el aislamiento ni el enclaustramiento. No es cuestión de educación, sino de naturaleza humana. Porque lo mismo se ha visto en Londres que en París, Madrid, Roma, Nueva York o Miami. Al menor descenso de las restricciones, las personas se lanzan a las calles desafiando el peligro persistente. En los regímenes más autoritarios el control es más eficaz.

El gobierno dominicano acaba de extender el toque de queda hasta comienzo de diciembre, y la prudencia recomendaría no  levantarlo ni para las festividades navideñas, porque es demasiado lo que arriesgaremos de cara a la recuperación de la salud, de la economía y de sus repercusiones en el empleo formal como informal. Sobre todo por la importante fuente que es el turismo. Un ingenioso joven sugirió que como compensación, declaren no laborables el 24 y el 31 de diciembre para facilitar el desplazamiento de personas en el día, reduciendo las aglomeraciones, pero manteniendo las restricciones nocturnas para reducir los riesgos de masificación y contagios durante las celebraciones de Nochebuena y Año Nuevo. 

Aquí cabe más que nunca la máxima popular de que es preferible precaver a tener que remediar. Más vale en la recta final, cuando estamos dejando atrás el tramo más penoso. Aún no estamos para bajar la guardia.-   

El PRM desafiado a superar la arritmia histórica de los proyectos democráticos

La gestión de los proyectos liberales democráticos ha constituido un fracaso desde la fundación de la República, que fueron efímeros y abonaron la anarquía  o sucumbieron a la tentación autoritaria, al presidencialismo caudillista y al continuismo en el poder 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            La experiencia histórica presenta un desafío al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en su primera experiencia de gobierno de desarrollar una gestión democrática que comience en sus propias estructuras y su capacidad para renovar su dirigencia y pasa por una relación constructiva entre los poderes del Estado.

            La historia política dominicana registra un fracaso de los proyectos más democráticos y liberales, comenzando por el de los fundadores de la República, permitiendo que predominara la anarquía o prolongados gobiernos conservadores, tanto que 8 presidentes han gobernado el 69% de los años de independencia.

Las advertencias al PRM 

Aunque todavía los  motivos son poco significativos, ya se han formulado advertencias al PRM para que no repita la constante histórica de los liberales de fracasar en su autogestión para dar paso al autoritarismo o a la anarquía y permitir el predominio de los regímenes autoritarios que no han auspiciado la fortaleza institucional de la nación. Fue relevante que sectores perremeístas insistieran en pretender llevar a la Junta Central Electoral al vocero del expresidente Hipólito Mejía desafiando el reiterado compromiso del presidente Luis Abinader de no auspiciar dirigentes políticos en los organismos estatales de control.

Menos significativo, pero se han dado manifestaciones de dirigentes locales pretendiendo que los nuevos gobernantes se inclinen ante la concepción del Estado como botín partidista, lo que también ha sido rechazado por Abinader, quien se propone convertirse en cimentador de la institucionalización democrática. Lo prometió y consagró en documentos a lo largo de su exitosa campaña electoral, y entiende  que eso contribuyó a la avalancha de votos que este año catapulto su partido en los cuatro niveles de elección.

El presidente Abinader ha conformado un gabinete equilibrado con profesionales y empresarios sin tradición partidista, pero predominan los dirigentes perremeistas en ministerios claves como el de la Presidencia, Economía y Planificación, Obras Públicas, Educación, Energía y Minas, Turismo, Medio Ambiente y otros, y son tantos en cargos medios que el PRM tendrá que afrontar el problema que debilitó al PLD, cuando toda su dirección pasó al gobierno, para terminar empeñados en la búsqueda de beneficios políticos o personales, olvidándose de los compromisos con la sociedad. Los gobiernos exitosos son los que generan algún nivel de coordinación y separación entre las funciones gubernativas y la labor del partido, como el PRI mexicano, lo que contribuyó al más largo período de gobierno en la etapa universal de construcción democrática. 

Autoritarismo y anarquía

            En la historia de la RD los proyectos más liberales y democráticos han fracasado reiteradas veces, desde el origen mismo de la República, por las divisiones internas o la incapacidad para afianzar proyectos, dando oportunidad al predominio de los que nunca han creído en las capacidades del pueblo dominicano para generar instituciones sólidas y desarrollarse sin proteccionismo extranjero. 

            Lo más relevante es que RD ha contado más de un centenar de presidentes, sobre todo en sus primera mitad, cuando hubo un promedio de uno por año, porque muchos duraron apenas meses y semanas, en constante anarquía, para aterrizar en caudillos redentoristas que devenían en dictadores y tiranos, que se prolongaban en el poder o volvían una y otra vez, desde  el primero, Pedro Santana. Pero sólo 8 de ellos gobernaron el país por más de dos tercios de su historia, descontando los 11 años de eclipse de la independencia, por la reanexión a España y las dos ocupaciones norteamericanas.

El régimen más prolongado ha sido la tiranía de Trujillo, de 31 años, la dictadura de Balaguer por 22, Ulises Hereaux por 14 años, una década dictador,  Santana 10, Buenaventura Báez sumó 9, Horacio Vásquez 7 y más recientemente Leonel Fernández se inscribió con 12 años y Danilo Medina con 8. Se dividieron y no predominaron los trinitarios fundadores ni luego los restauradores de la República. Algunos como Vásquez, Leonel y Danilo comenzaron enarbolando los valores democráticos y concluyeron renegándolos y secuestrando la institucionalidad democrática, como precio para prolongarse en el poder. En ese empeño Vásquez creó las condiciones para el advenimiento de la más prolongada tiranía de la historia nacional, desde 1930 al 1961, dejando una impronta que décadas después todavía lastra zonas del alma nacional. 

Juan Bosch y F. Espaillat

            Como ejemplo del fracaso de los liberales dominicanos se citan los efímeros gobiernos de Ulises Francisco Espaillat, en 1876 y el de Juan Bosch, nueve décadas después en 1963, señalados como los más grandes civilistas, teóricos de la democracia social, e incorruptibles que han alcanzado el poder en RD. El primero, auspiciado por el líder restaurador Gregorio Luperón, apenas duró 6 meses, preso de la anarquía que devastó el país en esas décadas. 

Juan Bosch fue derribado a los 7 meses, por el golpe de Estado de septiembre de 1963 que tuvo la desgracia de reunir a políticos derechistas y hasta teóricos izquierdistas, como Juan isidro Jiménes Grullón, al alto empresariado y a la jerarquía eclesiástica, graduados en los privilegios e incapaces de entender un discurso propulsor de libertades, institucionalidad democrática y equidad, aunque no hubiese pasado del texto constitucional y algunas disposiciones. 

Pero el caso de Bosch es relevante por cuanto él mismo agregó ingredientes que facilitaron su desplazamiento. No logró entenderse ni siquiera con su propio partido, el PRD, donde muchos dirigentes no atinaron a entender el proceso histórico que vivían, y llegó al extremo de disponer que cerraran sus locales o los destinaran a escuelas. Se peleó también con sectores sindicales y sociales cercanos a sus planteamientos y quedó tan solo que al día siguiente de su derrocamiento apenas unas decenas de jóvenes acudieron a protestar ante el Altar de la Patria.     

El triste historial del PRD

            Si algo muestra el infortunio de los liberales democráticos dominicanos es el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la más prolongada organización política nacional, que cuenta 81 años desde su fundación en Cuba en 1939 por los más prominentes exiliados de la tiranía trujillista. Durante décadas enfrentó las dictaduras de Trujillo y Balaguer, una invasión norteamericana, un golpe de estado a su primer ejercicio gubernamental y sobrevivió promoviendo normativas democráticas, durante cuatro gobiernos pero ninguno por más de 4 años, y sólo dos consecutivos, pero tan contradictorios como de dos partidos diferentes.

            Al PRD se le cuentan una decena de divisiones, dando origen a otros seis partidos, de los cuales los últimos, el PLD y el PRM, han alcanzado el poder y protagonizado el antagonismo político en los últimos años. Los tres dirigentes que lo trajeron al país en 1961, tras el ajusticiamiento de Trujillo, Angel Miolán, Nicolás Silfa y Ramón Castillo, se distanciaron apenas meses después y los últimos dos con nuevos partidos.

            El primer gobierno perredeísta que completó su período, el de Antonio Guzmán, cumplió la misión de abrir la más prolongada etapa de construcción democrática y se le acredita por  ello, tras un legado autoritario que acumuló demandas sociales y económicas que apenas pudo afrontar. La gestión fue excesivamente personalizada en el mandatario que desde el primer momento selló que se trataba de “mi gobierno” y con un gabinete casi por completo extraño al PRD,  y tratando de evadir compromisos, incluyendo el histórico de no reelección, se distanció del partido y especialmente de su último gran líder José F. Peña Gómez. La prisa por el relevo interno, encarnado en Salvador Jorge Blanco, contribuyó al trágico final de la vida de Guzmán, pero también qu éste no se preparó para aceptar la alternabilidad que pregonaba el historial partidista.

Los otros dos gobiernos perredeístas, de Jorge Blanco e Hipólito Mejía también sucumbieron en parte por la división y la incapacidad para gestionar la democracia interna. El primero no pretendió la prolongación, pero fue víctima de la terrible “década perdida” de América Latina y las imposiciones fondomonetaristas que acarrearon un alto costo político. El de Hipólito Mejía sucumbió ante la crisis bancaria y se internó en otra división, por la ambición continuista que llegó a la modificación constitucional oportunista. Lo que siguió fueron dos divisiones, que originaron el PRSD y el PRM, reduciendo al viejo PRD a la insignificancia.

Lecciones que deja el PLD 

            Entre los desafíos que tiene el PRM y su gobierno, está interpretar correctamente el historial del PLD, para entender por qué fue desplazada la inmensa maquinaria de poder levantada por Leonel Fernández en 12 años de gobierno y perfeccionada en los últimos 8 por Danilo Medina. Ellos fueron herederos del legado de Bosch, quien abandonó su histórico PRD en 1973 para crear un partido de cuadros a su imagen y semejanza y promover la liberación nacional.

            Ambos gobernantes comenzaron reclamando el legado boschista pero terminaron hundiéndolo en el estiércol de la corrupción, la impunidad, el secuestro de las instituciones democráticas, la compra de conciencia, el clientelismo y le negación de  rendición de cuentas, que ni siquiera permitían preguntas de los periodistas. Se distanciaron tanto de la población que perdieron la brújula y se dividieron por  el poder ilimitado y eterno, sin dar paso a la menor renovación, secuestrando hasta el propio partido.            El PRM fue beneficiario de la hartura de la sociedad dominicana con los engaños que repiten la misma historia, expresada sobradamente en la Marcha Verde y en las plazas y cacerolazos. Ese sentimiento está vivo y deberá ser respetado y honrado, a no ser que los perremeistas se quieran conformar con un ejercicio gubernamental limitado a 4 años, como sus antecesores perredeístas y a repetir la historia de fracasos de los proyectos democráticos.-  

De cultura democrática y coherencia

Por Juan Bolívar Díaz

            Cuando se produjo la caída del muro de Berlín, que inició el final del bloque socialista y de la confrontación que encabezó la Unión Soviética con los países capitalistas liderados por Estados Unidos, gran parte de la humanidad lo celebró como reivindicación de la libertad y se creyó que también marcaría un hito en el fortalecimiento de la democracia en todos los continentes.

            Se temió que la etapa unipolar que se iniciaba conllevaría dificultades, como el fortalecimiento de lo que hasta los papas habían denominado como capitalismo salvaje. Es evidente que  ese capitalismo tuvo que hacer múltiples concesiones en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, primero al interior de los países más desarrollados, y luego frente a un tercer mundo que se había constituido en campo de la batalla ideológica de  la Guerra Fría. 

            El fortalecimiento de la social democracia y de la democracia cristiana como doctrinas o ideologías políticas alternativas al socialismo comunista, fue paralelo al desarrollo de un movimiento sindical que arrancaba reivindicaciones, y de emergencias estudiantiles que en los años sesenta y setenta llegaron a poner en jaque a sistemas políticos tan afianzados como el de Francia, Alemania o México. Fueron los años en que se consolidó el Estado de bienestar social, y el viejo proletariado escaló estamentos de clases medias para hacer el mundo un poco menos desigual. 

            Pero la alegría duró poco y en las últimas tres décadas el mundo va a la deriva, con un proceso de concentración de la riqueza que espanta, el gran sindicalismo y las ideologías se fueron a pique, y las universidades dejaron de ser campos de debate ideológico para convertirse en fábricas de emprendedores que reman frenéticamente montados en salvavidas individuales. La socialdemocracia y el socialcristianismo parecen sólo recuerdos, arrasados por el pragmatismo político del mundo unipolar que impuso la ley del mercado y el neoliberalismo económico. 

            Ese pragmatismo, que se nutre del salvajismo capitalista en muchos países, incluido el nuestro, ha derivado en el fortalecimiento de la cultura de lo mio, en la concepción de la política como escalera al ascenso personal y la incorporación a los negocios y las prácticas mercantilistas. La cuestión es más grave en naciones como la Dominicana, donde nunca se llegó a desarrollar una cultura auténticamente democrática, y los proyectos que más lo intentaron naufragaron una y otra vez desde sus orígenes. Los políticos y los empresarios se convierten en aliados, frecuentemente sin el menor escrúpulo. 

            Por eso con cada cambio de gobierno emerge una inmensa camada de gente que entiende llegado su momento, su oportunidad de tomar el ascensor económico. No sólo exhiben su precaria cultura democrática, sino también una enorme incoherencia que los lleva a negar rápidamente lo que antes se predicaba como fundamental. Dan la espalda no sólo a los principios, sino también a los que persisten en defenderlos. Y para no correr riesgos, dejan de responder llamadas o mensajes, cambian número de teléfono, de amigos y hasta de cónyuges. Se excusan en la infinita cantidad de personas que anan detrás de ellos buscando un pedazo del pastel estatal.

Una meteórica e infinita metamorfosis sobre la base de que ellos se fajaron para alcanzar esos peldaños. Se olvidan que la democracia es participación y representación, que los funcionarios están para servir y los legisladores para representar a la ciudadanía, que ésta es el centro de todo el quehacer político y que a ella se deben. Ahora reclaman que son absolutamente soberanos y, es más, que no permitirán que los presionen.

Algunos llegan tan lejos que   ni siquiera quieren poner atención a las decisiones coyunturales  de sus partidos y sus programas y son capaces de desafiar a sus líderes y hasta al mismo Presidente, buscando que la rueda gire una vez más al autoritarismo presidencialista, porque su pobre cultura democrática no da para más.

Ojalá que ese pragmatismo político no sacrifique una vez más, el proyecto de cambio democrático que se ofreció a la ciudadanía dominicana que este año votó ansiosa de dejar atrás el desorden, la corrupción, la impunidad y el continuismo que atropella los parámetros democráticos.-                        

Hay que rescatar la ley de salarios públicos, aprobada en 2013, para reordenar el Estado

La Ley 105-13 fue ignorada por el presidente Danilo Medina, el mismo que la promulgó en agosto del 2013, tras más de dos décadas de ponderaciones, con financiamiento  internacional, manteniendo una enorme inequidad y desorden salarial en el Estado  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Uno de los desafíos que tiene por delante el nuevo gobierno del presidente Luis Abinader, que pretende un reordenamiento del Estado, es el de rescatar la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público, promulgada hace 7 años, pero que data de la década de 1991 cuando se aprobó la Ley 14-01 de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Durante más de dos décadas, primero desde la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP)  y luego por el Ministerio de Administración Pública (MAP) se ponderó y consensuó la ley para regular los salarios públicos, dejada de lado por el mismo presidente que la promulgó, quien archivó sl proyecto de reglamento que le entregaron en el 2014.

Para reordenar el Estado

            El objeto consignado en la Ley 105-13 es establecer el marco regulador común de la política salarial para todo el sector público dominicano”. Es redundante en dejar claro que es para “todos los funcionarios y empleados del Estado y las entidades que lo conforman”, como reza su artículo 2, y el siguiente enumera primero los tres poderes clásicos del Estado, los entes y órganos constituidos con régimen propio, organismos autónomos y descentralizados, financieros y no financieros, de la seguridad social, los ayuntamientos y hasta las empresas públicas.

            La ley dispone, en su artículo 4, un sistema remunerativo para los servidores públicos integrado por un conjunto de principios, políticas y procesos para las prestaciones laborales, enumerando equidad, jerarquía, equilibrio, con un salario base y sólo el 13 navideño, y plantea la escala reglamentaria, revisable cada dos años. 

            Pero su mayor virtud, como también contradicción, es su capítulo VI, con 8 artículos, que comienzan con principios de incompatibilidad y conflictos de intereses y prohibiciones de carácter ético, que aunque muchas ya están en la Ley de Función Pública, son sistemáticamente ignorados y violados abiertamente. 

            Lo más relevante es que prohíbe los pagos adicionales por cumplimiento de los objetos de las funciones, por participar en juntas o comisiones, los aumentos salariales aislados, la asignación de tarjetas de crédito, exceptuando los presidentes de los poderes del Estado, limita el pago de gastos de representación y combustibles al 15% de los salarios, exclusivamente para los más altos funcionarios. Por demás, se prohíbe violar las escalas salariales, y el artículo 12 consigna un tope máximo inicial de $450 mil para el presidente y $400 mil para vicepresidente y los presidentes de los otros poderes del Estado.       

Data de 1991 y del 2008

            Desde el comienzo de la década de los noventa se discute en el país la necesidad de una legislación para promover salarios justos y equitativos que dignifiquen el servicio público e incentiven su eficiencia. Por eso en la Ley 14-91, de Servicio Civil y Carrera Administrativa, de 1991, se instituyó la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), “que elaborará y desarrollará un sistema uniforme y equitativo de remuneraciones” para los empleados estatales, como se lee en sus artículos 14 y15.

Especialmente a partir del primer gobierno del PLD y Leonel Fernández 1996-00), se impulsa el Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado, y el Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública, que con la ONAP daría los primeros pasos para materializar la carrera administrativa instituida al final del régimen de Balaguer. Fruto de muchas inversiones, mayoritariamente de la entonces Comisión Europea y luego Unión Europea, del BID y la USAID y del gobierno nacional se promovió un gran debate con consultas a expertos internacionales. Todavía en el 2010 la Unión Europea aportó al programa $124.5 millones. 

Con altas y bajas siguieron las consultas y tras más de una década se logró aprobar la Ley de Función Pública 41-08, que crea la Secretaría de Estado de la Administración Pública, que la Constitución del 2010 convertiría en Ministerio. En sus artículos 8 y 31 la ley del 2008  encarga “elaborar y actualizar anualmente el  sistema retributivo del personal de la administración pública central y descentralizada” y su reglamentación.

LF la vetó en último día

El MAP, encabezado por Ramón Ventura Camejo, quien dirigió grandes esfuerzos desde la ONAP, prosiguió promoviendo la carrera administrativa y la ley de salarios tropezando con la resistencia de los funcionarios de los organismos descentralizados, que a toda costa querían quedar fuera de cualquier reglamentación que les restringiera los enormes privilegios de que disfrutan en materia salarial, de pensiones, gastos de representación, seguros internacionales, educación de los hijos,  y bonificaciones que en algunos casos alcanzan 15 y 16 salarios anuales, todo un mundo de distancia con el resto de los servidores públicos y desde luego de los empleados privados. 

Esos privilegios, que comenzaron hace décadas por el Banco Central, y el Banco de Reservas, se extendieron a todo el sector financiero estatal, incluyendo las superintendencias, y luego a órganos autónomos como JCE, TSE, Cámara de Cuentas, y alcanzaron altos niveles hasta del Ministerio Público, de algunos ministerios, como el de Hacienda, y hasta de direcciones generales, como Aduanas, Impuesto sobre la Renta y Portuaria.

Pese a todo, la ley fue aprobada por primera vez en el Congreso Nacional al finalizar el tercer período de gobierno de Leonel Fernández quien, contradiciendo  su inicio como  gran promotor de las reformas del Estado, la observó o vetó en su último día como presidente, el 15 de agosto del 2012, tratando de sembrar graciosidades. Se desperdició así el inicio de otro gobierno, momento más propicio para implementar restricciones que los nuevos funcionarios tendrían que aceptar.  

DM se guardó el reglamento

            La incubación de la ley de salarios prosiguió con nuevas consultorías internacionales, seminarios y transacciones hasta ser de nuevo aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Danilo Medina, al agotar su primer año de gobierno, en agosto del 2013. Fue celebrada en el MAP y por lo menos en Teleantillas, donde se le había promovido en paneles y entrevista con cuantos consultores fueron traídos al país con ese objetivo. 

            Ventura Camejo y sus técnicos del MAP se adelantaron al plazo de seis meses que la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público consignó para que se promulgara el reglamento complementario y la primera tarifa salarial, lo que llegó a manos del presidente Medina en enero del 2014 para quedarse allí en una gaveta, repitiendo la constante nacional de pasar años gastando recursos y buscando consensos para aprobar leyes que no se cumplen. Se juntó con la de Estrategia Nacional de Desarrollo promulgada un año antes, en el 2012. 

            Ya para entonces el PLD daba claras demostraciones de fatiga democrática, lo que lo conducía a gobernar mediante otra “normativa” nacional, “la ley de la conveniencia”, y lo que siguió fue el mayor desorden administrativo y salarial, duplicando la nómina pública, la multiplicación de organismos, sobrepuestos, el minifundio del Estado, en el que cada alto ejecutivo era dueño de su parcela y la sembraba de clientes de todos los niveles, para manipular conciencias y prolongarse indefinidamente en el poder.

            Pasaron 7 años desde la promulgación de la ley y de nada sirvieron los discretos recordatorios de los organismos internacionales que la patrocinaron, los ejecutivos del MAP se doblegaron y la opinión pública se fue olvidando de la normativa.

La nueva oportunidad

En las prioridades económicas y sociales, de los “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Salarial” de la “Coalición Democrática por el Cambio” que ganó las elecciones de este año, se consigna el cumplimiento de la Ley Salarial del Estado, como la de Estrategia Nacional de Desarrollo. La crisis en que el Coronavirus ha sumido el país hace más perentoria la reorganización del Estado, planteada como fundamental por el presidente Luis Abinader.

            Para poner en vigencia la ley salarial habría que rescatar primero el proyecto de reglamento que quedó en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y proceder a elaborar una nueva escala salarial, tomando en cuenta que en lo único que se aplicó la normativa del 2013 fue en ajustar hacia arriba los altos salarios que quedaron por debajo de la tarifa. 

Es de rigor romper la extrema desigualdad en un Estado donde alrededor del 50% de sus servidores tienen sueldos que no alcanzan al valor de la canasta familiar del quintil más pobre, que ya sobrepasa los $14 mil mensuales. El salario mínimo estatal apenas fue elevado hace dos años desde $5 mil a $10 mil. La tabla 12 del anteproyecto de presupuesto para el 2021, indica que el sueldo promedio de los tres poderes del Estado es de $28 mil 850, por debajo del promedio de los cinco quintiles que según el Banco Central está en $32 mil. 

Conviven con salarios y pensiones de cientos de miles de pesos y multiplicidad de privilegios prohibidos en la ley salarial, ya no sólo en organismos autónomos, sino también en el mismo gobierno central. Y las diferencias alcanzan hasta el doble entre lo que ganan funcionarios de idénticas responsabilidades, en un mismo ministerio o frente a otro, como documentó Participación Ciudadana en su estudio “Niveles de Diferencia en los Salarios de la Administración Públñica”. 

Por cierto que la tabla citada cuantifica los asalariados de los tres poderes del Estado y órganos especiales en 581 mil 109, lo que implica que la totalidad estatal ronda los 800 mil si se les suman los ayuntamientos, demás entidades descentralizadas y los pensionados.

La supresión de los privilegios extra salariales y la imposición de límites en todos los organismos del Estado, amparadas en mandatos constitucionales y legales podría constituirse en un crédito importante para el gobierno de Abinader, que deberá irse abriendo ventanas y luego puertas para el pacto fiscal que dispone la Estrategia Nacional de Desarrollo, también en espera de rescate.-   

Disquisiciones sobre disquisiciones

            Por Juan Bolívar Díaz

Al verificar el contenido de los periódicos dominicanos en las diez semanas transcurridas desde el cambio del gobierno, se puede comprobar que esta sociedad vive de disquisiciones en disquisiciones, dando vueltas a la noria, en discusiones banales e irracionalidades, como si no estuviéramos sumidos en la peor crisis de salud, económica y social de nuestra historia contemporánea y obligados a una etapa de absoluta austeridad y eficiencia en la administración pública. 

            El debate gira en torno a si gobierna o no el Partido Revolucionario Moderno, o los perremeístas han quedado relegados, si se suprime definitivamente la ignominia de los barrilitos y cofrecitos, si es conveniente designar profesionales sin ataduras partidarias para que arbitren los organismos de control, como Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas o Defensoría del Pueblo, o quién constituye hoy la segunda mayoría en el Senado.

            Lo primero se despacha fácilmente cuando se advierte que, además del presidente Luis Abinader, ocupan altos cargos los principales dirigentes del PRM, como su presidente, secretaria general, secretario nacional de organización, de Finanzas, los jefes de su campaña electoral, los directores de los departamentos claves, como el de economía y políticas públicas, de energía, electoral, y casi todos los 50 miembros de su Dirección Ejecutiva. 

            Hay quienes se quejan de la designación de reputados profesionales y técnicos en importantes cargos, incluyendo algunos cuadros de la militante sociedad civil, bajo la falsa premisa de que “fueron las bases las que se fajaron para ganaron las elecciones”, y que se debe sustituir a cada peledeísta por un perremeista para seguir la fiesta del dispendio, la malversación y la eficiencia que duplicaron la nómina estatal en los últimos 8 años. Quieren ignorar que el PRM pudo batir la enorme maquinaria del PLD porque sumó personalidades de todos los sectores, y se abanderó de las demandas sociales. Por supuesto que la militancia propia fue fundamental, pero no suficiente. 

            Parecida es la disquisición sobre si el reparto político de miles de cargos públicos, puede dejar una veintena para que personalidades sin ataduras partidistas arbitren los procesos electorales (JCE y TSE), fiscalicen el gasto público (Cámara de Cuentas) y encarnen la Defensoría del Pueblo. Como si la experiencia reciente no hubiese demostrado que el secuestro partidario de esos organismos ha sido terriblemente dañino. Por supuesto que hay muchos honorables con ataduras partidistas, pero no justifica impugnar que unos cuantos  ciudadanos independientes asuman responsabilidades públicas.

            Sobre los barrilitos y cofrecitos se ha demostrado hasta la saciedad que tenemos uno de los Congresos más numerosos y costrosos relativamente del mundo, que un senador dominicano tiene ingresos superiores a sus colegas de Estados Unidos y  México, que los  diputados españoles de mayores ingresos, los de fuera de Madrid, ganan 4 mil 894 euros por mes, sin nada agregado, equivalentes a 340 mil 867 pesos dominicanos. Los de aquí 364 mil más un promedio de otros 100 mil del “discreto” cofrecito, seguro de salud y de pensión privilegiada, y dos exoneraciones de vehículos, además de 4 empleados pagados. 

            La disquisición sobre la segunda mayoría en el Senado, por el derecho a designar un representante ante el Consejo de la Magistratura, es también banal. Parte del viejo debate sobre si los cargos son del partido o del ciudadano por el que se vota, más ahora cuando ya no hay arrastre y el voto es uninominal o preferencial. Para simplificarlo solo hay que pensar en el Presidente de la República. Si éste se separa del partido que lo postuló, o si lo expulsan en una división del mismo, ¿pierde el cargo a mano del partido?

            Es evidente que el PLD y sus aliados sacaron más senadores en la elección de julio que la Fuerza del Pueblo y aliados. Como también que en varios casos, los electores sabían que sus escogidos tenían otras lealtades. La realidad es que ahora mismo los primeros sólo constituyen 4 votos y los otros son 8 en el Senado. Las circunstancias variaron el resultado de las urnas. La división de los partidos y las renuncias de los legisladores son absolutamente normales. A veces por simple transfuguismo, otras por razones políticas, ideológicas, de principio, o de lealtades a líderes y caudillos.             Ojalá que superemos pronto esas disquisiciones y concentremos la atención en los problemas fundamentales de esta sociedad.-        

Un Congreso Nacional demasiado caro cada senador sobre $27 millones anuales

Los barrilitos y cofrecitos son insostenibles en medio de la triple crisis de salud, económica y social, y los legisladores tienen privilegios autoconferidos, en violación de preceptos constitucionales, los senadores con seguros de vida y de salud internacional  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            En el proyecto de presupuesto para el 2021, bajo austeridad, el Congreso Nacional y la representación al Parlamento Centroamericano (Parlacen) se llevarán más de $7 mil 819 millones, un costo que mantiene el país como el cuarto de mayor gasto legislativo y con salarios y bonificaciones superiores a las de España, además de otros varios privilegios.

            Alguna vez la sociedad dominicana tendrá que reevaluar si su Poder Legislativo  no debería ser de una sola cámara como todos los países centroamericanos, pero en lo inmediato se impone derribar los barrilitos y cofrecitos asumidos ya como símbolos del ventajismo inconstitucional y antidemocrático, estimados en $691.6 millones para el 2021.

En el proyecto para el 2021    

            En el proyecto de presupuesto para el próximo año se consigna un total de $7819, 105,836 para el Congreso Nacional, de los cuales $5183, 326,712, están destinados a la Cámara de Diputados, y $2635, 779,124 para el Senado. Mecánicamente divididos entre los 210 diputados, incluyendo los 20 al Parlacén, estos saldrían a 24.6 millones de pesos anuales, y los 32 senadores a $82.3 millones.

            En las partidas de ambas cámaras aparece un capítulo denominada “contribuciones especiales”, por $461.003, 491 para el Senado, lo que arroja $ 14.4 millones para cada senador, y de $230, 612,789 para la cámara baja, que entre 190 diputados nacionales equivale a $1.2 millón. Se estima que estos son los montos destinados a “ayudas sociales”, popularmente denominados barrilitos y cofrecitos, instituidos sin base constitucional, porque esas actividades no están entre las funciones legislativas, que son legislar y fiscalizar.

            También se le resta legitimidad porque esos fondos se los han atribuido los mismos congresistas y en gran parte se manejan a discreción sobre todo de los presidentes de la Cámara, para que regalen en el Día de las Padres, los Reyes, Navidad e inicio del año escolar y hasta para atender solicitudes adicionales. En el Senado existe un “Manual de Beneficios Senatoriales” y sumas específicas para los barrilitos, atendiendo a la población provincial.       

            Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económica, de México, indicó que en el 2005 la RD tenía el cuarto Congreso más caro entre 20 países de América Latina, en términos proporcionales, sólo superado por las tres mayores naciones de la región, Brasil, México y Argentina. Y el mismo año la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa estimó que el Congreso Nacional era el segundo peor en falta de transparencia. El Latinobarómetro registra los congresos entre las instituciones de menor crédito, 20%.

Alto costo de los senadores

            Con el Manual de Beneficios Senatoriales se pudo establecer que los senadores dominicanos reciben $6 millones 147 mil 200 anuales por sueldo, gastos de representación, combustibles, hospedajes, y dietas por asistir a sesiones y a comisiones. Para Navidad $1 millón 500 mil y otros $500 para Reyes. Tienen una asignación mensual de $690 mil, para pagar personal auxiliar y asesores, que por 13 implican $8 millones 970 mil anuales; en muchos casos los entregan a familiares y activistas políticos. Y con los barrilitos se agregan  en promedio otros $8 millones 316 mil para totalizar $25 millones 433 mil 200 anuales, o $2 millones 119 mil 434 mensuales.

            Pero su costo es todavía mayor, porque también les pagan seguro de vida y de salud, internacional que incluye a cónyuge, e hijos hasta 25 años de edad, y pueden disponer de hasta tres vehículos, con chofer y combustible. Y para más privilegios hay que sumarle las exoneraciones de dos vehículos por período de 4 años, que muchos han vendido,  lo que es ilegal, para que empresarios y nuevos ricos importen vehículos de lujo que pagarían millones de pesos de impuestos. Por todos estos renglones el costo por senador sobrepasaría los $27 millones anuales. En muchos casos disponen también de guardaespaldas.

            Los barrilitos no se cargan por igual, sino atendiendo a la proporción poblacional de la provincia: DN, Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal, las mayores han estado recibiendo $1 millón 59 mil mensuales; las de menor población, Ocoa e Independencia, $609 mil; Santiago Rodríguez, Dajabón y Elías Piña 619 mil; las demás en ascenso hasta el millón. Hasta ahora se destinan al barrilito $22 millones 180 mil mensuales, que promedian $693 mil 125 entre 32 senadores. Pero Antonio Taveras Guzmán, de Santo Domingo, y Eduardo Estrella, de Santiago, lo rechazaron desde que asumieron la función en agosto. La del DN, Faride Raful, que en principio dijo que lo destinaría a pago de asesores, lo renunció esta semana, acogiendo la demanda generalizada.     

Más modestos los diputados

            Los ingresos de los diputados son mucho más modestos; entre sueldo, “compensación salarial”, gastos de representación y dieta reúnen $364 mil 443 al mes, para $4 millones 373 mil 315 anuales. Su costo se eleva porque la cámara les paga a cada uno, asistente legislativo,  secretaria, mensajero y chofer, sin que se haya podido precisar monto. 

            La asignación de los diputados para asistencialismo o clientelismo no es transparente como en los senadores, después que hace 5 años “la suprimieron”. En realidad quedó a discreción, con partidas para Navidad, Reyes, Día de las Madres, inicio del año escolar, y por solicitudes especiales. Si se parte de los $230 millones 612 mil presupuestados para 2021   en el renglón de “contribuciones especiales”, tocaría a cada diputado $1 millón 213 mil, lo que implica $101 mil 145 cada mes. Esa suma coincide con una confidencia de que se les permite solicitar hasta 100 mil pesos mensuales. También hay contribuciones adicionales en especie, por ejemplo en las cajas navideñas para repartir entre la clientela política y relacionados. 

            En los años recientes, los cofrecitos de los diputados podían ser surtidos generosamente cuando se necesitaba más su voto, incluso a los de oposición. Eso incluye los esfuerzos de los presidentes de la cámara baja por mantener “su popularidad” para ser reelectos.

El lujo de los diputados al Parlacen     

Los 20 diputados que representan el país en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) son en la práctica un premio de consolación para cuadros políticos que no alcanzan las candidaturas a las 190 curules del Congreso Nacional. No se eligen directamente, sino que se distribuyen en función de los votos obtenidos por los partidos. Es una representación simbólica, porque el Parlacen no tiene efectos vinculantes en ningún país.

Estos representantes reciben 2 mil dólares mensuales, cerca de 120 mil pesos. En la proyección de gastos para el 2021 tienen reservados $87 millones 427 mil 567, lo que dividido entre 20 arroja $4 millones 371 mil 378, entre 13 salarios un monto per cápita de $336 mil. La diferencia podría estar en los pasajes y gastos de viaje y seguros que se les paga. 

El Parlacen no aporta nada al país, aunque es una tribuna de interrelación con la dirección política de la región, lo que podría contribuir a una vinculación que ha llegado tardía para la RD, al igual que con los países de la Comunidad del Caribe, donde no ha logrado pasar de la categoría observador, siendo la mayor economía de la región caribeña.    

De iniquidad e inequidad

            Desde que se formalizó el actual esquema de barrilitos y cofrecitos, en la presidencia del Senado de Reinaldo Pared Pérez, en el 2004, la opinión pública los ha rechazado. Se supone que estaba llamado a sustituir la discreción de los repartos anteriores y que sería transparente el gasto, sujeto a rendición de cuentas. Pero eso no ha ocurrido.

            No hay duda de que se trata de un  subsidio para el clientelismo y el ventajismo de los legisladores, que en el caso de los senadores ha implicado el reparto de un promedio de $8.3 millones anuales, varios sobre 12 millones anuales, casi 50 millones de pesos en el período de 4 años. Eso les da una ventaja para competir hasta contra sus propios compañeros de partido, que a la hora de perseguir candidaturas no disfrutan del menor financiamiento público. Mucho más a quienes buscan sustituirlos desde otros partidos. Es lo que se llama inequidad. Pero también es una iniquidad auto conferirse parte del presupuesto nacional para beneficio político personal y para familiares y  relacionados. 

            A los barrilitos y otros financiamientos abusivos se atribuye, en parte, la estabilidad que tuvieron los senadores en las últimas dos décadas. En el 2010 el 84 por ciento de ellos, 27 de los 32, fueron reelectos, y por seis años. También el 74% de los diputados. En el 2016 se repitió casi en similares proporciones. Pera los comicios de este año el ventajismo fue barrido por la avalancha que sacó del poder al Partido de la Liberación Dominicana, que con sus aliados tenía 30, y ahora sólo tres del total están repitiendo.

            El clamor contra los barrilitos y cofrecitos de ha generalizado y en la opinión pública se les tiene como símbolo de oprobio. Muchos de los electos este año, que saben lo difícil que es competir con los beneficiarios de ese financiamiento inconstitucional, han perdido la memoria y ahora quieren mantenerlos. Pero con la grave crisis fiscal y económica, el clamor es tan fuerte que se preparan hasta paradas ante el Congreso y los partidos podrían verse forzados a intervenir. El desafío es mayor para los que ganaron las elecciones prometiendo un cambio político y ético.-