La JCE debe reglamentar la elección de candidatos y la campaña electoral

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Ante el bloqueo del proyecto de Ley de Partidos, que se extenderá al del Régimen Electoral, la Junta Central Electoral está en el deber de utilizar sus facultades  constitucionales para reglamentar toda la precampaña y la campaña electoral  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            La  ciudadanía organizada debería dar pleno apoyo a la Junta Central Electoral (JCE) para que, ante el bloqueo de los proyectos de leyes de partidos y del Régimen Electoral, utilice sus facultades constitucionales para reglamentar tanto la elección  de candidatos (o primarias), como la campaña electoral propiamente dicha.

La resolución limitando la precampaña, debe ser sólo el comienzo normativo para reducir el inmenso costo del proselitismo electoral, financiado por la corrupción pública y privada, para sacar al Estado de la competencia electoral y garantizar el mandato constitucional de libertad, transparencia, equidad y objetividad en las elecciones.

La facultad constitucional

            Como en cualquier otro asunto de interés público, podrá haber opiniones encontradas sobre la decisión adoptada esta semana por el pleno de la JCE estableciendo límites a las actividades proselitistas por las candidaturas para los comicios del 2020, pero la lectura de los artículos 211 y 212 de la Constitución de la República no dejan dudas sobre su procedencia y legitimidad.

El artículo 211 indica que “Las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las juntas electorales bajo su dependencia, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”. El 212, declara a la JCE como “un órgano autónomo, con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, “cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales” y le otorga “facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia”.

Los constitucionalistas parecen reiterativos, cuando en el párrafo IV del mismo, establecen que la JCE “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”. Y todavía más cuando dice que “En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Garrafal error político         

Parece un fuerte error político del expresidente Leonel Fernándezdeclarar inconstitucional la decisión de la JCE, tomándosela para sí, cuando afecta más a los demás que en su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también habían iniciado campañas con excesiva anticipación, por cuanto necesitan mayor movilización  para disputarle la candidatura presidencial, dadas las amplias ventajas por haber sido tres veces presidente de la nación y por presidir el partido. Por eso Francisco Domínguez  Brito y Carlos Amarante renunciaron a la condición de ministros, lo que ahora parece haber sido precipitado.

Leonel Fernández, que no acostumbra reaccionar precipitada y emocionalmente,  esta vez se lanza contra unos límites que él mismo declara “que aspiran a recoger un sentimiento que se ha albergado en la población durante varios años, que estima que los procesos electorales son muy prolongados en el tiempo y muy costosos desde el ´punto de vista económico”. Peor aún después que su jefe de campaña, Bautista Rojas, se manifestó insultante contra los titulares de la JCE.

Al fin de cuentas, lo que ha prohibido la JCE es realizar manifestaciones abiertas como caminatas, marchas y caravanas vehiculares, así como propaganda en los medios de comunicación, vallas y afiches y uso de altoparlantes  en las vías públicas. Eso no impide actos políticos en locales cerrados, ni conformación de comités de trabajo en los barrios y viviendas, incluso sus visitas a determinadas persona o locales partidarios, en las cuales podrían reunirse decenas y hasta cientos de personas. Si el rechazo se convierte en instancia anti-constitucional, Fernández corre el riesgo de conferirse un autogol o por lo menos marchar contra un sentimiento generalizado.

Legitimidad de la acción

En efecto, la JCE ha respondido un reclamo nacional que lleva más de dos décadas y que se incrementa en la medida en que hasta para alcanzar una candidatura a regidor se requiere invertir varios millones de pesos, y decenas para alcalde, diputado o senador, así como miles millones para presidente, lo que incentiva el dinero mal habido en las campañas, a costa del robo al Estado, de la evasión impositiva, y el rentismo o inversión privada que se cobra con favores y contratas y del narcotráfico. El reclamo de “bajar el costo de la política” ha sido levantado por todos los sectores sociales y  se ha incrementado en el clamor contra la corrupción, sin ser acogido por Fernández y su partido.

La acción de la JCE sería excesiva, si hubiese una ley que rigiera la campaña por las candidaturas, pero a falta de ella cobra mayor vigencia su responsabilidad y la facultad para reglamentarla. Sobre todo porque el PLD con absoluto control del Congreso ha bloqueado un proyecto presentado por la misma en el 2011 y reintroducido varias veces, obviamente porque saca mayores ventajas de la ausencia de regulaciones. Con ese mandato de la Constitución del mismo Leonel Fernández, no puede concluirse que la JCE se excede, cuando hasta los ayuntamientos limitan la propaganda callejera y la circulación vehicular, y el Ministerio de Interior y Policía los actos públicos que pueden afectar las actividades de la sociedad, sin que ello implique violar la libertad de expresión, de circulación o asociación, porque todos los derechos conllevan reglamentos impuestos por el bien común.

Faltará mucho más

            La resolución del 20 de junio ha sido justamente respaldada por múltiples partidos, por editoriales de casi todos los periódicos y por los comentarista y analistas de televisión más independientes. Ese apoyo conlleva el compromiso de la JCE de seguir supliendo la ausencia de reglamentación de las actividades proselitistas.

Esas restricciones no son improvisadas, pues están contempladas en el proyecto de ley de partidos sometidos por la JCE hace 7 años, que fue consensuado con los partidos políticos, por lo que tampoco se justifica el alegato del secretario general peledeista y precandidato presidencial Reinaldo Pared Pérez, de que debió consultar a los partidos.

Por demás, el presidente de la JCE, Julio César Castaños, ya había reiterado que si no se aprueban las nuevas normativas electorales, harían uso de sus facultades reglamentarias. Ahora falta que sigan adelante, y a menos que se apruebe la ley, hagan valer los estatutos de cada partido como normativa para elegir candidaturas.

La independencia y valentía del organismo en cumplir sus facultades serán más necesarias cuando se trate de reglamentar la campaña electoral mismo para “grantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”, especialmente para atender el relcamo de sacar al Estado de la campaña electoral.

Leonel tropieza y Danilo estancado

            Leonel Fernández tropezó innecesariamente con la resolución de la JCE, que  percibieron como parte de la ofensiva gubernamental por cerrarle el paso callejero, cuando pudo dejarla pasar y asumir algunas limitaciones. Lo que van directo a él son las suspensiones como dirigentes del PLD, del secretario de Organización Félix Bautista y del secretario de Finanzas Víctor Díaz Rúa, considerados entre sus principales “alcancías”, dispuestas unipersonalmente por el secretario general Reinaldo Pared Pérez.

En este caso pudieron haber peleado, porque fue una decisión personal de un competidor, y porque no mediaba la urgencia en que los estatutos facultan al secretario general para adoptar decisiones, aunque “en consulta con el Comité Político”, que no realizó. En el caso de Bautista, llama la atención que aceptara la sanción sin discutirla, cuando ahora no tiene ningún expediente judicial y no lo suspendieron cuando tuvo uno grueso por corrupción, del que fue liberado  tras los acuerdos políticos del 2015 para canalizar la repostulación de Danilo Medina. Francisco Domínguez Brito, quien ahora pidió sanción, le ayudó cuando era Procurador General al no apelar el “no ha lugar” judicial.

Díaz Rúa estaba imputado por la corrupción de Odebrecht desde hacía un año, por lo tanto no había urgencia para justificar la acción unipersonal del secretario general. También lució parcializado que no se suspendiera por igual al senador Tommy Galán por los sobornos de Odebrecht y al ex-director de la OMSA, acusado de un asesinato que envolvió denuncias de corrupción, éstos como miembros del Comité Central del PLD.

Aunque los golpes preanunciados para frenar a Leonel comenzaron, el proyecto de primarias abiertas de Danilo para “el plebiscito reeleccionista”, sigue sin conseguir el apoyo de los dos tercios de los diputados, y parece que cada día crece la renuencia de los perremeistas a echarle una mano, y se afianza la reiteración de su posición, junto al bloque de partidos opositores, de que las primarias sean con el padrón partidario, y dejar que Leonel y Danilo sigan su pelea y carguen el bloqueo de la legislación electoral.-

          

           

             

¡Ay Nicaragua, Nicaraguita!

A1     Por Juan Bolívar Díaz

“Ay, Nicaragua, Nicaraguita/ Mi cogollito de pijibay/Mi pasión se enterró/en el surco de tu querencia/como un granito de maíz”.
Los versos del cantor Carlos Mejía Godoy, el más grande de los folcloristas vivos de América Latina,  vuelven a la memoria de cuantos apoyamos hace cuatro décadas la lucha del pueblo nicaragüense para liberarse de una de nuestras más largas dictaduras. Fue una solidaridad universal que a coro cantó “Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de verguenza y de valor, de un pueblo que es poeta y que sus versos escribió en los muros y en las puertas, con sangre rabia y sudor”.

Van a contarse casi cuatro décadas desde que el Ejército Popular Sandinista derribó la dictadura, con unánime aplauso de los seres humanos libres, con la ilusión de que los nicaragüenses habían enterrado el oprobio  político y procedían a levantar una nueva sociedad. Es cierto que la guerra fría y las intolerancias imperialistas los envolvieron en un remolino de odio que prolongó la guerra y generó radicalismos y fundamentalismos.

Restaurada la paz, todo se podía esperar menos que la cúpula del sandinismo traicionara tan arteramente los sueños de héroes y mártires, corrompiéndose hasta el alma, aliándose con sus contradictores de la más corrupta  derecha política, arrodillándose ante el cardenal Obando, formando una alianza corporativa con un empresariado sin mínima vocación democrática, a cambio de reeditar la historia para atornillarse en el poder.

Con el dinero de Petrocaribe repartido por el chavismo y madurismo venezolano a cambio de apoyo internacional, el presidente Daniel Ortega compró todo lo que encontró en venta, doblegó las instituciones y adormeció la conciencia de amplios segmentos de pobres, salpicados con migajas denigrantes. La noche de la dominación volvió a aplastar las energías del pueblo nicaragüense.

El hombre que encarnó el gobierno revolucionario a partir del 1979, comenzó a degenerar en el poder hasta ser expulsado del mismo en 1990, cuando la cúpula sandinista protagonizó una piñata, quedándose con buena parte de las propiedades que habían expropiado a los Somoza. Volvió al poder en el 2006 para reelegirse en el 2011 y en el 2016, en comicios similares a los de la dictadura somocista.

Pero la paciencia de los nicaraguenses parece haberse agotado nuevamente después que la dictadura afrontó a sangre y fuego las primeras protestas populares, con un saldo de más de 170 muertos y centenares de heridos. El volcán popular se ha apoderado nuevamente de las calles y carreteras, erigiendo barricadas en Managua, Masaya y Estelí, y en las legendarias barriadas de Monimbó y Niquinhomo, con grandes pérdidas económicas.

Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Amnistía Internacional  no dejan dudas sobre la represión criminal desatada contra las protestas pacíficas. Condena las muertes y los nuevos hechos de violencia ocurridos en Nicaragua y urgen al Estado al cese de la represión, a investigar y sancionar el uso de la fuerza por parte de actores parapoliciales, a desmantelar dichos grupos y buscar una solución pacífica, constitucional y democrática a la actual crisis política que afecta el país.

Todo parece haber estallado en Nicaragua desde el 18 de abril, con tanta resolución que son pocos los que se conforman con una mediación restauradora del orden, y exigen la salida del poder del dictador Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. El legendario sacerdote Ernesto Cardenal, a sus 93 años lo ha expresado dramáticamente, rescatando un verso de su militancia antisandinista: “levántense todos, hasta los muertos”.

Hay que ponerle atención de nuevo a Nicaragua y esperar que los viejos militantes de la libertad se levanten del silencio y se reagrupen con los que han mantenido la resistencia, en el Movimiento de Renovación Sandinista, evocando a Carlos Fonseca, aquel “tayacán vencedor de la muerte”, de quien Mejía Godoy cantó que “viene derribando los muros de la noche, nítido, inmenso, tus ojos azules generosos apuntando firmes hacia el futuro, con tu carabina disparando auroras”.-

 

 

Leonel le cierra el paso a Danilo, pero lo lastran Bautista y Díaz Rúa

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Luce empatada la batalla entre Danilo Medina y Leonel Fernández por la candidatura del PLD, uno sin el padrón abierto para un plebiscito reeleccionista, y el otro lanzado a las calles pero con el lastre de corrupción de Félix Bautista y Díaz Rúa

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Parece destinado al fracaso el último intento del presidente Danilo Medina por consignar en la ley de partidos  la posibilidad del padrón abierto para la elección de los candidatos, que podría ser utilizado como plebiscito para buscar reformar la Constitución y permitirle una nueva postulación, o auspiciar a otro de su confianza.

Mientras tanto se acentúa el fraccionalismo en el Partido de la Liberación Dominicana, petrificado y sin árbitros, con su presidente, Leonel Fernández,  a la ofensiva en las calles, pero cargando el lastre de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, en quienes se personifica una corrupción que trasciende el ámbito nacional.

Fracasa la nueva fórmula

            Tras dos semanas de la propuesta de transacción de los danilistas para que se consigne en la ley de partidos que cada organización escoja el método de elección de sus candidaturas, pero precisando que pueda ser también el padrón abierto, se mantiene el tranque que ha impedido la aprobación de esa  legislación, básicamente por la división que afecta al gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

A mediados de abril los danilistas estaban tan decididos a imponer las primarias abiertas obligatorias, que abandonaron una Comisión Bicameral, donde  bregaron por un año, para aprobarla en el Senado donde reúnen los dos tercios necesarios. Pero tropezaron en la cámara baja al comenzar mayo con el bloque de 34 diputados leonelistas, además de los de oposición, que suman casi la mitad. La maniobra de quedarse fuera de la sesión del 3 de mayo les permitió contactar que ninguno de los leonelistas desertaban, y sólo 7 del medio centenar de los del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que pronto rectificaron y se comprometieron con la posición de rechazo a las primarias abiertas.

Cuando el 7 de mayo el expresidente Hipólito Mejía acató la línea del PRM, murió el primer proyecto de los danilistas y llegó la carta del presidente Danilo Medina, pidiendo que volvieran a la Comisión Bilateral en búsqueda de consenso. Se instaló una negociación infructífera entre los presidentes de ambas cámaras y los voceros de las bancadas, por lo que el 1 de junio llegó la propuesta de transacción rechazada de inmediato por los leonelistas, y que tuvo alguna receptividad entre perremeistas y reformistas, pero pronto recordaron que en la víspera 11 partidos de oposición habían reiterado en comunicado público la posición adoptada el 26 de enero: que se escogiera libremente, pero “en caso de optar por el método de las elecciones primarias, estas deben ser cerradas”.

El plebiscito de Danilo

            Los perremeistas, que parecían inclinados por la propuesta libertad absoluta, para viabilizar la Ley de Partidos, debieron frenar para salvar el bloque de oposición, ya que varios integrantes se oponían firmemente a abandonar lo sostenido durante meses. Más firmes los leonelistas para quienes parece de vida o muerte evitar que el presidente Medina les imponga el padrón abierto.

Una línea de análisis considera que la insistencia en el padrón abierto es para que sea “el plebiscito de Danilo”, quien sería inscrito como precandidato, y pocos dudan que utilizando todo el poder del Estado, aplastaría a Leonel, para luego convencer al partido de acatar “el mandato plebiscitario popular” y proceder a reformar de nuevo la Constitución para poder inscribir la candidatura presidencial. Contarían con que el temor a dividirse y perder el poder, produciría la reunificación en torno a la magia presidencial.

La hipótesis del plebiscito se fundamenta en que “sólo Danilo frena a Leonel”, por las ventajas que éste registra en todas las encuestas sobre los peledeístas alternativos, excepto su propia esposa la vicepresidenta Margarita Cedeño. Temen que los leonelistas objeten la precandidatura plebiscitaria ante el Tribunal Constitucional, lo que conllevaría incertidumbres y profundización de las divisiones.

Calculan que los riesgos disminuirían si es una ley la que permite la opción del padrón abierto, sobre todo si es acogida por la oposición. Imponerlo sólo en el PLD, demandaría una modificación estatutaria, pues está establecido el voto de sus miembros, y puede ser traumático con Leonel Fernández de presidente del partido.

Leonel tirado a las calles

No es secreto que los danilistas hace tiempo tratan de “evitar el retorno al poder de un Leonel vengativo, por los auspicios que se le atribuyeron de las denuncias del narcotraficante convicto Quirino Paulino, que contribuyeron a sacar al expresidente de la competencia por la candidatura presidencial en el 2015. Como este conoce muy bien de las ventajas que tienen “los que reparten los sobrecitos” y emplean ventajosamente todo los poderes del Estado, decidió lanzarse temprano a la precampaña electoral para fortalecer su posicióna dentro y fuera del partido y hacer más costoso que Medina pueda burlar los acuerdos del 2015, que incluyeron una cláusula constitucional que le prohíbe optar por la reelección en el 2020.

La ofensiva leonelista comenzó en agosto del año pasado, cuando lanzaron su proyecto “RD-2044”, atendiendo al planteamiento de Fernández de que el PLD debe gobernar hasta el bicentenario de la República. El lider peledeísta comenzó dictando conferencias,  mientras sus fieles iniciaron la recaudación de “dos millones de firmas”.

En la primera semana de Junio les alentó un análisis de The Economic que le atribuía al expresidente muchas posibilidades de ganar la candidatura del PLD y también de  volver al poder, y con una encuesta de la firma Latin Insights, desconocida en el país, y de la que él es cliente consultor, que lo colocaba en amplia ventaja frente a cualquier candidato de la oposición de cara al 2020. Y el domingo Leonel salió a  las calles en caravana por los barrios populosos del norte capitalino, seguido por miles de fieles, proclamando que “el calor del pueblo lo motiva a seguir” buscando volver al poder.

Los lastres de Leonel

            La resolución de Leonel y sus seguidores, advirtiendo que ya cedieron en el 2012 y en el 2016 a favor de Danilo, ha contribuido decididamente a cerrarle el paso a los intentos reeleccionistas, sembrando la idea de que desconocer el pacto del 2015 en el Comité Político conlleva la división, lo que ha dejado fuera de acción a ese como a los demás organismos del partido.

Pero el camino de ninguna manera está desbrozado para un Fernández que carga el lastre de la enorme corrupción de que se acusa a sus gobiernos, personificada en varios  de sus más cercanos colaboradores, como los secretarios de Organización y de Finanzas del PLD, Félix Bautista y Víctor Díaz Rua. El primero es el mayor implicado en las acusaciones de la semana pasada de la Procuraduría General de la República por los sobornos de Odebrecht, y el segundo puesto esta semana por Estados Unidos en una lista que le prohíbe no sólo el ingreso de él y su familia a ese país, sino que le impide cualquier negocio con empresas norteamericanas.

La sanción de Bautista, quien el domingo acompañaba a Leonel en su caravana,  por supuesos actos de corrupción en Haiti fue celebrada en el país, por la imagen que se  conserva de quien fuera acusado en un expediente del Ministerio Público por irregularidades administrativa que envolvieron más de 26 mil millones de pesos. Es convicción general que el no ha lugar que dictaminó la justicia, fue parte de los acuerdos para la repostulaicón de Medina en el 2016. Se secretea que otro de los acaudalados colaboradores de Leonel, el constructor del metro Diandino Peña, podría también enfrentrar dificultades por las denuncias sobre su patrimonio formuladas por reportaje de Alicia Ortega, en manos de la Procuraduría. Y que se reservan otras iniciativas.

Ya no podemos mirarnos a los ojos

            Con los dos líderes del partido enfrentados, en duelo político y ya personal, con el presidente y el secretario general disputándose agriamente la candidatura presidencial, y la salida al mismo ruedo de dos ministros del actual gobierno,  Francisco Domínguez Brito y Carlos Amarante Baret, estimulados por el presidente Medina, con indicaciones de que saldrían otros dos, Andrés Navarro y Gonzalo Castillo, más los jóvenes dirigentes Carlos Peña y Manuel Crespo, ya en campaña, el PLD pasa su peor crisis sin arbitraje.

Cuando esta semana se levantaron voces pidiendo la suspensión  de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, por su vinculación a la corrupción, el vocero del partido, Héctor Olivo, se apresuró a advertir que los tribunales de disciplina y ética del PLD no están conformados.

Los enconos entre los peledeístas por el poder fueron dramatizados recientemente por un reflexivo legislador, que los consideró casi insuperables, “porque la desconfianza es tan grande que ya no podemos mirarnos a los ojos”. En ese escenario algunos opositores consideran que lo que más les conviene es dejar que los peledeístas se consuman en la pelea por el padrón abierto o cerrado, por lo que descartan que puedan ayudar al que utiliza el poder a derrotar a su adversario y fortalecerse para abrirse paso al continuismo.-

Un genio llamado Tommy

A2Por Juan Bolívar Díaz

            A decir verdad merece toda la admiración de la fanaticada la genialidad del senador por San Cristóbal, Tommy Galán, quien sin presidir el Senado, ni ser siquiera vocero de su bloque legislativo, tampoco secretario general del glorioso Partido de la Liberación Dominicana (PLD), logró durante por lo menos diez años que se aprobaran casi todos los contratos del Estado con Odebrecht, causantes de un inmenso escándalo, que esta sociedad corrompida hasta la médula no tiene manera de enmendar, reparar o sancionar.

Fueron contrataciones por más de cinco mil millones de dólares, que implicaron una treintena de adendas para elevar hasta tres veces los costos originales contratados, en una fina labor, sin dejar huellas. El solito sobornado por Odebrecht, como un verdadero mago del ritmo, lograba que los 24 y 31 senadores, de 32, que tuvo su partido en los períodos 2006-10 y 2010-16, aprobaran sin mayores trámites, muchas veces declarándolos de urgencias, cuantos contratos  y renegociaciones firmaran los altos funcionarios del gobierno y enviaran al Congreso los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.

Desde luego, hubo una excepción en su currículum, las plantas de Punta Catalina, obra emblemática del presidente Danilo Medina, para la cual no fue necesaria su convincente eficacia, aunque involucraba poco más de dos mil millones de dólares. Como era muy extenso el contrato de 3 mil páginas, más de 700 sin traducir del inglés, fue exonerado de lectura y aprobado, aunque el poder presidencial a un tal Rubén Jiménez Bichara, para firmar tal contrato, fue emitido el 16 de mayo del 2014, un mes después de ser suscrito el 14 de abril.

Con apellido de Galán, Tommy Alberto se comportaba sin mayores ostentaciones, a diferencia de otros legisladores y dirigentes de su partido, pero detrás de esa carita engalanada de yo no fui, se ocultaba un verdadero genio de la manipulación política, generador de un lodazal que obligó al Rey de la selva a vivir de salto en salto para no enlodarse, como hubo de confesar cuando comenzó el drama hace un año.

Su trabajo fue tan fenomenal que rebasó los límites senatoriales para abarcar a la Cámara de Diputados, donde él había estado en el periodo 2002-06, y allí tuvo que emplearse a fondo, porque eran cinco veces más que los senadores, para que aprobaran todos los contratos y adendas, aunque en esa cámara había cierta proporción de opositores, entre ellos algunos tan extraños como los Tolentino, Arnauld  y Paliza, o tan díscolas como las Minou y Guadalupe. A los diputados no hubo que sobornarlos , o fueron más geniales aún que Galán y no han sido localizados ni por los nuevos Sherlock Holmes.

Para atrapar a Tommy tuvieron  que caerle atrás “más de 50 personas dedicadas por más de un año” del tremendo Alain con todo y la lámpara de Aladino, en una minuciosa labor contabilizada en “más de 130 mil horas, que examinaron más de 800 mil transacciones y operaciones financieras, que resultaron en más de mil páginas de documentos traducidos desde diversos idiomas”, como parte de una investigación que “contiene mil 711 pruebas” contra él y otros seis acusados.

Pero por su genialidad, Tommy tiene que tener bien ocultos gran parte de los 83.2 millones de dólares que Odebrecht le mandó para sobornos a su Angel repartidor entre el 2007 y el 2015, cuando el senador era el único sobornado en el Congreso Nacional, para contratar y aprobar contratos por más de 4 mil millones de dólares. Porque  Alain sólo logra documentarle un inmueble de 4 milloncitos de pesos, una parcela de 6 mil metros cuadrados en Jarabacoa, que debió costarle 2 millones de pesos,  y acciones sin cuantificar en la empresa Galán, Grullón y Montás.

Fue genial este Tommy, pues engañó a dos presidentes de la República y embaucó a todos sus compañeros senadores y a todo el liderazgo del PLD, tanto que todavía ni siquiera le han reprobado ni suspendido como miembro de su Comité Central. Hay que erigirle un monumento por sus geniales capacidades para bañarse y guardar las ropas, lo que aparentemente no supo hacer su compañero el tesorero del partido, tampoco descalificado por la exitosa y gloriosa institución política.-

La fallida investigación de la PGR abona el camino a la impunidad

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Tras más de 130 mil horas de trabajo de 50 especialistas, los imputados por la escandalosa  corrupción de Odebrecht se reducen a la mitad, sin determinar el destino de los sobornos ni la sobrevaluación de sus obras ni su financiamiento político 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            La conclusiones de un año y medio de investigación sobre las implicaciones en el país del escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht son profundamente decepcionantes, reduciendo a la mitad el número de imputados y sin avance en determinar los montos de las sobrevaluaciones ni los destinatarios del financiamiento político.

A todas luces la Procuraduría General de la República evadió investigar las responsabilidades del gobierno del que depende, sin imputar ahora ni uno solo de sus funcionarios, ni los responsables legislativos, y revocando las acusaciones que formuló hace un año a tres miembros del Comité Político del partido gobernante.

Vergonzoso e indignante

            El presidente del partido opositor Alianza País, Guillermo Moreno, no necesitó muchas horas para estimar que “la acusación presentada por el procurador en el caso Odebrecht produce vergüenza e indignación ante este nuevo  capítulo de impunidad”, porque han parido un ratón después de un año y medio de investigación, con más de 130 mil horas de trabajo de 50 especialistas, que abarcó a más de 400 personas y compañías, y la revisión de más de 800 mil transacciones y operaciones financieras.

Tan arduo trabajo, según explicó al país el procurador Jean Alain Rodríguez, no logró ni por asomo identificar los destinatarios de los 92 millones de dólares de sobornos confesados por Odebrecht, ni tampoco la magnitud de las sobrevaluaciones de las 17 obras contratadas por tres gobiernos, ni mucho menos los beneficiarios del financiamiento electoral testimoniado por altos ejecutivos de la constructora brasileña.

Resalta que los 14 imputados hace un año por los sobornos se redujeran a 6 y que sólo pudieran añadir un séptimo, el secretario general del principal partido de oposición, y expresidente del Senado Jesús Vásquez, intercambiado por  el expresidente de la Cámara de Diputados  Alfredo Pacheco, del mismo partido, liberado ahora de responsabilidad.

Más relevante es que entre los liberados estén tres miembros del Comité Politico del partido gobernante, el exministro Temístocles Montás, el exadministrador de la CDEEE Radhamés Segura, y el expresidente del Senado Julio César Valentín, Además el aliado gubernamental y exdiputado Ruddy Gonzalez.  Los otros liberados fueron César Sánchez, exadministrador de la CDEEE Máximo de Oleo y Bernardo Castellanos, exfuncionarios de la hidroeléctrica estatal. Parece quedar demostrado que, como proclamó entonces la jueza Miriam Germán, sus imputaciones estaban pobremente fundamentadas.

¿Dónde están los cuartos?

            La pregunta fue formulada en esta página el 8 de julio del 2017. La PGR partió de la documentación de 101 transferencias de fondos de cinco empresas de Odebrecht a dos del imputado Angel Rondón, “el hombre del maletín de reparto”, montante a US$83.2 millones, que ingresaron al país entre el 2007 y enero del 2015, el 25% en el período 2007-11, y el 75% entre 2012-15. El 33% bajo el gobierno de Leonel Fernández, hasta agosto del 2012, y el 67% en el del presidente Danilo Medina, de agosto del 12 a enero del 2015.

Ahora que quedan libres Montás, Segura, Valentín y González, del gobierno de Medina, y que la PGR insiste en que no hubo sobornos en la contratación de las plantas de carbón de Punta Catalina, cobra más fuerza la pregunta: dónde fueron a parar esas transferencias, si no hay imputados de este período, a quién y para qué se sobornaba?

Las transferencias, lo mejor documentado en toda la investigación de la PGR, fueron en ascenso progresivo: de US$11.4 millones en el 2012, pasaron a 15.8 millones en el 2013 y a 33.8 millones en el 2014, con una sóla, de 1.1 millón en enero del 2015, cuando la acción judicial en Brasil paralizó las operaciones. Entre el 13 y el 14, ya en el gobierno de Medina fue la mayor contratación con Odebrecht, las plantas de carbón por US$2,040 millones, y la Circunvalación de La Romana por US$298.8 millones.

El fuerte tufo político

El tufo político fue evidente en las imputaciones de mayo del 2017, cuando acusaron y apresaron igual número de funcionarios y legisladores del período 2000-04, que en los gobiernos de Fernández y Medina, 6 de cada uno, aunque en el primero sólo se contrataron dos obras por US$293 millones, una de las cuales no llegó a iniciar, por sólo  el 5% de los US$5 mil 957 millones, 987,457 de las obras contratadas con Odebrecht.

Quedan imputados dos expresidentes del Senado, que ejercieron hasta agosto del 2006, desde el Partido Revolucionario Dominicano, y que ahora son nada menos que presidente y secretario general del principal opositor el Revolucionario Moderno (PRM). También Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto de Aguas Potables hasta el 2004, los tres antes que comenzaran las transferencias documentadas. De los años de las transferencias, cuando se aprobó el 95% de lo contratado, sólo hay un senador imputado, Tommy Galán, quien no presidió el organismo, el ministro de Fernández, Víctor Díaz Rúa y su abogado Conrado Pittaluga. Por partidos, tres son del PRM y sólo dos del PLD, más Rondón, que habría sido de todos, y el abogado de Díaz Rúa.

Con los resultados presentados por el procurador se justifica la indignación del jurista Guillermo Moreno. Más aún si después de un año de las imputaciones a 14 personas, el funcionario confiesa que no habían reunido evidencias documentales para acusar y meter presos, en un aparatoso circo político, a más de la mitad.

Financiamiento electoral

            Si hay algo en el escándalo que la PGR ha rehuido son las denuncias sobre el financiamiento de campañas electorales, porque todos los caminos conducen al presidente Danilo Medina, quien hizo tres viajes a Brasil, en contacto con los expresidentes Lula Da Silva y Dilma Rousseff y los funcionarios de Petrobras y Odebrecht, en 2005 como ministro de le presidencia, 2011 como candidato presidencial y 2012 como presidente Electo. En el segundo consiguió la asesoría de Joao Santana y Mónica Moura, identificados en múltiples interrogatorios, hasta del presidente de Odebrecht, como sus brazos políticos para el auspicio de campañas electorales en Brasil, República Dominicana y otros 5 países.

Debe asumirse que a la PGR tanto Odebrecht como las autoridades judiciales de Brasil le entregaron los interrogatorios de las delaciones premiadas de Marcelo Odebrecht, y de los directores de su departamento de “Operaciones Estructuradas” o propinas, Fernando Miggliacio, Hilberto Mascarenhas da Silva y Luis Eduardo La Rocha. Da Silva testimonió que entre 2006-14 invirtieron US$ 3,390 millones en campañas electorales. Todos señalan reiteradas veces cómo operaban con Joao Santana y Mónica, y cómo trasladaron sus operaciones a Santo Domingo, por lugar seguro, cuando la justicia brasileña apretó sus investigaciones. Santana y Moura tuvieron despacho en el Palacio Nacional de Medina hasta que fueron requeridos y apresados al llegar a Brasil, para ser luego condenados. Los procuradores de países como Perú y Colombia incluso obtuvieron interrogar directamente a esos ejecutivos y por eso han investigado y procesado a expresidentes y en ejercicio.

Pero Jean Alain Rodríguez no tiene independencia para llegar tan lejos, y ni siquiera explica cómo liberó a Temístocles Montás, quien admitió en espacio pagado de junio 2017, que recibió financiamiento de Angel Rondón para las campañas electorales del PLD en 2008, 2012 y 2016. Tampoco se ha referido a la instancia formal de investigación de cuatro entidades sociales dominicanas que recogieron la detección en Perú de una triangulación de empresas de Odebrecht que en el 2013 hicieron 16 transferencias por US4 millones 396,796 a la empresa Cine&Art 2013, constituida en Santo Domingo por dos hijos de Joao y Mónica, aunque se le proporcionó el número de la cuenta y el banco donde operaba.

Nada de sobrevaluaciones

            También es indignante que a más de 18 meses del estallido del escándalo de Odebrecht, en diciembre del 2016, se llegue al plazo de las imputaciones sin haber realizado las auditorías reclamadas desde el principio para establecer los montos de las sobrevaluaciones, que según confesión de los ejecutivos de la constructora brasileña “tenían como patrón el 22%, para financiar los sobornos y campañas electorales.

Un consorcio internacional de periodistas que han investigado el escándalo de Odebrecht  estimó en US$1,217 millones las sobrevaluaciones en las obras contratadas en República Dominicana. El 22% de los US$5 mil 957.7 millones de las 17 obras en el país, arroja US$1,119 millones. En todas las contrataciones hubo adendas para escalar costos, en la hidroeléctrica Pinalito de 176%, en la Palomino 163% y en la circunvalación La Romana 132%. En las plantas de carbón se aducen sobreprecios hasta del 100 por ciento, y todavía Odebrecht reclama otros US$708 millones, sobre los 2,040 originalmente acordados.

El procurador dice simplemente que la Cámara de Cuentas no ha hecho las auditorías de costos, lo que debió exigir, incluso con intimación judicial, pero tampoco procuró determinar los responsables de todos los escalamientos de precios sobre el 25% de lo contratado, penalizados por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Un conteo de 8 de las 17 obras de Odebrecht contratadas por US$1,240 millones, establece que terminaron en 1,838 millones, con escalamiento de US634 millones, para un 51%.-

Nuestra capacidad de aguante

A1Por Juan Bolívar Díaz

El adormecimiento anestésico a que ha sido sometido el pueblo dominicano parece que no tiene límites y cada semana se descubre un nuevo abuso sin que la gran mayoría se dé ni por enterada, aún los perjudicados directamente. Parece que hemos perdido la capacidad de asombrarnos.

Desde el sábado asistimos a un atropello colectivo, después que el juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Jorge Luis Pérez,  evacuó –vale el verbo- una sentencia que “suspende provisionalmente la transmisión de los partidos de Beisbol Profesional de Grandes Ligas (MLB), que sean televisados o transmitidos o retransmitidos en la República Dominicana por Altice, CDN, CDN Radio y CDN Sports Max, hasta tanto la tercera sala del juzgado decida la demanda sometida por la Corporación de Televisión  y Microonda Rafa C.por A. (Telemicro) el 11 de abril del 2018”.

Así de un solo mazazo se privó a los dominicanos y dominicanas de una de sus entretenimientos preferidos en la televisión comercial, y no por algunos días, porque una demanda de esa naturaleza se toma meses y años en los “diligentes” tribunales nacionales. La consulta a destacados juristas indica que el juez se ha excedido abusiva y penosamente.  El impetrante escogió la vía del referimiento,  que sólo es válida en casos de urgencia, para proteger derechos que no puedan recuperarse.

El caso se resume en que la MLB rompió el contrato que tenía Telemicro para transmitir  un juego por día, alegando enormes atrasos de pago,  a pesar de reiterados esfuerzos de cobro, tras lo cual firmó otro contrato con Altice, la que a su vez subcontrató la CDN para un juego diario, y colocó un paquete especial en su propio servicio de telecable ofertando una decena de juegos por día, como venía haciendo por años.

Es válido que si la empresa local se sintió perjudicada, apele  a un tribunal y si allí se la da razón, entonces tendría derecho a demandar una reparación de la MLB, Pero la suspensión total de las transmisiones del beisbol no protege ningún derecho y en cambio perjudica el de decenas y probablemente cientos de miles de radioyentes y televidentes.

El exceso es mayor si se toma en cuenta que Telemicro sólo contrataba la transmisión de un juego por día, y que los paquetes de juegos, ahora también suspendidos, es una contratación separada que pagan varias empresas de telecable. Muchos aficionados pagan por adelantado los seis meses de la temporada, aprovechando ofertas más baratas que la mensualidad. Ahora mismo están lesionados  al no poder recibir el servicio contratado.

Es realmente inconcebible que un juez pueda tomar una decisión de esa magnitud, innecesaria porque en caso de ganancia del demandante su única reparación tendría que ser económica. No podrá transmitir los juegos que hayan pasado, en meses o años. A lo más que podría haberse  llegado sería a congelar el pago de Altice a la MLB hasta una decisión judicial definitiva.

Se impone preguntar  quién defiende el interés público,  por qué razón hay tanto silencio, incluyendo el de la inmensa legión de los comentaristas deportivos y sus asociaciones, y cómo es posible que una disputa empresarial, que eso es, prive a gran parte de la población dominicana del acceso a su mayor entretenimiento.

Por lo menos yo apelé a Proconsumidor para que ejerza la responsabilidad  que le otorga la Ley 358 de Protección del Consumidor o Usuario, cuyo artículo 22 la faculta “para representar los intereses de la población consumidora ante toda clase de autoridad u organismo público o privado, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que sean requeridos”.

Por demás, el artículo 474 del Código de Procedimiento Civil proclama que “Una parte perjudicada en sus derechos por una sentencia en la que ni ella ni las personas que ella represente, hayan sido citadas, puede deducir tercería contra dicha sentencia”. ¿Se animará Proconsumidor, o algún jurista a defender el interés colectivo?

La división en el PLD sigue bloqueando la Ley de Partidos

02_06_2018 HOY_SABADO_020618_ El País11 AYa los danilistas aceptan que no sea obligatorio el padrón abierto para elección de los candidatos y lo quieren opcional, pero los leonelistas insisten en que sea el partidario, y hay consenso en que la organice simultáneamente la Junta Central Electoral                                                 

 Por Juan Bolívar Díaz

            Los dirigentes de las cámaras y los bloques legislativos que negocian el proyecto de Ley de Partidos han avanzado en dos de sus aspectos conflictivos, que no sea obligatorio el padrón universal o abierto para la elección de los candidatos a los cargos electivos y que sea simultánea bajo organización de la Junta Central Electoral (ICE).

Pero persiste la división entre las dos corrientes que se disputan el control del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pues los danilistas quieren mantener el padrón abierto como opcional y los leonelistas insisten en que ya eso fue declarado inconstitucional y que sólo los miembros de cada partido deben elegir sus candidatos.

Un avance importante

Luego de dos semanas en la nueva ronda de negociaciones sobre el proyecto de Ley de Partidos Políticos, entre los presidentes de las dos cámaras legislativas y los voceros de los bloques partidarios, persisten diferencias, aunque han superado el mayor obstáculo que era la persistencia de los seguidores del presidente Danilo Medina de imponer el padrón abierto en la elección de las candidaturas de todos los partidos.

Voceros de los diferentes bloques parlamentarios concuerdan en que ya los danilistas desistieron de imponer el padrón de la JCE, pero quieren mantenerlo opcional a decisión de los organismos directivos de cada partido. A ello se oponen de forma radical los seguidores de Leonel Fernández, quienes insisten en que ya el padrón abierto fue declarado inconstitucional en el 2005 y que generaría conflictos intrapartidarios y en el Tribunal Constitucional, postulando que sólo los miembros de cada partido elijan sus candidaturas.

Al concluir la reunión de ayer viernes, quedó claro que hay consenso en que las elecciones primarias sean simultáneas para todos los partidos y organizadas y procesadas por la JCE. Pero las mantenían para todos, que hasta ahora son 26, lo que implicaría graves desafíos logísticos, y sobre todo para contar los votos individuales a por lo menos decenas de miles de candidatos en boletas separadas,

El PRM no se opondría

            Un vocero autorizado del principal partido de oposición, el Revolucionario Moderno (PRM) confió que sus legisladores no se opondrían a dejar la opción del padrón abierto, pero advirtió que será la Dirección Ejecutiva la que tendrá que decidir, y en consulta con las demás organizaciones partidistas que vienen accionando de conjunto en post de las reformas político-electorales que requiere la institucionalidad democrática.

Todavía el jueves el bloque de 11 partidos opositores, que incluye al PRM, planteó que “son las organizaciones políticas las que deben escoger el método de selección de sus candidatos, y que en caso de optar por el método de las elecciones primarias, estas deben ser cerradas, simultáneas y vinculantes, con la supervisión y apoyo logístico de la JCE”. Sostuvieron que su posición fue consensuada hace más de seis meses y se hizo constar en un documento impreso depositado en el Congreso Nacional.

Al plantear la “supervisión y apoyo logístico de la JCE”, se deduce que cada partido organizaría su proceso electivo y el cómputo de la votación, lo que eliminaría la congestión en caso de que los operadores de cada mesa electoral tuvieran que contar sus votos a decenas de miles de candidatos a los 4 mil 106 cargos electivos y en boletas por partidos.

La ley sigue en el limbo

El comunicado de los 11 partidos opositores indica que, además de corregir las “incongruencias y errores” del proyecto aprobado por el Senado,  todavía faltan otros “puntos fundamentales” para que la de partidos “no sea una ley insípida”, señalando “los topes de gastos, las alianzas de partidos, las cuotas, la laceración de la democracia interna, el régimen de sanciones, la regulación de la propaganda, así como las causas de extinción de la personería jurídica de los partidos”.

Consideran “excesivos e inaceptables” los topes de gastos aprobados por los senadores, que mantendrían los costos de la actividad política “en niveles sólo al alcance de los narcos, funcionarios corruptos y lavadores de dinero”. Estiman estiman “completamente inaceptable la modificación de la legislación vigente para permitir el financiamiento electoral de parte de las empresas extranjeras”. También reclaman que se incluya “un régimen para la donación de personas físicas y jurídicas que sean proveedores del Estado”.Y que las sanciones establecidas por el Senado sean reforzadas “ya que hay ilícitos que deben ser tratados como crímenes”.

Varios de esos reclamos estaban consignados en el proyecto de ley de Partidos sometido por la JCE tras consultas, pero fueron omitidos en la aprobación senatorial, ejecutada por dos tercios de danilistas, lo que implica que aún si se superan las diferencias intra PLD, quedaría mucho trecho para alcanzar un consenso con la oposición externa.

Amenaza unidad del PLD

            La explicación más lógica de que teniendo los danilistas más de dos tercios de los integrantes del Comité Político del PLD no impusieran allí las primarias abiertas, parece ser el temor a abrir la compuerta a la división del partido que ha dominado el escenario político desde el 2004 y que ya acumula cinco de los últimos seis períodos gubernamentales.

Esa compuerta persistiría si el padrón abierto lo determine sólo el PLD, lo que implicaría un agrio debate interno, incluyendo la modificación de los estatutos que establecen como exclusivo de los miembros del partido la elección de sus candidaturas. Pasaría por un recurso de inconstitucionalidad que sacudiría el Tribunal Constitucional cuyos titulares fueron seleccionados por Leonel Fernández.

Pero aún si pasara esas pruebas los danilistas todavía tendrían que derrotar al tres veces Presidente de la República y actual presidente del partido, lo cual resultaría muy difícil, a menos que Danilo Medina mismo se lance de precandidato. Eso no es descartable en la tradición nacional reeleccionista. Sería más viable si las primarias fueran organizadas por los partidos, porque en este caso apostarían por el hecho cumplido y forzar a todos los peledeístas a una nueva reforma constitucional. Si la organiza la JCE no podría aceptar la precandidatura de Medina sin previa reforma de la Constitución que la prohíbe.

La repostulación del presidente Medina sin previa reforma constitucional sería una maroma política demasiado costosa, no sólo al interior del PLD, sino para la conciencia institucional de la sociedad, por lo que muchos se inclinen por el padrón abierto para buscar que “venza el Estado” una vez más como adujo Danilo cuando perdió de Leonel en el 2007.

Pueden subestimar a Leonel

La opción de los danilistas de cerrar el paso a Leonel Fernández con un candidato nuevo, auspiciado por el poder, puede estar determinada por una subestimación del liderazgo y la decisión del expresidente, y porque éste ya cedió dos veces para respaldar a Medina, en el 2012 y para el 2016. Pero esta última vez para salvar la unidad del partido, previo acuerdo, llevado a la Constitución, de que sería el último período de Medina.

Si a Leonel no lo pueden vencer con el voto de los peledeistas, no será fácil hacerlo con el universo, a no ser que el Estado se vuelque masivamente a comprar votos externos, en cantidades que montarían el temido escenario de la división. Porque en tal circunstancia a Fernández, humillado, no le quedaría nada por buscar en su partido.

Hay quienes olvidan que los peledeístas deben su prosperidad política, económica y social a Fernández, cuyos excesos hasta hicieron posible la entronización de Danilo Medina en el 2012. Tiene inmensas lealtades en todos los niveles del partido, en la mayoría de los aliados y hasta en la ciudadanía, aunque también amplio rechazo.

El problema es más  difícil cuando se pasa revista a los resultados de las encuestas y se comprueba que quoienes se han lanzado como precandidatos para competir con Leonel, no han alcanzado nunca más del 2 por ciento en las encuestas, tanto para el 2016 como posteriormente, excepto su esposa Margarita Cedeño y su seguidor el alcalde de Santiago Abel Martínez.

Las dos últimas Gallup-.HOY de octubre del 2017 y Marzo 2018, y la Asisa de este mismo mes, indican que Reinaldo Pared y Francisco Domínguez Brito no llegan al 2 por ciento ni en el universo de preferencias ni entre los que se confiesan peledeístas. Amarante Baret no aparee, y los que suenan como emergentes tampoco han llegado ni al 1 por ciento. No se han lanzado Radhamés Segura ni Temístocles Montás, ambos que tenían más  posibilidades de ser alternativa entre Danilo y Leonel, fueron puestos en difícil perspectiva con su imputación en el escándalo Odebrecht.

Por eso sería que en su análisis en perspectiva de esta semana The Economist apostó a la candidatura de Leonel Fernández, y un influyente miembro del Comité Político del PLD, nada favorecedor del expresidente, confió su convicción de que éste será el candidato peledeísta del 2020. Porque temen que una imposición divida el partido y los saque del poder.-

Es falta de cultura democrática

A1

Por Juan Bolívar Díaz

Tanto el largo debate de 20 años sobre el proyecto de Ley de Partidos como el del último año por imponer en ella el padrón electoral abierto para la elección de los candidatos de todos los partidos, lo que ratifican es la ausencia de cultura democrática, en la sociedad dominicana, pero sobre de los que aspiran a administrar el Estado y representar a la ciudadanía.

No es que en la base social haya prendido la cultura democrática, sino que es practicada de forma implacable en los altos niveles, donde no se aceptan reglas que garanticen igualdad de oportunidades, incluyendo la dirección de organizaciones profesionales, sindicales, en las academias, en los clubes de todas las categorías y hasta en las juntas de vecinos. Ojalá fuera sólo en los partidos, porque ya hubiesen sido sustituidos, aunque en ellos el arrebato es más grave puesto que aspiran a regir el Estado y la sociedad.

Sobran los ejemplos de incapacidad para regirse democráticamente en los partidos de todas las corrientes ideológicas, y en instituciones tan respetables como el Country Club y la Asociación Médica Dominicana que llegaron a tener dos directivas paralelas, el Colegio de Abogados que pasó varios años sin elegir dirigentes, la Academia de la Lengua, donde se cuestiona su funcionamiento, al igual que en centrales sindicales y entidades sociales.

Ahora mismo está penosamente dividida la federación de fundaciones patrióticas.
Se habla de diálogo y búsqueda de consenso, pero de lo que se trata casi siempre es de imponer la voluntad de los gobernantes, que son los responsables de que no se haya aprobado una ley que rija democráticamente los partidos, que los obligue a rendir cuentas y que establezca límites a la desmesura con que se ejerce la política atropellando derechos.

Pero lo del padrón abierto es el extremo. Se ha demostrado que no unifica ni al partido de quienes lo promueven, que lo rechazan casi todas las organizaciones políticas, sociales, empresariales y las iglesias y que después de un año en que una Comisión Bicameral consensuó todo el proyecto de Ley de Partidos, excepto lo del padrón abierto, ahora se plantea volver a ese escenario, lo que sólo se explica en empeño de ganar tiempo.

El presidente Medina no puede alegar que quiere un consenso que hace tiempo existe, excepto en su preferencia, y que se debe buscar ahora en la Cámara de Diputados, tras la aprobación del Senado. El debe honrar su investidura acogiendo el proyecto original de la Junta Central Electoral, fruto del consenso, que propone un padrón actualizado y que cada partido, elija la modalidad, según sus estatutos.

El padrón abierto es objetable porque divide a los partidos, porque promovería otra campaña electoral nacional y la compra de votos que convertiría la política en un inmenso mercado de dinero sucio hasta en el último municipio, y porque es inmanejable en elecciones simultáneas de todos los partidos, al margen de su dudoso carácter constitucional.

Lo curioso es que el único dirigente político fuera de los seguidores del presidente Medina, que comparte el padrón abierto, sea Miguel Vargas, porque cuando perdió la candidatura presidencial del viejo PRD, 46.57% a 53.44% de Hipólito Mejía para el 2012 él comenzó su desguañangue bajo el alegato de que “200 mil peledeístas fueron llevados a votar”, ante una Comisión Organizadora integrada por Enmanuel Esquea, Milagros Ortiz, Hugo Tolentino, Ivelisse Prats y Quico Tabar, cinco de los más honestos ciudadanos que han ejercido la política en toda la historia nacional, quienes le negaron razón.

De ahí en adelante, nada pudo detener el desmembramiento del PRD, hasta su reducción del 47% que sacó en las elecciones del 2012, al menos del 6% cuatro años después. Y aquello fue un padrón sólo “semi-abierto”, el mismo que se había utilizado en el 2007 cuando Vargas le ganó la candidatura a Milagros Ortiz Bosch. Tomaban el padrón nacional de la JCE y le excluían los de los otros partidos. Si aún así se sostuvo que votaron 200 mil peledeístas, imagínense cuántos se hubiesen alegado con un padrón totalmente abierto como el que él y Danilo Medina quieren ahora.

Acorralado, Danilo desanda camino por imponer las primarias abiertas

19_05_2018 HOY_SABADO_190518_ El País11 AEl presidente Medina reconoce que no tiene los votos para imponer las primarias abiertas y plantea volver a la Comisión Bicameral de la que sacaron el proyecto hace dos meses, sin acabar de ceder ante un amplio consenso político-social que las rechaza

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Aunque  plantea un diálogo sobre el proyecto de Ley de Partidos, el presidente Danilo Medina se lanza otra maroma en su afán por imponer a toda la sociedad política y civil el padrón electoral abierto en la elección de candidatos, con el efecto inmediato de evadir su empantanamiento en la Cámara de Diputados y ganar tiempo.

Devolver el proyecto de ley a una Comisión Bilateral que ya lo discutió durante un año y lo consensuó, excepto, en las primarias abiertas, y que los danilistas disolvieron,  carece de sentido práctico, pues el diferendo de un solo artículo se puede dirimir por igual entre los mismos diputados a quienes se los remitió el Senado,

Una generosa acogida

            Sólo por el cansancio sobre la interminable discusión en torno al proyecto de Ley de Partidos, con 16 años dando tumbos en el Congreso Nacional, y ahora con diferendo sobre las primarias abiertas para elegir candidatos, se puede explicar la acogida que ha tenido la carta del presidente Danilo Medina dirigida a los presidentes de las cámaras legislativas pidiendo que integren una Comisión Bicameral para buscar una solución de consenso.

El texto del documento es engañoso al plantear que “ha llegado el momento de poner el interés nacional por encima de cualquier otra consideración”, por lo que pide “un escenario de diálogo entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional con miras a buscar una solución  viable y de consenso que haga posible aprobar esta importante legislación”.

De inmediato gran parte de la opinión pública, incluyendo al expresidente Leonel Fernández, el presidente de la Cámara Baja, Rubén Maldonado,  y el líder opositor Luis Abinader, acogieron la propuesta. Fernández porque quiere mantener un perfil conciliador y necesita la unidad de su partido y el apoyo de Medina en su empeño por para volver a la presidencia. Abinader porque el 9 de enero pasado propuso formalmente al presidente Medina un pacto político por las reformas electorales y la gobernabilidad.

El bloque de partidos de oposición, y entidades como Participación Ciudadana y la Finjus, y organizaciones empresariales también han reclamado la concertación del sistema político para viabilizar una ley de partidos que lleva 16 años dando tumbos en el Congreso, insistiendo como fundamental en la transparencia del financiamiento, límites de gastos y tiempos de campañas y mecanismos democráticos internos y equidad política y de género.

Rebasa los legisladores

El primer elemento que cuestiona la sinceridad de la propuesta presidencial es que Medina, como muchos otros, sabe de sobra que la decisión de una salida consensuada al diferendo sobre la elección de candidatos con padrón abierto sobrepasa el marco legislativo y se inscribe en las alturas del liderazgo político. Sólo los retrasados mentales ignoran que la pelota está en la cancha del Palacio Nacional y que es el mismo presidente quien  persiste en imponer un método electivo que divide  hasta su propio partido y que rechaza casi todo el sistema político y las entidades sociales, empresariales y religiosas.

El segundo elemento es que parece absurdo volver al escenario donde se discutió el proyecto durante un año, como si él lo ignorara. Tras su enésima introducción al Congreso Nacional, el Senado bajo su control aprobó el 29 de marzo del 2007, crear una Comisión Bicameral, que integró con 14 senadores y 15 diputados, presidida por el senador danilista Arístides Victoria Yeb. Realizaron vistas públicas y recibieron 18 propuestas. Aprobaron 75 de los 77 artículos del proyecto sometido por la JCE, con más o menos variantes, pero quedaron empantanados sobre las primarias abiertas obligatorias organizadas por la JCE.

Los senadores agotaron las dos legislaturas del año pasado, mientras ni siquiera el Comité Político del gobernante PLD lograba acuerdo sobre el punto en conflicto, tanto que en octubre decidió integrar una comisión de cinco juristas para que opinara si ese método es inconstitucional, como ya dictaminó la Suprema Corte en el 2005, Tampoco pudo acordar los juristas, por lo que  en febrero revocaron la decisión y dejaron a los legisladores en libertad de votar al respecto. El 7 de marzo los senadores disolvieron la Bicameral y el 18 de abril los más de dos tercios danilistas aprobaron el proyecto con el padrón abierto.

El escenario es la Cámara

Como es mandato constitucional el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados que ahora tiene el poder de decisión. Cierto que allí la división impide lograr dos tercios de los votos para aprobar o para modificar o rechazar el texto del Senado. Alguien tendría que ceder sobre el método de elección de los candidatos, con padrón abierto a toda la ciudadanía o el que el mismo proyecto manda tener en cada partido, o mediante asamblea de delegados, que es lo racional para los pequeños y emergentes, o por encuestas, según lo establecen la diversidad de estatutos. En todo caso bajo estricta fiscalización de la JCE.

Si nadie cede, el proyecto de Ley de Partidos moriría en manos de los diputados, pero ya el escenario de una Comisión Bicameral fue agotado durante  más de 11 meses, de manera que rebasa esas instancias para depender del liderazgo político, en especial del presidente Medina. De él se espera que atienda el clamor casi general del sistema político y social y hasta las advertencias de la JCE sobre el costo y la dificultades de elegir al mismo tiempo las candidaturas de 26 partidos a 4 mil 106 cargos, con multiplicidad de aspirantes que podrían totalizar cientos de miles a quienes tendrían que contar votos individuales, y de tres o cuatro elecciones nacionales en 7 meses.

Es obvio que el mismo esfuerzo que se podría hacer otra vez en la Comisión Bicameral, puede tener efecto en la Cámara de Diputados, escenario lógico si ya los senadores tomaron su decisión y si es allí donde nadie reúne la mayoría calificada de dos tercios para una ley orgánica, como es la de Partidos.

Otro divertimento de Danilo

            Si el presidente Danilo Medina estuvieran en disposición de aceptar lo que es un consenso nacional casi total, en vez de tratar de revivir la Comisión Bicameral, hubiese pedido a sus parciales en la Cámara de Diputados que no siguieran boicoteando allí el conocimiento del proyecto, como hicieron el 3 de mayo cuando sería introducido al pleno y el martes 15 cuando empezaría a ser evaluado por la Comisión Especial de ese organismo.

En su carta, pidiendo consenso, Medina dedica 4 párrafos a defender sus primarias abiertas y la aprobación senatorial que despreció el amplio consenso nacional. La iniciativa presidencial es tan ilógica que parece fruto de una improvisación, como para sobreponerla y restar impacto al comunicado de la Conferencia Episcopal Dominicana, enviado a los medios el miércoles 16 para publicarse en los diarios del jueves. Así ocurrió, pues para casi todos los medios la carta del presidente fue lo más relevante del día y pocos pusieron atención a lo suscrito por los 23 obispos, incluidos los 7 eméritos.

Varios de esos obispos ya se habían pronunciado individualmente contra la imposición del padrón abierto, y ahora el colectivo plantea que es hora de romper la “prolongada espera” de la Ley de Partidos, “de asumir la responsabilidad con el criterio consensuado por todos, y que responda a los principios democráticos del ejercicio partidario”. Así mismo “que no se puede forzar a la Junta Central Electoral, a la que todos debemos dar nuestro voto de confianza, para que tenga que llevar a cabo tantas elecciones en un mismo año o en unos pocos meses sucesivos”.

Un presidente acorrralado

Si algo queda claro del largo debate es que el presidente Medina, como casi todos los que han alcanzado ese cargo en el país, se siente por encima del resto de la sociedad y trata de imponer a cualquier costo lo que cree conveniente al proyecto de eterno poder. En la sociedad faltan pocos sectores importantes por pronunciarse contra un sistema que abriría de par en par las puertas al ya grave mercado de compras de votos y estremecería el sistema político, amenazando dividir hasta su propio partido.

Nada ha hecho el mandatario para disipar la generalizada convicción de que la imposición del padrón abierto en la Ley de Partidos busca crear  espacio a su continuidad en el poder, y que si lograra para ello los dos tercios de los diputados, “conquistando” opositores, los empleará también para modificar la Constitución que le prohíbe volver a ser candidato a la presidencia.

Los más optimistas creen que al reconocer que no ha podido alcanzar esos votos, el presidente está buscando una salida honrada del acorralamiento en que se metió. De ser así devolvería el sosiego a la sociedad. Pero hubiese sido más elegante y más ponderado que siguiera el curso constitucional y lógico de la Cámara de Diputados, puesto que en el Senado el tiene no un tercio, sino tres cuartas partes de los votos.-

————————————————————————————————————–El largo viacrucis de la Ley de Partidos

1998: El “Diálogo Nacional” aprueba instituir una Ley de Partidos y otras reformas             políticas y electorales.

1999: La Comisión para Reforma y Modernización del Estado entrega el primer        consenso  de Ley de Partidos al Presidente Fernández, quien no lo remite al Congreso.

2001: El Consejo Nacional de Reformas del Estado (CONARE) renueva el consenso             con modificaciones, pero el presidente Mejía tampoco lo envía al Congreso.

2002: Varios diputados, encabezados por Liselotte Marte de Barrios,   someten al      Congreso el proyecto de ley consensuado en  el CONARE

2009: Tras varias infructíferas reintroducciones al Congreso, el proyecto es incluido  en el “Pacto de las Corbatas Azules” entre el presidente Fernández y el     presidente del PRD, M. Vargas.

2010: El Comité Político del PLD crea una comisión presidida por el     vicepresidente           Rafael Alburquerque para consensuar el proyecto.

2011: La JCE envía al Congreso proyectos de Ley de Partidos y del Régimen Electoral, elaborados por técnicos de la OEA tras consultas a los partidos.

2012: En la campaña electoral  los candidatos presidenciales firman un compromiso en la PUCMM para aprobar ese mismo año las reformas electorales.

2017: El 29 de Marzo se crea una Comisión Bicameral para consensuar los proyectos            de reformas electorales.

2017: El 2 de Octubre el Comité Político del PLD aprueba crear comisión de    juristas para opinar sobre la constitucionalidad de las primarias abiertas.

2018: El 5 de  febrero el Comité Político desiste de la comisión de juristas y deja en libertad a sus legisladores para votar sobre las primarias.   

2018: El 7 de marzo los senadores disuelven la Comisión Bicameral.

2018: El 18 de abril el Senado aprueba el proyecto de ley de partidos con primarias abiertas y simultáneas organizadas por la JCE.

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La post-verdad y las fake news

A1

Por Juan Bolívar Díaz

            Post-verdad y fake news son de las terminologías que dominan hoy el mundo de las comunicaciones, tanto que pareciera que quien no las emplea está fuera de la era cibernética y digital, que no está en nada, que es un desfasado o desfasada, y la emplean los comunicadores, como los políticos y los intelectuales y hasta el Papa Francisco las ha referido en su reciente mensaje con motivo de la “52 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.

Las fake news, que fue a lo que aludió el pontífice no es otra cosa que la noticia falsa. La post-verdad tiene una connotación más amplia o diversa, pero se puede resumir en una falsificación o alteración de la realidad, apelando a las emociones, prescindiendo de la objetividad  y se incuba en las desorientaciones que caracterizan el convulso mundo de esta segunda década del siglo 21, que de tanto ser difundidas instantáneamente por las redes sociales son convertidas y aceptadas como realidad.

No deja de provocar hilaridad que tanta gente crea que las noticias falsas y la manipulación son un fenómeno nuevo, fruto de la era digital. En realidad han existido siempre, y durante la segunda mitad del siglo pasado, fueron objeto de intensos debates académicos y profesionales.

La gran novedad es la diversidad de fuentes; antes las noticias falsas y la manipulación eran producidas por un sistema comunicativo concentrado en unas cuantas agencias informativas internacionales, y las propias de las naciones dominantes que a menudo se confundían,  y los periódicos, radio y televisión concentrados en los grandes poderes económicos. Ahora, las nuevas tecnologías de la comunicación han diversificado y multiplicado las posibilidades de la manipulación de las emociones y hasta de las conciencias de millones de personas, de forma instantánea. Lo pueden hacer hasta los individuos, pero los consorcios políticos y económicos siguen liderándolo.

Nos vienen a la memoria infinidad de casos de lo que hoy llaman post-verdad, como aquella película ítalo-norteamericana “El Monstruo en Primera Plana”, cuyo argumento discurría en un joven dirigente del Partido Comunista italiano acusado falsamente de un crimen de violación convertido por periódicos en un mayúsculo escándalo de repercusiones políticas en una campaña electoral.

Al gobierno de Salvador Allende lo convirtieron en un estrangulador de las libertades en Chile, aunque cayó sin haber reducido ningún derecho; de la revolución constitucionalista dominicana de 1965 se tejieron historias hasta de violación de las monjas para  tratar de justificar la invasión de Estados Unidos. Y todavía al comienzo de este siglo el sistema comunicativo justificó la inmensa destrucción de Irak con la consigna de que Sadan Hussein tenía unas armas de destrucción masiva que todavía no han aparecido.

Lo que el Papa Francisco nos ha dicho esta semana es que “El drama de la desinformación es desacreditar al otro, presentarlo como enemigo, hasta llegar a la demonización que favorece los conflictos. Las noticias falsas revelan así la presencia de actitudes intolerantes e hipersensibles al mismo tiempo, con el único resultado de extender el peligro de la arrogancia y el odio. A esto conduce, en último análisis, la falsedad”.

En los años setenta y ochenta cuando la UNESCO recogió las preocupaciones académicas y de los profesionales de la comunicación por los monopolios de la información fue satanizada, y al igual que quienes promovían la profesionalización del periodismo, convertidos en enemigos mortales de la libertad de prensa, lo que muchos llegaron a creer.  Era la post-.verdad.

Fueron los años del Informe MacBride “Un Solo Mundo, Voces Múltiples” proclamando que “con el establecimiento de un nuevo orden mundial de la comunicación, cada pueblo debe poder aprender de los demás, informándoles al mismo tiempo de cómo concibe su propia condición y de la visión que tiene de los asuntos mundiales. Cuando ello se logre, la humanidad habrá dado un paso decisivo hacia la libertad, la democracia y la solidaridad”.-