La Calidad del gasto educativo

Por Juan Bolívar Díaz
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Hay que celebrar la pormenorizada evaluación del gasto en educación que entregó esta semana la Acción Empresarial por la Educación, conocida como EDUCA, que se suma a los monitoreos semestrales que viene realizando la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC), la cual involucra a numerosas entidades sociales preocupadas por el mejoramiento de la educación nacional.

El nuevo estudio demuestra que falta mucho camino por recorrer para alcanzar los objetivos por los cuales la sociedad dominicana luchó durante tres décadas porque nuestros gobiernos asumieran la responsabilidad de invertir mucho más recursos en el fundamento del progreso y la realización de los seres humanos y de las naciones, que es la educación.

Uno de los mayores éxitos de la sociedad civil organizada fue haber logrado que los candidatos presidenciales del proceso electoral del 2012 firmaran el compromiso de cumplir la ley general de educación de 1997, que dispone una inversión del 4 por ciento del Producto Bruto Interno para la educación preuniversitaria, lo que materializó el gobierno del presidente Danilo Medina, a partir del 2013.

Cuando se alcanzó el primer objetivo, ya el promedio del gasto en educación básica de la región latinoamericana rondaba el 5 por ciento del PIB, el doble de lo que registraba el país. Nos tomó 16 años lograr el cumplimiento de la Ley 66-97, que a su vez fue fruto de un consenso que costó mucha movilización y persistentes reclamos de las instituciones, los educadores y comunicadores más empoderados de su responsabilidad social. EDUCA estima que durante los años en que se evadió cumplir la ley, dejamos de invertir en educación el equivalente a 10 mil 569 millones de dólares.

Conviene recordarlo en estos días cuando grupos políticos, legisladores y comentaristas llegan al extremo de cuestionar el derecho de las organizaciones sociales a participar activamente en la búsqueda de consenso sobre las reformas electorales y los perfiles de competencia de sus árbitros y jueces que demanda la endeble institucionalidad democrática. Sin el activismo de los grupos sociales todavía estaríamos como en aquellos penosos años en que las escuelas eran hacinamientos de niños, con frecuencia sin siquiera tizas ni borradores, y los maestros sobrevivían en la más penosa pobreza.

El informe de EDUCA es un amplio documento que merece una lectura detenida, donde resalta el esfuerzo por relevar los efectos positivos de la inversión, con logros patentes en construcciones escolares, aunque todavía en la mitad de lo programado, en el mejoramiento de la condición salarial y del nivel profesional de los educadores, en la extensión del horario de las escuelas y en la oferta de alimentación y materiales educativos a la población escolar.

Pero la celebración de los avances no puede impedir que veamos las deficiencias que consigna el informe de EDUCA, que contiene serios cuestionamientos a la calidad del gasto educativo, advirtiendo que de mantenerse su tendencia se haría insostenible en apenas tres o cuatro años. La causa fundamental es la desproporcionada elevación del gasto en personal, especialmente del administrativo. Mientras en los últimos cinco años el personal docente aumentó en 27 por ciento, el administrativo lo hizo en 78 por ciento, con 33 mil 307 nuevos empleados, que elevaron la nómina de los no docentes en 148 por ciento.

El informe revela que el clientelismo halló en el 4 por ciento del PIB para la educación una nueva fuente de sustento. Es obvio que más escuelas y aulas requieren más maestros y asistentes administrativos, pero es desproporcionado que el personal secretarial y asistente creciera en 89 por ciento, los guardianes en 80 y los conserjes en 52 por ciento. Un buen indicio es que en la provincia Espaillat, de donde es quien fuera el ministro de Educación en esos años, con un joven hijo que gastó millones de pesos para ser diputado, fueran designados 938 conserjes, con crecimiento del 243 por ciento.

Lo menos que podría esperarse es que el nuevo ministro de Educación, Andrés Navarro, a quien se le acreditó la eliminación de un millar de botellas en su anterior cargo de Relaciones Exteriores, contenga y revoque el clientelismo en gasto educativo.

Conviene a la gobernabilidad una suave elección de la JCE

Por Juan Bolívar Díaz
18_09_2016 HOY_DOMINGO_180916_ El País13 A

El presidente Danilo Medina tiene el desafío de ejercer su liderazgo político para contener a los legisladores y dirigentes de su partido que pretenden elegir los integrantes de la Junta Central Electoral (JCE) sin dar oportunidad a que fluya el diálogo político iniciado con la mediación de monseñor Agripino Núñez, que él mismo solicitó.

No hay dudas que el partido de gobierno tiene sobradas fuerzas para volver a imponer los integrantes de la JCE, del Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, pero si sigue apretando la rosca, podría fortalecer las resistencias políticas y sociales y generar ingobernabilidad, cuando tiene urgencias de resolver precariedades fiscales.
Preocupante precipitación

La Comisión del Senado para evaluar candidatos a integrar la JCE pareció lanzada a la precipitación, comenzando a entrevistar a unos 30 interesados que habían completado expedientes, aún antes de cerrar el plazo de inscripción fijado para este lunes 19 a las 6:00 de la tarde, tratando de ignorar el intento de concertación que coordina Núñez Collado. El senador Dionis Sánchez, quien preside la comisión, es de la línea dura que se anticipó a descartar la participación de la sociedad civil en el proceso, y que desprecia y subestima los partidos opositores, que han venido coordinando posiciones y actuaciones desde que concluyó el proceso electoral en mayo.

La línea dura del oficialismo, representada ampliamente en el Senado, se radicalizó tras informarse que el gobierno de Estados Unidos había suprimido los visados del presidente de la JCE, Roberto Rosario, y como sus múltiples voceros en los medios de comunicación, proponía ratificar los actuales integrantes del organismo, aunque uno, Eddy Olivares, lo ha rechazado, sumándose a quienes propugnan por una total renovación. Negaron la pausa para dar tiempo al diálogo, propuesta de los dos senadores del PRM.

La embajada norteamericana reiteró la política de no informar razones de supresión de visas, aunque es un secreto a voces que Rosario es responsabilizado internacionalmente de violación de los derechos humanos de miles de personas que han quedado apátridas desde que la JCE comenzó a negar actas de nacimiento a dominico haitianos registrados, seis años antes de la sentencia del Tribunal Constitucional que pretendió legitimarla.
Piden renovación total

En la reunión del martes 13, del diálogo que coordina Agripino Núñez, 11 partidos de oposición presentaron un documento reclamando “una renovación total de los organismos de arbitraje electoral” y que los mismos “sean integrados por personas sin filiación política partidaria a fin de garantizar su imparcialidad”. Se basan en el reciente informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA sobre las recientes elecciones, que depositaron en la mesa de diálogo, proclamando que evidenció “el colapso del sistema electoral dominicano”, citando sus principales conclusiones y recomendaciones.

Plantearon que la sociedad civil no solo sea escuchada, sino que “tenga un acompañamiento permanente” en el diálogo de todas las fuerzas políticas, que “debe tener un carácter plural y democrático, manteniéndose abierto frente a todos los sectores más representativos de la sociedad”, esperanzados en que “pueda parir reformas estructurales y el nombramiento de órganos electorales y apartidistas que garanticen la celebración de elecciones libres y limpias como eje esencial del sistema democrático”.

El documento es suscrito por representantes de los partidos Revolucionario Moderno, Reformista Social Cristiano, Alianza País, Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio, Quisqueyano Demócrata, Fuerza Nacional Progresista, Alianza por la Democracia, Opción Democrática y Socialista Cristiano.

Suave aterrizaje en la JCE

La renovación de la JCE se ha constituido en elemento clave del proceso político nacional, prioritario a las leyes pendientes y para abrir pasos a concertaciones, como la del pacto eléctrico en discusión hace año y medio, y sobre todo para el pacto fiscal que pudiera alentar el incremento de la presión fiscal. Así se aprecia en los más diversos ámbitos sociales y hasta entre los diplomáticos.

Esa preocupación fue recogida en el editorial de este domingo del periódico Camino, del arzobispado de Santiago, adelantado a los medios informativos, que aboga por la elección de una JCE independiente de los partidos como forma de superar la fragilidad institucional que “ha sido base para sustentar arbitrariedades, prepotencia, favoritismo y el secuestro de la libertad de nuestros pueblos. También abona el terreno para que brote la perpetuidad de un sector político determinado”.

Personas que se dicen bien informadas aseguran que el presidente Danilo Medina está entre los partidarios de un “aterrizaje suave” en la JCE, que descarta por lo menos la ratificación de Roberto Rosario como presidente, entendiendo que es una piedra de contradicción en el sistema político y con la sociedad civil, y hasta en los ámbitos internacionales, sin pretender ignorar a los Estados Unidos, entre los poderes fácticos. Se llamó la atención a que el secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, se ha distanciado últimamente de las posiciones radicales.

Salvar la gobernabilidad

Los apremios fiscales por los que atraviesa el Gobierno, con un déficit que superará los 75 mil millones de pesos programado para este año, debiendo más de dos mil millones de pesos solo a constructores de escuelas, con múltiples reclamos de salarios y la necesidad de afrontar siquiera parcialmente la deuda social en salud, transporte, seguridad social, agua potable y electricidad, obligan a algún grado de concertación. En días recientes la DGII cerró algunos comercios en San Francisco de Macorís, en su empeño por reducir evasiones, y la respuesta inmediata fue la paralización de las actividades de la ciudad. Nadie parece dispuesto a tributar más sin que reduzcan el dispendio y el clientelismo.

Los economistas concuerdan en que el nivel de endeudamiento de los últimos años, que ha llevado la deuda consolidada del Estado sobre los 34 mil millones de dólares, ya es insostenible. Proseguir ese camino constituiría un peligroso legado al final del último gobierno de Danilo Medina. El mismo dijo el 16 de agosto que la mayoría de los organismos estatales tienen sus presupuestos congelados desde el 2012.

Desde cualquier punto de vista la nación está abocada a algún nivel de concertación que permita mejorar la gobernabilidad y fortalecer las instituciones, como base del desarrollo, que es lo que reclama la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática. La imposición política sería una inversión en dirección opuesta y promovería un fortalecimiento de la oposición sobre las olas de las insatisfacciones sociales a la vista de todo el que ve más allá de la “curvita de la Paraguay”.

Aquí las leyes son sugerencias

Por Juan Bolívar Díaz
18_09_2016 HOY_DOMINGO_180916_ Opinión9 A

Sigue teniendo vigencia la triste reflexión de un funcionario internacional hace unos años, cuando analizando el proceso institucional, tras ponderar con algo más que cortesía las amabilidades del pueblo dominicano, concluyó en que el mayor desafío que tenemos es el cumplimiento de las normas, pues aquí las leyes son simples sugerencias.

Es tan larga la cadena legislativa que se viola sistemáticamente que este espacio no alcanzaría para simplemente enunciarlas. Pueden ser tan fundamentales como la Constitución misma, o las normativas del presupuesto, de la rendición de cuentas, o la de declaración jurada de bienes. La de Migración y la de Defensor del Pueblo pasaron una década para que comenzáramos a implementarlas.

Para quedarnos en las más recientes, ahí está la ley que norma los salarios públicos del Estado, 105-13, promulgada por el presidente Danilo Medina en agosto del 2013, la que solo ha sido acatada en cuanto elevaba los altos salarios, pero no en el límite máximo, que es el sueldo del Presidente de la nación. Por supuesto que no ha sido acatada en los niveles salariales mínimos. Ni siquiera se ha promulgado su Reglamento, en manos del Poder Ejecutivo hace más de dos años, porque el Ministerio de Administración Pública cumplió el artículo transitorio que lo emplazaba a los seis meses.

Más dramática ha sido la suerte de la Ley General de Defensa de la Competencia 42-08, que como muchas otras fue objeto de debates y consensos político-sociales que duraron años, con asesorías y hasta condicionamientos internacionales. En enero cumplirá 9 años de promulgada, con un plazo de 90 días para la designación del Consejo Directivo y del Director Ejecutivo para que operara la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), y de 60 días para presentar su Reglamento.

El primer Consejo Directivo fue designado, tres miembros por dos años y dos por cinco, como dispone la ley. El período de los tres primeros venció y no han sido renovados, ni ha sido designado el Director Ejecutivo, lo que por sus responsabilidades, ha castrado en gran parte el funcionamiento de Pro-Competencia, y todavía se espera el Reglamento.

Esta semana ocurrió lo peor, pues el Poder Ejecutivo sustituyó a la presidenta Michelle Cohén, quien era de los dos electos por 5 años y le faltaban 2, y según el párrafo II de la ley tendrán el carácter de inamovible durante el período para el que fueron electos.

Esa fue la respuesta que recibió Michell Cohén a sus persistentes reclamos del Reglamento, del Director Ejecutivo y últimamente de la renovación de los dos miembros del Consejo con período vencido. Tanto se esforzó por dar vigencia a Pro-Competencia, que en febrero pasado, con apoyo de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se procuró un seminario internacional al que llevó a una docena de líderes de opinión dominicanos para comprometerlos en sus objetivos.

Los más altos dirigentes de este organismo pusieron atención a los dominicanos y les explicaron la importancia de la libre competencia en los mercados, así como los beneficios para la competitividad empresarial, para el Estado y los consumidores.

Los participantes en la conferencia pudieron comprobar el aprecio que tenían en la OCDE por los esfuerzos de la señora Cohén, ahora destituida por encima de la ley, demostración inequívoca del poco interés en su aplicación, y una reafirmación de que nuestras leyes son apenas sugerencias.

Informe crítico de la OEA incentiva reformas electorales

Fue oportuna la presentación ante el Consejo Permanente de la OEA de un informe crítico de las elecciones nacionales de mayo, que urge una “reforma estructural profunda” del marco electoral para promover la equidad y la transparencia

Por Juan Bolívar Díaz

            El crítico informe de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) sobre las últimas elecciones nacionales, presentado esta semana a su Consejo Permanente, llegó en un momento oportuno para incentivar las reclamadas  reformas electorales y políticas que apuntalen la institucionalidad democrática.

            El contenido del informe documenta las serias deficiencias del arbitraje de la Junta Central Electoral (JCE), el autoritarismo con que actuó frente a los partidos de oposición, el fracaso por la atropellada imposición de nuevas tecnologías y “altos niveles” de inequidad en el financiamiento y en el acceso a los medios de comunicación.

Fuertes críticas a la JCE

            El informe final de la MOE/OEA mantiene la línea crítica que ya adelantó en un balance preliminar dos días después de la votación del 15 de mayo, pero la novedad es que fue conocido y comentado por varios embajadores ante el Consejo Permanente de esa institución en Washington. Para observadores calificados es fuertemente crítico dentro del lenguaje diplomático que se estila cuando se trata de un Estado miembro.

            La misión que encabezó el expresidente colombiano Andrés Pastrana fue particularmente crítica de la gestión de la JCE, que “asumió atribuciones que son tradicionalmente legislativas”, que impuso un proceso de escrutinio “no estipulado” en el artículo 127 de la ley electoral, que la llevó a “desacuerdos graves con los partidos de oposición”. Lamenta que en ningún momento la JCE se reunió a dialogar con los partidos, aunque “la comunicación fluida, permanente y formal entre autoridad, partidos y ciudadanía es fundamental para el desarrollo exitoso de todo proceso eleccionario”.

            Sostuvo que cuatro resoluciones e instructivos diferentes en los días previos a la votación derivaron “en una clara falta de certeza en una etapa clave del proceso” y que la principal fragilidad estuvo en el uso de una nueva tecnología, al punto que “la modalidad manual, contemplada en la ley, pero interpretada inicialmente como contingente por la JCE. terminó siendo indispensable” para el escrutinio. “La consecuencia más visible” fue el retraso en la emisión de los resultados, hasta 13 días después de la votación.

            El informe señala el fracaso en el uso de la automatización que debe ser paulatina y “tomar en cuenta consideraciones políticas y sociales a fin de construir consensos indispensables para aumentar la confianza”, y quejas por la pérdida de confianza en las autoridades electorales.

Diseño para la inequidad

            La MOE/OEA fue también crítica de un sistema “que genera muchos vacíos legales y falta de claridad para la nueva realidad Dominicana”, que el modelo de financiamiento público de partidos y campañas “no está diseñado para generar condiciones de equidad”, que pudo observar “altos niveles de inequidad en el acceso a los medios de comunicación”.

            Coincide con las críticas nacionales a un régimen que “no regula el acceso a los medios de comunicación privados ni establece límites de contratación en las campañas partidistas. Y plantea que “es deseable una coordinación interinstitucional entre las dependencias gubernamentales involucradas en el manejo y fiscalización de los recursos, incluyendo la Cámara de Cuentas, JCE, los bancos y el Ministerio de Hacienda.

            El informe consigna vicios del sistema político dominicano como la realización de proselitismo hasta en el interior de los colegios de votación, aglomeraciones en los recintos y denuncias de compras de votos y cédulas, y deploró la muerte de seis personas en los incidentes que siguieron al cierre de la votación y durante el lento cómputo.

            En lo que la MOE/OEA se queda corta es en la  consignación de los abusos de los recursos estatales, de la publicidad gubernamental, de la participación de casi todos los altos funcionarios en la  campaña electoral, que no pudo verificar porque llegó al final, lo mismo que se fue sin que concluyera el cómputo, por los pocos recursos financieros con que contó, por donaciones de Estados Unidos, Bolivia, Perú, España, Israel y Luxemburgo.

Las recomendaciones

            Las recomendaciones con que concluye el informe se pueden resumir en “la importancia de que se realice una reforma estructural profunda al marco legal que rige el proceso electoral. Que se defina con mayor claridad el proceso de escrutinio, que las nuevas tecnologías se implementen paulatinamente. También “que se avance urgentemente en el diseño de una ley que promueva mayor equidad en la distribución del financiamiento público y un marco jurídico de regulación que establezca el acceso equitativo a los medios de comunicación públicos y privados, y que garantice el derecho de los partidos y candidatos a difundir sus propuestas, como de la ciudadanía a estar bien informada.

            Propugna porque se establezcan límites al financiamiento político proveniente del sector privado, y se fortalezca la  capacidad de fiscalización, control y sanciones para las violaciones de las normativas vigentes, mediante la coordinación interinstitucional de los organismos estatales relacionados con la rendición de cuentas.

            Así  mismo, sugiere un sistema de medios de impugnación integral que contemple mecanismos de justicia electoral que oportunos para garantizar los principios de libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones, “para avanzar en el respeto al estado de derecho que debe primar en el proceso electoral”, desvincular la elección del senador y los diputados y efectivas  garantías para la participación electoral y política de las mujeres. Reformas fundamentales            

            Las recomendaciones de la misión de la OEA hace tiempo que aparecen en los múltiples consensos alcanzados por los partidos y organizaciones sociales, a partir de los promovidos en 1993-94 por la Fundación Siglo 21, luego por el Diálogo Nacional, la Comisión para Reforma del Estado y en el Consejo Nacional de Reforma del Estado y otros que consigna una cronología de la Iniciativa por la institucionalidad Democrática.

            Diversos proyectos de ley de partidos han sido introducidos al Congreso en unas ocho legislaturas, uno de ellos elaborado por una misión técnica de la OEA, que también consensuó otro para adaptar el régimen electoral a la Constitución del 2010, ambos  sometidos a las cámaras legislativas por la JCE en tres ocasiones. Pero ha faltado voluntad política para adecuar la legislación electoral a los avances de la democracia contemporánea. Estudios internacionales indican que la República Dominicana  Haití y Honduras son los más atrasados en regulaciones para garantizar elecciones democráticas.

            Dirigentes del PLD, como el expresidente Leonel Fernández, privilegian la ley de partidos, centrando las diferencias que han impedido su aprobación en si las elecciones primarias serían por voto universal abierto o de los miembros, si simultáneas en  todos los partidos, o si por convenciones. Cualquiera de esas modalidades podría ser válida si se adoptan garantías de que operen los principios democráticos.

            Las trabas reales son las regulaciones para transparentar el financiamiento privado, la equidad y rendición de cuentas sobre la contribución pública, los límites del gasto y la extensión de las campañas primarias y nacionales, la equidad en los medios de comunicación, el control de los abusos del Estado, del presidencialismo, el clientelismo, el rentismo y el transfuguismo, y las sanciones eficientes de los delitos electorales.

La nueva concertación

            Se debería esperar que el informe de la MOE/OEA tenga repercusión en el nuevo intento de concertación que modera monseñor Agripino Núñez Collado, por encargo del presidente Danilo Medina, que esta semana abrió las puertas a la participación de la sociedad civil interesada, la cual ha planteado la necesidad de un amplio pacto político, que implique no sólo las leyes de partido y del régimen electoral, sino también otra de responsabilidad fiscal. Y también la elección por consenso de profesionales sin militancia partidista para integrar los organismos electorales, las altas cortes y la Cámara de Cuentas.

            La oposición política, con una decena de partidos, mantiene posición coincidente con la de la sociedad civil, y específicamente el Partido Reformista Social Cristiano propuso una “ruta crítica” para la búsqueda de consenso sobre esas leyes y la elección de los integrantes de los organismos de control, incluyendo el perfil que deben tener. La Iniciativa por la Institucionalidad Democrática también entregó un perfil de competencias.

            Aunque el partido de gobierno, que al principio se oponía a la participación de la sociedad civil en el concertó, se abrió a escucharla, habrá que definir en qué dimensión. La demanda es de participar en los consensos, como ocurrió en cuestiones tan diversas y trascendentes, como la Constitución, la ley de seguridad social, la Estrategia Nacional de Desarrollo, o los pactos educativo, eléctrico y fiscal. Y en  las reformas políticas y electorales y elección de la Suprema Corte y de la JCE en los años noventa.-

Todos deberían renunciar

Por Juan Bolívar Díaz
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Con la dignidad, la coherencia y el valor que ha caracterizado su paso por la gestión pública, desde que se le conoció en la fiscalía de la provincia Santo Domingo, el licenciado Eddy Olivares Ortega ha dado una lección al liderazgo nacional al anunciar su declinación a seguir siendo parte de una cuestionada Junta Central Electoral (JCE), cuyas decisiones o indecisiones han contribuido al descrédito del sistema electoral dominicano, como han patentizado los diversos informes de observación del reciente proceso electoral.

El ejemplo de Olivares concierne a todos los restantes integrantes del organismo electoral, que también deberían presentar su renuncia reconociendo públicamente que una condición esencial de todo arbitraje es la independencia y la aceptación por parte de los diversos actores, a los cuales la legislación constitucional moderna acuerda el derecho a la recusación cuando entiendan que las autoridades o jueces tienen conflictos de intereses.

Debe advertirse que la carta de renuncia de Olivares a seguir como titular de la JCE, fue dirigida al presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, quien días antes de los comicios de mayo anunció su disposición a reelegir a todos los integrantes del organismo, aprobando su gestión.

Si Eddy Olivares antepusiera su interés personal al de la sociedad, estuviera medrando en los ámbitos repartidores del poder y hasta presentándose como la expresión mínima de la disensión, o la representación de la oposición, especialmente porque como tal llegó a esa junta de reparto, y así se le ha considerado, aunque su integridad rebasa con mucho tal condición.

Ante la evidente impugnación de la totalidad de los partidos de oposición, y de amplios segmentos de la sociedad civil que propugnan por el entendimiento y la concertación en aras de la gobernabilidad y la estabilidad política, económica y social, todos los integrantes de la JCE, como también los del Tribunal Superior Electoral, deberían mostrar su disposición a apartarse para no constituirse en piedras de contradicciones, lo que no corresponde a árbitros ni jueces.

Es probable que en ambos organismos haya personas con capacidades e integridad para mantenerse en los cargos, los que deberían ser considerados para el consenso necesario. Pero la mayoría, con sello político fruto del reparto, debe dejar el campo abierto.

Hay que reconocer que la renuncia, como la de Olivares, es muy poco frecuente en la vida pública dominicana, pero en el mismo ámbito de la JCE hay precedentes como el del doctor Manuel Morel Cerda, y la doctora Aura Celeste Fernández, que se retiraron cuando fueron objeto de impugnaciones, aún injustas, de diversos actores políticos.

Las deficiencias del último proceso electoral, el colapso de la imposición tecnológica, la personalización de la JCE rompiendo su carácter de organismo colegiado, su colocación por encima de la ley, su fracaso en lograr la adaptación de la ley electoral a la Constitución de la República y su incapacidad para aplicar los principios de equidad que proclama, determinan una renovación profunda del organismo.

Mientras tanto, congratulemos a Eddy Olivares, quien siempre defendió principios con más múltiples documentos ponderados y argumentativos, sin insultos ni descalificaciones. Defendió la transparencia en el uso de los recursos, en las contrataciones, tanto como los derechos ciudadanos cuando la JCE comenzó a negar la documentación de los dominico-haitianos, sin el menor amparo legal, que luego quiso darle el Tribunal Constitucional. La ley 169-14, que revocó parcialmente las exclusiones y la restitución de la documentación de 55 mil ciudadanos por la JCE, demostraron su acierto, compartido con la doctora Aura Fernández y en la última etapa con el doctor José Ángel Aquino.

Ojalá que Olivares Ortega decida incursionar definitivamente en la actividad partidaria, donde tiene un amplio campo para desplegar sus capacidades, porque es de los imprescindibles, los que investigan y defienden principios, sin miedo a quedar en minoría. Hacen falta para el rescate de la actividad política.

Iniciativa por la Institucionalidad Democrática de la República Dominicana

Un cuarto de siglo de consultas y pactos político-sociales

 1992: Tras varios años de concertaciones con organizaciones empresariales y sindicales el Congreso Nacional aprueba un nuevo Código Laboral

1992: Con participación de decenas de organizaciones sociales y tras amplias consultas, hasta a nivel municipal, se aprueba el Primer Plan Decenal de Educación, seguido luego por otros dos

1993-94 Consultas a líderes sociales y concertación de la Fundación Siglo 21 que concluyen con los acuerdos de “Una Reforma Política para el Futuro Dominicano”, firmados por representantes de los partidos, excepto el PRSC

1994: Pacto por la Democracia firmado por partidos y organizaciones sociales para la reforma de la Constitución y de la ley electoral y elegir una Junta Central Electoral “cuyos miembros no sean representantes de los partidos”

1995: Acuerdo de los Partidos Políticos para la Adecuación de la Ley Electoral, auspiciado, previas consultas, por la Fundación Siglo 21

1995-96: Con 26 eventos de consultas nacionales, regionales y provinciales queda formulado el Plan Nacional de Desarrollo Social

1996: Una amplia coalición de organizaciones sociales, encabezada por el movimiento Participación Ciudadana observa las dos vueltas para la elección presidencial. Realizan conteos rápidos con aceptación de la JCE y los partidos. Se repetiría en los siguientes procesos electorales nacionales.

1996-97: Se instituyen por decretos la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado y la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial, ambas con representación del liderazgo social

1997: Activa participación de las organizaciones sociales en el proceso de elección de una nueva Suprema Corte de Justicia. 12 de 16 jueces fueron propuestos por decenas de organizaciones sociales y electos por el Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el Presidente Leonel Fernández

1997-98: El gobierno convoca un Diálogo Nacional integrando a los partidos y a cientos de organizaciones sociales en un extenso proceso de consultas y discusiones que terminan con la aprobación de unas 300 propuestas de reformas institucionales, políticas y sociales.

1998: Numerosos foros regionales, provinciales y sectoriales del DN, auspiciados por el gobierno presentan cientos de propuestas para la reforma   constitucional, predominando la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Están recogidas en el libro “El Pueblo Discute su Constitución”

1998-99: Delegados de los partidos reconocidos y de entidades sociales acuerdan un Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas en el marco de la Comisión Presidencial para Reforma y Modernización del Estado

1998-99: La elección de una nueva Junta Central Electoral unilateralmente por el Senado con mayoría del Partido Revolucionario Dominicano y la suspensión del presupuesto del  organismo por parte del gobierno, origina una crisis política. Con mediación de personalidades sociales se acuerda una ampliación de cinco a siete miembros para que los partidos de oposición presenten dos candidatos a jueces de la JCE

2000: Para disipar desconfianzas e incertidumbres, la JCE acoge la propuesta de Participación Ciudadana de realizar, junto a CAPEL-IIDH, una auditoría al nuevo padrón electoral con fotografía integrada. El padrón pasa la prueba.

2000: El presidente Hipólito Mejía instituye el Consejo Nacional para Reforma y Modernización del Estado, con representación del liderazgo social

2000-01: El Congreso Nacional auspicia un extenso proceso de consultas en foros provinciales y locales incluyendo ciudades de EU y negociaciones con decenas de instituciones empresariales, sindicales y profesionales para aprobar la Ley 87-01 que crea el Sistema Nacional de Seguridad Social

2001: Tras años de demandas de las instituciones sociales, y mediante un programa de consultas, el Congreso Nacional aprueba la Ley 19-01 de Defensor del Pueblo, que tomaría 12 años para ser implementada

2001: El decreto presidencial 410-01 constituye una Comisión Especial para la Reforma Constitucional, integrada por delegados de los partidos reconocidos, de 15 instituciones sociales y 12 reconocidos juristas. Tras 6 meses de consultas y debates acuerdan un proyecto de Constitución para someterlo a una Asamblea Constituyente

2002-04: Con participación de dirigentes sociales opera una Comisión de Seguimiento a la Junta Central Electoral que, entre otras cosas, promueve la Ley 02-03 que separa las funciones administrativas de las contenciosas de la Junta Central Electoral y amplía los integrantes del organismo, a solicitud de los partidos de oposición, encabezados por el de la Liberación Dominicana. Propone directores de Informática y del Registro Civil de la JCE

2002 al 2008: Los tres partidos dominantes solicitan a Participación Ciudadana la observación de sus elecciones primarias de candidatos

2004: El Congreso Nacional aprueba la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, consensuada atendiendo a demandas de múltiples organizaciones sociales.

2004: El decreto 1082-04 crea e integra los Gabinetes de Política Institucional, de Política Económica, de Política Social y de Política Medioambiental y Desarrollo Físico con participación de 37 organizaciones sociales

2005: El decreto 13-05 instituye el “Consejo Económico, Social e Institucional”  como órgano consultivo del Gobierno, con  participación de diversas organizaciones de la sociedad civil y del Estado, que operaría como  órgano de consulta y concertación

2005: Después de 15 años de consultas, seminarios y consensos político-sociales se aprueba la ley 122-05 Sobre Asociaciones Sin Fines de Lucro, que crea el Centro Nacional de Fomento de Organizaciones sin Fines de Lucro, que integra representantes de ONG y del sector público

2006: Entra en vigencia el Plan Decenal de Salud 2006-15, promovido por la Secretaría de Salud Pública que partió de una versión preliminar del 2004, con base en un proceso de amplia participación de la sociedad en 32 consultas provinciales

2007: Tras un largo proceso de consultas político-sociales que duró varios años, el Congreso Nacional aprueba la Ley 176-07 sobre Municipios y el DN

2008: El gobierno auspicia un nuevo proceso de consultas y discusiones para  la reforma constitucional con decenas de foros regionales, provinciales y locales, que abarcan a ciudades de Estados Unidos, el cual arroja cientos de propuestas

2008: Se promulga la Ley de Función Pública 41-08, fruto de un extenso proceso de consultas y seminarios con participación de las organizaciones sociales y estatales

2008: El Congreso aprueba la Ley General de Defensa de  la Competencia 42-08, que crea la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, tras varios años de consultas con expertos nacionales e internacionales y organizaciones sociales

2009: Por convocatoria del presidente Leonel Fernández se realiza la Cumbre por la Unidad Nacional ante la Crisis Mundial, con la participación de la mayoría de los partidos políticos y de cientos de entidades sociales.  Alcanzan decenas de acuerdos

2009-10: El gobierno y organismos internacionales auspician un largo proceso de consultas con instituciones sociales y expertos que concluyen proclamando las Iniciativas Participativas Anti Corrupción (IPAC), para promover la transparencia y reducir la corrupción

2010: Se promulga la Constitución que más consultas y consensos previos ha tenido en la historia nacional, la que define a la República Dominicana como un “Estado Social y Democrático de Derecho”

2011: El Congreso Nacional aprueba las leyes orgánicas 30-11, del Consejo Superior del Ministerio Público, y 133-11 de Ley Orgánica del Ministerio Público, tras varios años de consultas sociales

2011: Diez candidatos presidenciales firman el “Compromiso Político Social por  la Educación” promovido por un conjunto de organizaciones sociales bajo la denominación de Coalición por una Educación Digna

2012: Con la aprobación de la Ley 1-12 el Congreso Nacional culmina un  proceso de consultas y concertaciones que durante varios años dieron origen a la Estrategia Nacional de Desarrollo

2012: Múltiples consultas sociales originadas en la Organización Nacional de Administración de Personal, convertida en Ministerio de Administración Pública, culminan con la promulgación de la Ley Orgánica 247-12 de Administración Pública

2012: Casi todos los candidatos presidenciales, incluyendo a los de los partidos mayoritarios, se comprometen con organizaciones sociales a aprobar la Ley de Partidos y del Régimen Electoral cuando concluya el proceso electoral

2012: Los candidatos presidenciales firman con Participación Ciudadana como capítulo nacional de Transparencia Internacional el Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad

2012: El gobierno convoca a las organizaciones empresariales, sindicales y sociales a discutir el Pacto Fiscal que dispuso la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Fracasa el intento y se produce otra reforma tributaria.

2013: Tras varios años de consultas entre organismos públicos y sociales se promulga la Ley 105-13 Sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano, aúin pendiente de reglamentación, más de tres años después

2014: Tras meses de consultas y con participación de la  Coalición por una Educación Digna que reúne a decenas de entidades sociales, el gobierno concluye el Pacto Educativo dispuesto por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo

2015-16: Con participación de organizaciones empresariales, sindicales y sociales se discuten en el Consejo Económico Social las bases para el Pacto Eléctrico que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo

2016: Es promulgada la Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16, consensuada durante varios años entre  legisladores, funcionarios públicos y  representantes de entidades sociales

         Todas estas concertaciones han constituido una plataforma de avances institucionales,  de fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad, auspiciadas por los gobiernos de los tres partidos que han dominado el Estado dominicano tras la dictadura de Trujillo.

         En todo lo que ha tenido relevancia en la sociedad dominicana del último cuarto de siglo ha participado activamente la sociedad civil, en sus múltiples expresiones de organizaciones empresariales, sindicales, profesionales, académicas, sin fines de lucro, religiosas, populares y comunitarias.

         No ha habido una sola ley importante, sea orgánica o códigos, laboral, civil o penal, de seguridad social o seguridad ciudadana,  que no conllevara consultas y búsqueda de consensos La participación de la sociedad civil dominicana ha sido relevante en todos estos procesos, en unos más que en otros, pero por lo menos ha predominado la consulta.

         En un “Estado Social y Democrático de Derecho” es fundamental la participación de la ciudadanía, como la proclaman los  numerales 4 y 5 del artículo 22 de la Constitución de la República que establecen como derechos “Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuestas de las autoridades”, y “denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos”.

         Más aún, el artículo 75 constitucional dispone, como deber ciudadano fundamental, “Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”.  

         No hay la menor razón para que la  participación ya lograda no  prosiga con  las leyes de partido y del régimen electoral, que se vienen discutiendo desde hace más de dos décadas, y en la selección de los integrantes de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y las altas cortes, como ya ocurrió antes. Si en procesos anteriores la participación y los aportes de la sociedad civil fueron valorados positivamente, y ahora se reclama lo que anteriormente fue aceptado ¿por qué antes sí y ahora no?

                                                               Septiembre del 2016.-  

Es urgente abaratar la política

Por Juan Bolívar Díaz

Una de las mayores urgencias que confronta la sociedad dominicana es abaratar el costo de la política, que no sólo consume altos niveles del ingreso nacional, sino que prostituye las instituciones y margina a gran parte de los que no pueden o no quieren asumirlo para no correr el riesgo de fracasar ante el ventajismo de los depredadores de los bienes públicos o sucumbir a la  corruptela, el rentismo y el clientelismo.

            El alza desmesurada de los salarios de los altos funcionarios del gobierno central y las instituciones autónomas, que ganan hasta 800 mil pesos, y los del Congreso Nacional y los ayuntamientos, son una iniquidad ante los bajísimos niveles de los salarios públicos y privados de las mayorías, y son consecuencia de la alta inversión que hay que hacer para alcanzar hasta un cargo de regidor, y de la necesidad de acumular vertiginosamente para mantenerse en la competencia política y elevar sus niveles sociales.

            Gran parte de la sociedad se sintió ofendida por la decisión de los legisladores  de elevarse sus sueldos básicos entre 40 y 60  por ciento, y una senadora llegó al extremo de proclamar que sus ingresos no le alcanzan ni para comprar agua, ocasionando una avalancha de burlas. Hay que acreditar a la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, por haber proclamado que mientras mantenga ese cargo no permitirá la violación de la Constitución que prohíbe legislar en beneficio propio, lo que no ha hecho el presidente del Senado y secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared Pérez.

            Los senadores alegan que ganan una miseria, aunque sus ingresos son inmensamente desproporcionados en relación al salario nacional promedio de 22 mil pesos,  al mínimo del gobierno central de  5 mil 117 pesos y al promedio  de los salarios mínimos del sector privado, que apenas alcanza los 8 mil pesos.

            A su salario nominal de 125 mil pesos, hay que adicionarle 50 mil para gastos de representación, 25 mil de viáticos y otros  25 mil para hospedaje, lo que suma 225 mil. Y además 3 mil 500 pesos por cada sesión a que asistan y 2,400 pesos por reuniones de comisiones, con lo que su ingresos promedio se acerca a los 300 mil pesos mensuales. Súmesele el “barrilito de asistencia social”, entre 400 mil y 900 mil pesos mensuales, y el pago de una veintena de empleados en sus oficinas del Congreso y las provincias.

            Los diputados parten de un salario nominal más alto, de 175 mil pesos, dietas por 45 mil pesos, 35 mil de gastos de representación, 18 mil pesos para combustibles y 3,500 por asistir a sesiones, más un fondo social o “cofrecito” de 50 mil pesos, estimándosele un promedio de 342 mil pesos mensuales, y asignaciones para repartos en Navidad, Reyes, día de las madres, habichuelas de semana santa y para útiles al comienzo del año escolar.

            Además de todo eso, senadores y diputados disfrutan  de privilegios como seguro de salud internacional, plan  especial de pensiones, más dos exoneraciones de impuestos para importar vehículos, que la mayoría vende, apropiándose de lo que debía recaudar el Estado. Son responsables de gran parte de los  vehículos de lujo, de hasta 450 mil dólares, que el director de Impuestos Internos denunció esta semana, como expresión de inequidad social.

            Los dominicanos tenemos el Congreso más caro y abultado de la región, único bicameral, con 222 miembros, casi 4 veces los 57 de Costa Rica, triple que los 71 de Panamá,  más del doble que los 84 de El Salvador y los 92 de Nicaragua,  casi duplica los 128 de Honduras, y 40 por ciento más que los 158 de Guatemala. Y hacia el sur también somos líderes, por ejemplo frente al Perú, que sólo tiene 130 legisladores, aunque triplica la población dominicana y es 26 veces mayor en territorio.

            En menor grado, pero abuso también, son los salarios de entre 150 y 200 mil pesos que ya se atribuyen los regidores en los mayores municipios, por dos sesiones al mes.

            Toda esa iniquidad no encuentra valladar, porque se asume como el costo de la política, que no se reducirá si no se controla la extensión de las campañas electorales, el gasto de los partidos y candidatos, con transparencia de su financiamiento y régimen efectivo de sanciones, para que los recaudadores, como Magín Díaz, no tengan que deplorar la prevalencia de niveles ofensivos de exenciones, tributos de la política. Son las leyes de partidos y electoral que se discuten desde el consenso de la Fundación Siglo 21 en 1994.-

En la oposición, el PLD buscaba la sociedad civil

Por Juan Bolívar Díaz

Las dos veces que el PLD alcanzó el poder se buscó el amparo de la sociedad civil que ahora rechaza y desprecia, con la que modificó, también dos veces, la composición de la Junta Central Electoral y creó comisiones de seguimiento a sus labores.                                                

            La oposición del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a que la sociedad civil participe en los consensos para las leyes de partido y electoral y la elección de los árbitros electorales, contradice su actuación cuando no controlaba el poder, al que accedió con amparo social, llegando a modificar la conformación de la Junta Central Electoral (JCE).

            El liderazgo social ha sido coherente, participando desde los años 90 en múltiples consultas, reclamando reformas políticas para fortalecer la institucionalidad democrática y específicamente  independencia de los árbitros electorales y de las cortes judiciales, sin haber pretendido controlarlas.

Doble rechazo del PLD

            Esta semana el PLD ratificó su rechazo a la participación de cualquier estamento de la sociedad civil en la búsqueda de consenso para las pendientes leyes de partido y del régimen electoral y para la conformación de los órganos electorales, en contradicción con lo que fue su accionar cuando no controlaba el poder del Estado.

            Dionis Sánchez, el presidente de la Comisión Especial del Senado que inició el procedimiento para la elección de los integrantes de la JCE, dejó claro su rechazo a la intervención de las organizaciones sociales que han pedido un pacto político-social para el mejoramiento de la institucionalidad democrática.

            En la reunión el martes de la comisión de mediación para discutir una vez más las leyes de partido y electoral, que como tantas veces desde los años noventa encabeza monseñor Agripino Núñez Collado, los delegados del PLD también rechazaron la participación allí de representantes sociales, como han solicitado instituciones como Participación Ciudadana (PC) y la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática.

            En todos los escenarios, el presidente del Senado y secretario general peledeista, Reinaldo Pared, y sus voceros en las cámaras legislativas, han rechazado cualquier participación social, invocando que es a ellos a quienes la Constitución faculta para legislar y conformar la JCE y la Cámara de Cuentas.

            Las organizaciones sociales no pretenden sustituir a los legisladores, pero reclaman el derecho a promover consensos sobre el perfil que deben reunir los árbitros, especialmente “que no sean representantes de los partidos”, como se estableció en el Pacto por la Democracia que el PLD propuso en 1994, junto a organizaciones sociales, antes de llegar al poder. Entonces apoyó la observación electoral y el conteo rápido de PC.

Proponen foro tripartito

            El rechazo del PLD a la participación de la sociedad civil ha sido tan tenaz que a ningún líder social se le ha ocurrido ahora reclamar derecho a señalar candidaturas como en 1997 cuando ese partido y el presidente Leonel Fernández lo acogieron y auspiciaron para elegir la Suprema Corte de Justicia en 1997, cuando el PLD era minoría en el Congreso, o para elegir la JCE que encabezó el doctor César Estrella Sahdalá en 1994.

            El martes  el Partido Revolucionario Moderno (PRM) representado por su presidente y su secretario general, Andrés Bautista y Jesús Vásquez, solicitó la conformación de un foro tripartito, con delegados de los partidos en el gobierno, de la oposición y de la sociedad civil. Sólo lograron la conformación de dos bloques de 8 miembros, gobierno y oposición. El PLD estuvo representado por Reinaldo Pared y el exvicepresidente de la nación Rafael Alburquerque.

            Andrés Bautista adelantó que van a insistir en la participación de la sociedad civil, en un diálogo tripartito “como se hizo en los años noventa”, comenzando mañana lunes con una rueda de prensa. Aseguró que establecerán un mecanismo rotativo para que todos los partidos de oposición que concurrieron a las últimas elecciones, y actúan en coordinación desde entonces, puedan participar en la búsqueda de un consenso político-social.

            El PRM ha coincidido con la sociedad civil en que se deben elegir personalidades con independencia de los partidos para integrar tanto la JCE como la Cámara de Cuentas y posteriormente los titulares de las altas cortes, comenzando por los del Tribunal Superior Electoral cuyo período venció el 16 de agosto pasado. Y ha sostenido, junto al PRSC y el resto de la oposición, que no aceptará cuota partidaria en esos organismos.

 Leonel acorraló la JCE

            En septiembre de1998, cuando el Senado controlado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) eligió una JCE sin consenso con los demás partidos, tanto el PLD como el Partido Reformista procuraron la mediación de Agripino Núñez, de empresarios y directores de medios de comunicación, con respaldo de PC, la Finjus y otras entidades sociales para revocar la entonces también “soberana decisión” de los facultados por la Constitución para elegir.

            La crisis política, que ya había comenzado cuando el gobierno del PLD se impuso, hasta con vuelos rasantes de helicópteros militares, en la elección del secretario general de la Liga Municipal, donde los perredeístas eran mayoría, llegó al grado de que los reformistas y Vincho Castillo elevaron una petición de embargo a las cuentas de la JCE.

            Aunque esa instancia carecía de valor jurídico ya que la Ley Electoral definía a la JCE como “una entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica, con patrimonio propio inembargable”, el presidente Leonel Fernández dispuso la retención de los fondos presupuestarios del organismo, hasta que un tribunal dictaminara sobre la instancia.

            La confrontación duró hasta mayo de 1999. La sociedad civil apoyó el reclamo de consenso del PLD y el PRSC, aunque ninguno de los cinco jueces elegidos, encabezados por Manuel Ramón Morel Cerda, eran dirigentes del PRD, y la crisis se saldó con la mediación social, ampliando a siete los integrantes de la JCE para incorporar a Roberto Rodríguez Estrella y Julio César Castaños Guzmán, propuestos por el PLD y el PRSC. Los otros cuatro eran Ana Teresa Pérez, Luis Ramón Cordero, Luis Arias y Salvador Ramos.

Comisión de Seguimiento

            Con el PRD controlando los poderes Ejecutivo y Legislativo, y más aún cuando el presidente Hipólito Mejía (2000-04) impuso una reforma constitucional para poder buscar la reelección, la mediación de la sociedad civil fue una constante en la JCE. Para los comicios del 2000, Participación Ciudadana, con apoyo de otras entidades, demandó una auditoría al nuevo padrón electoral que conformó el tribunal. El PLD y los demás de la oposición apoyaron, y la organización cívica, con respaldo técnico del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, realizó la auditoría en medio de tensiones, pero el padrón resultó inobjetable.

            Con el PRD en el poder,  a instancias del PLD y el PRSC se creó una Comisión de Seguimiento a las labores de la JCE, integrada, además de Agripino Núñez, por los dirigentes empresariales Elena Viyella de Paliza, entonces presidenta del CONEP, Celso Marranzini y Rafael Perelló, así como los profesionales Radhamés Mejía, José J. Puello y Marisol Vicens y el reverendo Reinaldo Franco Aquino.

            Con todos esos mediadores y el empuje del PLD-PRSC, se propició una reforma electoral, con la Ley 02-03 aprobada por el Congreso con mayoría perredeísta, y promulgada en enero del 2003, dividiendo las funciones de la JCE en dos cámaras, administrativa y contenciosa, y se elevó a 9 los integrantes del pleno. Morel Cerda, un abogado honorable de toda la vida, se cansó de las objeciones y renunció, por lo que se eligió a tres nuevos titulares: Ramón Hernández, José Luis Tavares, y Roberto Rosario. Este sería el primer titular de la JCE llegado desde el organismo ejecutivo de un partido, pues era miembro del Comité Central del PLD.

Extremos en la JCE

            A pesar de las ampliaciones de la JCE, la desconfianza por el proyecto reeleccionista de Hipólito Mejía llegó a extremos, cuando la Comisión de Seguimiento impuso directores de Informática y del Registro Civil de la JCE, bajo amenaza de retirarse. Y para colmo en vísperas de las elecciones, adicionaron a la misma al embajador de Estados Unidos, Hans Hertel, y al de la Unión Europea Miguel Amado.

            Todos ellos fueron llevados precipitadamente a la JCE la noche de la elección, el 16 de mayo del 2004, bajo la falsa información difundida por los voceros del PLD de que el coronel Pepe Goico, de la seguridad del presidente Mejía, había comenzado a robarse las urnas electorales en Los Alcarrizos y que no dejaban salir  las de arroyo Hondo. Por el PLD eran miembros de la Comisión de Seguimiento Reinaldo Pared, Franklin Almeida y Radhamés Jiménez.  Todo el país vio por televisión el enérgico discurso de Monseñor Agripino Núñez, demandando un respeto a la voluntad popular que nunca estuvo en juego. A las 11 de la noche Hipólito Mejía admitió el triunfo de Leonel Fernández y se convirtió en el único presidente dominicano derrotado, hasta ahora, en un intento reeleccionista. Luis Arias,  quien presidió esa JCE y luego sería designado embajador por el presidente Leonel Fernández, fue un aliado eficiente  de PC en la observación electoral.

            El PLD agradeció la observación electoral de Participación Ciudadana y decenas de organizaciones aliadas, que por segunda vez habían registrado su ascenso al poder, en su conteo electoral rápido por muestreo, antes que la JCE llegara al tercio del escrutinio.-

 

 

 

El doble estándar del PLD frente a la Sociedad Civil

Son desproporcionadas, contradictorias y regresivas las reacciones que niegan el derecho a la participación de las organizaciones sociales que esta semana anunciaron una Iniciativa por la Institucionalidad Democrática  

Por Juan Bolívar Díaz

            Las reacciones de los voceros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la constitución de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática por parte de una docena de organizaciones sociales, son contradictorias con una extensa cadena de concertaciones con la sociedad propiciadas por los gobiernos de las últimas tres décadas.

            El liderazgo social se compromete a impulsar las reformas políticas contenidas en los proyectos de leyes de partido y del régimen electoral y de transparencia y responsabilidad fiscal, así como dar seguimiento a las próximas elecciones de nuevos titulares de las altas cortes, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas.

Un acuerdo político-social

            El martes 9 fue publicada la “Iniciativa por la Institucionalidad Democrática”, suscrita por 5 de las principales organizaciones empresariales, encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y otras 7 entidades sociales, comprometiéndose a “trabajar por un gran acuerdo político y social que tenga por meta alcanzar la institucionalidad democrática indispensable para lograr un verdadero Estado social y democrático de  derecho como lo manda nuestra Constitución”.

            La iniciativa nace “con el objetivo de impulsar las reformas y transformaciones que demanda la institucionalidad democrática” de la nación, especificando una ley de partidos que garantice que estos asuman sus mandatos constitucionales, de procesos democráticos, de transparencia en su financiamiento y de rendición de cuentas.

            Propugnan por una ley del régimen electoral que garantice elecciones con transparencia organizativa, equitativas e inclusivas, y con regulaciones de las campañas electorales que eviten el uso de los recursos del Estado. También por la aprobación de las leyes de Transparencia y Responsabilidad Fiscal y de Fiscalización y Control del Congreso Nacional “que establezcan un mayor rigor en el uso del presupuesto público y en el cumplimiento de los topes presupuestarios, de los déficits y de la deuda pública”.

            Se proponen dar seguimiento al proceso de selección de los nuevos titulares de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, ya que el período de los actuales  vence el 16 de agosto, y posteriormente, de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, y apoyar otras iniciativas sociales, incluyendo los servicios que corresponden a la población.

Descalificaciones y chantaje

            Llamó la atención la virulencia con que voceros oficiales y oficiosos del PLD reaccionaron ante la propuesta. El vocero de los senadores oficialistas marcó la pauta cuando llegó al extremo de plantear que los propulsores pretenden un “golpe de estado constitucional”, intentando sustituir a los legisladores. El senador por Azua, Rafael Calderón, sociólogo que  antes promovía la concertación, recomendó a los empresarios ocuparse, como el gobierno, y el Congreso, de resolver “poco a poco los problemas existentes”, mientras el de Pedernales, Dionis Sánchez, los  instó a “contribuir con la paz y por ende con la democracia apoyando un incremento de salarios para los trabajadores”.

            El secretario general peledeísta, Reinaldo Pared Pérez, quien vuelve el martes a la presidencia del Senado, fue más moderado, diciendo que  están abiertos a escuchar, y hasta reconoció que la iniciativa está dirigida al fortalecimiento institucional. Pero al mismo tiempo advirtió que es al Congreso y el Consejo de la Magistratura que la Constitución faculta para elegir los titulares de la JCE y las altas Cortes, como si estuviera en discusión..

            De inmediato comentaristas peledeístas se dedicaron, por medios de comunicación a intrigar y chantajear a los líderes empresariales, especialmente al presidente del CONEP, atribuyéndole hasta animadversión política, olvidando los numerosos precedentes de participación del empresariado en las concertaciones político-sociales de las últimas décadas, incluyendo su  Grupo de Acción por la Democracia en los años 90.

Larga cadena de consensos

            Son innumerables los eslabones de la cadena de consensos para reformas políticas, económicas y sociales, en los que han participado el empresariado, las academias, las iglesias, los sindicalistas y otras organizaciones sociales, desde los años 90, por iniciativa propia, de los partidos y de los gobiernos. Han incluido consultas y pactos para las reformas constitucionales de 1994 y 2010, para el Código de Trabajo, el Sistema de Seguridad Social, Estrategia Nacional de Desarrollo, y planes decenales de educación y salud.

            Es extensa la nómina de legislaciones que han pasado por la concertación con las organizaciones sociales, y que incluyen su representación,  como la que crea los consejos nacional de desarrollo, y múltiples leyes,  de organizaciones sin fines de lucro, de participación social (regateada todavía), así como las de libre acceso a la información, de controles presupuestario, defensor del pueblo, de salarios públicos y la misma ley de partidos, con múltiples consensos durante 18 años.

            La Sociedad Civil organizada participó también activamente en varias concertaciones para elegir los integrantes de la Junta Central Electoral, y los de la Suprema Corte de Justicia en 1997, y los principales partidos, incluso el PLD, llegaron a solicitar que instituciones sociales como Participación Ciudadana observaran sus elecciones primarias y les formularan observaciones, para los comicios del 2002, 2004 y 2006. Con PC,  FINJUS, y Centro Bonó, que firman la iniciativa ahora objetada, han realizado múltiples seminarios y eventos de consultas.

Desprecio contradictorio

            El desprecio por la participación social en el curso institucional democrático es tan contradictorio que deja mal parada el actual intento de concertación para el Pacto Eléctrico y el pendiente para el pacto fiscal, así como el realizado pacto por la educación, los tres mandatos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. También va contra el programa de gobierno del PLD 2016-20, que entre sus metas plantea la ley de partidos y  promete que “Promoveremos la aprobación de leyes que permitan mayor participación de la ciudadanía en la elección de funcionarios y que éstos sean cada vez más cercanos a la gente”.

            También contradicen los artículos 22,75 y 77 de la Constitución peleedeísta, que se refieren a los derechos de la ciudadanía, sus deberes y al mandato de los legisladores, lo mismo que al artículo 6 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que planteó reformar el sistema político y electoral en tres años, vencidos en el 20015.

            El PLD se abrió paso al poder en 1994, valiéndose de la sociedad civil, a la que puso a firmar el “Pacto por la Democracia”, que pactó una reforma constitucional con la cual se impuso el 50 por ciento del voto para la elección presidencial, lo que cerraría el paso a Francisco Peña Gómez en la elección presidencial del 2006.

            El punto 2 de ese pacto establece “Conformar una nueva Junta Central Electoral cuyos miembros no sean representantes de los partidos políticos”, que fue lo que se hizo ese mismo año y por consenso político-social, con la presidencia de César Estrella Sadhalá, quien no era dirigente ni militante de partido, como sigue reclamando la Sociedad Civil. Tampoco eran dirigentes políticos sus sucesores presidentes Juan Sully Bonelly, Jorge Subero Isa, Manuel Morel Cerda y Luis Arias. Aunque en la elección de Morel el PRD rompió el consenso, en conflictos con el primer gobierno del PLD, compensado con otro acuerdo político-social, ampliando los integrantes de la JCE para que peledeístas y reformistas propusieran sendos titulares.

Propósitos muy difíciles

            Los propulsores de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática saben que sus metas son difíciles de alcanzar y que requerirán intensa y prolongada movilización social, por lo que trabajan por ampliar las organizaciones participantes. Tienen en la memoria concertaciones político-sociales tan importantes como la que produjeron la Suprema Corte de 1997 y la que obligó a cumplir la ley del 4 por ciento del PIB para la educación.

            Están conscientes del poder que ha logrado concentrar el PLD en base al control y manipulación de la justicia y los órganos electorales, de la promoción de la desintegración de los partidos y organizaciones sociales, corrompiendo o absorbiendo dirigentes y militantes con los recursos estatales, y sin regulaciones como las que se pretenden en la ley electoral y la ley de partidos. Los oficialistas entienden que toda inconformidad o propuesta de reformas conspira contra sus intereses partidistas.

            En la sociedad todavía se espera más receptividad de un partido que promovió jornadas participativas como la del Diálogo Nacional en 1997 y la Cumbre por la Unidad Nacional ante la Crisis Económica Mundial en el 2009, ambos eventos con cientos de resoluciones y propuestas de reformas, por igual las consultas para la reforma constitucional del 2010.-

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Grandes conciertos del PLD con la Sociedad Civil

1994: Pacto por la Democracia

1997: Elección de la Suprema Corte de Justicia

1998: Diálogo Nacional

2004: Seguimiento a la JCE

2008: Consultas para la reforma constitucional

2009: Cumbre por la Unidad Nacional por la Crisis Mundial

2010: Consultas para la Estrategia Nacional de Desarrollo

2012: Intento de pacto fiscal

2914: Concertación y firma del pacto Educativo

2016:  Concertación para el Pacto Eléctrico

Sueños de noches de verano

Por Juan Bolívar Díaz
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Todos tenemos derecho a sustentar utopías, que como dijera Galeano, es la forma de impulsar los cambios, proponiéndonos metas que, aunque se alejen cada vez que creemos alcanzarlas, nos mantengan en movimiento, siempre detrás de los sueños.

Y en estas calurosas noches de agosto, próximo al inicio de un nuevo período de gobierno, tenemos más derecho que nunca a soñar, aunque sea con lo que nunca se ha hecho en la historia del país.

Lo primero que podemos soñar es que el presidente Danilo Medina no haga muchas promesas más, sino que anuncie cambios importantes, no bailoteando funcionarios de un lado a otro, ni aumentando la nómina de asesorías compensatorias, sino cambiando el curso del Gobierno.

Esta vez los cambios son más necesarios que nunca, ya que se juramentan casi los mismos que hace cuatro años, no sólo el Presidente y la vicepresidenta de la República, sino también el 90 por ciento de los senadores, tres cuartas partes de los diputados y más de la mitad de los alcaldes y regidores.

Podemos soñar con ver la reedición del hombre humilde y conciliador que trabajó arduamente durante años para alcanzar la presidencia de la nación y materializar los sueños liberacionistas del fundador de su partido, el profesor Juan Bosch. Debería asumir que 16 años después de gobernar su partido, esos sueños están muy lejos de materializarse.

Sabemos que es muy difícil liberar a las mayorías de la ignorancia, de la pobreza y la exclusión, pero hay que hacer los máximos esfuerzos por reducirlas a mediano y largo plazos. Lo que sí se puede alcanzar en corto tiempo es detener los muy elevados niveles de descomposición social, de corrupción, malversación, clientelismo político y manipulación que corroen las instituciones estatales y democráticas.

El discurso de juramentación del licenciado Medina debe asumir las preocupaciones que se expresan por la sostenibilidad económica del país, cuya economía se ha sustentado en un desproporcionado endeudamiento, a consecuencia de déficits incontrolables, cuya prolongación implica graves riesgos.

Asumimos también que el Estado requiere mayores recursos para sustituir el crédito, pero que la sociedad no está presta a pagarlos, sin cambios trascendentes en la forma y prioridades del gasto, sin contención de la evasión y la corrupción, sin establecer límites al clientelismo político.

Aunque basados en la historia nacional, son muchos los que creen que Danilo Medina intentará prolongarse de nuevo en el poder, utilizando “sus” diputados y senadores para otra reforma constitucional, tenemos derecho a soñar que no volverá a faltar a su palabra y que esta vez no habrá quien lo convenza de seguir ingiriendo tiburón podrido.

El discurso del martes y las acciones que Medina emprenda de inmediato serán indicio y pauta del curso que seguirá lo que debe ser su último período gubernamental, atendiendo a su Constitución que instituye dos períodos y nunca más. Tiene la oportunidad de acoger la propuesta de un pacto político-social para rescatar la institucionalidad democrática y por el Estado de derechos económicos y sociales que proclama la Constitución.

Una alianza con los sectores más activos de la sociedad, le permitirá concluir el pacto eléctrico y emprender el pacto fiscal, imprescindibles para garantizar la sostenibilidad económica y completar una obra de gobierno que puede ser trascendente. Sobre todo si cumple su promesa de hacer lo que nunca se ha hecho: poner el interés nacional por encima del continuismo y la dominación política. Y no padecería el síndrome de la “soledad del poder”, siempre caldo de cultivo del continuismo.

La incredulidad y la desconfianza son tan grandes que seguro muchos se reirán de estos sueños de verano.