Desafíos del bloque opositor frente al poder omnímodo

 

Por Juan Bolívar Díaz
27_11_2016 HOY_DOMINGO_271116_ El País13 A

El mayor desafío para la docena de partidos políticos que han venido concertando la oposición al régimen del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es mantenerse unidos, sino para vencer el poder omnímodo, al menos para mediatizarlo, como lograron en la elección de la Junta Central Electoral (JCE). Pocos ven posibilidades de que esa mezcla […]

El mayor desafío para la docena de partidos políticos que han venido concertando la oposición al régimen del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es mantenerse unidos, sino para vencer el poder omnímodo, al menos para mediatizarlo, como lograron en la elección de la Junta Central Electoral (JCE).

Pocos ven posibilidades de que esa mezcla política de derecha, centro e izquierda, pueda mantenerse por mucho tiempo, sobre todo contando con las capacidades de manipulación pública y privada del partido gobernante, pero solo unidos y apelando a la sociedad podrían enfrentar el control político y social que ejerce el PLD.

La experiencia de la JCE. Al evaluar los resultados de la lucha por una JCE independiente del poder peledeísta, los opositores políticos podrían reivindicar que lograron mediatizar los impulsos primarios que pretendían reproducir el dominio absoluto del PLD sobre el organismo, desplazar a Roberto Rosario de su presidencia, y forzar la escogencia de una mayoría de titulares independientes, incluyendo al doctor Julio César Castaños como presidente.

Es indudable que el PLD impuso su mayoría aplastante para escoger los suplentes, pero tuvo que transar en los titulares, lo que no hubiera ocurrido sin la presión desatada por el bloque opositor. Fue importante también la participación de las organizaciones sociales que constituyen la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática. Pero esta no hubiese podido desatar muchas fuerzas sin que hubiese partidos políticos en posición más radical. En otras palabras: la sociedad civil no puede hacer el papel de los partidos.

El aparato mediático peledeísta se ha empeñado en presentar a la oposición como vencida y desacertada, porque ha quedado ahora sin un Eddy Olivares entre los titulares, como si los valiosos aportes de este bajo el dominio de Roberto Rosario hubiesen podido impedir la manipulación política del órgano electoral. La oposición fue coherente en rechazar un reparto que la experiencia ha demostrado dañino, y dejó mal parados a los que pregonaban que por debajo los líderes de su mayor partido buscaban ventajas, alegato que pretendía dispersar el bloque opositor o dificultar su desempeño.

Cámara de Cuentas y TSE. En marcha el proceso para elegir los cinco integrantes de la Cámara de Cuentas (CC), por parte de los órganos legislativos, pareciera que el bloque opositor ha perdido vigor, como si hubiese salido derrotado en la JCE, como han pregonado los voceros y bocinas gubernamentales. Bastante lograron para su limitada representación política y dificultades para movilizar a una población anestesiada.

Claro que la CC no despierta el mismo interés partidista que la JCE, pero debería preocuparle desde la perspectiva institucional y de cara a la sociedad civil, que valora mucho el papel del organismo fiscalizador de las finanzas públicas, afectadas por alto nivel de dispendio, malversación y corrupción que ha colocado el país en los últimos escalones en las evaluaciones del Fondo Económico Mundial y de Transparencia Internacional.

La Cámara de Diputados inició esta semana la evaluación de los 259 inscritos como aspirantes a integrar la CC, al igual que el Senado con la JCE, sin especificar una metodología que permita abrigar expectativas de que la capacidad e integridad predominarán sobre el interés político de mantener subordinado o mediatizado ese importante organismo del Estado. Aunque esta vez, al menos, las entrevistas son públicas.
Si los partidos opositores no mantienen la presión también para la elección de la CC habrán perdido el impulso cuando se convoque próximamente al Consejo Nacional de la Magistratura para la renovación del importante Tribunal Superior Electoral, contribuyendo al reflujo de la sociedad civil, que a menudo desconfía de la capacidad del sistema político para auto regenerarse.

La diversidad del bloque. Son muchos los sorprendidos por la concertación opositora tras el resultado electoral de mayo, a la que concurrieron divididos como mansos corderos con siete candidaturas para enfrentar a un partido que utilizaba su fuerza acumulada más todas las ventajas del Estado. Se creía que la unidad sería muy efímera y no llegaría al inicio del nuevo período gubernamental en agosto.

Hace poco sumaron al Partido Revolucionario Social Demócrata, el único opositor que aparecía separado. Para muchos observadores, la diversidad de posiciones políticas determina un corto periodo de vigencia de la coalición. En la derecha podrían situarse los partidos Fuerza Nacional Progresista, Quisqueyano Demócrata Cristiano y el Socialista Cristiano de Soraya Aquino. En el centro estaría la mayor fuerza, el Partido Revolucionario Moderno, el Reformista Social Cristiano, Dominicanos por el Cambio, el Humanista Dominicano y el Revolucionario Social Demócrata. El ala izquierda la conformarían el Frente Amplio, Alianza País, Opción Democrática y Alianza por la Democracia.

Esa diversidad implica dificultades para determinar tácticas y hasta para formular sus pronunciamientos. Hace poco pasaron el día y llegaron a la medianoche concertando un comunicado en la recta final de la elección de la JCE. De ahí podría haberse derivado su principal error táctico al no reintegrarse oportunamente a la mesa de diálogo de monseñor Agripino Núñez. El empeño en evitar desgajamientos determina un paso de elefantes frente a una mezcla de tigres y leones que defienden cada pulgada de poder. La circunstancia de que el bloque opositor no tenga un claro líder que lo unifique, y que tampoco lo presente su mayor integrante, el PRM, es un factor limitante en una adolescente cultura democrática.

El PLD: divide y vencerás. Un objetivo de mediano plazo para el PLD es la desarticulación del bloque opositor, intrigando para dividirlo, tarea en que la que ya hay comentaristas empeñados, o mediante repartos estatales que tanto han contribuido a la concentración del poder.

Sea que se configure el continuismo reeleccionista que ya hasta el dirigente del PLD y excolaborador cercano de Danilo Medina, Fernando Fernández denunciara esta semana, o que los vientos de Leonel Fernández vuelvan a soplar, dado que no emerge hasta ahora una tercera opción interna, para el PLD será fundamental desarticular el frente opositor. Más importante si buscan abrir paso a otra reforma constitucional para posibilitar la continuidad del presidente Medina, más difícil de justificar, tras la reforma del 2015 que devolvió el “dos períodos consecutivos y nunca más” y consignó un dispositivo transitorio que la prohíbe expresamente. Leonel de candidato podría atraer a partidos que se entendieron mejor con él que con Danilo, y fueron aliados, la FNP, el PRSC y el PQD.

El funcionamiento colegiado del bloque opositor, con voceros rotativos ha dificultado las tácticas para dividirlos, separando al PRM del resto, mientras se incentiva la lucha interna en este. El secretario general del PLD, Reinaldo Pared, llegó hasta declarar la preferencia del expresidente Hipólito Mejía como interlocutor, a quien hasta sus peores críticos lo presentan como relevo de Luis Abinader para la candidatura del 2020.

El estímulo de la confrontación por el liderazgo del PRM, sería un objetivo táctico fundamental del peledeísmo para reducir la incidencia del mayor partido del bloque opositor. Confían en que tarde o temprano los perremeístas reproducirán las feroces luchas internas que debilitaron “el buey blanco” del PRD, de donde provienen. No lo lograron antes ni después de la convención del PRM que eligió candidato presidencial a Abinader, superando ampliamente a Mejía, porque ambos fueron conscientes de que se necesitaban mutuamente la supervivencia política.

Una precipitada lucha por el liderazgo del PRM, le impediría consolidarse, reforzando su organización y democracia interna, y acreditarse como alternativa al dominio del PLD, y en lo inmediato incidiría en la dispersión del bloque opositor.

La trascendencia de Fidel Castro

27_11_2016 HOY_DOMINGO_271116_ Opinión9 A

Por Juan Bolívar Díaz

La desaparición de Fidel Castro Ruz, fallecido la noche del viernes en su residencia de La Habana, es un acontecimiento de carácter universal, pues se trata del más trascendente líder latinoamericano del último siglo y de los más relevantes de todo el mundo.

Nadie como Fidel despertó tantas pasiones, entre sus seguidores incondicionales como en sus críticos implacables que lo desearon muerto durante décadas, y ninguno mantuvo una vigencia en el poder por más de cinco décadas, sobreviviendo en pleno patio, al implacable determinismo norteamericano del último siglo.

Se justifican muchos reparos al liderazgo y al legado del comandante de la revolución cubana de 1959, pero resulta indiscutible que él encarnó la lucha por la independencia de su pueblo cuando era poco menos que un satélite del imperio dominante, y que constituyó un liderazgo y una maquinaria política que le permitió sobrevivir a todos los intentos por derrocarlo o eliminarlo.

Fidel Castro fue el líder y héroe del tercer mundo en la batalla contra las peores manifestaciones del imperialismo político que no respetó fronteras por más distantes que fueran en África, Asia o América, y que acabó con las vidas de contradictores de la dimensión de Lumumba, Cabral, Allende, Hussein o Kadaffi. Sólo se le puede comparar con el legendario vietnamita Ho-Chi-Minh, arquitecto de la única derrota militar de Estados Unidos.

Castro Ruz no sólo mantuvo su proyecto socialista en Cuba a 90 millas de las costas de Estados Unidos, sino que envió más de 300 mil soldados a las luchas independentistas de África, a miles de médicos y personal de salud a múltiples países, y se le relacionó con innumerables movimientos políticos en el escenario universal.

La revolución de 1959 impactó en toda América Latina e influyó la vida política de la región durante décadas, por su arrojo, por haber desafiado la dominación internacional, por haberse realizado contra la corrupción y la depredación, y porque pretendió un régimen menos desigual en la repartición y usufructo de las riquezas.

Para los dominicanos de los años sesenta, Fidel Castro es símbolo de la solidaridad en la lucha contra la tiranía de Trujillo y luego contra la invasión militar norteamericana de 1965, lo que le ganó gratitud, incluso por encima de sus errores y los fracasos de las utopías del comunismo, en las que militó hasta el último aliento.

Para Cuba el legado de Fidel Castro es limitado porque no pudo garantizar el desarrollo y la prosperidad económica, ni la pluralidad y el respeto a la diversidad política. No obstante, alcanzó grandes avances en renglones fundamentales del desarrollo humano, como educación, salubridad, habilidades deportivas y autoestima. Pudo haber sido diferente sin la agresividad y el bloqueo del implacable vecino del norte, por lo cual muchos críticos han sido indulgentes, pero el balance objetivo lo remite al ámbito de las utopías frustradas.

Aunque deja una estructura política fuertemente arraigada y sobrados aspirantes de continuar su legado, Fidel es insustituible. Su muerte abre una nueva etapa en Cuba que la llevará a insertarse significativamente en la pluralidad democrática de la región, aunque debe mantenerse la esperanza de que con mucho menos rémoras de las predominantes en este conjunto de países muy lejos aún del bienestar, la independencia, la fortaleza institucional y la justicia social.

Más allá de terquedades y actitudes implacables, Fidel Castro Ruz es parte de nuestra historia. Uno de los líderes más trascendentes de la etapa contemporánea, que no deja cuentas bancarias ni riquezas a sus descendientes. Sus errores, como sus aciertos, fueron esencialmente políticos, parte del errante devenir de la humanidad.

El PLD y su gobierno evaden la concertación político-social

  Por Juan Bolívar Díaz

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Desperdiciaron la oportunidad de iniciar una concertación político-social que mejoraría las perspectivas de los pendientes pactos fiscal y eléctrico, y de las reformas político-electorales aunque tuvieron que mediatizar su absoluto control de la JCE

           

Como para no dejar dudas, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) decidió la integración de la Junta Central Electoral (JCE), evadiendo el diálogo político social reclamado intensamente durante cuatro meses por los doce partidos de oposición y un amplio movimiento de la sociedad civil.

            Los que lucharon por ejecutivos con perfil ético y sin ataduras partidarias lograron mediatizar el control peledeísta sobre el organismo rector de elecciones y del registro civil,  pendientes ahora de la renovación de la Cámara de Cuentas (CC), por el Congreso Nacional, y del Tribunal Superior Electoral por el Consejo Nacional de la Magistratura.

La transacción Castaños

            Tal como se advirtió en esta página el 6 de noviembre, el doctor Julio César Castaños Guzmán terminó electo presidente de la JCE como fórmula de transacción, que habría partido del gobierno del presidente Danilo Medina y terminó acogiendo el Comité Político del PLD, por los intensos reclamos del bloque de partidos de la oposición y de los sectores más activos de la sociedad civil organizada.

            Si bien tres de los cinco titulares del organismo no tienen vínculos con el partido de gobierno, la totalidad de sus suplentes son peledeístas, dos de ellos miembros del Comité Central del partido gobernante. La Iniciativa por la Institucionalidad Democrática, que agrupa más de treinta organizaciones de la sociedad civil, acogió la designación de Castaños, además de Roberto Saladín y Carmen Imbert, por considerar que llenan el perfil adecuado de reputación profesional, ética e independencia. El bloque de 12 partidos de oposición sólo acogió a los dos primeros, y aunque a la doctora Imbert le reconoció integridad y profesionalidad, la descartaba por haber apoyado públicamente la reelección del presidente Danilo Medina.

            Castaños llegó con aval general por sus ocho años en la JCE, cuatro como presidente, y por su reconocido ejercicio profesional, público y privado, Roberto Saladín, quien demostró independencia siendo gobernador del Banco Central bajo el último gobierno de Joaquín Balaguer, y embajador de los gobiernos del PLD, también fue considerado apto, aunque algunos mantuvieron reservas por pasar de 80 años, ya que los jueces de las altas cortes se retiran a los 75. Carmen Imbert, se ha distinguido en cargos judiciales, como escritora, articulista y comentarista de radio y televisión.

Los vinculados políticos

            Rosario Graciano y Henry Mejía, quienes completan la dirección de la JCE, recibieron objeciones políticas y sociales por sus vínculos partidarios y él, además, por  haber sido de los integrantes de la Cámara de Cuentas que tuvieron que renunciar en el 2008 en vísperas de un juicio en el Senado, tras ser acusados por la Cámara de Diputados de violación de la Constitución y varias leyes, de nepotismo y otros cargos, y por su vinculación al Partido Revolucionario Dominicano, aliado al gobierno.

            Las mismas objeciones que a Mejía, se hacían a Freddy Bolívar Almonte, un promotor político del presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez, quien apareció en la planilla de cinco candidatos presentados por el PLD la semana anterior, y en esta fue sustituido por Rosario Graciano, única de los anteriores titulares del organismo que permanecerá en el cargo, al que llegó tras desempeñarse como subsecretaria de prensa del PLD y luego como vicecanciller.

            Los cinco suplentes electos tienen vínculos con el PLD, y varios se han desempeñado en diversos cargos administrativos. Luis García y Juan Bautista Cuevas aparecen en la matrícula de su Comité Central. El primero, que suple a Carmen Imbert, es periodista y asesor de prensa del presidente Medina; y el segundo, suplente de Henry Mejía, es un cercano colaborador de Reinaldo Pared. Al suplente de Castaños, Luis Minier Almonte, abogado de Santiago, se le relaciona con el expresidente Leonel Fernández y Monchy Fadul.  José Lino Martínez, suplente de Saladín, es un colaborador del senador por Monseñor Nouel Félix Nova; a Rafael Evangelista, suplente de Graciano, se le asocia al senador por Samaná, Prim Pujols.

Tuvieron que conceder

            Es obvio que la JCE mantiene un fuerte sello partidista, total en los suplentes, aunque distante del absoluto que los senadores peledeistas pretendían. En los titulares se operó una renovación  de cuatro quintas partes, dejando fuera al polémico presidente Roberto Rosario, quien había convertido el organismo en un feudo personal y lo arrastró al  sectarismo y al “tollo tecnológico”  del escrutinio en el proceso electoral de mayo pasado.

            La unidad de la oposición y el activismo de la sociedad civil, que movilizó a las jerarquías religiosas y empresariales, forzaron la transacción en la composición de la JCE, y mostraron que se requiere sumar muchas energías para contener los ímpetus absolutistas de un partido que controla todos los poderes públicos, y gran parte del aparato comunicativo y de las ausentes academias universitarias y organizaciones sindicales y profesionales.

            El proceso evidenció la manipulación partidista y el desprecio a las metodologías y búsqueda de consenso. Más de 200 candidatos a integrar la JCE resultaron conejillos de indias pues, más allá de formulárseles algunas preguntas en entrevistas de 15-20 minutos, no fueron objeto de una evaluación, previa metodología científica, que incluye capacidades, actitudes sicológicas y currículo, como ocurre en el mundo contemporáneo para cualquier cargo de mediana jerarquía y que demandaran las entidades sociales.

            En siete de los diez elegidos prevaleció el vínculo partidista y con los propios senadores electores. Aunque proclamaron muchas veces que la elección era patrimonio exclusivo del Senado, al final intervino el Comité Político peledeísta, que creó una comisión para cerrar acuerdos y se decidió sustituir a uno de los objetados por el escándalo de la CC en el 2008, otra concesión a la oposición y la sociedad civil.

Una oportunidad perdida

            Aunque transaron parcialmente frente a los reclamos políticos y sociales, el gobierno y el PLD desperdiciaron la oportunidad de mostrar interés en la búsqueda de los  consensos demandados por la sociedad para aprobar los grandes pactos pendientes, dispuestos por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que en enero cumplirá cinco años, como el eléctrico y el fiscal, y para las leyes del sistema electoral y de partidos.

            El gobierno no ha logrado conseguir consenso para el pacto eléctrico, cuya concertación cumplirá dos años en enero. El pacto fiscal fue intentado al inicio del gobierno de Medina en el 2012, pero fue abandonado pocas semanas después, y no ha vuelto a estar en la agenda gubernamental, a pesar de las demandas públicas y las limitaciones  fiscales con que se maneja el Estado, con grandes deudas sociales en materia de pobreza, salubridad, agua potable, electricidad, salarios de servidores públicos,  transporte y otros.

            El problema radica en la escasa vocación concertadora que prevalece en el sistema político, acentuado entre los peledeístas. Después que la oposición política y la sociedad civil acogieron dos y tres de los cinco candidatos a la JCE que propuso el PLD, bien pudo escogerse los otros entre personalidades de consenso, y ser menos sectarios en la elección de los suplentes, Pudieron crear un mejor ambiente para las concertaciones necesarias.

La Cámara de Cuentas

            La atención pública se desplaza ahora hacia la CC, el máximo organismo de control y auditoría de los recursos públicos, cuyos cinco titulares también concluyeron su período constitucional el 16 de agosto pasado. De acuerdo al artículo 248 de la Constitución son elegidos por el Senado de ternas que presenta la Cámara de Diputados.

            Tanto la oposición política como la sociedad civil a través de su Iniciativa  por la Institucionalidad Democrática, y líderes de diversos ámbitos han extendido a la CC su demanda  de profesionales independientes de todos los poderes. La preocupación es generalizada por los altos niveles de corrupción y la impunidad prevalecientes en el país.

            Entre los actuales titulares de la CC también prevalecen los vinculados al partido de gobierno, aunque en general han guardado un perfil profesional y su presidenta Liselotte Marte de Barrios, proveniente del Partido Reformista Social Cristiano, es una profesional con perfil de independencia y de ejercicio público decoroso.

            El martes 15 la Cámara de Diputados publicó un listado de 259 aspirantes a integrar la CC, 5 más que la vez anterior,  y llamó a vistas públicas a partir de mañana lunes y hasta el 5 de diciembre, donde participarán los candidatos y cualquier ciudadano podrá presentar observaciones. Empero no se ha precisado la metodología de evaluación y elección.

            Otros con período vencido en agosto son los jueces del Tribunal Superior Electoral,  por  igual objetos de conflictos  políticos, pero aún no se convoca a su órgano elector, el Consejo Nacional de la Magistratura, también con mayoría del PLD.-     

Absurdas propuestas de soluciones

Por Juan Bolívar Díaz
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Quedé impactado el martes 15 cuando leí en la página 12-A de HOY que el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) propone la eliminación de la tanda nocturna de la educación media, por la inseguridad que afecta a estudiantes y docentes, incluida la venta de drogas en los perímetros de esos centros educativos.

La propuesta del profesor Eduardo Hidalgo es tan absurda e improcedente como la que se viene formulando alegremente, acompañada de campañas en medios de comunicación, para que se prohíba el transporte de más de una persona en las motocicletas, porque son utilizadas con mucha frecuencia para asaltos, por la facilidad con que se desplazan para evadir la persecución. Ambas constituyen soluciones falsas, que generarían graves efectos sociales secundarios, palos de invidentes, sin medir consecuencias sociales ni mucho menos combatir la raíz de los problemas que se quieren enfrentar.

Me impactó la propuesta de Hidalgo, ya que me tocó realizar la educación secundaria en el único liceo nocturno que existía en la capital dominicana al final de la década de los cincuenta, el Eugenio María de Hostos, que operaba, lo mismo que el diurno Argentina, en la calle Juan Isidro Pérez en San Antón. De no haber existido la secundaria nocturna, es probable que me hubiese tocado quedarme en el nivel primario. Miles de jóvenes trabajadores, muchos luego distinguidos profesionales, estudiaron allí, con profesores de primera categoría, como Ivelisse Prats Ramírez, Juanita Gómez, José del Carmen Rodríguez, Dolores Jiménez, Vendrel, Villalona y muchos más.

Lo extraño es que una propuesta tan simplista provenga del presidente del gremio de los maestros, ya que afectaría no sólo a decenas de miles de estudiantes, sino también a varios miles de los miembros del gremio que él representa. Aunque propone, como parche, que estudien los fines de semana, para que sean bachilleres de segundo nivel.

El registro del Ministerio de Educación indica que en la tanda nocturna de la educación media operan 148 centros docentes, con 45 mil 761 estudiantes en el Distrito Nacional y 24 provincias, de ellos 68 en el gran Santo Domingo y 24 en Santiago. Lo que propone Hidalgo es privar a decenas de miles de personas de su derecho a la educación, como si de esa manera se pudiera reducir la delincuencia o eliminar la venta de drogas que proliferan en todos los barrios, y también en los perímetros de los liceos diurnos.

Los que abogan por prohibir un segundo ocupante en los motores, parecen ignorar que hay 2 millones de esos vehículos en el país, y que la mayoría son utilizados para llevar hijos, esposa y otros familiares a escuelas, centros laborales y diligencias personales. También que por lo menos una tercera parte, cerca de 700 mil son utilizados como “moto-conchos”, que sólo en el gran Santo Domingo transportan el 11 por ciento de los pasajeros, más que el Metro y los autobuses de la OMSA juntos.

Por calles, caminos y carreteras la mayoría de los motores llevan dos personas, por lo que su prohibición es absurda, multiplicaría los problemas de transporte, y agravaría su costo, que para amplios segmentos ya implica el 25 por ciento de sus ingresos, y que dejaría a cientos de miles sin el medio de ganarse la vida, empujando a muchos a la delincuencia.

El moto-concho es un medio de transporte fruto de nuestra miseria social, que cobra el 60 por ciento de las víctimas de accidentes de tránsito, que alguna vez deberemos superar, y que mientras tanto requiere ordenamiento y controles, siquiera lograr la meta de dotarlos de placa de identificación y cascos protectores y limitar a dos sus ocupantes.

Ambas absurdas propuestas son una forma de jugar al avestruz, escondiendo la cabeza, para no promover soluciones de fondo a la delincuencia y el tráfico de drogas. Parece que damos por hecho que no podemos contra esos graves males.

Aunque con dificultades, avanza el diálogo político

Por Juan Bolívar Díaz

INFORME ESPECIAL

Tras la voluntad expresada por el Gobierno, es obvio que se ha abierto un espacio de concertación para elegir la nueva Junta Central Electoral (JCE), lo que el bloque opositor debería responder retornando a la mesa de diálogo para formalizar la excelente reserva de candidatos inobjetables, sin reparto partidista, que ha señalado.

Tal como dijo la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM) de la sociedad civil, que aprobó a tres y objetó dos de los candidatos de la planilla para titulares presentada por el partido de Gobierno, se ha avanzado en la concertación y todavía hay tiempo para crear un nuevo espacio de diálogo que se extienda a los pactos pendientes.

Un diálogo de altibajos. Aunque con altibajos, recriminaciones y dificultades, es obvio que ha habido diálogo entre la oposición y el Gobierno en el conflicto por la elección de la JCE, y como celebró la IDEM el viernes, se ha comenzado a producir consenso, ya por lo menos en dos de los cinco titulares a partir de los propuestos por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entre los cuales hay dos con serias dificultades.

Es claro que las declaraciones del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y del ministro administrativo, José Ramón Peralta, al comenzar el mes, marcaron la voluntad del Gobierno de dialogar en búsqueda de consenso y frenaron los ímpetus de la comisión senatorial, primero, y luego esta semana del Senado en pleno que volvió a aplazar la elección, dando tiempo a las negociaciones.

Una declaración escrita de monseñor Agripino Núñez confirma el diálogo indirecto en marcha. Aunque niega la versión del bloque opositor de que la planilla de cinco para titulares de la JCE que encabeza Julio César Castaños Guzmán fuera entregada por el presidente Danilo Medina, reconoce que el mandatario le pidió a él y al secretario general del PLD “que trataran de elaborar una propuesta consensuada para la integración de la nueva JCE”.

Y luego les dijo que prefería no involucrarse, por la separación de poderes, pero que intentaran “identificar eventuales candidatos que tuvieran aceptación ante el país”.
Núñez Collado precisó que la planilla de cinco le fue entregada por el secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y el presidente de la comisión senatorial evaluadora de candidatos, Dionis Sánchez.

Castaños Guzmán no estaba en los planes de la comisión senatorial, pues ni siquiera fue evaluado, y hay confidencias de que, por lo menos él, fue aporte del presidente Medina al consenso, por tratarse de alguien inobjetable.

Dos parecen inaceptables. De la planilla de cinco del PLD (Reinaldo-Dionis), el bloque opositor aceptó al candidato a presidente Castaños Guzmán y al abogado y economista Roberto Saladín, exgobernador del Banco Central y exembajador. Pero objetó a Henry Mejía, Freddy Bolívar Almonte y Carmen Imbert Brugal, los dos primeros por sus vinculaciones políticas y por haber estado envueltos en un escándalo en el 2008 en la Cámara de Cuentas y a ella por haber promovido la candidatura de Medina en los pasados comicios.

Mejía, suplente del titular de la JCE Eddy Olivares, está vinculado políticamente al Partido Revolucionario Dominicano y a su presidente Miguel Vargas Maldonado, y se dice que su postulación es parte de “un compromiso político”.

Bolívar Almonte, peledeísta proveniente del Partido Reformista, fue de los ejecutivos de Reinaldo Pared en su persecución de la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.

Además de sus vínculos políticos, Mejía y Almonte tienen en común haber sido de los renunciantes a la Cámara de Cuentas en el año 2008, después que la Cámara de Diputados aprobara a unanimidad someter a juicio político ante el Senado a todos los integrantes de ese organismo estatal, en medio de un escándalo nacional, bajo cargos de violar la Constitución y las leyes de la Cámara de Cuentas, de Función Pública, y de Contrataciones Públicas, de ineficiencia, nepotismo y sobornos. Solo Alcides Decena Lugo evadió renunciar y fue destituido por el Senado.

Por los mismos motivos la IDEM los descalificó a ambos para integrar la Junta Central Electoral, pero a Carmen Imbert le reconoció integridad y capacidad.

Las ternas de la comisión. Aunque evaluó a más de 200 aspirantes a integrar la JCE, la comisión senatorial presidida por Dionis Sánchez parece no haber encontrado muchos que pudieran ser objeto de consenso.

De los quince presentados esta semana para titulares y otros tantos para suplentes, una parte están vinculados al partido de Gobierno y diez son funcionarios de la JCE, encabezados por sus titulares Roberto Rosario y Rosario Graciano, ambos provenientes de la dirección del PLD.

El listado incluye al suplente de Rosario, Juan Isidro Gautreaux, al secretario general de la JCE, Ramón Hilario Espiñeira, y su suplente Lourdes Teresa Salazar, al consultor jurídico Alexis Simeón Dicló, a los suplentes de titulares José Lino Martínez y Rafael Evangelista Alejo, así como a la directora del Registro Civil, Dolores Fernández Sánchez. Casi todos de la absoluta confianza de Roberto Rosario.

De la planilla de cinco candidatos presentados por el PLD para titulares de la nueva JCE, cuatro figuran en las ternas de la comisión, siendo la excepción Castaños Guzmán, el postulado a la presidencia.

Sugeridos por la oposición. Monseñor Agripino Núñez Collado no dijo que el bloque de partidos opositores hubiese presentado candidaturas, pero Reinaldo Pared aseguró que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) sometió una lista de 15 candidatos, a través del mediador, entre los que citó a Castaños Guzmán y Saladín. Además al expresidente de la Suprema Corte Jorge Subero Isa, y su actual titular Miriam Germán, a los exmiembros de la JCE Luis Mora y Rafael Vallejo Santelises, a la jueza del Tribunal Constitucional Katia Miguelina Jiménez, a la abogada y articulista Marisol Vicens, al comentarista radiofónico Ricardo Nieves y al pastor evangélico Braulio Portes.

El presidente del PRM, Andrés Bautista, reconoce que, no solo su partido, sino todo el bloque de oposición, respondió una petición de quiénes podrían ser miembros de consenso de la JCE y que ellos señalaron a esos diez, y otros cinco que no identificó Pared Pérez, como personas que “reúnen el perfil deseado, sin siquiera haber hablado con ellos”.

Los cinco adicionales fueron el exjuez de la Suprema Corte Julio Aníbal Suárez, el actual juez de corte de apelación Rafael Ciprián, la exprocuradora general Semíramis Olivo de Pichardo, y los abogados Juan Francisco Puello Herrera y Juan Manuel Rosario.

Bautista resaltó que ninguno de ellos tiene vinculación política, y que son abogados de largo ejercicio público, jueces y exjueces calificados por su independencia, que no se han visto envueltas en escándalos “y que son inobjetables”.

Escenario para negociación. El escenario parecería listo para lograr un consenso, para lo cual es necesario reducir los discursos de confrontación.

El bloque de oposición debería volver a la mesa del diálogo que media Núñez Collado y formalizar su excelente nómina.

Si aceptan a Carmen Imbert junto con Castaños y Saladín, de la planilla del PLD podrían demandar la escogencia de los dos restantes entre los quince que ellos señalaron, o por lo menos uno y que el PLD renuncie a sus vinculados políticos y señale otro que sea aceptable para todos. Lo mismo habría que hacer para escoger los cinco suplentes.

Aunque el presidente Medina insista en que no quiere interferir, la convicción general es que las declaraciones de Montalvo y Peralta reflejan su decisión de favorecer algún nivel de consenso.

La planilla presentada implica el reconocimiento de la necesidad de renovación de la JCE, como ha demandado el bloque opositor, la sociedad civil organizada, las iglesias, empresarios y medios de comunicación.

Tal como planteó la Iniciativa Democrática el viernes, todavía hay tiempo para materializar la demanda de “un diálogo político-social fructífero para renovar no solo la JCE, sino también el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, escogiendo personas sin ataduras a poder alguno, y así abrir espacio a la gran concertación que requiere esta sociedad para superar sus carencias institucionales, económicas, sociales y políticas”.

Sigue sin entenderse que el presidente Medina no sea el primero en disminuir la confrontación política promoviendo abiertamente la concertación para mejorar las perspectivas de los pendientes pactos eléctrico y fiscal, fundamentales para el éxito de este su segundo y último período de Gobierno, cuyo inicio está aletargado por inocultables estrecheces financieras.

Urge superar las confrontaciones y abrir nuevos surcos para que fructifiquen soluciones a los graves problemas nacionales, de equilibrio fiscal, de salubridad, agua potable, electricidad, de inseguridad, caos del transporte, medio ambientales y de corrupción y desprecio de la institucionalidad.

Donald Trump:la incertidumbre

Por Juan Bolívar Díaz

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La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos se inscribe dentro del “reinado de la incertidumbre” al que atribuimos en este mismo espacio, el 26 de junio pasado, el voto de la mayoría de los concurrentes al referendo que decidió la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Escribimos entonces que el imperio de la incertidumbre “se traslada a Estados Unidos, donde ya no se puede descartar que pueda alcanzar el poder el señor Donald Trump”, y lo atribuíamos al desconcierto que ha producido la crisis del orden económico internacional “que no ha perdonado ni al estado de bienestar logrado por los europeos y norteamericanos tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial”.

Estados Unidos ahora, como el Reino Unido en junio, quedó dividido en dos mitades, y en ambos casos el resultado fue contradictorio al voto de las grandes urbes y los centros del poder, como si fuera el campo y las zonas menos desarrolladas contra las ciudades concentradoras de la riqueza y el bienestar, y los jóvenes pierden de los mayores.

En el caso norteamericano es más significativo, ya que Hillary Clinton superó en 430 mil votos a Trump, con porcentajes de 47.7 a 47.4, aunque el republicano consiguió la presidencia gracias al sistema de delegados estatales. Ella ganó con amplias ventajas en los estados más modernos e influyentes y en todas las grandes ciudades: Más del 60% en California, Massachusetts y Maryland, con más del 55% en Nueva York (59%), Nueva Jersey, Connecticut y Washington. Perdió Florida 48 a 49 %, pero arrasó en la ciudad de Miami, en el condado Miami Dade 64%. Y en el Distrito de Columbia, donde está la capital Washington, Trump apenas alcanzó un increíble 4%.

Por estratificación de edades el resultado también es relevante: Clinton ganó 55 a 47% en el segmento de 18-29 años, y 50 a 42% en el de 30-44%. Trump alcanzó 53% en la población mayor de 45 años.

En Estados Unidos, como en Europa la crisis económica del capitalismo ha cobrado sus costos a las clases medias, sobre todo fuera de los grandes centros del poder, mientras las riquezas se concentran cada vez más en el 1 por ciento de la humanidad, 72 millones de personas. La población más afectada reacciona contra el “establishment”, responsable de la reducción o congelación de su bienestar.

Como adelantan las protestas juveniles en las urbes, y hasta el resurgimiento de un movimiento separatista en California, y como ha quedado dividido Estados Unidos, Trump no tendrá un camino florido, y por más que controle el Congreso, no llegará muy lejos en sus radicalismos y tendrá que aterrizar.

Las reacciones de los mandatarios de Alemania y Francia y de las agencias de las Naciones Unidas indican el reconocimiento del triunfo de Trump pero también las advertencias de respeto a la diversidad universal y a los principios y compromisos de las relaciones internacionales.

Probablemente no llegue a haber un muro en la frontera con México, y mucho menos que este país tenga que pagarlo. Más difícil será deshacer los tratados comerciales internacionales que afectarían al establishment norteamericano, o romper con la OTAN, pero como Trump tendrá que hacer algo de lo prometido, los inmigrantes latinoamericanos, incluyendo los dominicanos, pagarán los platos rotos, sin desestabilizar al vecino México y serán revocados los deshielos con Cuba.

Todo apunta al incremento del reinado de la incertidumbre en el mundo. El desorden económico no garantiza seguridad para nadie. Por suerte tenemos al Papa Francisco, que se empeña en remozar a la Iglesia y llega a pedir perdón por los católicos que dan la espalda a los pobres. Algo es algo en esta desolación.

Avanza el aterrizaje suave en la elección de la JCE

El gobierno parece inclinado al reclamo cada día más amplio de árbitros electorales independientes de los poderes  y trasciende que podría darse un consenso por lo menos en la figura de Julio César Castaños Guzmán para presidir la JCE

Por Juan Bolívar Díaz

            Las declaraciones de los ministros de la presidencia Gustavo Montalvo y José Ramón Peralta marcaron esta semana la opción del gobierno por el “aterrizaje suave” en la elección de los titulares de la Junta Central Electoral (JCE), frenando los ímpetus de senadores y dirigentes partidistas que pregonan la  simple imposición del poder político.

            Al caer la semana se daba por hecho en múltiples ámbitos políticos que el gobierno impulsaría un consenso para llevar al doctor Julio César Castaños Guzmán a la presidencia del organismo, acogiendo el reclamo de árbitros electorales independientes enarbolado por toda la oposición política y cada vez más amplios segmentos de la sociedad civil.

Lanzamiento de Montalvo

            Para el miércoles 2 estaba anunciada la decisión sobre la elección de los cinco nuevos titulares de la JCE en la Comisión Especial del Senado que en los últimos tres meses recibió y procesó los expedientes de 222 aspirantes a esos cargos, los cuales ya habrían sido reducidos a 60, y predominaba el discurso de que sólo los senadores tienen facultad para deliberar al respecto.

            Pero el martes 1 HOY desplegó la opinión del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien expresó: “confío que la nueva JCE se conforme con personas idóneas, que tengan el perfil adecuado, que sean personas que no estén atadas a ningún compromiso de ninguna naturaleza, ni que respondan a partidos políticos o a grupos de presión”.

            La opinión cayó como bomba entre los más pugnaces del Senado y del partido de gobierno y en su inmensa legión de comunicadores, algunos con tantos ímpetus que dieron por hecho que la comisión propondría las ternas y se procedería de inmediato a la elección en la sesión previamente convocada para el miércoles, lo que no ocurrió, a lo que también contribuyó otra declaración, esta vez del ministro Administrativo de la Presidencia.

            José Ramón Peralta, quien hace semanas era parte de la línea dura de la imposición y llegó a descalificar hasta los reclamos de la sociedad civil, avaló de inmediato a Montalvo, indicando que “La ley dice que lo mejor es que sean jueces sin vinculación política, independientes, y que si no hubiese independientes, que sea una junta equilibrada. Es lo que dice la ley y yo me acojo a lo que diga la Constitución”.

Una decisión del gobierno

            Sólo los fanáticos intentaron desconocer las señales del gobierno. Gustavo Montalvo y  Peralta son los dos funcionarios principales del presidente Danilo Medina, y  el primero ha sido catalogado como un  primer ministro, quien por demás es el más renuente a dar opiniones a la prensa, pero que junto a su equipo técnico-jurídico y político ha asumido decisiones importantes en cuestiones conflictivas, como fue el caso de la ley para amortiguar la sentencia de la  desnacionalización, la observación al código penal en el asunto del aborto terapéutico o la rectificación sobre los terrenos de Bahía de las Aguilas.

            La realidad es que el presidente Medina no ha sido indiferente en ningún caso, sino que ha dejado que “el equipo de Montalvo” cargue el peso de las cuestiones más conflictivas, sobre todo cuando hay choque de intereses al interior de su partido. Por su parte, Peralta encabezó la pelea por reducir el poder del expresidente Leonel Fernández para lograr la reforma de la Constitución que permitió la reelección del actual mandatario.

            Sería un error creer que el presidente ha capitulado o asumido por completo los reclamos de la oposición política y de la sociedad civil organizada. Más bien estaría tratando de neutralizarlos, haciendo concesiones. Aunque desde el inicio del debate sobre la JCE tras el anárquico resultado en que devino el resultado de las elecciones de mayo, empañando su amplia victoria, Danilo Medina habría comenzado a buscar distancia de la línea que proclamaba la ratificación de los actuales titulares, y se le atribuyó apoyar personas con mayor legitimidad y menos conflictividad. Roberto Rosario estaba descalificado antes que Estados Unidos le quitara las visas.

Reclamo que gana terreno

            El gobierno no puede ignorar el terreno que ha ganado la demanda de una JCE consensuada, con profesionales de experiencia, eficiencia, integridad e independencia de cualquier otro poder, logrando el apoyo de la Conferencia del Episcopado, (incluyendo el escepticismo expresado por el arzobispo Ozoria), de altos empresarios y medios de comunicación, y del mediador Agripino Núñez.  A ello ha contribuido la integración en un bloque de toda la oposición política y la constitución de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM) que agrupa a unas 40 instituciones sociales y consorcios de organizaciones, desde las empresariales, y religiosas hasta las sociales y comunitarias.

            Ha ayudado también la coherencia con que los demandantes han sostenido su planteamiento de árbitros imparciales, y tanto los 12 partidos de oposición como las organizaciones sociales han sostenido un firme rechazo al reparto de puestos en la JCE, fomentando la institucionalidad democrática, libre de conflictos de  intereses. La declinación del doctor Eddy Olivares a ser reelecto en la JCE, por estar vinculado al principal partido de oposición, el PRM,  y la decisión de éste partido de someter a juicio  disciplinario a dos dirigentes que presentaron candidaturas, fueron elementos impactantes.

            Varios documentos de esos partidos, incluyendo una carta esta semana al mediador Agripino Núñez Collado, constituyeron planteamientos de firme oposición y advertencias de dificultades de gobernabilidad en caso de que el PLD ratifique su control de los órganos arbitrales. Aunque desperdiciaron el escenario de mediación de Núñez Collado y no atendieron el llamado de la sociedad civil para mantenerlo.

La fórmula Castaños Guzmán   

            Desde  mediados de la semana en diversos ámbitos políticos se barajaba la transacción gubernamental que promueve para la presidencia de la JCE al doctor Julio César Castaños Guzmán, portador de honorabilidad familiar, de espíritu conciliador y casi imposible de ser objetado por ningún sector político o social significativo. Actualmente primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, y presidente de su Sala Civil y Comercial, fue miembro de la JCE del  2002 al 2010, y la presidió en el período 2006-10, sin generar antagonismos con ningún sector.

            Castaños no pasó por la evaluación de la comisión senatorial, pero con su récord  no la necesita y el pleno del Senado tiene facultad para escogerlo. Esta semana disertó sobre los desafíos de la democracia Ha sonado también para presidente, con auspicios del sector que lidera Leonel Fernández, el exfiscal y actual juez José M. Hernández Peguero, considerado parcial por haber sido precandidato del PLD. Se mencionó también a Jorge Subero, quien presidió brevemente la JCE, antes de ser electo presidente de la Suprema Corte, pero habría sido objetado por el sector leonelista.

            El “aterrizaje suave” del gobierno incluiría al doctor Santiago Sosa, quien fuera dirigente de Participación Ciudadana, y en los últimos años preside la Junta Electoral del Distrito Nacional. Suenan también Henry Mejía, vinculado al Partido Revolucionario Dominicano, el actual director del departamento de partidos políticos de la JCE, Guarino Cruz, la abogada y comunicadora Carmen Imbert Brugal, y los exmiembros de la JCE Luis Mora, Salvador Ramos y Rafaelina Peralta.

            De los actuales miembros, descartado Rosario y autoexcluido Eddy Olivares, se baraja a Rosario Graciano, quien llegó como dirigente del PLD, y al politólogo y abogado José Angel Aquino, el mejor técnico para dar continuidad, pero objetado por Roberto Rosario, quien lo llevó a la JCE pero no pudo doblegarlo. Rosario estaría promoviendo ante sus amigos del Senado a Mejía y a Ramos. Objeta a Graciano, quien en la evaluación lo habría acusado de personalizar la JCE, la que deja con déficit de mil millones de pesos.    

Urge concertación política

            Aunque no haya repartición en la JCE como plantea la oposición política y la sociedad civil, tendrá que mediar algún nivel de concertación, no sólo para la presidencia, sino también para los otros 4 titulares del organismo. La oposición señala el caso del Tribunal Superior Electoral donde llevaron de presidente a un honorable académico de la Universidad Madre y Maestra, Mariano Rodríguez, pero lo rodearon de jueces comprometidos políticamente que lo dejaron sin poder de decisión.

            La concertación político-social, planteada por la IDEM, tendría el beneficio adicional de abrir acuerdos para integrar el Tribunal Electoral y la Cámara de Cuentas, lo que también es inminente, y crearía un nuevo escenario donde podrían replantearse los pendientes pactos eléctrico y fiscal.

            Las perspectivas fiscales del gobierno, con un presupuesto altamente deficitario para el próximo año, y acabándosele la pista del endeudamiento, recomiendan transar en busca de gobernabilidad. Se cree que por lo menos un sector del gobierno lo entiende así, pero no  en los ámbitos del Partido de la Liberación Dominicana.-

 

Equidad y justicia para todos

Por Juan Bolívar Díaz

o2
Ahora que ha comenzado a ser aprobado, el proyecto de “Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial” ponderado en la Cámara de Diputados durante cinco años, debe albergarse la esperanza de que pronto la sociedad dominicana decida enfrentar el caos que se manifiesta en ese sector, con complejidades, costos y repercusiones tan serias como la inseguridad ciudadana y los desastres medioambientales.

Como todas nuestras obras, este proyecto no será perfecto y tendrá que pasar ahora por el cedazo del Senado antes que pueda ser convertido en ley, y luego afrontar el desafío de su implementación, algo siempre difícil en una nación donde las normativas legales se consideran meras sugerencias.

Como en la seguridad ciudadana, las reformas políticas, el saneamiento ambiental y la eficiencia de los servicios básicos de educación, salud y agua potable, en materia de transporte y seguridad vial estamos saturados de seminarios, diagnósticos y consensos, faltando voluntad de ejecución y para subordinar los intereses particulares a los sociales.

El proyecto aprobado el miércoles por los diputados contiene un enfoque integral y bien fundado de los problemas que debemos superar, para hacer eficiente un transporte que consume alrededor del 25 por ciento del costo de la canasta familiar del quintil más pobre, y para economizarnos las más de dos mil vidas y decenas de miles de lesionados que arrojan anualmente los accidentes de tránsito.

Es todo un código de casi 400 páginas, que refunde una decena de organismos superpuestos, creando un Instituto Nacional de Transporte y Seguridad Vial, que reconoce facultades de los ayuntamientos y la multiplicidad de intereses que deben ser conciliados en el sector. También actualiza las obsoletas normativas de la circulación vehicular.

Es evidente que los operadores del transporte público, sindicatos, gremios o pequeñas y medianas empresas asociadas, tienen responsabilidad en el caos en que ha devenido la circulación vial, pero a menudo se desconoce sus aportes y significado, estigmatizándolos por defender sus derechos al empleo y la vida, o porque han recibido subsidios y facilidades estatales, como si fueran los únicos.

Es necesario atacar el inaceptable monopolio del transporte de carga, operado por gremios empresariales que llegan al extremo de impedir que otras empresas puedan utilizar sus propios medios para transportar mercancías o materias primas, pero no es justo meter en el mismo saco a decenas de miles de propietarios y operadores de los llamados carros de concho, de minibuses y hasta de moto-conchos, en su inmensa mayoría dominicanos pobres que se ganan la vida de forma honrada y que durante décadas han sido quienes han ofrecido el servicio de transporte, deficiente y costoso, pero es lo que ha parido esta sociedad. El Estado ha fracasado persistentemente en el sector y los grandes empresarios no han invertido en lo que muchos consideran una actividad de baja rentabilidad.

El proyecto de ley tiene entre sus fundamentos un “Diagnóstico del Transporte Urbano de la Ciudad de Santo Domingo”, del 2012, según el cual el 80.5% de los pasajes los suplían 16 mil 50 carros de concho y 2,900 micro y minibuses, y el peligroso moto-concho cubría 10.6 por ciento, 90 autobuses el 2%, la estatal OMSA el 3.6, y la primera línea del Metro el 3.3%, que ahora con la segunda llega al 6%. Nadie sabe cuántas del actual millón 946 mil motocicletas operan como moto-concho, pero son cientos de miles.

Entre ellos hay delincuentes, como en todas las actividades nacionales, pera la inmensa mayoría se ganan la vida y sostienen sus familias en jornadas agotadoras. El que pretenda ignorarlos comete una injusticia y un grave error, pues podrían ser empujados a la inmensa legión de la delincuencia. No son santos pero tampoco demonios, sólo que no tienen quién les escriba o les defienda y muchos los toman como chivos expiatorios de nuestras deficiencias e incapacidades para organizar esta sociedad.

RD quemada en competitividad por debilidades institucionales

Por Juan Bolívar Díaz

Una vez más la República Dominicana ha quedado quemada en el Índice de Competencia Global (ICG) del Foro Económico Mundial (FEM) publicado esta semana, ocupando el escalón 92 entre 138 países evaluados, aunque con ligera mejoría de su puntuación, de 3.8 a 3.9 en relación al año pasado, cuando ocupaba la posición 98.

Las peores notas las recibe el país en el pilar “Instituciones”, donde ocupa el escalón 123, y la mejor en el entorno macroeconómico, donde está en el 26, primero en baja inflación, pero ratificado como el octavo más corrupto del mundo, y el quinto de América Latina y entre los peores en confianza en la policía, la justicia, la política y la educación.

Otra ligera mejoría. En el escalón 92 del ICG de este año del FEM, la RD ha mejorado ligeramente desde el 2013 cuando ocupaba el 105, aunque entonces con 148 países evaluados, ahora 138, razón por la cual es más objetivo atender a la puntuación, que desde entonces solo mejoró de 3.8 a 3.9 en una escala de 1 a 7.

El índice se compone de 12 pilares, y en la mitad de ellos el país está sobre el escalón 100. En los asuntos institucionales ocupa la posición 123, lo que implica que solo hay 15 países peor situados en esa materia fundamental entre los 138 evaluados y que registra una caída de 5 escalones en relación al 2015, cuando estaba en el 118. En “Innovación” ocupa el 114, en “Eficiencia del mercado laboral” el 109, en “Salud y educación primaria” 108, en “Eficiencia del mercado de bienes” 106, y 101 en “Infraestructura”.

En el pilar correspondiente al entorno macroeconómico RD tiene muy buena posición, la número 26, y en tamaño del mercado (67). Aceptable en sofisticación en negocios (77), apresto tecnológico (79) y en desarrollo del mercado financiero (87), En educación superior y capacitación está en el escalón 95.

Líder en baja inflación. Si algo se debe celebrar es que el país aparece en la posición 1 en “Inflación”, es decir el que registra menos elevación de precios en el último año. Muy buena es también la evaluación en balance del presupuesto gubernamental y deuda pública, en los escalones 16 y 31, pese a que en la opinión pública nacional persisten cuestionamientos al respecto.

En buena posición mundial aparece en baja incidencia de la malaria y su impacto en los negocios (posiciones 19 y 27), en la intensidad de la competencia local y la cantidad de proveedores locales (21 y 27), la extensión del mercado (37) y en el predominio de la inversión extranjera (41) y en solidez de los bancos (42). Si se le suma el bajo costo del terrorismo, escalón 36, se explica la muy buena evaluación en el pilar “Entorno macroeconómico”.

Otros renglones en los que RD queda bien parada son: “Transferencia tecnológica, calidad de la infraestructura portuaria, del transporte aéreo, de la disponibilidad de asientos en aviones, seguridad de las bolsas de valores, calidad de las carreteras, procedimientos aduanales y tasa de matrícula en la educación terciaria”, donde queda en las posiciones 41, 46, 50, 51, 53 57, 58 y 59. También en tasa de ahorro nacional, en la calificación del crédito del país y en disponibilidad telefónica, posiciones 68, 73 y 76.

Excepto en predominio de inversión extranjera, que baja de la posición 35 a la 41, en los demás 9 mejores renglones de la evaluación el país registra notables avances, varios de los cuales ya se les acreditan hace por lo menos 6 años.

Las instituciones y corrupción. Aparte de fortaleza de los reportes de auditoría y de la protección de las inversiones, posiciones 67 y 73, y en eficacia administrativa de las corporaciones (74), el país queda muy mal parado en casi todos los 21 renglones del ICG referentes al funcionamiento de las instituciones, ratificando una de las mayores preocupaciones de la sociedad civil dominicana, incluyendo al empresariado, y por lo cual se reclama un pacto político-social por la institucionalidad democrática.

En 13 de los renglones de la institucionalidad, la RD queda situada por encima del escalón 100 entre los 138 evaluados de este año, especialmente en los referentes a la corrupción, que persistentemente se señala como uno de los más graves problemas nacionales. En desvío de fondos públicos, al igual que en confiabilidad de los de servicios policiales, el país queda en la posición 133, entre los ocho peores del mundo.

En otros renglones de corrupción como comportamiento ético empresarial y en extensión del dominio del mercado, el país está en escalón 130, lo que configura una cultura que no solo afecta las instituciones estatales como algunos creen. En favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos es el escalón 128, entre los diez peores del mundo evaluado. El 112 en pagos irregulares y sobornos, y 111 en despilfarro en el gasto gubernamental.

La independencia de la justicia dominicana queda también entre las peores del mundo, en el escalón 127 de los 138. En la misma posición está la eficiencia de la estructura legal para responder demandas. El costo del crimen y la violencia en las empresas (122), crimen organizado (111) y la consistencia de la regulación gubernamental está en el escalón 110.

Electricidad y educación. Otras pésimas evaluaciones de RD se encuentran en los renglones “Efectividad de las políticas anti-monopólicas” (132) “Confianza en los políticos” (130), “Calidad de las instituciones de investigación científica” (124), “Calidad de la electricidad” (123) y en “Disponibilidad de científicos e ingenieros” (108).

La calidad del sistema educativo sigue entre las peores del mundo con la posición 124, que alcanza al 131 en calidad de la enseñanza en ciencias y matemáticas. En tasa de matriculación en la educación primaria queda en el escalón 126, en entrenamiento de personal 106 y 101 en acceso al Internet en las escuelas. En los dos primeros renglones se registra una ligera mejoría de 2 y 7 escalones en relación al ICG del 2015, lo que significa que apenas comienza a surtir efecto la mayor inversión en educación que reclamó durante década la sociedad civil dominicana.

En prevalencia del VIH sida el país ocupa el escalón 104 y el 99 en mortalidad infantil, El impacto del VIH y de la tuberculosis en los negocios, quedan en las posiciones 94 y 92.

El informe del FEM registra los mayores problemas para hacer negocios en el país: las tasas impositivas con puntuación de 16, la corrupción 13.5, inadecuada educación laboral 12.4, ineficiente burocracia gubernamental 9.2 , acceso al crédito 8.4 y crimen y robo 7.3 puntos, entre otros factores.
Llamada de atención general

El ICG es un informe anual, que data de 1979 y goza de la credibilidad del Foro Económico Mundial, con sede en Davos, Suiza. Hasta allá se desplazó dos veces el presidente Leonel Fernández para asistir a sus foros anuales, y otra vez en el latinoamericano, celebrado en Brasil.

Las evaluaciones se realizan en 70 por ciento mediante encuestas a líderes empresariales mundiales y el 30 por ciento en base a las estadísticas de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o las agencias de las Naciones Unidas.

Los resultados de este año, disponibles en Internet, deberían reforzar la preocupación nacional por el mejoramiento de las instituciones, la independencia de la justicia, el imperio de la ley, el combate a la corrupción, y el rescate de la política como actividad llamada a generar bienestar común, no al simple enriquecimiento.

Deberían ser una guía para la acción gubernamental, y una llamada de atención a quienes no acaban de entender que la República Dominicana, a pesar de su crecimiento económico, favorecido por su inserción geográfica, tiene recursos para posicionarse mucho mejor en la escala del desarrollo humano y en la fundamental competitividad internacional, que todavía el país está entre el último tercio del conjunto de las naciones del continente.

​​La escurridiza paz de los colombianos ​​​​

Por Juan Bolívar Díaz

Nuestra primera reacción televisiva, tras el rechazo del domingo 2 al acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue encomendar este mundo del siglo 21 a la frecuentemente ausente divina providencia. Pues después del resultado del refrendo colombiano y del que dispuso la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sólo nos falta que las mayorías norteamericanas elijan presidente a Donald Trump el próximo mes.

La sociedad colombiana se dividió casi en dos mitades, con una diferencia ínfima del 50.2 al 48.8 por ciento. Pero suficiente para que el nuevo intento de paz en Colombia, haya quedado en la incertidumbre, generada por múltiples factores, relevantemente porque el expresidente Alvaro Uribe lo convirtió en instrumento político. La diferencia la puso con mucho el casi 70 por ciento que alcanzó el No en sus predios de Antioquia, con su capital Medellín.

El rechazo al acuerdo pactado no pudo ser más sorpresivo para todos. Ninguna encuesta lo previó, y el mundo entero lo había celebrado con anticipación y a posteriori, incluyendo el Premio Nobel de la Paz que se otorgó días después al presidente Juan Manuel Santos, el exministro de Defensa de Uribe, que conoció muy bien de la guerra y la violencia ancestral y endémica de los colombianos. Hasta las víctimas de la violencia de las FARC habían perdonado y pedido la aprobación.

Fue relevante que en las zonas donde se concentró la guerra de los últimos 52 años, donde saben lo que es la muerte atroz, el secuestro, las masacres, los desplazamientos de millones de personas, el voto por la paz resultó ampliamente mayoritario. Las grandes zonas urbanas y las clases medias, excepto los bogotanos, negaron la oportunidad a la paz.

Por insistir en recordar los 52 años de violencia de las FARC, alentada por la degeneración y las atrocidades que cometió esa guerrilla en lo que va de este siglo, se nos han olvidado las masacres de campesinos y su despojo por los terratenientes, que la originaron. El intelectual Ricardo Silva Romero ha recordado, en El País de Madrid, esa Colombia capaz de engendrar una guerrilla que dura medio siglo.

En sus memorias “Vivir para Contarla” el ilustre Gabriel García Márquez recuerda dos siglos de violencia en su país, las guerras de los mil días, más de un siglo de lucha armada, y no sólo de los marxistas, sino sobre todo y mucho antes de los liberales y conservadores. En un amplio recorrido por el “bogotazo” producido por el asesinato del líder popular liberal Jorge Eliécer Gaitán, del que fue testigo privilegiado, García Márquez sostiene que “los muertos en las calles de Bogotá, y por la represión oficial en los años siguientes, debieron ser más de un millón, además de la miseria y el exilio de tantos”. Al conservadurismo en el poder le atribuye no menos de 300 mil muertos, más que los 220 mil que se cuentan en los 52 años de la guerrilla de las FARC.

A muchos también se les ha olvidado cómo terminó la paz firmada con las mismas FARC, el M-19 y el EPL por el presidente Belisario Betancurt entre 1984 y 86, tras la que miles se acogieron a la legalidad y fundaron la Unión Patriótica (UP). Concluido el gobierno de Betancurt militares y las milicias paramilitares de los terratenientes desataron una cacería, 15 masacres y 20 atentados a los locales de la UP. En pocos años le asesinaron unos 3 mil dirigentes y militantes, y otro millar fueron desaparecidos. Le mataron 2 candidatos presidenciales, 7 congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes y 69 concejales.

Después de esa frustración de la paz, a finales de los 90 y principios del siglo, fue que las FARC alcanzó su máximo nivel, llegando a contar con cerca de 20 mil combatientes y controlando un territorio casi del tamaño de la República Dominicana. Y vino lo peor de los paramilitares, los “falsos positivos” del Ejército, y la degeneración de la guerrilla, aislada y obsoleta por el discurrir internacional, que dependió cada vez más del narcotráfico y la extorsión.

Quiera Dios que esta vez la paz no vuelva a escapársele a la sociedad colombiana y que pronto encuentren mecanismos para que prevalezca la vocación fraterna de sus hijos más iluminados. Con múltiples concesiones sí, como todos los tratados de paz universales.-