Putrefacción política e impunidad en los sobornos de Odebrecht

Por Juan Bolívar Díaz
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Por proporción poblacional, territorial y tamaño de la economía, la República Dominicana, junto con Panamá, lidera ampliamente el nivel de los sobornos internacionales por 788 millones de dólares, 92 millones en el país, admitidos por la constructora brasileña Odebrecht en el mayor escándalo internacional de corrupción documentada.

Aunque la Procuraduría inició investigaciones esta semana, las implicaciones políticas de gobernantes hace temer que corran la misma suerte de los expedientes de corrupción instrumentados contra los funcionarios y dirigentes del partido oficial Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, o de los casos Sun Land y aviones Tucanos.

RD y Panamá son lideres. Ratificando evaluaciones como las del Foro Económico Mundial y Transparencia Internacional que sitúan a la República Dominicana en los más altos niveles de corrupción, en los sobornos en 12 países por 788 millones de dólares reconocidos por la constructora brasileña Odebrecht, lídera el escándalo, junto con Panamá, atendiendo a la proporción poblacional y tamaño territorial y de la economía.

Según el acuerdo de Odebrecht con las autoridades judiciales norteamericanas, esa empresa pagó en sobornos en el país 92 millones de dólares del total de 788 millones en once naciones latinoamericanas y Angola, entre el 2002 y 2014 para cerrar más de un centenar de contratos de obras. El mayor monto fue en Brasil por 349 millones de dólares, y luego en Venezuela por 98 millones, dejando al país en tercer lugar, seguido por Panamá con 59 millones de dólares.

Brasil, la mayor economía latinoamericana, con población veinte veces superior y un territorio 176 veces mayor que RD, sólo cuadruplicó su monto. Venezuela 7 por ciento más, aunque triplica en población y es 20 veces mayor en territorio. Fuera de Brasil los sobornos sumaron 439 millones de dólares, el 21 por ciento en Dominicana. Perú está sacudido por el escándalo aunque sólo recibió 29 millones de dólares, con triple población y 27 veces el territorio dominicano. Panamá es el líder del escándalo, con 59 millones de dólares, pero menos de la mitad poblacional, aunque 60% más de territorio.

El maletín de Angel Rondón. Aunque arrancó con tres semanas de retraso, compelido por la consternación nacional, el procurador general dominicano Jean Alain Rodríguez inició el martes las investigaciones, interrogando al gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, tras lo cual aseguró que éste identificó al representante comercial de la firma, Ángel Rondón Rijo, como el receptor de los 92 millones de dólares para sobornos, lo que negó el abogado del brasileño, quien recibió un plazo de tres días para entregar toda la información.

Desde el principio era vox populi la implicación de Rondón, denominado como “el hombre del maletín”, con amplio récord de vinculación a escándalos de corrupción, de todos los cuales ha salido libre, incluyendo las quiebras del Banco Domínico-Hispano, y de Baninter, del tráfico del Plan Renove, y su nombre aparece en los “Panamá Papers”. Sus vínculos con políticos y gobernantes se iniciaron en el gobierno de Jorge Blanco y pasaron por los sucesivos gobiernos de Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. Ha conseguido contratos de diversas especies con organismos estatales.

Rondón admitió haber recibido “más o menos esa suma”, pero adujo que por comisiones de contratos. El Procurador le dio plazo de tres días para presentar comprobantes de los pagos y las cuentas bancarias, cuyo récord deberá indicar cómo se distribuyó tan alta suma, equivalente a más de 4 mil 300 millones de pesos. No se especificó si le pidieron constancia de haber pagado impuestos por esos ingresos personales, que deberían superar los mil millones de pesos. Lo que parece una buena coartada, choca con la confesión de sobornos de la Odebrecht ante la justicia norteamericana y su compromiso de pagar por eso una multa de 2,500 millones de dólares.

Una tecla muy peligrosa. Pese a la reciente gestión del procurador Rodríguez, prevalece la desconfianza, por los precedentes de grandes casos de corrupción quedados en la impunidad, aún después de sólidos expedientes del ministerio público, como los de los dirigentes del PLD Félix Bautista (por 26 mil millones de pesos) y Víctor Díaz Rúa, o el escándalo de los pagarés por 130 millones de dólares, que el expresidente de la Suprema Corte Jorge Subero admitió que se le dio una salida política y el de los aviones Tucanos.

El caso de Odebrecht es tan complejo que podría alcanzar altos niveles de los últimos gobiernos, cuyos presidentes sostuvieron relaciones directas con estamentos políticos y empresariales envueltos en la gran corrupción brasileña. Danilo Medina viajó a Brasil, como candidato en el 2011 y como presidente electo en julio del 2012. Se reunió con altos funcionarios de la Odebrecht y luego recibió al presidente Lula da Silva, bajo investigación por presunta responsabilidad en los escándalos.

Joao Santana, procesado por la corrupción de Petrobras y Odebrecht, fue asesor de las dos campañas electorales de Medina, y salió de aquí el 22 de febrero pasado reclamado por la justicia para ser apresado y procesado junto a su esposa Mónica Maura, bajo graves cargos. Las investigaciones de los periódicos brasileños revelan que recibió millones de dólares para campañas políticas que dirigió en varios países.

Esta semana el consorcio de investigación IDL Reporteros, que dirige el reputado periodista peruano Gustavo Gorriti, publicó un entramado de “Lava Jato en la República Dominicana”, mediante el cual la Odebrecht, entre 2013 y 14, realizó 16 transferencias de fondos por 3 millones 896 mil 450 dólares a la empresa Cine y Art 2013, registrada en Santo Domingo por el brasileño Marcelo Mascarenhas Kertész, vinculado al publicista Joao Santana, y con sede en el mismo local de la empresa de éste en Santo Domingo, la Polis Caribe, que ya antes había sido vinculada a otros financiamientos políticos millonarios.

La comisión Catalina. Las dimensiones del escándalo Odebrecht, con anuncios de reparaciones por los sobornos de 59 millones de dólares en Panamá, y por los 11 millones de dólares en Colombia y un adelanto de 8.9 millones de dólares en Perú, y la convocatoria de una protesta nacional pusieron presión, que en parte explicarían el decreto presidencial 6-17 que nombró a diez personalidades para investigar lo concerniente a la licitación y adjudicación del contrato a la Odebrecht para las plantas eléctricas de Punta Catalina, cuestionadas desde su ejecución en el 2013,por un comité de licitación integrado por el administrador de la CDEEE, Rubén Bichara y tres subalternos. De los otros tres integrantes, el entonces asesor económico de la presidencia Isidoro Santana y el experto energético Ramón Flores, no la avalaron.

Como presidente de la comisión apareció Monseñor Agripino Núñez Collado, miembro del consejo directivo de la constructora Estrella, socia nacional de Odebrecht en las obras físicas de las mismas plantas. Su renuncia a la empresa, no a la comisión, anunciada el viernes, no disipa el dislate ético. La comisión presidencial fue cuestionada también por haber incluido al ingeniero César Sánchez, ex administrador de la CDEEE y actual consultor de la misma, quien negoció y firmó el contrato con la Odebrecht para la presa de Pinalito en el 2004. Tampoco lució acertado incluir a Jaime Aristy, un reputado economista, pero consultor del Gobierno y a un pastor evangélico poco conocido.

Uno de los comisionados reconoció que la tarea no es cuestión de días, ni de semanas, que requiere especialistas y mucho trabajo, y que si se buscaba credibilidad, debió encargarse a una empresa de auditores internacionales.-

2016: crecimiento económico con precariedad institucional

Por Juan Bolívar Díaz
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La reelección presidencial, que esta vez se extendió a la mayoría del Congreso y los municipios, volvió este año a poner en jaque la institucionalidad democrática, con un resultado que afianza la extrema concentración del poder en un solo partido, subordinando la justicia y afianzando el reinado de la impunidad y el reparto del Estado.

            Sin embargo, el país tuvo otro año de estabilidad y crecimiento económico, el mayor del continente, aunque mal distribuido como diagnostican los organismos internacionales, y dependiente de un galopante endeudamiento que trilla la ruta de la insostenibilidad por la persistencia de casi una década de déficits fiscales.

El más alto crecimiento

            Lo proclamó esta semana la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la República Dominicana tendrá este año el más alto crecimiento de América Latina y el Caribe, (mayor también que el de Estados Unidos y Canadá), estimándolo en 6.4% del producto interno bruto (PBI), con el beneficio adicional de que tanto la inflación como la devaluación de la tasa cambiaria terminarán por debajo del 3%. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional también han reconocido el crecimiento dominicano.

            El crecimiento se fundamenta en factores externos como alza del precio de los minerales y reducción del de los hidrocarburos, incremento del turismo y las remesas, con aumento de la construcción,  agropecuaria y las actividades financieras. El crédito para el país es mayor por cuanto toda la región latinoamericana y caribeña registra una contracción económica del 1.1%, finalizando una década de crecimiento, incluso cuando se benefició de la crisis internacional desde el 2008.

            El crecimiento económico sigue siendo reivindicado por el gobierno del presidente Danilo Medina, que ha tenido éxito en reorientar un mayor gasto a la educación, acatando el mandato legal del 4 por ciento del PIB para ese sector, con mayor incidencia sobre la pequeña y mediana empresa. La baja inflación y limitada devaluación, junto a la acentuada cooptación del liderazgo sindical, social y comunitario y subsidios clientelistas a través de más de un millón 200 mil tarjetas, han logrado reducir las protestas sociales.

Críticas a ese crecimiento

            Esta semana el Banco Mundial ponderó el crecimiento económico dominicano de los últimos 25 años, como antes lo ha hecho el PNUD en más de cincuenta, con la excepción del 2004 por la crisis bancaria, pero mantuvo el cuestionamiento por no traducirse  en una real reducción de la pobreza y mayor desarrollo humano, con informalidad del 56 por ciento y los salarios en bajo poder adquisitivo, a niveles de 1991, según las cuentas del Banco Central.

            En un informe entregado esta semana, el Banco Mundial cuestiona la calidad del gasto público con limitada generación de empleos, ponderando que mientras en países de menor crecimiento del PIB, logran mayores reducción de la pobreza, con hasta 41% de la población en movilidad ascendente,  aquí es sólo el 7%, pero con un 8% descendiente y el resto estático. Que seis reformas fiscales entre 2004 y 2012, no arrojan incremento real del ingreso, con reducción al impuesto directo, entre ellos al ingreso personal y corporativo.

            La otra crítica al crecimiento nacional es que se basa excesivamente en un  financiamiento muy elevado que se aproxima al 50 por ciento del PIB, y que elevó en más del 100% la deuda estatal consolidada en los 9 años que transcurrieron entre 2008 y  2016, los cuales marcan un déficit fiscal ascendente. Los analistas económicos estiman que el déficit de este año superará los 100 mil millones de pesos, y que el financiamiento pasará de 3,800 millones de dólares sólo en el período gubernamental iniciado en agosto.

            El gobierno concluye el año realizando malabares para enderezar lo más posible las finanzas, con tardíos proyectos de ajustes fiscales en el Congreso y con una situación agravada por los daños a las infraestructuras, la producción agrícola y a las viviendas arrojados por las inundaciones de noviembre.

La reelección lo arrasa todo

            Como indicó esta semana el movimiento Participación Ciudadana, en su balance del 2016, como ha sido constante histórica nacional, la reelección presidencial barrió con la institucionalidad democrática, manipulando los organismos estatales y el presupuesto del Estado,  abusando de los recursos públicos, con un gasto aplastante de propaganda.

            Tal como consigna el movimiento cívico, el año “fue marcado por una campaña electoral y unas elecciones generales caracterizadas por la absoluta desigualdad entre los partidos y candidaturas concurrentes, por la prevalencia del desorden normativo que reduce la democracia y esta vez con un claro retroceso en el arbitraje y la gestión organizativa que, con una imposición de nueva tecnología sin suficientes pruebas previas, derivó en un inmenso tollo en el procesamiento de los resultados de la votación, tomando dos semanas el cómputo del voto presidencial y casi un mes de los niveles congresual y municipal”.

            Esta vez la reelección abarcó también a más del 80 por ciento de los senadores y de la mitad de diputados y alcaldes con un incontrolado derroche de recursos en su mayoría proveniente de la cosa pública. El abuso del poder generó tanta inconformidad que la  oposición no ha reconocido la reelección de Medina, aunque obtuvo el 62% del sufragio.

            Los arreglos continuistas incluyeron el rechazo al procesamiento judicial dictaminados por tribunales bajo control político frente a los graves y documentados expedientes de corrupción elaborados por el Ministerio Público contra el secretario de organización y el tesorero del partido gubernamental, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.

Muy escasa concertación

            A lo largo del año fue notoria la incapacidad del liderazgo nacional para concertar el mejoramiento institucional, político, social y fiscal. Se celebraron unas segundas elecciones nacionales sin adaptar la ley electoral al marco constitucional del 2010 y sin ley de partidos, y la negativa fue la respuesta a los reclamos de concertar una elección diáfana y sin reparto político de la Junta Central Electoral, Tribunal Electoral y Cámara de Cuentas, no sólo de la oposición política, sino también de una amplia conjunción de fuerzas sociales.

            Pasó un segundo año consecutivo de intentos de acordar los términos del Pacto Eléctrico que demanda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, por la escasa transparencia de la gestión gubernamental del sector, lo que incluyó la construcción de las polémicas plantas de carbón de Punta Catalina. Del otro mandato de pacto, el Fiscal, el gobierno no quiere ni hablar para no enfrentar las demandas de mejoramiento del gasto, reducción de la malversación, del rentismo y del clientelismo políticos.

            El gobierno hizo algunos cambios, bien acogidos, en varios órganos, como los ministerios de Educación y Medio Ambiente, y en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, pero sin que se haya sancionado la corrupción mafiosa detectada allí al final del 2015 por el suicidio de un arquitecto contratista extorsionado. Mientras se documentan repartos políticos como los 36 subdirectores en un organismo inoperante como Inespre y 38 en Bienes Nacionales.

Etapa final muy negativa

            Cuando se revisan los acontecimientos de las últimas semanas, se advierte un panorama de deterioro institucional, marcado por las dificultades del imperio de la ley, como todo el regateo para que miles de funcionarios cumplan la declaración del Patrimonio, o en la aprobación de un código penal que al sancionar toda interrupción del embarazo, aún si peligra la vida de la madre o si ha sido impuesto a la fuerza, retrotrae el país a la edad media, como advirtió el viernes el representante de las Naciones Unidas Lorenzo Jiménez.

            Ahí están los informes de Educa sobre el abuso clientelista del presupuesto de educación, el informe de PISA que deja el país en el último escalón de 72 naciones evaluadas y el del Banco Mundial sobre el crecimiento sin inclusión social. Mientras INDOTEL  anuncia que cerrará 50 radioemisoras que operaban sin licencia y la Comisión de Derechos Humanos estima en 200 los muertos este año a manos de agentes policiales.

            El escándalo de los aviones Tucano se complica por la confesión de la empresa contratista de que sobornó a funcionarios dominicanos, en tanto cuatro nacionales fueron identificados como parte del escándalo de corrupción política “Lava Jato”, de Brasil, donde quedaron suspendidos los financiamientos a una 7 grandes obras en el país adjudicadas a empresas brasileñas. Se pelea por el control político de la Liga Municipal con 800 millones de pesos de presupuesto anual y más de 400 empleos, y el presidencialismo llega al extremo que el presidente Medina preside la graduación de 15 cadetes.-

El regalo de Los Tres Brazos

Por Juan Bolívar Díaz
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La venta de todo un barrio de la parte oriental de Santo Domingo, en un tráfico de clara manufactura política, con unas 13 mil familias y población estimada sobre las 70 mil personas, a precio de vaca muerta, pasará a la historia dominicana como una de las mayores iniquidades, a menos que el Presidente de la República intervenga para anularla.

No fue aprobada por el Congreso ni respetó la Ley 141-97 de capitalización de las empresas públicas, ni el espíritu de decretos de los presidentes Antonio Guzmán y Leonel Fernández.

La venta del barrio Los Tres Brazos es tan despreciable como la estafa de Bahía de las Águilas que el presidente Danilo Medina logró detener, hace un par de años, porque involucra un voraz negocio con el habitáculo de decenas de miles de seres humanos, en gran proporción pobres, que merecen el amparo del Estado.

El asunto ha saltado a los medios de comunicación en las últimas semanas con las denuncias de un comité de lucha de Los Tres Brazos, respaldado por Ciudad Alternativa y el Comité para Defensa de los Derechos Barriales, que se han dirigido al presidente Danilo Medina para que impida que continúe la intimación a que son sometidas esas familias para que paguen por terrenos estatales donde se asentaron desde finales de los años setenta.

Fue una ignominia que la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) comercializara un millón 213 mil 861 metros cuadrados por 80 millones de pesos, a una empresa creada ad hoc. Los primeros 188 mil 659 metros de la parcela 153-A1 fueron vendidos el 25 de febrero del 2010 por 4 millones de pesos, es decir apenas a 21 pesos por metro cuadrado. El regalo era tan descomunal que apenas mes y medio después, por los mismos 4 millones de pesos, le vendieron 115 mil 148, parcela 155, y el metro cuadrado subió a 34.7 pesos. Dos meses después se produjo la mayor venta, de 910 mil 54 metros cuadrados, por 72 millones de pesos, ya entonces a 79 pesos por metro cuadrado.

Fue así que la empresa Inversiones Fernández Parache y Asociados (INFEPA) adquirió todo un barrio a precio de vaca muerta. Y no tuvo que desembolsar de inmediato todo el costo. La mayor operación, la de 72 millones de pesos, se inició con un pago de sólo 3 millones 600 mil pesos, la misma suma 90 días después, 75 días más tarde pagaría 28 millones 800 mil pesos, y 120 días más para saldar con 36 millones de pesos, según reza el contrato. Los propietarios crearon la comercializadora Titulatec, que es la que ahora presiona a los habitantes de Los Tres Brazos a pagar por los terrenos a precios por encima de sus posibilidades, que arrojarían beneficios estimados entre 2 y 3 mil millones de pesos.

Como era de esperarse, tanta generosidad no era inocente, pues el principal ejecutivo de la comercializadora, José de Pool Dominici, es gerente financiero del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo titular Miguel Vargas Maldonado, es el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, quien lo había llevado al mismo cargo cuando fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Hipólito Mejía. Por cierto que Vargas tiene un récord impresionante en negocios hipotecarios con el Estado, que han involucrado cuestionadas operaciones como la del hotel Hispaniola, la del edificio de Aduanas, una parcela excluida de un área protegida en Samaná y un financiamiento estatal de 15 millones de dólares, saldado mediante permuta de otra propiedad.

No se puede explicar que CORDE, bajo gestión del dirigente político Leoncio Almánzar, vendiera un barrio entero, urbanizado, con calles, sistemas eléctrico y de acueducto, escuela y centro de salud, por 80 millones de pesos, suma ínfima para el salto social que representaba incorporar a 13 mil familias a un plan de titulación del Estado. Pudieron haber ofertado los solares a los mismos ocupantes. Al promedio vendido, de 66 pesos por metro cuadrado, la mayoría hubiese podido comprar por cinco o seis mil pesos.

Ante el escándalo, se impone que el gobierno tome cartas en el asunto y en tanto ningún morador debe pagar para ver si es posible desalojar a miles de familias.

PISA y muchas evaluaciones evidencian un pobre desarrollo

Por Juan Bolívar Díaz
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Nadie debería sorprenderse de que el país quedara en el último escalón en la evaluación PISA auspiciada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque ya eso estaba diagnosticado en otros índices como fruto de décadas en que los gobernantes no entendieron que la educación es el fundamento del desarrollo.

Pero no es solo en educación que la RD queda malparada en casi todas las evaluaciones internacionales, también en inversión en salud, desarrollo institucional, en corrupción, muertes por accidentes de tránsito, confianza en la Policía, los políticos, en ética empresarial, servicios de energía y otros indicadores de pobreza.

Ultimo entre 72 países. De cualquier forma causa impresión que se otorgue a RD el último escalón entre 72 países, en la primera ocasión que se ha sometido al Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), de la importante Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede en París, que agrupa a las naciones más desarrolladas del mundo.

Aunque ya hace años que el país queda en los últimos lugares en la calidad educativa en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, ocupando la posición 131 de 138 en matemáticas y ciencias. También en las dos últimas evaluaciones del Estudio Regional de la Calidad Educativa (SERCE), a nivel latinoamericano, la RD había quedado en el último lugar

Tanto en matemáticas como en ciencias los casi cinco mil estudiantes dominicanos que participaron quedaron en promedio en el último escalón. Solo en lectura mejoraron algo, quedando en la posición 68.

Las pruebas se aplican a los estudiantes de 15 años que están finalizando la educación secundaria, centrándose en las materias básicas de ciencias, matemáticas y comprensión de la lectura. El objetivo fundamental es que los resultados sirvan para aplicar correctas políticas y reformas educativas. Es relevante que participan alumnos tanto de las escuelas públicas como de colegios privados, muchos de los cuales hace tiempo cobran colegiaturas suficientes para invertir en la calidad de los docentes, en equipos e infraestructuras, lo que a su vez remite a problemas socio-culturales complejos, que incluyen la responsabilidad de la educación familiar, los medios de comunicación y las iglesias.

Calidad de la educación. Las notas de la PISA conocidas esta semana deberían tener como resultado positivo que se acabe de entender que no solo hay que seguir aumentando la inversión en educación, como prevé la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, sino también que es imprescindible poner énfasis en los renglones que arrojan calidad, como la formación de maestros, reformas curriculares, investigación y educación preescolar que todavía alcanza a una fracción minoritaria, básicamente de los que pueden pagar colegios privados.

La evaluación del gasto en educación publicada en septiembre por la Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) demostró que la inversión del 4% del PIB en el sector está adoleciendo de la cultura del clientelismo, con un desmesurado aumento del 78% del personal administrativo, y solo 27% del magisterial, con elevación total de 148% del personal no docente en apenas 4 años, advirtiendo que esa tendencia lleva a la insostenibilidad financiera en tres o cuatro años.

Tanto el ministro de Educación, Andrés Navarro, como la Coalición por la Educación Digna, que encabezó la lucha por el cumplimiento de la cuota legal del 4% del PIB, reaccionaron correctamente apreciando que todavía no hay tiempo para que esa inversión haya transformado la calidad. Pero la coalición social advirtió que se ha concentrado excesivamente en la construcción, descuidando los factores que más inciden como la formación docente.

El experto fiscal José Rijo resalta que en formación docente apenas se invirtió el 1.9% del presupuesto del Ministerio de Educación en el período 2013-17, y el 1.3% en servicios técnicos pedagógicos, y también 1.3 % en educación inicial. En cambio en construcciones se fue el 16.4%, en transferencias al INABIE (alimentación escolar) 8.8%, con muy elevadas cuotas del 9.9% para gasto del despacho ministerial, y 7.2% para “administración de contribuciones especiales”.

El ejemplo de Costa Rica. De visita en el país esta semana, la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla explicó en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio las razones por las que su país lidera, junto a Chile y Uruguay, los indicadores de desarrollo humano y social de la región, constituyéndose en una de las sociedades menos desiguales, que genera ya toda su energía en base al agua, sol, viento y biomasa.

Comenzó marcando que Costa Rica no tuvo petróleo, oro ni muchos indios que explotar, que contrario a la generalidad de los latinoamericanos donde hasta el siglo pasado muchos presidentes fueron generales, ellos se estrenaron poniendo un maestro de primer presidente, que no han tenido golpes de Estado ni guerras civiles, que suprimieron el ejército en 1948, ahorrándose un dinero en relación a otros, que no han construido palacios ni los presidentes pueden hacer lo que quieran. Y que cuando salió de la presidencia hace dos años tuvo que buscar un préstamo bancario para financiar la educación superior de su hijo.

Para no dejar dudas, la doctora Chinchilla dice que no se repostulará porque ser presidente de su país implica un gran sacrificio. Y resalta que hace 40 años ya dedicaban el 6% del PIB a la educación, y que ella lo llevó al 8%, en su gestión 2010-14, porcentaje que se mantiene firme. Y todavía cree que hay que educar mucho más para alcanzar el desarrollo.

Alguien debería dar explicaciones

Por Juan Bolívar Díaz
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De inmediato me saltó a la cabeza la inquietud por saber qué pasó con los aviones Súper Tucano que compramos en el 2010, objetos de un escándalo internacional de soborno confesado por los vendedores y de sobreprecio sospechado y denunciado persistentemente. Se sabe que una de esas naves sufrió graves daños irreversibles el año pasado al salirse de la pista de aterrizaje de la base aérea de San Isidro. Pero como eran ocho, todavía deberían quedarnos los otros siete.

Dadas las circunstancias escandalosas envueltas en la compra de los 8 Súper Tucano, las autoridades debieron explicar de inmediato la justificación de la compra de otro avión para la misma tarea, apenas 6 años después que invirtiéramos para eso 93 millones 697,887 dólares, y de que se hubiese dicho muchas veces que con eso se logró reducir en gran medida las operaciones aéreas de narcotráfico sobre el territorio nacional.

Resulta difícil entender qué puede hacerse en materia de patrullaje aéreo con un avión de 975 mil dólares, que no pudiera hacerse con siete que costaron 11 millones 712,235 dólares por unidad. Más aún si tomamos en cuenta que el nuevo avión, Tecnam P2006T, solo costaba 443,900 dólares, en 2011, meses después de la adquisición de los Tucano, según el catálogo de venta del fabricante, consultado por el periódico digital Acento. Y es notable que su precio subiera más de un cien por ciento en solo cinco años.

Una hipótesis es que el nuevo avión vuela bajito y es eficiente para detectar naves marítimas. Pero se cae ante las preguntas de qué se puede hacer con uno solo, si lo volarán las 24 horas, y si no tiene más sentido atenernos a la multiplicidad de aviones de que dispone Estados Unidos para el patrullaje de los mares circundantes. Y cabe entonces otra interrogante, ¿cuál es la prioridad de esa inversión en un país con tantos hospitales carentes de equipos elementales como tomógrafos o rayos equis?

Aunque ese no fuera el propósito, uno de los efectos de esta nueva compra ha sido resaltar la barbaridad histórica de haber invertido aquellos 93 millones de dólares, de haber pagado hace 6 años 12 veces más por avión Súper Tucano, en relación al Tecnam de ahora. Pero 26 veces más si se calcula en base al costo de este último en 2011.

Aunque la transparencia, la rendición de cuentas y las respuestas a las interrogantes de la prensa son cada vez más escasas en el país, alguien del Gobierno debería dar explicaciones y justificaciones de esta compra. Mientras tanto, parece que ha sido inoportuna y hasta ofensiva, cuando la sociedad espera que se esclarezcan y sancionen las responsabilidades por lo menos de la recepción de 3.5 millones de dólares a un “alto oficial dominicano” para que el Congreso Nacional aprobara la compra de los 9 Súper-Tucano.

El soborno fue admitido por la empresa brasileña Embraer, por lo cual ya acordó pagar una multa de 205 millones de dólares ante la justicia de Estados Unidos. Aquí no se ha podido llegar a los legisladores sobornados. Mucho más difícil será que podamos disipar la duda de cuánto fue la sobrevaluación y a quién benefició. Porque eso no se dilucidó en la justicia, que no sanciona el que alguien quiera pagar demás por cualquier producto.

Pero es lógico pensar que si hubo corrupción en la aprobación, mayor debió ser en la negociación. En el 2006 Colombia compró Súper-Tucano a 2.5 millones de dólares menos. Y por cierto, nadie desmintió la reiterada información de que en Estados Unidos nos ofrecían diez aviones patrulleros por solo 25 millones de dólares.

El Gobierno luce atrapado entre déficit fiscal y deuda

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Por Juan Bolívar Díaz

El líder opositor Luis Abinader tuvo un acierto político esta semana al presentar proyecciones de cómo el país avanza hacia la insostenibilidad financiera, de mantenerse el actual ritmo de endeudamiento público, ya sobre 33 mil millones de dólares, que para el 2020 superaría los 45 mil millones, lo que también advierten economistas y empresarios.

El presidente Danilo Medina ha estado evadiendo pagar el costo del pacto fiscal, porque le obligaría a reducir algunos niveles del reparto, clientelismo y rentismo político, pero podría quedar limitado en sus inversiones durante su último periodo gubernamental y corriendo el riesgo de terminar como responsable de un descalabro financiero.

Hasta US$45 mil millones. El economista, empresario y dirigente político Luis Abinader sostuvo esta semana que la pista del endeudamiento se le está terminando al Gobierno después de casi una década de progresivo financiamiento de déficits fiscales y reasumió las demandas de correcciones del rumbo sostenidas por economistas, dirigentes empresariales y políticos planteando la concertación del pacto fiscal dispuesto por la Ley Orgánica 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, con abundantes propuestas de ajustes.
Enfatizando que sus cálculos son en base a datos de los organismos estatales, Abinader y su asesor económico Miguel Ceara Hatton cuantificaron la deuda consolidada del Estado al 16 de agosto en 33 mil 180 millones de dólares, más 3 mil 582 millones contratados entre agosto y noviembre, lo que totaliza 36 mil 762 millones de dólares.

En una presentación ante directores de medios de comunicación sostuvo que esa deuda representa el 46.4% del producto interno bruto (PIB), que de mantener la tendencia actual superaría los 45 mil millones de dólares en el 2020, al final del actual período gubernamental, para un 51.8% del PIB. Ya en agosto último cada dominicano debía 3 mil 263 dólares, equivalentes a 151 mil 757 pesos.

Mostró que ya este año los gastos del Gobierno y el pago de los intereses de la deuda acumulada, que totalizan 571 mil millones de pesos, superan en 81 mil millones los 490 mil millones de pesos a recaudar. Eso implica que todas las inversiones, incluyendo la amortización de capital, se cubren con préstamos. En sus primeros 4 años Medina se endeudó a ritmo de 206 millones de dólares mensuales, totalizando 9 mil 100 millones de dólares, casi duplicando los 112 millones por mes de su antecesor Leonel Fernández, quien en el doble de años buscó préstamos por 10 mil 700 millones de dólares.

Peor para el CREES y Rijo. Los cálculos sobre déficits y financiamiento público de Ernesto Selman, director del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), y del experto fiscal José Rijo, arrojan balances más preocupantes aún, pues agregan renglones no registrados como deuda estatal. El primero la eleva a 39 mil millones de dólares, sumándole 2 mil 852 millones por recapitalización del Banco Central, 1,500 con el Banco de Reservas, y 778 millones pagados a los generadores con financiamiento a las distribuidoras de energía.

Selman sigue sosteniendo que el déficit fiscal del año que culmina alcanzará los 150 mil millones de pesos, y que las recaudaciones quedarán en 20 mil millones de pesos por debajo de lo presupuestado, a pesar de los esfuerzos recaudatorios de las últimas semanas tras la designación de Magín Díaz en la dirección de Impuestos Internos.

Por su parte José Rijo Presbot calcula la deuda del sector público no financiero en 26 mil 397.6 millones de dólares reportada a octubre, más mil 012 millones aún no incorporados, una “deuda flotante” de 898.6 millones, y compromisos de línea de crédito con el Banco de Reservas por 473.1 millones de dólares, para totalizar 28 mil 781 millones de dólares. Sumándole 6 mil 775 millones del Banco Central, consolida la deuda estatal en 35 mil 556 millones de dólares.

Rijo advierte que con el financiamiento de 778 millones para pagar a los generadores eléctricos y unos 425 millones del fideicomiso vial del Ministerio de Obras Públicas-Banreservas, la deuda estatal se consolidaría en 36 mil 759 millones de dólares, sin las de la JCE y los ayuntamientos, aún sin transparentar.

Preocupación empresarial. Desde el frente empresarial siguieron expresándose esta semana preocupaciones por el rumbo de las finanzas públicas y reclamos de un pacto fiscal, de una ley de responsabilidad fiscal, y sobre un modelo de desarrollo que el Ministro de Industria y Comercio Temístocles Montás volvió a considerar ineficiente, por no generar suficientes empleos formales y de calidad.

El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia Santo Domingo proclamó una vez más que el modelo de desarrollo productivo “luce agotado e incapaz para enfrentar los grandes desafíos de la economía global”, reclamando una reingeniería del Estado que elimine las políticas populistas y clientelares.

En una tertulia pública el miércoles, Antonio Taveras Guzmán proclamó la urgencia de una “revolución fiscal que permita financiar el desarrollo mediante el aumento de la presión tributaria, al tiempo que se ejecute una reforma institucional profunda que lleve a un manejo eficiente y racional del gasto”.

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios sostuvo que el presupuesto para el 2017, aprobado esta semana por el Congreso Nacional, ratifica una década de déficits presupuestarios, con prácticas históricas de sobre estimación de los posibles ingresos y subestimación del gasto, que han implicado 620 mil millones de pesos.

Plantea que esa práctica “es insostenible en el tiempo y lesiona la actividad privada”, por lo que reclama revisar la complejidad y la desigualdad del sistema tributario, estimando “prudente y responsable que se inicien las discusiones del “Pacto Fiscal Integral que debió llevarse a cabo en el 2015, según la Estrategia Nacional de Desarrollo”.

Emergencia de las aguas. El Gobierno termina el año arañando para reunir más de 12 mil millones de pesos que implica el pago del salario adicional navideño, mientras a los ayuntamientos el Congreso tuvo que autorizarle un préstamo de mil 200 millones de pesos para el mismo fin. Se confía que esas erogaciones contribuyan a dinamizar las ventas y actividades económicas reducidas por el severo ajuste del último cuatrimestre, tras el desbordamiento del gasto en la campaña electoral. Los contratistas de obras y servicios denuncian reducción de los pagos, los hospitales y las organizaciones sin fines de lucro reportan atrasos de sus subvenciones de hasta cuatro meses.

La estrechez económicas del Gobierno queda de manifiesto en la virtual paralización en que concluyen el año las dos mayores inversiones públicas de la historia nacional, las de las plantas de carbón de Punta Catalina, sin respuesta al llamado de inversión privada, y el Metro de Santo Domingo, este sin poderse concluir aunque su tercera línea fue “inaugurada” en medio de la campaña electoral.

Para colmo, los aguaceros de tres semanas dejan daños a las infraestructuras y necesidades de ayuda a miles de damnificados y de financiamiento y a los pequeños productores que ya el ministro de Obras Públicas elevó hasta 20 mil millones de pesos, que repercutirán sobre el déficit fiscal del año que concluye y del 2017, ante lo cual se tramita un estado de emergencia para que el Gobierno busque recursos como y donde pueda.

Atrapado pero con salida

Es obvio que los recursos fiscales ya no alcanzan ni para el gasto corriente y los intereses de la deuda, y con tendencia a la insostenibilidad de proseguir el nivel de financiamiento de la última década. Más aún ante las evidencias de un incremento de los intereses internacionales, mientras el 70 por ciento de la deuda nacional es en los ineludibles bonos soberanos.

Para mantener el precario equilibrio el Gobierno todavía puede encontrar financiamiento, pero cada vez más insuficiente para invertir en las obras fundamentales, y dar mantenimiento a las deterioradas, concluir remodelaciones y equipamiento de unos 50 hospitales, para agua potable, medio ambiente, seguridad ciudadana y superar los salarios y las pensiones públicas de 5 mil 117 pesos, y para atender los requerimientos del Poder Judicial y los ayuntamientos, estrangulados financieramente.

El Gobierno luce atrapado financieramente, pero tiene una salida que evade sistemáticamente, que no es otra que el pacto fiscal con la sociedad que manda la Ley de Estrategia de Desarrollo y todos reclaman. Pero sabe que conllevaría reducir altos niveles de malversación, corrupción, clientelismo, y repartos rentistas sobre los que se ha fundado el predominio político. Muchos no entienden que se corra el riesgo de la insostenibilidad fiscal advertida que en corto tiempo pudiera conllevar peores costos políticos que alguna rectificación del gasto y de la impunidad para generar una mayor disponibilidad a la contribución fiscal. No será fácil, pero todos los caminos lucen abruptos y empinados.-

 

PC: un cuarto de siglo después

Por Juan Bolívar Díaz

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Hace ya 25 años que un grupo de profesionales sin militancia partidista, mujeres y hombres, iniciamos un proceso de reflexión sobre las miserias institucionales, políticas, sociales y económicas del país, convencidos de que nuestras responsabilidades iban más allá de la satisfacción de necesidades, lo que ya nos habíamos garantizado por el trabajo.

Primero fueron reflexiones derivadas de la experiencia que nos dejó la participación en una comisión de verificación de los resultados de las elecciones generales de 1990, manchadas por el abuso del poder, fraudes y manipulaciones que caracterizaron los procesos electorales en los que Joaquín Balaguer se impuso como presidente. No se pudieron reunir las pruebas tangibles del fraude, aunque los indicios saltaban por doquier y con abstención del 40%. Balaguer “ganó” con 35% del sufragio, equivalente al 20% del padrón electoral. Juan Bosch recibió 34%, J. F Peña Gómez 23 y Jacobo Majluta el 7%.

Las reflexiones se fueron transformando en consultas a grupos capitalinos y de Santiago, luego en encuentros en los que se discutieron las reformas fundamentales que requería la sociedad dominicana, especialmente para borrar el pasado de imposiciones caudillistas, y culminarían casi dos años después en la creación del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), impulsado por unas doscientas personas vinculadas a entidades académicas y organizaciones sociales. .

Los pesimistas y los manipuladores no le daban ni un año de existencia y apostaban a que sería un partido político para buscar posiciones en el Estado. PC inició el 31 de octubre su vigésimo cuarto año de existencia sin tregua, sin haber pasado ninguna crisis institucional y sin haber quebrado su naturaleza apartidista y pluralista.

La supervivencia y éxito de PC, con amplio reconocimiento nacional e internacional, se deben en primer lugar a la coherencia con las prácticas democráticas, con operatividad de sus organismos y estatutos, y en segundo lugar a la honestidad, dedicación e integridad de sus dirigentes y militantes que han ofrendado su tiempo en aras de la institucionalidad democrática, de la educación para la ciudadanía, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y de la concertación social y política.

Aunque la maledicencia de los objetores ha pretendido que los dirigentes del movimiento cívico recibimos paga de organismos internacionales, es lo contrario, pues siempre hemos pagado cuotas mensuales y aportes coyunturales, y dispuesto de nuestros automóviles, sin reclamar combustibles ni dietas en los viajes por todo el país. Sólo un limitado personal técnico y administrativo es remunerado, y estatutariamente no forma parte de los organismos decisivos, integrados sólo por voluntarios.

PC ha desarrollado decenas de proyectos educativos, de investigaciones, participativos, de publicaciones, servicios como sus 9 Casas Comunitarias de Justicia, o su docena de observaciones electorales, incluidos conteos rápidos de asombrosa rigurosidad técnica y acierto, que involucraron a más de 60 mil ciudadanos, mayoritariamente jóvenes.

El movimiento cívico no fue concebido para convertirse en una organización de masas, y desde el principio se autodefinió como un órgano de presión, concertación y vinculación con los poderes públicos y políticos, y la sociedad civil para promover la institucionalidad democrática y la participación social.

PC ha recibido mucho apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, de la Unión Europea, Banco Mundial, BID, OEA, Instituto Nacional Demócrata de EU, del gobierno de Canadá, del Reino Unido, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su CAPEL. Ha sostenido acuerdos con organismos y comisiones estatales, como el Congreso, la Suprema Corte, Procuraduría y Contraloría, JCE, Cámara de Cuentas, ayuntamientos, y con los partidos políticos. Sus auditorías e informes están en la internet.
Reconocimiento a sus fundadores, a sus dirigentes y técnicos, a sus colaboradores y voluntarios que siguen soñando mientras caminan, con la convicción de que es posible una mejor nación dominicana.

Desafíos del bloque opositor frente al poder omnímodo

 

Por Juan Bolívar Díaz
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El mayor desafío para la docena de partidos políticos que han venido concertando la oposición al régimen del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es mantenerse unidos, sino para vencer el poder omnímodo, al menos para mediatizarlo, como lograron en la elección de la Junta Central Electoral (JCE). Pocos ven posibilidades de que esa mezcla […]

El mayor desafío para la docena de partidos políticos que han venido concertando la oposición al régimen del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es mantenerse unidos, sino para vencer el poder omnímodo, al menos para mediatizarlo, como lograron en la elección de la Junta Central Electoral (JCE).

Pocos ven posibilidades de que esa mezcla política de derecha, centro e izquierda, pueda mantenerse por mucho tiempo, sobre todo contando con las capacidades de manipulación pública y privada del partido gobernante, pero solo unidos y apelando a la sociedad podrían enfrentar el control político y social que ejerce el PLD.

La experiencia de la JCE. Al evaluar los resultados de la lucha por una JCE independiente del poder peledeísta, los opositores políticos podrían reivindicar que lograron mediatizar los impulsos primarios que pretendían reproducir el dominio absoluto del PLD sobre el organismo, desplazar a Roberto Rosario de su presidencia, y forzar la escogencia de una mayoría de titulares independientes, incluyendo al doctor Julio César Castaños como presidente.

Es indudable que el PLD impuso su mayoría aplastante para escoger los suplentes, pero tuvo que transar en los titulares, lo que no hubiera ocurrido sin la presión desatada por el bloque opositor. Fue importante también la participación de las organizaciones sociales que constituyen la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática. Pero esta no hubiese podido desatar muchas fuerzas sin que hubiese partidos políticos en posición más radical. En otras palabras: la sociedad civil no puede hacer el papel de los partidos.

El aparato mediático peledeísta se ha empeñado en presentar a la oposición como vencida y desacertada, porque ha quedado ahora sin un Eddy Olivares entre los titulares, como si los valiosos aportes de este bajo el dominio de Roberto Rosario hubiesen podido impedir la manipulación política del órgano electoral. La oposición fue coherente en rechazar un reparto que la experiencia ha demostrado dañino, y dejó mal parados a los que pregonaban que por debajo los líderes de su mayor partido buscaban ventajas, alegato que pretendía dispersar el bloque opositor o dificultar su desempeño.

Cámara de Cuentas y TSE. En marcha el proceso para elegir los cinco integrantes de la Cámara de Cuentas (CC), por parte de los órganos legislativos, pareciera que el bloque opositor ha perdido vigor, como si hubiese salido derrotado en la JCE, como han pregonado los voceros y bocinas gubernamentales. Bastante lograron para su limitada representación política y dificultades para movilizar a una población anestesiada.

Claro que la CC no despierta el mismo interés partidista que la JCE, pero debería preocuparle desde la perspectiva institucional y de cara a la sociedad civil, que valora mucho el papel del organismo fiscalizador de las finanzas públicas, afectadas por alto nivel de dispendio, malversación y corrupción que ha colocado el país en los últimos escalones en las evaluaciones del Fondo Económico Mundial y de Transparencia Internacional.

La Cámara de Diputados inició esta semana la evaluación de los 259 inscritos como aspirantes a integrar la CC, al igual que el Senado con la JCE, sin especificar una metodología que permita abrigar expectativas de que la capacidad e integridad predominarán sobre el interés político de mantener subordinado o mediatizado ese importante organismo del Estado. Aunque esta vez, al menos, las entrevistas son públicas.
Si los partidos opositores no mantienen la presión también para la elección de la CC habrán perdido el impulso cuando se convoque próximamente al Consejo Nacional de la Magistratura para la renovación del importante Tribunal Superior Electoral, contribuyendo al reflujo de la sociedad civil, que a menudo desconfía de la capacidad del sistema político para auto regenerarse.

La diversidad del bloque. Son muchos los sorprendidos por la concertación opositora tras el resultado electoral de mayo, a la que concurrieron divididos como mansos corderos con siete candidaturas para enfrentar a un partido que utilizaba su fuerza acumulada más todas las ventajas del Estado. Se creía que la unidad sería muy efímera y no llegaría al inicio del nuevo período gubernamental en agosto.

Hace poco sumaron al Partido Revolucionario Social Demócrata, el único opositor que aparecía separado. Para muchos observadores, la diversidad de posiciones políticas determina un corto periodo de vigencia de la coalición. En la derecha podrían situarse los partidos Fuerza Nacional Progresista, Quisqueyano Demócrata Cristiano y el Socialista Cristiano de Soraya Aquino. En el centro estaría la mayor fuerza, el Partido Revolucionario Moderno, el Reformista Social Cristiano, Dominicanos por el Cambio, el Humanista Dominicano y el Revolucionario Social Demócrata. El ala izquierda la conformarían el Frente Amplio, Alianza País, Opción Democrática y Alianza por la Democracia.

Esa diversidad implica dificultades para determinar tácticas y hasta para formular sus pronunciamientos. Hace poco pasaron el día y llegaron a la medianoche concertando un comunicado en la recta final de la elección de la JCE. De ahí podría haberse derivado su principal error táctico al no reintegrarse oportunamente a la mesa de diálogo de monseñor Agripino Núñez. El empeño en evitar desgajamientos determina un paso de elefantes frente a una mezcla de tigres y leones que defienden cada pulgada de poder. La circunstancia de que el bloque opositor no tenga un claro líder que lo unifique, y que tampoco lo presente su mayor integrante, el PRM, es un factor limitante en una adolescente cultura democrática.

El PLD: divide y vencerás. Un objetivo de mediano plazo para el PLD es la desarticulación del bloque opositor, intrigando para dividirlo, tarea en que la que ya hay comentaristas empeñados, o mediante repartos estatales que tanto han contribuido a la concentración del poder.

Sea que se configure el continuismo reeleccionista que ya hasta el dirigente del PLD y excolaborador cercano de Danilo Medina, Fernando Fernández denunciara esta semana, o que los vientos de Leonel Fernández vuelvan a soplar, dado que no emerge hasta ahora una tercera opción interna, para el PLD será fundamental desarticular el frente opositor. Más importante si buscan abrir paso a otra reforma constitucional para posibilitar la continuidad del presidente Medina, más difícil de justificar, tras la reforma del 2015 que devolvió el “dos períodos consecutivos y nunca más” y consignó un dispositivo transitorio que la prohíbe expresamente. Leonel de candidato podría atraer a partidos que se entendieron mejor con él que con Danilo, y fueron aliados, la FNP, el PRSC y el PQD.

El funcionamiento colegiado del bloque opositor, con voceros rotativos ha dificultado las tácticas para dividirlos, separando al PRM del resto, mientras se incentiva la lucha interna en este. El secretario general del PLD, Reinaldo Pared, llegó hasta declarar la preferencia del expresidente Hipólito Mejía como interlocutor, a quien hasta sus peores críticos lo presentan como relevo de Luis Abinader para la candidatura del 2020.

El estímulo de la confrontación por el liderazgo del PRM, sería un objetivo táctico fundamental del peledeísmo para reducir la incidencia del mayor partido del bloque opositor. Confían en que tarde o temprano los perremeístas reproducirán las feroces luchas internas que debilitaron “el buey blanco” del PRD, de donde provienen. No lo lograron antes ni después de la convención del PRM que eligió candidato presidencial a Abinader, superando ampliamente a Mejía, porque ambos fueron conscientes de que se necesitaban mutuamente la supervivencia política.

Una precipitada lucha por el liderazgo del PRM, le impediría consolidarse, reforzando su organización y democracia interna, y acreditarse como alternativa al dominio del PLD, y en lo inmediato incidiría en la dispersión del bloque opositor.

La trascendencia de Fidel Castro

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Por Juan Bolívar Díaz

La desaparición de Fidel Castro Ruz, fallecido la noche del viernes en su residencia de La Habana, es un acontecimiento de carácter universal, pues se trata del más trascendente líder latinoamericano del último siglo y de los más relevantes de todo el mundo.

Nadie como Fidel despertó tantas pasiones, entre sus seguidores incondicionales como en sus críticos implacables que lo desearon muerto durante décadas, y ninguno mantuvo una vigencia en el poder por más de cinco décadas, sobreviviendo en pleno patio, al implacable determinismo norteamericano del último siglo.

Se justifican muchos reparos al liderazgo y al legado del comandante de la revolución cubana de 1959, pero resulta indiscutible que él encarnó la lucha por la independencia de su pueblo cuando era poco menos que un satélite del imperio dominante, y que constituyó un liderazgo y una maquinaria política que le permitió sobrevivir a todos los intentos por derrocarlo o eliminarlo.

Fidel Castro fue el líder y héroe del tercer mundo en la batalla contra las peores manifestaciones del imperialismo político que no respetó fronteras por más distantes que fueran en África, Asia o América, y que acabó con las vidas de contradictores de la dimensión de Lumumba, Cabral, Allende, Hussein o Kadaffi. Sólo se le puede comparar con el legendario vietnamita Ho-Chi-Minh, arquitecto de la única derrota militar de Estados Unidos.

Castro Ruz no sólo mantuvo su proyecto socialista en Cuba a 90 millas de las costas de Estados Unidos, sino que envió más de 300 mil soldados a las luchas independentistas de África, a miles de médicos y personal de salud a múltiples países, y se le relacionó con innumerables movimientos políticos en el escenario universal.

La revolución de 1959 impactó en toda América Latina e influyó la vida política de la región durante décadas, por su arrojo, por haber desafiado la dominación internacional, por haberse realizado contra la corrupción y la depredación, y porque pretendió un régimen menos desigual en la repartición y usufructo de las riquezas.

Para los dominicanos de los años sesenta, Fidel Castro es símbolo de la solidaridad en la lucha contra la tiranía de Trujillo y luego contra la invasión militar norteamericana de 1965, lo que le ganó gratitud, incluso por encima de sus errores y los fracasos de las utopías del comunismo, en las que militó hasta el último aliento.

Para Cuba el legado de Fidel Castro es limitado porque no pudo garantizar el desarrollo y la prosperidad económica, ni la pluralidad y el respeto a la diversidad política. No obstante, alcanzó grandes avances en renglones fundamentales del desarrollo humano, como educación, salubridad, habilidades deportivas y autoestima. Pudo haber sido diferente sin la agresividad y el bloqueo del implacable vecino del norte, por lo cual muchos críticos han sido indulgentes, pero el balance objetivo lo remite al ámbito de las utopías frustradas.

Aunque deja una estructura política fuertemente arraigada y sobrados aspirantes de continuar su legado, Fidel es insustituible. Su muerte abre una nueva etapa en Cuba que la llevará a insertarse significativamente en la pluralidad democrática de la región, aunque debe mantenerse la esperanza de que con mucho menos rémoras de las predominantes en este conjunto de países muy lejos aún del bienestar, la independencia, la fortaleza institucional y la justicia social.

Más allá de terquedades y actitudes implacables, Fidel Castro Ruz es parte de nuestra historia. Uno de los líderes más trascendentes de la etapa contemporánea, que no deja cuentas bancarias ni riquezas a sus descendientes. Sus errores, como sus aciertos, fueron esencialmente políticos, parte del errante devenir de la humanidad.

El PLD y su gobierno evaden la concertación político-social

  Por Juan Bolívar Díaz

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Desperdiciaron la oportunidad de iniciar una concertación político-social que mejoraría las perspectivas de los pendientes pactos fiscal y eléctrico, y de las reformas político-electorales aunque tuvieron que mediatizar su absoluto control de la JCE

           

Como para no dejar dudas, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) decidió la integración de la Junta Central Electoral (JCE), evadiendo el diálogo político social reclamado intensamente durante cuatro meses por los doce partidos de oposición y un amplio movimiento de la sociedad civil.

            Los que lucharon por ejecutivos con perfil ético y sin ataduras partidarias lograron mediatizar el control peledeísta sobre el organismo rector de elecciones y del registro civil,  pendientes ahora de la renovación de la Cámara de Cuentas (CC), por el Congreso Nacional, y del Tribunal Superior Electoral por el Consejo Nacional de la Magistratura.

La transacción Castaños

            Tal como se advirtió en esta página el 6 de noviembre, el doctor Julio César Castaños Guzmán terminó electo presidente de la JCE como fórmula de transacción, que habría partido del gobierno del presidente Danilo Medina y terminó acogiendo el Comité Político del PLD, por los intensos reclamos del bloque de partidos de la oposición y de los sectores más activos de la sociedad civil organizada.

            Si bien tres de los cinco titulares del organismo no tienen vínculos con el partido de gobierno, la totalidad de sus suplentes son peledeístas, dos de ellos miembros del Comité Central del partido gobernante. La Iniciativa por la Institucionalidad Democrática, que agrupa más de treinta organizaciones de la sociedad civil, acogió la designación de Castaños, además de Roberto Saladín y Carmen Imbert, por considerar que llenan el perfil adecuado de reputación profesional, ética e independencia. El bloque de 12 partidos de oposición sólo acogió a los dos primeros, y aunque a la doctora Imbert le reconoció integridad y profesionalidad, la descartaba por haber apoyado públicamente la reelección del presidente Danilo Medina.

            Castaños llegó con aval general por sus ocho años en la JCE, cuatro como presidente, y por su reconocido ejercicio profesional, público y privado, Roberto Saladín, quien demostró independencia siendo gobernador del Banco Central bajo el último gobierno de Joaquín Balaguer, y embajador de los gobiernos del PLD, también fue considerado apto, aunque algunos mantuvieron reservas por pasar de 80 años, ya que los jueces de las altas cortes se retiran a los 75. Carmen Imbert, se ha distinguido en cargos judiciales, como escritora, articulista y comentarista de radio y televisión.

Los vinculados políticos

            Rosario Graciano y Henry Mejía, quienes completan la dirección de la JCE, recibieron objeciones políticas y sociales por sus vínculos partidarios y él, además, por  haber sido de los integrantes de la Cámara de Cuentas que tuvieron que renunciar en el 2008 en vísperas de un juicio en el Senado, tras ser acusados por la Cámara de Diputados de violación de la Constitución y varias leyes, de nepotismo y otros cargos, y por su vinculación al Partido Revolucionario Dominicano, aliado al gobierno.

            Las mismas objeciones que a Mejía, se hacían a Freddy Bolívar Almonte, un promotor político del presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez, quien apareció en la planilla de cinco candidatos presentados por el PLD la semana anterior, y en esta fue sustituido por Rosario Graciano, única de los anteriores titulares del organismo que permanecerá en el cargo, al que llegó tras desempeñarse como subsecretaria de prensa del PLD y luego como vicecanciller.

            Los cinco suplentes electos tienen vínculos con el PLD, y varios se han desempeñado en diversos cargos administrativos. Luis García y Juan Bautista Cuevas aparecen en la matrícula de su Comité Central. El primero, que suple a Carmen Imbert, es periodista y asesor de prensa del presidente Medina; y el segundo, suplente de Henry Mejía, es un cercano colaborador de Reinaldo Pared. Al suplente de Castaños, Luis Minier Almonte, abogado de Santiago, se le relaciona con el expresidente Leonel Fernández y Monchy Fadul.  José Lino Martínez, suplente de Saladín, es un colaborador del senador por Monseñor Nouel Félix Nova; a Rafael Evangelista, suplente de Graciano, se le asocia al senador por Samaná, Prim Pujols.

Tuvieron que conceder

            Es obvio que la JCE mantiene un fuerte sello partidista, total en los suplentes, aunque distante del absoluto que los senadores peledeistas pretendían. En los titulares se operó una renovación  de cuatro quintas partes, dejando fuera al polémico presidente Roberto Rosario, quien había convertido el organismo en un feudo personal y lo arrastró al  sectarismo y al “tollo tecnológico”  del escrutinio en el proceso electoral de mayo pasado.

            La unidad de la oposición y el activismo de la sociedad civil, que movilizó a las jerarquías religiosas y empresariales, forzaron la transacción en la composición de la JCE, y mostraron que se requiere sumar muchas energías para contener los ímpetus absolutistas de un partido que controla todos los poderes públicos, y gran parte del aparato comunicativo y de las ausentes academias universitarias y organizaciones sindicales y profesionales.

            El proceso evidenció la manipulación partidista y el desprecio a las metodologías y búsqueda de consenso. Más de 200 candidatos a integrar la JCE resultaron conejillos de indias pues, más allá de formulárseles algunas preguntas en entrevistas de 15-20 minutos, no fueron objeto de una evaluación, previa metodología científica, que incluye capacidades, actitudes sicológicas y currículo, como ocurre en el mundo contemporáneo para cualquier cargo de mediana jerarquía y que demandaran las entidades sociales.

            En siete de los diez elegidos prevaleció el vínculo partidista y con los propios senadores electores. Aunque proclamaron muchas veces que la elección era patrimonio exclusivo del Senado, al final intervino el Comité Político peledeísta, que creó una comisión para cerrar acuerdos y se decidió sustituir a uno de los objetados por el escándalo de la CC en el 2008, otra concesión a la oposición y la sociedad civil.

Una oportunidad perdida

            Aunque transaron parcialmente frente a los reclamos políticos y sociales, el gobierno y el PLD desperdiciaron la oportunidad de mostrar interés en la búsqueda de los  consensos demandados por la sociedad para aprobar los grandes pactos pendientes, dispuestos por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que en enero cumplirá cinco años, como el eléctrico y el fiscal, y para las leyes del sistema electoral y de partidos.

            El gobierno no ha logrado conseguir consenso para el pacto eléctrico, cuya concertación cumplirá dos años en enero. El pacto fiscal fue intentado al inicio del gobierno de Medina en el 2012, pero fue abandonado pocas semanas después, y no ha vuelto a estar en la agenda gubernamental, a pesar de las demandas públicas y las limitaciones  fiscales con que se maneja el Estado, con grandes deudas sociales en materia de pobreza, salubridad, agua potable, electricidad, salarios de servidores públicos,  transporte y otros.

            El problema radica en la escasa vocación concertadora que prevalece en el sistema político, acentuado entre los peledeístas. Después que la oposición política y la sociedad civil acogieron dos y tres de los cinco candidatos a la JCE que propuso el PLD, bien pudo escogerse los otros entre personalidades de consenso, y ser menos sectarios en la elección de los suplentes, Pudieron crear un mejor ambiente para las concertaciones necesarias.

La Cámara de Cuentas

            La atención pública se desplaza ahora hacia la CC, el máximo organismo de control y auditoría de los recursos públicos, cuyos cinco titulares también concluyeron su período constitucional el 16 de agosto pasado. De acuerdo al artículo 248 de la Constitución son elegidos por el Senado de ternas que presenta la Cámara de Diputados.

            Tanto la oposición política como la sociedad civil a través de su Iniciativa  por la Institucionalidad Democrática, y líderes de diversos ámbitos han extendido a la CC su demanda  de profesionales independientes de todos los poderes. La preocupación es generalizada por los altos niveles de corrupción y la impunidad prevalecientes en el país.

            Entre los actuales titulares de la CC también prevalecen los vinculados al partido de gobierno, aunque en general han guardado un perfil profesional y su presidenta Liselotte Marte de Barrios, proveniente del Partido Reformista Social Cristiano, es una profesional con perfil de independencia y de ejercicio público decoroso.

            El martes 15 la Cámara de Diputados publicó un listado de 259 aspirantes a integrar la CC, 5 más que la vez anterior,  y llamó a vistas públicas a partir de mañana lunes y hasta el 5 de diciembre, donde participarán los candidatos y cualquier ciudadano podrá presentar observaciones. Empero no se ha precisado la metodología de evaluación y elección.

            Otros con período vencido en agosto son los jueces del Tribunal Superior Electoral,  por  igual objetos de conflictos  políticos, pero aún no se convoca a su órgano elector, el Consejo Nacional de la Magistratura, también con mayoría del PLD.-