Discurso de Juan Bolívar Díaz, coordinador nacional de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional que originó la Coalición Democrática por el Cambio

Lic. Luis Abinader 

Candidato Presidencial

Lic. Raquel Peña

Candidata vicepresidencial

Presidentes y dirigentes de los partidos y grupos sociales integrantes de nuestra Coalición Democrática por el Cambio

Distinguidos invitados: 

            Las limitaciones y la prudencia que impone la pandemia que nos afecta han impedido que este acto tuviera la masiva asistencia que le correspondía. Pero  tampoco hay que darle más vuelta. Todo está consumado y el próximo domingo veremos concretada la consigna que levantamos al constituir esta coalición político-social: el cambio va! Y habrá cambio porque el cuerpo social dominicano está fatigado del virus PLD-2004-20 que ha contagiado y contaminado todo.

            Fue el 23 de noviembre, ante un millar de testigos reunidos en el aula magna de nuestra Universidad Autónoma,  cuando los partidos y grupos sociales integrantes de esta coalición firmamos y proclamamos los Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional. Fue el fruto de más de un año de búsqueda de consenso, primero entre un centenar de destacados profesionales y promotores democráticos y luego con decenas de grupos sociales de todo el país para culminar en la gran concertación de 7 partidos políticos aquí representados.

            Después de esa proclama nos embarcamos en la siempre difícil tarea de conformar una coalición con candidaturas para todos los niveles de elección. Con todo entusiasmo asumimos la candidatura presidencial del PRM, y luego logramos acuerdos para candidatos comunes al Senado, la Cámara de Diputados y los municipios, tarea más difícil por la camisa de fuerza que impone la legislación electoral al limitar al 20 por ciento la cantidad de candidaturas que pueden ser reservadas para alianzas. Pero lo logramos, y no sólo entre los 7 partidos que  postulan el binomio Luis Abinader-Raquel Peña, sino que fruto de la sensibilización que diseminamos en toda la oposición, se materializaron algunos intercambios de apoyo también con el partido Alianza País y con varios de los integrados en el frente electoral que encabeza la Fuerza del Pueblo. 

            Esos acuerdos puntuales fueron necesarios para evitar que una multiplicidad de candidatos  opositores permitiera a la corporación político-económica gobernante quedarse con el control del Senado y desde allí convertirse en un obstáculo a las reformas políticas, institucionales, económicas y sociales que propugnamos. 

            Esta no ha sido una alianza más de las tantas que ha habido en la historia del país, simplemente para repartirse el Estado como minifundios. Es fruto de las preocupaciones de las dominicanas y los dominicanos más conscientes y sensibles sobre la necesidad de rescatar la nación de la enorme descomposición que la aflige, del deterioro institucional, de la corrupción y la impunidad, del desorden social y de las exclusiones, que se reflejan abajo en delincuencia  e inseguridad. También para detener el rumbo a la insostenibilidad financiera por déficits y endeudamiento desproporcionados durante toda una década. 

Ahí están nuestros lineamientos con las prioridades Políticas e Institucionales para transformar el país, que se sintetizan en reformas para restablecer la democracia y la separación e independencia de los poderes del Estado, declarar la guerra total a la corrupción y la impunidad, programas y acciones integrales de prevención y control de la delincuencia para garantizar la seguridad ciudadana, políticas efectivas de control de la inmigración con estricto cumplimiento de las leyes y respeto de los derechos humanos, y fortalecer la descentralización y el carácter subsidiario  de los ayuntamientos.

También para realizar una reforma político-electoral integral, aprobar la Ley de Participación Social, garantizar la condición de servicio y honorabilidad de la Función Pública, dar renovado impulso a la protección del medio ambiente, reduciendo las vulnerabilidades, eliminar todo género de discriminación con especial promoción de los derechos de las mujeres, la niñez, la adolescencia y de las personas mayores y con discapacidades, y para hacer cumplir el imperio de la ley, con especial seguimiento a la de Estrategia Nacional de Desarrollo.

Como Prioridades Económicas y Sociales consignamos: concertar los pactos Fiscal y Eléctrico y la Ley de Responsabilidad Fiscal, con estrictos controles del gasto público, una política racional de financiamiento y un sistema tributario que procure la justicia social; para  superar lo antes posible la crisis energética, rescatar la salubridad del colapso con servicios integrales de calidad,   y una reforma de la seguridad social, así como para orientar la inversión del 4% del PIB a alcanzar la calidad del sistema educativo. 

Así mismo, postulamos un nuevo modelo de crecimiento que potencie a los sectores productivos con libre competencia y productividad, a fin de asegurar  la autonomía alimentaria y multiplicar las exportaciones, afrontar el caos del transporte público y el enorme déficit de viviendas de carácter social y fortalecer las políticas sociales a fin de eliminar la indigencia y reducir efectivamente la pobreza. 

Nuestro candidato presidencial, el próximo presidente de la República, Luis Abinader, nos pidió que realizáramos este acto, no como expresión de proselitismo, sino para antes del triunfo electoral del 5 de julio dejar ratificado su compromiso con la sociedad política y la sociedad civil, de cambiar el curso de la nación y reabrir los surcos claros del poeta Juan José Ayuso para que quepan todos los sueños.  

Estamos reeditando la capacidad concertadora del inolvidable José Francisco Peña Gómez que en días de luto y represión, cuando algunos desertaban de su responsabilidad histórica, convocó el Acuerdo de Santiago que cuatro años después daría inicio a la etapa democrática de la historia nacional. 

Reactualizamos los postulados peñagomistas del gobierno compartido con la sociedad y por eso en esta  coalición abundan los candidatos y candidatas salidos de las más diversas instancias sociales, algunos sugeridos  por nosotros pero también por los partidos, y por el candidato presidencial Abinader,  comenzando por nuestra candidata vicepresidencial Raquel Peña, que no es una política profesional y proviene del mundo académico y del mediano empresariado.

Por Igual los candidatos a senadores Antonio Taveras Guzmán, en Santo Domingo, y Manuel Matos en San Juan, ambos del sector productivo. Profesionales de la categoría de Jesús Feris Iglesias en San Pedro, o Pedro Catrain en Samaná, o el artista popular el Torito Héctor Acosta, en Bonao. 

Del sector social también provienen muchos candidatos a diputados, como Gabino Hernández, con más de 30 años en las organizaciones comunitarias de las profundidades de Sabana Perdida. Manuel María Mercedes, defensor de derechos humanos, Diulka Pérez, comunicadora, la académica Diana Contreras, Bolívar Ureña dirigente comunitaria de Santo Domingo Oeste, Santa Sánchez, (DN), del movimiento de mujeres trabajadoras, Chiqui Checo, de Santiago Somos Todos; activistas sociales como Blas Alcibíades Vargas, de Santiago, Antonio Navarro Campos, de Azua, y el profesor Bartolomé Deshamps, de Bonao y Santo Porcell Soto, del  movimiento de trabajadores independientes.

Nos enorgullece que estos dirigentes sociales compartan responsabilidades en el próximo congreso con jóvenes políticas de la categoría de Faride Raful, Gloria Reyes, o la profesora  Josefa Castillo, toda una nueva generación de mujeres que trazan nuevos rumbos a la ética y la eficiencia política. 

Y muchos hombres, jóvenes y maduros, tantos que sería injusto mencionar sólo algunos. Pero sin dejar de inclinarnos reverentes ante el ingeniero Eduardo Estrella,  símbolo de los que han ejercido los más altos cargos ministeriales dejando una estela impoluta.    

            Queridos compañeros: Estamos todos convocados a reivindicar la actividad política como la definió el fundador de la República, la ciencia más digna de ocupar las mentes de los humanos. 

            Estamos llamados a dejar atrás la desesperanza y la resignación, para empoderar a nuestro pueblo como dueño de su propio destino. Más ahora cuando la pandemia del Covid-19 nos dejará tan graves repercusiones económicas y sociales agravando más aún las condiciones de vida de la mayoría.

            Sólo nos queda invitar a todos los conciudadanos a no dejarse intimidar y acudir a las urnas el domingo para no tener que dar otra vuelta innecesaria y costosa. Esta es la coalición político-social  más amplia de nuestra historia, que honra el legado de nuestros héroes, de quienes lucharon por toda su vida y de los que han persistido por compartir el pan y la esperanza. Esta coalición  llevará a la presidencia a un ser humano de la categoría profesional, política y moral de Luis Abinader Corona.

            Permítanme cerrar tomando prestadas algunas de las “Palabras para Julia”, de José Agustín Goytisolo, para dirigirlas a nuestro candidato, con la esperanza de que cuando sea presidente no se les olviden, porque en este país las alturas del poder marean casi sistemáticamente y todavía ninguno termina con la dignidad de Mandela, de Mojica, o de Bachelet: “Un hombre solo, o una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Tu destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida, tu dignidad es la de todos”.-  

Santo Domingo, 1 de julio del 2020  

Conviene restablecer la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Bastaría con que el Congreso Nacional ratifique la competencia de la Corte, ya contenida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, acogiendo ese requisito de la sentencia 256-14 del Tribunal Constitucional dominicano   

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            A la República Dominicana le convendría poner fin a los cuestionamientos internacionales derivados de dos sentencias del Tribunal Constitucional (TC), pudiendo comenzar por someter al Congreso Nacional la ratificación de la Jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejada en un limbo ya por seis años. 

            Un segundo paso para recuperar la imagen del país en los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional seria empeñarse en la plena aplicación de la Ley 169-14 que enmendó la desnacionalización producida por la sentencia del TC 169-13 de enorme repercusión universal y que dividió agriamente la sociedad dominicana.

En un limbo jurídico

            Con su sentencia 256-14 de noviembre del 2014 el TC pretendió evadir las responsabilidades que le reclamó parte de la comunidad nacional y la internacional prácticamente a unanimidad, y específicamente la CIDH por haber dejado anulada la nacionalidad que ostentaban decenas de miles de descendientes de extranjeros nacidos en el país (en gran parte haitianos), retroactivamente hasta el 1929, con su sentencia 169-13 del año anterior, pero sólo logró profundizar el descrédito.

            El esfuerzo fue doblemente fallido porque arrojó nuevas condenas de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su similar de las Naciones Unidas, así como de numerosas instituciones que velan por los derechos humanos en el mundo, y también por haber dejado al país en un limbo respecto a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969, que entró en vigor el 18 de julio de 1978. 

            RD suscribió la Convención el 7 de septiembre de 1977 siendo ratificada mediante la Resolución 739 del Congreso Nacional en diciembre del mismo año, y registrada el 21 de enero de 1978 ante el Consejo de la Organización de Estados Americanos. La misma Convención instituyó la Corte Interamericana y dejó establecido que para aceptar su jurisdicción no se requería nueva convención, que bastaba la adscripción de un representante de los Estados suscribientes. Por eso el presidente Leonel Fernández aceptó la jurisdicción, como casi todos los países, sin otro protocolo que un escrito del 25 de marzo de 1999.

            A raíz de la desvinculación de la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA advirtió que esa decisión solo tendría efecto con la denuncia de la Convención sobre Derechos Humanos, lo que no se ha producido, dejando el país en un limbo, pero susceptible de seguir siendo objeto de sentencias de la CIDH.         

Vergüenza internacional      

La segunda sentencia del TC también apeló a la retroactividad para declarar inconstitucional la jurisdicción de la CIDH en la RD sobre la base de que el Congreso Nacional no la había ratificado, aunque lo “descubrió” 15 años después y tras una decena de eventos que la reconocían, incluyendo algunos del mismo tribunal. La generalidad de los constitucionalistas dominicanos la rechazaron. Eduardo Jorge Prats con un artículo que tituló “¡Qué vergüenza!”.  Con similares calificativos se expresaron  otros como Cristóbal Rodríguez, Olivo Rodríguez Huerta, Flavio Darío Espinal, Carlos Salcedo, Nassef Perdomo y Ariel Gautreaux, y juristas de la categoría de Jorge Subero Isa y Francisco Alvarez Valdez. Las juezas del mismo tribunal Katia Jiménez y Ana Isabel Bonilla, y el juez Hermógenes Acosta, dieron votos disidentes en términos absolutos. 

Se recordó que el Congreso Nacional ratificó la competencia de la CIDH al aprobar la Ley orgánica del TC 137-11, que la reconoce como la máxima instancia en materia de derechos humanos. Para colmo, el mismo TC en sus sentencias 0084-13 y 136-13 también había reconocido “el carácter vinculante de los dictámenes de la CIDH”. Y su presidente, Milton Ray Guevara había firmado, en noviembre del 2012,  un “Acuerdo Marco de Colaboración” con la Corte que dos años después desconocían.

Algunos de los constitucionalistas opinaron que para el país salirse de la Convención, que es la única forma legítima de desconocer la jurisdicción de la CIDH, tendría que mediar una reforma constitucional, ya que el artículo 74.3 de la Constitución proclamada en el 2010, otorga jerarquía constitucional a los tratados y convenciones suscritos por el Estado. Para colmo, la RD logró en el 2006 que la jurista dominicana Rhadys Abréu de Polanco fuera electa como jueza de la CIDH, cargo que ejerció durante 6 años.     

Fácil remedio diplomático

            Ahora que se ha reducido el furor ultranacionalista de la pasada década y que se pone en vigencia una profesionalización de la diplomacia dominicana, empeñada en mejorar el posicionamiento de la República en el ámbito global, sería conveniente restablecer la jurisdicción de la CIDH y salir del limbo, porque al final ese organismo seguirá juzgando casos de violaciones de derechos humanos aunque aquí no la reconozcan, lo que en el ámbito latinoamericano sólo ocurre además con Venezuela, que en estos tiempos no parece la mejor compañía.

            Cualquier legislador o bloque de legisladores, o el Poder Ejecutivo podría tomar la iniciativa con el simple procedimiento de retomar el protocolo enviado por Leonel Fernández en 1999 y someterlo a la ratificación del Congreso Nacional, atendiendo así la única objeción formulada por el TC. Seguro que ello sería celebrado en el ámbito de los organismos internacionales como parte de las rectificaciones que comenzaron con la Ley 169-14 que devolvió la nacionalidad a decenas de miles de afectados por la sentencia 169-13 del TC, que “muy a la dominicana” sostuvo que esta era de aplicación obligatoria, pero “se le buscó la vuelta” para enmendarla.

Poco después de la ley de mayo del 2014, la Junta Central Electoral publicó en dos diarios un listado de 55 mil personas que podían volver a procurar sus actas de nacimiento. Se estima que sólo 26 mil lo han hecho, y que casi la mitad no han podido, unos porque se habían muerto o marchado del país y muchos porque viven en la extrema pobreza y no han tenido los recursos para gestionar un documento ya de poca utilidad para su condición socio-económica.  

Para salir de la apatridia

            El país  necesita reconciliarse con los organismos multilaterales e instituciones sociales internacionales que velan por los derechos humanos, pero también adoptar políticas efectivas que le permitan salir del estigma de auspiciador de apatridia. No basta con que se niegue, si hay señales tan objetivas como la de los que se acogieron al plan B de  la Ley 169-14, que otorga la ciudadanía por naturalización a los descendientes de extranjeros nacidos en el país, pero que no hicieron, o no se les aceptó oportunamente la declaración de nacimiento. Se da el caso que en una misma familia hijos mayores obtuvieron el registro, pero no así los que llegaron cuando empezó la discriminación, y así unos son ciudadanos dominicanos y otros extranjeros indocumentados. 

            En un rígido plazo de apenas meses, 8 mil 768 personas se acogieron al plan de naturalización, pero seis años después, apenas 750 la han logrado, mediante el decreto 262-20 emitido por el presidente Danilo Medina el 16 de julio pasado, 11 días después que perdió las elecciones presidenciales. El 89 por ciento todavía espera un documento de identidad, porque aquí nacieron y aquí han vivido siempre y no tienen otra nacionalidad ni piensan ni pueden ir a buscarla en ningún otro país. Por eso los consideran apátridas.

            Es posible que muchos de ellos no hayan completado el paquete de requisitos que se les impuso para ser reconocidos, comenzando por los documentos de identidad de sus padres, que en muchos casos no los tenían, desconocidos, o que hace años volvieron a Haití. Una buena proporción son de padre o madre dominicanos. Otros requisitos difíciles de cumplir para muchos son los testigos de su origen o las comadronas que los recibieron, o los certificados de los hospitales, que en muchos casos ni siquiera los registraban. Tampoco les resulta fácil obtener certificados de empleos. Son una proporción tan ínfima de la población que merece la mayor generosidad.

Hay que borrar el estigma  

            El país necesita quitarse de encima el estigma que lo mantiene junto a Myanmar, Costa de Marfil, Letonia y Estonia, a la cabeza de los mayores auspiciadores de apatridia en el mundo. El pasado 30 de septiembre al cumplirse el 66 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a reclamar a RD un esfuerzo por restañar las heridas  de las sentencias del TC.

            Tras reconocer y celebrar los efectos positivos de la Ley 169-14 que habría devuelto la nacionalidad a 26 mil personas, y el decreto de Medina que naturaliza a 750, la Comisión instó al Estado dominicano a “buscar medidas sostenibles, asequibles y duraderas” para la situación de unos 6 mil 400 que no han podido obtener la nacionalidad vía el proceso de naturalización, considerados en situación de apatridia. En el mismo sentido se pronunció la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

            Desde las sentencias del TC casi todos los años RD es evaluada en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia, Humans Rights y otras unen sus esfuerzos a la nacional Dominicanos por Derecho para mantener los cuestionamientos y reclamos de rectificaciones. 

            No basta negarlo y el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene suficientes documentos para avalar la necesidad de borrar un estigma que distanció el país hasta de la comunidad de naciones del Caribe, con daños económicos,  y lo dejó en las cuatro esquinas del mundo.-    

La tecnocracia choca con la realidad política y obliga al presidente Abinader a enmendar

Es obvio que no se dan las condiciones mínimas para incrementos de impuestos y mucho menos sin explicar sus alcances, aunque los propuestos no afectaban a los sectores medios y bajos, y faltando documentar la profundidad de la crisis  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            El presidente Luis Abinader rectificó el primer tropiezo de su gobierno al anunciar que no habrá incremento de ningún impuesto en el presupuesto del próximo año y que se buscará consensuar los pactos Fiscal y Eléctrico que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo para aplicarlos a partir del 2022, por lo cual merece reconocimiento. .

            No es que los gravámenes propuestos fueran desproporcionados, es que la población no está dispuesta a nuevas contribuciones mientras no se profundice el iniciado desmonte de la malversación, se documente y comunique mejor sus alcances y avancen en el procesamiento de algunos de los responsables de la corrupción que agobió la sociedad.

Por debajo de la puerta

            Fue un error del equipo económico del gobierno el plantear una pequeña reforma tributaria sin considerar aspectos fundamentales en el orden político como en una coyuntura de crisis sanitaria con graves repercusiones económicas y sociales que determinan una atmósfera de rechazo a mayores contribuciones.

            Pero fue peor que los incrementos impositivos “se metieran de contrabando” en el proyecto de ley de presupuesto para el 2021 y que trascendieran sin la menor explicación, lo que permitió que fueran sobrestimados, cuando en realidad no afectarían a más del 80 por ciento de la población, en nada a los de menores ingresos. Menos todavía el gravamen a las partes de acondicionadores de aire. El paquetito apena representaría unos 20 mil millones de pesos adicionales, una proporción insignificante que serviría para dilatar el pacto fiscal a que está obligado el gobierno.

            De los cinco o seis renglones afectados, el más significativo que podría generar más de la mitad de los ingresos adicionales, era el impuesto de 1 por ciento a los activos netos del sector financiero, señalado entre los menos afectados por la crisis, o entre los pocos beneficiados. Tampoco afectaría a las clases medias ni a los más pobres el gravamen del 8 por ciento a las ganancias adicionales determinadas por la pandemia en algunos sectores empresariales. El presidente informó que el sector financiero y la Barrick Golf aceptaron un adelanto de contribuciones, y luego se supo que sería descontado en plazo de 15 años.    

Reacción desproporcionada

            La falta de explicación contribuyó a la enérgica reacción de rechazo, incluso desproporcionada para el costo de los impuestos planteados, que se centró en el gravamen  del 3 por ciento a los pagos personales en dólares, y el cobro de impuesto sobre la renta a  salarios navideños exentos del mismo.

            Se estima entre 6 y 7 por ciento la proporción de la población que hace pagos en dólares, importando directamente o por viajes. La pandemia ha incrementado las compras por internet, básicamente de sectores medio-altos y altos, en desmedro del comercio y del empleo nacional. Para estos y el que viaja y paga sobre 20% de propina en restaurantes y bares, un 3 por ciento de impuesto no debería considerarse abusivo.

            En cuanto al salario navideño, la confusión fue doble, pues se creyó que era a todos los empleados, cuando se planteaba mantener el actual nivel de exención en el impuesto sobre la renta, que es de 34 mil 700 pesos, lo que dejaba fuera al 85 por ciento de los asalariados, porque ganan hasta esa suma. Y a quienes perciben más de eso, se les mantenía el nivel de exención, cobrándole sólo sobre el excedente. Por ejemplo, quienes ganan hasta 52 mil pesos, sólo pagarían 15 por ciento sobre el excedente de 34 mil 700, es decir sobre 17 mil 300, lo que arrojaría un descuento de 2 mil 595 pesos. Son menos del 10 por ciento de los asalariados en los registros de la tesorería de la Seguridad Social.   

            Convendría saber que en muchas empresas y hasta en organismos estatales, incluso del gobierno central como es el caso del mismísimo Ministerio de Hacienda, no se paga como “regalía navideña” un solo salario, sino varios. Hay empresas donde se evade impuestos manteniendo sueldos bajos a los mandos medios y altos que se compensan hasta con 6 sueldos navideños, libres de impuestos. Eso se llama evasión fiscal.        

Un comprensible rechazo

            Los funcionarios, sean técnicos, tecnócratas o políticos, deberían comprender que en la población dominicana prevalece una actitud subjetiva que rechaza todo nuevo impuesto, sobre todo en la influyente clase media que mueve todos los medios de comunicación y prevalece en las redes sociales. Esa actitud está determinada en gran medida por los altos y persistentemente crecientes niveles de malversación y de corrupción en la administración pública y de evasión de los más ricos, diagnosticados en los últimos años. 

El fenómeno de la Marcha Verde debería estar fresco en la memoria de todos. Eso no significa que ante el primer tropiezo de un gobierno que está tratando de reducir la malversación y combatir la corrupción, con nuevos mecanismos, millares vayan a lanzarse a las plazas o a marchar por las avenidas, como pretendieron algunos. Pero sí implica el rechazo hasta irracional, subjetivo, que lleva a proclamar que no se necesitan más impuestos. Hay mucha gente de altos ingresos y empresas de enormes ganancias que tienen que contribuir más para reducir la enorme desigualdad, la pobreza extrema y las exclusiones. 

Desde luego, la cultura política nacional es tan primitiva y grotesca que a menos de dos meses de instaurado un gobierno, hay quienes están dispuestos a agitarle las aguas para debilitarlo, aunque tengan que esperar casi cuatro años para sustituirlo, condenando a toda la sociedad a seguir en el atraso. Entre estos resaltan los que tienen cuentas pendientes y quieren anular las posibilidades de que les facturen. Pero también personas que por ignorancia se suman a la irracionalidad y exigen milagros aun cuando “el mundo está patas arriba” por la pandemia que ya cobra un millón de vidas, con un impacto económico tan profundo en los países de bajos ingresos, que acarrea el riesgo de “una generación perdida”, como proclamó esta semana Kristalina Georgieva,  la directora general del Fondo Monetario Internacional.

La rápida reacción de Abinader

            Fue relevante la rápida reacción del presidente Luis Abinader ante el generalizado rechazo a la limitada reforma tributaria, sobre todo por haber sido incluida en el proyecto de presupuesto para el 2020 sin previa justificación, demostrativa de sensibilidad ante la opinión pública, primero advirtiendo que no habría imposición y tres días después, en discurso del jueves, anunciando que no habrá nuevos impuestos en el presupuesto del próximo año.

            En el primer gobierno del presidente Leonel Fernández en 1996, también se intentó iniciar con un presupuesto que incluía impuestos no previamente debatidos, pero la diferencia es que ignoró el rechazo generalizado, aunque el partido gobernante sólo tenía un senador y 14 diputados. Como no modificaron el proyecto, el Congreso opositor lo rechazó y en consecuencia el gobierno tuvo que manejarse en el 1997 con el presupuesto del año anterior.

            Esta vez el PRM y sus aliados podrían reunir votos para aprobar un presupuesto, pero Abinader ha cumplido su promesa de buscar consenso para las grandes decisiones de su gobierno. Tal vez consciente de que una imposición de unos 20 mil millones de pesos adicionales, no sólo mellaría muy rápido su popularidad, sino que dificultaría más el Pacto Fiscal que evadió el presidente Danilo Medina, aunque fue mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo promulgada en el 2012, antes de iniciarse su doble período de 8 años.

            Abinader anunció que el Pacto Fiscal, y el también pendiente Pacto Eléctrico, se empezarán a discutir con la meta de alcanzar consenso en seis meses para aplicarlos a partir del 2022. Enfatizó esfuerzos por reducir la malversación, combatir la corrupción y mejorar la calidad del gasto, priorizando salud, educación y asistencia social, pese a la contracción por la pandemia, y señaló que encontró las arcas agotadas, en la peor crisis económica en 60 años, y que sólo en pagos de deudas a sus contratistas el gobierno anterior erogó al final 40 mil millones de pesos. José Rijo, director de Presupuesto, precisó luego que en julio, su último mes completo, el gobierno de Medina gastó 102 mil millones de pesos, reducidos a la mitad, 55 mil millones, en septiembre, el primer mes entero del nuevo gobierno. 

Sanciones y recuperaciones 

            En el rechazo a nuevos impuestos reflejado en los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, se incluye la indignación porque “todavía no hay un solo preso de la corrupción”, lo que implícitamente respondió de nuevo el presidente Abinader, reclamando auditorías y acción del ministerio público, pero descartando circo. La precipitación podría ser contraproducente, pues sin fundamentos de pruebas, serviría para dictámenes de no ha lugar que harían imposible las sanciones correspondientes.  

            Aún logrando condenas, no es fácil “recuperar lo robado”, como reclama la indignación social, porque generalmente está escondido en paraísos fiscales, a nombre de otras personas, en inversiones y empresas, cuya incautación implica mucho tiempo y recursos. Así quedó demostrado en el caso de las quiebras bancarias, donde el Estado apenas recuperó un mínimo de lo malversado e invertido para solventar la crisis financiera 2002-04.

            El nuevo gobierno ha empezado a reducir la malversación y ha creado mecanismos independientes de prevención y persecución de la corrupción, pero todavía queda mucho por hacer para recuperar la confianza de la sociedad en el Estado. El partido gobernante y el Congreso Nacional deberían ayudar al presidente, quien ha impuesto austeridad en el Palacio Nacional y renunció a los gatos de representación. Los barrilitos y confrecitos de los legisladores resaltan en la indignación social. Ya son casi dos mil los “diplomáticos”, vicecónsules, subdirectores y subadministradores suspendidos, pero quedan muchos más y en  organismos estatales todavía hay demasiados privilegios que reducir.-    

Con Ivelisse Prats en el corazón


Por Juan Bolivar Díaz

En estos días en que la nación demanda de políticos enteros de cuerpo y alma, capaces de subordinar sus ambiciones para actuar con integridad y honradez en medio de las peores penalidades de nuestra época, la memoria nos remite a la figura de la profesora Ivelisse Prats-Ramírez de Pérez, ejemplo de coherencia, de tenacidad y de grandilocuencia ideológica que cultivó la nobleza política.

A punto de entrar en la novena década, nuestra querida profesora libra una difícil y penosa batalla contra las adversidades físicas a las que ha sabido sobreponerse desde joven. Ella, de estructura física endeble, con escoliosis y asmática de siempre, ha sufrido incremento de sus antiguas dificultades visuales, demasiado gravoso para quien se ha leído bibliotecas enteras. Su indeclinable magisterio también le fue consumiendo las cuerdas vocales y hace algún tiempo casi queda sin la voz.

El indomable espíritu de Ivelisse ha logrado vencer todas las limitaciones físicas, pero hace unos tres meses, alrededor de su 89 cumpleaños, una caída le rompió un fémur y desde entonces ha quedado postrada y adolorida, más espiritual que físicamente.

Desde aquí, en la distancia que imponen las circunstancias, hay que expresar solidaridad y los mejores augurios para la maestra, ideóloga, articulista, dirigente política, gremialista, legisladora, funcionaria, forjadora de líderes, madre y esposa.

Una mujer tan extraordinaria, un dechado de virtudes sociales, una maestra como Ivelisse no merece una larga postración ni sufrimiento, por lo que debemos encomendarla al Dios de los justos para que le haga leve la etapa de transición en que se encuentra.

Y para que compense sus penalidades con la firme conciencia de los sembradores e iluminadores colocados mucho más allá de las infinitas limitaciones de la condición humana.
Ojalá que muchos de los compañeros de partido y de los alumnos que ella forjó en el Instituto de Formación Política que lleva el nombre de José Francisco Peña Gómez se detengan en estos días a reivindicar la vida de doña Ivelisse Prats, para rendirle el tributo que merece, poniendo en primer plano sus enseñanzas de la política como servicio y entrega al ideal colectivo y al engrandecimiento de la patria.

Vale reproducir la salutación que le ofrecimos en el 2001 cuando celebrábamos su medio siglo de entrega al magisterio: Salve profesora; los alumnos de los primeros años te saludamos. Y te deseamos aún larga vida y mayores realizaciones, en la libertad y para la libertad, como en aquellos tiempos (1959-60) en que anhelábamos encontrar voces de aliento que nos ayudaran a levantarnos sobre las tinieblas y a encender antorchas definitivas.

Las tuyas no se apagan ni con los vientos huracanados que tanto soplan en estas latitudes, sin embargo colocadas en el mismo trayecto del sol, como nos dijo entonces el inolvidable poeta don Pedro Mir.
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Tras el artículo de la semana pasada en el que agradecimos la sensibilidad del presidente Luis Abinader, por haber terminado el calvario de los ancianos trabajadores cañeros que por dos décadas demandaron la pensión por la que cotizaron, la querida compañera Altagracia Salazar nos recordó que hay otro grupo, mucho más pequeño, que también espera y merece un tributo.

Se trata de los 28 contralores aéreos cancelados por el político que dirigía el Instituto de Aviación Civil por haber cometido la osadía de denunciar sistemáticas violaciones de las normativas internacionales de seguridad en el espacio aéreo nacional.

Durante muchos meses mantuvieron su demanda de reposición ante la sede del gobierno, y hasta tuvieron ganancia de causa en el tribunal administrativo, sin que le hicieran el menor caso. Se les ignoró hasta convencerlos de que no cabían rectificaciones ni sensibilidades humanas.

Eran los mejores técnicos en su oficio, forjados en instituciones internacionales especializadas. Su pecado fue hacer públicas las preocupaciones profesionales por la seguridad aeroportuaria.

Como entonces, el ahora presidente Luis Abinader los visitó en el 2015, durante aquel calvario y conoció de sus razones, puede esperarse una justa reparación. Vale el recordatorio.-

Los cañeros: Final de un calvario

Una de las mayores penas que me llevaba al retirarme de la televisión tras 33 años y medio de presencia diaria en Uno+Uno de Teleantillas, era no haber podido ganar la batalla por las pensiones que durante casi dos décadas demandaron humildes trabajadores que ofrendaron sus vidas en los cañaverales del Consejo Estatal del Azúcar. Tenía pendiente ocupar este espacio para formular una apelación al nuevo gobierno, como hice numerosas veces a los de los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.

La noche del viernes me telefoneó el presidente Luis Abinader, adelantándome una buena noticia. Y sin que le preguntara cuál, me comunicó que al día siguiente visitaría el ingenio Porvenir y recibiría a una comisión de la Unión de Trabajadores Cañeros para anunciarles la concesión de las pensiones que hace años demandaban. Le agradecí el acto de justicia y habérmelo participado personalmente. 

He hablado decenas de veces con el ahora presidente pero no recuerdo que antes tratáramos el caso, pero de alguna forma estaba enterado de que esos trabajadores me designaron padrino protector hace años tras mi artículo “Réquiem por Andrés Charles”, que publiqué en este mismo espacio de HOY el 9 de agosto del 2009, a raíz de la muerte de ese “perdido enamorado de la caña, aristócrata del sudor bajo el ardiente sol de los cañaverales”, que cortó caña en los bateyes de casi todos los ingenios azucareros hasta que un accidente laboral lo sembró para siempre en el Lechería, del Central Río Haina, donde  recibió el pasaporte eterno sin haber podido cobrar la pensión para la que cotizó durante décadas.

Quise acompañar al presidente Abinader reciprocando su acto de justicia y sensibilidad, y el sábado reviví los años de la infancia en los bateyes petromacorisanos, especialmente en Alejandro Bass, que pertenecía al mismo ingenio Porvenir y me dejé invadir por las emociones, recordando aquella tropa brava de la caña, que algunas veces llegué a acompañar con sus hijos, ayudándolos a cargar el fruto hasta la carreta. 

Desfilaron por mi memoria los ingenios Las Pajas, Angelina, Consuelo, Santa Fé, Porvenir, y hasta Romana y Cristóbal Colón, y sus hermosos campos sembrados de caña, con toda la pobreza en los bateyes, y los pesos arreglados para robarle el sudor a los trabajadores en los tiempos en que los millones de la caña eran la gran industria y riqueza nacional.

Cuando llegó la privatización en el primer gobierno de Leonel Fernández, que llamaron “capitalización de las empresas públicas”, todo aquel andamiaje se vino abajo como si lo hubiese atacado un terremoto. Bueno, lo que quedaba, porque ya hacía más de tres décadas que a la caída de Trujillo se había creado la Corporación Azucarera Dominicana, luego rebautizada Consejo Estatal del Azúcar. Y casi siempre aquello fue una sola zafra para administradores, políticos, legisladores, militares, empresarios.

Se lo robaron casi todo. Inmensas fortunas salieron de los cañaverales. Y tras la privatización se repartieron no sólo gran parte de  los terrenos que quedaban, 4 millones de tareas, sino también las reses, y las carretas y desmontaron hasta los rieles que fueron a parar a China exportados como metal. Se supuso que los beneficios serían utilizados para rehabilitar los bateyes y sustituir cultivos en asentamientos de los trabajadores. Pero no, hace poco supimos que el Fonper fue otra madriguera donde se repartía el patrimonio y más de 250 personas cobraban por años, muchos con salarios de lujo. 

En principio eran unos 8 mil los cañeros que demandaban pensiones por haber cotizado durante décadas al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, Pero no les hacían caso y se fueron muriendo sumidos en la más profunda  miseria. A partir del 2009 bajo el liderazgo de Jesús Núñez, un consagrado gremialista, salieron a las calles en innumerables plantones ante el Palacio Nacional. Leonel pensionó a 2,185 y Danilo a 1,028, mientras  muchos morían en el camino, o poco después de recibirlas, a tan avanzada edad que apenas vieron  los 5 mil 117 pesos mensuales. Vivos quedan 1,610 a los que Abinader anunció que pensionará de inmediato y los incorporarán al Senasa. Todos pasaron de 60 años, muchos sobre 70 y 80. 

Puede decirse que la alegría de sus pensiones será de corta duración. Ojalá que la otra vida, si es que existe, les resulte más dulce que nuestra caña.-       

Lo prioritario sigue siendo recuperar la confianza en las instituciones estatales

Diez años después de su presentación en el Palacio Nacional, el “Informe Attalí”, sigue con plena vigencia, al proclamar que el primer paso para el desarrollo nacional es recuperar la confianza en las instituciones del Estado, lo que incluye a los partidos.

Por Juan Bolívar  Díaz

Ahora que el país pasa por una coyuntura de cambios, conviene desempolvar el informe de la comisión que presidió Jacques Attalí, por el cual el gobierno de Leonel Fernández pagó un millón de dólares para luego dejarlo archivado, de cuya presentación en el Palacio Nacional se cumple una década en noviembre próximo.

Así como Danilo Medina recomienda a los peledeístas revisar por qué perdieron un poder que creían eterno, los líderes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados deberán ponderar por qué la sociedad les otorgo el poder sin olvidar el enorme crecimiento de la desconfianza en las instituciones estatales y sobre todo en los partidos

Tres informes relegados

El Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana, que presidió el destacado economista francés Jacques Attalí fue recibido con entusiasmo en diversos ámbitos de la sociedad, tras su presentación en un acto que presidió el presidente Leonel Fernández en noviembre del 2010. Contiene 7 iniciativas con 77 propuestas específicas para la década que concluye este año 2020.

Si se revisan se puede comprobar que muy pocas fueron puestas en práctica  medianamente y el documento popularizado como “Informe Attalí”, se juntaría con otro, igualmente crítico publicado en julio del 2012, el “Reporte Harvard, Construyendo un mejor futuro para la República Dominicana: Herramientas para el Desarrollo”. Ambos partieron del ponderado crecimiento económico que había registrado el país en las últimas cinco décadas, y apuntaban políticas para refundar el Estado y abrir puertas al desarrollo integral.

Se les dio mayor ponderación a esos dos estudios por el prestigio de sus responsables, pero dos años antes, el “Informe Nacional de Desarrollo Humano República Dominicana 2005”, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bajo responsabilidad del ahora Ministro de Economía Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, había documentado que el país era de los de mayor crecimiento económico a nivel mundial durante medio siglo, con promedio de 5%, pero también de los que más lo habían  desperdiciado para traducirlo en desarrollo humano sostenible, y también contenía decenas de recomendaciones, aún vigentes, “para una inserción mundial, incluyente y renovada”.

Las propuestas de Attalí

De las 7 iniciativas, con 77 propuestas específicas, el informe Attalí, que se apoyó en la colaboración de un notable grupo de dominicanos, privilegió como prioritaria la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones, en una primera iniciativa en tres capítulos con 16 propuestas que mantienen absoluta actualidad: restaurar el contrato social, reforma del Estado y fortalecer el poder Judicial. Ahí están colocar las mujeres en el centro de desarrollo, reformar la Cámara de Cuentas y el financiamiento de los partidos para hacerlos transparentes, eliminar la práctica del barrilito, (clientelismo) imponer la transparencia en los contratos públicos, limitar el secreto bancario, reforzar la prensa y facilitar el acceso a la información, y aplicar la ley de presupuesto para una gestión por resultados.

También formula propuestas que el presidente Luis Abinader trata ahora de desarchivar, como limitar el número y tamaño de los ministerios, de los viceministerios, de las delegaciones diplomáticas y de las instituciones en general, eliminar las comisiones, consejos y direcciones sin funciones, racionalizar el organigrama del Estado reagrupando las instituciones similares, profesionalizar la función pública, luchar contra las violencias de las fuerzas del orden, y combatir la impunidad reforzando el sistema judicial.

Frente a las vulnerabilidades nacionales, el Informe Attalí planteó tres opciones fundamentales, aumentar el endeudamiento del Estado, elevar la presión fiscal, ampliando la base e incrementando las tasas, y la tercera, que consideraba imprescindible y precedente a las dos anteriores, racionalizar el gasto público para devolver la confianza a los contribuyentes.

“Para ello el Estado tiene que erigirse en un modelo de virtud cívica y mostrar a sus ciudadanos que los fondos recolectados a través del sistema fiscal son dedicados a gastos considerados por la mayoría útiles y beneficiosos para la sociedad”.

Aumentó la desconfianza

Es obvio que los gobiernos del PLD no se colocaron nunca en los linderos del informe Attalí, y en vez de restringir la malversación la multiplicaron en todas las direcciones posibles, porque en los ocho años de Leonel Fernández, aunque hubo varias reformas tributarias y el de Danilo Medina comenzó con otra, el gasto creció dos veces por encima de los ingresos, para generar los permanentes déficits fiscales de la última década que conllevaron una duplicación de la deuda del Estado.

En el mismo período se deterioró mucho más la confianza de la población en las instituciones estatales, como ha quedado patente en los diversos estudios internacionales y las encuestas nacionales. El acreditado Latinobarómetro registró en el 2018 que la confianza en los partidos políticos era apenas del 14%, del 20 en el Congreso, 21 en el Poder Judicial, y 22% en el gobierno. Y que la confianza en la democracia había caído del 65 al 44% entre el 2005 y 2018.  En marzo del 2019 un estudio del PNUD sobre calidad de la democracia en 24 países de América Latina, colocó a RD entre los 5 peores, dando positivo tan sólo en el 20% de los indicadores, para concluir en que eso “sugiere un sistema frágil y vulnerable a turbulencias políticas, económicas o sociales de origen interno o externo”.

En muchas otras mediciones internacionales quedó patente el descreimiento en la institucionalidad democrática, además en la calidad de los servicios de educación, salud, vivienda, electricidad y agua potable. El Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, ha sido el más patente, dejando el país en los últimos 10 escalones entre 144 y 145 evaluados en la última década, en confianza en la justicia, la policía, congreso y gobierno, así como en malversación y desviación de los fondos públicos, en favoritismo de los funcionarios y hasta en ética empresarial.     

Una gran oportunidad

Las perspectivas con que comienza el gobierno de Luis Abinader y el PRM ofrecen una oportunidad para revertir la desconfianza y establecer la prioridad para el desarrollo que consigna el Informe Attalí. El nuevo mandatario participó en casi todas las marchas verdes del 2017-18, sin buscar la primacía se quedó siempre entre la multitud y tuvo oportunidad de comprobar la profundidad del descontento frente a las instituciones estatales, particularmente por los niveles alcanzados por la corrupción y la impunidad. De ahí los compromisos consignados en sus lineamientos básicos y programa de gobierno.

Un factor que puede contribuir a impulsar la recuperación es el hecho visible de que el nuevo gobierno agotará por lo menos su primer año administrando la triple crisis de salubridad, económica y social, cuya dimensión todavía es impredecible, y que para mantener el apoyo poblacional tendrá que avanzar en las reformas del Estado, que en vez de costar aportan. Pero aunque el presidente Abinader aparece firme en sus propósitos, no se percibe que los congresistas quieran hacer lo mismo, por ejemplo proscribiendo los barrilitos y repartos para concentrarse en sus funciones de legislar y fiscalizar los organismos del Estado.

Harían falta iniciativas legislativas para imponer austeridad en todas las instituciones estatales, incluyendo las autónomas y descentralizadas. En la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo duerme el sueño eterno el proyecto de reglamento de la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público que procura poner límite al desbordamiento de sueldos, compensaciones, bonificaciones y pensiones en múltiples instituciones, incluyendo  autónomas y semiautónomas, promulgada hace 7 años, después de una década de estudios.     

El triste lamento de Danilo

Todos los dirigentes políticos deberían escuchar con suma atención el triste lamento expresado esta semana por el expresidente Danilo Medina en una reunión con legisladores de su partido, que se escucha en una grabación filtrada a los medios de comunicación, donde pedía a todos que revisaran por qué la población no votó por ellos en los comicios de este año. Se quejó de que los peledeístas ya no se movían sin dinero de por medio, en la campaña electoral más cara de la historia del país. Que familias hasta a familias  con 4 miembros cobrando en el gobierno había que rogarles para que hicieran el trabajo político y que la población los observaba de lejos.

Por supuesto que Medina no asumió su responsabilidad en la derrota, por su insaciable ambición de poder que lo llevó a secuestrar las instituciones de su partido para imponer su absoluta voluntad pasando por encima de todos los dirigentes o manipulándolos con los recursos del Estado. Pero en su lamento hay un reconocimiento de que el PLD devino en un partido que no merecía la confianza de la sociedad.

Ya la había previsto Temístocles Montás, uno de los más preclaros fundadores del PLD, en artículo publicado en HOY el 17 de enero del 2019, al describir una triple crisis que anquilosaba su partido. La primera orgánica, originada en las ambiciones que producían divisiones profundas que parecían irreconciliables, como se demostró meses más tarde. “La segunda es una crisis moral, por el predominio de los intereses personales por encima de los del partido” que condujeron a la adulteración de la democracia interna. Y también una crisis ideológica por la pérdida de la brújula de que los dotó su fundador, Juan Bosch.

Temístocles concluía prediciendo el desastre: “Muchos dirigentes de nuestro partido han reducido el ejercicio de la política a un proyecto de Poder, pero sin tener claro un proyecto de sociedad. En áreas del Poder hemos terminado justificando lo que sea, se ha caído en el cinismo, el partido ha devenido en una aglomeración de personas sin preparación política e ideológica, que se mueven por un empleo en el gobierno. Se les ha dicho adiós a las ideas políticas”. Palabras que deben ponderar antes que sea tarde los dirigentes del PRM.-

El PLD va a su Congreso sin claro liderazgo y acosado por la fuerte atracción de Leonel

El mayor partido opositor enfrenta el desafío de renovar sus anquilosados organismos sin hacer una catarsis sobre su corrupción y dependiendo de la eficacia de las autoridades para documentarla y obtener las condenas demandadas por la sociedad.

Por Juan Bolívar Díaz

La incertidumbre es el signo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que enfrentaría por primera vez un congreso renovador de sus dirigentes sin un líder que lo unifique, y sin haber hecho una catarsis sobre su desguañangue en un ejercicio gubernamental que llegó a controlar casi absolutamente el Estado y gran parte de los organismos sociales.

El ahora principal partido de oposición está amenazado por el polo de atracción que representa su exlíder Leonel Fernández, mientras se teme que pasen factura los dirigentes relegados por el expresidente Danilo Medina cuando impuso la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo, quien no pudo levantar vuelo ni para competir por el liderazgo del partido.

El desafío de su Congreso

La reunión del Comité Político del PLD del pasado domingo ratificó la convocatoria de su IX Congreso con el propósito de renovar sus dirigentes, tanto del Comité Ejecutivo Nacional como del Comité Político y los organismos intermedios, anquilosados durante los últimos 16 años que estuvo en el gobierno, con un poder tan absoluto que para muchos era insuperable hasta las aplastantes derrotas tanto en las elecciones municipales de marzo como en las presidenciales de julio.

El desafío no es poco para una organización que durante casi dos décadas mantuvo los mismos dirigentes nacionales, incluyendo presidente y secretario general, y que apenas realizó ampliaciones de la matrícula de sus organismos superiores, constituido en refugio de una casta de dirigentes que se llegaron a sentir por encima de la sociedad y proclamaban que el poder era para utilizarlo, que no se cedía y que se imponía por encima de todo.

La otra maquinaria disciplinada por el genio del profesor Juan Bosch devino en una corporación con dirigencia inamovible y la ambición de poder terminó por dividirla profundamente, con la partida en octubre, tras una traumática convención electiva, de Leonel Fernández, quien encarnó el mayor liderazgo tras el final del fundador, y que condujo a los peledeístas al disfrute del poder durante sus primeros tres períodos de gobierno.

El congreso que está programado para iniciarse con el próximo mes de octubre y culminar con el año, enfrenta el desafío de la renovación, sin el liderazgo y el arbitraje que encarnó Bosch y sin la fuerza de moderación que se derivaba del poder ejercido por tres períodos presidenciales de Leonel  y los últimos dos de Danilo Medina, en virtud de la “repartición de los cobrecitos” y un presidencialismo cada vez más pronunciado, pero que no pudo evitar la división.

¿Podrá Danilo sobrevivir?

La primera interrogante sobre el próximo congreso peledeísta gira en torno a si el expresidente Medina podrá retener el poder que ejerció casi omnímodamente en la organización durante sus ocho años de gobierno, tras sus fracasos políticos del último cuatrienio, al intentar una segunda reelección consecutiva, al haber impuesto un candidato presidencial sacado del bolsillo a costa de la división del partido y por el fracaso en las elecciones generales, tras asumir que él las ganaría, aún sin ser candidato.

El principal hándicap de Medina es que ha quedado con una prohibición constitucional de volver a ser candidato presidencial, tras agotar los dos períodos de orden constitucional, y no se vislumbra posibilidad de que pueda cambiarlo para el próximo torneo electoral, dado que necesitaría dos terceras partes del actual Congreso Nacional.

Medina es  un gran trabajador de la política, armador de juegos, pero carece del carisma necesario para entusiasmar a sus partidarios. Su liderazgo de los últimos años estaba fundamentado en el poder del Presidente de la República, repartidor de favores que llevó a extremos el clientelismo y la corrupción de sus partidarios, perfeccionando los mecanismos de cooptación del liderazgo social iniciado en los períodos de su antecesor Fernández.

El infortunio de Medina fue tan grande que su delfín Gonzalo Castillo, fue incapaz de levantar vuelo para ser una real opción presidencial, pero ni siquiera para quedar con posibilidad de disputar ahora el liderazgo del PLD, pues ha quedado con más enemigos dentro del partido, donde lo consideran un impostor, que en el resto de la sociedad, donde se le percibe con piedad, al considerarse que “fue un invento de Danilo”.    .         

Varias facturas pendientes

Danilo Medina tiene varias facturas pendientes de quienes dentro de su partido se sintieron “traicionados” o por lo menos relegados en la carrera por la candidatura presidencial, a quienes había incentivado a buscarla sobre la base de que él no aspiraría a un tercer período consecutivo. Varios de ellos corrieron durante par de años con las riendas tensas, dándose cuenta del doble juego del mandatario, que siguió pretendiendo continuar.

Pero fue peor cuando en julio del 2019 a Medina se le cerraron las posibilidades de la segunda reforma constitucional y entonces se sacó de la manga la precandidatura de Gonzalo Castillo, y la impuso por encima de los que llevaban años persiguiéndola, para lo cual utilizó todo el poder del Estado, nombrando promotores a los ministros y altos funcionarios y forzando el retiro de varios aspirantes con viejos méritos partidistas. Luego selló la división del PLD y su salida del poder, al extender la votación por varias horas, cuando los cómputos de la elección primaria otorgaban la candidatura presidencial al expresidente Fernández.

Por lo menos el secretario general Reinaldo Pared Pérez, con influyentes hermanos, y otros dos precandidatos, Carlos Amarante Baret, y Manuel Crespo expresaron públicamente su indignación por el abuso del Estado en la campaña interna. Pared dejó por escrito que “se han violado todas las normas de equidad y justicia”. Amarante: “se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar”. Otro de los influyentes, Temístocles Montás, que con Leonel y Danilo constituía una trilogía de herederos de Bosch, se conformó con que le dieran la presidencia del PLD, mientras Francisco Domínguez Brito guardaba discreto silencio. Ninguno de ellos puso entusiasmo por la candidatura de Gonzalo y se cree que no apostarán por el liderazgo de un Danilo Medina, a no ser que esperen heredarlo de dedo.        

El polo de Leonel Fernández

El futuro del PLD está signado por el polo de atracción que representa en sus militantes medios y de bases el expresidente Fernández, que los llevó al poder por los primeros tres períodos y los prolongó por otros dos al imponer en el 2012 a Danilo Medina utilizando todo el poder del Estado, con un déficit fiscal de todo el Estado ese año del 8% , y más de 150 mil millones de pesos sólo del gobierno central.

Leonel con su nuevo partido Fuerza del Pueblo (FP) sigue atrayendo dirigentes medios y de las bases del PLD, y casi todas las semanas recibe desertores, en la última juramentó a 20 presidentes de comité intermedios capitalinos, y al recuperar dos de los senadores del PLD electos, desplazó a este como segunda fuerza senatorial. Con la ventaja de que no tiene impedimento para optar por la candidatura presidencial en el 2024 y podría incubar una posibilidad de relevar al debutante Partido Revolucionario Moderno.

El líder de la FP tiene otra ventaja: que aunque fue impulsor de la degeneración del peledeísmo histórico, que Temístocles Montás documentó el 19 de enero del 2019 en crisis orgánica, moral e ideológica, quedó superado por los escándalos de la gestión de Danilo Medina, ahora primera opción para pagar las desproporciones del poder y sancionar la corrupción. Hasta tácticamente habría que concentrarse en los últimos dos períodos.  

Necesidad de una catarsis

Para cualquier analista es obvio que el PLD necesitaría una profunda catarsis primero para regenerarse internamente y escoger nuevo liderazgo, dejando atrás una legión de momias políticas, y segundo para recuperar crédito ante la sociedad. Ninguna de las dos resultarán fáciles después que durante años fue aniquilada toda criticidad y dependerá en gran medida de la capacidad de las nuevas autoridades para documentar  y sancionar la enorme corrupción denunciada.

Podría ser contraproducente el desafío del presidente del PLD, Temístocles Montás, para que las nuevas autoridades procesen sus denuncias de corrupción,  por lo que ya el líder de Alianza País, Guillermo Moreno, le recordó que él fue el único de los vinculados a los sobornos de Odebrecht que admitió, y por escrito, que había recibido financiamiento del agente de la constructora brasileña, Angel Rondón, para tres campañas electorales.

El desafío o la arrogancia son contraproducentes cuando hay tantos escándalos que pueden ser fácilmente documentados, por ejemplo el que ya fue tramitado el jueves al Ministerio Público, de los 1os 11 mil 500 millones de pesos en contratos para comprar asfalto repartidos nada menos que por Gonzalo Castillo, meses antes de asumir la candidatura presidencial peledeísta. Más imprudente porque la periodista Alicia Ortega  pudo documentar que violó la ley de Compras y Contrataciones, y José Rijo que se saltó la ley de presupuesto gastando diez veces lo establecido, y porque no resulta difícil rastrear los beneficiarios para encontrar vinculados. Tampoco será difícil demandar a Odebrecht que identifique los 28 seudónimos de los que, según documentó el consorcio internacional de periodistas de investigación, recibieron sobornos por 39 millones de dólares para la contratación de las plantas de Punta Catalina y otras obras del gobierno de Medina. La transnacional está obligada a identificarlos, por el acuerdo de lenidad de que fue beneficiaria. Y hay muchos casos más que originarían procesos judiciales con bastante fundamento.

Las nuevas autoridades no deberán inventar persecuciones ni apresurarse para caer en el vacío, pero están compelidas por la inmensa y sostenida demanda nacional, en gran medida generadora del cambio político de este año, de sanción a los que colocaron al país entre los líderes mundiales en corrupción y malversación, con decenas de denuncias públicas y según informes tan autorizados como los del Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y los de Transparencia Internacional.-     

Cambio político en las circunstancias más adversas de la historia nacional

Ascienden por primera vez a la presidencia y vicepresidencia dos hijos de la etapa democrática de la República, y se produce una gran renovación del Congreso Nacional, con mayor participación de los jóvenes, aunque con retroceso en las mujeres

Por Juan Bolívar Díaz

El Gobierno que se instalará mañana bajo la presidencia del economista Luis Abinader, enfrenta las circunstancias más adversas para el inicio de una gestión en la historia de la República, con un horizonte incierto por el avance del coronavirus, cuyas consecuencias económicas y sociales aún no pueden cuantificarse.

 Como siempre prevalece la ilusión del cambio para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y una mayor equidad económico-social para reducir la desigualdad y la pobreza,  lo que obligaría a las nuevas autoridades a una gran reingeniería del Estado para mantener la confianza de la población, mientras se supera la crisis de salud.

Indicadores de cambio 

Luis Abinader y la coalición de partidos y grupos sociales encabezada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ganaron mayoría en las elecciones municipales y luego en las presidenciales y congresuales, bajo la consigna de que “ha llegado la hora del cambio verdadero”, aludiendo a las ocasiones anteriores en que las promesas reivindicativas quedaron en el olvido. Despojándose de la desconfianza en el sistema político que diagnostican las encuestas, gran parte de .la ciudadanía se acogió a la ilusión del cambio.

Esta vez la renovación no será sólo del Poder Ejecutivo, sino también del legislativo, ya que la matrícula total del Congreso Nacional, de 222 miembros, 32 senadores y 190 diputados, se renueva en 60%, con la salida de 134. Un estudio comparativo del Observatorio Político Dominicano, de Funglode, establece que 131 de ellos han tenido entre 10 y 38 años como legisladores. De los senadores 29 serán debutantes,  equivalentes al 91%,  y 105 de los 190 diputados, para un 55%.

 Por rangos de edad, la matrícula legislativa se rejuvenece, ahora con promedio de 51 años, 3 menos que en la legislatura que concluye. La participación juvenil alcanza mayor proporción en la Cámara de Diputados, donde habrá 19 legisladores entre 25 años, la edad mínima para esa representación, y 30 años. Y 35 tendrán menos de 40 años. Es relevante que la más joven, Olfanny Méndez, de 26 años, ha sido nominada para vicepresidente de la cámara baja, representando la provincia de Bahoruco, del suroeste, una de las más pobres.

La representación juvenil queda muy por encima del 10%,  la cuota mínima de ley, pero no así la de las mujeres, que aunque pasan de 3 a 4 en el Senado, retroceden de 56 a 52 curules en la Cámara de Diputados, 25 % del total de legisladores,  cuando la ley establece una cuota mínima de postulaciones del 40%.

Luis Abinader y Raquel Peña

El presidente Luis Abinader y la Vicepresidenta Raquel Peña, son los primeros nacidos en la etapa democrática iniciada con la decapitación de la tiranía de Trujillo que acceden a esas posiciones en el país, e incluso ambos después de la Revolución Constitucionalista de 1965. El nació en julio de 1967 y ella le antecedió 10 meses, en septiembre del 1966. El en Santo Domingo y ella en Santiago, pero ambos de ancestros cibaeños, y él además de libaneses. Será apenas el octavo presidente fruto de elecciones tras los 32 años del trujillismo. En promedio los 7 anteriores han gobernado por más de 8 años, Balaguer 22, Leonel 12 y Danilo 8, los tres perredeístas, Guzmán, Jorge blanco e Hipólito Mejía, sólo 4 años.    

 Los dos son destacados profesionales, él de la economía y ella de administración, empresarios y con experiencia gerencial en el sector privado, pero ninguno ha desempeñado cargos en el Estado. El se graduó de economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y realizó estudios de postgrado en tres universidades de Estados Unidos, incluyendo la de Harvard. Ella con licenciatura en Administración de Empresas, de la Universidad Católica Madre y Maestra, donde era vicerrectora administrativa al ser escogida para la candidatura. Tiene un máster en Administración de la Universidad de Quebec.

 A diferencia de la vicepresidenta, que no había tenido experiencia política, Luis Abinader la ejerció junto a su padre, y dirigió su campaña electoral cuando ganó la senaduría de Santiago en 1998. Rafael Abinader no sólo fue senador, sino también ministro de Finanzas en los gobiernos de Guzmán y de Hipólito, del Partido Revolucionario Dominicano. Luis Abinader fue candidato vicepresidencial en la boleta que encabezó Hipólito para el 2012, cuando quedaron en 47%. Hace 4 años debutó con la candidatura presidencial del entonces nuevo PRM, alcanzando el 35% del sufragio.

En la peores circunstancias

Luis Abinader asume la Presidencia en las circunstancias más difíciles en que haya iniciado gobierno algunoen la historia de la República. Sólo es le puede comparar con el inicio del presidente Joaquín Balaguer en 1966, tras la revolución constitucionalista de 1965 que se extendió a guerra civil por la invasión militar de Estados Unidos. El ideólogo trujillista se juramentó todavía con el país ocupado por tropas de Estados Unidos y otros países.

Balaguer asumió con el país dividido y tratando de recuperarse del trauma de la guerra, pero en el resto del mundo no había crisis, y por su misma intervención y por razones de la guerra fría y la influencia de Cuba, Estados Unidos destinó amplia ayuda al gobierno dominicano, lo mismo que  otros países y los organismos internacionales. Ahora la pandemia sacude a esos mismos países y los gritos de auxilio son generalizados.  

Otro inicio difícil, pero tampoco comparable al escenario actual, fue el del segundo gobierno de Leonel Fernández en el 2004, tras la crisis originada por las quiebras bancarias que incrementaron la pobreza en más de un millón de personas. Pero lo peor ya había pasado, y las reformas financieras y ajustes orientados por el Fondo Monetario Internacional se habían iniciado casi un año antes. Por ejemplo, la devaluación del peso que había sobrepasado 56 por dólar, se había reducido a 42.   

Lo peor de la actualidad es que el gobierno hereda una triple crisis, la de la pandemia que sigue en incremento a 5 meses y medio, con el contagio de 85 mil personas y casi 1,400 fallecidos, con una gestión desastrosa, al extremo de que en ambos renglones el país casi duplica la totalidad de los afectados de las demás naciones de las Antillas Mayores, es decir, más que Cuba, Jamaica y Puerto Rico y Haití juntos. Con el agravante de que la persistente  expansión del Covid-19 no permite evaluar todavía la magnitud de la crisis económica que ya sufre el país, y mucho menos sus repercusiones sociales.

El compromiso del cambio

Es generalizada la preocupación de que en tan adversas circunstancias el nuevo gobierno no podrá satisfacer muchas  expectativas de cambio, temiéndose que le tomará por lo menos el primer año la tarea de recuperar la salud y restablecer los niveles de empleo y productividad, con decenas de miles de pequeñas y medianas empresas quebradas y las estimaciones de desempleo y pobreza superando cualquier  coyuntura anterior.

El presidente Abinader ha reconocido que vendrá a “administrar una crisis”, por lo que ha comenzado a avanzar una serie de disposiciones tendentes a regenerar el Estado, que incluirán la supresión de organismos inoperantes, fusión de muchos que representan duplicidades, y una batida a la malversación, la corrupción y la impunidad.

Se espera que en su discurso inaugural, el nuevo mandatario anunciará un ambicioso programa de reformas para sus primeros meses, privilegiando el combate a la pandemia y la plena reanudación de las actividades económicas. Con precariedades y la capacidad de financiamiento limitada por la paralización que ha reducido drásticamente los ingresos fiscales, el gobierno tendría que apelar a la máxima austeridad y reducción de gastos superfluos para invertir mejor los escasos recursos.

No podrá prescindir del financiamiento, pero con las limitaciones advertidas desde un  par de años antes de la pandemia, incluso por el FMI, de que la nación entraba en la antesala de la insostenibilidad fiscal. Esta semana el economista dominicano Apolinar veloz, hasta hace dos años funcionario del FMI y con sólida experiencia en evaluaciones de economías de otros países, sostuvo en el digital Acento que sería necesario buscarse el auxilio de ese organismo para una renegociación de la deuda, que entre externa e interna ya sumaría 52,635 millones de dólares, el 59% del PIB.

Recomendaciones del BID      

El nuevo gobierno podrá ampararse en recomendaciones como la formulada esta semana en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado Retos y Oportunidades Post Covid-19, del que dio cuenta HOY este viernes. Coincide con muchas de las formulaciones que ha presentado el nuevo presidente y su equipo económico.

 Se resume en políticas públicas para mayor eficiencia y reestructuración del gasto, para aumentar la inversión productiva, la reducción de pérdidas en el sector eléctrico y de “filtraciones” en los programas sociales, una reforma fiscal integral, que mejore la eficiencia, rediseñe impuestos, elimine exoneraciones y amplíe la base impositiva. Políticas públicas para reducir la desigualdad y la pobreza. Racionalización de la contratación y de la política salarial, fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera y rescatar el proyecto de  Ley de Responsabilidad Fiscal que lleva años en el Congreso.

Por lo que planteó en numerosas ocasiones el candidato Abinader,  su estrategia sería ganar confianza con la reforma del Estado y el fortalecimiento de la institucionalidad, con el control de la corrupción y la proscripción de la impunidad, para acumular fuerza moral que le permita afrontar las demandas de fondo, como una reforma fiscal integral que reclame mayores contribuciones a los sectores sociales privilegiados.

La etapa a iniciarse este 16 de  agosto, debería marcar la reformulación definitiva del Estado dominicano, y su concepción de botín político, dejando atrás el caudillismo y .las viejas prácticas trujillistas de autoritarismo, presidencialismo a ultranza, providencialismo, clientelismo político, y gobernanza para mantener satisfechos o tranquilos a los poderes fácticos. Los que salen del poder tras 20 años de gobierno, comenzaron planteando la “liberación nacional” y terminaron ratificando las peores tradiciones trujillistas-balagueristas.

Con fundadas expectativas

 Por Juan Bolívar Díaz

Es una pena que las circunstancias por las que atraviesa el país y gran parte del mundo no sean propicias para la gran celebración que merece el cambio de gobierno que tendrá lugar el próximo domingo, cuando se instalará un nuevo Congreso Nacional y los ciudadanos Luis Abinader y Raquel Peña sean juramentados como presidente y vicepresidenta de la nación.

Hay muchas razones para celebrar, porque se trata de una gran renovación, no sólo del Poder Ejecutivo, con un gran equipo ministerial ya anunciado, sino también del Legislativo, en este último como hace muchos años no se producía, por ejemplo en el Senado donde apenas repiten 3 de sus 32 miembros, y es relevante que más de la mitad de los diputados serán debutantes y la mayoría jóvenes menores de 35 años, algo sin precedente. Positivo también que la primera mayoría ya ha nominada a la legisladora más joven, Olfanny Méndez de 26 años, como candidata a vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

Hay que lamentar que el avance no haya incluido a las mujeres, que por el contrario tienen una ligera reducción en la Cámara de diputados, con apenas un 27 por ciento, y en el Senado una más pero sólo 12.5 por ciento de la matrícula. En ambos casos lejos de la cuota mínima de candidaturas que es 40 por ciento, lo que obliga a minuciosa revisión.

Muchas expectativas se han tejido tras las victorias electorales de marzo y julio, especialmente por  haberse producido superando un inmenso abuso del poder estatal, de la manipulación de los programas sociales y un gasto desmedido de dinero público. Debe ser aleccionador que casi todos los senadores perdieran con todo y sus barrilitos, algunos casi con dos décadas enquistados en el Congreso, reeligiéndose a base de privilegios.

La obligada austeridad y moderación en la celebración del cambio es propicia para una profunda reflexión sobre el devenir de la nación, y para fundamentar las expectativas a la luz de la crisis de salubridad, con derivaciones económicas y sociales que aún no pueden documentarse en su magnitud, ya que todavía no se vislumbra el horizonte en la contención del coronavirus.

Con una realidad tan compleja y desfavorable, los cambios estructurales se hacen más difíciles porque la mayor parte de las energías gubernamentales se consumirán en reparar techos,  puertas y ventanas del edificio social, por lo menos en el primer año. Eso obligará a la indulgencia con las nuevas autoridades. Pero estas tendrán que revalidarse sostenidamente atendiendo a las demandas y compromisos que no requieren muchos recursos y que,  por el contrario, implicarán economía.

Tal es el caso de la supresión o fundición de  órganos inoperantes o redundantes, la reducción de una buena cantidad de botellas y botellones, la proscripción de la malversación, de todo género de corrupción, y de la impunidad. Hay casos relevantes pendientes de acción judicial, e imprescindibles auditorías que podrían terminar en expedientes del Ministerio Público. No se trata de montar un circo ni de saltarse los procedimientos, por lo que deberán prevalecer la documentación y la objetividad, dejando atrás la aparatosidad de los allanamientos para producir detenciones.

La agudización del desempleo y la pobreza deberían propiciar la aplicación de los límites establecidos en la ley de salarios del Estado, para eliminar enormes distorsiones, como esa de que muchos funcionarios ganan dos y tres veces lo que reciben el presidente de la República y sus ministros.

El presidente electo ha presentado unas credenciales muy bien recibidas por la opinión pública, incluyendo su compromiso de un Ministerio Público independiente, sendero por donde debe transitar toda la justicia, incluyendo organismos como la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo de inmediata renovación, o el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas para el año próximo.

El economista y empresario Luis Abinader ha prometido la revolución del imperio de la ley y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. También un nuevo modelo de desarrollo económico-social, con disposiciones para reducir la desigualdad, pero sobre todo una regeneración moral y ética de la sociedad, y ahí estarán las más fundadas expectativas.- .                   

Fracasó la estrategia contra el Covid y se requiere más que toque de queda

La expansión del Covid-19 en el país nunca se ha detenido, porque el gobierno contaminó políticamente su combate, fracasó al no responder oportunamente a la demanda de atención y no quiso contar con el resto de la sociedad 

                                                 Por Juan Bolívar Díaz

Ahora que se plantean nuevas políticas para intentar contener la expansión del Covid-19 primero que nada hay que admitir que se ha fracasado en su contención y buscar las causas para corregirlas como base de una nueva estrategia, que debe tener como principal instrumento la participación de toda la sociedad organizada.

No hay repunte ni rebrote, porque la curva de crecimiento nunca ha tenido inflexión, también es falso que ello se debiera a que la población no observó el toque de queda, ni tampoco a la campaña electoral que registró muy pocos actos de participación masiva. 

Incremento sostenido

 El análisis de las estadísticas contenidas en los boletines del Ministerio de Salud Pública y la curva gráfica mantenida en HOY indican que el Covid-19 ha tenido un crecimiento sostenido, sin la menor inflexión, que naturalmente aumentó cuando se reinició la reactivación de las actividades económicas, aunque dos semanas antes la población la inició por su cuenta. 

En la fase del estado de confinamiento de la población, por efecto del Estado de Emergencia decretado a partir del 19 de marzo, y que se extendió por tres meses, el Covid-19 mantuvo su incremento. Al 16 de mayo promediaba 208 contagios diarios, que un mes después se elevaron a 365, con aumento de 157 por día, equivalente al 75%. Los fallecimientos pasaron de 428 a 605, es decir 177 de promedio diario, 41% mayor.

Un cuadro anexo muestra cómo desde el 18 de mayo al 13 de julio continuó  sostenidamente la expansión del virus, en proporciones que no avalan atribuirlo a la campaña electoral, que apenas tuvo unos pocos actos masivos desde el sábado 27 de junio, cuando el presidente Danilo Medina salió en caravanas por varias ciudades, rompiendo la limitación de las congregación de personas que vencía con el estado de emergencia el 30 de ese mes. Su candidato desfiló entre multitudes sin mascarilla ni guantes.  Los opositores políticos apenas hicieron actos masivos los dos primeros días de julio, cuando terminó la campaña electoral.

Obsérvese que el porcentaje de incremento de contagios semanal del 13 de julio, fue casi igual que el 1 y el 22 de junio, y menor que el 15 de junio.  Lo mismo el aumento porcentual semanal de los fallecimientos fue igual el 13 de julio que el 1 y el 15 de junio.

Sobre el toque de queda

 Ahora que parece inminente el restablecimiento del toque de queda nocturno, conviene  advertir que la pandemia creció sostenidamente durante los 100 días que rigió entre marzo y junio, y que el número de detenidos por violarlo, según el reporte policial fue de 92 mil 159 personas, es decir 921 por día, que no alcanza siquiera al 0.1% de la población nacional, si la estimamos en 10.5 millones de personas.

Es una calumnia atribuirle a la población, como se ha hecho sin fundamento, la responsabilidad por el incremento de la pandemia, sobre la base de que no respetó el toque de queda nocturno. Es necesario entenderlo para no  cifrar demasiado esperanzas en su restablecimiento, si se evade el problema fundamental que son las actividades diurnas de subsistencia de los trabajadores informales, el 57% de los empleados, la mayoría de los cuales se buscan la alimentación día a día.

Sin duda que al reanudarse las actividades se acentuó la expansión, pero eso era previsible y la responsabilidad es de quienes no adoptaron las disposiciones necesarias para mitigarlo. Fue visible que desde dos semanas antes del inicio de la desescalada, los chiriperos se amontonaban en los mercados para luego salir a distribuir alimentos por todas las ciudades. Las calles se llenaron de automóviles y nadie impidió que se metieran hasta 6 personas en los carros de concho, y no guardaban distancia tampoco en minibuses ni en las paradas.            

Los medios informativos también documentaron gráficamente que ni en los repartos de alimentos y donativos del gobierno y su candidato presidencial se guardaba distancia ni se utilizaban mascarillas. Y cuando se entregaban los subsidios de las viejas tarjetas y los provocados por la emergencia, los beneficiarios saturaban los establecimientos comerciales sin que se hiciera esfuerzo por organizarlos.

La agonía de las pruebas   

La curva siempre ascendente de contagios y fallecimientos muestra un fracaso desde la fase inicial. Se desperdició la oportunidad de estrangular el virus durante los más de dos meses de confinamiento y los 100 días del toque de queda. Si las estadísticas de ese etapa no son más escandalosas es porque se hacían muy pocas pruebas, con promedio diario de 903 hasta el 16 de mayo, que ya el 15 de junio casi se habían duplicado a 1,917 y que en desde el 1 de julio promedia unas 2,400 por día.

 Las pocas pruebas no permitieron identificar con tiempo a miles de contagiados que por lo mismo, se convertían en vehículo de difusión. Y todavía esta semana, en el quinto mes del Covid-19, hay que esperar hasta 5 días para conseguir un laboratorio que las haga y oteros tanto para obtener los resultados. En estos días se anunció que pronto instalarán un laboratorio con capacidad para procesar otras 2 mil pruebas diariamente.

Por igual aún se escuchan quejas del personal sanitario por ausencia de equipos de protección para dar la asistencia. El personal del hospital Estrella Ureña de Santiago protagonizó esta semana una protesta para que no les manden contagiados, por temor a que afecten los pacientes allí recluidos por diversas causas, especialmente las parturientas, que es su principal especialidad.

Ya pasan del 80% las camas destinadas a pacientes del Covied-19 que están ocupadas, y todos los días se anuncia que habilitarán otras, mientras los hospitales están saturados por los que buscan asistencia por las enfermedades normales. Si antes de la pandemia estaban llenos, no debe ignorarse que después de la contención de meses, se hayan acumulado los reclamos de servicios de antiguos y nuevos enfermos de todo género, a los que se suman los del día a día.

Contaminaron la batalla     

Es fácil echar la culpa a la supuesta indisciplina de la población, desconociendo las características del empleo nacional y las condiciones de vida de la gente, cuando ni en muchos hospitales hay agua corriente y falla la electricidad, y gran parte de las viviendas son inhabitables a las temperaturas de estos meses, de hasta 32 grados centígrados. Pero la realidad es que las autoridades gubernamentales no escucharon la advertencia del director de la Organización Mundial de la Salud, de que evitaran politizar la pandemia, y contaminaron el campo de batalla.

Desde el comienzo vieron  el coronavirus como “una oportunidad para mejorar el posicionamiento de sus candidaturas” para las elecciones presidenciales y congresuales. Privilegiaron los negocios con licitaciones de horas y dos o tres días, otorgadas en muchos casos a empresas adhoc de vinculados y evadieron las compras directas que mandaba la emergencia, a empresas de zonas francas y de gobierno a gobierno. Ahí está el testimonio, ratificado esta semana por Teleantillas, del presidente de la Cámara de Comercio Dominico-China, Roberto Santana,  de que ni le respondieron una propuesta de buscar un acuerdo con el gobierno de China para traer cargueros con equipos, materiales  e insumos para combatir la pandemia.

Por demás, las autoridades fueron más eficientes en el reparto de ayudas, en subsidios y alimentos, que en la contención de la expansión del virus, esperando rentabilidad electoral inmediata, que no consiguieron. En el programa “quédate en casa” incluyeron 1 millón 500 mil, 866 mil en el subsidio a empleados suspendidos, y 200 mil trabajadores independientes, que totalizaron 2 millones 566 mil personas, un tercio de los empadronados para los comicios, y 44%  sumados los 700 mil asalariados del Estado.

Toda una nueva estrategia

Superado el desafío institucional de las elecciones y elegido un nuevo gobierno, es urgente establecer toda una nueva estrategia para contener el Covid-19, que ya casi cobra un millar de vidas y casi 50 mil contagiados. En esa dirección deberá ir el esfuerzo de los comisionados del presidente electo para coordinar la lucha contra la pandemia junto al equipo saliente, pues sería irresponsable esperar el mes que queda de transición.

Deberán suplir la mayor deficiencia que ha tenido la estrategia de combate, que es el involucramiento de toda la población en la batalla. Medina se negó a consensuar no sólo con las fuerzas políticas en finales de una campaña electoral, sino con el resto de la sociedad. Hay que incorporar los gremios profesionales y las entidades privadas del sector salud, a los ayuntamientos y las organizaciones comunitarias y juntas de vecinos.

Y desde luego, buscar donde sea y a la mayor brevedad, con el poder del Estado, y sin intermediarios, los equipos, medicamentos e insumos imprescindibles, en China y Rusia, donde hay disponibles, y hasta en España que finalmente parece haber parado la expansión del Covid-19. De nada servirán otros 45 días de emergencia, ni el toque de queda, si no se va a lo fundamental. Hay que reconocer que cada día parece más cuesta arriba la batalla, pero hay que desatar una nueva sinergia para ganarla.- .

¿Que por qué perdió el PLD?

El PLD perdió las elecciones porque no resolvió uno solo de los grandes problemas nacionales en 20 años de gobierno, ni siquiera el del transporte donde hizo gran inversión, ni mejoró la educación su principal renglón en los últimos 8 años

Por Juan Bolívar Díaz

Ha sorprendido sobre manera percibir a respetados comentaristas y cientistas sociales expresando sorpresa de que el Partido de l liberación Dominicana (PLD) pudiera perder las elecciones, lo que implica una subestimación horrible de la inteligencia de la ciudadanía, y una sobreestimación del poder coercitivo del Estado y de las migajas que se dejan caer de la mesa de la abundancia y la corrupción.

Hay quienes atribuyen el resultado electoral simplemente a la división del partido convertido en corporación, dominante de casi todo el Estado y de una significativa parte de las entidades privadas y hasta del segmento integrante de la inteligencia nacional. Es obvio que la división contribuyó a la derrota, y que unificado el partido morado hubiera tenido un mejor desempeño, sin duda para provocar una segunda vuelta, pero igual sería vencido.

Desde que Danilo Medina secuestró el PLD, amparado en el poder estatal, para hacer lo que nunca se ha hecho en la nefasta historia del reeleccionismo, dos reformas constitucionales consecutivas para mantenerse en la presidencia, quedó pintado que la sociedad dominicana no lo iba a asimilar y que el PLD se iba del poder. Quedó escrito en nuestros análisis sabatinos de HOY.

Lo diagnosticamos desde que en mayo del 2018 un grupo destacado de profesionales y activistas sociales iniciamos el esfuerzo por unificar la oposición política bajo un programa mínimo que denominamos “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional”, elaborado durante varios meses, sometido a consideración de grupos sociales en decenas de ciudades del país, Nueva York y Miami, hasta su proclamación en noviembre.

Desde enero del 2019 empezó el esfuerzo por convencer a los partidos de oposición de que nadie desplazaría por sí solo al PLD del poder, ni siquiera todos los partidos juntos, sin la incorporación de las amplios segmentos sociales que acababan de mostrar la fatiga nacional del PLD, cuando cientos de miles protagonizaron la Marcha Verde. Que este movimiento que sacudió el régimen en el 2017, estaba en declive a mitad del 2018, porque su gran diversidad le impedía prolongarse indefinidamente, pero sus energías flotaban en el aire.

La estrategia fundamental era capturar esas energías y convertirlas en fuerza electoral, lo que chocaba con los sueños revolucionarios de viejos izquierdistas que pretendieron que podrían trocarla en motor de una revolución. Salimos a buscar sus principales cabezas, tanto en la capital y Santiago como en las principales ciudades. Sólo una parte se incorporó activamente al proyecto político, pero la mayoría lo vio como una posibilidad de cambio.

Ya en febrero del año pasado logramos instalar una mesa de concertación a la que invitamos a todos los partidos de oposición. Desde el primer momento los precandidatos y líderes del PRM se enamoraron de la idea de constituir no sólo una gran alianza política, sino una coalición político-social, que generara sinergias suficientes para producir la avalancha que arrasaría con la vergüenza en que se había constituido el PLD.

Entre los más entusiastas estaba el PRSC, pero luego pidió “una pausa de reflexión” y no volvió. La Coalición quedó constituida con 7 partidos, sin lograr que se sumara Alianza País, aunque sensibilizada para luego acordar alianzas parciales en varias provincias, a lo que también concurrieron los partidos minoritarios que terminarían proclamando la candidatura de Leonel Fernández. Su recién constituida Fuerza del Pueblo participaría de las alianzas locales “para que el PLD no quedara con el control del Senado y frenara los cambios necesarios”.

Todos coincidieron en un protocolo para defender la institucionalidad democrática, firmado tres días antes de las frustradas elecciones municipales de febrero.

Firmados sus ”Lineamientos Básicos” el 23 de noviembre, la “coalición Democrática por el Cambio” impulsó la resistencia activa de toda la oposición a la reforma constitucional de Danilo, y protagonizó una manifestación unitaria ante el altar de la patria el 23 de febrero tras el aparatoso fracaso de la elección municipal. La avalancha siguió creciendo, impulsada por los jóvenes de la Plaza de la Bandera, entre los cuales se contaron los activistas de la Marcha Verde y de la coalición político-social.

El PLD perdió las elecciones porque no resolvió uno solo de los grandes problemas nacionales en 20 años de gobierno, ni siquiera el del transporte donde hizo gran inversión, ni mejoró la educación su principal renglón en los últimos 8 años, menos la salubridad, ni la energía. Porque se agravaron la inseguridad, la inmigración descontrolada, y sobre todo la corrupción y su descarada impunidad. La avalancha político social lo arrasó.-