La JCE está obligada a respetar su propia ley

JCE C

La forma en que se ha impuesto el conteo electrónico  de los votos 2016, es una clara violación de varios artículos de la Ley Electoral 275-97 vigente, y la creciente oposición generada, crean una crisis de credibilidad  que obliga a una rectificación  

Por Juan Bolívar Díaz

            Resulta inconcebible que la Junta Central Electoral (JCE), rectora del proceso democrático, esté violentando su propio marco regulatorio orgánico que no es otro que su ley Electoral 275-97, que quienes controlan el Congreso Nacional se han negado a conciliar con la Constitución que ellos mismos promulgaron hace 6 años.

            Los reclamos de los principales partidos de oposición obligan a rectificaciones que respeten la jurisdicción de los colegios electorales y garanticen un mínimo de confianza y credibilidad en el resultado de unas complejas elecciones nacionales suficientemente manchadas por la inequidad y el abuso de los poderes y recursos del Estado.

Los mandatos de la ley

            Sólo por la persistencia en que en este país se desconocen los principios constitucionales y las disposiciones legales, puede entenderse que la JCE haya impuesto un sistema de cómputo que vulnera claramente mandatos de su ley orgánica, que para ello y otros asuntos debió ser actualizada, a lo que se han negado quienes controlan  el Congreso.

            La forma en que se ha dispuesto el escrutinio viola varios artículos de la Ley Electoral 175-97 y sus modificaciones. El más relevante es el 127 donde se detalla el procedimiento que deben seguir los colegios electorales para computar los votos que en ellos se depositan, precisando que “el secretario desdoblará la boleta, leyendo en alta voz la denominación de la agrupación o partido a que corresponda la boleta y pasando ésta al presidente, quien  la  examinará  y exhibirá a los demás miembros y delegados presentes”.

            El cambio dispuesto es tan radical, que aunque dispone desdoblar y alisar la boleta para ser escaneada, prohíbe que se vea a quién favorece, derivando la confianza en un cien por ciento a la máquina. No hay explicación racional para que en ese operativo no pueda exhibirse el voto a todos los delegados como dispone la ley.

            Otros artículos desconocidos son el 133, que otorga a los delegados político el “Derecho de Verificación” de las boletas, y el 135, según el cual “Los miembros del colegio y los representantes de las agrupaciones y partidos políticos y sus sustitutos que hayan sustentado candidaturas podrán formular al pie del acta las observaciones que le merezcan las operaciones del escrutinio y firmar dichas observaciones”. También violan el artículo 120 al eliminar el entintado del dedo índice de la mano derecha.

Adecuarse a la Ley 175-97

            Es obvio que para establecer el escrutinio electrónico se necesitaba reformar la ley 175-97, lo que el Congreso no ha hecho, evadiendo adecuarla a la Constitución del 2010. Si  la JCE aduce que requiere una ley específica para cumplir las facultades regulatorias establecidas en su artículo constitucional 212, con más razón es necesaria para modificar el sistema de escrutinio que sí está normado legalmente.

            El titular de la JCE Eddy Olivares ha elevado una instancia para que el organismo modifique su resolución 64-2016 del 17 de abril pasado sobre la automatización del registro de concurrentes, del escrutinio y la transmisión de resultados, para que se cumpla el  artículo 127 de su ley orgánica, haciendo innecesario el conteo manual del 15 por ciento de los colegios dispuesto para hacerse en las juntas electorales municipales.

            A su juicio eso permitiría la automatización, evitando convertirla en un elemento de discordia y desconfianza en el proceso electoral. Sostiene que era aconsejable una serie de pasos previos, como capacitación de personal, auditoría de los equipos y software  y un plan piloto.

Siete partidos reclaman

            Hasta el viernes sumaban 6  los partidos que habían reclamado el conteo manual de los votos, concomitantemente con el electrónico, y un séptimo, la Fuerza Nacional Progresista, pide que el conteo manual de la muestra del 15 por ciento de los colegios que la JCE derivó a las juntas electorales municipales, se haga en las propias mesas de votación.

            Los que exigen el conteo manual total son el Partido Revolucionario Moderno, Partido Reformista Social Cristiano, Alianza por la Democracia, Partido Humanista Dominicano, Alianza País, y Frente Amplio, que sustentan las candidaturas presidenciales de Luis Abinader, Minou Tavárez y Guillermo Moreno.  Los cuatro primeros habían formalizado instancias ante la JCE.

            Tras una visita el jueves al movimiento Participación Ciudadana, encabezando una amplia delegación, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared, declaró que ellos aceptarán lo que decida la JCE, sea conteo manual o electrónico, y antes su candidato Danilo Medina había dicho que no le preocupa de qué forma se cuenten los votos, lo que implica no objeción a la modificación de la resolución  64-2016.

            Aunque no pueda aducirse como justificativo de la ilegalidad, es relevante que los delegados políticos de los partidos ante la JCE no registraran con más anticipación que se estaban volando los procedimientos legales. La resolución del 17 de abril fue el detonante.

Cadena de infortunios

            A dos semanas de la elección de 4 mil 106 cargos, presidenciales, congresuales y municipales, unificados por primera vez desde 1994, el escrutinio electrónico de los votos se ha convertido en un grave conflicto derivado de una serie de infortunios e imprevisiones  configurando  un salto autoritario que ignora las limitadas experiencias de 8 países donde se ha establecido progresivamente, luego de pruebas parciales, y de otros donde el sistema ha sido rechazado e incluso revocado.

            La JCE debió exigir al Congreso la reforma de la Ley Electoral, como condición  esencial para el cambio y haberse garantizado que todos los equipos y programas para la automatización estuvieran a tiempo para que fueran debidamente auditados. A tres semanas de los comicios apenas habían recibido el 55 por ciento.

            Debieron también entrenar a tiempo el personal técnico para operar  el funcionamiento de tres equipos electrónicos en cada uno de los más de 15 mil colegios electorales en un país sin garantía de energía eléctrica. Informes confidenciales indican que más del 60 por ciento de los convocados  no han pasado la prueba de aptitud.

Actuaciones prepotentes

            Los problemas que confronta la automatización de las elecciones se han debido también a actuaciones prepotentes del presidente de la JCE que impone una mayoría de tres a dos en gran parte de las decisiones del organismo, haciendo pocas  concesiones. a una minoría tan ilustrada como la que representan los juristas Eddy Olivares y José Angel Aquino, éste último también politólogo.

            Roberto Rosario volvió a pelearse en público con Participación Ciudadana que, en privado, sugirió en febrero la auditoría y el conteo manual de una muestra científica del  3 (luego 10) por ciento de los colegios buscando disipar las desconfianzas que han surgido donde quiera se ha planteado su automatización. En Venezuela, uno de los dos de América Latina con voto automático,  se cuenta manualmente en el 54 por ciento de los colegios.

            La primera reacción fue decir que siempre estuvo prevista la auditoría, aunque no se había anunciado, y luego que la habían acordado con la OEA, lo que resultó falso, puesto que esta institución precisó que sólo será observadora, no auditora. Y que nadie se deje confundir con la pretensión de que probar el funcionamiento de equipos, como harán hoy domingo, equivale a una auditoría de los mismos y sus programas informáticos.

Desplazamiento burlesco

            El 17 de abril emitieron la resolución disponiendo el conteo manual, no del 10 por ciento de los colegios solicitado, sino del 15, pero derivándolo a las juntas municipales, lo que implica una violación adicional a la ley electoral que dispone que los votos se cuentan en los colegios y que las juntas electorales deben consolidar todo el cómputo municipal y operar como instancia de revisión de impugnaciones, a tenor de los artículos 136 al 145.

            El artículo 139 dice: “inmediatamente después de concluidas las elecciones la junta electoral (municipal) comenzará a levantar una relación provisional del resultado de los comicios en sus jurisdicciones respectivas basadas en las relaciones de    votación a que se refieren los artículos 136,137 y 138 de  la presente ley”, sobre el escrutinio en los colegios .

            Este desplazamiento ilegal de facultades es por demás burlesco, porque las juntas de los grandes municipios tomarían días para contar los votos de decenas de colegios, dilatando la confiabilidad en los resultados de la automatización. En el DN, con 2,238 colegios, el 15 por ciento serían 335, en Santo Domingo Este 213 y 174 en Santiago.

            La reivindicación de la ley electoral conviene a la legitimidad de un proceso electoral ya marcado por la dramática desigualdad y abusos del Estado que, como dijo Danilo Medina en el 2012, siempre ha implicado en el país la reelección presidencial.-

Crisis de valores o cinismo

Por Juan Bolívar Díaz

01_05_2016 HOY_DOMINGO_010516_ Opinión9 A

    Servio Tulio Castaños, el dilecto vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia ha vuelto a deplorar que la sociedad dominicana refleje,  “de manera dramática, una crisis de valores que incluye el debilitamiento de las instituciones y la pérdida de confianza en la eficiencia y transparencia en la gestión de los servicios públicos”.

            Para otros la crisis es más profunda, fundada en una histórica devoción y sumisión al poder, sin importar el grado de corrupción, los niveles de represión, engaño y violencia, que pueden implicar el fusilamiento de héroes nacionales, como Francisco y María Trinidad Sánchez, Manolo Tavárez o Francis Caamaño, por haber desafiado a los gestores de la iniquidad.

            Es una sumisión tan acendrada, que comenzó frente a los exterminadores de la población indígena y siguió con la esclavitud y la exclusión, promovida hasta por las jerarquías eclesiales que nos impusieron como patrona la virgen a la que la ignominia oficial atribuye la protección de los poderosos conquistadores frente a los indefensos. No hay dudas que gran proporción de los religiosos de hoy, abominan de ese planteamiento y trabajan por la liberación espiritual, pero parece que es difícil desarraigar la ignominia.

            Esa devoción por el poderoso explica que sólo siete caudillos hayan gobernado la República por más de dos tercios de su historia, reeligiéndose una y otra vez: Pedro Santana, Buenaventura Báez, Lilís Hereaux, Horacio Vásquez, Rafael Trujillo, Joaquín Balaguer y Leonel Fernández. Los dos  últimos también dos tercios del posttrujillismo.

            Danilo Medina va en camino de sumarse a ese exclusivo club, reproduciendo los mismos “valores”: completó la obra de su antecesor en la desarticulación de los partidos que le hacían “oposición”, comprando sus dirigentes con los recursos del Estado, y de igual forma “conquistó” bloques enteros de diputados y senadores, como se ha hecho con todo el que ha querido acceder a riquezas rápidas y privilegios, no importa que sean jerarcas políticos, religiosos, sindicales, intelectuales o comunicadores sociales. Y a un millón de los pobres se les ha dejado  caer migajas de la mesa, con lo cual su atavismo cultural los deja satisfechos.

            Al dar cuenta de los resultados de la última encuesta Hallup-HOY el lunes 25 de abril, este periódico tituló arriba, en su página 8-A: “El 63% votaría por Danilo y ganaría en  primera vuelta”. Al centro otro título expresaba:  “El 63% cree usan fondos públicos a favor de DM”. La Gallup-HOY de julio 2015, días después de la última reforma constitucional para la reelección, registraba el mismo 63% de preferencias electorales a favor de Danilo, con 64% aprobando la burla de la Constitución, aunque el 52% de los mismos encuestados estuvo de acuerdo que para lograrlo “había corrido el dinero”, con sólo 26% en desacuerdo.

            En esta  última Gallup-HOY, el  33% considera que la corrupción es mayor que antes y otro 31% que es igual, para sumar 64%, el 82% señaló la delincuencia, o el robo, asalto y sicariato, como principales preocupaciones.

            Algunos analistas estiman que la aprobación del gobierno se debe al crecimiento económico, pero los encuestados no lo aprecian así: 46%  señaló el desempleo como principal problema, 58% ve la situación económica del país mala o muy mala, (sólo 15% buena o muy buena), 45% estima mala o muy mala su situación económica personal, (sólo 20% buena o muy buena) y 53% considera que al final del gobierno la situación económica será igual o peor, contra un 26% que ls espera mejor.

            ¿Cómo se explican todas estas contradicciones? Cinismo, en las capas sociales más educadas y mejor situadas económicamente, especialmente de los beneficiarios de la corrupción y distribución del patrimonio público. Alienación y sumisión de las masas ignorantes que agradecen felices hasta un pollo, y resignación y frustración en muchísima gente que quisiera vivir en un país mucho mejor. Finalmente, hay un segmento social que rechaza la alienación, no concilia con la corrupción, ni se resigna ni se deja frustrar, ¿En cuál grupo se sitúa usted, señor o señora lectora?

 

Se impone el conteo manual en una muestra de colegios

Por Juan Bolívar Díaz
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La Organización de Estados Americanos (OEA) no realizará una auditoría a los equipos y programas a emplearse en el escrutinio electrónico de los votos de mayo, la mitad aún sin ser recibidos, como había anunciado la Junta Central Electoral (JCE), lo que hace más imperativo el conteo manual de una muestra representativa de los colegios electorales.

Es irracional la renuencia a implementar un recurso, como el propuesto por Participación Ciudadana (PC) que busca certificar la legitimidad de un conteo de votos que por primera vez será realizado electrónicamente en el país, lo que hasta ahora sólo se ha hecho, y progresivamente, en ocho países, dos de ellos latinoamericanos.

La OEA sólo observará. Aunque el presidente de la JCE Roberto Rosario había anunciado el 12 de abril que había acordado con la Organización de Estados Americanos (OEA) la auditoría de los equipos y programas, hardware y software, a ser utilizados para el conteo electrónico de los votos de mayo, un comunicado de la institución precisa que sólo será observadora.

Respondiendo a un requerimiento para este análisis, sobre el tipo de auditoría, personal técnico y tiempo para el trabajo, el director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la institución, Gerardo Icaza, nos remitió la tarde del viernes un comunicado titulado “OEA observará simulacro de elecciones que se realizará en República Dominicana el próximo 1 de mayo”, que copiamos a continuación:

“La Organización de los Estados Americanos (OEA) enviará un equipo de especialistas a República Dominicana para observar el simulacro de elecciones que se realizará el domingo 1 de mayo, en el marco de la Misión de Observación Electoral que desplegará la OEA en el país de cara a las elecciones del próximo 15 de mayo. Los expertos podrán constatar el funcionamiento de los equipos que se utilizarán para el conteo de los votos.

“Una semana antes de la elección del 15 de mayo se desplegarán expertos y observadores que realizarán un análisis exhaustivo en organización y tecnología electoral, financiamiento y desarrollo de campañas, medios de comunicación y participación equitativa de mujeres y hombres en la contienda. El trabajo de este equipo se verá reflejado en un informe preliminar, que se presentará el día siguiente a la elección e incluirá los principales hallazgos y recomendaciones sobre la elección.

“La OEA ha desplegado hasta ahora 15 misiones de Observación Electoral en República Dominicana”.

La resolución de la JCE. En actitud de apertura, cuando ya los partidos de oposición comenzaban a pedir más que PC en conteo manual, Roberto Rosario hizo que el pleno aprobara esta semana el conteo manual de una muestra, pero no del 3 ni del 10 por ciento pedidos por el movimiento cívico, sino del 15 por ciento de los colegios, pero lo dañaron al disponer que se haga en las juntas municipales, pues en las grandes tomaría días y perdería el aporte de confiabilidad de los resultados que se anunciarían en horas.

No hay ninguna lógica ni razón para que el conteo manual no se haga en los mismos colegios de la muestra, tan pronto concluya el escaneo electrónico de los resultados, y aún cuando éstos se hayan transmitido. La ley electoral garantiza los delegados en las mesas, los cuales deben firmar las actas y/o levantar allí, no en las juntas, la impugnación que crean correspondiente.

La mitad del electorado se concentra en los 11 municipios más poblados, algunos con más de mil colegios, como el Distrito Nacional, donde la muestra pasaría de 300. Si ya transmitieron sus resultados, la mayoría de sus integrantes, que no sabrán si caerán en la muestra para el conteo manual, evadirían pasar la noche y días en la junta municipal haciendo cola para la verificación. Igual los observadores.

Las protestas, discusiones e impugnaciones lloverían en muchos colegios, donde los delegados de partidos desconfiarían de los resultados que arrojen las máquinas, y no sólo en el nivel presidencial, como se cree, sino y también en el municipal y sobre todo en el congresual por el voto preferencial para elegir los diputados. La certeza de una inmediata validación por el muestreo estaría llamado a disuadir conflictos e impugnaciones.

Sólo en Venezuela y Brasil. La afición a una falsa modernidad y la compulsión por comprar pueden explicar que un país con la mitad de la población sufriendo carencias de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, y con bajos índices educativos y de salubridad, se haya marcado como prioritario un sistema electrónico de escrutinio total de los votos, que apenas han adoptado ocho naciones del mundo, dos latinoamericanas, Brasil y Venezuela.

La automatización, que aquí se presenta como una panacea, apenas se ha ejecutado en Estados Unidos (con problemas en Florida, Virginia y California), y en La India, Suiza, Bélgica, Estonia y Filipinas. En Alemania la Suprema Corte la declaró inconstitucional al considerarla incompatible con la transparencia y controles públicos. Rechazado en Reino Unido e Irlanda, y fue revocado en Holanda y Finlandia. En ocho países latinoamericanos se ha probado parcialmente, en planes pilotos: Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Guatemala, en varios casos con problemas y rechazos.

En Brasil y Venezuela no es sólo electrónico el escrutinio, sino también la emisión del voto. Aquí en mayo próximo el voto seguirá siendo manual, lo que obliga a un escaneo de la triple boleta, previamente dobladas, y la congresual mayúscula, implicando riesgos de trabar las máquinas, lo que demanda personal técnico.

En Venezuela el sistema automatizado se ha utilizado con éxito en 16 procesos de votación nacional y regional, pero en todos se ha combinado el escrutinio electrónico con el manual en una muestra tan grande como el 54 por ciento de los colegios, y previamente se hace la auditoría de todos los equipos, para la cual se requiere un mínimo de tres meses, testimonió en Teleantillas el ingeniero Mario Torre, ejecutivo del Grupo de Sistemas Tecnológicos (GST), de la sociedad civil venezolana, que realiza allí las comprobaciones.

Prudente racionalidad. Las auditorías y la muestra de conteo manual han ratificado la eficacia y limpieza de la automatización de las votaciones en Venezuela, y han contribuido a que se aceptaran los resultados, aún en los últimos comicios cuando ha perdido el partido de gobierno.

Los que aparecen como favoritos para ganar los próximos comicios dominicanos deberían ser los más interesados en que no quede la mínima duda y promover la mayor transparencia en un sistema nuevo, que implica muchos desafíos, pues se emplearán tres máquinas electrónicas.

Y a estas alturas del proceso, ningún partido puede reclamar ahora que se haga el conteo manual de la totalidad de los colegios, como han hecho dos. Una muestra científica del 10 ó 15 por ciento sería suficiente. Siempre con la esperanza de que ninguno de esos equipos registre fallas importantes. Debería imperar una prudente racionalidad.-

Abusos fiscales en campañas y desguañangue institucional

Por Juan Bolívar Díaz
17_04_2016 HOY_DOMINGO_170416_ El País13 A

Cuatro expertos, participantes en un foro organizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), coincidieron en que en las dos últimas elecciones, bajo gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, se ha desbordado el gasto fiscal, con un acentuado desguañangue de la institucionalidad democrática.

Datos ofrecidos por el experto en asuntos fiscales José Rijo y por la Comisión Económica del Partido Revolucionario Moderno (PRM) indican un incremento del déficit fiscal en la actual coyuntura electoral, aunque en menor medida que en la anterior, cuando el desbordamiento prosiguió aún en el período de transición al nuevo Gobierno.

Del mito a la realidad. En la exposición fundamental de un foro organizado por el área de Negocios del INTEC el martes 12 sobre el gasto público en períodos electorales, el economista Pavel Isa Contreras sostuvo que es un mito el planteamiento de que siempre en los años de elecciones el gasto del Gobierno, corriente o de capital, se desborda generando desbalances fiscales, pero que sí fue una realidad en el 2008 y 2012.

Al analizar el gasto público en los últimos 25 años, con seis elecciones presidenciales, Pavel Isa concluyó que “el gasto público y el déficit fiscal se desbordan solo en las últimas dos”, con la particularidad de que en el 2008 el exceso fue fundamentalmente del gasto corriente, y en el 2012 del gasto de capital. En el primer caso el presidente Leonel Fernández buscaba la reelección, y en el segundo la continuidad de su partido en el poder con Danilo Medina de candidato presidencial.

En el 2012, cuando se alcanzó un déficit fiscal histórico en virtud de que el Gobierno central gastó más de 155 mil millones de pesos sobre lo presupuestado, una proporción significativa ocurrió aún después de las elecciones, lo que pareció obedecer al interés del presidente Fernández de concluir y avanzar obras buscando rentabilidad política para abonar una vuelta al poder en el 2016, frustrada por el predominio del proyecto reeleccionista del presidente Medina.

Isa contreras documentó que en los años electorales el gasto gubernamental crece significativamente entre enero y abril y decae de mayo a noviembre, mientras en años no electorales el gasto es menor en los primeros meses y mayor en la segunda mitad.

Desguañangue institucional. Los cuatro expositores coincidieron en que en los dos últimos procesos electorales no solo hubo muy alto déficit fiscal, sino también un acentuado desguañangue de la institucionalidad democrática.

De diversa forma lo expusieron Pavel Isa, José Rijo, experto en asuntos fiscales, el también economista Ernesto Selman, director del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, y el sociólogo Carlos Pimentel, del área de Transparencia del movimiento Participación Ciudadana.

El consenso fue absoluto en que los organismos de control no funcionan, generando impunidad, con un Congreso que no cumple su función de fiscalización, deficiencias de la Cámara de Cuentas, politización de órganos judiciales, ignorancia del paquete de leyes de control presupuestario, transparencia y rendición de cuentas, “con prevalencia de una cultura política que obstruye el funcionamiento de las instituciones democráticas”, según Pimentel.

Selman señaló la responsabilidad de las élites empresariales y sociales, empeñadas en la búsqueda de beneficios particulares, denunció las políticas populistas y clientelares, sostuvo que entre 2007 y 2008, durante el último proceso reeleccionista, concedieron la mayor cantidad de exoneraciones impositivas vigentes, y concluyó demandando un pacto ético.

Mientras Pimentel denunció la existencia de un “Estado capturado” por la coalición de intereses económicos y políticos, con gobiernos que ignoran todo un conjunto de normativas presupuestales, de transparencia y controles en los que la sociedad dominicana se empeñó durante las últimas dos décadas.

También en el actual proceso. José Rijo convino en que la mayor crisis es institucional, con el secuestro del Congreso, la justicia y los mecanismos de control por parte del Poder Ejecutivo, sosteniendo que en la actual coyuntura electoral se está produciendo otro desbordamiento del gasto en aras del proyecto continuista, resaltando que en el primer trimestre hay un déficit fiscal de 29.5 mil millones de pesos, muy superior al de 4 millones registrado en el mismo período del año pasado.

Al comparar el comportamiento del gasto en el primer trimestre del 2016 con el mismo período del 2015, el experto en asuntos fiscales sostuvo que se está disparando tanto el gasto corriente como el de capital Y ejemplificó: en obras para edificación no residencial el gasto creció de 4,351 millones a 7,392 millones de pesos. En infraestructura terrestre y obras anexas pasó de 1,943 millones a 7,290 millones de pesos.

En nominillas y personal transitorio, el Ministerio de Obras Públicas pasó de un gasto de 196 a 329 millones de pesos, la Presidencia de la República de 139 a 221 millones de pesos, y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de 60 a 188 millones de pesos.

Rijo ofreció abundantes datos para resaltar el crecimiento en el primer trimestre de este año del gasto gubernamental en publicidad y propaganda, en pasajes, viáticos y gastos de representación, renglones que vincula a la campaña electoral.

Otro foro de denuncias. Otro foro académico, celebrado el jueves con auspicios de la Fundación Ebert sobre “Las altas cortes y la crisis del sistema de justicia”, concluyó también denunciando la quiebra institucional de la nación.

Aquí los expositores centrales fueron el destacado jurista y dirigente social Francisco Alvarez Valdez y el vicepresidente ejecutivo de la influyente Fundación Institucionalidad y Justicia, también reconocido jurista Servio Tulio Castaños Guzmán.

Alvarez Valdez trazó el proceso de ascenso del sector justicia a partir de la reforma constitucional derivada de la crisis política de 1994, hasta el retroceso con la politización y subordinación de los órganos judiciales, especialmente tras la Constitución del 2010 y la captura del Consejo Nacional de la Magistratura por el Poder Ejecutivo.

Castaños Guzmán convino en que todo el sistema de justicia está en crisis, resaltando los bajos niveles de aceptación que le marcan las encuestas.

Se remitió al último índice de competitividad del Foro Económico Mundial que coloca la independencia del Poder Judicial dominicano en la posición 124 entre 140 naciones evaluadas.

Resaltó el descrédito de la Policía Nacional, con alta proporción de miembros involucrados en crímenes.

Este mundo es insostenible

Por Juan Bolívar Díaz
17_04_2016 HOY_DOMINGO_170416_ Opinión9 A

El invierno de este año apenas pudo reducir el flujo de los cientos de miles de asiáticos y europeos que cruzan y muchos dejan la vida en el Mar Mediterráneo, para tocar las puertas de Europa, reclamando alguna participación en el bienestar construido en este mundo con el aporte de todos. Y desde que asoma la primavera se eleva el oleaje humano volviendo a disparar la alarma en el continente europeo.

Es natural y comprensible que las naciones desarrolladas se empeñen en establecer límites a la masiva “invasión”, que parece una venganza histórica de la que varias de ellas protagonizaron durante siglos en lo que hoy se conoce como tercer mundo, y de la que derivaron tanta riqueza, que muchos consideran fue fundamental para su apogeo.

Lo más conflictivo es que esa migración y las políticas para contenerla generan conflictos internos, con discursos de estigmatización y exclusión de ciudadanos europeos y norteamericanos descendientes de inmigrantes, constituyéndose en un círculo vicioso, al disparar radicalismos y fundamentalismos en sus propios territorios y a nivel universal, caldo de cultivo de un terrorismo que nadie puede justificar por las deudas históricas de la esclavitud, la sobreexplotación de recursos naturales y los repartos políticos del tercer mundo. Pero que los traen de nuevo al tapete.

Lo que se proyecta es ominoso y demanda de un gran liderazgo con capacidad para enfrentar los graves desafíos, como el que emergió tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la creación del estado de bienestar, impulsado por el temor a la expansión del comunismo, fortaleció y sustentó las llamadas sociedades occidentales.

El problema es muy complejo y profundo, pues lo que lo genera no es otra cosa que la extrema desigualdad que se ha apoderado de este mundo después del final de la guerra fría que, si bien nos mantenía al filo de la confrontación total, contenía los extremos del mal reparto de los bienes y hasta prometía solidaridad con los más desposeídos de dentro y de fuera de los templos del bienestar.

Los datos que revelan recientes estudios internacionales como los de Oxfam, avalados en un informe conjunto, por la Comisión Económica para América Latina, indican que este mundo del siglo 21 es insostenible, y que no habrá seguridad para nadie. Que los fundamentalismos de diversas manufacturas, alimentados por la extrema desigualdad, nos mantendrán a todos en ascuas.

Lo datos están ahí: el año pasado solo 62 personas poseían la misma cantidad de riqueza que la mitad de la humanidad, es decir que 3,600 millones de seres humanos. Y la concentración se incrementa a velocidad de rayo, en 44 por ciento en solo cinco años. En el 2010 los que concentraban esa proporción de la riqueza eran 388.

Visto de forma más amplia, el uno por ciento de la humanidad, es decir unos 72 millones de personas, usufructúan más riqueza que el 99 por ciento restante, nada menos que unos 7,128 millones de seres humanos. En lo que va de este siglo la mitad más pobre de la humanidad solo ha recibido el uno por ciento de la riqueza generada, mientras el 50 por ciento de la misma ha ido al bolsillo del uno por ciento más privilegiado.

Así, con esa extrema desigualdad reproductora de pobreza, desesperación y sed de venganza, no habrá seguridad para nadie en este mundo, por más que se aceiten las maquinarias de la represión o la contención. La injusticia la inequidad y la iniquidad es tan descomunal, que muchos no quieren verla y apuntan a soluciones erradas, que agudizan las contradicciones.

Si en verdad fue Dios que hizo este mundo, tendrá que apresurarse a provocar su modificación, antes de que la inmensa tragedia del acaparamiento abata esta civilización.

Carta enviada por Juan Bolívar Díaz al periódico HOY

                                                                                                                                    Abril 12 del 2016.-

Licenciado

Bienvenido Álvarez Vega

Director de HOY

Presente.-

Muy estimado Bienvenido:

            De ninguna manera voy a reclamar mucho espacio para responder los nuevos inventos del señor César Medina, a quien ya no le alcanzan sus columnas en el Listín Diario para injuriar. No se puede polemizar con un mentiroso tan patético y con delirio de grandeza, capaz de citar a personas vivas que está fabulando, como los compañeros de Ultima Hora, El Sol, El Nuevo Diario, HOY y Teleantillas.  Quiterio Cedeño no me sustituyó en El Sol, por el contrario se fue conmigo y Ramón Colombo y casi toda la redacción  a fundar El Nuevo Diario.

            Obviamente que se le olvidó que tu, Bienvenido, estuviste entre los iniciadores de Uno+Uno  en Teleantillas. Y llega al descaro de decir que él era el director de prensa, y que cuando pedí su despido, fui yo quien tuvo que irse de la empresa. ¡Oh Dios y llevo 29 años trabajando cada día en el canal a la vista de todos! Su locura lo lleva a inventar que me opuse a su noviazgo con Mirna Pichardo, porque ella trabajaba en otro canal.

            Con mi artículo del domingo pretendí ponerle un límite a las diatribas e infamias del embajador Medina y asociados. Pero veo que es imposible, pues su capacidad de fabular es inconmensurable. Y él ya está hablando del “campo del honor” y temo que me vuelva a desafiar a pelear,  a matarnos,  no sé ahora con qué armas. Y ahí yo perdería definitivamente.

            Me resigno a que los ejecutivos del Listín, cuyo espacio no pretendo ocupar,  le permitan seguir usando sus páginas para injuriar al “pobre”, “frustrado” y “envidioso” “Bolivita”. Decir más sería muy penoso.

            Con los afectos de siempre,

                                                                                    Juan Bolívar Díaz

El PRM es quien presenta más propuestas de gobierno

Por Juan Bolívar Díaz
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El Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato presidencial Luis Abinader encabezan con mucho las propuestas de gobierno de cara a las elecciones generales del próximo mes y contrario a lo que se denuncia, no han rematado las debilidades y escándalos del Gobierno, lo que no puede equipararse a campaña sucia.

Esa opción política perdió demasiado tiempo y energías en el reparto de candidaturas, luchando con limitados recursos contra el desafuero de las ambiciones individuales y el poder del partido-Estado en cada circunscripción electoral, y al lanzar su ofensiva final, tropieza con la capacidad contenciosa del Gobierno.

Se les acaba el tiempo. A cinco semanas de las elecciones, a la oposición a la reelección del presidente Danilo Medina (DM) se le está acabando el tiempo, tras el fracaso de todos los intentos de acercamiento para alcanzar algún grado de concertación para enfrentar unidos lo que todos reconocen como una descomunal maquinaria de poder de un partido sin límites en el abuso de todos los poderes del Estado.

Son siete los candidatos alternativos a la continuidad de DM en el poder: Luis Abinader, Guillermo Moreno, Minou Tavárez, Hatuey de Camps, Pelegrín Castillo, Elías Wessin Chávez, y Soraya Aquino. Pero sólo los tres primeros han aparecido en alguna de las encuestas nacionales con más del 1 por ciento de las preferencias, Abinader ha predominado absolutamente en promedio sobre el 30 por ciento.

Tres de los candidatos, Hatuey (bregando por la salud), Wessin y Soraya, ni siquiera han tenido fuerte presencia en los medios de comunicación y en los escenarios de las entidades sociales, en lo que han tenido ventaja los otros cuatro, que se han lanzado especialmente por las redes sociales, la radio y la televisión.

Pero aún en la oposición Abinader ha sido el único que ha conseguido recursos para colocar el 17 por ciento de la publicidad en los medios masivos, como documentó un monitoreo del mes pasado de Participación Ciudadana, en el que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acaparaba el 82 por ciento. Estos dos dejaban a los seis restantes con menos del 1 por ciento de la publicidad. Así no hay quien compita en ninguna democracia.

Fracasa el último intento. A pesar de la extrema desigualdad la oposición no ha podido concertar ni para enfrentar los abusos del poder, como el del jueves 7 cuando el candidato del PLD entregaba más de cinco mil títulos de propiedad a parceleros de la reforma agraria con décadas esperándolos en Azua. Tuvo que suspenderlo por la mitad, cuando una multitud lo caotizó denunciando discriminación política. En Santiago concentraron el martes 5 a miles de niños y adolescentes para presentar su plan de “República Digital”, sin precisar si Medina hablaba como presidente o como candidato y si era un acto del gobierno o del partido.

El último esfuerzo, impulsado por allegados a las candidaturas alternativas de Minou Tavárez y Guillermo Moreno logró algún avance en la Semana Santa, cuando se verificaron dos reuniones y llegaron a integrarse representantes del más alto nivel de los siete candidatos de oposición. Redactaron y circularon dos documentos, uno demandando equidad en la campaña electoral y el otro comprometiéndose a defender cada voto.

Ya no se trataba de unir candidaturas, con los plazos de inscripción cerrados, sino de concertar para reclamar límites al desbordamiento del Estado en la campaña. Fechado el 30 de marzo, uno de los proyectos titulado “Ante el abuso del poder, la oposición unida reclama elecciones democráticas, libres y equitativas”, contiene 7 consideraciones, 4 emplazamientos al gobierno y a la Junta Central Electoral, reclamando medidas concretas, y 3 compromisos para evitar compra de votos e integrar al pueblo a la lucha democrática.

El otro era un proyecto de “Pacto para defender el voto”, con 3 consideraciones y 17 compromisos concretos, entre ellos velar cada voto en los colegios electorales donde tal vez sólo el PRM alcance a tener delegados en todos. Dicen que la Alianza por la Democracia, que postula a Minou, fue de los más decididos, y que al final desistieron los delegados de Moreno, Hatuey y Pelegrín.

Candidatos sin recursos. No hay dudas que los partidos alternativos han logrado postular buenos candidatos y candidatas al Congreso y los municipios, incluyendo jóvenes incontaminados de la política, activistas sociales y comunitarios. Pero tienen en común el no contar con recursos para competir en un sistema político que ha encarecido el costo de la democracia, en beneficio de los que pueden reunir dinero, legítimo y sobre todo ilegítimo. Los alternativos han resaltado en los cuatro debates de Uno+Uno con candidatos a las alcaldías de Santo Domingo Este y Norte, y de San Cristóbal, y a diputados nacionales.

Andrés L. Mateo se ríe cuando le preguntan cuál es su presupuesto de campaña para diputado y cuándo pondrá vallas. Testimonia que una de sus contrincantes en la competitiva circunscripción 1 del DN confiesa haber gastado 50 millones de pesos sólo para asegurarse la candidatura. En la capital ya es difícil conseguir una valla en las confluencias fundamentales, pues los gobiernistas las tienen monopolizadas, dicen activistas de David Collado, el candidato a alcalde por el PRM que sí tiene recursos.

Hay quienes se quejan de Abinader porque en un año no ha llegado al 40 por ciento de las preferencias, ignorando que partió de un partido desintegrado con apoyo gubernamental, que ha dispuesto de pocos recursos y que compite contra un candidato que dispone de todo el poder y de los órganos de control. Si estas elecciones hubiesen sido sólo presidenciales, estaría en mejor posición, ya que perdió más de la mitad de su tiempo y energías en los últimos meses arbitrando ambiciones desaforadas y tratando de evitar que el dinero, los contratos y los privilegios del Estado le compraran cuadros de su partido.

Las propuestas del PRM. Aunque muchos se quejan de la escasez de propuestas en la campaña electoral, el PRM ha liderado absolutamente en ese renglón, con un equipo de profesionales y técnicos del mayor nivel en economía, políticas sociales, agropecuaria, educación y relaciones internacionales.

Desde agosto presentaron y distribuyeron una propuesta de programa de gobierno que han enriquecido progresivamente, incluyendo propuestas sectoriales para las mujeres y los jóvenes, los que están en su página de internet. Allí se encuentran propuestas específicas para mejorar la calidad del gasto público, para el desarrollo agropecuario, seguridad ciudadana, relaciones exteriores, para un “gobierno eficiente”, un plan de creación de empleos. También respuestas a las doce necesidades más sentidas de la sociedad.

Los partidos y grupos integrados a la Convergencia que apoyan la candidatura de Luis Abinader firmaron un compromiso ético que incluye combatir el clientelismo y el dispendio público, comprometiéndose a eliminar barrilitos, cofrecitos y repartos en las entidades públicas. Y para esta semana anuncian la firma de un compromiso de reformas con dos ejes fundamentales, de políticas e institucionales y económico-sociales.

El Partido Revolucionario Social Demócrata, que postula a Hatuey de Camps, ha distribuido un “Programa Mínimo de Gobierno”. Aunque el presidente Medina ha anunciado varios programas sociales y económicos, todavía el PLD no ha renovado su programa de gobierno y en su página de internet aparece el presentado hace 4 años.

Límite a las diatribas e infamias

Por Juan Bolívar Díaz
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Nunca he ocupado los espacios periodísticos en que intervengo para enjuiciar el trabajo individual de los demás comunicadores, por respeto a la diversidad y entendiendo que no me pagan para eso, y he rehuido responder los frecuentes ataques e infamias de otros convertidos en sicarios de la palabra. Pero como todo tiene su límite, esta vez quiero poner en su lugar algunas de las infamias lanzadas esta semana por mi testimonio sobre el asesinato del inolvidable periodista Gregorio García Castro (Goyito), hace 43 años.

No sé de dónde sacó el comentarista Alvaro Arvelo que en ese trabajo, titulado “A Goyito García Castro lo matan por combatir crímenes políticos”, se insinuaba que el periodista César Medina fue quien realizó la llamada telefónica que condujo al Jefe de Redacción de Última Hora hacia su carro, para ser asesinado. Dije que al despedirme de Goyito a las 8 de la infausta noche del 28 de marzo de 1973, lo dejé con Medina en la redacción, pero precisé que a las 8.30 ya aquel había quedado solo y que tras recibir una llamada no cerró la puerta como hacía el último en salir. Consigné que “he vivido hilvanando hipótesis sobre el gancho que movió a un periodista tan astuto”, lo que quiere decir que hasta ahora no lo sé.

Nunca he dicho ni he pensado que César Medina fuera el autor de la llamada telefónica, porque no apelo a la infamia, porque no lo he creído capaz de una acción tan horrenda, y porque siempre supe que Goyito fue víctima del sector militar-policial que adversaba al general Neit Nivar Seijas, con el que ambos mantenían vínculos.

Deploro y rechazo enérgicamente las diatribas que durante varios días me ha dirigido el periodista embajador Medina en su columna diaria del Listín Diario. Pero sobre todo por poner en boca de Goyito palabras infames que nunca pronunció, abusando del forzado silencio de ese mártir del periodismo.

No salí despedido de Última Hora ni de los dos diarios que luego dirigí, como inventa el columnista. Me fui del vespertino en mayo de 1974, días antes de la farsa electoral reeleccionista por la censura que impuso a mis trabajos personalmente el presidente de la editora, Moisés Pellerano. Hasta ahora nunca me han botado de un empleo en 55 años de trabajo, los últimos 29 como ejecutivo periodístico de Teleantillas.

Virgilio Alcántara dirigió Última Hora con absoluta profesionalidad, en armonía con Goyito y con todos los que integramos la redacción, todos afortunadamente vivos. Ambos integraron a Aníbal de Castro, Guarionex Rosa y a mí, a iniciativas propias de sus responsabilidades. Nos dieron confianza para planificar, investigar y ejecutar, y entre nosotros no hubo la menor fisura. No teníamos unanimidad de criterios, a lo que ninguno aspirábamos, pero sí pleno respeto profesional y una gran fraternidad.

Cuando asesinan a Goyito estuve entre los que dedicamos tiempo a investigar. Me tocó el triste encargo de pronunciar el panegírico en su funeral. Del 29 de marzo al 13 de abril el espacio de su columna “En un Tris” apareció vacío en Última Hora. Virgilio me encargó escribir su despedida el día 14.

En Última Hora nunca tuve problema alguno con César Medina, el reportero policial, y más de una vez, Goyito me encargó corregir algunos de sus trabajos. Ya entonces en torno al vespertino yo tenía un taller donde concurrieron varios incipientes periodistas que luego descollarían. Y recorría el país, a nombre del Sindicato de Periodistas Profesionales, junto al padre Villaverde, Núñez Grassals, Quiterio Cedeño, Luis Minier y Alvarez Vega, elevando la formación profesional de los corresponsales.

Donde sí tuve problemas con Medina fue en Teleantillas, a poco de haber yo asumido su dirección de prensa en 1987. Me llegó trasladado desde HOY y le encargué la jefatura de Información. No pudo ajustarse al equipo y algunas semanas más tarde me desafió a pelear. Como yo nunca resuelvo las diferencias a golpes, ese mismo día quedó despedido. Entiendo que se enemistara conmigo, pero no que a casi tres décadas persista en fabular e inventar infamias, contando siempre con mi renuencia a discutir mezquindades.

A Goyito García Castro lo matan por combatir crímenes políticos

Por Juan Bolívar Díaz
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Los represores del régimen balaguerista supieron muy pronto que fui yo quien entrevistó a Toribio Peña Jáquez, tras el desembarco del grupo de Francisco Caamaño en 1973, por lo que me persiguieron en esos días, y Goyito García Castro no pudo oponerse a la publicación, como se ha escrito, pues se enteró cuando ya estaba en prensa.

Cuando lo mataron, García Castro llevaba más de tres años denunciando los desmanes y crímenes de la banda terrorista auspiciada por el sector más duro del balaguerismo militar policíaco y terminó siendo víctima de la lucha de poderes entre los grupos que encabezaban los generales Enrique Pérez y Pérez y Neit Nivar Seijas.

Un persistente equívoco. Al evocar al brillante periodista Gregorio García Castro (Goyito), en el 43 aniversario de su asesinato, el colega Chichí de Jesús Reyes (HOY del lunes 28 de marzo) incurre en el persistente error de vincular ese vil crimen con la publicación de la entrevista que hice a Toribio Peña Jáquez, miembro del núcleo guerrillero encabezado por la figura histórica de Francisco Caamaño Deñó, que desembarcó por Playa Caracoles, Ocoa, al comenzar febrero de ese año para combatir la cuasi dictadura de Joaquín Balaguer.

Peña Jáquez contaría cómo quedó extraviado en la oscuridad del desembarco y optó por venir a Santo Domingo, donde halló protección. A través de él los líderes de la izquierda y del Partido Revolucionario Dominicano supieron de la imprevista llegada al país del heroico Caamaño y sus ocho valientes compañeros para lo que en dos semanas concluiría en una inmolación, excepto Hamlet Hermann y Claudio Caamaño, que lograron sobrevivir hasta su reciente muerte este año.

Al día siguiente ya el aparato represivo del Gobierno sabía que uno de los guerrilleros había llegado a la capital, creyéndose erróneamente que Caamaño lo había enviado para procurar respaldo, por lo que arrancó una intensa búsqueda, con allanamientos y encarcelamiento de opositores, aunque no tuvieran vínculos ni compromisos con el líder de la revolución constitucionalista. Hasta Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, que no tenían compromiso con el foco guerrillero, tuvieron que ocultarse para no ser encarcelados.

Entrevista casi suicida. Como reportero investigador que trabajaba en Ultima Hora y que tenía amplias relaciones con la oposición al régimen, emprendí también la búsqueda de Toribio para entrevistarlo, lo que vino a ocurrir diez días después de sellada la suerte de la insurrección con el asesinato de Caamaño, tras ser capturado herido el 16 de febrero. Solo el director del periódico, Virgilio Alcántara, y Aníbal de Castro, entonces asistente de Goyito en la jefatura de redacción, fueron enterados del proyecto. Se preocuparon por mi seguridad, pero compartieron su valor periodístico, más aún cuando todavía hasta Bosch discutía en público si era cierta la presencia de Caamaño o si lo habían traído ya muerto.

Fue la entrevista más difícil, casi suicida, de mi vida profesional. Y no la hubiese realizado de haber sabido con anticipación que se haría dentro un automóvil dando vueltas por una ciudad militarizada con miles de soldados y policías buscando al entrevistado. Me citaron para recogerme en la calle Wenceslao Alvarez. Raúl Pérez Peña al volante de su Lada me invitó a ocupar el otro asiento delantero y noté que en el trasero iban dos hombres.

Creía que nos dirigíamos al refugio del guerrillero hasta que el Bacho Pérez me dijo que empezara la entrevista pues quien iba detrás de mí era Peña Jáquez. Al voltearme reconocí al técnico que arreglaba los teletipos cuando comencé como director de Prensa de Radio HIN en 1968. Grabamos durante más de una hora, cruzándonos varias veces con patrullas militares y policiales en vehículos artillados con ametralladoras. Luego sabría que Peña Jáquez y su acompañante del asiento trasero portaban armas y granadas.

Moisés Pellerano opuesto. Con Alcántara y De Castro analizamos el rico material periodístico. Despejaba todas las dudas sobre la incursión de Caamaño, con lujo de detalles sobre la travesía, el desafortunado desembarco y los planes guerrilleros. Toribio, a quien el genio titulador de Goyito bautizaría como “el guerrillero sin montaña”, sostuvo que el cadáver mostrado a la prensa no era de Francis Caamaño, dejando alguna confusión. Por elemental discreción no informamos a nadie más, ni siquiera a Goyito, pese a ser el jefe de la Redacción. Decidimos no involucrarlo precisamente porque ya arrastraba múltiples amenazas y tensiones a causa de sus opiniones en su columna En un Tris y en su programa diario televisivo.

De manera que García Castro no tuvo oportunidad de oponerse a la publicación, de la entrevista, como se ha dicho. Y los tres sabíamos que él hubiese sido el más decidido partidario de realizarla. Aunque es cierto que él dijo en la redacción que seguramente se la atribuirían. Quien se opuso fue el presidente de la editora, Moisés Pellerano, que solo accedió con la incierta versión de que el guerrillero había venido a la redacción.

El sábado 3 de marzo salió, sin firma, la extensa entrevista en varias páginas de Ultima Hora, incluyéndose fotografías del equipo del guerrillero sobre el piso de la redacción, en una de las mayores tiradas del periodismo nacional. Con el material ya en proceso fue que enteramos a Goyito y a otros compañeros y acordamos “hacernos invisibles” hasta el lunes para evadir cualquier represalia.

El gancho en que no caí. Tres días después ya los aparatos represivos sabían quién había hecho la entrevista, y alguien me lo advirtió. Me allanaron la casa dos veces en una semana, y para mediados de marzo, a la medianoche respondí una llamada telefónica de una fina mujer que quería hablar con mi madre, llamándola por su nombre familiar “doña Juanita”. Me extrañó que una amiga llamara a mamá a esa hora, lo que le informé a la interlocutora que me instaló amable conversación, hasta que le pregunté si le podía ayudar en algo. Como quien no quiere la cosa dijo que quería avisarle a Juanita que le había dejado un paquete en la galería. Ya entonces empecé a despertar y le pregunté cuál de las amigas era que hablaba. Una de las vecinas, dijo. Y cuando le requerí cuál de las vecinas, cortó la llamada.

Al llegar al periódico aquella mañana, al primero que conté la ocurrencia fue a Goyito, quien celebró que no cayera en “ese gancho mortal”. Yo vivía muy alerta desde que tres años antes, el 19 de marzo de 1970, en la misma casa, en la calle Trinitaria a una cuadra del Palacio Nacional, me desperté con la explosión de mi primer carrito. Casi me explota el alma la trágica noche del 28 de marzo, cuando tras el asesinato de Goyito concluimos en que lo llamaron invitándolo a ir hacia su carro estacionado en la Mercedes, donde lo acribillaron. Solo él quedaba en la redacción, donde yo lo había dejado junto a César Medina a las 8:00 cuando mi novia me fue a buscar para llevarme hasta casa, de donde no salía en las noches. Cuando me despedí Goyito me dijo “cuídate que te están velando”.

A las 8.30 Goyito no se iba todavía. Dejó su bolígrafo en el escritorio, el saco sobre el respaldo de su asiento, la redacción abierta, aunque el último en salir le ponía llave, y le dijo al policía que cuidaba el Listín Diario en la acera del frente, que le echara un ojo a la puerta pues regresaría de inmediato. He vivido hilvanando hipótesis sobre el gancho que movió a un periodista tan astuto.

Los méritos de Goyito. Goyito tenía suficientes méritos para ganarse la persecución de los duros del balaguerismo. No atendió las advertencias de muerte porque creía que pesaría su antigua amistad con Balaguer, a quien ayudó a fundar el Partido Reformista en Nueva York en 1964. Aunque él había buscado distancia política tras la salida de Ultima Hora en 1970, criticando los crímenes y la represión del régimen, en especial al grupo terrorista parapolicial La Banda, cuya paternidad se atribuyó al grupo militar que encabezaba el general Enrique Pérez y Pérez.

En sus últimos años Goyito militó en la defensa de los derechos de asesinados, perseguidos, presos o exiliados. Como mantuvo la amistad con el general Nivar Seijas, cabeza del otro grupo que se disputaba la hegemonía policíaco-militar del régimen, pudo haber sido víctima de esa lucha de poderes. Balaguer designaría precisamente a Nivar como jefe de la Policía para que investigara el asesinato de Goyito.

¡García Castro hizo “suficientes méritos” para generar animadversión, incluyendo la personalización del liderazgo de los grupos más radicales de la represión. Solo hay que revisar sus últimas seis columnas “En un Tris”, hasta la del día de su muerte, para encontrar más méritos que el de haber publicado un relato de un hecho que ya era historia y no entrañaba peligro, dos semanas después de muerto Caamaño y liquidado su proyecto.

Y dejo constancia de que Goyito fue un extraordinario periodista, sensible, solidario y valiente en la defensa de principios, un incansable trabajador, amable con todos. Disfrutábamos de su compañía. A mí me protegió siempre, aconsejándome y, a veces, quitando mi nombre de trabajos que creía peligrosos para mi seguridad.

Más equidad y transparencia

Por Juan Bolívar Díaz
03_04_2016 HOY_DOMINGO_030416_ Opinión9 A

Si el Gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) están tan convencidos de que obtendrán hasta más del 60 por ciento de los votos en los comicios del mes próximo, como pregonan, y de frente a siete candidaturas de oposición, no deberían economizarse ni el menor esfuerzo por revestir de mayor equidad y total transparencia todo el proceso para, como dijo esta semana el ministro Administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, evitar dar justificación a las objeciones.

Por igual, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, debería dejar de ver conspiraciones en las legítimas preocupaciones que han expresado instituciones sociales y contados periodistas sobre la procedencia de auditorías técnicas tanto al padrón electoral como a los equipos que sostendrán el novísimo sistema de escaneo automático de los votos. Aunque sea también para no dar justificación a posibles objeciones. Con más razón si las hubiese anunciado antes de que se lo plantearan. Tampoco debería ofenderse con la sugerencia de hacer también un conteo manual de los votos en el 3 por ciento de los colegios para que no queden dudas de que el resultado ha sido igual al electrónico.

El Gobierno ha dado algunos pasos acogiendo varias de las objeciones al abuso de los recursos estatales en la campaña electoral, como instruir para evitar el uso de vehículos oficiales en el proselitismo, y el más significativo de suspender la desproporcionada publicidad política gubernamental, que es una forma indirecta de promover la reelección.

Por cierto que esas iniciativas las tomó después de las denuncias de instituciones sociales, como en el caso de Participación Ciudadana, que documentó un incremento sobre el cien por ciento de la publicidad gubernamental en el primer bimestre del año, incluyendo el 300 por ciento en el gasto publicitario de la propia Presidencia de la República. Ya antes había denunciado que el año pasado el gobierno se constituyó en el mayor anunciante del país, por encima de todo género de actividades comerciales, tras incrementar en 37 por ciento el gasto publicitario en relación al 2014.

Si el Gobierno gastó entre enero y febrero 1,113 millones de pesos en publicidad y propaganda, la JCE no debió esperar que la denunciara uno de esos grupos sociales que Roberto Rosario considera impertinentes y creadores de ruido, sino que le correspondía dictaminar que la publicidad oficial se limitara a la promoción de servicios o campañas educativas, que es lo que debería proceder todo el tiempo y no gastar el dinero público en auto-promoción política.

En cambio la Junta de Roberto, donde casi todas las decisiones se adoptan sin unanimidad, en tres a dos, y se rechazan todas las iniciativas de los dos, que son José Angel Aquino y Eddy Olivares Ortega, tomó la “heroica” decisión de suspender los barrilitos y cofrecitos de los legisladores hasta que pasen las elecciones. Los diputados y senadores actuales, la mayoría con diez años recibiendo hasta un millón de pesos mensuales para “asistencia social”, podrán tomar prestado el monto de estos dos meses para pagarlos cuando se les entregue después de los comicios. ¡Tremenda forma de promover la equidad!

Tampoco se entiende por qué Roberto Rosario no ha explicado a qué se debió que el crecimiento del padrón electoral para estas elecciones se redujera tan drásticamente, al 4 por ciento, cuando en los tres cuatrienios anteriores aumentó 12, 16 y hasta 17 por ciento. Y sobre todo por qué los nuevos electores en el 2016 suman solo 351 mil 44 cuando un informe oficial de la Junta Central Electoral de abril del 2015 ya los cuantificaba en 662 mil 313. Aclarar esas inconsistencias debería ser preferible a quejarse de ruidos y conspiraciones. Y solicitarlo e un acto de absoluta legitimidad y hasta deber ciudadano. Al menos en la democracia.

En cuanto al gobierno todavía debería dar otros pasos en aras de la equidad, como evitar que una gran proporción de los funcionarios se lancen cada tarde en caravanas, entorpeciendo gravemente la circulación en las vías públicas, así como las actividades normales y aumentando el consumo de combustibles.

No deberían aspirar a más del 60 por ciento de los voto y evitar justificar los temores de que el peledeísmo quiere el cien por ciento de los puestos electivos y del poder político.