La JCE sólo puede suspender la promoción de candidaturas

Acento.com.do/Archivo/Julio César Castaños Guzmán, presidente de la JCE.Acento.com.do/Archivo/Julio César Castaños Guzmán, presidente de la JCE.

En un ambiente de crispación política en que el intento de otra reforma reeleccionista de la constitución parece condicionarlo todo, la JCE intenta contener la promoción ilegal de candidaturas, pero se excede al hablar de las “actividades proselitistas”

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Tiene que conseguir respaldo la resolución, un poco tardía, de la Junta Central Electoral que intenta contener el desbordamiento de las actividades de promoción de candidaturas en abierta violación de la Ley de Partidos 33-18, aunque el texto incurre en un exceso al disponer la suspensión de las “actividades proselitistas”.

Con la necesaria precisión, que ha de expresarse en la reunión convocada para el miércoles 29 con los partidos, la decisión debería contribuir a mejorar el clima político contaminado por las ráfagas continuistas que intentan otra reforma constitucional, amenazando  el orden institucional de la nación.

Era urgente la contención     

La esencia de la Resolución 10-2019 de la JCE, que remite a las limitaciones de los períodos de campaña establecidos en la Ley de Partidos, era urgente hace tiempo para la prevalencia de una normativa que se discutió por más de dos décadas y que tiene entre sus objetivos fundamentales limitar los extensos períodos de campaña electoral y los enormes costos que tiene la democracia dominicana, los cuales incentivan la irrupción del dinero y los recursos del Estado, del tráfico de influencias y de actividades ilícitas.

Esa ley estableció que la pre-campaña electoral, o período de promoción de los aspirantes a las candidaturas electorales de los partidos, “será iniciado el primer domingo del mes de julio y concluirá con la escogencia de los candidatos”. El reglamento emitido por la JCE en diciembre pasado precisó que se inicia el 7 de julio, hasta las elecciones primarias tres meses después.

Una extrema flexibilidad del órgano regulador, con los dirigentes políticos que ya habían adelantado actividades propias de la pre-campaña, la llevó a instituir algo que no está en la ley: “el Período Previo de Pre-campaña” (pre-pre), cuando lo que procedía era hacer acatar la normativa en un plazo razonable de días o semanas, para no afectar eventos ya programados.

El desbordamiento fue tan flagrante que muchos aspirantes a candidaturas ignoraron no sólo las limitaciones del pre-pre, sino también las de la pre-campaña misma, que el artículo 43 relega “a lo interno de los partidos”, en sus locales o en recintos cerrados, y el 44 prohíbe afiches, vallas, cruza calles, calcomanías, altoparlantes y cualquier otro instrumento fuera de los locales, así como la promoción por medios radiales y televisivos.

El reclamo social de que prevaleciera la ley fue intenso, y hace dos semanas que lo formalizo ante la JCE el movimiento cívico Participación Ciudadana.

Promoción de candidaturas   

La JCE tuvo que dar dos plazos, el último en diciembre, para lograr que desmontaran cientos de vallas en carreteras y calles, mientras en el partido de gobierno se desarrollaba una intensa campaña con actos multitudinarios en centros deportivos y transmisiones de radio y televisión. El primero fue el expresidente Leonel Fernández, y posteriormente los partidarios de la re postulación del presidente Danilo Medina se lanzaron de lleno a organizar actos masivos provincia por provincia. Algunos de esos actos fueron transmitidos por cadenas de radio y televisión y redes sociales,  y se llegó al extremo de que el ministro de Obras Públicas difundió por estos medios una extensa promoción de la candidatura de Medina, aunque el mandatario tiene un impedimento constitucional para optar de nuevo por la presidencia.

Otros precandidatos del partido gobernante también montaron vallas y realizaron actos masivos públicos promoviendo sus aspiraciones, especialmente el exministro de Educación Carlos Amarante Baret y el presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez. Por todo el país los alcaldes aspirantes a la reelección encontraron recursos para promoverse y ya habían comenzado también los aspirantes a senadores, diputados y hasta a regidores.

El generalizado desafío a la Ley 33-18 en cuestiones tan visibles,  comprobables a simple vista, ha dejado en ridículo disposiciones más complejas de la misma, mucho más difíciles de documentar, como las violaciones a los límites del financiamiento privado y del gasto. De hecho habría que preguntar si los cientos de millones de pesos gastados en el pre-pre por quienes usufructúan el poder, serán objeto de contabilidad. Se desconoce si la JCE ha puesto en vigencia “la unidad especializada de control financiero de los partidos¨, instituida en los artículos 66 y 67 de la misma ley.

La mayor sanción

            Tanto de la Ley de Partidos, como de la del Régimen Electoral 18-09, se ha criticado que tienen un régimen de sanciones poco disuasorio de los delitos electorales, hasta el punto que en ambos textos las mayores penalidades se reservaron para quienes por las redes sociales u otros medios de comunicación difundieran informaciones “que afectaran la imagen” de  candidatos y dirigentes políticos, lo que ya fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

Pero en la de partidos hay por lo menos una sanción drástica, contenida en su artículo 78, numeral 8, donde se establece que “Los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. La Junta Central Electoral será responsable de hacer cumplir esta disposición”.

Si se fuera a cumplir esta ley, como correspondería sin que tenga que darse ningún plazo, habría una gran renovación de candidatos por todo el país, empezando por los presidenciales, a la cabeza de los cuales se iría Leonel Fernández, el que más actividades de promoción de sus aspiraciones ha realizado, muchas masivas, en locales públicos y a través de  medios de comunicación, pero por igual quedarían anuladas casi todas las precandidaturas, incluyendo las también promovidas de Luis Abinader e Hipólito Mejía del principal partido opositor, aunque estos no han realizado actos masivos en estadios ni parques, ni colocaron vallas ni han pagado spots de radio y televisión. Pero nadie cree que la JCE tenga fuerza ni siquiera para intentar dar vigencia a esa sanción. Al fin de cuenta en la cultura nacional las leyes son puras sugerencias.

El tufo salomónico

Es obvio la JCE  tiene exceso de responsabilidades con los agregados de organizar las elecciones primarias de los partidos, el adelanto en tres meses de las elecciones municipales y  las previsiones para el cómputo del voto preferencial, ahora también por los regidores y vocales. Tal vez eso explique que no haya querido entrar en contradicciones con los partidos, y menos con el que controla todos los poderes del Estado, el presupuesto y muchas otras cosas.

A eso se atribuye la salomónica resolución que suspendió el voto de arrastre de los senadores en las 26 provincias menores pero lo mantuvo en el Distrito Nacional y las cinco mayores provincias, a pesar de que la Ley del Régimen Electoral establece tres veces que  son cuatro los niveles separados de elección, especificando el de los senadores como segundo.

En la Resolución 10-2019  “Que suspende las actividades proselitistas en el Período Previo de Precampaña”, asoma otra vez el tufo salomónico, y se  exceden las facultades del organismo, entre las cuales no está suspender las actividades proselitistas de los partidos, que es un derecho inalienable. Ninguna ley ha limitado en el tiempo ese derecho constitucional. Lo que se regula son los periodos y medios de promoción de candidaturas y de campañas electorales.

En el último considerando, esta resolución señala las “visitas casa por casa” entre las que han excedido el período pre-pre, lo que implica al opositor PRM en las violaciones, ya que hace poco dedicó un fin de semana a esa labor. Pero, según se anunció, no fue para promover candidatos, sino de inscripción de miembros y para rechazar la reforma constitucional reeleccionista. Ninguno de los dos objetivos está en las prohibiciones legales.

Seguro que la JCE precisará los alcances de su resolución en la reunión convocada con los partidos, donde sí tiene que insistir en el estricto cumplimiento de la ley, y hasta recordar que está autorizada a “declarar la inadmisibilidad” de candidaturas promovidas a destiempo.

Reino de incertidumbres

            Mientras se hacen esos tímidos esfuerzos por la prevalencia de las normativas, la lucha interna en el Partido gobernante sigue condicionando y contaminando el curso de los acontecimientos, apenas a dos semanas que comiencen a caer los plazos para la pre-campaña, ya que el 7 de junio los partidos  tienen que hacer las reservas de las candidaturas para eventuales alianzas. Eso afecta particularmente al PLD en tanto los aliados podrían cambiar dependiendo de quién se imponga en el control del partido y/o encarne su  candidatura presidencial.

Como en las semanas anteriores, se vuelve a anunciar que ya un grupo de senadores estarían listos para introducir el proyecto de ley de convocatoria de la asamblea revisora de la Constitución, pero todo sigue dependiendo de que el presidente Danilo Medina decida correr la aventura de una fuerte fractura de su partido, cuando dirigentes de su más alto organismo, como Felucho Jiménez, dan por hecho de que están al borde de la división, y otros guardan distancia de los focos de enfrentamientos.

Con gran oposición interna y 68 por ciento de la ciudadanía rechazando otra reforma constitucional reeleccionista, Medina tiene una enorme responsabilidad. De lo que no hay dudas es que una vez más el afán continuista en el poder sacude los cimientos de la institucionalidad democrática y mantiene la nación al garete por un período que ya se antoja excesivo.-

Recurrente hipocresía nacionalista

                                                            Por Juan Bolívar Díaz

            En medio de un sórdido debate provocado por la desmesura de grupos corporativistas que se quieren mantener en el poder por encima de la Constitución y la ambición de retornar de otros que pretenden retenerlo hasta el bicentenario de la República, es decir por 25 años más, asistimos a un nuevo capítulo de la eterna recurrencia al nacionalismo hipócrita y de circunstancias.

Ahora las huestes del presidente Danilo Medina reaccionan indignadas rechazando la “injerencia” del senador norteamericano Bob Meléndez, por haber dirigido una carta a su secretario de Estado solicitándole poner en juego los mecanismos diplomáticos para evitar que el actual mandatario vuelva a reformar su propia Constitución para mantenerse en el poder.

La extrema reacción nacionalista ya le ganó el respaldo del congresista de origen dominicano Adriano Espaillat, quien además se adscribió a la defensa de la democracia, diciendo que la Constitución “es un documento sagrado donde quedan plasmadas no sólo las leyes de la nación, sino también las aspiraciones de un pueblo, por lo que siempre debe ser respetada”.

Pero resulta que la iniciativa de Meléndez, rechazada por los nacionalistas de ahora, es defendida por  los líderes de la Fuerza Nacional Progresista, persistentes protagonistas del más acendrado nacionalismo, que han alegado soberanía hasta para despojar de la nacionalidad a decenas de miles de ciudadanos dominicanos.

Los soberanistas nacionalistas de ayer, como los de hoy están equivocados, porque hace muchos años que la tradicional concepción de soberanía quedó subordinada a la defensa y vigencia de los derechos humanos fundamentales y a los preceptos democráticos. Ahí están los numerosos tratados y convenciones internacionales que han relativizado los viejos conceptos de soberanía defendidos a conveniencia desde  las extremas izquierdas a las extremas derechas.

Además de los tratados internacionales, en este continente tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos y más recientemente la Carta Democrática Interamericana, y de ambas la República Dominicana es suscriptora. Estamos obligados con la defensa de los derechos humanos y democráticos por encima de todas las fronteras, lo que no incluye el uso de la fuerza en que tantas veces ha incurrido Estados Unidos. Pero es hipócrita alegar nacionalismo ante cualquier pronunciamiento en defensa de principios democráticos.

En nuestra historia contemporánea abundan las gestiones de apoyo y solidaridad internacional en defensa de la libertad y la democracia, desde posiciones de izquierda, centro y derecha, desde 1961 cuando se aplaudieron las sanciones impuestas por la Organización de Estados Americanos bajo hegemonía norteamericana al régimen de Trujillo. Y 6 meses después de ajusticiado el tirano, una delegación política viajo a Washington para pedir a Estados Unidos que mantuviera las sanciones y retuviera el pago de la cuota azucarera dominicana hasta que se garantizara la democracia. La encabezaron los líderes de la conservadora Unión Cívica y del Movimiento Revolucionario Catorce de Junio Viriato Fiallo y Manolo Tavarez Justo, éste último consagrado antiimperialista. Eso nada tiene de parecido a la actitud vergonzante de los que en 1965 pidieron la invasión militar norteamericana, la defendieron o la toleraron.

Después de eso sobran los ejemplos: José Francisco Peña Gómez y Milagros Ortiz Bosch, a nombre del PRD, fueron a Washington y a los cenáculos de la Internacional Socialista en los años 70, reclamando y obteniendo solidaridad con las luchas democráticas. En 1978 el entonces primer ministro de Portugal, Mario Soares, desfiló en una manifestación perredeísta en la campaña electoral, y la “injerencia” de Estados Unidos, Venezuela  y la Internacional Socialista impidió que Balaguer desconociera la voluntad popular en ese año.

Leonel Fernández, a nombre del PLD, buscó solidaridad en Estados Unidos en ocasión de los fraudulentos comicios de 1990, y lo repitieron los perredeístas en el curso del trauma electoral de 1994. Ambos partidos han solicitado reiteradas veces activos observadores internacionales para las elecciones. En la noche  del 16 de mayo del 2004 el PLD llevó al cuerpo diplomático a la Junta Central Electoral bajo la falsa versión de que el coronel Pepe Goico se estaba robando las urnas y que había un golpe de Estado en marcha. Y para colmo el expresidente Lula de Silva vino al país para apoyar la reelección de Danilo Medina en el 2016, y este utilizó el respaldo de la entonces presidenta del Brasil Dilma Rousseff.

Lo ideal es que nunca fuera necesaria esa “injerencia” internacional.-

Atascada la maquinaria continuista; Danilo reconocería sus limitaciones

POR JUAN BOLÍVAR DÍAZA un año de la elección presidencial la opinión pública sigue dominada por el intento sin precedente de una segunda reforma constitucional para la continuidad del mismo mandatario, lo que luce cada vez más riesgoso para la institucionalidad democrática

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Fracasado el publicitado intento de hacer aprobar en la reunión del lunes 13 el proyecto de buscar una nueva reforma constitucional pro reelección, y a pesar de una ofensiva provincial en favor del presidente Danilo Medina, el propósito luce atascado, sin que se vislumbre la brecha por donde pueda ser colado.

Cada vez parece pesar más el enorme rechazo social, que ratifican las encuestas, a la segunda reelección consecutiva para un tercer período presidencial de Medina, a lo que se suman hasta factores internacionales, por lo que crece la convicción de que el pragmatismo llevará al mandatario a declinar, aunque intentaría acuerdo para una candidatura de consenso en su partido.

Ni intentaron sacar cabeza

            Constituyó un revés para los promotores del continuismo gubernamental que ni siquiera pudieran sacar la cabeza en la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del pasado lunes 13, tras dos semanas de persistentes versiones de que allí quedaría sellado el proyecto, que el mes de mayo sería definitivo y hasta que el Ministro de la Administración Pública Ramón Ventura Camejo repetiría la hazaña del 2015 cuando tomó la iniciativa que culminó en un acuerdo para modificar la Constitución pro reelección de Medina.

Ni Camejo ni ningún otro propulsor de la reelección sacaron la cabeza en la reunión, cuya agenda fue ratificada horas antes por el secretario general, Reinaldo Pared Pérez, y representantes del presidente del partido, Leonel Fernández, ambos aspirantes a la candidatura presidencial. Y el encuentro transcurrió como si no hubiese una magna confrontación en el seno del partido entre los grupos que encabezan sus dos líderes. Se abocó a ratificar la aprobar la convocatoria de una reforma estatutaria que permita la elección de los candidatos mediante primarias abiertas, y a discutir las opciones tras la salomónica resolución de la Junta Central Electoral sobre el voto de arrastre a los senadores.

            Aunque pocos dirigentes peledeístas quieren referirse públicamente al tema, no son pocos los que admiten en privado que resultaría riesgoso presentar en el Comité Político una resolución que contradiga el acuerdo que ese organismo hizo hace 4 años “para salvar la unidad del partido”, el cual implicó la reforma para habilitar la candidatura a la reelección de Danilo, pero también el compromiso de consignar en la Constitución que él no podrá ser candidato presidencial para el 2020 y “nunca más”, como en efecto se hizo.

No estamos en el 2015

Tres reconocidos abogados constitucionalistas, que incluso han sido consultores de organismos estatales y guardan distancia de la oposición política, advirtieron el miércoles que las circunstancias de ahora no son las del 2015, y que los riesgos de imponer otra reforma constitucional son tan elevados que generarían crispación y una perturbación que podría resultar traumática para la sociedad dominicana. Hace cuatro años las encuestas arrojaban hasta dos tercios en favor de un segundo período para Medina, similar a la proporción que ahora rechaza un tercero.

Las opiniones de Cristóbal Rodríguez, Nassef Perdomo y Eduardo Jorge Prats en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio tuvieron más significación por sus respectivas posiciones políticas moderadas, especialmente la del último, persistente consultor de instituciones estatales y abogado del Partido Revolucionario Dominicano, principal aliado político del gobierno al que se considera dispuesto a respaldar nuevamente otra postulación de Medina. Condicionaron la reforma constitucional a que sea fruto de un consenso social y político que está lejos de vislumbrarse.

Es que nadie ignora que el presidente Medina no tiene consenso ni en su propio partido, y mucho menos en el resto de la sociedad, para intentar la segunda reelección consecutiva, ni los dos tercios de los votos de la Asamblea Nacional necesarios para reformar la Constitución, y que para lograrlos tendría que utilizar el poder económico y político del Estado, en desmedro de la institucionalidad de los partidos y de la democracia misma.

Resistencia en dos frentes

            Para modificar la Constitución los danilistas necesitan pelear al mismo tiempo en dos frentes, interno y externo. El primero está encabezado por Leonel Fernández, quien encarnó los tres primeros gobiernos del PLD, que retiene la presidencia del partido, y se ha mantenido en medio de la calle desde agosto del 2017, buscando de nuevo la candidatura presidencial. En su favor opera no sólo el liderazgo, la gratitud y lealtad que mantiene en amplios segmentos de la dirección y militancia de su partido, sino también el hecho de que ya él declinó dos veces consecutivas en beneficio de la candidatura de Medina, cuyo primer triunfo en el 2012 fue en gran medida debido a que aquel metió el Estado entero en la campaña electoral, gastando en exceso fiscal más de 150 mil millones de pesos.

El problema se complica porque Leonel aparece firme en que “esta vez no hay marcha atrás”, ratificando que defenderán la Constitución y la democracia, lo que fue ratificado esta semana por 36 diputados peledeístas con un duro pronunciamiento. Junto a 6 senadores, serían 42 votos del PLD  en la asamblea nacional. Si le suman los 46 del Partido Revolucionario Moderno que también esta semana publicaron su decidido rechazo a la reforma constitucional, ya serían 13 votos más de los 75 que impiden los dos tercios. Sin contar por lo menos la mitad de la docena de reformistas, y los de 6 diputados  de partidos minoritarios, incluyendo tres que fueron electos en las boletas peledeístas. También faltarían varios perremeistas que, como Ginett Bournigal estiman innecesario firmar un documento al respecto.

Muchos consideran que el gobierno tiene poder para comprar treinta votos, pero la resistencia dentro y fuera del PLD llega a niveles que crea dudas. Peledeístas y reformistas han prometido denunciar en “un paredón moral” a quien venda su voto, y los líderes del PRM han ratificado que expulsarán a quien traicione la línea partidaria.

Hasta factores externos

Entre los ingredientes que han atascado el proyecto continuista aparecen los recientes resultados de las encuestas más acreditadas del mercado electoral dominicano, la Gallup-HOY y la de Mark Penn-Sin, manteniendo el rechazo a otra reforma constitucional reeleccionista cerca de los dos tercios. Según El Caribe del 8 de mayo, el rechazo promedió 64% en 14 encuestas publicadas desde marzo del 2018. En la última Penn fue 61%, pero en la Gallup 68, con el agravante de que un 62% dijo que no votaría por Medina si lograra ser postulado.

Los factores externos tampoco han sido favorables para el proyecto continuista, incluyendo la nada disimulada preferencia expresada por la embajadora Bernstein por la alternabilidad democrática, al ponderar lo beneficioso que es el sistema estadounidense de dos períodos presidenciales y nunca más, como indica la Constitución que promulgó Medina.

En esa dirección se inscribió el jueves el senador Bob Meléndez, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EU, en una carta al secretario de Estado Mike Pompeo, expresando “profunda preocupación” por los esfuerzos para reformar la Constitución dominicana a fin de permitir al presidente Medina “una segunda reelección sin precedente”.

Meléndez recordó que a principio del año el Senado aprobó una resolución reafirmando el compromiso con los principios democráticos en Bolivia y en toda América Latina y el Caribe “respaldando los límites del período presidencial con controles razonables contra una historia de golpes, corrupción y abusos de poder”. Pidió que EU “utilice todas las herramientas diplomáticas a su disposición para subrayar la importancia de la gobernabilidad democrática” en la RD.

La iniciativa ocurrió pocos dis después que el principal precandidato opositor, Luis Abinader, anduviera por Washington denunciando los riesgos del continuismo dominicano. Y es que una segunda reforma constitucional seguida para mantenerse en el poder, colocaría  la nación al nivel de Bolivia, Nicaragua y Venezuela, donde la carta magna se reforma cada vez que es necesaria en aras del continuismo en el poder. Con esos dos vecinos, y con Cuba y Haití, lo que menos quiere arriesgar EU es la inestabilidad política en RD.

La gran opción de Danilo

Cada vez son más los que entienden que son grandes los riesgos a que se expondría el presidente Danilo Medina, tanto para su partido como para la sociedad dominicana, intentar “lo que nunca se ha hecho” en materia de reelección, dos reformas constitucionales consecutivas por el mismo mandatario. Ya esta semana los diputados de su partido Juan Comprés, Carlos Quiñonez y Demóstenes Martínez  le recordaron que fue él mismo quien redactó el transitorio de su Constitución que le prohíbe ser candidato en el 2020 y nunca más.

Las ambiciones de algunos seguirán produciendo actos como los anunciados para este domingo en la metrópoli capitalina, pero la sagacidad de Medina le deben llevar a seguir el ejemplo de Leonel Fernández, quien en situaciones desfavorables desestimó los clamores de que reformara la Constitución para proseguir en el poder en el 1998 y en el 2012, y logró mantenerse vigente hasta ahora. La primera vez dejó el Senado reunido un sábado, esperando el proyecto de reforma, tras comprobar que le faltarían votos, aunque habían “conquistado” casi todos los reformistas y algunos perredeístas. Y hasta la fecha Fernández dice que otros querían arrastrarlo.

Con todo el poder que heredó y el que ha acumulado, Danilo podría buscarse una negociación en su partido, para una candidatura de consenso, o que se le garantice seguridad, y hasta quitarle el “nunca más” para después del 20, evadiendo lo que cada vez más luce como una peligrosa aventura política. Puede ser que lo sepa hace tiempo y que hasta lo tenga decidido, pero crea necesitar un clamor mayor en su favor para imponer la transacción más favorable.-

Pobre país de clase media

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Por Juan Bolívar Díaz

            Ya es habitual que funcionarios y propagandistas gubernamentales se rasguen las vestiduras ante cualquier informe internacional que presente nuestra persistente pobreza, ya sea monetaria, social o de la institucionalidad democrática, como acaba de ocurrir con el de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que sitúa el país entre cinco de América Latina y el Caribe donde las profundas brechas urbanos-rurales y desigualdades arrojan pobreza y hambre.

Llegan a asumir que los organismos internacionales tienen prejuicio contra esta próspera nación y optan por ignorar los diagnósticos y recomendaciones, y pasan consignas de no referirse a los mismos, como ocurrió muy recientemente con el informe sobre Calidad Democrática en la República Dominicana, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde el país queda entre los últimos cinco de 24 de la región evaluados. La reacción en altos niveles del gobierno fue de incredulidad y hasta indignación, según ha trascendido.

En materia de pobreza la hipersensibilidad gubernamental es mucho mayor, porque el presidente Danilo Medina y sus más cercanos funcionarios están convencidos de que  casi barrieron la pobreza y que ya somos un país de clase media, como acaba de ratificar el mandatario hace unos días. Eso es cierto  en el polígono central capitalino.

Baste recordar el Mapa de Desarrollo Humano del PNUD, donde sólo el Distrito Nacional aparece como la jurisdicción de alto desarrollo, y las provincias Duarte, Nouel, Mirabal y Ocoa con desarrollo medio alto, mientras 22 provincias que concentran el 80 por ciento de la población nacional, registran desarrollo medio bajo. Cinco provincias quedaron en simple bajo desarrollo humano. Ellas son Elías Piña, Bahoruco, Independencia, Pedernales y El Seibo, donde la población bajo nivel de pobreza supera el 70 por ciento.

Pero amparados en nuevas metodologías que evalúan generosamente los avances sociales, en los círculos de poder crece la convicción de que estamos ganando la batalla a la pobreza, aunque los indicadores objetivos lo desmienten de forma hasta dramática. El mapa del PNUD diagnostica que hemos reducido significativamente la pobreza, sobre todo cuando se compara con el desastre generado por los fraudes bancarios del 2003, pero al mismo tiempo indica que la población en situación vulnerable creció desde entonces 18 por ciento, afectando a 80 mil familias. Es decir que muchos pasaron de pobres a la nueva categoría de vulnerables.

Tiene que haber bajado la pobreza con un crecimiento del 5 por ciento en la última década, denunciado como concentrado  y generador de mayor desigualdad. Todavía la Encuesta Enhogar 2018, un amplio y acreditado estudio de la Oficina Nacional de Estadística, con una muestra científica de 37 mil 800 hogares, nos echa en cara la gran pobreza nacional.

Llámenle vulnerable, no de clase media, a una sociedad donde el 47.5 por ciento de las viviendas no disponen de agua dentro, que del 76 por ciento que la reciben de acueductos, sólo la tercera parte la obtenga permanentemente y que el 55  por ciento del total la recibe tres o menos días por semana. Que el 52 por ciento sufre apagones eléctricos por más de cuatro horas diarias, el 26 por ciento entre 10 y 14 horas y 13 por ciento entre 15 y 23 horas por día, según Enhogar.

Una población con esos indicadores y sin alcantarillados pluviales ni sanitarios, no cataloga como de clase media en el siglo 21. Menos cuando más de la mitad de los empleados formales reciben salarios menores al costo de la canasta familiar del quintil más pobre. Y si tienen que trabajar 12 y hasta 16 horas diarias para sobrevivir, son muy pobres seres humanos. Aún estamos entre los 10 países de más bajo desarrollo humano entre los 35 del continente.

La enorme inversión en propaganda de un gobierno que se ha constituido en el mayor anunciante, con gasto diario de 11.6 millones de pesos y con miles de comentaristas, periodistas y bocinas en la nómina pública trata de convencernos de que ascendimos a país de clase media gracias a unas “visitas sorpresas” y subsidios sociales, que en conjunto apenas  alcanzan el 10 por ciento del monto de las remesas de los dominicanos emigrantes, que el año pasado totalizaron 6 mil 500 millones de dólares, es decir 325 mil millones de pesos. Eso sí creció en los últimos 8 años, un 77 por ciento, según las cifras oficiales, y ahí es que radica el mejoramiento del ingreso familiar, pero los propagandistas gubernamentales se roban el mérito.-

 

 

 

 

La encuesta Gallup-HOY muestra un fuerte deseo de cambios políticos

A1Una significativa mayoría expresa fatiga por el gobierno del PLD y rechazo a la reelección del presidente Danilo Medina, mientras emerge Luis abinader como opción alternativa 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

La encuesta Gallup-HOY publicada esta semana indica que el presidente Danilo Medina mantiene un nivel de aprobación alrededor de la mitad de la población, pero con más de dos tercios rechazando la posibilidad de que reforme de nuevo la Constitución para  poder optar por un tercer período de gobierno consecutivo.

Aunque el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sigue registrando las mayores preferencias, estas se reducen significativamente en medio de la lucha de fracciones que casi lo dividen, mientras el precandidato presidencial Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) emerge como firme alternativa para los comicios del 2020.

La mayoría quiere cambios

Si algo queda claramente manifestado en la encuesta Gallup-HOY publicada esta semana es la insatisfacción de la ciudadanía y su anhelo de cambios políticos, sociales y económicos, reflejando el hastío con el partido que ha controlado casi todos los poderes estatales y sociales en los últimos 15 años, y en 19 de 23. Aunque el PLD sigue registrando las mayores preferencias partidistas, con 39%, seguido por el PRM con 22, un alto 24% confiesa que no prefiere a ninguno. Si las elecciones fueran ahora 38% votaría por el PLD y 25% por el PRM, con 18% que no responde. En la reciente encuesta Mark Penn-SIN el 59% manifestó que no tiene preferencia partidista, con el PLD en 23 y el PRM en 13%.

En la Gallup, el 58% prefiere que la República sea gobernada por un partido diferente, y sólo el 35% dijo preferir que siga el PLD. El 46% cree que “se necesita un cambio radical, tal vez hasta revolucionario”, con otro 32% favoreciendo “un gran cambio”, para sobrepasar las tres cuartas partes.

El deseo de cambio es coherente con el hecho de que alrededor de dos terceras partes muestran insatisfacción con las condiciones de la economía (68% las cree mala o muy mala, con sólo 13% que las aprecias buenas) y con la forma en que opera el sistema democrático en el país (65% contra 32), mientras 71% plantea que las cosas en el país van por mal camino, con sólo 17% que las ve por buen camino. Mientras el 71% cree que el crecimiento económico a quien beneficia es a los ricos.

Está difícil la reelección      

A pesar de la movilización de los funcionarios, legisladores y otros devotos del presidente Danilo Medina que en las últimas semanas intensifican su promoción de una reforma constitucional para que el mandatario pueda optar por un tercer período de gobierno consecutivo, sólo el 29% de los encuestados de Gallup la favorecen, mientras más de dos tercios, 68%, la rechazan, lo que implica que el proyecto sólo avanzó 3 puntos, en relación a la de septiembre pasado, que registro 71% de oposición, pero un punto más que en marzo del 2018, cuando fue de 67%. En la reciente de Mark Penn el rechazo a la reforma constitucional fue del 61%.

A pesar de esos altos porcentajes de rechazo a una segunda reforma de la constitución para la continuidad de Danilo Medina, y de que le faltarían entre 35 y 40 votos para lograr los dos tercios necesarios, son muchos los que piensan que lo conseguirá “por cualquier medio”. Pero tropieza con el hecho de que el 45 % de los encuestados por Gallup dice que en tal caso “con toda seguridad” no votaría por él, más el 19% cree que no le votaría, para totalizar 64% También es significativo que el 42% de los que se manifestaron simpatizantes del PLD no favorecen la reforma constitucional, y 31% dice que no votarían por Medina, si la consiguiera.

El rechazo al continuismo es muy superior al 53% que estima que Medina ha hecho un buen gobierno, y al 49% que aprueba su gestión de más de 6 años, empate técnico con el 48%  que la desaprueba. El mandatario llegó a registrar hasta 91% de aprobación en la Gallup-HOY de agosto del 2014, con descenso desde entonces al 80% en el 2015, al 62 en el 2017, para estabilizarse en 48% en septiembre del 2018, aumentando ahora un punto.

Abinader el mejor situado

            En el análisis de los resultados de esta última Gallup-HOY resalta que el precandidato presidencial del PRM Luis Abinader es quien avanza más entre los que aparecen compitiendo por la presidencia de la nación en el 2020, siendo el único que aparece con certezas de alcanzar  la candidatura presidencial entre los dos partidos que proyectan una bipolarización.

A la pregunta “a quien le gustaría que fuera el próximo presidente”, consigue un 21% de las preferencias, superando en 4 puntos el 17 que logra Medina y en 8 el 13%  que se decanta por el expresidente Leonel Fernández. El 33% considera a Abinader como el líder de la oposición política, muy lejos de los expresidentes Hipólito Mejía y Fernández, señalados por el 8%.

El economista y empresario registra una abrumadora ventaja en la competencia por la candidatura presidencial del PRM, con 78% frente al 10 de Hipólito Mejía, entre los simpatizantes de su partido, y 82 a 7% por ciento entre sus miembros, que son los llamados a elegir sus candidatos. Hace 4 años, en abril del 2015, Abinader fue escogido por primera vez candidato presidencial por votación de 70 a 29% teniendo de contrincante a Mejía.

Mientras los peledeístas superan la crisis que casi los divide por la candidatura presidencial, Abinader luce el principal candidato opositor, con perspectivas de crecimiento si se tiene en cuenta la baja tasa de rechazo que le marcan las encuestas. La reciente de Mark Penn lo coloca segundo en favorabilidad tras Margarita Cedeño, y en bajo rechazo después de David Collado. Si por la unidad del PLD se impone la propuesta de “ni Danilo ni Leonel”, según esta encuesta, Abinader le gana a cualquier otro 39 a 32%.

Leonel sigue bien firme

El balance indica que una vez más quien ostenta la presidencia de la República supera en posibilidades a quienes buscan reemplazarlo dentro de su propio partido, pero dadas las severas dificultades que arroja la encuesta para que Medina pueda modificar la Constitución y constituirse en candidato unificador del PLD, las perspectivas indican que Leonel Fernández sigue siendo una alternativa firme, muy por encima de los otros competidores dentro de su partido.

Si no fuera por el impedimento constitucional y el rechazo a otra reelección, Medina tendría las mayores probabilidades de ser el candidato del PLD. El 24% cree que él será el próximo presidente, contra el 17% que creen que lo será Fernández o Abinader. El 49% lo preferiría de candidato muy arriba del 28 que se inclina por Leonel, pero entre los miembros del PLD la ventaja se reduce con 47 a 36%. En los máximos organismos peledeístas, Comité Político y Comité Central, el dominio de los danilistas es absoluto, pero se reduce en las bases, según las encuestas. La de Mark Penn arrojó entre los peledeístas una diferencia de sólo 5 puntos: 43 a 38%, indicativa de que un aplastamiento del Estado a Leonel puede acarrear alto costo.

La Gallup indica que contando con el impedimento constitucional de Danilo, Leonel conseguiría el 50% de las preferencias para la candidatura presidencial entre los simpatizantes del partido y el 53% de los miembros, con su esposa Margarita Cedeño en segundo lugar, con 6 y 5% respectivamente. Después de ellos, sólo Reinaldo Pared, en el primer caso, alcanza 4%, y todos los demás aspirantes menos del 2%. Incluyendo a Danilo, en esta encuesta Leonel aparece empatado con 17% en la competencia con Abinader, y en la de Mark Penn le lleva un punto, 21 a 20%, indicando que si fuere candidato contra Abinader le ganaría 38 a 33%. Aunque con amplias indefiniciones que beneficiarían al del PRM por su baja tasa de rechazo, mientras el expresidente la tiene alta. En la Gallup el 21% dijo que nunca votaría por Leonel.

Más resultados relevantes

              La encuesta Gallup-HOY muestra un panorama preocupante para la democracia dominicana, devastador para los partidos, con bipolarización PLD-PRM, sin que ni el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), con el 4.5%,  ni el Reformista Social Cristiano (PRSC), con 2.5%,  alcancen el 5% necesario para mantener la categoría de “mayoritarios”, con acceso a la franja privilegiada que recibe el 80% del subsidio estatal. Entre los alternativos sólo Alianza País y el Partido Demócrata Institucional se levantan sobre el 1 por ciento de las preferencias.

La mayor aprobación del gobierno de Medina sigue registrándose en la inversión en educación, donde alcanza tasa del 66%. La corrupción sigue en los peores niveles, con aprobación de sólo 17 por ciento, con 69% marcando el fracaso en su combate, lo mismo que el 61% en cuanto a la inseguridad ciudadana. Un 57% ve con preocupación el año que queda de la actual gestión y sólo 39% con esperanza. Y la población aparece dividida en tercios iguales entre quienes creen que el país está en progreso, estancado o avanzando, con cada vez más pobre apreciación sobre las instituciones del Estado.-

Penosa línea blanda en la JCE

09_05_2019 HOY_JUEVES_090519_ Opinión10 A

La República no merece volver a la iniquidad electoral del 2016

Con cualquiera que sea su candidato el PLD se encamina a repetir las iniquidades e iniquidades de las elecciones del 2016, mientas la oposición no acaba de comprender que sólo con una gran coalición podrían cambiar el curso político de la nación

                                               Por Juan Bolívar Díaz

El proyecto continuista del presidente Danilo Medina, con todos los pujos autoritarios que hacen temer una dictadura, y los afanes del expresidente Leonel Fernández por volver al poder, ambicionando un cuarto período de gobierno, configuran otro proceso electoral tan inequitativo y abusivo como el del 2016, cuyos resultados nunca fueron admitidos por los opositores.

Pero como si hubiese pasado mucho tiempo, la oposición política parece haberlo olvidado y una vez más se encamina al “matadero electoral”, sin entender que la dominación política impuesta por el partido gobernante impide la competencia y garantiza su eternización en el poder, aunque la sociedad está dando muestras de fatiga peledeísta.

Indicios de repetición

Las denuncias de los principales partidos opositores de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está copando las reestructuraciones de las juntas electorales municipales, sumadas a los recientes escándalos en el control de la justicia y las presiones sin precedentes sobre jueces del Tribunal Superior Electoral, despiertan temores de que se pueda reproducir un proceso electoral como el del 2016, tan abominable que ninguno de los partidos de oposición le reconoció legitimidad.

Esta vez hay una diferencia importante, ya que las presiones política y sociales impidieron que la dominación peledeísta mantuviera al frente de la Junta Central Electoral (JCE) a un dirigente partidista de la categoría de Roberto Rosario o a un incondicional como Mariano Rodríguez en el TSE, los dos ahora en abierta campaña junto a su jefe político Leonel Fernández. En ambos organismos los presidentes y otros dos miembros son considerados independientes, pero los dos restantes, de cinco en cada uno, son cuadros políticos de la alianza gubernamental.

Pero las descomunales presiones, amenazas e intentos de chantajes hechos públicos por la reciente sentencia del TSE indican la disposición a utilizar todos los recursos del poder para amedrentar y conseguir objetivos políticos, o por lo menos mediatizar decisiones como, por ejemplo, que la JCE desconozca los cuatro niveles de elección establecidos en la nueva Ley del Régimen Electoral, para mantener el arrastre de los senadores que reclama el PLD.

Claros signos de riqueza

         Si algo es evidente en la actual lucha por las candidaturas del PLD para el próximo año es que le sobran los recursos económicos a los grupos danilistas y leonelistas, pero también a varios de los que llevan meses en campaña por la nominación presidencial, aunque las encuestas no les favorezcan. Ninguno de ellos tenía fortuna, ni pasaban de profesionales de clase media cuando llegaron al gobierno.

Temístocles Montás, precandidato presidencial, denunció esta semana que el expresidente Leonel Fernández estaba gastando 25 millones de pesos en el espectáculo de mañana para su gran lanzamiento en el Estadio Olímpico, donde actuarán diez grupos artísticos, encabezados por algunos de la categoría de Sergio Vargas, Fernando Villalona y el Alfa.

El ex ministro de Economía no incluyó el costo de recoger durante más de un año las dos millones de firmas que según se anuncia respaldarían la candidatura de Fernández. Pero fue unilaterales, pues no se refirió a los cuatro grupos artísticos que amenizarán hoy sábado un acto de promoción del presidente Danilo Medina en el teatro United Palace del alto Manhattan, Nueva York, encabezados por Mozart la Para y Toño Rosario. Sobre los 25 millones de pesos se estimó el costo de la reciente manifestación reeleccionista de Santiago, como parte de un festival provincial que se vienen repitiendo por todo el paísy que este fin de semana abarcara cuatro.

Les sobran los recursos

            Es obvio que al PLD le sobre los recursos económicos y logísticos, en gran proporción derivados del Estado, no sólo por lo que sus dirigentes han acumulado personalmente, sino también por su capacidad para recaudar, mediante el tráfico de influencia y el reparto de contrataciones y compras. Y tanto Medina como Fernández tienen miles de activistas y comunicadores en las nóminas públicas y cualquiera que predomine será candidato con enormes ventajas frente a los de oposición, sobre todo si logra imponerse el actual presidente, para lo cual tendrá que pagar un costo económico y en ruptura institucional infinito. Ya en el primer trimestre del año el glasto publicitario del gobierno pasó de los 10 millones de pesos diarios que mantuvo en el 2018 a 11.6 millones, con una inversión de $1,042 millones.

Hay en la oposición quienes cifran expectativas en una posible división del PLD, por el nivel de encono y arrebato que alcanza la confrontación, no sólo entre las cabezas, sino también en el territorio, llegando a ser insostenible en muchas localidades. Pero los peledeístas han demostrado un amor al poder por encima de lo normal y al final podrían terminar pactando, como en ocasiones anteriores, conscientes de que lo necesitan para mantener el poder. Se recuerda el pacto del anterior proceso electoral, pero no tanto l de l 2012 cuando, como ahora, Leonel Fernández reunió  más de dos millones de firmes para su continuidad en la presidencia, que le entregaron “los ingenieros constitucionalistas” Félix Bautista, Díaz Rúa y Freddy Pérez, en el Palacio de los Deportes. Pretendían que él podía ser repostulado en contradicción con su propia Constitución del 2010 y la anterior del 2002, una prohibía la reelección seguida y la otra establecía dos períodos y “nunca más”.

Aquella vez Fernández logró entender que los vientos no le favorecían, entregó las carretillas de firmas al partido y se dedicó en cuerpo y alma a llevar al poder a su contradictor Danilo Medina. A final del 2011 prometió en Nueva York que gastaría 40 mil millones de pesos para que su partido siguiera en el poder, y terminó gastando más de 150 mil millones, con un déficit fiscal sin precedente, hasta  llevar a Medina al Palacio  Nacional en el 2012.

El matadero electoral 2016

Fue el profesor Juan Bosch, fundador del PLD, quien acuñó la especia de “matadero electoral” refiriéndose a los comicios en los que Joaquín Balaguer lograba reelegirse al comienzo de los setenta. Y eso fue justo lo que ocurrió en el 2016, pero escenificado por su PLD quince años después de su muerte. En el cuadro anexo se sintetizan las inequidades e iniquidades de ese proceso electoral, extraídas de los seis informes de la observación electoral del movimiento  Participación Ciudadana, fechados entre noviembre del 2015 y julio del 2016.

Son documentos fundamentados en estadísticas del Sistema Informativo de la Gestión Financiera del Estado, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), y de monitoreo del propio movimiento cívico y de una entidad privada que cuantifica la inversión publicitaria general. Los informes de finales de la campaña fueron tan impactantes que en algunos casos conllevaron moderación, por ejemplo, en el gasto publicitario.

Un análisis minucioso, como el realizado por el experto fiscal José Rijo acerca a los niveles del abuso de los recursos públicos en esa última campaña electoral, indica, por ejemplo, que en mayo del 2016 el Ministerio de Educación multiplicó por 13 el promedio mensual de sus pagos en viáticos, elevándolo a $23.5 millones: que triplicó el gasto en combustible de $9,9 a $26.4 millones, y que su partida de ayudas y donaciones a personas fuera incrementada en 79%. Mientras el gobierno triplicaba su gasto en asfaltado de calles y carreteras para alcanzar a $77 millones por día, durante los primeros cuatro meses del 2016, cuando su déficit fiscal montó sobre $34 mil millones de pesos, aunque en el mismo período del año anterior había registrado superávit de $3,500 millones.

Desafío a la oposición      

El monopolio del poder y los enormes recursos acumulados por el PLD constituyen un desafío a la oposición política, que ésta vez no debería esperar a dos semanas antes de los comicios, como ocurrió en el 2016, para darse cuenta de que por separado no tienen ninguna posibilidad de cambiar los abusos de la campaña electoral ni mucho menos vencer la maquinaria de dominación peledeísta, y ni siquiera obtener importante representación congresual o municipal.

Persisten los intentos de volver con multiplicidad de candidaturas nacionales, algunos intentando una tercera y hasta cuarta opción con unos cuantos miles de pesos y desconociendo que el electorado muestra una fatiga del PLD, por lo que ahora, más que nunca, tenderá a refugiarse en la bipolarización, con quien tenga mayor posibilidad de contrapeso, y rechazará los llaneros solitarios.

No es que falten candidatos meritorios en la oposición, sino que sobra poder de dominación que les cierra el paso y los excluye, sembrando una imagen de invencibilidad que a  su vez promueve el pesimismo, la resignación, la inmovilidad y el descreimiento en las alternativas por parte de las mayorías, no sólo en los dependientes de los favores y manipulaciones gubernamentales, sino también dela ciudadanía más consciente, deseosas de cambio y pulcritud política.-

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Resumen de las iniquidades electorales del 2016

  • El Estado irrumpió con toda su fuerza y recursos en la campaña electoral
  • “Conquistaron” el bloque de legisladores del PRD y los leonelistas para reformar la Constitución y poder repostular a Danilo Medina.
  • La repostulación incluyó el 90% de los senadores, 80% de los diputados y 60% de los alcaldes del PLD, por simple resolución de la directiva
  • Dirigentes del PLD dirigieron y parcializaron la JCE, el TSE y las juntas electorales municipales
  • El presidente de la JCE llegó al extremo de negarse a recibir a los 6 candidatos de oposición que visitaron el organismo días antes de la votación
  • La JCE impuso la automatización del cómputo sin las mínimas previsiones, con total fracaso y graves irregularidades
  • El TSE llegó al extremo de proclamar candidato a alcalde del DN por el PRM a Rafael Suberví, pero ni éste lo asumió
  • 39 ministros y altos funcionarios del gobierno dirigieron la campaña electoral del PLD en todas las provincias y el DN
  • Múltiples inauguraciones de obras públicas fueron convertidas en campaña electoral con documentado abuso de recursos públicos
  • En abril 2016 DM “puso en servicio” la segunda línea del metro capitalino, que operó en realidad en agosto del 2018
  • El gobierno desbordó el déficit fiscal a $34 mil millones en enero-abril del 2016, cuando en igual período del 2015 tuvo superávit de $3,500 millones
  • Enero-febrero la publicidad gubernamental sube 100% en relación a ese período del 15, y gasta $1,136 millones en el primer trimestre
  • Sólo el Poder Ejecutivo gasta en publicidad (enero-febrero) $840 millones $ 14 millones por día
  • Todos los ministerios colocan anuncios políticos en diarios, radio y tv, especialmente en los programas de cientos de “bocinas”
  • Desde el 2015 el gobierno encabeza los diez mayores anunciantes del país, por encima de telecomunicaciones, comercios y bebidas, y el PLD es el décimo
  • El PLD y sus aliados reciben el 60% del subsidio estatal a los partidos.
  • Dirigentes de entidades estatales organizan comidas y cocteles donde recaudan cientos de millones de pesos entre empresarios, suplidores y contratistas
  • Monitoreo de PC en febrero: el PLD 70% de las vallas, 79.3% de la publicidad en prensa, radio y tv, con los aliados el 81.5%, el PRM 16.8%
  • Desde enero se pagan $27 millones por día a 33 mil empleados transitorios y en nominillas. OISOE lo incrementa en 677%, Educación en 211% y  MOPC 68%
  • En mayo M. de Educación multiplica por 13 el gasto en viáticos y aumenta 79% las “ayudas y donaciones” a personas

 

Con el padre Regino en el corazón

02_05_2019 HOY_JUEVES_020519_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

            Siempre presente hermano Regino: reservé para mis lecturas de semana santa los tres sublimes reportajes que al inicio de abril publicó en HOY la querida compañera Minerva Isa sobre tu vida enterita en la frontera, compartiendo el jengibre, el plátano, el cazabe y la esperanza con los preferidos de Jesús: los más pobres, olvidados y desamparados.

Te reviví en Dajabón y Loma de Cabrera, en El Manguito y Sanché, compartiendo el rudo trabajo y sus privaciones, el calvario de los pobres, hasta hacerte uno de ellos, durmiendo en una listera, y arañando la tierra desde las madrugadas para exprimirle el mínimo sustento cotidiano. Tu un hijo de clase media pueblerina, orgulloso de seguir “lo enseñado por Jesús, que en la práctica se torna espinoso y subversivo, el que se hace solidario y sufre con los desposeídos”, y denuncia con voz profética los abusos fronterizos.

Regino Martínez, cultor de tierras y de almas, promotor de dignidad, del respeto a la madre tierra y el medio ambiente, de justicia y equidad, a través de juntas de vecinos, comanditas para la micro producción, de centros de madres y clubes juveniles, como los mejores surcos para la catequesis, que parte de los seres humanos y termina siempre en ellos. Te ví en Solidaridad Fronteriza, tratando de mitigar la indigencia de los inmigrantes, pero también denunciando el tráfico humano que enriquece autoridades civiles y militares y a políticos hipócritas que después te quieren responsabilizar de “la invasión haitiana”.

En las trazas de Minerva te he vuelto a descubrir como el muchacho siempre alegre y fraternal que remedaba al padre Tejedor cuando en las clases de latín, con su susurro de voz de ocho décadas me animaba al grito de ¡Bolivita, Bolivita, que te duermes! Porque mientras ustedes venían de la espléndida siesta de 45 minutos yo estaba escuchando las charlas radiofónicas de Juan Bosch, lo que se difundiría como un baldón en aquellos meses de 1962 por todo el seminario Santo Tomás, hasta ganarme un cerco profiláctico por boschista.

Compartíamos aulas y ensoñación religiosa en aquel grupo de “vocaciones tardías”, porque llegamos al seminario cuando terminábamos el bachillerato, y no éramos ni del seminario menor ni del mayor, teníendo que movernos en ambas riberas, pero viviendo con los filósofos y teólogos.

Me habitan aquellos sueños de misioneros, que se potenciaban en las misas cantadas, las vísperas y laudes gregorianos, marchitados por mi vocación contestataria. Recuerdo tu estentórea risa cuando te advertía mi aversión por el rezo del rosario, convencido de que la Virgen no podía ser tan sorda para que tuviéramos que repetirle 50 avemarías de un solo tirón. Hasta que el protector espiritual, el padre Roque, me persuadió de que no podía seguir sufriendo las exclusiones y acosos de muchos convencidos de que yo allí era un peligroso infiltrado del comunismo internacional, traidor, ateo y disociador.

Ahora, en este domingo de la resurrección, que según San Pablo es lo que da fundamento a nuestra fé cristiana, te evoco Regino y quisiera estar cerca para decirte que tú si fuiste persistente devoto de Jesús, un discípulo testamentario del amor y la solidaridad entre los seres humanos. Y recuerdo cuando estuve más cerca del paraíso en aquella semana santa en que compartí con una comunidad de monjes en la diócesis de Cuernavaca de Sergio Méndez Arceo.

Aquí, extendido en el entorno de una piscina, cenicienta en mano, leyendo a Minerva Isa te evoco Regino y me pregunto si yo no debería estar junto a ti, con más de cuatro décadas viviendo y trabajando  junto a los relegados, desafiando a los que profanan el templo de Dios, reivindicando que somos  simples piedras del camino, que al polvo hemos de volver, sin apelación ni casación.

Por lo menos quisiera invitarte a acompañarme un fin de semana profano, en una pausa de tus votos de pobreza y solidaridad, para recordar a tantos que nos precedieron ante el Señor y nos enseñaron la coherencia y la autenticidad. Aunque sea para amortiguar mi carga de conciencia por no estar cerca de ti y estar aquí en “la buena vida”, aunque habitante de distancias y caminos.-

Ahora las democracias ya no mueren manu militari, sino de inanición política

27_04_2019 HOY_SABADO_270419_ El País12 B

Sobran razones al arzobispo Francisco Ozoria y a todos los que temen que el país se encamina a un nuevo tipo de dictadura, que ya no se define por los sables, el asesinato y el exilio, sino por el socavamiento de las bases institucionales y el predominio caudillista

                                                Por Juan Bolívar Díaz

No sería racional sostener que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Danilo Medina es una dictadura clásica del siglo pasado, como la definió el general peruano Manuel Odría cuando le pidieron que explicara su afirmación de que él gobernaba con la religión y el deporte (1948-56), y respondió: “que quien no comulga conmigo, lo deporto”.

Tal como sostienen los académicos de la Universidad de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su libro de septiembre pasado “Cómo Mueren las Democracias”, éstas ya no fracasan de forma dramática a manos de generales, sino de líderes electos que socavan poco a poco las bases institucionales, en pasos apenas apreciables.

La dictadura según Ozoria

Han tenido que manipular al Arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, para intentar descalificarlo por su advertencia de que “si no despertamos, si no cambiamos, vamos hacia una dictadura”, tras quejarse de que la actual estructura gubernamental no respeta la independencia de poderes en que se fundamenta la institucionalidad democrática consagrada en la Constitución. Y le sobran razones tanto a él como a otros prelados, sacerdotes, ministros de diversos credos y dirigentes políticos y sociales que en las últimas semanas denuncia la erosión de las frágiles bases de la democracia dominicana, en aras del continuismo en el poder.

Los detonantes han sido dramáticos: la impudicia con que a la vista de todos el presidente Medina manejó el Consejo Nacional de la Magistratura, colocando en un paredón de calumnias y mentiras al mayor símbolo de la independencia judicial, Miriam Germán, para sustituir sin la correspondiente evaluación a casi la mitad de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia en violación de la Constitución, varias leyes y el reglamento del organismo. Y luego por las presiones, amenazas y acciones intimidatorias contra los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) por la sentencia que afecta a un partido aliado del gobierno, lo que Participación Ciudadana definió como ominosa advertencia contra otros órganos, entidades y ciudadanos.

Es obvio que en el país no hay presos políticos ni los asesinatos y deportaciones que caracterizaron las dictaduras desde el inicio de la República, pero es cuasi dictatorial que se sustituyan jueces clamando falsedades, o que al presidente del TSE le despojaran de su escolta en plena calle, y que ministros y el mismo Procurador General lo citaran de madrugada, o que se revele que  en dos años se solicitaron 17 mil 637 interceptaciones de teléfonos bajo el pretexto de una investigación judicial, muchos de ellos con nombres ocultos, porque no procedían.

Baja calidad democrática

La pobreza institucional de la nación quedó documentada en el reciente informe sobre Calidad de la Democracia en la República Dominicana publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), resumido en El Tema de HOY del 30 de marzo último, en la posición 20 de 24 países de América Latina y el Caribe, sólo mejor que Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela. De 100 indicadores, sólo registramos 20 como satisfactorios, con 32 aceptables y 48 deficitarios.

“Dado el análisis expuesto en la dimensión de Estado de Derecho, que presentó un alto nivel de discrecionalidad del Poder Ejecutivo, una baja independencia del Poder Judicial  y una capacidad débil del Poder Legislativo para servir de contrapeso, la disminución de los niveles de confianza ciudadana respecto a aquellas instituciones encargadas de crear y aplicar las leyes… aumenta el riesgo de profundización del autoritarismo en el país” (página 98 del informe).

“La pérdida de confianza en las instituciones de la democracia dominicana es un llamado de alerta. Sobre todo, porque los datos exponen la debilidad del Estado de Derecho, la limitada capacidad de las instituciones democráticas para servir como contrapesos, las bajas garantías de derechos fundamentales y el alto grado de discrecionalidad que mantiene el Poder Ejecutivo frente a las otras ramas del Estado. Todos estos elementos construyen un contexto de vulnerabilidad de la democracia ante situaciones con potencial desestabilizador” (página 129).

“La República Dominicana presenta calificaciones bajas y muy bajas en lo relativo a los límites y controles de los poderes Legislativo y Judicial sobre el Ejecutivo, la independencia del Poder Judicial, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas del funcionariado público” (página 140).

El control casi absoluto del PLD

  • Mantiene la presidencia de la nación desde el 2004, en elecciones profundamente desiguales, con abuso del Estado y grandes déficits fiscales en las campañas electorales
  • Absoluto control del Poder Legislativo, arrebatando hasta la única senaduría opositora en el 20l0
  • Reformas constitucionales en el 2010 y 2015 para garantizarse el control del Estado
  • Dirigentes del PLD controlan el Consejo Nacional de la Magistratura, las altas cortes, la Cámara de Cuentas, y el ministerio público
  • Elección de una mayoría de dirigentes y allegados en los órganos electorales
  • Apropiación de dos tercios del 10 por ciento de los ingresos fiscales que la ley destina a los ayuntamientos, a los que sustrajo $184 mil millones sólo en el lapso 2013-18
  • Violación sistemática de leyes fundamentales, como la del sistema financiero, la de salarios públicos, y la de Estrategia Nacional de Desarrollo
  • Manipulación de la opinión pública con tres mil comunicadores en las nóminas estatales, inversión publicitaria de $10 millones por día y presión a independientes.
  • Utilización de jueces y árbitros electorales para destruir o reducir partidos opositores
  • El Comité Político del PLD, 35 miembros, decide hasta las reformas constitucionales
  • Cooptación de gran parte del liderazgo político, sindical,profesional, artístico, y dirigentes sociales mediante empleos, becas, compras y contrataciones.
  • Creación de miles de empresas de dirigentes y allegados, mediante corrupción y privilegios
  • Controles sobre 1 millón 200 mil personas, mediante programas sociales que apenas promedian 30 dólares mensuales
  • Incorporación a las nóminas y nominillas públicas de decenas de miles de dirigentes del PLD
  • En el 2016 designaron 33 mil empleados temporeros, activistas electorales

La muerte de la democracia

            En un libro de 335 páginas, Levitsky y Ziblatt sostienen que la democracia se bate en retirada en muchas partes del mundo, incluido los Estados Unidos, sobre todo tras el apogeo de Donald Trump, víctima de los políticos, no de los generales, que abusan de los mismos mecanismos que les permitieron acceder al poder, desconociendo las reglas de la tolerancia mutua y la contención institucional, “apresando a los árbitros, marginando a los actores clave, y reescribiendo las reglas del juego para inclinar el campo en contra de sus adversarios” (página 206).

“Las dictaduras flagrantes, en forma de fascismo, comunismo y gobierno militar, prácticamente han desaparecido del panorama. Los golpes militares y otras usurpaciones del poder por medios violentos son poco frecuentes. En la mayoría de los países se celebran elecciones con regularidad. Y aunque las democracias siguen fracasando, lo hacen de otras formas, Desde el final de la Guerra Fría, la mayoría de las quiebras democráticas no las han provocado generales y soldados, sino los propios gobiernos electos” (página 13).

Con múltiples ejemplos americanos y de otros continentes, los autores dedican un capítulo 4 a describir cómo se realiza “La subversión de la democracia”. Con frecuencia el desmantelamiento es paulatino. “Al principio puede resultar imperceptible…siguen celebrando elecciones, los políticos de oposición siguen ocupando escaños en el Congreso y la prensa sigue publicándose. La erosión de la democracia tiene lugar poco a poco (página 95).

“Con los tribunales repletos de personas afines y las autoridades que velan por el cumplimiento de la ley metidas en cintura, los Gobiernos pueden actuar con impunidad…Y las agencias de inteligencia pueden dedicarse a espiar a las personas críticas y desenterrar material para chantajearlas…despidiendo a los funcionarios y otros empleados públicos ajenos al partido y reemplazándolos por leales” (página 96).

Una descripción local

El libro de Levitsky y Ziblatt parece una descripción del proceso seguido por el PLD en el poder. Subraya que “La mayoría de las autocracias contemporáneas no borran todo rasgo de disidencia… A medida que los medios de comunicación más destacados son atacados, otros se vuelven recelosos y empiezan a practicar la autocensura… también buscan debilitar a los empresarios con medios para financiar a la oposición e intentan silenciar a figuras culturales populares o de reputación moral (páginas 103-104).

“Los autócratas que pretender consolidar su poder acostumbran a reformar la Constitución,, el sistema electoral y otras instituciones de modo que resultan desfavorable o debilitan a la oposición” (página 106). Para que el sistema constitucional funcione, debe darse un delicado equilibrio entre el poder ejecutivo, el Congreso y el poder judicial. El Congreso y los tribunales deben supervisar y, en caso necesario, controlar el poder del presidente. Son, por así decirlo, los perros guardianes de la democracia” (páginas 147-148).

Los autores sostienen que “Las instituciones por sí solas no bastan para poner freno a los autócratas electos. Hay que defender la Constitución, y esa defensa no solo deben realizarla los partidos políticos y la ciudadanía organizada, sino que también debe realizarse mediante sistemas democráticos… La paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla”.

La maldita reelección

            Como siempre en la historia nacional, detrás de grandes intentos por subvertir el orden institucional, se encuentro un proyecto de prolongación indefinida en el poder, lo que se ha llamado “la maldita reelección”, y eso comenzó a tomar cuerpo desde antes de la mitad del segundo período del presidente Medina, pese a una prohibición constitucional por él mismo auspiciada en el 2015, como ha quedado documentado en esta página:

  • “Los danilistas se lanzan contra todos en una inexplicada locura política”. 14 de abril del 2018, cuando su Senado aprobó el absurdo proyecto de ley que buscaba imponer a todos los partidos el padrón abierto para elegir candidatos.
  • “Otra reelección de Danilo Medina le saldrá muy cara a la nación” (25 de agosto del 2018).       
  • “Crecimiento económico con esteroides y pobreza institucional y democrática” (29 de diciembre del 2018).
  • “El discurso de Medina inicia la ofensiva por su reelección” (2 de marzo del 2019)
  • “La calidad democrática de RD entre las 5 peores de la región” (30 de marzo del 2019)
  • “Nuevo escándalo: el PLD y su Gobierno socavan la institucionalidad democrática” (13 de abril del 2019).

 

¡Qué pena, Alan, qué pena!

25_04_2019 HOY_JUEVES_250419_ Opinión10 A

                                                            Por Juan Bolívar Díaz

A Alan García lo traté recién llegado a Lima en 1984 como embajador dominicano, cuando empezaba a deslumbrar como candidato presidencial de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) que Víctor Raúl Haya de la Torre fundó en 1930. A mediados de 1985, con tan solo 36 años, reivindicó a su padrino y líder a quien nunca se le permitió acceder a la presidencia del Perú, cuando su principal oponente fue el brillante alcalde de Lima Alfonso Barrantes, sustentado por un frente mezcla de marxismo y cristianismo.

Frente a la Izquierda Unida, el APRA se convirtió en mal menor, con la Alianza Popular de Belaúnde Terry en desbandada y los democristianos de Luis Bedoya degradados. El verbo se encarnó en aquellos comicios con los potentes discursos de Alan García y Barrantes que prometían redimir al Perú de sus males ancestrales. Al primero le faltaron pocos puntos para la mayoría absoluta, pero al segundo le sobraba nobleza y se negó a someter a su país a una segunda vuelta, consciente de que no tenía posibilidad de conseguir los votos de la derecha.

En la transición tuve el privilegio de estar par de veces con Alan, que tuvo empatía conmigo y con Mauricio Cuadra, embajador del triunfante sandinismo, por visiones políticas y porque ninguno de los tres acabábamos de anclar en los cuarenta. También porque él había sido compañero de apartamento de Hatuey de Camps en Francia, y era un fervoroso admirador de José Francisco Peña Gómez, por cuya suerte siempre indagaba.

Orador impetuoso como Peña Gómez, Alan sacudió la región desde su discurso inaugural, desafiando las políticas fondomonetaristas que en aquella “década perdida latinoamericana” imponía condiciones asfixiantes a los intentos democráticos y populares. Sus primeros dos años del quinquenio 85-90 fueron bastante buenos en términos generales, incluyendo una cierta recuperación de la crisis económica que había heredado de Belaúnde. Pero se derrumbó al tercero para terminar pagando el desafío al FMI con el desastre de la insostenibilidad, por caída de los precios de las materias primas, tasas de intereses hasta el 18 por ciento, altísima inflación y devaluación. Le cobró también la barbarie de Sendero Luminoso que trasladó el terrorismo más irracional desde la sierra andina hasta la Lima imperial.

Su legado no pudo ser peor, permitiendo que el autoritarismo de Ernesto Fujimori restaurara una vez más la dictadura, pero lo peor fue que junto a los suyos transitara el viejo camino de la corrupción y la descomposición en el poder. La inconclusa primera línea del tren aéreo, mostraba las huellas y Alan voló a Europa para evadir la justicia. Volvería para una segunda oportunidad (2006-11) cuando Perú registró alto crecimiento económico, favorecido por muy buenos precios de sus metales.

Esta vez su gestión fue aceptable, pero manchada por la corrupción. Convertido en caudillo, fracasó en fraguar sucesión y al terminar su gobierno el APRA ni siquiera pudo presentar candidatura presidencial. Tras la caída del fujimorismo los fiscales y los jueces  se habían empoderado en Perú, con miles de sentencias por corrupción, de la que no pudieron escapar Fujimori, ministros de las fuerzas armadas, jueces de altas cortes, legisladores, periodistas y grandes empresarios, incluyendo magnates de periódicos y la televisión dominante.

La justicia peruana ha operado como ninguna en la región, y el escándalo Odebrecht la encontró en todo su esplendor. De ahí las prisiones de los expresidentes Ollanta y Kuczynski, de Keiko Fujimori, la orden de arresto contra el huidizo Toledo y la que disparó la semana pasada el dramático suicidio de Alan García, quien no se redime con una pretensiosa carta de inocencia.

Tremenda pena que Alan García no haya tenido el valor de defenderse, pretendiendo que una “cárcel política” fuera humillante, cuando sus antecesores del APRA conocieron hasta la saciedad de prisiones, asesinatos, exilios y clandestinidades. La realidad es que, como tantos que alcanzan el arrogante solio presidencial latinoamericano, se creyó por encima de las instituciones. La corrupción lo ha podrido casi todo en nuestra región, alentada por la impunidad, que por fortuna no está prevaleciendo en Perú.

Alan García se suma a las profundas penas que ha dejado la descomposición de Lula, de los Ortega, los Maduro, de Leonel y los Danilo. Llegaron abominando del pasado y prometiendo regenerar nuestra sociedad, y se han hundido en el pantano de lo indefendible. Y Alan pagó su vergüenza de manera dramática. ¡Qué Pena Alan, qué pena!