Fuertes retos institucionales en las elecciones generales

Por Juan Bolívar Díaz
15_05_2016 HOY_DOMINGO_150516_ El País12 A

Aunque la generalidad de las encuestas marcan una buena ventaja a la reelección del presidente Danilo Medina, hay algunas incertidumbres derivadas de la improvisación y la confusión que rodean la forma en que se hará el escrutinio, complicado porque después de 22 años, los dominicanos vuelven a una elección conjunta, esta vez de 4,106 cargos.

En juego estará si la ciudadanía mantiene el dominio absoluto de un solo partido sobre todos los poderes del Estado que tiende a manipular las instituciones y a reducir los espacios democráticos para un continuismo que ya han proyectado hasta el bicentenario de la República en el 2044.

Votarían 5 millones. Aunque el padrón integra 6 millones 765,245 electores, los concurrentes a las urnas serían alrededor de 5 millones. A partir de la abstención promedio de los cuatro comicios presidenciales del siglo, que es 27.37 por ciento, podría esperarse hoy una votación de 4 millones 913 mil. Los abstencionistas han venido en ascenso del 23.9 en el 2000, al 29.8 en 2012. Esta última proporción daría una votación de 4 millones 749 mil.

Sin embargo, como el crecimiento del padrón se redujo significativamente para este cuatrienio, tras la emisión de una nueva cédula de identidad que habría dejado fuera a cientos de miles, parte de los cuales pudieran ser fallecidos no previamente descontados o emigrantes que no se han inscrito en el exterior, se puede esperar alguna reducción del porcentaje real de abstencionistas y que los concurrentes lleguen a los 5 millones.

De hecho el padrón de este año presenta una serie de incongruencias que no han sido aclaradas por la Junta Central Electoral, aunque este analista lo solicitó, lo mismo que hizo Participación Ciudadana. Una apresurada auditoría consideró que es uno de los mejores padrones, pero sus detalles, que debieron disipar dudas, no han sido publicados.

La mayor incongruencia es que el padrón apenas creció 4.03 por ciento en el último cuatrienio (2012-16), cuando en los tres anteriores se incrementó en 16.87 (2000-04) en 16.02 (2004-08 y en 12.81 por ciento al 2012. Es posible que una parte de la reducción se deba a la nueva cedulación, que excluyó a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana despojados de sus documentos. Pero se complica más porque los nuevos inscritos mayores de edad cayeron también abruptamente. Sobre 700 mil en los tres cuatrienios anteriores, y solo 351 mil ahora. Con el agravante de que a abril del 2015, un año atrás, una publicación oficial de la JCE los cuantificó en 662 mil 313.

La elección de 4 mil cargos. Desde los fraudulentos comicios de 1994 que generaron una crisis que se saldó reduciendo el período a dos años con una reforma constitucional que separó las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales, el país no asistía a una votación tan complicada, eligiendo en una misma jornada a 4,106 funcionarios en tres boletas distintas.

La Constitución del PLD del 2010 volvió a juntar las tres elecciones, ahora con una mayor fragmentación, ya que se eligen directamente, además de los cargos tradicionales de presidente y vicepresidente, senadores, diputados, alcaldes y regidores, ahora también diputado preferido, 234 directores e igual número de subdirectores y 730 vocales de distritos municipales.

El pretexto para volver a unir todas las elecciones en una sola jornada fue que separadas cada dos años el país vivía siempre en campaña. Pero como no se regula nada, esta vez las promociones de candidaturas comenzaron hace 4 años. Se vuelve a la tradición del voto presidencial arrastrando a los demás en alta proporción, y contribuyendo al mantenimiento de un presidencialismo que subordina el Poder Legislativo y reduce el Poder Municipal, al cual este año solo se le ha asignado el 3 por ciento del Presupuesto General del Estado, cuando la Ley 176-07 dispone el 10 por ciento.

Como nunca antes todos los senadores, casi todos los diputados y la mayoría de los candidatos a alcaldes han sido repostulados, como fruto de acuerdos de las cúpulas partidarias que permitieron modificar la Constitución para restablecer la reelección presidencial, a costa de la democracia interna de los partidos.

El Estado reeleccionista. Si como han arrojado la mayoría de las encuestas, incluyendo a las más acreditadas, el presidente Danilo Medina logra alrededor del 60 por ciento de los votos, el procesamiento de la primera boleta será expedito y generará pocas objeciones. Aunque no faltan quienes esperan que la diferencia sea mucho menor con relación al candidato del PRM Luis Abinader, que en las últimas semanas afianzó la bipolarización. En los últimos tres días las encuestadoras Votia, mexicana, y la norteamericana Zogby Analytics, arrojaron resultados estrechos que determinarían segunda vuelta.

La percepción generalizada es que el mandatario logra la reelección, una constante en la historia dominicana. El único que ha fracasado en lograrla fue Hipólito Mejía, quien la intentó en el 2004, en medio de una grave crisis bancaria-financiera, y Joaquín Balaguer en el 1978, tras haberla logrado dos veces consecutivas.

Como lo advirtió el propio Medina antes de ser presidente, la búsqueda de la reelección presidencial se ha montado de nuevo con todo el poder del Estado, como lo ha dejado patente el movimiento cívico Participación Ciudadana, en sus cinco informes de observación de la campaña electoral, especialmente en el quinto, emitido el jueves 12, donde se documenta que las dos terceras partes de los altos funcionarios fueron involucrados directamente en la dirección de la campaña reeleccionista.

Ese informe precisa que el gasto publicitario del Gobierno se incrementó 49 por ciento en el primer cuatrimestre del año, en relación al mismo período del 2015, que el déficit fiscal del mismo período pasó de 34 mil millones de pesos, con incrementos enormes en nóminas, nominillas y personal transitorio, y que el partido de Gobierno registró el 71% de la publicidad en prensa, radio y televisión, gastando 923 millones de pesos solo en febrero y abril, que monitorizaron.

El Congreso y municipios. La generalidad de las encuestas no han medido las preferencias por las candidaturas congresuales y municipales, donde podría fraccionarse el voto en mayor proporción que lo tradicional, debido a la repostulación casi total que lesionó la unidad de los partidos en las localidades provinciales y municipales y al descrédito de representantes con tres y cuatro períodos. También se esperan consecuencias de la división interna del partido gobernante, donde seguidores del presidente Medina y del expresidente Leonel Fernández protagonizan de forma silente “una lucha a muerte”.

Múltiples candidatos de oposición con vínculos sociales y militantes contra la corrupción política y administrativa podrían ser la diferencia en varias localidades donde antes se decidió por decenas o cientos de votos. También se cuenta con segmentos conscientes que prefieren una diversificación del voto que frene la creciente monopolización del poder por parte del partido gobernante.

Los resultados de estos comicios podrían ser clave para el rumbo institucional y democrático de la República Dominicana.

Un Voto por la Esperanza

Por Juan Bolívar Díaz
15_05_2016 HOY_DOMINGO_150516_ Opinión8 B

Me cuento entre los que suscribieron el manifiesto “Un voto por la Esperanza” pretendiendo incentivar a la ciudadanía a que, aunque caigan aguaceros y lluvias de papeletas en este domingo 15, concurra a las urnas con un sufragio “útil, consciente y comprometido para favorecer las candidaturas que rompan el monopolio del poder y/o puedan encarnar los cambios que esta sociedad necesita, las que representan la tradición de lucha por la democracia, la libertad y la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad de creencias y opciones de vida individual”.

Sabemos que es muy difícil tocar la conciencia de las masas, en gran parte víctimas de la ignorancia y la manipulación que les mantiene domesticadas con las dádivas clientelistas y la compra de conciencias. Pero podemos apelar a esa mayoría de la ciudadanía que sueña con una sociedad mejor organizada, donde se respete la dignidad de las personas y en la que la Constitución y las leyes no sean simples sugerencias.

Estas elecciones representan un fuerte desafío a la conciencia de mujeres y hombres libres que rechazan las groseras manipulaciones y saturaciones propagandísticas con que se nos ha bombardeado durante meses, en un derroche de recursos que ofende la pobreza de las mayorías, sobre todo porque en gran proporción son extracciones de las escasas rentas nacionales y provienen del lavado de dinero ilegítimo.

Un voto consciente y comprometido es el que se otorga a quienes se lo han ganado por la calidad de sus propuestas para corregir los graves diseños de la sociedad dominicana, como la perversa distribución de la riqueza que mantiene la pobreza, la precariedad de los servicios básicos, la exclusión y la desigualdad. Y a quienes proponen enfrentar los graves índices de corrupción, descomposición social y descarada impunidad, generadores de la delincuencia y la inseguridad ciudadana.

Esta consulta popular representa un retroceso en múltiples aspectos. Primero porque después de 22 años de una reforma política, volvemos a elegir al por mayor nuestros representantes congresuales y autoridades municipales conjuntamente con el presidente y vicepresidente, lo que en vez de incitar a la selección, estimula el arrastre, con escasa distinción de los méritos individuales y de las propuestas programáticas.

En segundo lugar, porque después que al final del siglo pasado y en la primera década del presente los partidos dieron pasos hacia la democratización en la selección de candidatos, han vuelto a los peores períodos de la mera distribución en las cúpulas, en muchos casos con una repostulación total que confunde a los meritorios con los traficantes.

Hemos sido testigos de un transfuguismo sin precedente, sin mayor base que la ley de la oferta y la demanda, y casi siempre a costa de los recursos del Estado.

La extensión de las campañas y el gasto desorbitado de recursos de origen ilegítimo han encarecido enormemente el costo de la adolescente democracia dominicana, lo que a su vez saca de competencia a muchos ciudadanos y ciudadanas honorables que no tienen recursos para competir en condiciones de extrema desigualdad.

Que nadie se deje vencer por el pesimismo, la resignación o por la frustración frente al más atrasado sistema político del continente, que lleva dos décadas discutiendo una ley de partidos que imponga normas democráticas, y que durante seis años se ha negado a conciliar la Ley Electoral con el ordenamiento derivado de una nueva Constitución. La abstención o la indiferencia son la peor inversión. Hay que votar y hacerlo por los que siquiera dejen margen a los sueños, aferrados a las utopías que, como han dicho los poetas, aunque parezca que se alejan, nos incitan a seguir caminando.

Hace cuatro años escribíamos “sueños de un domingo de mayo”, cuya conclusión sigue con igual vigencia: “Tengo muchos otros sueños que algún día se realizarán, pero no caben en esta cama en el amanecer de este 20 de mayo. Como dijo el recién fallecido cantor José A. Labordeta: También será posible que esa hermosa mañana/ni tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver/pero habrá que empujarla para que pueda ser”.

Proceso con graves retrocesos institucionales y democráticos

Por Juan Bolívar Díaz
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La resistencia del partido dominante a aprobar las leyes de partidos y del régimen electoral, que persiguen regulaciones democráticas, desconociendo consensos y compromisos, es una de las mayores falencias del proceso, auspiciando un virtual desmantelamiento del viejo sistema de partidos.

Paquete de 4,106 cargos. La escogencia en la misma jornada este 15 de mayo de los 4,106 cargos electivos del Estado es una regresión de la reforma política aprobada tras la crisis poselectoral de 1994, que incluyó la no reelección también abrogada, después de años de consensos sobre la base de que el presidencialismo arrastra los candidatos legislativos y municipales, y deteriora la independencia de los poderes.

El pretexto para reunificar las elecciones con la Constitución del 2010, fue que con elecciones cada dos años, el país vivía siempre en campaña, lo que no cambió puesto que la promoción de candidaturas se inició tan pronto culminaron los comicios presidenciales del 2012, con un gasto sin precedente que se paga con el dinero público.

Hay testimonios de que candidatos a diputados, los que tienen que buscarse su propio apoyo por la vigencia del voto preferencial, han gastado sumas que llegan a los cincuenta millones de pesos, encareciendo el costo de la política, determinando el predominio de los que reúnen más dinero, sin importar su origen, y dejando fuera de competencia a los más honrados o provenientes de segmentos sociales desposeídos. Al haberse suprimido las elecciones primarias en el PLD a muchos hubo que devolverles lo gastado, en especies como cargos, y contratos de compras y obras. .

La “maldita reelección” . Como casi todos los que han alcanzado estabilizarse en la presidencia de la República en toda su historia, el presidente Danilo Medina sucumbió a la tentación de buscar la “maldita reelección”, que como él recitaba antes de su elección, deteriora la institucionalidad democrática y subordina el interés nacional al continuismo.

Esta vez, como tantas otras, hubo que modificar la Constitución para posibilitar la repostulación, y a diferencia de las anteriores, ahora no se “conquistaron” legisladores a título personal, sino por bloques enteros, desde luego con los recursos del Estado y en un mercado público, denunciado hasta ante un ministerio público que no quiso investigarlo.

Otro agravante fue que esta vez se pactó para archivar graves expedientes de corrupción, como el del senador Félix Bautista, y para garantizar la repostulación de todos los senadores y diputados del partido gobernante, y la prolongación de los dirigentes, dando una patada mortal a la democracia interna, a los estatutos, la ley electoral y los principios constitucionales.

Fue relevante que el bloque de diputados reformistas también apoyara la reforma constitucional que posibilita la repostulación de Medina, para luego terminar enfrentándola al pactar con la mayor fuerza emergente de oposición, el Partido Revolucionario Moderno /PRM) salido del desguañangue del PRD.

Nadie podía esperarlo. Debe ser inédito que un partido que obtuviera el 47 por ciento en unas elecciones, como ocurrió con el Revolucionario Dominicano (PRD) en el 2012, terminara a los cuatro años a la cola del vencedor, en un oscuro pacto que apenas materializa una embajada y la dirección de un ente de cuarto nivel, el IDECOOP, en base a promesas de cargos y sin garantizarle ni una alcaldía importante.

La joya política de este período fue la culminación del desmantelamiento del viejo sistema de partidos con el que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) venía compitiendo, para garantizarse un largo predominio. Con el reparto de parcelas estatales, contratos y empleos públicos segmentaron primero el Partido Reformista Social Cristiano sin el que no hubiesen alcanzado el poder en 1996, ni lo hubiesen retenido en el 2012, y conformaron una coalición de una docena de pequeñas agrupaciones políticas.

En los comicios presidenciales del 2012, el PRD consiguió 200 mil votos más que el PLD, 42 a 38 por ciento. Los aliados de los peledeístas le aportaron 13 por ciento, 6 de ellos los reformistas, con un desbordamiento del Estado que incluyó un exceso fiscal de 159 mil millones de pesos, sólo en el gobierno central.

De ahí salió la estrategia de desmantelar al PRD, apoyada en el deterioro de sus organismos como consecuencia del abandono de los procedimientos democráticos, y aprovecharon las debilidades de su presidente Miguel Vargas Maldonado, quien con una minoría se negó a apoyar la candidatura de su partido, sembrando una división que resultaría irreversible. Para ello contó con múltiples favores gubernamentales, incluyendo contratos opacos, y sobre todo el apoyo del Tribunal Superior Electoral integrado por jueces dirigentes del PLD y del mismo grupo de Vargas, que fallaron sistemáticamente para favorecer a la minoría hasta cuando esta impidió a tiros la participación de la mayoría en procesos internos.

Una oposición fragmentada. La manifiesta incapacidad de los opositores para concertar reclamos de equidad y pactar siquiera en niveles locales, con siete candidaturas, redujo las posibilidades de crear una sinergia de “todos contra el monstruo”, aunque el PRM ha logrado en poco más de un año de constituido convertirse en la principal alternativa, beneficiándose en las últimas semanas de la tradicional tendencia a la bipolarización.

Los analistas no advierten posibilidad de que el PRM pueda superar la ventajas que ha registrado la candidatura reeleccionista en las encuestas. De todas formas gastarán todas sus energías en la última semana de campaña, contando con una reacción del electorado al enfrentarse a las urnas, como ocurrió en los últimos dos años en Costa Rica y Panamá, donde ganaron los que aparecían en tercer lugar en las encuestas.

Entre los imponderables están la posibilidad de que la parte del PLD aplastada por el proyecto reeleccionista, encabezada por su anterior líder Leonel Fernández, diversifique sus votos temiendo que una victoria muy amplia del presidente Medina y su grupo, suponga su muerte política definitiva. En muchas provincias y municipios las divisiones internas del PLD podrían generar resultados imprevisibles.-

Hemos ayudado a Danilo

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Llegó como una tromba cuando ya se agotaban las preguntas tras una exposición sobre las perspectivas para las elecciones de mayo 15, y con furor y en el más elevado tono de voz impugnó a la parroquia por haber invitado a un político parcializado, sin méritos para dirigirse a la comunidad católica de Villa Duarte.

Confieso que me impresionó el enojo con que hablaba aquel joven que se identificó como profesor. El párroco y los laicos que habían organizado la charla lo dejaron desahogarse, hasta que empezaron a hacerle señas de que terminara y tras agotar su rosario de descalificaciones se marchó con el mismo furor con que había llegado hasta el podio.

Los organizadores se extendieron en reconocimientos al periodista y charlista, apenados por el incidente y le obsequiaron la Agenda Latinoamericana, que desde hace 25 años editan los teólogos liberacionistas y defensores de derechos humanos José María Vigil y Pedro Casaldáliga, el obispo emérito de Sao Félix de Araguaia en Matto Groso, Brasil.

Me reconfortó el regalo, más todo cuando al salir del templo leí el mensaje de los editores: “85 personas tienen una riqueza equivalente al patrimonio de la mitad pobre de la humanidad. Y el 1% más rico de la población, en este año 2016, va a superar su propio récord patrimonial traspasando la barrera psicológica del 50% de la riqueza del mundo (y continúa creciendo). ¿A qué porcentaje de la tarta habrá de reducirnos la riqueza extrema para que despertemos y decidamos poner fin a esta situación indigna de la humanidad?

No me correspondía otra cosa que lamentar el enojo del profesor peledeísta y restarle importancia, señalando que nunca espero unanimidad, que la pluralidad y la diversidad son esencia de la libertad y de la democracia, y que todos deberíamos soportar criterios divergentes, sobre todo si se expresan sin faltarle el respeto y la consideración a los demás.
Aparte de la descalificación, el inquisidor se refirió a los grandes logros del gobierno del presidente Danilo Medina, especialmente a la inversión en educación, ya habíamos reconocido. Hice conciencia de cuánto habíamos contribuido los periodistas y activistas sociales, opositores, críticos y exigentes al mayor logro del cuarto gobierno del PLD.

Durante años reclamamos el cumplimiento de la ley general de educación promulgada en 1997 que destina el 4 por ciento del PIB a la educación. Pasaron tres gobiernos del PLD y uno del PRD, sin que se alcanzara la meta. Cargamos los paraguas amarillos por parques y calles, los abrimos en nuestros programas televisivos, escribimos cientos de artículos y en el 2012 hicimos que los candidatos presidenciales firmaran un compromiso de cumplir la ley.

Reconocemos que el presidente Medina está honrando ese compromiso, aunque la inversión se ha concentrado demasiado en edificaciones, y poco en otros elementos esenciales para la calidad de la educación. Y sentimos satisfacción de haber contribuido al mayor galardón que exhibe su gobierno.

Y no es la única contribución, los críticos rechazamos aquel decreto de Medina que reconocía los títulos usurpados de Bahía de las Águilas, y logramos que el mandatario lo rectificara. En su informe del pasado 27 de febrero lo celebró como gran logro. La pasada semana inauguraron la carretera Ocoa-Piedra Blanca, que une las regiones norte y sur del país, que los críticos promovimos cuando los fieles defendían una vía directa entre Santiago y San Juan, por el medio de la cordillera Central, que rompería tres parques nacionales, con altísimo costo ecológico y económico, y que tomaría años para inaugurar.

Algo similar ocurrió cuando el presidente Medina buscaba un paliativo al problema, de graves repercusiones internacionales, creado por la sentencia que dejó sin nacionalidad a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana. Contra una enorme confabulación que incluyó a gran parte de su partido y acólitos mediáticos, los críticos y defensores de derechos humanos ayudamos al presidente a desligarse de esa ignominia con la ley 169-14.

Es una pena que el presidente no se dejara ayudar en otras cosas, como por ejemplo en las reformas políticas, en el cumplimiento de las leyes, en el combate real a la corrupción y la inseguridad o en no haber comprado el Congreso para buscar la reelección.

Es realmente preocupante el terreno que ha ganado la intolerancia y los afanes concentradores en los ámbitos del partido gobernante. Tanto que se irritan y quieren acallar las cada vez menos voces disidentes.

La JCE está obligada a respetar su propia ley

JCE C

La forma en que se ha impuesto el conteo electrónico  de los votos 2016, es una clara violación de varios artículos de la Ley Electoral 275-97 vigente, y la creciente oposición generada, crean una crisis de credibilidad  que obliga a una rectificación  

Por Juan Bolívar Díaz

            Resulta inconcebible que la Junta Central Electoral (JCE), rectora del proceso democrático, esté violentando su propio marco regulatorio orgánico que no es otro que su ley Electoral 275-97, que quienes controlan el Congreso Nacional se han negado a conciliar con la Constitución que ellos mismos promulgaron hace 6 años.

            Los reclamos de los principales partidos de oposición obligan a rectificaciones que respeten la jurisdicción de los colegios electorales y garanticen un mínimo de confianza y credibilidad en el resultado de unas complejas elecciones nacionales suficientemente manchadas por la inequidad y el abuso de los poderes y recursos del Estado.

Los mandatos de la ley

            Sólo por la persistencia en que en este país se desconocen los principios constitucionales y las disposiciones legales, puede entenderse que la JCE haya impuesto un sistema de cómputo que vulnera claramente mandatos de su ley orgánica, que para ello y otros asuntos debió ser actualizada, a lo que se han negado quienes controlan  el Congreso.

            La forma en que se ha dispuesto el escrutinio viola varios artículos de la Ley Electoral 175-97 y sus modificaciones. El más relevante es el 127 donde se detalla el procedimiento que deben seguir los colegios electorales para computar los votos que en ellos se depositan, precisando que “el secretario desdoblará la boleta, leyendo en alta voz la denominación de la agrupación o partido a que corresponda la boleta y pasando ésta al presidente, quien  la  examinará  y exhibirá a los demás miembros y delegados presentes”.

            El cambio dispuesto es tan radical, que aunque dispone desdoblar y alisar la boleta para ser escaneada, prohíbe que se vea a quién favorece, derivando la confianza en un cien por ciento a la máquina. No hay explicación racional para que en ese operativo no pueda exhibirse el voto a todos los delegados como dispone la ley.

            Otros artículos desconocidos son el 133, que otorga a los delegados político el “Derecho de Verificación” de las boletas, y el 135, según el cual “Los miembros del colegio y los representantes de las agrupaciones y partidos políticos y sus sustitutos que hayan sustentado candidaturas podrán formular al pie del acta las observaciones que le merezcan las operaciones del escrutinio y firmar dichas observaciones”. También violan el artículo 120 al eliminar el entintado del dedo índice de la mano derecha.

Adecuarse a la Ley 175-97

            Es obvio que para establecer el escrutinio electrónico se necesitaba reformar la ley 175-97, lo que el Congreso no ha hecho, evadiendo adecuarla a la Constitución del 2010. Si  la JCE aduce que requiere una ley específica para cumplir las facultades regulatorias establecidas en su artículo constitucional 212, con más razón es necesaria para modificar el sistema de escrutinio que sí está normado legalmente.

            El titular de la JCE Eddy Olivares ha elevado una instancia para que el organismo modifique su resolución 64-2016 del 17 de abril pasado sobre la automatización del registro de concurrentes, del escrutinio y la transmisión de resultados, para que se cumpla el  artículo 127 de su ley orgánica, haciendo innecesario el conteo manual del 15 por ciento de los colegios dispuesto para hacerse en las juntas electorales municipales.

            A su juicio eso permitiría la automatización, evitando convertirla en un elemento de discordia y desconfianza en el proceso electoral. Sostiene que era aconsejable una serie de pasos previos, como capacitación de personal, auditoría de los equipos y software  y un plan piloto.

Siete partidos reclaman

            Hasta el viernes sumaban 6  los partidos que habían reclamado el conteo manual de los votos, concomitantemente con el electrónico, y un séptimo, la Fuerza Nacional Progresista, pide que el conteo manual de la muestra del 15 por ciento de los colegios que la JCE derivó a las juntas electorales municipales, se haga en las propias mesas de votación.

            Los que exigen el conteo manual total son el Partido Revolucionario Moderno, Partido Reformista Social Cristiano, Alianza por la Democracia, Partido Humanista Dominicano, Alianza País, y Frente Amplio, que sustentan las candidaturas presidenciales de Luis Abinader, Minou Tavárez y Guillermo Moreno.  Los cuatro primeros habían formalizado instancias ante la JCE.

            Tras una visita el jueves al movimiento Participación Ciudadana, encabezando una amplia delegación, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared, declaró que ellos aceptarán lo que decida la JCE, sea conteo manual o electrónico, y antes su candidato Danilo Medina había dicho que no le preocupa de qué forma se cuenten los votos, lo que implica no objeción a la modificación de la resolución  64-2016.

            Aunque no pueda aducirse como justificativo de la ilegalidad, es relevante que los delegados políticos de los partidos ante la JCE no registraran con más anticipación que se estaban volando los procedimientos legales. La resolución del 17 de abril fue el detonante.

Cadena de infortunios

            A dos semanas de la elección de 4 mil 106 cargos, presidenciales, congresuales y municipales, unificados por primera vez desde 1994, el escrutinio electrónico de los votos se ha convertido en un grave conflicto derivado de una serie de infortunios e imprevisiones  configurando  un salto autoritario que ignora las limitadas experiencias de 8 países donde se ha establecido progresivamente, luego de pruebas parciales, y de otros donde el sistema ha sido rechazado e incluso revocado.

            La JCE debió exigir al Congreso la reforma de la Ley Electoral, como condición  esencial para el cambio y haberse garantizado que todos los equipos y programas para la automatización estuvieran a tiempo para que fueran debidamente auditados. A tres semanas de los comicios apenas habían recibido el 55 por ciento.

            Debieron también entrenar a tiempo el personal técnico para operar  el funcionamiento de tres equipos electrónicos en cada uno de los más de 15 mil colegios electorales en un país sin garantía de energía eléctrica. Informes confidenciales indican que más del 60 por ciento de los convocados  no han pasado la prueba de aptitud.

Actuaciones prepotentes

            Los problemas que confronta la automatización de las elecciones se han debido también a actuaciones prepotentes del presidente de la JCE que impone una mayoría de tres a dos en gran parte de las decisiones del organismo, haciendo pocas  concesiones. a una minoría tan ilustrada como la que representan los juristas Eddy Olivares y José Angel Aquino, éste último también politólogo.

            Roberto Rosario volvió a pelearse en público con Participación Ciudadana que, en privado, sugirió en febrero la auditoría y el conteo manual de una muestra científica del  3 (luego 10) por ciento de los colegios buscando disipar las desconfianzas que han surgido donde quiera se ha planteado su automatización. En Venezuela, uno de los dos de América Latina con voto automático,  se cuenta manualmente en el 54 por ciento de los colegios.

            La primera reacción fue decir que siempre estuvo prevista la auditoría, aunque no se había anunciado, y luego que la habían acordado con la OEA, lo que resultó falso, puesto que esta institución precisó que sólo será observadora, no auditora. Y que nadie se deje confundir con la pretensión de que probar el funcionamiento de equipos, como harán hoy domingo, equivale a una auditoría de los mismos y sus programas informáticos.

Desplazamiento burlesco

            El 17 de abril emitieron la resolución disponiendo el conteo manual, no del 10 por ciento de los colegios solicitado, sino del 15, pero derivándolo a las juntas municipales, lo que implica una violación adicional a la ley electoral que dispone que los votos se cuentan en los colegios y que las juntas electorales deben consolidar todo el cómputo municipal y operar como instancia de revisión de impugnaciones, a tenor de los artículos 136 al 145.

            El artículo 139 dice: “inmediatamente después de concluidas las elecciones la junta electoral (municipal) comenzará a levantar una relación provisional del resultado de los comicios en sus jurisdicciones respectivas basadas en las relaciones de    votación a que se refieren los artículos 136,137 y 138 de  la presente ley”, sobre el escrutinio en los colegios .

            Este desplazamiento ilegal de facultades es por demás burlesco, porque las juntas de los grandes municipios tomarían días para contar los votos de decenas de colegios, dilatando la confiabilidad en los resultados de la automatización. En el DN, con 2,238 colegios, el 15 por ciento serían 335, en Santo Domingo Este 213 y 174 en Santiago.

            La reivindicación de la ley electoral conviene a la legitimidad de un proceso electoral ya marcado por la dramática desigualdad y abusos del Estado que, como dijo Danilo Medina en el 2012, siempre ha implicado en el país la reelección presidencial.-

Crisis de valores o cinismo

Por Juan Bolívar Díaz

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    Servio Tulio Castaños, el dilecto vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia ha vuelto a deplorar que la sociedad dominicana refleje,  “de manera dramática, una crisis de valores que incluye el debilitamiento de las instituciones y la pérdida de confianza en la eficiencia y transparencia en la gestión de los servicios públicos”.

            Para otros la crisis es más profunda, fundada en una histórica devoción y sumisión al poder, sin importar el grado de corrupción, los niveles de represión, engaño y violencia, que pueden implicar el fusilamiento de héroes nacionales, como Francisco y María Trinidad Sánchez, Manolo Tavárez o Francis Caamaño, por haber desafiado a los gestores de la iniquidad.

            Es una sumisión tan acendrada, que comenzó frente a los exterminadores de la población indígena y siguió con la esclavitud y la exclusión, promovida hasta por las jerarquías eclesiales que nos impusieron como patrona la virgen a la que la ignominia oficial atribuye la protección de los poderosos conquistadores frente a los indefensos. No hay dudas que gran proporción de los religiosos de hoy, abominan de ese planteamiento y trabajan por la liberación espiritual, pero parece que es difícil desarraigar la ignominia.

            Esa devoción por el poderoso explica que sólo siete caudillos hayan gobernado la República por más de dos tercios de su historia, reeligiéndose una y otra vez: Pedro Santana, Buenaventura Báez, Lilís Hereaux, Horacio Vásquez, Rafael Trujillo, Joaquín Balaguer y Leonel Fernández. Los dos  últimos también dos tercios del posttrujillismo.

            Danilo Medina va en camino de sumarse a ese exclusivo club, reproduciendo los mismos “valores”: completó la obra de su antecesor en la desarticulación de los partidos que le hacían “oposición”, comprando sus dirigentes con los recursos del Estado, y de igual forma “conquistó” bloques enteros de diputados y senadores, como se ha hecho con todo el que ha querido acceder a riquezas rápidas y privilegios, no importa que sean jerarcas políticos, religiosos, sindicales, intelectuales o comunicadores sociales. Y a un millón de los pobres se les ha dejado  caer migajas de la mesa, con lo cual su atavismo cultural los deja satisfechos.

            Al dar cuenta de los resultados de la última encuesta Hallup-HOY el lunes 25 de abril, este periódico tituló arriba, en su página 8-A: “El 63% votaría por Danilo y ganaría en  primera vuelta”. Al centro otro título expresaba:  “El 63% cree usan fondos públicos a favor de DM”. La Gallup-HOY de julio 2015, días después de la última reforma constitucional para la reelección, registraba el mismo 63% de preferencias electorales a favor de Danilo, con 64% aprobando la burla de la Constitución, aunque el 52% de los mismos encuestados estuvo de acuerdo que para lograrlo “había corrido el dinero”, con sólo 26% en desacuerdo.

            En esta  última Gallup-HOY, el  33% considera que la corrupción es mayor que antes y otro 31% que es igual, para sumar 64%, el 82% señaló la delincuencia, o el robo, asalto y sicariato, como principales preocupaciones.

            Algunos analistas estiman que la aprobación del gobierno se debe al crecimiento económico, pero los encuestados no lo aprecian así: 46%  señaló el desempleo como principal problema, 58% ve la situación económica del país mala o muy mala, (sólo 15% buena o muy buena), 45% estima mala o muy mala su situación económica personal, (sólo 20% buena o muy buena) y 53% considera que al final del gobierno la situación económica será igual o peor, contra un 26% que ls espera mejor.

            ¿Cómo se explican todas estas contradicciones? Cinismo, en las capas sociales más educadas y mejor situadas económicamente, especialmente de los beneficiarios de la corrupción y distribución del patrimonio público. Alienación y sumisión de las masas ignorantes que agradecen felices hasta un pollo, y resignación y frustración en muchísima gente que quisiera vivir en un país mucho mejor. Finalmente, hay un segmento social que rechaza la alienación, no concilia con la corrupción, ni se resigna ni se deja frustrar, ¿En cuál grupo se sitúa usted, señor o señora lectora?

 

Se impone el conteo manual en una muestra de colegios

Por Juan Bolívar Díaz
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La Organización de Estados Americanos (OEA) no realizará una auditoría a los equipos y programas a emplearse en el escrutinio electrónico de los votos de mayo, la mitad aún sin ser recibidos, como había anunciado la Junta Central Electoral (JCE), lo que hace más imperativo el conteo manual de una muestra representativa de los colegios electorales.

Es irracional la renuencia a implementar un recurso, como el propuesto por Participación Ciudadana (PC) que busca certificar la legitimidad de un conteo de votos que por primera vez será realizado electrónicamente en el país, lo que hasta ahora sólo se ha hecho, y progresivamente, en ocho países, dos de ellos latinoamericanos.

La OEA sólo observará. Aunque el presidente de la JCE Roberto Rosario había anunciado el 12 de abril que había acordado con la Organización de Estados Americanos (OEA) la auditoría de los equipos y programas, hardware y software, a ser utilizados para el conteo electrónico de los votos de mayo, un comunicado de la institución precisa que sólo será observadora.

Respondiendo a un requerimiento para este análisis, sobre el tipo de auditoría, personal técnico y tiempo para el trabajo, el director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la institución, Gerardo Icaza, nos remitió la tarde del viernes un comunicado titulado “OEA observará simulacro de elecciones que se realizará en República Dominicana el próximo 1 de mayo”, que copiamos a continuación:

“La Organización de los Estados Americanos (OEA) enviará un equipo de especialistas a República Dominicana para observar el simulacro de elecciones que se realizará el domingo 1 de mayo, en el marco de la Misión de Observación Electoral que desplegará la OEA en el país de cara a las elecciones del próximo 15 de mayo. Los expertos podrán constatar el funcionamiento de los equipos que se utilizarán para el conteo de los votos.

“Una semana antes de la elección del 15 de mayo se desplegarán expertos y observadores que realizarán un análisis exhaustivo en organización y tecnología electoral, financiamiento y desarrollo de campañas, medios de comunicación y participación equitativa de mujeres y hombres en la contienda. El trabajo de este equipo se verá reflejado en un informe preliminar, que se presentará el día siguiente a la elección e incluirá los principales hallazgos y recomendaciones sobre la elección.

“La OEA ha desplegado hasta ahora 15 misiones de Observación Electoral en República Dominicana”.

La resolución de la JCE. En actitud de apertura, cuando ya los partidos de oposición comenzaban a pedir más que PC en conteo manual, Roberto Rosario hizo que el pleno aprobara esta semana el conteo manual de una muestra, pero no del 3 ni del 10 por ciento pedidos por el movimiento cívico, sino del 15 por ciento de los colegios, pero lo dañaron al disponer que se haga en las juntas municipales, pues en las grandes tomaría días y perdería el aporte de confiabilidad de los resultados que se anunciarían en horas.

No hay ninguna lógica ni razón para que el conteo manual no se haga en los mismos colegios de la muestra, tan pronto concluya el escaneo electrónico de los resultados, y aún cuando éstos se hayan transmitido. La ley electoral garantiza los delegados en las mesas, los cuales deben firmar las actas y/o levantar allí, no en las juntas, la impugnación que crean correspondiente.

La mitad del electorado se concentra en los 11 municipios más poblados, algunos con más de mil colegios, como el Distrito Nacional, donde la muestra pasaría de 300. Si ya transmitieron sus resultados, la mayoría de sus integrantes, que no sabrán si caerán en la muestra para el conteo manual, evadirían pasar la noche y días en la junta municipal haciendo cola para la verificación. Igual los observadores.

Las protestas, discusiones e impugnaciones lloverían en muchos colegios, donde los delegados de partidos desconfiarían de los resultados que arrojen las máquinas, y no sólo en el nivel presidencial, como se cree, sino y también en el municipal y sobre todo en el congresual por el voto preferencial para elegir los diputados. La certeza de una inmediata validación por el muestreo estaría llamado a disuadir conflictos e impugnaciones.

Sólo en Venezuela y Brasil. La afición a una falsa modernidad y la compulsión por comprar pueden explicar que un país con la mitad de la población sufriendo carencias de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, y con bajos índices educativos y de salubridad, se haya marcado como prioritario un sistema electrónico de escrutinio total de los votos, que apenas han adoptado ocho naciones del mundo, dos latinoamericanas, Brasil y Venezuela.

La automatización, que aquí se presenta como una panacea, apenas se ha ejecutado en Estados Unidos (con problemas en Florida, Virginia y California), y en La India, Suiza, Bélgica, Estonia y Filipinas. En Alemania la Suprema Corte la declaró inconstitucional al considerarla incompatible con la transparencia y controles públicos. Rechazado en Reino Unido e Irlanda, y fue revocado en Holanda y Finlandia. En ocho países latinoamericanos se ha probado parcialmente, en planes pilotos: Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Guatemala, en varios casos con problemas y rechazos.

En Brasil y Venezuela no es sólo electrónico el escrutinio, sino también la emisión del voto. Aquí en mayo próximo el voto seguirá siendo manual, lo que obliga a un escaneo de la triple boleta, previamente dobladas, y la congresual mayúscula, implicando riesgos de trabar las máquinas, lo que demanda personal técnico.

En Venezuela el sistema automatizado se ha utilizado con éxito en 16 procesos de votación nacional y regional, pero en todos se ha combinado el escrutinio electrónico con el manual en una muestra tan grande como el 54 por ciento de los colegios, y previamente se hace la auditoría de todos los equipos, para la cual se requiere un mínimo de tres meses, testimonió en Teleantillas el ingeniero Mario Torre, ejecutivo del Grupo de Sistemas Tecnológicos (GST), de la sociedad civil venezolana, que realiza allí las comprobaciones.

Prudente racionalidad. Las auditorías y la muestra de conteo manual han ratificado la eficacia y limpieza de la automatización de las votaciones en Venezuela, y han contribuido a que se aceptaran los resultados, aún en los últimos comicios cuando ha perdido el partido de gobierno.

Los que aparecen como favoritos para ganar los próximos comicios dominicanos deberían ser los más interesados en que no quede la mínima duda y promover la mayor transparencia en un sistema nuevo, que implica muchos desafíos, pues se emplearán tres máquinas electrónicas.

Y a estas alturas del proceso, ningún partido puede reclamar ahora que se haga el conteo manual de la totalidad de los colegios, como han hecho dos. Una muestra científica del 10 ó 15 por ciento sería suficiente. Siempre con la esperanza de que ninguno de esos equipos registre fallas importantes. Debería imperar una prudente racionalidad.-

Abusos fiscales en campañas y desguañangue institucional

Por Juan Bolívar Díaz
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Cuatro expertos, participantes en un foro organizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), coincidieron en que en las dos últimas elecciones, bajo gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, se ha desbordado el gasto fiscal, con un acentuado desguañangue de la institucionalidad democrática.

Datos ofrecidos por el experto en asuntos fiscales José Rijo y por la Comisión Económica del Partido Revolucionario Moderno (PRM) indican un incremento del déficit fiscal en la actual coyuntura electoral, aunque en menor medida que en la anterior, cuando el desbordamiento prosiguió aún en el período de transición al nuevo Gobierno.

Del mito a la realidad. En la exposición fundamental de un foro organizado por el área de Negocios del INTEC el martes 12 sobre el gasto público en períodos electorales, el economista Pavel Isa Contreras sostuvo que es un mito el planteamiento de que siempre en los años de elecciones el gasto del Gobierno, corriente o de capital, se desborda generando desbalances fiscales, pero que sí fue una realidad en el 2008 y 2012.

Al analizar el gasto público en los últimos 25 años, con seis elecciones presidenciales, Pavel Isa concluyó que “el gasto público y el déficit fiscal se desbordan solo en las últimas dos”, con la particularidad de que en el 2008 el exceso fue fundamentalmente del gasto corriente, y en el 2012 del gasto de capital. En el primer caso el presidente Leonel Fernández buscaba la reelección, y en el segundo la continuidad de su partido en el poder con Danilo Medina de candidato presidencial.

En el 2012, cuando se alcanzó un déficit fiscal histórico en virtud de que el Gobierno central gastó más de 155 mil millones de pesos sobre lo presupuestado, una proporción significativa ocurrió aún después de las elecciones, lo que pareció obedecer al interés del presidente Fernández de concluir y avanzar obras buscando rentabilidad política para abonar una vuelta al poder en el 2016, frustrada por el predominio del proyecto reeleccionista del presidente Medina.

Isa contreras documentó que en los años electorales el gasto gubernamental crece significativamente entre enero y abril y decae de mayo a noviembre, mientras en años no electorales el gasto es menor en los primeros meses y mayor en la segunda mitad.

Desguañangue institucional. Los cuatro expositores coincidieron en que en los dos últimos procesos electorales no solo hubo muy alto déficit fiscal, sino también un acentuado desguañangue de la institucionalidad democrática.

De diversa forma lo expusieron Pavel Isa, José Rijo, experto en asuntos fiscales, el también economista Ernesto Selman, director del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, y el sociólogo Carlos Pimentel, del área de Transparencia del movimiento Participación Ciudadana.

El consenso fue absoluto en que los organismos de control no funcionan, generando impunidad, con un Congreso que no cumple su función de fiscalización, deficiencias de la Cámara de Cuentas, politización de órganos judiciales, ignorancia del paquete de leyes de control presupuestario, transparencia y rendición de cuentas, “con prevalencia de una cultura política que obstruye el funcionamiento de las instituciones democráticas”, según Pimentel.

Selman señaló la responsabilidad de las élites empresariales y sociales, empeñadas en la búsqueda de beneficios particulares, denunció las políticas populistas y clientelares, sostuvo que entre 2007 y 2008, durante el último proceso reeleccionista, concedieron la mayor cantidad de exoneraciones impositivas vigentes, y concluyó demandando un pacto ético.

Mientras Pimentel denunció la existencia de un “Estado capturado” por la coalición de intereses económicos y políticos, con gobiernos que ignoran todo un conjunto de normativas presupuestales, de transparencia y controles en los que la sociedad dominicana se empeñó durante las últimas dos décadas.

También en el actual proceso. José Rijo convino en que la mayor crisis es institucional, con el secuestro del Congreso, la justicia y los mecanismos de control por parte del Poder Ejecutivo, sosteniendo que en la actual coyuntura electoral se está produciendo otro desbordamiento del gasto en aras del proyecto continuista, resaltando que en el primer trimestre hay un déficit fiscal de 29.5 mil millones de pesos, muy superior al de 4 millones registrado en el mismo período del año pasado.

Al comparar el comportamiento del gasto en el primer trimestre del 2016 con el mismo período del 2015, el experto en asuntos fiscales sostuvo que se está disparando tanto el gasto corriente como el de capital Y ejemplificó: en obras para edificación no residencial el gasto creció de 4,351 millones a 7,392 millones de pesos. En infraestructura terrestre y obras anexas pasó de 1,943 millones a 7,290 millones de pesos.

En nominillas y personal transitorio, el Ministerio de Obras Públicas pasó de un gasto de 196 a 329 millones de pesos, la Presidencia de la República de 139 a 221 millones de pesos, y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de 60 a 188 millones de pesos.

Rijo ofreció abundantes datos para resaltar el crecimiento en el primer trimestre de este año del gasto gubernamental en publicidad y propaganda, en pasajes, viáticos y gastos de representación, renglones que vincula a la campaña electoral.

Otro foro de denuncias. Otro foro académico, celebrado el jueves con auspicios de la Fundación Ebert sobre “Las altas cortes y la crisis del sistema de justicia”, concluyó también denunciando la quiebra institucional de la nación.

Aquí los expositores centrales fueron el destacado jurista y dirigente social Francisco Alvarez Valdez y el vicepresidente ejecutivo de la influyente Fundación Institucionalidad y Justicia, también reconocido jurista Servio Tulio Castaños Guzmán.

Alvarez Valdez trazó el proceso de ascenso del sector justicia a partir de la reforma constitucional derivada de la crisis política de 1994, hasta el retroceso con la politización y subordinación de los órganos judiciales, especialmente tras la Constitución del 2010 y la captura del Consejo Nacional de la Magistratura por el Poder Ejecutivo.

Castaños Guzmán convino en que todo el sistema de justicia está en crisis, resaltando los bajos niveles de aceptación que le marcan las encuestas.

Se remitió al último índice de competitividad del Foro Económico Mundial que coloca la independencia del Poder Judicial dominicano en la posición 124 entre 140 naciones evaluadas.

Resaltó el descrédito de la Policía Nacional, con alta proporción de miembros involucrados en crímenes.

Este mundo es insostenible

Por Juan Bolívar Díaz
17_04_2016 HOY_DOMINGO_170416_ Opinión9 A

El invierno de este año apenas pudo reducir el flujo de los cientos de miles de asiáticos y europeos que cruzan y muchos dejan la vida en el Mar Mediterráneo, para tocar las puertas de Europa, reclamando alguna participación en el bienestar construido en este mundo con el aporte de todos. Y desde que asoma la primavera se eleva el oleaje humano volviendo a disparar la alarma en el continente europeo.

Es natural y comprensible que las naciones desarrolladas se empeñen en establecer límites a la masiva “invasión”, que parece una venganza histórica de la que varias de ellas protagonizaron durante siglos en lo que hoy se conoce como tercer mundo, y de la que derivaron tanta riqueza, que muchos consideran fue fundamental para su apogeo.

Lo más conflictivo es que esa migración y las políticas para contenerla generan conflictos internos, con discursos de estigmatización y exclusión de ciudadanos europeos y norteamericanos descendientes de inmigrantes, constituyéndose en un círculo vicioso, al disparar radicalismos y fundamentalismos en sus propios territorios y a nivel universal, caldo de cultivo de un terrorismo que nadie puede justificar por las deudas históricas de la esclavitud, la sobreexplotación de recursos naturales y los repartos políticos del tercer mundo. Pero que los traen de nuevo al tapete.

Lo que se proyecta es ominoso y demanda de un gran liderazgo con capacidad para enfrentar los graves desafíos, como el que emergió tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la creación del estado de bienestar, impulsado por el temor a la expansión del comunismo, fortaleció y sustentó las llamadas sociedades occidentales.

El problema es muy complejo y profundo, pues lo que lo genera no es otra cosa que la extrema desigualdad que se ha apoderado de este mundo después del final de la guerra fría que, si bien nos mantenía al filo de la confrontación total, contenía los extremos del mal reparto de los bienes y hasta prometía solidaridad con los más desposeídos de dentro y de fuera de los templos del bienestar.

Los datos que revelan recientes estudios internacionales como los de Oxfam, avalados en un informe conjunto, por la Comisión Económica para América Latina, indican que este mundo del siglo 21 es insostenible, y que no habrá seguridad para nadie. Que los fundamentalismos de diversas manufacturas, alimentados por la extrema desigualdad, nos mantendrán a todos en ascuas.

Lo datos están ahí: el año pasado solo 62 personas poseían la misma cantidad de riqueza que la mitad de la humanidad, es decir que 3,600 millones de seres humanos. Y la concentración se incrementa a velocidad de rayo, en 44 por ciento en solo cinco años. En el 2010 los que concentraban esa proporción de la riqueza eran 388.

Visto de forma más amplia, el uno por ciento de la humanidad, es decir unos 72 millones de personas, usufructúan más riqueza que el 99 por ciento restante, nada menos que unos 7,128 millones de seres humanos. En lo que va de este siglo la mitad más pobre de la humanidad solo ha recibido el uno por ciento de la riqueza generada, mientras el 50 por ciento de la misma ha ido al bolsillo del uno por ciento más privilegiado.

Así, con esa extrema desigualdad reproductora de pobreza, desesperación y sed de venganza, no habrá seguridad para nadie en este mundo, por más que se aceiten las maquinarias de la represión o la contención. La injusticia la inequidad y la iniquidad es tan descomunal, que muchos no quieren verla y apuntan a soluciones erradas, que agudizan las contradicciones.

Si en verdad fue Dios que hizo este mundo, tendrá que apresurarse a provocar su modificación, antes de que la inmensa tragedia del acaparamiento abata esta civilización.

Carta enviada por Juan Bolívar Díaz al periódico HOY

                                                                                                                                    Abril 12 del 2016.-

Licenciado

Bienvenido Álvarez Vega

Director de HOY

Presente.-

Muy estimado Bienvenido:

            De ninguna manera voy a reclamar mucho espacio para responder los nuevos inventos del señor César Medina, a quien ya no le alcanzan sus columnas en el Listín Diario para injuriar. No se puede polemizar con un mentiroso tan patético y con delirio de grandeza, capaz de citar a personas vivas que está fabulando, como los compañeros de Ultima Hora, El Sol, El Nuevo Diario, HOY y Teleantillas.  Quiterio Cedeño no me sustituyó en El Sol, por el contrario se fue conmigo y Ramón Colombo y casi toda la redacción  a fundar El Nuevo Diario.

            Obviamente que se le olvidó que tu, Bienvenido, estuviste entre los iniciadores de Uno+Uno  en Teleantillas. Y llega al descaro de decir que él era el director de prensa, y que cuando pedí su despido, fui yo quien tuvo que irse de la empresa. ¡Oh Dios y llevo 29 años trabajando cada día en el canal a la vista de todos! Su locura lo lleva a inventar que me opuse a su noviazgo con Mirna Pichardo, porque ella trabajaba en otro canal.

            Con mi artículo del domingo pretendí ponerle un límite a las diatribas e infamias del embajador Medina y asociados. Pero veo que es imposible, pues su capacidad de fabular es inconmensurable. Y él ya está hablando del “campo del honor” y temo que me vuelva a desafiar a pelear,  a matarnos,  no sé ahora con qué armas. Y ahí yo perdería definitivamente.

            Me resigno a que los ejecutivos del Listín, cuyo espacio no pretendo ocupar,  le permitan seguir usando sus páginas para injuriar al “pobre”, “frustrado” y “envidioso” “Bolivita”. Decir más sería muy penoso.

            Con los afectos de siempre,

                                                                                    Juan Bolívar Díaz