Falta mucho para saldar el escándalo Odebrecht

 

Por Juan Bolívar Díaz

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El Gobierno del presidente Danilo Medina y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lograron un respiro con el testimonio de Mónica Moura, quien en su declaración ante el tribunal electoral brasileño negó que se utilizaran recursos de Odebrecht en las campañas electorales que ella y su esposo Joan Santana asesoraron en el país.

Ese primer éxito en el calvario de cuatro meses fue seguido por otro, el haber logrado que un juez validara el acuerdo de la Procuraduría General de la República (PGR) con la empresa constructora, pero con tan alto tufo de impunidad que parece otro soborno y reactiva la indignación nacional por el escándalo, faltando muchas explicaciones.

Un éxito preanunciado. El Gobierno estaba preparado para, tras la pausa de la Semana Santa, intentar salirse del cerco en que lo ha situado el escándalo de los confesados sobornos de Odebrecht para obtener contratos de obras en el país y las denuncias de que financiaron las campañas electorales del presidente Medina. El activo ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, había anunciado que esperaran el testimonio que se presentaría esta semana, sólo que lo atribuía a Joao Santana y le tocó a su esposa Mónica.

Peralta demostró estar bien informado, porque sostuvo que ese testimonio demostraría que no hubo dinero de Odebrecht en la campaña de Medina, y así lo repitieron los voceros del PLD en los medios de comunicación, incentivando las versiones de que han mantenido contactos y posibles tratativas con los Santana-Moura. Se sostiene que uno de los hijos de Joao y gente de su equipo todavía trabajan para el gobierno dominicano.

Tan pronto se produjo, al inicio de la semana, la PGR logró que el juez Danilo Amador Quevedo validara el acuerdo que el 1 de marzo había rechazado el juez Juan Alejandro Vargas, sin pérdida de tiempo, al día siguiente de haberse informado la recurrencia. Se evade un juicio que prolongaría indefinidamente el escándalo y podría arrojar informaciones más comprometedoras.

La principal motivación de la PGR para justificar un acuerdo que ha sido calificado como “otro soborno de Odebrecht”, es que la empresa se compromete a entregar a más tardar el 19 de mayo, la lista de los sobornados, y que eso permitirá procesarlos. El costo de impunidad para Odebrecht es alto, sobre todo porque existe el compromiso de que esa lista sería aportada por las autoridades judiciales de Brasil a partir del 1 de junio, es decir que se conseguiría en dos semanas sin costo alguno.

Faltan los US$163 millones. La PGR ha justificado el acuerdo en que Odebrecht se compromete a pagar en los próximos 8 años, hasta el 2025, la multa por el duplo (US$184 millones) de los US$92 millones que confesó haber pagado en sobornos para obtener contratos en el país, dejando en el olvido los US$163 millones que obtuvo de los mismos actos de corrupción admitidos.

El experto Enmanuel Cedeño Brea, en Acento.com, calcula el valor neto que recibirá el país por el acuerdo. Con una tasa de descuento por los intereses a 8 años, concluye en que serían sólo US$137, 865,764, que el “valor del dinero en el tiempo” le aporta a la empresa un descuento de US$46, 134,236, equivalente al 25 por ciento.

Así como RD es, de los 9 países involucrados en el escándalo, el que no ha adoptado ninguna coerción, pese a liderar proporcionalmente el volumen de sobornos tanto en lo pagado como en relación a lo contratado, es el primero que cierra un acuerdo con la sobornadora, garantizándole que no habrá procesamiento de sus ejecutivos y que podrá seguir realizando obras en el país, en violación a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y la propia ley sobre sobornos. En lo inmediato se ayuda a Odebrecht a iniciar un camino que pudiera estabilizarla en los mercados, evitando su posible quiebra, en cuyo caso el país no recibiría el grueso de los US$184 millones.

Lo de que el acuerdo es “oportunidad” para otro soborno parte del generoso trasto dado a la empresa, sin imputación previa. La mejor prueba es que, con el anuncio del acuerdo en febrero, sin que hubiese sido validado u homologado por un juez, la PGR dijo que ya había recibido los primeros 30 millones de dólares, que por cierto nunca se ha dicho por dónde ingresaron al Estado, pero que según versiones fueron destinados a cubrir necesidades del Ministerio Público, completando el soborno.

Otros graves testimonios. La indignación generada por el acuerdo de la PGR con Odebrecht superó con mucho el respiro de la declaración de Mónica Moura, que tiene algún valor, pero no supera otras declaraciones de ella misma, de Joao Santana y sobre todo de sus jefes del Departamento de “Operaciones Estructuradas” de Odebrecht, Fernando Migliaccio e Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, quienes identifican tanto a Moura como a Joao Santana como los ejecutivos internacionales de una trama de financiamiento electoral, identificando a República Dominicana, junto a Panamá, Venezuela, El Salvador y Angola.

El reconocido diario O Globo dio cuenta de los testimonios de los esposos Moura-Santana en su “delación privilegiada” ya validada por el Tribunal Supremo de Brasil, donde admitieron que se involucraron en financiamientos irregulares en campañas electorales de Medina, Chávez, Maduro, y Funes, que “ninguna de las campañas en que participaron fue dejada fuera de las denuncias”. En su primera declaración, se quedaron en cuestiones banales, por lo que tuvieron que hacer una segunda arrojando mayor información, sin que nadie pueda garantizar que lo han dicho todo.

Se ha publicado preguntas y respuestas de Fernando Migliaccio ante el Tribunal Electoral, y cuando le preguntaron si sabía para qué se destinaba el dinero que enviaba a !Feira” (seudónimo de Moura, respondió: “Sabía, porque había momentos en los que había cruce de programas. Así, por ejemplo, tenía elecciones en Brasil, pero además tenía en la República Dominicana y en El Salvador, por ejemplo. No tengo de si son esos todos los países”,,, “Yo sabía exactamente que estábamos pagando por las elecciones, pagamos su trabajo en las elecciones, muy bien hecho por cierto, su trabajo en El Salvador, Venezuela, Angola, Brasil, República Dominicana y Panamá”.

No es para celebraciones. Son tantos los testimonios que presentan a Joao Santana y Mónico Moura como ejecutivos de una red mafiosa de delincuentes internacionales, comenzando en Brasil, que la negativa de ella esta semana queda en lo relativo. Incluso admitiendo que pudiera ser este el único país donde ellos no aplicaron dinero de Odebrecht en las campañas, de cualquier forma eran delincuentes que operaban hasta en el palacio de gobierno hasta ser apresados.

Existe el testimonio de empresarios dominicanos de que contrataron a Santana para la campaña del 2012, pero eso no demuestra que paralela y posteriormente no hubiese dinero de Odebrecht en sus diversas tareas políticas, que no sólo incluyeron asesoría, sino también elaboración y pago de saturante publicidad y documentales. El Gobierno y el PLD han celebrado pero sin informar nada. Por ejemplo, cuánto costó la contratación de los Santana. Ni han respondido quién desde Santo Domingo hizo diez depósitos de 500 mil dólares en una cuenta en Suiza de Joao que sumaron 5 millones de dólares.

También merece explicación la revelación de que en una triangulación originada en fondos de Odebrecht, la Shellbil Finance SA, depositaba dinero en la cuenta de la empresa de Joao Polis Caribe, en Santo Domingo, y que bajo el mismo esquema la Isagón SAC, de Perú hizo 8 depósitos, entre 2011 y 2014, en la cuenta de la empresa Cine y Art 2013, creada en Santo Domingo por un asociado de Santana, por un total de 4 millones 396 mil 796 dólares. En todos esos casos se citan bancos locales a través de los cuales ingresaron y salieron depósitos, lo que es de fácil comprobación.

Ah! y deben esperarse explicaciones al testimonio de los jefes de las Operaciones Estructuradas de Odebrecht, de que cuando la investigación Lava Jato les complicó el panorama, trasladaron sus actividades al paraíso denominado República Dominicana.-

El difícil tránsito de una ley

Por Juan Bolívar Díaz
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Dos meses después de promulgada la ley, asistimos a un insólito debate sobre si está o no en vigencia, y autoridades del sector, como el director general de Tránsito Terrestre, Luis Estrella, consideran que para que empiece a regir habrá que aprobar los 30 reglamentos que la misma contempla, un verdadero exceso que desconoce la lentitud reglamentaria que caracteriza al Estado dominicano. Duplica los 16 reglamentos de la nueva ley de la Policía Nacional que, promulgada el 15 de julio pasado, todavía no estrena el primero.

La Ley de Defensa de la Competencia 42-08, lleva más de 8 años esperando su reglamento, por lo cual no se ha podido aplicar plenamente. Michel Cohén, primera presidenta de Pro-Competencia terminó su gestión el año pasado sin haber logrado la reglamentación que reclamó sistemáticamente.

Hay muchos otros ejemplos, pero baste señalar la Ley Orgánica de la Administración Pública 247-12, que arriba a su quinto año, y la Ley 105-13, sobre Regulación Salarial del Estado, en camino a su cuarto año, esperando un reglamento que según la misma, debió promulgarse en seis meses, plazo que cumplió el Ministerio de Administración Pública, para tropezar con una gaveta de la Presidencia de la República. Tras varios años de estudios, consultorías nacionales e internacionales y consensos, ahora se dice que no hay recursos para aplicarla.

Si quieren irse más lejos, por ahí anda la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que dispone los pactos eléctrico y fiscal, el primero con dos años de discusiones y el segundo relegado por soberana decisión de la máxima autoridad responsables de las aplicación de la leyes y del ordenamiento institucional.

Peor aún es que la Constitución del 2010 dispuso una veintena de leyes orgánicas para su aterrizaje, la mayoría de las cuales no se han abordado siete años después, algunas tan urgentes y manoseadas como las del Régimen Electoral y la de Partidos Políticos.

La ley de Movilidad, Transporte y Tránsito es lo que podríamos denominar un desafío de vida o muerte, si tomamos en cuenta que la República Dominicana es el segundo país de mayor mortalidad por accidente de tránsito en el mundo, después de una minúscula isla del Pacífico conocida como Niue, de unos 5 mil habitantes. Nuestra tasa de 41.7 muertos por accidentes vehiculares por cada 100 mil habitantes, es mucho más del doble que el promedio americano que es 16.l. Los datos no son un invento para “desacreditar” el paraíso nacional, sino de la Organización Mundial de la Salud.

La pregunta obligada es cuántos años nos tomará aprobar los 30 reglamentos de la nueva ley de tránsito y cuántas personas más morirán antes de que comencemos a afrontar el caos del transporte terrestre y la peor epidemia nacional.

Puede entenderse que sean necesarios reglamentos para poner en vigencia el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, llamado a refundir unos ocho organismos de la materia sobrepuestos. Pero en otra parte del mundo se pensaría que rigen aspectos como la normativa de transporte en motocicletas, que originan más de la mitad de las muertes que conforman una auténtica epidemia nacional. Menos aún se puede entender que más de dos meses después de una ley tan esperada, el presidente de la nación no haya comenzado su “revolución” del transporte designando el director del instituto que tendrá las misión de elaborar los reglamentos.

A Dios que reparta suerte con la trascendente ley, cuyo nombre es tan largo como el calvario que le espera.

Grave e inexplicado deterioro

Por Juan Bolívar Díaz
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La RD atrasada también en Indice del Estado de Derecho

Por Juan Bolívar Díaz
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Al igual que en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, el país se quema en el Indice del Estado de Derecho, ocupando la posición 85 entre 113 países, descendiendo 7 puestos en relación al 2015, y con nota de 47%, uno menos   

                 La República Dominicana volvió a quemarse en el Indice del Estado de Derecho del 2016 (IED-16), publicado esta semana por el Proyecto Justicia Mundial que auspicia el Colegio de Abogados de Estados Unidos junto a 21 socios estratégicos, ocupando la posición 85 entre 113 países, y la 30 entre 37 de América Latina y el Caribe.

En una escala de 0 a 1, el país obtiene una puntuación de 0.47 (equivalente a 47%), casi igual al 0.48 del 2015, cuando entre 102 naciones ocupó el escalón 67, lo que implica un descenso de 7 posiciones, ratificando otras evaluaciones como las del Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y la de Transparencia Internacional.

Entre peores de la región

            Una vez más la Dominicana queda entre las últimas naciones de América Latina y el Caribe en evaluaciones internacionales, esta vez ocupando la posición 23 de 30,  sólo mejor que México, Ecuador Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Venezuela, sin moverse de escalón en relación a la evaluación del 2015, que fue el 12 de 19.

Llama la atención que los demás países del Caribe quedan en mejor posición que  Dominicana en el IED-16, todos ubicados entre los escalones 5 y 14 de la región latinoamericana y caribeña, encabezados por Barbados y seguidos por Antigua-Barbuda, San Cristóbal-Nieves, Granada, Santa Lucía, San Vicente-Las Granadinas, Bahamas, Dominica, Jamaica y Trinidad-Tobago. Haití no aparece en este índice.

En todo el índice del 2016, la República Dominicana fue el país que más descendió, en 7 escalones, quedando por debajo de muchos de Africa, el continente más pobre y de menos desarrollo institucional en todas las evaluaciones internacionales. Sólo en dos renglones RD avanza, y en los otros seis, retrocede, en relación al índice del 2015.

Como es habitual en las evaluaciones, los países nórdicos europeos lideran en esta: Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia, con puntuación de  0.89 a 0.87, seguidos por Suiza, Holanda, Alemania, Austria, Nueva Zelandia, Singapur  y Reino Unido. Australia y Canadá ocupan la posición 11 con 0.81 y Estados Unidos la 18, con 0.74 puntos.

Peores renglones de RD

El IED-16 evalúa 8 factores, con un total de 44 renglones, que son: limitación al poder gubernamental, ausencia de corrupción, transparencia gubernamental, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento de la ley, justicia civil y justicia penal.

Las peores  puntuaciones dominicanas corresponden a ausencia de corrupción y justicia penal, ambos con 0.34, seguidos por cumplimiento de la ley y limitación al poder gubernamental, que registran 0.41 y 0.44. Apertura gubernamental y justicia civil quedan en 0.54 y 0.46.

Cuando se verifican los 44 renglones, el peor en RD es el correspondiente a corrupción en el Poder Legislativo, con una aprobación de apenas 0.15, seguido de la efectividad del sistema correccional y control de la violencia, con 0.23. La sanción de las inconductas gubernamentales y el respeto al debido proceso legal sólo obtienen 0.25 y 0.26. La no influencia gubernamental en la justicia criminal  y dilación razonable de la justicia civil registran 0.28.

Los mejores resultados

            Sólo en 2 de los 8 factores de la evaluación el país alcanza la aprobación, 0.61 en orden y seguridad y 0.60 en derechos fundamentales. El primero está determinado porque sólo contiene tres renglones, y en el de ausencia de conflictos civiles alcanza la máxima puntuación 1, equivalente al 100%, único de RD en todo el IED-16. Aunque en ausencia de delitos tiene aprobación de 0.60.

En la mayoría de los 8 renglones del factor derechos fundamentales, el país consigue aprobación, la mayor en libertad de religión, con 0.71, mientras la libertad de asociación y los derechos laborales alcanzan ambos el 0.65, en libertad de expresión el 0.62. También logró aprobación el de los mecanismos de quejas, con 0.65.

Llama la atención que el derecho a la vida y la seguridad aparezca entre los diez renglones que alcanzaron aprobación, con 0.64, lo que contradice la percepción generalizada de que en el país prevalece la inseguridad ciudadana.        El 0.62 que registra la vigilancia del gobierno, es congruente con la fortaleza de las organizaciones sociales que velan por la transparencia y los derechos sociales e individuales.

En tendencia generalizada

            Los resultados que arroja para República Dominicana el IED-16 prosigue la tendencia generalizada de las evaluaciones internacionales, especialmente las del Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y el de Transparencia Internacional, aunque esta vez mejora su promedio a 0.47, que es 4.7 sobre 10.  La de competitividad global del 2016 dejó al país en la posición 92 de 138 países, con puntuación de 3.9 sobre 10. En relación a los 21 países latinoamericanos le correspondió el escalón 14, con siete por debajo.

El índice de transparencia de la organización Transparencia Internacional del 2016 colocó al país en la posición 120 de 176 evaluados, y entre los diez peores de América Latina, con 31 puntos sobre 100, o 3.1 sobre 10.

Es relevante que en todos los casos la quemazón dominicana sea mayor en materia de corrupción, particularmente en el poder legislativo. y en la ausencia de sanciones a la corrupción gubernamental y de la justicia y en la escasa independencia en la auditoría de las gestiones públicas.

El  IED-16 viene a justificar la indignación nacional por la corrupción que sacude el país en  los últimos meses  y fundamenta la demanda del Movimiento Verde por el fin de la impunidad.

El Proyecto Justicia Mundial

            El World Justice Proyect, (proyecto Justicia Mundial, en español) fue creado en el 2006 por el Colegio de Abogados de Estados Unidos, en asociación con 21 socios estratégicos. Es una institución independiente y multidisciplinaria que procura promover el estado de derecho en el mundo.

Su trabajo de investigación y promoción de las mejores prácticas se fundamenta en dos premisas: 1. El estado de derecho es la zapata de la paz, las oportunidades y la equidad. Y 2. La manera más efectiva para promover el estado de derecho es a través de la colaboración multidisciplinaria.

Han desarrollado el Indice del Estado de Derecho para medir cuantitativamente cómo el ciudadano común experimenta la vigencia o precariedad de sus derechos. En el informe del 2015 incluyó a 102 países, en el del 2016, publicado esta semana, abarcó a 113.

El índice se obtiene a través de encuestas a ciudadanos y cuestionarios que responden especialistas de cada país. La mejor puntuación, o máxima, es el 1, equivalente al cien por ciento y la mínima es 0.

En América Latina esta vez el país mejor evaluado fue Uruguay, con 0.72 puntos, seguido por Costa Rica y Chile con 0.68, y Barbados y Antigua-Bermudas con 0.67. El peor fue Venezuela con 0.28, seguido por Bolivia 0,40, y Honduras y Nicaragua con 0.42.-

República Dominicana en el Indice del Estado de Derecho

Factores                                         2016           2015           Diferencia

Ranking global                                 85  de 113        67 de 102    -7.00

Ranking regional                              23 de 30         12 de 19        0.00

Puntuación general                                0.47            0.48            – 0.01

Limitación al poder gubernamental  0.44            0.49            – 0.05

Ausencia de corrupción                       0.34            0.36            – 0.02

Transparencia gubernamental           0.54            0.52            +0.02

Derechos fundamentales                     0.60            0.61            – 0.01

Orden y seguridad                                 0.61            0.59            +0.02

Cumplimiento de la ley                        0.41            0.42            – 0.01

Justicia civil                                           0.46            0.51            – 0.05

Justicia penal                                         0.34            0.37            -0.03

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Elaboración de JBD. Fuente: World Justice Proyect 2016-2015

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RD en el Indice del Estado de Derecho 2016

                  Mejores puntuaciones     

Renglones                                                Puntuación

Ausencia de conflictos civiles                                     1.00

Libertad de religión                                                      0.71

Libertad de asociación                                                 0.65

Derechos laborales                                                        0.65

Mecanismos de quejas                                                  0.65

Imparcial y efectivo ADRs en justicia civil               0.65

Derecho a la vida y la seguridad                                 0.64

Libertad de expresión                                                    0.62

Vigilancia del gobierno                                                  0.62

Ausencia de delito                                                           0.60

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Elaboración de JBD. Fuente: World Justice Proyect 2016

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RD en el Indice del Estado de Derecho 2016

                  Peores puntuaciones

Renglones                                                Puntuación

No corrupción en el Poder Legislativo                                         0.15

Sistema correccional efectivo                                                        0.23

Control de la violencia                                                                    0.23

Sanción de las inconductas  gubernamentales                          0.25

Respeto al debido proceso legal                                                    0.26

No influencia gubernamental en justicia criminal                    0.28

Dilación razonable en la justicia civil                                           0.28

No discriminación en la justicia criminal                                    0.31

Efectiva investigación criminal                                                     0.32

Independencia de auditoría del gobierno                                   0.34

No influencia gubernamental en justicia civil                            0.35

Transparencia de leyes e información gubernamental             0.37

No corrupción en la justicia criminal                                           0.37

No corrupción gubernamental                                                      0.38

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Elaboración  de JBD. Fuente: World Justice Proyect 2016

Desafíos del Movimiento Verde tras su indiscutible impacto

   Por Juan Bolívar Díaz

02_04_2017 HOY_DOMINGO_020417_ El País11 A

          La marcha del domingo 26 en Santiago contra la corrupción y la impunidad superó todos los vaticinios y ya no dejó la menor duda de la fortaleza de la mayor movilización social de la historia del país al margen de los partidos políticos y los sindicatos, sin quemar una goma ni tirar una sola piedra y con incorporación masiva de las clases medias.

El Movimiento Verde, que ha cifrado su éxito en su carácter policlasista, multisectorial y de dirección muy colectiva, que ha dejado al gobierno y su partido desconcertados y sin respuesta, afronta ahora el desafío de manejar su diversidad y evitar el aventurerismo, para lograr una consolidación que le garantice alcanzar sus objetivos.

Santiago es Santiago

Volvió a cobrar vigencia el acertijo de que “Santiago es Santiago”. Prometieron que superarían el tremendo éxito de la manifestación del 22 de enero cuando decenas de miles de capitalinos marcharon despertando sectores sociales adormecidos, y lo lograron. Entre observadores sociales hay consenso en que la marcha del 26 en “la ciudad corazón” alcanzó las dimensiones de la capitalina y la superó por lo menos en entusiasmo y creatividad, incluyendo una comparsa carnavalesca con máscaras que proclamaban el fin de la impunidad.

Tras esta manifestación las centenares de bocinas gubernamentales en los medios de comunicación y las redes sociales, tuvieron que admitir que están frente a un fenómeno social y fueron reprogramadas, enfilando ahora sus cañones a la difusión de intrigas que procuran incentivar competencias y división en el múltiple liderazgo del movimiento.

Ya el 5 de marzo en Puerto Plata tuvo lugar otra marcha multitudinaria y constituyó un éxito el libro verde que en febrero logró reunir 312 mil firmas de ciudadanos y ciudadanas demandando el fin de la impunidad para contener la expandida corrupción gubernamental y política. Entre el 13 y el 19 de marzo, una llama verde recorrió el país expandiendo y generalizando el sentimiento de indignación que se agiganta en la medida en que pasan meses sin la menor coerción judicial por el escándalo de corrupción internacional de Odebrecht que alcanzó aquí el mayor nivel en términos proporcionales. El verde fue enarbolado hasta en los estadios de beisbol del país y Miami.

Una gran diversidad

            La principal característica del movimiento verde es su heterogeneidad y el papel protagónico de las clases medias, a través de grupos emergentes que no conocían el fragor de las protestas callejeras. Pero su dirección no es tan improvisada, pues incluye entidades  sociales con experiencia en las movilizaciones que lograron la inversión del 4 por ciento en educación, que levantaron campamentos para defender de una cementera el parque nacional de Los Haitíses y de una explotación minera la loma Miranda. Más recientemente esos movimientos sociales lograron la recuperación de la Bahía de las Aguilas y del barrio Los Tres Brazos y paliar la desnacionalización de los domínico-haitianos con la ley 169-14.

El Foro Ciudadano, que agrupa a más de cien entidades sociales y comunitarias, el Centro Bonó, el movimiento Participación Ciudadana, Copadeba, Acopro, Poder Cudadano y el Centro Juan XXIII ya habían sido protagonistas en las coaliciones por la Educación Digna y Justicia Fiscal. Están también agrupaciones sociales, barriales y campesinas vinculadas a las viejas luchas populares, como el Frente Amplio de Lucha Popular, Feflas, Articulación Nacional Campesina y  Conamuca. Y resaltan nuevos agrupamientos, en especial cibaeños, como la Fundación Masada, Santiago Somos Todos  y Somos Pueblo.

El movimiento ha tenido decenas de voceros  en sus actividades y presentaciones mediáticas, muchos de ellos jóvenes debutantes  en las luchas sociales, pero ha contado con la experiencia de incansables activistas como María Teresa Cabrera, Manuel Robles, Mario Bergés, Mario Serrano, Fernando Peña, Domingo de la Cruz, fortalecidos con profesionales como de José Luis Taveras, Lucienne Carlo, Giovanny D´Alesandro, Ricardo Ripol, Mario Fernández y otros. Han contado con un amplio apoyo en los medios de comunicación, expertos en publicidad y en el manejo de las redes sociales y de periodistas de la categoría de Altagracia Salazar, Ricardo Nieves, Jhonatan Liriano, Natalia Mármol y Franiel Genao.

Sin partidos ni sindicatos

En la memoria colectiva hay coincidencia en que las manifestaciones del Movimiento Verde son las mayores protagonizadas en el país sin el concurso directo de grandes partidos ni del movimiento sindical cada vez más distante de las luchas populares. Aunque el mayor partido de la oposición, el Revolucionario Moderno, las ha respaldado desde el principio, sus dirigentes no han tenido incidencia. Lo mismo los de Alianza País, Alianza por la Democracia, Opción Democrática, Frente Amplio, Dominicanos por el Cambio, Partido Comunista del Trabajo, Patria para Todos y otros partidos. Han respetado el carácter apartidista del movimiento, aunque a título particular profesionales y cuadros vinculados a ellos han tenido participación en tareas organizativas.

Otra característica relevante del  movimiento contra la corrupción y la impunidad es que no ha levantado reivindicaciones sectoriales, como tampoco ha quemado una goma ni se ha ejercido presión para lograr participación o paralizaciones de actividades, a diferencia de las grandes jornadas de lucha popular y paros generales de las décadas de los ochenta y noventa. Su carácter absolutamente pacífico ha facilitado la incorporación de las clases medias en proporciones sin precedentes.

Al principio las bocinas gubernamentales pretendieron estigmatizar el movimiento atribuyéndolo al PRM, lo que abandonaron cuando la encuesta Gallup mostró que el 91 por ciento de la población lo respaldaba. Luego han querido afiliarlo a los intereses de los generadores eléctricos, pero cada vez es más evidente que tiene un carácter masivo, con costo mínimo, porque no reparte ni regala nada, como tampoco promete. Los paraguas, camisetas y gorras verdes se venden y la mayor parte cubre su transporte.

Los próximos pasos

            Con el mes de abril comienza un segundo trimestre clave para el movimiento contra la corrupción y la impunidad, para alcanzar junio-julio cuando se espera que la justicia brasileña haga públicas todas las implicaciones del escándalo Odebrecht que, según se adelanta, sacudirán el sistema político de los países implicados.

Después de las manifestaciones masivas, los activistas del movimiento discuten este fin de semana los próximos pasos para mantener encendida la llama que ha conmovido la nación. Tienen pendiente terminar de recoger los libros verdes esparcidos por todo el país y en el exterior y presentar un balance que, según habría duplicado las 312 mil firmas de febrero. También se contempla la posibilidad de algunas marchas regionales en el sur, este y nordeste y enfatizar la necesidad de profundas reformas políticas, electorales e institucionales fundamentales para combatir  la corrupción y la impunidad.

No han faltado propuestas de una paralización nacional, pero predomina la convicción de que ese es un recurso extremo, descartado en la actual etapa de espera del desenlace judicial y que podría implicar recogimiento de los importantes segmentos de las clases medias, fundamentales en la lucha contra la impunidad, por su mayor independencia económica y su influencia en los medios de comunicación, en las redes sociales y  en la opinión pública. En todo caso buscan mantener el consenso, aunque implica mucho tiempo.

Afianzar la compactación

            En el liderazgo del Movimiento Verde hay conciencia de las dificultades de afianzar  la compactación de tan gran diversidad y pluralidad de grupos, segmentos y personalidades tan independientes y saben que ese es su principal desafío. También están alertas de los esfuerzos que podrían provenir de los poderes políticos y voceros beneficiarios de la corrupción y la impunidad, que buscarían sembrar cizañas en el liderazgo social.

Pero hay quienes advierten contra las tendencias a sobreestimar los éxitos, a atribuirse protagonismos y liderazgos, a manipular políticamente el movimiento o a asumir un discurso antipartidos que desconozca el rol de estos en la democracia y le vuelque en contra todo el sistema político. Han insistido en que se trata de un movimiento esencialmente cívico, de ciudadanía, por lo que rechazan las banderas partidistas en sus actos, pero no excluyen la participación de dirigentes y militantes políticos coincidentes en la necesidad de contener la corrupción y la impunidad.

Al liderazgo social le convendría una reflexión profunda sobre la suerte que han corrido las grandes movilizaciones nacionales del pasado y las internacionales de los últimos años, como los indignados de España, Grecia, Nueva York o de la primavera Arabe, que se han diluido por no haber hecho alianzas tácticas con los sectores políticos más sanos sin alcanzar los objetivos fundamentales. Más temprano que tarde las decisiones son siempre políticas, en el Congreso, la justicia y sobre todo en el gobierno central.-

Inmensa gratitud comprometida

Por Juan Bolívar Díaz

02_04_2017 HOY_DOMINGO_020417_ Opinión9 A
Permítaseme ocupar este espacio semanal para expresar inmensa gratitud por las verdaderamente innumerables muestras de reconocimiento y estímulo que hemos recibido en ocasión de la celebración del 30 aniversario del telediario Uno+Uno que fundáramos junto a Luis González Fabra y Luis Concepción el 17 de marzo de 1987, con el invaluable apoyo de Teleantillas y la familia Corripio, del que todavía disfrutamos.

 

Hasta hace poco esos reconocimientos se hubiesen limitado a algunas decenas de cartas y arreglos florales entregados por mensajería, y a un par de editoriales y artículos en los periódicos, pero ahora son miles las expresiones a través del correo electrónico y las redes sociales, por lo que resulta imposible responderlas y hacer saber cuánto nos comprometen a proseguir una profesión que marca 49 años, haciendo honor a los principios fundamentales de la comunicación, hacer común los sueños, aspiraciones, demandas y necesidades de los seres humanos, defender derechos y dar voz a los que no la tienen, enlazar la convivencia humana.

Aunque siempre hemos tratado de que los reconocimientos no produzcan arterioescrelosis cerebrales, también nos hemos negado a incurrir en la hipocresía muy común de que no los necesitamos ni los merecemos. Los necesitamos porque la pelea cotidiana por los derechos integrales de los seres humanos, por el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la convivencia, por la honestidad y la transparencia, es bien cuesta arriba, a menudo desgastante, y porque nos obliga a repetirnos y dar vueltas a la noria de nuestras debilidades. Y quizás también porque hay muchos que quisieran nuestro silencio, el que nada ha podido comprar.

Esos reconocimientos los merecemos por cuanto nuestro ejercicio profesional nunca ha sido fruto de un llanero solitario, sino de la conjunción de múltiples esfuerzos humanos, en la radio, en los periódicos y en la televisión, como en las aulas universitarias y en el gremialismo al que dedicamos dos tercios de nuestra vida profesional. Por eso en el reciente discurso de celebración repetimos que hubiésemos sido polvo pasajero de no habernos ligado siempre a una gran legión de compañeros y compañeras que comparten sueños y esperanzas. E incluso de no haber tenido la comprensión y el estímulo de muchos empresarios, de los medios donde laboramos y algunos muy relevantes del ámbito nacional, los que personifiqué en Pepín Corripio, Alejandro Grullón, José León y Rafael Perelló.

Entre todas las gratitudes que nos han comprometido en estos días no es posible pasar por alto la de la profesora Ivelisse Prats-Ramírez de Pérez, quien tuvo la inmensa generosidad de dedicarnos su columna En Plural del domingo 26 en el Listín Diario. Ella, que fue atrevida llama iluminante de los que fuimos sus alumnos antes que cayera fulminado el tirano de 31 años, a quien en el 2001 definimos como “madre y maestra sin tregua ni plazos, merecedora en vida de los mayores reconocimientos como forjadora de hombres y mujeres libres, a través de un ministerio del nivel medio y universitario, por ser militante de la política límpida y trascendente y del gremialismo llamado a ennoblecer la vida y el trabajo de los maestros”.

La profesora Ivelisse, quien se mantiene impertérrita tras más de ocho décadas de luchas sin tregua, recordó un debate en su aula del Liceo nocturno Eugenio María de Hostos, con aquel alumnado tan variopinto, como ella indica, y nos atribuyó haberle dado una lección, a los 16 años. Fue un exceso de generosidad de ella, pero me impresionó que recordara detalles que no percibimos y apenas palpadean en nuestro disco duro. Ella, la hija de un presidente del Partido Dominicano de Trujillo, nos enseñó el camino de la libertad y lo ha transitado junto a sus alumnos por los años de los años.

¡Por la salud de la patria!

Por Juan Bolívar Díaz
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Me cuento entre los que irán a Santiago este domingo para acompañar a los cibaeños en el nuevo capítulo de la lucha contra la corrupción y la impunidad que cada día se fortalece con la incorporación de los más variados segmentos de la población dominicana.

Después de tantos años escuchando que predicábamos en el desierto los que enarbolábamos la necesidad de una reacción colectiva frente a los niveles de descomposición social generados por la corrupción e impunidad, que se reproducen en delincuencia, arriba, por abajo y en todas las direcciones, tenemos que celebrar el sacudimiento que se produce actualmente en la conciencia social de los dominicanos.

Es muy alentador comprobar que las nuevas generaciones, especialmente de las clases medias más conscientes y menos dependientes de la ignorancia, las migajas del reparto y del temor, se están levantando para exigir un reordenamiento de este terruño, que es el único lugar donde no seremos nunca extranjeros, y porque las puertas de la emigración se están cerrando progresivamente.

Hay que repetirlo una vez más: ya no podremos enviar al exterior los dos millones de dominicanos que emigraron en el último medio siglo; ya Estados Unidos no volverá a otorgar residencia a un millón 305 mil dominicanos, como ocurrió entre el 1970 y el 2015, y la inseguridad no podrá ser contenida si no comenzamos una gran batida contra el robo del patrimonio colectivo, que al exhibirse impunemente se convierte en un patrón cultural de vida y un incentivo para que cualquiera salga a “buscarse lo suyo” sin respetar la menor normativa.

El ritmo ascendente en que se mantiene la demanda de poner fin a la impunidad es indiscutible y ya lo perciben hasta los mayores beneficiarios de la corrupción que por lo mismo hacen mayores esfuerzos por estigmatizar la movilización social, atribuyéndola a intereses empresariales y otorgándole un carácter sedicioso. Intentan intimidar con la amenaza de soltar paleros, pero saben que ese intento de remedio podría alimentar exponencialmente la llama verde que recorre el país.

Por otro lado, hay quienes apuestan al cansancio, a que el movimiento se frustre, incluso meten cuñas tratando de alentar posiciones irreflexivas que puedan espantar a los sectores menos acostumbrados a las luchas político-sociales. Sobre esto tienen que mantenerse alerta los líderes y voceros de la movilización. Su multiplicidad, variedad y espontaneidad, es su fuerza y al mismo tiempo su peligro.

La presión social por la sanción de los últimos escándalos de corrupción -OISOE, Tucanos, Odebrecht, CORDE, CEA- no puede cesar y todavía espera la incorporación de muchos ciudadanos y ciudadanas. La ausencia de respuestas gubernamentales y judiciales se basa en que el tiempo los beneficia. Pero eso mismo determina que hasta los más conservadores estén llegando a la convicción de que sólo elevando la presión se logrará alguna sanción. Y sobre todo que se generarán las reformas políticas e institucionales para poner límite a la malversación y a la putrefacción de la política.

Odebrecht tiene que marcar un punto de inflexión. La República Dominicana fue -proporcionalmente- el mayor escenario del escándalo de corrupción internacional más sonado de la historia, incluyendo a Brasil. Y sin este, que fue el exportador de los sobornos, el país registró 56 por ciento sobre el promedio de los otros diez países involucrados.

Ya lo escribió el miércoles en El Nacional el profesor del periodismo santiagués Carlos Manuel Estrella: “El Movimiento Verde hará historia en Santiago este 26 (hoy) en acción ciudadana por el fin de la impunidad. ¡Caminemos por la salud de la patria! Aunque llueva, como está pronosticado. La lluvia no paró ni redujo el movimiento de la marcha verde el 5 de marzo en Puerto Plata.

Las sobrevaluaciones de obras en el reinado de la impunidad

Por Juan Bolívar Díaz
19_03_2017 HOY_DOMINGO_190317_ El País13 A
 El reconocimiento por el dirigente del partido gobernante Félix Jiménez de que en las construcciones de Odebrecht en el país hubo sobrevaluaciones se inscribe en la indignación generalizada y alienta la lucha porque esta vez se produzcan sanciones, aunque con limitadas expectativas por la prevalencia de una cultura de la corrupción.
Las sobrevaloraciones de las obras públicas vienen de lejos, pero han pasado de la clásica cuota del 10-15% hasta la duplicación del costo como ha quedado en evidencia en casos como el del hospital Darío Contreras, los parqueos del Palacio de Bellas Artes y de la Universidad Autónoma y en contratos con la Odebrecht.

El sismo de Félix Jiménez. Ha resultado alentador que un miembro del poderoso Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como Felucho Jiménez, haya tenido el valor de reconocer que las obras ejecutadas en el país por la Odebrecht fueron sobrevaluadas y que eso es más importante que los 92 millones de dólares que la empresa ha reconocido como inversión en sobornos. También debe superar con mucho los 163 millones de dólares que derivó de beneficios, según su confesión ante autoridades judiciales de Estados Unidos.

No fue una frase suelta lo que dijo el dirigente político, economista y empresario, sino todo un concierto de consideraciones sobre la corrupción en el país, la impúdica exhibición de riquezas mal habidas y la impunidad, pero baste considerar el núcleo esencial: “Estoy seguro de que ha habido compañeros nuestros que han metido la mano, yo creo que es verdad que ha habido sobrevaluaciones de obras, y soy de los que cree que los 92 milloncitos (de dólares) en sobornos es lo de menos. Yo digo que debería haber una auditoría técnica y financiera de todos estos elevados, la Autovía del Coral y de muchas más obras que se hicieron, que efectivamente tienen partidas que costaron, entre comillas, el doble o el triple de su verdadero costo”.

Los planteamientos de Jiménez se convirtieron en “la noticia de la semana”, provocando algarabía en todas las tribunas y generando el rechazo de legisladores y compañeros de partido, relevantemente del secretario general y presidente del Senado, Reinaldo Pared, quien negó la afirmación de que eso se conocía en niveles dirigenciales y llegó al extremo de atribuirlo a un interés personal de que la Autovía del Coral “tuviera una ruta distinta”.

Un PLD sin iniciativas. Es significativo que Pared Pérez sostuviera que la ruta de esa importante inversión se trató en una reunión del Comité Político, aunque sostuvo que “fue la única vez” que allí se discutió una contratación de Odebrecht. Se comprende que el sismo de Felucho sacudiera los atribulados ánimos de los dirigentes de su partido, que han quedado sin iniciativas ni claras condenas al escándalo internacional, incluyendo a los líderes del Congreso Nacional que por su responsabilidad fiscalizadora deberían estar encabezando las demandas y las acciones investigativas. Todavía hay quienes echan de menos un pronunciamiento formal del PLD sobre las esencias del escándalo, responsabilidades y consecuencias.

Aunque por su rígido sentimiento de unidad los peledeístas no discuten en público sus diferencias, en privado, hasta miembros del mismo Comité Político expresan consternación por lo que el escándalo Odebrecht ha desnudado. Uno de ellos entiende que el PLD “está secuestrado” por los intereses de los grupos hegemónicos que encabezan el presidente de la nación Danilo Medina y el presidente del partido, Leonel Fernández.
Están equivocados quienes creen que lo de Felucho fue un arrebato de “gallo loco”. Él mismo tuvo el valor de enfrentar al expresidente Fernández en la reunión del Comité Político que el 9 de abril del 2011 conocía las precandidaturas presidenciales que “bajaría” al Comité Central para los comicios del 2012.

Como ya había fracasado el intento de repostularlo para un tercer período consecutivo, y se había lanzado a su esposa Margarita Cedeño con una apabullante campaña publicitaria, Felucho encaró al líder, señalándole que si se postula “a tu mujer”, perdería como quiera; si gana porque se vería como victoria pírrica, como una imposición del poder, y si pierde, sería una derrota política.

Fernández prometió allí que no la apoyaría, como ocurrió. Quedó consignado en “El Tema de Hoy” del 17 de abril del 2011.

Una grave implicación. Los planteamientos de Felucho Jiménez tienen otra grave implicación al conectar con el sentimiento generalizado de que es fundamental establecer los niveles de sobrevaluación de las obras contratadas con Odebrecht antes de cualquier acuerdo con la empresa delincuente y que debe aplicarse el rigor de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas que implica la suspensión automática de quien vulnera una licitación con soborno.

La Procuraduría General ha evadido ambos reclamos fundamentales y el Presidente ignora la demanda de la “marcha verde contra la Impunidad” que plantea una fiscalía independiente y pedir asistencia internacional para investigar todas las implicaciones del escándalo. La Procuraduría General tampoco ha tomado la mínima coerción contra el empresario Angel Rondón, a pesar de que hace más de dos meses lo identificó como el agente de la Odebrecht que recibió y distribuyó los 92 millones de dólares para el soborno.

Rondón, el afortunado beneficiario de más de una docena de contrataciones de cuatro gobiernos, sobre todo de los del PLD, mantiene varias en ejecución con entidades del Gobierno central y municipales, las que también deberían estar suspendidas y bajo auditorías si se aplicara la Ley 340-06. El procurador dijo al país que fue la Odebrecht que lo señaló, pero no se le ocurrió siquiera allanar sus oficinas en búsqueda de documentos.

Esta semana la Procuraduría General trató de retomar acciones al interrogar a Reinaldo Pared, quien ha presidido el Senado en la aprobación de la mayoría de las 17 obras contratadas con Odebrecht, aunque dos meses después que lo hicieran con los de oposición que interviniveron en dos contratos, por el 9 por ciento del monto total. Pero siguió sin decidir qué hace con el acuerdo que no homologó el juez Juan Vargas.

Sobrevaluaciones de obras. Desde que estalló el escándalo en diciembre, analistas y articulistas han sostenido el criterio, reivindicado por Felucho Jiménez, de que las sobrevaluaciones de Odebrecht son mayúsculas. Los primeros el sociólogo Cándido Mercedes, el historiador Bernardo Vega, y el economista Pedro Silverio.

Hasta ahora nadie ha logrado establecer el balance total de las obras ejecutadas, al menos cuatro todavía inconclusas, a partir de su primer contrato, el del acueducto para la Línea Noroeste, de 1998, ampliado y aprobado en el 2001, ya que en algunos casos no están visibles los costos finales. Una tarea que debieron cumplir los órganos oficiales si estuvieran interesados en esclarecer los alcances del escándalo y aplicar sanciones.
Pero el sociólogo Mercedes enlistó 8 contratos (sin las plantas Catalina) por 1,240 millones de dólares que concluyeron en 1,838 millones, un exceso de 634 millones de dólares, equivalentes al 34.5 por ciento.

El mínimo fue el primero, el acueducto del Noroeste, con 14 por ciento. Pero la presa de Pinalito pasó de 131 a 300 millones de dólares, para un 129 por ciento de alza, y la carretera Constanza-Casabito-El Abanico, contratada por 41 millones de dólares, concluyó en 112 millones de dólares, es decir 71 millones más, un 173 por ciento de incremento.

Con los trabajadores cañeros

Por Juan Bolívar Díaz
19_03_2017 HOY_DOMINGO_190317_ Opinión9 A

Esta mañana sabatina del 18 de marzo he tenido que renovar mi compromiso con la suerte de los miles de afiliados de la Unión de Trabajadores Cañeros que me conminaron a aplazar la conclusión de mis artículos de HOY para asistir a un homenaje con motivo del trigésimo aniversario del telediario Uno+Uno, que dirijo desde su fundación.

Me extendí tratando de concluir el análisis semanal, considerando que la convocatoria para las 10 sería en realidad a las 11 como es casi normal en asambleas y actividades populares. Llegué a las 10:30 al auditorio de la Biblioteca Manuel del Cabral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ya el acto estaba comenzando, con cientos de trabajadores cañeros que ocuparon el millar de asientos.

Fue una increíble demostración de militancia organizada, con tambores y cornetas, repitiendo consignas con sus viejas reivindicaciones. No logro entender cómo no desfallecen estos seres humanos que llevan veinte años reclamando las pensiones para las que contribuyeron durante décadas de sudor al quebrado Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Aunque la muerte y las enfermedades dejan merman cada año a estos adalides de nuestra caña dulce y amarga.

Con admirable persistencia cada mes se han apersonado por centenares a las orillas del Palacio Nacional esperando la migaja de 5,117 pesos mensuales, que es el monto de las pensiones del 90 por ciento de los trabajadores del Estado.

Los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina han pensionado tres o cuatro mil con dos decretos, y ellos esperan un tercero y sin cuota, que los alcance a todos. Todo parece absurdo, pues muchos de los que han conseguido la pensión tienen que hacer maromas para cambiar el cheque al no disponer de un documento válido.

Allí escuchamos que el lunes 27 los cañeros van para la Junta Central Electoral a reclamar la cédula de residentes que les corresponde a la mayoría de los cañeros, los que llegaron desde Haití tras los desfiladeros de azúcar hace más de medio siglo. Se han cansado de peregrinar también ante la embajada de Haití para que les expidan las actas de nacimiento y pasaportes por los que en conjunto pagaron más de 4 millones de pesos, sustraídos a la miseria, cuando hace dos años los conminaron a la regularización como inmigrantes. Fue un despojo, porque los funcionarios del gobierno haitiano debían saber lo difícil que es encontrar las inscripciones de nacimiento de paupérrimos campesinos nacidos hace más de medio siglo, cuando la mayoría ni siquiera se registraba.

Si el Gobierno incorporó otras 200 mil personas al programa Solidaridad durante el año pasado, no debería ser tan difícil hacerle justicia a 6 o 7 mil viejos cañeros que sueñan con su pensión. Aunque sean 5,117 pesos para pelear contra las enfermedades y asegurar la caja del sueño eterno.

No puedo evadir el compromiso de seguir uniendo mi voz al reclamo de los cañeros, que me regresan a los cañaverales de donde partí hace más de seis décadas. Vuelvo a ver sus manos encallecidas por la rudeza de la caña y de la mocha, a los cañaverales con las cicatrices que magistralmente describió el poeta nacional Pedro Mir, al grito de son del ingenio. Y me reencuentro con Norberto James, cuya alma vaga por Boston, sin haber terminado de escribir la historia de las congojas de los atraídos por la danza del azúcar.

Observando fijamente la pobreza de estos viejos trabajadores cañeros, escuchando sus voces lastimeras coreando que “sin cañeros no hay azúcar” a cualquiera se le constriñe el alma y con René del Risco en el parque central de San Pedro vuelve a reencontrar al Tom retozón condenado a la eterna pobreza y el abandono mientras otros nos incorporábamos a la sociedad del consumo y la modernidad.

Se me escaparon las lágrimas cuando vi subir a la tribuna, con extremas dificultades, para implorar de nuevo justicia, a la viuda de Andrés Charles, a quien escribí el réquiem el 15 de agosto del 2015 en este mismo espacio de HOY, definiéndolo como “perdido enamorado de la caña y aristócrata del sudor bajo el ardiente sol de los cañaverales”, en ofrenda de amor a los que sembraron los campos dominicanos.

La ruptura Odebrecht obliga a sanciones y reformas políticas

Por Juan Bolívar Díaz

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Las implicaciones en el país del escándalo continental de sobornos y financiamiento de campañas electorales por la empresa brasileña Odebrecht no podrán quedarse en el rosario de la impunidad nacional y tendrán que saldarse no sólo con sanciones, sino también con una profunda reforma política-electoral, hace tiempo demandada.

El presidente Danilo Medina no debería ampararse en que le demuestren culpabilidad, sino rendir cuentas como se le adelantó el expresidente Hipólito Mejía, y reconociendo la creciente indignación general, convocar al liderazgo nacional político para pactar una profunda reforma política, electoral e institucional.

Un clamor que no cesa, Fue significativo que millares de personas desfilaran el domingo en Puerto Plata contra la corrupción y la impunidad y que la marcha verde hiciera presencia en el Mundial de Beisbol en Miami. Se generaliza la percepción de que las dimensiones del escándalo Odebrecht han provocado una ruptura en la sociedad dominicana, hastiada de la corrupción y de la impunidad que la alimenta.

El 27 de febrero ya el presidente Medina reconoció la legitimidad de la protesta generalizada y luego varios defensores del Gobierno se han quejado del amplio respaldo que tiene la marcha verde contra la impunidad en los medios de comunicación, algunos denunciando conspiraciones y esbozando amenazas, como si de repente se hubiese apagado el enorme aparato propagandístico del partido gobernante pagado por el Estado.
Se cuenta que los firmantes del libro verde contra la impunidad han sobrepasado el medio millón, mientras una llama sale de los puntos cardinales para confluir el domingo en la capital, mientras los cibaeños juran que estremecerán a Santiago el día 26, plantando a los estrategas gubernamentales que han apostado a la dilución.

Las imputaciones judiciales en otros países y las expectativas de que los fiscales brasileños destaparán por completo los implicados latinoamericanos en el corrupto entramado de la Odebrecht en un período de tres a cinco meses, se han constituido en una llama de largo aliento. Y que aquí no haya un solo imputado mantiene muy pendientes la impunidad que ha predominado en múltiples escándalos de los últimos años, incluyendo los sobornos y sobrevaluación de los aviones Tucano, los grandes expedientes contra Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, y los casos de la OISOE, CORDE y CEA. Mientras, se ignora si devolvieron los US$30 millones que, según el Procurador Jean Rodríguez, había adelantado Odebrecht como parte del “acuerdo confidencial” que el juez Vargas rechazó.

Presión de Hipólito Mejía. El discurso del expresidente Hipólito Mejía el lunes 6 se constituyó en un nuevo elemento de presión sobre el procurador general, el Gobierno y su partido, al rendir cuenta pormenorizada de los dos contratos con la Odebrecht durante su gestión del 2000-04, el acueducto de la Línea Noroeste y la presa de Pinalito, ambos concluidos por su sucesor Leonel Fernández.

El primer contrato había sido negociado en 1999 durante el primer gobierno de Fernández, por la suma de US$129 millones, Mejía ofreció detalles de adiciones que lo elevaron en 10%, a US$141 millones. Lo concluyó Fernández a partir del 2004. No dijo el costo final, estimado en US$251, un 78 por ciento más. Precisó que su sucesor ejecutó la presa de Pinalito, contratada en el 2004, por US$131.7 millones. Se ha publicado que concluyó en más del doble, unos US$300 millones.

Mejía se desligó de los sobornos de Odebrecht, manifestando que si se demuestra que él, esposa o hijos incurrieron en algún acto de corrupción, se retiraría de la vida política y entregaría su patrimonio al Estado. Proclamó que “en los gobiernos del PLD una parte importante del patrimonio público fue dilapidada”, que quienes hayan ocupado cargos como la presidencia, están obligados a rendir cuentas, y justificó la indignación por los “altos niveles de impunidad” prevalecientes, por lo que “doy todo mi apoyo a la movilización constante y pacífica de la ciudadanía, como ocurre en todo el país”.

Un testimonio terremoto. Si Hipólito Mejía lanzó un misil provocativo, lo que llegó desde Brasil al día siguiente fue un terremoto. El diario O Estado de Sao Paulo y el portal digital de la reconocida revista Veija informaron que el prisionero Hilberto Mascarenhas Silva, quien fuera director del departamento de “Operaciones Estructuradas” de Odebrecht, (o “Departamento de Coimas”), había testimoniado ante el Tribunal Supremo Electoral de Brasil que entre 2006 y 2014 gastaron US$3 mil 390 millones en financiamiento de campañas en ese país, República Dominicana, Venezuela, El Salvador, Panamá y Angola.

El impacto local fue mayor porque señaló a Joao Santana y su esposa Mónica Moura como los ejecutivos y beneficiarios del financiamiento que Macarenhas detalló por año, desde US$60 millones en el 2006 hasta alcanzar US$750 millones en el 2013, cayendo en el 2014 a US$450 millones.

Santana no sólo dirigió las exitosas campañas electorales de Lula da Silva y Dilma Rouseff, sino también las dos de Medina y el despliegue del testimonio y el escándalo en los periódicos dominicanos provocó que el mandatario nacional respondiera, por primera vez, una pregunta sobre el escándalo. Afirmó que él pagó los servicios de Santana, que la verdad va a salir de las investigaciones en Brasil y aquí, que hay mucha gente que “quisiera verme nadar en el lodo” y emplazó a quien le pueda probar que recibió dinero.

No aceptan la gravedad. El prolongado silencio del Presidente y de su partido sobre el escándalo choca con lo ocurrido en los otros países afectados. El presidente peruano Pedro P. Kuczynski, quien en un mes pronunció dos enérgicos discursos y anunció medidas concretas contra la corrupción, se sometió esta semana a un interrogatorio de periodistas internacionales y proclamó que “en Perú no hemos escondido esto debajo de la alfombra”, aunque allí los sobornos confesados sólo sumaron US$29 millones.

Tal como dijo el presidente Medina, habría que demostrarle si recibió dinero. Pero mientras, la esposa de Santana, Mónica Moura, ya aceptó en interrogatorio el año pasado, que tramitaron financiamiento a su campaña, aunque adujo no recordar el monto. Una decena de factores lo salpican y avergüenzan el país y son suficientes para que él haya detallado cómo y por cuánto se contrató a Santana y mostrara contratos y constancias de pagos. Aún se espera un pronunciamiento formal del PLD que tan activo fue contra la corrupción cuando perseguía el poder. Su secretario general Reinaldo Pared aceptó implícitamente la posibilidad del financiamiento de Odebrecht, se mostró sorprendido “de tanto escándalo”, y erró al plantear que “la ley no prohíbe recibir donativos de empresas privadas”. Desconoció los artículos 47 y 55 de la Ley Electoral 275-97, que las prohíben a las extranjeras.

Ineludible reforma política. Es amplio el consenso de que el escándalo Odebrecht, por sus dimensiones internacionales, no podrá quedar en el extenso archivo de la impunidad nacional, que tendrá que haber sanciones y que no basta tratar de generalizar las culpas de la corrupción. Pero mayor es la convicción de que para sofocarlo será ineludible una profunda reforma del sistema político electoral, y ni siquiera eso ha estado en las escasas respuestas peledeístas.

Si no contara con que se diluirá la indignación, el presidente Medina ya hubiese anunciado que convocará al liderazgo nacional para consensuar un paquete de reformas políticas, electorales e institucionales que prevengan, reduzcan y sancionen la corrupción y para evitar la prevalencia de la impunidad. Tendría que implicar sacar los agentes partidistas del sistema judicial, el ministerio público y los organismos electorales.

En las actuales circunstancias la nación tiene derecho a esperar acciones específicas de quien encarna su liderazgo, más allá de emplazar a que le demuestren que recibió dinero. Pero ni siquiera se escuchan enérgicas condenas del escándalo. Todavía hay tiempo.-