Discurso de Juan Bolívar Díaz, coordinador nacional de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional que originó la Coalición Democrática por el Cambio

Lic. Luis Abinader 

Candidato Presidencial

Lic. Raquel Peña

Candidata vicepresidencial

Presidentes y dirigentes de los partidos y grupos sociales integrantes de nuestra Coalición Democrática por el Cambio

Distinguidos invitados: 

            Las limitaciones y la prudencia que impone la pandemia que nos afecta han impedido que este acto tuviera la masiva asistencia que le correspondía. Pero  tampoco hay que darle más vuelta. Todo está consumado y el próximo domingo veremos concretada la consigna que levantamos al constituir esta coalición político-social: el cambio va! Y habrá cambio porque el cuerpo social dominicano está fatigado del virus PLD-2004-20 que ha contagiado y contaminado todo.

            Fue el 23 de noviembre, ante un millar de testigos reunidos en el aula magna de nuestra Universidad Autónoma,  cuando los partidos y grupos sociales integrantes de esta coalición firmamos y proclamamos los Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional. Fue el fruto de más de un año de búsqueda de consenso, primero entre un centenar de destacados profesionales y promotores democráticos y luego con decenas de grupos sociales de todo el país para culminar en la gran concertación de 7 partidos políticos aquí representados.

            Después de esa proclama nos embarcamos en la siempre difícil tarea de conformar una coalición con candidaturas para todos los niveles de elección. Con todo entusiasmo asumimos la candidatura presidencial del PRM, y luego logramos acuerdos para candidatos comunes al Senado, la Cámara de Diputados y los municipios, tarea más difícil por la camisa de fuerza que impone la legislación electoral al limitar al 20 por ciento la cantidad de candidaturas que pueden ser reservadas para alianzas. Pero lo logramos, y no sólo entre los 7 partidos que  postulan el binomio Luis Abinader-Raquel Peña, sino que fruto de la sensibilización que diseminamos en toda la oposición, se materializaron algunos intercambios de apoyo también con el partido Alianza País y con varios de los integrados en el frente electoral que encabeza la Fuerza del Pueblo. 

            Esos acuerdos puntuales fueron necesarios para evitar que una multiplicidad de candidatos  opositores permitiera a la corporación político-económica gobernante quedarse con el control del Senado y desde allí convertirse en un obstáculo a las reformas políticas, institucionales, económicas y sociales que propugnamos. 

            Esta no ha sido una alianza más de las tantas que ha habido en la historia del país, simplemente para repartirse el Estado como minifundios. Es fruto de las preocupaciones de las dominicanas y los dominicanos más conscientes y sensibles sobre la necesidad de rescatar la nación de la enorme descomposición que la aflige, del deterioro institucional, de la corrupción y la impunidad, del desorden social y de las exclusiones, que se reflejan abajo en delincuencia  e inseguridad. También para detener el rumbo a la insostenibilidad financiera por déficits y endeudamiento desproporcionados durante toda una década. 

Ahí están nuestros lineamientos con las prioridades Políticas e Institucionales para transformar el país, que se sintetizan en reformas para restablecer la democracia y la separación e independencia de los poderes del Estado, declarar la guerra total a la corrupción y la impunidad, programas y acciones integrales de prevención y control de la delincuencia para garantizar la seguridad ciudadana, políticas efectivas de control de la inmigración con estricto cumplimiento de las leyes y respeto de los derechos humanos, y fortalecer la descentralización y el carácter subsidiario  de los ayuntamientos.

También para realizar una reforma político-electoral integral, aprobar la Ley de Participación Social, garantizar la condición de servicio y honorabilidad de la Función Pública, dar renovado impulso a la protección del medio ambiente, reduciendo las vulnerabilidades, eliminar todo género de discriminación con especial promoción de los derechos de las mujeres, la niñez, la adolescencia y de las personas mayores y con discapacidades, y para hacer cumplir el imperio de la ley, con especial seguimiento a la de Estrategia Nacional de Desarrollo.

Como Prioridades Económicas y Sociales consignamos: concertar los pactos Fiscal y Eléctrico y la Ley de Responsabilidad Fiscal, con estrictos controles del gasto público, una política racional de financiamiento y un sistema tributario que procure la justicia social; para  superar lo antes posible la crisis energética, rescatar la salubridad del colapso con servicios integrales de calidad,   y una reforma de la seguridad social, así como para orientar la inversión del 4% del PIB a alcanzar la calidad del sistema educativo. 

Así mismo, postulamos un nuevo modelo de crecimiento que potencie a los sectores productivos con libre competencia y productividad, a fin de asegurar  la autonomía alimentaria y multiplicar las exportaciones, afrontar el caos del transporte público y el enorme déficit de viviendas de carácter social y fortalecer las políticas sociales a fin de eliminar la indigencia y reducir efectivamente la pobreza. 

Nuestro candidato presidencial, el próximo presidente de la República, Luis Abinader, nos pidió que realizáramos este acto, no como expresión de proselitismo, sino para antes del triunfo electoral del 5 de julio dejar ratificado su compromiso con la sociedad política y la sociedad civil, de cambiar el curso de la nación y reabrir los surcos claros del poeta Juan José Ayuso para que quepan todos los sueños.  

Estamos reeditando la capacidad concertadora del inolvidable José Francisco Peña Gómez que en días de luto y represión, cuando algunos desertaban de su responsabilidad histórica, convocó el Acuerdo de Santiago que cuatro años después daría inicio a la etapa democrática de la historia nacional. 

Reactualizamos los postulados peñagomistas del gobierno compartido con la sociedad y por eso en esta  coalición abundan los candidatos y candidatas salidos de las más diversas instancias sociales, algunos sugeridos  por nosotros pero también por los partidos, y por el candidato presidencial Abinader,  comenzando por nuestra candidata vicepresidencial Raquel Peña, que no es una política profesional y proviene del mundo académico y del mediano empresariado.

Por Igual los candidatos a senadores Antonio Taveras Guzmán, en Santo Domingo, y Manuel Matos en San Juan, ambos del sector productivo. Profesionales de la categoría de Jesús Feris Iglesias en San Pedro, o Pedro Catrain en Samaná, o el artista popular el Torito Héctor Acosta, en Bonao. 

Del sector social también provienen muchos candidatos a diputados, como Gabino Hernández, con más de 30 años en las organizaciones comunitarias de las profundidades de Sabana Perdida. Manuel María Mercedes, defensor de derechos humanos, Diulka Pérez, comunicadora, la académica Diana Contreras, Bolívar Ureña dirigente comunitaria de Santo Domingo Oeste, Santa Sánchez, (DN), del movimiento de mujeres trabajadoras, Chiqui Checo, de Santiago Somos Todos; activistas sociales como Blas Alcibíades Vargas, de Santiago, Antonio Navarro Campos, de Azua, y el profesor Bartolomé Deshamps, de Bonao y Santo Porcell Soto, del  movimiento de trabajadores independientes.

Nos enorgullece que estos dirigentes sociales compartan responsabilidades en el próximo congreso con jóvenes políticas de la categoría de Faride Raful, Gloria Reyes, o la profesora  Josefa Castillo, toda una nueva generación de mujeres que trazan nuevos rumbos a la ética y la eficiencia política. 

Y muchos hombres, jóvenes y maduros, tantos que sería injusto mencionar sólo algunos. Pero sin dejar de inclinarnos reverentes ante el ingeniero Eduardo Estrella,  símbolo de los que han ejercido los más altos cargos ministeriales dejando una estela impoluta.    

            Queridos compañeros: Estamos todos convocados a reivindicar la actividad política como la definió el fundador de la República, la ciencia más digna de ocupar las mentes de los humanos. 

            Estamos llamados a dejar atrás la desesperanza y la resignación, para empoderar a nuestro pueblo como dueño de su propio destino. Más ahora cuando la pandemia del Covid-19 nos dejará tan graves repercusiones económicas y sociales agravando más aún las condiciones de vida de la mayoría.

            Sólo nos queda invitar a todos los conciudadanos a no dejarse intimidar y acudir a las urnas el domingo para no tener que dar otra vuelta innecesaria y costosa. Esta es la coalición político-social  más amplia de nuestra historia, que honra el legado de nuestros héroes, de quienes lucharon por toda su vida y de los que han persistido por compartir el pan y la esperanza. Esta coalición  llevará a la presidencia a un ser humano de la categoría profesional, política y moral de Luis Abinader Corona.

            Permítanme cerrar tomando prestadas algunas de las “Palabras para Julia”, de José Agustín Goytisolo, para dirigirlas a nuestro candidato, con la esperanza de que cuando sea presidente no se les olviden, porque en este país las alturas del poder marean casi sistemáticamente y todavía ninguno termina con la dignidad de Mandela, de Mojica, o de Bachelet: “Un hombre solo, o una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Tu destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida, tu dignidad es la de todos”.-  

Santo Domingo, 1 de julio del 2020  

Fructífera colaboración en la isla

Por Juan Bolívar Díaz

            Los acuerdos alcanzados en la primera reunión entre el presidente Luis Abinader y su contraparte de Haití, Jovenel Moise, comunicados por el canciller Roberto Alvarez, constituyen un paso firme hacia el establecimiento de un marco de intercolaboración llamado a rendir frutos para las dos naciones que comparten la isla de Santo Domingo, por lo que merecen la más positiva ponderación.

            Se requiere un gran apoyo nacional para que el gobierno se enfoque en la dirección de los acuerdos anunciados, y no queden como otra declaración de buenas intenciones, como ha ocurrido en múltiples ocasiones anteriores. Para ello será preciso una firme reactivación de la comisión bilateral reiteradas veces ratificada.

            El Gobierno dominicano se ha comprometido en un cambio substancial de política frente a Haití, convencido de que la inter colaboración en el marco de las relaciones de los dos Estados, es muy conveniente para ambos, porque así como constituimos dos naciones soberanas también estamos atados para compartir un limitado espacio isleño, sin ninguna posibilidad de expansión ni modificación, que no sea por una descomunal catástrofe. 

            Toda la sociedad dominicana, especialmente los llamados a orientar a la ciudadanía, debería dejar atrás el discurso agraviante y el mito absolutamente infundado de la fusión de las dos naciones, porque nadie ha podido aportar una sola fuente seria o responsable de algo tan descabellado. No se conoce un solo documento o propuesta de las naciones o personas a las que frecuentemente se acusa de promoverla.

            Lo que procede es buscar acuerdos beneficiosos para ambas partes, asumir que Haití tiene grandes retrasos económicos, sociales e institucionales, y tratar de ayudar a que los supere, sin estar restregándoselos en los ojos. El progreso haitiano es fundamental para reducir la presión migratoria que es común en todas las fronteras del mundo, de un país menos desarrollado, al vecino. Pero aún si no existiera esa presión, como quiera estaríamos llamados a la política del buen vecino, a la solidaridad humana.

            Como ha dicho el presidente Abinader y ha sido compartido por la generalidad de la opinión pública, no hay solución dominicana para los problemas y retrasos haitianos, pero también que debemos dar ejemplo de intercolaboración para tener la calidad moral de reclamar al resto del mundo la siempre prometida ayuda al desarrollo de la primera nación independiente de América Latina, pionera en la abolición de la esclavitud, digna de mejor suerte. 

            La declaración conjunta es consecuencias de iniciativas dominicanas, que incluyeron una visita del canciller Alvarez a Haití, reciprocada por su homónimo, y el encuentro del fin de semana entre los dos mandatarios, que han consignado “la voluntad de continuar la colaboración en esferas prioritarias de sus respectivos países, intercambiar experiencias, especialmente en estos tiempos de pandemias, y fortalecer la cooperación y las posibles oportunidades de desarrollo”. Siempre en el marco de “respeto a la soberanía que caracterizan las relaciones entre las dos naciones”.

            Los acuerdos anunciados comienzan con la ayuda para que los haitianos en el país que carezcan de documentación puedan acceder al registro civil de Haiti. De hecho esos debieran ser regresados a su país, porque no están amparados por el Registro Nacional de Inmigrantes, del que por eso quedaron excluidos. Incluyen nuevos esfuerzos para “eliminar el flujo migratorio irregular, el tráfico y la trata de personas, el flujo de armas, el narcotráfico y el robo de ganado”. Igual reforzar la seguridad y la vigilancia fronteriza y delimitar la frontera marítima.

Positivo es también el propósito de colaboración en los ámbitos de salud, y promover la ayuda internacional para la construcción de hospitales en Haití, fomentar la producción de productos biodegradables, propiciar interconexiones eléctricas y justos acuerdos comerciales, de alto interés para los exportadores dominicanos.

Despojémonos de prejuicios y demos paso a una etapa constructiva en esta isla. Es lo más conveniente e imperativo para las dos naciones.- 

Código Penal con tres causales

     Por Juan Bolívar Díaz

            Después que el presidente Luis Abinader ratificara coherentemente su respaldo a la despenalización de la interrupción limitada del embarazo materno, como lo propuso su antecesor Danilo Medina hace cinco años, se puede esperar que finalmente el Congreso Nacional acogerá un amplio clamor ciudadano y aprobará el proyecto de actualización del obsoleto código penal dominicano.

            Es obvio que la mayoría de la jerarquía eclesiástica seguirá empecinada en defender una posición que choca con los criterios científicos, de derechos y dignidad humana, como todavía se oponen al uso de anticonceptivos, y en Filipinas también al divorcio, porque para ellos el matrimonio es indisoluble, algo muy respetable para quienes lo creen dogma religioso, pero inaceptable en el ordenamiento social y por los derechos humanos.

            El asunto ya está excesivamente debatido y predomina ampliamente el criterio de que no se puede penalizar a una mujer que decida interrumpir un embarazo en tres causales fundamentales, cuando peligra su propia vida, si es fruto de la violación de su cuerpo y dignidad o de un incesto abominable, y si la ciencia muestra que el ser en gestación carece de posibilidades de vida humana.

            Sólo el empeño en imponer preceptos religiosos a toda la sociedad, puede explicar que todavía una gran parte de las jerarquías religiosas, afortunadamente no todas, insistan en una oposición total a algo que ha sido superado en 191 naciones del mundo, 58 de las cuales permiten el aborto en general. Aparte del Vaticano y Malta, dos estados confesionales, sólo países de débil institucionalidad, como El Salvador, Nicaragua y Honduras, nos acompañan en la prohibición absoluta.

            Por otra parte, la realidad ha demostrado que en general la penalización no se aplica,  aunque en todos los países se realizan decenas de miles de aborto cada año, la mayoría en condiciones de precariedad sanitaria que a menudo acaban con las vidas de las mujeres. La oposición radical es clasista por cuanto es de conocimiento general que  todas las mujeres que disponen de recursos encuentran medios para interrumpir un embarazo en el país o viajando a cualquiera de los 191 donde está por lo menos parcialmente despenalizado. Las de menores recursos tienen que apelar al riesgo de la más precaria clandestinidad.

            El planteamiento del presidente Abinader, en reciente entrevista al diario El País de España, ha sido coherente con lo que había expresado cuando el presidente Danilo Medina propuso las tres excepciones en debate. También con la resolución adoptada por su Partido Revolucionario Moderno el 26 de julio del 2016.

            Así las cosas, visto que las tres causales tienen el respaldo de las dos mayorías del Congreso, debemos esperar que la Comisión que estudia el Código Penal dese hace muchísimos años, proceda a tramitar la despenalización parcial, también respaldada por la mayoría de la población en varias encuestas acreditadas. No hay razón para dilatar más la actualización del Código Penal. Todo con respeto a los que creen que en ningún caso se puede interrumpir un aborto, que siempre tendrán derecho a tratar de persuadir a sus fieles de que corran los riesgos de salud, o acepten el fruto de un incesto o una violación degradantes.  

            Por demás a las jerarquías eclesiásticas les hace falta algún gesto de humildad y respeto a los derechos de toda la sociedad y a la jerarquía del Estado. Fue penoso que  hicieran pública oposición a las últimas limitaciones por la pandemia del Covid 19, dando un pésimo ejemplo al resto de la sociedad que en su mayoría, comprendió que estuvieron impelidas por un rebrote del virus y que trataban de impedir que se agravara en las festividades del año nuevo.

            Como en gran parte del mundo, se dispuso el cierre temporal de las actividades religiosas, bodas y celebraciones, de los restaurantes, bares y colmadones, los parques y el malecón, y que nos recluyéramos en las viviendas hasta del medio día a 5 de la mañana, pero las jerarquías eclesiásticas protestaron y hasta  reclamaron consultadas previas, sólo con ellas desde luego. Oh Dios cuánta falta hace que escuchen, lean y comprueben la humildad y humanidad del Papa Francisco.-  

2021: renovación de la esperanza

Por Juan Bolívar Díaz

            Toda la humanidad debe ser convocada a una renovación de la esperanza, con firmes propósitos de enmiendas, en la aurora del 2021, después de un año terrible que nos deja sumidos en la peor crisis de salubridad, con repercusiones económicas y sociales que aún no podemos predecir en toda su magnitud, pero que requerirá de varios años de esfuerzos infinitos para alanzar la recuperación.

            Las perspectivas lucen más aciagas para países como el nuestro, con marcados atavismos en la salubridad y la asistencia, con una estructura tan desigual y atrapado por el galopante endeudamiento de la última década, en el que se fundó un crecimiento económico con pies de barro. Ya este año, para ofrecer precaria asistencia a cientos de miles de desempleados y amortiguar el galopante empobrecimiento, hubo que incrementar el endeudamiento, y lo mismo se proyecta para el nuevo año, en términos que obligarán a profundas reformas para hacerle frente a partir del 2022. Hay quienes creen que ese nivel de subsidio, ya extendido al primer trimestre, no podrá sostenerse por más tiempo. 

            Es comprensible y hasta ponderable que las autoridades se hayan empeñado en proyectar optimismo para incentivar la reanudación de actividades económicas y nuevas inversiones que contribuyan a paliar el creciente desempleo. Pero lo que nos espera en los próximos meses es ciertamente una ingente tarea de concertación, con los máximos niveles de austeridad, comenzando por el gasto público, pero también el privado en todas sus dimensiones.

            El desafío no es sólo al gobierno central, sino a todas las instituciones del Estado, las autónomas y descentralizadas, donde los gastos de representación, las dietas, los altos salarios y compensaciones alcanzan a menudo niveles de privilegios irritantes. Incluye también a los demás poderes del Estado, especialmente al Legislativo, donde se impone la supresión de barrilitos y cofrecitos clientelistas y de ventajismo político.

            Los dominicanos y dominicanas podemos superarnos, y de hecho en el año que concluye, por encima de la pandemia que nos asola, la sociedad recogió energías suficientes para lograr lo que para muchos parecía imposible, imponer un proceso electoral donde prevaleciera la voluntad popular por encima de la inmensa maquinaria de poder que se había impuesto avasallando las instituciones y reduciendo la calidad de la democracia.

            Al pasar balance no podemos olvidar que una gran proporción de la ciudadanía se movilizó clamando por poner límites a la corrupción y a la impunidad que le ha sido consustancial en dimensiones vergonzantes mostradas en todas las evaluaciones internacionales. A la sociedad dominicana se le arrebató inmensas partidas del erario que debieron contribuir a superar pobreza y generar riqueza colectiva.

            El año termina con una renovación de la esperanza de que es posible un Estado mejor organizado, más transparente y con instituciones que operen por encima de los intereses políticos grupales y de las minorías privilegiadas, para beneficio de toda la sociedad. 

            Pero todos debemos ser conscientes de que la cultura política de la apropiación de lo público está muy arraigada, que tiene incentivos de sectores políticos y privados, y en cualquier momento reaparecerá. Por esa razón hay que seguir avivando la llama de las transformaciones, y mantener la cuerda tensa en defensa de un Ministerio Público independiente y de un sistema judicial que requiere transformaciones. Lo primero a vencer es la impunidad, si queremos poner límites a la corrupción, más difícil de eliminar por completo.

            Recuperemos la vieja consigna de año nuevo, vida nueva, con seres humanos renovados. Urge que todo el mundo asimile la lección que ns ha dado la naturaleza con la pandemia del Covid 19, y se fortalezcan los programas de preservación del medio ambiente y se combata con eficacia y determinación las grandes fuentes de contaminación. 

            Será preciso también que aparezcan nuevos liderazgos internacionales en defensa del planeta y se reactiven las confrontaciones ideológicas, y no las de las armas ni el terror, para generar chispazos que permitan reducir la extrema concentración de la riqueza que amenaza la convivencia humana. Es tarea es más perentoria a la luz de las repercusiones que nos deja la pandemia cuando apenas asoma una esperanza de contención.-    

Nostalgias y saudades en Navidad

                                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Esta es, sin la menor duda, la Navidad más penosa de nuestro tiempo, con un virus que ha enfermado a más de 77 millones de personas en el mundo, cobrando la vida de un millón 800 mil y proyectando un inconmensurable océano de pobreza y agravamiento de las exclusiones y precariedades en que sobrevive una alta proporción de la humanidad.

            El coronavirus sigue su arrolladora expansión, cuando con esperanza asoman las vacunas que podrían contenerlo en el próximo año, pero deja una secuela de lecciones y advertencias a una civilización que viene matando la tierra, con gases y deshechos contaminantes que rebasan el suelo y apestan las aguas fluviales y marítimas y a la voracidad por la acumulación y apropiación sin límites ni sensibilidad.

            En  este contexto nos encuentra la Navidad del inolvidable 20-20, que pasará a la historia como la más triste, con gran parte de las diversiones, conciertos, lugares de música, baile, bares cerrados, con deportes sin espectadores presenciales y en muchísimos lugares hasta con restricciones para la movilización y la reunión familiar. Por todas partes se respiran aires de fastidio, porque si algo queda dramáticamente comprobado en esta crisis es que los seres humanos no estamos hechos para el individualismo, el aislamiento y la coerción.

            Esa rebeldía debería sacudir las conciencias de quienes  quieren acaparar los bienes de la tierra, suprimir libertades y atropellar derechos a nombre de ideologías o credos religiosos fundamentalistas y fortalecer la vocación libertaria de hombres y mujeres para romper todas las cadenas que atan a inmensas comunidades.

            El panorama nacional está también altamente  contagiado, con cientos de miles de personas dependiendo de subsidios que no alcanzan ni la mitad del costo de la canasta familiar del quintil más pobre, establecido sobre 17 mil pesos. 

            En estas navidades nos atrapan nostalgias y nos llenamos de saudades, evocando familiares y amigos y el ayer festivo, y soñando un mañana más armónico. Tendremos que contener los impulsos gregarios para evitar el agravamiento de la salubridad general, que el interés general se imponga sobre toda vanidad, exhibicionismo y prepotencia.

Entre las ausencias de esta Navidad están el bullicio de los aeropuertos y la saturación de los espacios de entretenimiento por los cientos de miles de dominicanos que en esta temporada vienen a reencontrarse con los suyos. Porque viven en los continentes pero sobrecargados de nostalgias isleñas, aferrados a los retazos de suelo, ternuras y cultura recibidos del terruño colocado en el mismo trayecto del sol.

Reverenciemos a la diáspora dominicana que pese a las precariedades universales ha remesado este año un promedio mensual de 668 millones de dólares, según las estadísticas del Banco Central, las cuales totalizaron hasta noviembre. 7 mil 347 millones de dólares, proyectándose sobre 8 mil millones al final de este mes, superando en más de 900 millones los 7,087 millones de dólares remitidos en el 2019. El aporte del año sería de 465 mil millones de pesos, cerca de todas las recaudaciones fiscales del período.  El promedio de incremento anual de la década ronda el 10 por ciento, que en la segunda mitad del año, después de dos meses negativos por la parálisis total, ha alcanzado tazas de hasta 36 y 37%, indicativas del valor de las aportes de los visitantes, porque al haberse reducido drásticamente los viajes este año, crecieron los envíos por los canales bancarios.   

Las remesas de la década 2010 aportaron al país 51 mil 315 millones de dólares a través del sistema bancario, y si le adicionamos los que traen personalmente los cientos de miles de residentes en el exterior, se aproximarían a los 60 mil millones de dólares, una cifra que cuestiona seriamente nuestro modelo económico y nos obliga a apreciar mucho más el trabajo de nuestros emigrantes. 

Las circunstancias invitan más que nunca a reencontrarnos  con el auténtico espíritu de la Navidad, que es la solidaridad, la fraternidad y el amor contenidos en la doctrina del más grande los profetas de la humanidad, que dividió la historia y por cuya recuerdo y principios celebramos estas festividades.       

Todos los días contra la corrupción

Por Juan Bolívar Díaz

El Día Internacional contra la Corrupción nos encontró ayer en el mejor momento en décadas de requerimientos sociales y esfuerzos para poner límites a la depredación y la apropiación del patrimonio público que han generado infinidad de riquezas en detrimento de la sociedad, especialmente de los más pobres y excluidos que requieren mucha inversión para mejorar sus condiciones de vida. 

El mérito no es sólo del gobierno que nos rige desde agosto, y de los fiscales que responden a la independencia que se les ha reiterado para sancionar todo abuso de los bienes comunes, sin miramientos políticos o sociales, sino especialmente de la ciudadanía que en los últimos años dio contundentes demostraciones de su hastío e indignación no sólo por la rampante corrupción y por la impunidad que la fomenta.

Durante casi dos décadas la celebración estuvo relegada a las organizaciones sociales, especialmente Participación Ciudadana (PC) que, desde la proclamación de la efeméride mundial, declaró como su prioridad la lucha contra la corrupción y la impunidad e instituyó un reconocimiento anual a las personalidades empeñadas en esa trascendente tarea. Pero anoche se  celebró con un acto en el Palacio Nacional en el cual el Gobierno del presidente Luis Abinader reafirmó su compromiso con la coherencia, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para devolver la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

Fue el 31 de octubre de 2003 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su Resolución 58/4 decidió que “a fin de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción, así como del papel que puede desempeñar la Convención para combatirla y prevenirla, se proclame el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción».​

A propósito de la conmemoración de ayer, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, proclamó que “La corrupción es criminal e inmoral, y representa la máxima traición a la confianza pública. Es aún más perjudicial en tiempos de crisis, como está ocurriendo ahora en el mundo con la pandemia por el COVID-19. La respuesta al virus está creando nuevas oportunidades para explotar la supervisión débil y la transparencia inadecuada, desviando recursos que debían estar destinados a personas que se encuentran en su momento de mayor necesidad.”. Así ocurrió en el país, cuando a nombre del combate a la pandemia se produjeron graves escándalos de corrupción.

El presidente Abinader ha sido coherente con sus planteamientos programáticos, designando personalidades independientes y de méritos acumulados como Miriam German Brito y Yenise Berenice Reynoso al frente de la Procuraduría General de la República, y de Carlos Pimentel para asumir la Dirección General de Contrataciones Públicas, una de las fuentes fundamentales del tráfico de influencia y la corrupción. Y además encargó la Dirección de Etica y Transparencia del Estado a dos símbolos de la honestidad y la lucha por el fortalecimiento institucional, como son la doctora Milagros Ortiz Bosch y el exsacerdote Mario Serrano.

El Ministerio Público se ha bautizado con un expediente de corrupción bastante sustanciado contra diez personas, a las cuales se les debe respetar la presunción de inocencia, pero sin el apañamiento de que se trata de circo o retaliación política, como se aduce siempre fomentando la depredación y la impunidad durante décadas, pese a cientos de denuncias fundamentadas, como ha documentado PC en dos investigaciones.

Estamos sólo en el comienzo, porque todos sabemos que hay escándalos mayores bajo investigación y la sociedad no estará satisfecha hasta que las sanciones no sean excepción, casi siempre con pequeños. Es notable que los actuales gestores públicos están empeñados en cumplir la debida transparencia, pero nadie debe bajar la guardia porque hay una cultura política bastante generalizada de aprovechamiento político y personal de los bienes públicos, y es posible que  algunos estén esperando que baje la marea para aprovechar “su oportunidad”. 

Afortunadamente, el Presidente de la República parece el más consciente de que la barrida electoral de su partido fue consecuencia de la consciencia ciudadana sobre el inconmensurable costo económico, social e institucional de la corrupción que nos ahogaba. Luis Abinader está empeñado en iniciar una nueva historia en la gestión gubernamental, con el aliento de la Marcha Verde, de las ocupaciones de las plazas públicas aquí y por la diáspora dominicana, y de la larga lucha de instituciones sociales, personalidades y comunicadores. ¡Todos los días contra la corrupción!.-             

Jorge Cela y Dionisio Soldevila

Por Juan Bolívar Díaz

¡Caramba querido Jorge! Pero ¿cómo es que te has ido así sin decir adiós? Si hace apenas cuatro sábados en un extenso almuerzo celebramos tu vida, aquí en la que siempre fue tu casa, junto a Adita y nuestro querido José Luis Sáez, con la también grata compañía de Segundo Imbert y Cecilia García, y quedamos de volver a vernos pronto por aquí o en La Habana, donde decidiste vivir tus últimos años. Celebramos que acababas de saber que  era falso el diagnóstico de cáncer que te trajo al país.

Tu partida paralizó a tantos que te queríamos. Alguien quiso consolarnos con ese poema canción de Rubén Blades: “Todos vuelven a la tierra en que nacieron/ Al embrujo incomparable de su sol/ Todos vuelven al rincón de donde salieron/ Donde acaso floreció más de un amor”…

Aunque nació en Cuba hace 79 años, Jorge Cela era más que nada dominicano. Aquí vivió más de la mitad de su existencia, después de culminar sus estudios sacerdotales y una maestría en antropología social en universidades de España y Estados Unidos. Con nosotros se insertó en la Universidad Autónoma a comienzo de los setenta, donde una generación de cientistas sociales se nutriría de su sabiduría, de su profunda interpretación de los fenómenos sociales, de la antropología de la pobreza y la desigualdad, lo que combinaba con la docencia en el Seminario Santo Tomás, en el filosofado de los jesuitas y en el Centro Social Juan Montalvo.

Fue un sacerdote de alma, tiempo, y cuerpo completos, absolutamente coherente con el evangelio de Jesús. Por eso, junto a los también aguerridos jesuitas, Tomás Marrero y Pepe Olmos fundó parroquia en Guachupita y Los Guandules y allí vivieron con los pobres, promoviendo las comunidades eclesiales de base. 

A Cela se le recuerda entre los fundadores de Ciudad Alternativa y del Comité para Defensa de los Derechos Barriales, que no sólo defendieron a los pobres que eran echados de la ciudad, sino que propusieron alternativas respetuosas de la dignidad humana. Estuvo en  iniciativas democráticas, como Foro Ciudadano y  Participación Ciudadana.

Maestro de la antropología y militante del cristianismo, Jorge Cela sufrió incomprensiones y estuvo en la mirilla de poderosos, pero nunca perdió el equilibrio, aferrado a una fe y unos valores que repartía en aliento a su alrededor. Catedrático universitario y al mismo tiempo líder de la barriada que escribía artículos y dictaba conferencia y una vez acuñó la frase “más de lo mismo” refiriéndose a un gobierno que nació con promesas de liberación. 

Su orden lo reconoció en vida. Fue director nacional del proyecto educativo popular Fe y Alegría, del que llegó a ser coordinador internacional, y en el período 2012-17 presidió la Conferencia Provincial de los Jesuitas en América Latina, primero con sede en Brasil y luego en Perú, donde tuve oportunidad de renovar los afectos.

Jorge, nos dicen que te marchaste tranquilamente, el corazón te traicionó y quedaste reclinado en tu asiento. Echaremos de menos tu buen humor y esas carcajadas y el recuerdo de las múltiples veces que me tocaba llevarte a Guachupita tarde de la noche tras largos intercambios de energías creativas, en los ámbitos universitarios, en Los Parlanchines o en nuestra casa. Pero sobre todo nos dejaste tu testimonio sacerdotal que mantiene viva la fe en el ideario de Jesús de Nazaret. 

Otra pérdida sensible de estos días ha sido la del doctor Dionisio Soldevila,  maestro de la medicina, investigador científico, gemialista y ser humano excepcional, comprometido con su tiempo. Fundador director de una revista científica que sustentó por una década. Dedicó gran parte de su vida a la lucha por la superación profesional y las reivindicaciones de los médicos, presidiendo varias veces la Agrupación Médica del Seguro Social y la Asociación Médica Dominicana. 

Nos legó dos notables periodistas María Isabel y Dionisio Soldevila, Además de Armando y le sobrevive su esposa, la doctora María Brea. Lo  recuerdo especialmente por una lección de humanidad cuando llegó a México en 1966 y me dejó dos invidentes víctimas de la guerra, para ser rehabilitados en una institución especializada. A Rafael Acosta y Basilio Alcántara tuve que enseñarles a trasladarse y vivir en la inmensa ciudad y apelar a la solidaridad de la pequeña colonia dominicana para sacarlos los fines de semana. Fue una de mis primeras grandes lecciones, que agradezco al doctor Dionisio Soldevila.- 

El Gobierno profesionaliza el servicio Exterior sobre tres ejes fundamentales

Rápidos avances en el saneamiento de las abultadas nóminas y la aplicación del Manual de Organización y Funciones de las Misiones en el Exterior para proteger a la diáspora dominicana, promover exportaciones e inversiones y valores y derechos democráticos 

                                                           Por Juan Bolívar Díaz

            En una de las áreas donde se ha avanzado rápidamente en los primeros cien días del gobierno del Presidente Luis Abinader es en las relaciones exteriores, con un minucioso y bien delineado programa bajo responsabilidad del doctor Roberto Alvarez, uno de los dominicanos más preparados para asumir esas funciones.

            La profesionalización de la Cancillería y del servicio exterior ha comenzado con la capacitación de los jefes de misiones, nuevos y antiguos, en base a tres ejes fundamentales: la protección de los dominicanos residentes en el exterior, la promoción de exportaciones e inversión y de los valores democráticos y los derechos humanos.

Los tres ejes fundamentales

            En una evaluación de los primeros 100 días de su gestión, el Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Alvarez, colocó como primer eje de la política de ese organismo “la protección de las dominicanas y dominicanos  donde quiera que se encuentren”, con mejoras en los servicios de los consulados de Nueva York y Miami y asistencia a los afectados por dos recientes huracanes en Centroamérica e islas del Caribe. En la agenda está la reducción del costo de los servicios en base a tarifas que tendrán que ser cumplidas, sin la interesada discrecionalidad que ha prevalecido por años. Se parte de las contribuciones que hace la diáspora a la sociedad dominicana, que en el 2019 envió al país 7 mil 87 millones de dólares, y 50 mil millones de dólares en la última década.

            El segundo eje de trabajo, para las embajadas y consulados es la promoción de las exportaciones e inversiones para generar empleos, con la mira no sólo del mercado norteamericano, y europeo, sino también en naciones de Asia y América Central, con énfasis en el comercio con la región del Caribe, incluyendo Haití, donde la balanza se inclina diez a uno en favor de RD. Ya elaboraron un plan de promoción comercial para el 2021 y se han adelantado acuerdos de cooperación interinstitucional y con Estados Unidos y Ecuador,  también con la ONU para fortalecer la integridad, la ética y la transparencia. 

            Como tercer eje de la política exterior se plantea “promover los valores democráticos y los derechos humanos consagrados en la Constitución dominicana”. Al respecto Roberto Alvarez se refiere al discurso del presidente Abinader ante la Asamblea General de la ONU que resaltó los valores de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y a sus propias presentaciones ante el Consejo de Seguridad de la ONU y en la asamblea general de la OEA con la propuesta de referéndum para que sea el pueblo venezolano que resuelva la crisis de esa nación, y la proclama de que “no hay ni podrá haber una solución dominicana a las dificultades políticas y sociales que persisten en Haití”. 

Fuerte profesionalización

            En aras de la profesionalización del servicio exterior, se ha trabajado desde agosto, con la limpieza de las nóminas, el reentrenamiento del personal y con el rescate del Manual de Organización y Funciones, adoptado a principio del 2019, pero olvidado por la prevalencia del ministerio como agencia de empleo para dirigentes políticos y familiares, que hace años saturaron la sede central, las embajadas y consulados.

            Unos 1,300 funcionarios han sido desvinculados, alrededor de 800 de los designados en el exterior, que en su mayoría no trabajaban, y otros 500 en la sede central de la Cancillería y hasta en provincias. Sólo en el consulado de Nueva York estaban designados más de un centenar, la mitad como vicecónsules. Ante la ONU se llegó a una docena de embajadores adscritos y más de 50 ministros consejeros, consejeros y  secretarios. Entre la embajada en Washington y la OEA 86. En España había unos 130 entre la embajada, cinco consulados, una oficina de turismo, otra de la Junta Central Electoral y del Instituto para los Dominicanos en el Exterior. 

En 47 embajadas y sus 30 secciones consulares, así como en 48 consulados, la RD tiene más personal designado que los países de contraparte, a menudo cuatro y cinco veces más. En un país pequeño como Costa Rica eran 26. En ONU y OEA más que las mayores naciones del mundo. Hace años que en Estados Unidos y otras naciones ya no acreditan nuevo personal diplomático o consular dominicano, por lo que los designados no ejercen en realidad. La saturación en múltiples casos sobrepasa varias veces la capacidad de los locales sedes  y los mismos embajadores y cónsules decían a los últimos en llegar que los llamarían en caso de necesidad o para alguna actividad específica.

Reglamentos y convenios 

El Manual de Organización prevé un límite de 13 funcionarios en las embajadas, pero   se contempla que en muchos casos sean la mitad. En aras de la profesionalización se está condicionando la designación a los egresados de la escuela diplomática de la Cancillería. Una docena de los nuevos embajadores recién designados fueron ascensos del personal diplomático, atendiendo al escalafón. 

Otro problema que ha tenido el ejercicio diplomático dominicano es que con frecuencia rebasan el tiempo promedio de las normativas, porque a menudo los favorecidos tienen residencia, familia o intereses en los países donde están designados, lo que se pretende superar con la rotación correspondiente y evitando designar personal residente. Los que tienen doble nacionalidad no son acreditados como diplomáticos o cónsules por las cancillerías, que los consideran nacionales.  

La nueva gestión ya ha auspiciado dos diplomados para todos los jefes de misiones diplomáticas y consulares, nuevos y antiguos, con 88 horas de docencia cada uno, ahora combinando presencial con virtual, para vincularlos a la nueva política exterior. El propio canciller ha tenido extensa exposiciones sobre los lineamientos de política exterior. 

Roberto Alvarez se doctoró en derecho de la UASD y realizó maestrías de Relaciones Internacionales y Derecho Comparado en las universidades Johns Hopkins y Georgetown, en Washington, donde residió varias décadas. Trabajó varios años en la secretaría general de la OEA, donde después sería representante de RD, 2005-08. También pasó años en el equipo jurídico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue representante en Washington de Participación Ciudadana y luego su coordinador general y miembro de su Consejo Nacional hasta que tomó licencia en 2014 para pasar a dirigir las relaciones internacionales del entonces candidato presidencial Luis Abinader. En tal condición elaboró un minucioso programa de “Relaciones Exteriores para el Cambio”.  

Estados Unidos y China

            El presidente Abinader y su Canciller han explicado que mantendrán las más cordiales y respetuosas relaciones con la República Popular China, iniciadas hace dos años por el presidente Danilo Medina, y que dan la bienvenida a sus inversiones, exceptuando áreas consideradas “estratégicas”, o conflictivas por la competencia hegemónica del gigante asiático con Estados Unidos.

El límite, materializado ya en el área de telecomunicaciones, ha sido criticado  como claudicación de soberanía, pero sus autores la defienden como realista, sincero y transparente, en virtud de que Estados Unidos está a dos horas del territorio nacional,  es el principal socio comercial del país, de donde viene el 40% de los turistas, con inversión directa de 7,500 millones de dólares, más de la mitad en la última década, y hacia donde el país exportó  en el 2019 por 5 mil 311 millones de dólares, el 56.4% del total. 

Otra consideración importante es que Estados Unidos ha sido el destino de la emigración dominicana, que sobrepasa el millón de personas. Solo entre el 1990 y 2013 unos  834 mil 166 dominicanos recibieron residencia en ese país, y una buena proporción tiene la doble nacionalidad, que con sus descendientes representan una comunidad de 2 millones de personas, según censo estadounidense del 2017. De los 7 mil millones de dólares remesados en el 2019, el 77.5 por ciento provino de esa comunidad.

En China no hay emigrantes dominicanos, por lo que no llegan remesas, y RD apenas le exportó por 181 millones de dólares en el 2018, pero importó por 2 mil 111, con una desventaja de 8 a 92 por ciento del total. Constituye el mayor desnivel comercial dominicano.

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Tomo licencia por ser designado embajador

            Con la publicación de este reporte sobre la política exterior dominicana concluyo una etapa de mi carrera profesional de 52 años, tras ser honrado por el presidente Luis Abinader con la designación de embajador ante el Reino de España mediante el decreto 655-20.

            Ya había sido embajador de la República ante los gobiernos de Perú y Bolivia a partir del 1984, pero dos años después el periodismo le ganó la carrera a la diplomacia, porque aquello era casi una representación protocolar, por el mínimo intercambio dominicano con esos países. Esta vez espero realizar una importante misión en España, la segunda o tercera delegación diplomática de RD y puerta de entrada a la Unión Europea. 

            Me comprometo con los tres ejes de la política exterior, en especial con una comunidad dominicana de casi 200 mil personas, pues como escribí una vez “parece que tengo alma de migrante”.

            Lamento despegarme de mis generosos y apreciados lectores, pero no puedo escribir análisis políticos o socioeconómicos, como los publicados en El Tema de HOY durante los últimos 18 años, viviendo en el exterior como representante del Estado dominicano. No puedo caer en un conflicto de intereses. Sin compromiso periódico, espero de vez en cuando escribir artículos sobre temas no coyunturales.

            En el tiempo que me deje libre la nueva responsabilidad, empezaré a escribir mis memorias. Mientras tanto a los que quieran verificar mis análisis periodísticos o consultarlos, pueden acceder a todos los de HOY y la revista Rumbo en el sitio juanbolivardiaz.com

Ante una grosera manipulación

Por Juan Bolívar Díaz

            Es muy penoso que haya grupos y personas que desde que se menciona Haití o los inmigrantes haitianos reaccionan airados y son capaces de las más groseras manipulaciones para estigmatizar, promover exclusiones y atizar odios entre los dos pueblos que habitarán por siempre el espacio insular de 72 mil kilómetros cuadrados,  y por tanto condenados a entenderse.

            Es lo ocurrido con nuestro análisis publicado en HOY el 14 de noviembre, “Parece necesario renovar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE)”, donde se plantea la disyuntiva del nuevo gobierno con los 196 mil 471 inmigrantes, casi todos haitianos, que se acogieron al mismo desde el 2014 y cuyos carnets provisionales han vencido en el período 2019-20. Sin ningún fundamento algunos difundieron que se pedía la regularización de 500 mil haitianos y en las redes sociales lo equipararon hasta con la nacionalidad dominicana.

            En base a esas falsedades han renovado sus viejos reclamos de linchamiento por “traición a la patria”, y han convocado una “Gran marcha nacional contra la nueva regularización de 500 mil haitianos que propone Juan Bolívar Díaz”. Unos cuantos fanáticos colocaron en las redes decenas de mensajes de odio. Uno tuvo la osadía de escribir a mi correo electrónico bajo el seudónimo de ruddy.rom :“Traición a la patria. Jamás el pueblo te va perdonar por querer que el gobierno legalice a los haitianos ilegales, tu eres un hijo de puta! Tu vida no vale nada por traidor espero que un buen patriota te de pa,bajo”.

            La pretendida traición fue plantear que el PNRE ejecutado a partir del decreto 327-13 de Danilo Medina,  tras ser dispuesto por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, ha quedado en un limbo. Con base en un documento oficial de la Dirección General de Migración se indica que en principio 288,481 se acogieron al llamado a regularización, de los cuales 28,508 no calificaron por falta de documento de identidad, pero 259, 973 fueron acogidos provisionalmente. Que de estos sólo 7,831 llenaron todos los requisitos y recibieron permisos de residencia temporal ordinaria, mientras 252,142 obtuvieron permiso temporal de No residentes, para que pudieran completaros.

            Entre 2016 y 2018 los carnets provisionales fueron renovados dos veces, se redujeron  porque muchos se fueron del país, pero quedaron 196,471 cuyos carnets ya quedaron vencidos, 12,779 en el 2019, y 183.701 a noviembre del 2020. Después de 6 años de esfuerzos e inversión de cientos de millones de pesos del erario nacional, sólo 14,763 tienen en la actualidad permiso para permanecer legalmente en el país, 8,847 como estudiantes no residentes y 5,916 como residentes temporales.

            Ante esas estadísticas oficiales, el análisis planteaba que “el nuevo gobierno tiene dos opciones, volver a renovar la provisionalidad vencida, o si quiere iniciar un control real de la inmigración, sincerar los requisitos para que los 196 mil con permisos vencidos puedan alcanzar un estatus definitivo”. Planteaba  más complejidad para los 301 mil haitianos que según la Encuesta de Inmigración 2017 están en el país sin haberse acogido al PNRE,  y concluía que “lo peor puede ser mantener el desorden inmigratorio del que sacan enormes ventajas económicas sectores empresariales, políticos y militares”. 

            Hasta personas racionales han creído la manipulación de la regularización de los 500 mil haitianos que según la ENI-17 vivían en el país, y llegan al extremo de condenar toda regularización, ignorantes de que el objetivo es controlar el desorden migratorio Desconocen  el decreto de Balaguer que en 1990 declaró de alto interés nacional un plan de regularización de extranjeros, la ley de Migración del 2004 cuyo artículo 151 lo dispone, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) del 2012 que lo reitera y hasta la polémica sentencia del TC 168-13 que lo ordena. 

            Para algunos fanáticos, defender el proceso de regularización es traición a la patria. Ignoran el artículo 23 de la Ley de END, que en su numeral 2.3.7 dispone “Ordenar los flujos migratorios conforme a las necesidades del desarrollo nacional”, asumiendo que los inmigrantes haitianos representan más del 75% de la mano de obra agropecuaria y del 60% en  la construcción, y que la buscan hasta para porteros de casas y edificios de apartamentos.            La END reclama el registro y control de los inmigrantes, atendiendo a la demanda del desarrollo nacional, pidiendo sanción a la trata de personas y al tráfico ilícito de inmigrantes, alinear los órganos del orden público con el marco jurídico y hasta “asegurar el respeto a los derechos humanos de la población inmigrante”. ¿Es o no una ley, consensuada tras diez años de consultas y debates?                    

Falta un gran empuje social para afianzar las instituciones y garantizar estabilidad

La precaria cultura democrática no es patrimonio exclusivo de los políticos dominicanos y alcanza al liderazgo de las organizaciones empresariales, sindicales, sociales, y eclesiásticas que se asocian al poder político para buscar o preservar privilegios    

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            En amplios estamentos sociales se descalifica a los partidos políticos, como si fueran los únicos responsables del atraso institucional dominicano, cuando la responsabilidad es compartida por gran parte del liderazgo social que se asocia al poder político en búsqueda de privilegios o para preservarlos. 

            Es obvio que el partidarismo político carga un enorme y justificado descrédito, pero no se quedan muy lejos las organizaciones empresariales, sindicales y profesionales, que tendrían que desatar un gran empuje para contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática nacional.    

Gobierno lanzaría desafío

            Compelido por la triple crisis de salubridad  económica y social, y atendiendo al compromiso de cambios postulado en su campaña electoral, el presidente Luis Abinader estaría preparando un gran desafío a la sociedad dominicana con un conjunto de reformas administrativas, estructurales y legales que mejoren la calidad del gasto, fortalezcan la institucionalidad democrática y preserven la estabilidad político-social en el próximo 2021 que se pinta crucial por las consecuencias del coronavirus.

Son muchos los que creen que el gobierno debería extender el próximo año todos los programas de asistencia a los que han perdido el empleo o lo tienen suspendido, que en principio no se contemplaban en el proyecto de presupuesto del 2021, mientras los planificadores tratan de reducir gastos para poder mantener los programas “Fase” “Quédate en casa” y Pa-ti”, al menos en el primer trimestre. Lo que desde el principio se contempla es el incremento del programa “Comer es Primero”, que pasaría de 811 mil a un millón de familias beneficiarias, duplicando el monto mensual para cada una de 830 a mil 600 pesos. 

Fuentes de crédito aseguran que se busca reducir  gastos no esenciales por unos 50 mil millones de pesos, implicando programas de gastos de todos los ministerios, de los poderes públicos, incluyendo el Congreso, y la reducción al 50% de la asignación a los partidos, equivalente a $630 millones, lo que estaría siendo resistido en la comisión bicameral que analiza el proyecto de presupuesto 2021.

El presidente Abinader contempla apelar a la comprensión y el sacrificio de todos los sectores, comenzando por las dependencias del Gobierno Central donde se impondría un plan de absoluta austeridad, con controles y sanciones a quienes lo desconozcan. También tocaría a los organismos autónomos y descentralizados, incluyendo a los que tienen proporciones fijas del presupuesto.

Los números no mienten

Los planificadores del Gobierno tendrán que hacer mayor esfuerzo para que la población pueda digerir la  magnitud de la crisis fiscal, arrastrada por una década y multiplicada este año por el Covid-19, cuando  el financiamiento pasará de 8 mil 300 millones de dólares. A agosto había alcanzado 300 mil millones de pesos y desde entonces a diciembre se calculan otros 185 mil millones de pesos. La deuda consolidada del Estado estaría ya sobre el 60 % del PIB. 

El proyecto de presupuesto 2021 prevé ingresos por $746 mil millones y los gastos por $706 mil, de los cuales casi un tercio, el 31.9, se irán en pago de deuda pública, 19.2% para educación, 9.4 para administración, 9.2 para protección social y 7.2 para salud. Ahí se va el 76.9%, y el restante 23.1 para energía, justicia, orden público, seguridad, protección ambiental y otros servicios. 

La rigidez del presupuesto es mayor cuando se verifica que hay 23 leyes que establecen porcentajes del presupuesto para entidades autónomas y descentralizadas del Estado, que en realidad nunca se cumplen por completo, pero las instancias de más poder defienden cada peso resistiendo reconocer la gravedad de la crisis fiscal. En virtud de las mismas se irá en el 2021 el 6.7% del PIB o el 37% del gasto, que alanzaría al 62% si se cumplieran al pie de la letra.

Una cultura dura de roer 

Urge al Gobierno convencer a los sectores políticos y a su propia base de funcionarios sobre la necesidad de extremar el ahorro para afrontar la crisis y preservar la estabilidad fiscal y social, pues se enfrenta a una cultura política dura de modificar, donde muchos de los que recién llegan a los cargos públicos, al igual que los legisladores, y los funcionarios de3 los organismos autónomos y descentralizados, no muestran disposición a ceder parte de sus beneficios. Por el contrario hay quienes buscan ampliarlos y extenderlos a sus familiares y relacionados.

El aprovechamiento de lo público, la malversación y la concepción del Estado como botín de ganadores de elecciones, constituyen una cultura política vista como normal en amplios estamentos de la sociedad. Pero cada vez es mayor la proporción poblacional que muestra fatiga ante esas prácticas, coronadas por inmensa corrupción, especialmente en las nuevas generaciones y en las clases medias, como se evidenció en la Marcha Verde entre 2017-18 y en las plazas de las grandes ciudades en la primera mitad de este año.

Pero en estos segmentos crece un sentimiento de rechazo a la política y los políticos que puede convertirse en negativa y tiene que ser vencida con decisiones firmes y gran coherencia. Es lo que trata de mostrar el presidente Abinader que desde su juramentación encamina esfuerzos para controlar y sancionar la corrupción y para reducir el dispendio y mejorar la calidad del gasto público.

No son sólo los políticos

            Las inmensas legiones de los insatisfechos con la forma en que se ha administrado el país tienen que mantener un activismo crítico pero también propositivo, realista, estimulando y aferrándose a los esfuerzos de cambios que parten del ámbito gubernamental o congresual, asumiendo que los problemas no son sólo responsabilidad de los políticos, que de ser así hace tiempo que habrían sido relevados. 

            Las investigaciones sociales diagnostican el gran descrédito de los partidos, de los poderes públicos, legisladores, de la justicia, la policía y, militares y hay razones para eso, pues son a quienes la población elige para encargarle la cosa pública, pero ellos no hubiesen llegado tan lejos si no contaran con la complicidad y la participación de los demás actores sociales, especialmente de los empresarios, sindicalistas, eclesiásticos, intelectuales, académicos, comunicadores. Estos y sus organizaciones se acomodan a los gobernantes para reclamar participación directa o indirecta en el reparto del Estado y en la corrupción y para buscar compensaciones y favores, defender exenciones y evasiones impositivas. La asociación comienza en las campañas electorales cuando se adscriben al “rentismo”, financiando políticos como inversión.

Hasta líderes religiosos  

            La institucionalidad democrática y la transparencia superan con mucho el ámbito partidista y se interna en la sociedad. Las organizaciones empresariales, profesionales, sindicales, sociales y religiosas reproducen los vicios de la política, porque sus estructuras no suelen ser democráticas ni participativas, sus líderes se anquilosan y se aferran a los puestos. En todos esos segmentos se cuentan divisiones, hasta en el Country Club, o el Club Naco, en los colegios profesionales y las centrales sindicales. 

            Ni hablar de las iglesias, en cuyas bases hay una inmensidad de personas dedicadas a servir a la sociedad, incluso a los más necesitados, pero sus jerarquías se confunden con los poderes públicos y empresariales. En el liderazgo religioso no se advierte una militancia con los cambios profundos que requiere la sociedad dominicana. Aunque están prestos a encabezar movilizaciones para que se mantenga absoluta penalización del aborto aún si mediara una violación o esté en peligro la vida de una mujer.    

            Con el Covid-19 cientos de miles de personas quedan sin empleo y se demuestra la vulnerabilidad social dominicana, con indicadores de que sin cambios profundos el país se encamina a la insostenibilidad financiera y a la inestabilidad social. Para evitarlo se requiere no sólo la voluntad política, sino de todo el liderazgo nacional. Pendientes están dos de los tres pactos fundamentales planteados en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que en enero cumple 8 años: el eléctrico para hacer eficiente  ese servicio y economizar un subsidio que en una década consumió miles de millones de dólares, y el fiscal para controlar el dispendio público, reducir exenciones privadas y la extrema desigualdad, y elevar la contribución de los más pudientes.

            A todo el liderazgo nacional tendría que apelar el presidente Abinader, quien pretende erigirse en un refundador del Estado, planteado en su programa de gobierno, con pasos firmes  en sus primeros tres meses, con el Ministerio Público, la transparencia y rendición de cuentas, la prevención de la corrupción, eliminación de botellas y malversaciones, y con la elección de una Junta Central Electoral con personalidades independientes.- 

Signos indiscutibles de pobreza

Por Juan Bolívar Díaz

            En la medida en que el país comienza a controlar la terrible expansión del coronavirus y la población se acostumbra a convivir con la pandemia, vamos volviendo lentamente a la normalidad, tratando de enfrentar epidemias como el matrimonio infantil, el embarazo de adolescentes, los feminicidios y los accidentes de tránsito, renglones en que aparecemos en  los más altos niveles mundiales, y hasta en el liderazgo, como es la proporción de fallecimientos por accidentes automovilísticos.

            Son signos indiscutibles de la pobreza y el atraso social e institucional, que hace tiempo debimos haber combatido con sólidas y sostenidas campañas preventivas, poniendo por delante la educación en todas sus expresiones. Pero en estos días también se nos revela otro terrible indicador, la miseria de los trabajadores públicos y privados, patente en la docena de salarios mínimos y el costo de la canasta básica, más difíciles de enfrentar en la actual crisis de salubridad, económica y social.

            Es una buena decisión la prohibición legal del matrimonio infantil o adolescente que se discute en el Congreso Nacional, con la aprobación de las instituciones gubernamentales, sociales e internacionales relacionadas con la protección de los derechos y la dignidad de esos segmentos poblacionales. Pero será necesario mucho más que una ley, efectivas medidas de prevención y sobre todo educación para combatir el apareamiento temprano, y aplicar las sanciones a los adultos que utilicen sexualmente a niñas y adolescentes, con o sin que medie la voluntad de la víctima, tal como prescriben nuestros códigos.

            Hay que celebrar la iniciativa legislativa del joven y nuevo diputado José Horacio Rodríguez y la acogida que tuvo en el gobierno y diversos sectores políticos, para prohibir el matrimonio infantil, que sólo es permitido en una veintena de casi 200 países del mundo, entre ellos República Dominicana. Pero hay que ir mucho más lejos porque también tenemos una de las más altas tasas mundiales de embarazos de adolescentes, que condena a la pobreza cada año a millares de niñas y sus tempranos descendientes, con alto costo económico para la salubridad pública y familiar.

            Constituye un enorme bochorno que llevemos años diagnosticando que más del 20 por ciento de las dominicanas quedan embarazadas antes de los 18 años, muchas desde los 10 y 12. Un recién publicado estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas indica que al 2017 la RD registraba una de las más altas tasas de embarazo de adolescentes en el hemisferio occidental, con 94 por cada mil habitantes.  

            Pero la peor noticia de estos días es que el costo de la canasta familiar del quintil más pobre, ahora 17 mil 458 pesos, está casi a la par del mínimo de las grandes empresas, 17 mil 600, y muy por encima de otra decena de salarios mínimos, que incluye los de las medianas y pequeñas empresas, de 12 mil 107 y 10 mil 729 pesos, respectivamente. Muy por encima del mínimo del sector público, situado en 10 mil pesos y promediando 6 mil en los ayuntamientos, y de los emblemáticas sectores de zonas francas, 11,500, y de  hoteles, bares y restaurantes, que oscilan entre 11 mil 600 y 7 mil 490 pesos. 

            Los cálculos indican que más de la mitad de los empleados formales e informales tienen ingresos inferiores al salario mínimo más alto. Ni hablar de los costos promedios, el de la canasta familiar está en 36 mil 584, mientras en los registros de la Tesorería de la seguridad social el sueldo promedio era antes de la pandemia de 23 mil pesos, pero el 80 por ciento de los empleados ganaba menos de esa suma. 

Los informes indican que cientos de miles de trabajadores han perdido sus empleos por el coronavirus y otros tantos reintegrados ahora ganarán menos, lo cual se traducirá en mayores niveles de pobreza, evidenciando la repetida y engañosa ilusión de que ya somos un país de clases medias, casi sin pobreza. 

El Banco Central acaba de “sincerar” su índice de precios al consumidor. Ojalá podamos sincerar también el debate público sobre cómo enfrentar la triste realidad económico social, lo que será difícil cuando ya sectores políticos que gobernaron 16 años consecutivos adelantan que al cumplirse la próxima semana los 100 días del nuevo gobierno, saldrán a las calles a “defender a los pobres”. ¡Que Dios y las 11 mil vírgenes nos amparen!