La República no merece volver a la iniquidad electoral del 2016

Con cualquiera que sea su candidato el PLD se encamina a repetir las iniquidades e iniquidades de las elecciones del 2016, mientas la oposición no acaba de comprender que sólo con una gran coalición podrían cambiar el curso político de la nación

                                               Por Juan Bolívar Díaz

El proyecto continuista del presidente Danilo Medina, con todos los pujos autoritarios que hacen temer una dictadura, y los afanes del expresidente Leonel Fernández por volver al poder, ambicionando un cuarto período de gobierno, configuran otro proceso electoral tan inequitativo y abusivo como el del 2016, cuyos resultados nunca fueron admitidos por los opositores.

Pero como si hubiese pasado mucho tiempo, la oposición política parece haberlo olvidado y una vez más se encamina al “matadero electoral”, sin entender que la dominación política impuesta por el partido gobernante impide la competencia y garantiza su eternización en el poder, aunque la sociedad está dando muestras de fatiga peledeísta.

Indicios de repetición

Las denuncias de los principales partidos opositores de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está copando las reestructuraciones de las juntas electorales municipales, sumadas a los recientes escándalos en el control de la justicia y las presiones sin precedentes sobre jueces del Tribunal Superior Electoral, despiertan temores de que se pueda reproducir un proceso electoral como el del 2016, tan abominable que ninguno de los partidos de oposición le reconoció legitimidad.

Esta vez hay una diferencia importante, ya que las presiones política y sociales impidieron que la dominación peledeísta mantuviera al frente de la Junta Central Electoral (JCE) a un dirigente partidista de la categoría de Roberto Rosario o a un incondicional como Mariano Rodríguez en el TSE, los dos ahora en abierta campaña junto a su jefe político Leonel Fernández. En ambos organismos los presidentes y otros dos miembros son considerados independientes, pero los dos restantes, de cinco en cada uno, son cuadros políticos de la alianza gubernamental.

Pero las descomunales presiones, amenazas e intentos de chantajes hechos públicos por la reciente sentencia del TSE indican la disposición a utilizar todos los recursos del poder para amedrentar y conseguir objetivos políticos, o por lo menos mediatizar decisiones como, por ejemplo, que la JCE desconozca los cuatro niveles de elección establecidos en la nueva Ley del Régimen Electoral, para mantener el arrastre de los senadores que reclama el PLD.

Claros signos de riqueza

         Si algo es evidente en la actual lucha por las candidaturas del PLD para el próximo año es que le sobran los recursos económicos a los grupos danilistas y leonelistas, pero también a varios de los que llevan meses en campaña por la nominación presidencial, aunque las encuestas no les favorezcan. Ninguno de ellos tenía fortuna, ni pasaban de profesionales de clase media cuando llegaron al gobierno.

Temístocles Montás, precandidato presidencial, denunció esta semana que el expresidente Leonel Fernández estaba gastando 25 millones de pesos en el espectáculo de mañana para su gran lanzamiento en el Estadio Olímpico, donde actuarán diez grupos artísticos, encabezados por algunos de la categoría de Sergio Vargas, Fernando Villalona y el Alfa.

El ex ministro de Economía no incluyó el costo de recoger durante más de un año las dos millones de firmas que según se anuncia respaldarían la candidatura de Fernández. Pero fue unilaterales, pues no se refirió a los cuatro grupos artísticos que amenizarán hoy sábado un acto de promoción del presidente Danilo Medina en el teatro United Palace del alto Manhattan, Nueva York, encabezados por Mozart la Para y Toño Rosario. Sobre los 25 millones de pesos se estimó el costo de la reciente manifestación reeleccionista de Santiago, como parte de un festival provincial que se vienen repitiendo por todo el paísy que este fin de semana abarcara cuatro.

Les sobran los recursos

            Es obvio que al PLD le sobre los recursos económicos y logísticos, en gran proporción derivados del Estado, no sólo por lo que sus dirigentes han acumulado personalmente, sino también por su capacidad para recaudar, mediante el tráfico de influencia y el reparto de contrataciones y compras. Y tanto Medina como Fernández tienen miles de activistas y comunicadores en las nóminas públicas y cualquiera que predomine será candidato con enormes ventajas frente a los de oposición, sobre todo si logra imponerse el actual presidente, para lo cual tendrá que pagar un costo económico y en ruptura institucional infinito. Ya en el primer trimestre del año el glasto publicitario del gobierno pasó de los 10 millones de pesos diarios que mantuvo en el 2018 a 11.6 millones, con una inversión de $1,042 millones.

Hay en la oposición quienes cifran expectativas en una posible división del PLD, por el nivel de encono y arrebato que alcanza la confrontación, no sólo entre las cabezas, sino también en el territorio, llegando a ser insostenible en muchas localidades. Pero los peledeístas han demostrado un amor al poder por encima de lo normal y al final podrían terminar pactando, como en ocasiones anteriores, conscientes de que lo necesitan para mantener el poder. Se recuerda el pacto del anterior proceso electoral, pero no tanto l de l 2012 cuando, como ahora, Leonel Fernández reunió  más de dos millones de firmes para su continuidad en la presidencia, que le entregaron “los ingenieros constitucionalistas” Félix Bautista, Díaz Rúa y Freddy Pérez, en el Palacio de los Deportes. Pretendían que él podía ser repostulado en contradicción con su propia Constitución del 2010 y la anterior del 2002, una prohibía la reelección seguida y la otra establecía dos períodos y “nunca más”.

Aquella vez Fernández logró entender que los vientos no le favorecían, entregó las carretillas de firmas al partido y se dedicó en cuerpo y alma a llevar al poder a su contradictor Danilo Medina. A final del 2011 prometió en Nueva York que gastaría 40 mil millones de pesos para que su partido siguiera en el poder, y terminó gastando más de 150 mil millones, con un déficit fiscal sin precedente, hasta  llevar a Medina al Palacio  Nacional en el 2012.

El matadero electoral 2016

Fue el profesor Juan Bosch, fundador del PLD, quien acuñó la especia de “matadero electoral” refiriéndose a los comicios en los que Joaquín Balaguer lograba reelegirse al comienzo de los setenta. Y eso fue justo lo que ocurrió en el 2016, pero escenificado por su PLD quince años después de su muerte. En el cuadro anexo se sintetizan las inequidades e iniquidades de ese proceso electoral, extraídas de los seis informes de la observación electoral del movimiento  Participación Ciudadana, fechados entre noviembre del 2015 y julio del 2016.

Son documentos fundamentados en estadísticas del Sistema Informativo de la Gestión Financiera del Estado, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), y de monitoreo del propio movimiento cívico y de una entidad privada que cuantifica la inversión publicitaria general. Los informes de finales de la campaña fueron tan impactantes que en algunos casos conllevaron moderación, por ejemplo, en el gasto publicitario.

Un análisis minucioso, como el realizado por el experto fiscal José Rijo acerca a los niveles del abuso de los recursos públicos en esa última campaña electoral, indica, por ejemplo, que en mayo del 2016 el Ministerio de Educación multiplicó por 13 el promedio mensual de sus pagos en viáticos, elevándolo a $23.5 millones: que triplicó el gasto en combustible de $9,9 a $26.4 millones, y que su partida de ayudas y donaciones a personas fuera incrementada en 79%. Mientras el gobierno triplicaba su gasto en asfaltado de calles y carreteras para alcanzar a $77 millones por día, durante los primeros cuatro meses del 2016, cuando su déficit fiscal montó sobre $34 mil millones de pesos, aunque en el mismo período del año anterior había registrado superávit de $3,500 millones.

Desafío a la oposición      

El monopolio del poder y los enormes recursos acumulados por el PLD constituyen un desafío a la oposición política, que ésta vez no debería esperar a dos semanas antes de los comicios, como ocurrió en el 2016, para darse cuenta de que por separado no tienen ninguna posibilidad de cambiar los abusos de la campaña electoral ni mucho menos vencer la maquinaria de dominación peledeísta, y ni siquiera obtener importante representación congresual o municipal.

Persisten los intentos de volver con multiplicidad de candidaturas nacionales, algunos intentando una tercera y hasta cuarta opción con unos cuantos miles de pesos y desconociendo que el electorado muestra una fatiga del PLD, por lo que ahora, más que nunca, tenderá a refugiarse en la bipolarización, con quien tenga mayor posibilidad de contrapeso, y rechazará los llaneros solitarios.

No es que falten candidatos meritorios en la oposición, sino que sobra poder de dominación que les cierra el paso y los excluye, sembrando una imagen de invencibilidad que a  su vez promueve el pesimismo, la resignación, la inmovilidad y el descreimiento en las alternativas por parte de las mayorías, no sólo en los dependientes de los favores y manipulaciones gubernamentales, sino también dela ciudadanía más consciente, deseosas de cambio y pulcritud política.-

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Resumen de las iniquidades electorales del 2016

  • El Estado irrumpió con toda su fuerza y recursos en la campaña electoral
  • “Conquistaron” el bloque de legisladores del PRD y los leonelistas para reformar la Constitución y poder repostular a Danilo Medina.
  • La repostulación incluyó el 90% de los senadores, 80% de los diputados y 60% de los alcaldes del PLD, por simple resolución de la directiva
  • Dirigentes del PLD dirigieron y parcializaron la JCE, el TSE y las juntas electorales municipales
  • El presidente de la JCE llegó al extremo de negarse a recibir a los 6 candidatos de oposición que visitaron el organismo días antes de la votación
  • La JCE impuso la automatización del cómputo sin las mínimas previsiones, con total fracaso y graves irregularidades
  • El TSE llegó al extremo de proclamar candidato a alcalde del DN por el PRM a Rafael Suberví, pero ni éste lo asumió
  • 39 ministros y altos funcionarios del gobierno dirigieron la campaña electoral del PLD en todas las provincias y el DN
  • Múltiples inauguraciones de obras públicas fueron convertidas en campaña electoral con documentado abuso de recursos públicos
  • En abril 2016 DM “puso en servicio” la segunda línea del metro capitalino, que operó en realidad en agosto del 2018
  • El gobierno desbordó el déficit fiscal a $34 mil millones en enero-abril del 2016, cuando en igual período del 2015 tuvo superávit de $3,500 millones
  • Enero-febrero la publicidad gubernamental sube 100% en relación a ese período del 15, y gasta $1,136 millones en el primer trimestre
  • Sólo el Poder Ejecutivo gasta en publicidad (enero-febrero) $840 millones $ 14 millones por día
  • Todos los ministerios colocan anuncios políticos en diarios, radio y tv, especialmente en los programas de cientos de “bocinas”
  • Desde el 2015 el gobierno encabeza los diez mayores anunciantes del país, por encima de telecomunicaciones, comercios y bebidas, y el PLD es el décimo
  • El PLD y sus aliados reciben el 60% del subsidio estatal a los partidos.
  • Dirigentes de entidades estatales organizan comidas y cocteles donde recaudan cientos de millones de pesos entre empresarios, suplidores y contratistas
  • Monitoreo de PC en febrero: el PLD 70% de las vallas, 79.3% de la publicidad en prensa, radio y tv, con los aliados el 81.5%, el PRM 16.8%
  • Desde enero se pagan $27 millones por día a 33 mil empleados transitorios y en nominillas. OISOE lo incrementa en 677%, Educación en 211% y  MOPC 68%
  • En mayo M. de Educación multiplica por 13 el gasto en viáticos y aumenta 79% las “ayudas y donaciones” a personas

 

Con el padre Regino en el corazón

02_05_2019 HOY_JUEVES_020519_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

            Siempre presente hermano Regino: reservé para mis lecturas de semana santa los tres sublimes reportajes que al inicio de abril publicó en HOY la querida compañera Minerva Isa sobre tu vida enterita en la frontera, compartiendo el jengibre, el plátano, el cazabe y la esperanza con los preferidos de Jesús: los más pobres, olvidados y desamparados.

Te reviví en Dajabón y Loma de Cabrera, en El Manguito y Sanché, compartiendo el rudo trabajo y sus privaciones, el calvario de los pobres, hasta hacerte uno de ellos, durmiendo en una listera, y arañando la tierra desde las madrugadas para exprimirle el mínimo sustento cotidiano. Tu un hijo de clase media pueblerina, orgulloso de seguir “lo enseñado por Jesús, que en la práctica se torna espinoso y subversivo, el que se hace solidario y sufre con los desposeídos”, y denuncia con voz profética los abusos fronterizos.

Regino Martínez, cultor de tierras y de almas, promotor de dignidad, del respeto a la madre tierra y el medio ambiente, de justicia y equidad, a través de juntas de vecinos, comanditas para la micro producción, de centros de madres y clubes juveniles, como los mejores surcos para la catequesis, que parte de los seres humanos y termina siempre en ellos. Te ví en Solidaridad Fronteriza, tratando de mitigar la indigencia de los inmigrantes, pero también denunciando el tráfico humano que enriquece autoridades civiles y militares y a políticos hipócritas que después te quieren responsabilizar de “la invasión haitiana”.

En las trazas de Minerva te he vuelto a descubrir como el muchacho siempre alegre y fraternal que remedaba al padre Tejedor cuando en las clases de latín, con su susurro de voz de ocho décadas me animaba al grito de ¡Bolivita, Bolivita, que te duermes! Porque mientras ustedes venían de la espléndida siesta de 45 minutos yo estaba escuchando las charlas radiofónicas de Juan Bosch, lo que se difundiría como un baldón en aquellos meses de 1962 por todo el seminario Santo Tomás, hasta ganarme un cerco profiláctico por boschista.

Compartíamos aulas y ensoñación religiosa en aquel grupo de “vocaciones tardías”, porque llegamos al seminario cuando terminábamos el bachillerato, y no éramos ni del seminario menor ni del mayor, teníendo que movernos en ambas riberas, pero viviendo con los filósofos y teólogos.

Me habitan aquellos sueños de misioneros, que se potenciaban en las misas cantadas, las vísperas y laudes gregorianos, marchitados por mi vocación contestataria. Recuerdo tu estentórea risa cuando te advertía mi aversión por el rezo del rosario, convencido de que la Virgen no podía ser tan sorda para que tuviéramos que repetirle 50 avemarías de un solo tirón. Hasta que el protector espiritual, el padre Roque, me persuadió de que no podía seguir sufriendo las exclusiones y acosos de muchos convencidos de que yo allí era un peligroso infiltrado del comunismo internacional, traidor, ateo y disociador.

Ahora, en este domingo de la resurrección, que según San Pablo es lo que da fundamento a nuestra fé cristiana, te evoco Regino y quisiera estar cerca para decirte que tú si fuiste persistente devoto de Jesús, un discípulo testamentario del amor y la solidaridad entre los seres humanos. Y recuerdo cuando estuve más cerca del paraíso en aquella semana santa en que compartí con una comunidad de monjes en la diócesis de Cuernavaca de Sergio Méndez Arceo.

Aquí, extendido en el entorno de una piscina, cenicienta en mano, leyendo a Minerva Isa te evoco Regino y me pregunto si yo no debería estar junto a ti, con más de cuatro décadas viviendo y trabajando  junto a los relegados, desafiando a los que profanan el templo de Dios, reivindicando que somos  simples piedras del camino, que al polvo hemos de volver, sin apelación ni casación.

Por lo menos quisiera invitarte a acompañarme un fin de semana profano, en una pausa de tus votos de pobreza y solidaridad, para recordar a tantos que nos precedieron ante el Señor y nos enseñaron la coherencia y la autenticidad. Aunque sea para amortiguar mi carga de conciencia por no estar cerca de ti y estar aquí en “la buena vida”, aunque habitante de distancias y caminos.-

Ahora las democracias ya no mueren manu militari, sino de inanición política

27_04_2019 HOY_SABADO_270419_ El País12 B

Sobran razones al arzobispo Francisco Ozoria y a todos los que temen que el país se encamina a un nuevo tipo de dictadura, que ya no se define por los sables, el asesinato y el exilio, sino por el socavamiento de las bases institucionales y el predominio caudillista

                                                Por Juan Bolívar Díaz

No sería racional sostener que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Danilo Medina es una dictadura clásica del siglo pasado, como la definió el general peruano Manuel Odría cuando le pidieron que explicara su afirmación de que él gobernaba con la religión y el deporte (1948-56), y respondió: “que quien no comulga conmigo, lo deporto”.

Tal como sostienen los académicos de la Universidad de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su libro de septiembre pasado “Cómo Mueren las Democracias”, éstas ya no fracasan de forma dramática a manos de generales, sino de líderes electos que socavan poco a poco las bases institucionales, en pasos apenas apreciables.

La dictadura según Ozoria

Han tenido que manipular al Arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, para intentar descalificarlo por su advertencia de que “si no despertamos, si no cambiamos, vamos hacia una dictadura”, tras quejarse de que la actual estructura gubernamental no respeta la independencia de poderes en que se fundamenta la institucionalidad democrática consagrada en la Constitución. Y le sobran razones tanto a él como a otros prelados, sacerdotes, ministros de diversos credos y dirigentes políticos y sociales que en las últimas semanas denuncia la erosión de las frágiles bases de la democracia dominicana, en aras del continuismo en el poder.

Los detonantes han sido dramáticos: la impudicia con que a la vista de todos el presidente Medina manejó el Consejo Nacional de la Magistratura, colocando en un paredón de calumnias y mentiras al mayor símbolo de la independencia judicial, Miriam Germán, para sustituir sin la correspondiente evaluación a casi la mitad de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia en violación de la Constitución, varias leyes y el reglamento del organismo. Y luego por las presiones, amenazas y acciones intimidatorias contra los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) por la sentencia que afecta a un partido aliado del gobierno, lo que Participación Ciudadana definió como ominosa advertencia contra otros órganos, entidades y ciudadanos.

Es obvio que en el país no hay presos políticos ni los asesinatos y deportaciones que caracterizaron las dictaduras desde el inicio de la República, pero es cuasi dictatorial que se sustituyan jueces clamando falsedades, o que al presidente del TSE le despojaran de su escolta en plena calle, y que ministros y el mismo Procurador General lo citaran de madrugada, o que se revele que  en dos años se solicitaron 17 mil 637 interceptaciones de teléfonos bajo el pretexto de una investigación judicial, muchos de ellos con nombres ocultos, porque no procedían.

Baja calidad democrática

La pobreza institucional de la nación quedó documentada en el reciente informe sobre Calidad de la Democracia en la República Dominicana publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), resumido en El Tema de HOY del 30 de marzo último, en la posición 20 de 24 países de América Latina y el Caribe, sólo mejor que Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela. De 100 indicadores, sólo registramos 20 como satisfactorios, con 32 aceptables y 48 deficitarios.

“Dado el análisis expuesto en la dimensión de Estado de Derecho, que presentó un alto nivel de discrecionalidad del Poder Ejecutivo, una baja independencia del Poder Judicial  y una capacidad débil del Poder Legislativo para servir de contrapeso, la disminución de los niveles de confianza ciudadana respecto a aquellas instituciones encargadas de crear y aplicar las leyes… aumenta el riesgo de profundización del autoritarismo en el país” (página 98 del informe).

“La pérdida de confianza en las instituciones de la democracia dominicana es un llamado de alerta. Sobre todo, porque los datos exponen la debilidad del Estado de Derecho, la limitada capacidad de las instituciones democráticas para servir como contrapesos, las bajas garantías de derechos fundamentales y el alto grado de discrecionalidad que mantiene el Poder Ejecutivo frente a las otras ramas del Estado. Todos estos elementos construyen un contexto de vulnerabilidad de la democracia ante situaciones con potencial desestabilizador” (página 129).

“La República Dominicana presenta calificaciones bajas y muy bajas en lo relativo a los límites y controles de los poderes Legislativo y Judicial sobre el Ejecutivo, la independencia del Poder Judicial, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas del funcionariado público” (página 140).

El control casi absoluto del PLD

  • Mantiene la presidencia de la nación desde el 2004, en elecciones profundamente desiguales, con abuso del Estado y grandes déficits fiscales en las campañas electorales
  • Absoluto control del Poder Legislativo, arrebatando hasta la única senaduría opositora en el 20l0
  • Reformas constitucionales en el 2010 y 2015 para garantizarse el control del Estado
  • Dirigentes del PLD controlan el Consejo Nacional de la Magistratura, las altas cortes, la Cámara de Cuentas, y el ministerio público
  • Elección de una mayoría de dirigentes y allegados en los órganos electorales
  • Apropiación de dos tercios del 10 por ciento de los ingresos fiscales que la ley destina a los ayuntamientos, a los que sustrajo $184 mil millones sólo en el lapso 2013-18
  • Violación sistemática de leyes fundamentales, como la del sistema financiero, la de salarios públicos, y la de Estrategia Nacional de Desarrollo
  • Manipulación de la opinión pública con tres mil comunicadores en las nóminas estatales, inversión publicitaria de $10 millones por día y presión a independientes.
  • Utilización de jueces y árbitros electorales para destruir o reducir partidos opositores
  • El Comité Político del PLD, 35 miembros, decide hasta las reformas constitucionales
  • Cooptación de gran parte del liderazgo político, sindical,profesional, artístico, y dirigentes sociales mediante empleos, becas, compras y contrataciones.
  • Creación de miles de empresas de dirigentes y allegados, mediante corrupción y privilegios
  • Controles sobre 1 millón 200 mil personas, mediante programas sociales que apenas promedian 30 dólares mensuales
  • Incorporación a las nóminas y nominillas públicas de decenas de miles de dirigentes del PLD
  • En el 2016 designaron 33 mil empleados temporeros, activistas electorales

La muerte de la democracia

            En un libro de 335 páginas, Levitsky y Ziblatt sostienen que la democracia se bate en retirada en muchas partes del mundo, incluido los Estados Unidos, sobre todo tras el apogeo de Donald Trump, víctima de los políticos, no de los generales, que abusan de los mismos mecanismos que les permitieron acceder al poder, desconociendo las reglas de la tolerancia mutua y la contención institucional, “apresando a los árbitros, marginando a los actores clave, y reescribiendo las reglas del juego para inclinar el campo en contra de sus adversarios” (página 206).

“Las dictaduras flagrantes, en forma de fascismo, comunismo y gobierno militar, prácticamente han desaparecido del panorama. Los golpes militares y otras usurpaciones del poder por medios violentos son poco frecuentes. En la mayoría de los países se celebran elecciones con regularidad. Y aunque las democracias siguen fracasando, lo hacen de otras formas, Desde el final de la Guerra Fría, la mayoría de las quiebras democráticas no las han provocado generales y soldados, sino los propios gobiernos electos” (página 13).

Con múltiples ejemplos americanos y de otros continentes, los autores dedican un capítulo 4 a describir cómo se realiza “La subversión de la democracia”. Con frecuencia el desmantelamiento es paulatino. “Al principio puede resultar imperceptible…siguen celebrando elecciones, los políticos de oposición siguen ocupando escaños en el Congreso y la prensa sigue publicándose. La erosión de la democracia tiene lugar poco a poco (página 95).

“Con los tribunales repletos de personas afines y las autoridades que velan por el cumplimiento de la ley metidas en cintura, los Gobiernos pueden actuar con impunidad…Y las agencias de inteligencia pueden dedicarse a espiar a las personas críticas y desenterrar material para chantajearlas…despidiendo a los funcionarios y otros empleados públicos ajenos al partido y reemplazándolos por leales” (página 96).

Una descripción local

El libro de Levitsky y Ziblatt parece una descripción del proceso seguido por el PLD en el poder. Subraya que “La mayoría de las autocracias contemporáneas no borran todo rasgo de disidencia… A medida que los medios de comunicación más destacados son atacados, otros se vuelven recelosos y empiezan a practicar la autocensura… también buscan debilitar a los empresarios con medios para financiar a la oposición e intentan silenciar a figuras culturales populares o de reputación moral (páginas 103-104).

“Los autócratas que pretender consolidar su poder acostumbran a reformar la Constitución,, el sistema electoral y otras instituciones de modo que resultan desfavorable o debilitan a la oposición” (página 106). Para que el sistema constitucional funcione, debe darse un delicado equilibrio entre el poder ejecutivo, el Congreso y el poder judicial. El Congreso y los tribunales deben supervisar y, en caso necesario, controlar el poder del presidente. Son, por así decirlo, los perros guardianes de la democracia” (páginas 147-148).

Los autores sostienen que “Las instituciones por sí solas no bastan para poner freno a los autócratas electos. Hay que defender la Constitución, y esa defensa no solo deben realizarla los partidos políticos y la ciudadanía organizada, sino que también debe realizarse mediante sistemas democráticos… La paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla”.

La maldita reelección

            Como siempre en la historia nacional, detrás de grandes intentos por subvertir el orden institucional, se encuentro un proyecto de prolongación indefinida en el poder, lo que se ha llamado “la maldita reelección”, y eso comenzó a tomar cuerpo desde antes de la mitad del segundo período del presidente Medina, pese a una prohibición constitucional por él mismo auspiciada en el 2015, como ha quedado documentado en esta página:

  • “Los danilistas se lanzan contra todos en una inexplicada locura política”. 14 de abril del 2018, cuando su Senado aprobó el absurdo proyecto de ley que buscaba imponer a todos los partidos el padrón abierto para elegir candidatos.
  • “Otra reelección de Danilo Medina le saldrá muy cara a la nación” (25 de agosto del 2018).       
  • “Crecimiento económico con esteroides y pobreza institucional y democrática” (29 de diciembre del 2018).
  • “El discurso de Medina inicia la ofensiva por su reelección” (2 de marzo del 2019)
  • “La calidad democrática de RD entre las 5 peores de la región” (30 de marzo del 2019)
  • “Nuevo escándalo: el PLD y su Gobierno socavan la institucionalidad democrática” (13 de abril del 2019).

 

¡Qué pena, Alan, qué pena!

25_04_2019 HOY_JUEVES_250419_ Opinión10 A

                                                            Por Juan Bolívar Díaz

A Alan García lo traté recién llegado a Lima en 1984 como embajador dominicano, cuando empezaba a deslumbrar como candidato presidencial de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) que Víctor Raúl Haya de la Torre fundó en 1930. A mediados de 1985, con tan solo 36 años, reivindicó a su padrino y líder a quien nunca se le permitió acceder a la presidencia del Perú, cuando su principal oponente fue el brillante alcalde de Lima Alfonso Barrantes, sustentado por un frente mezcla de marxismo y cristianismo.

Frente a la Izquierda Unida, el APRA se convirtió en mal menor, con la Alianza Popular de Belaúnde Terry en desbandada y los democristianos de Luis Bedoya degradados. El verbo se encarnó en aquellos comicios con los potentes discursos de Alan García y Barrantes que prometían redimir al Perú de sus males ancestrales. Al primero le faltaron pocos puntos para la mayoría absoluta, pero al segundo le sobraba nobleza y se negó a someter a su país a una segunda vuelta, consciente de que no tenía posibilidad de conseguir los votos de la derecha.

En la transición tuve el privilegio de estar par de veces con Alan, que tuvo empatía conmigo y con Mauricio Cuadra, embajador del triunfante sandinismo, por visiones políticas y porque ninguno de los tres acabábamos de anclar en los cuarenta. También porque él había sido compañero de apartamento de Hatuey de Camps en Francia, y era un fervoroso admirador de José Francisco Peña Gómez, por cuya suerte siempre indagaba.

Orador impetuoso como Peña Gómez, Alan sacudió la región desde su discurso inaugural, desafiando las políticas fondomonetaristas que en aquella “década perdida latinoamericana” imponía condiciones asfixiantes a los intentos democráticos y populares. Sus primeros dos años del quinquenio 85-90 fueron bastante buenos en términos generales, incluyendo una cierta recuperación de la crisis económica que había heredado de Belaúnde. Pero se derrumbó al tercero para terminar pagando el desafío al FMI con el desastre de la insostenibilidad, por caída de los precios de las materias primas, tasas de intereses hasta el 18 por ciento, altísima inflación y devaluación. Le cobró también la barbarie de Sendero Luminoso que trasladó el terrorismo más irracional desde la sierra andina hasta la Lima imperial.

Su legado no pudo ser peor, permitiendo que el autoritarismo de Ernesto Fujimori restaurara una vez más la dictadura, pero lo peor fue que junto a los suyos transitara el viejo camino de la corrupción y la descomposición en el poder. La inconclusa primera línea del tren aéreo, mostraba las huellas y Alan voló a Europa para evadir la justicia. Volvería para una segunda oportunidad (2006-11) cuando Perú registró alto crecimiento económico, favorecido por muy buenos precios de sus metales.

Esta vez su gestión fue aceptable, pero manchada por la corrupción. Convertido en caudillo, fracasó en fraguar sucesión y al terminar su gobierno el APRA ni siquiera pudo presentar candidatura presidencial. Tras la caída del fujimorismo los fiscales y los jueces  se habían empoderado en Perú, con miles de sentencias por corrupción, de la que no pudieron escapar Fujimori, ministros de las fuerzas armadas, jueces de altas cortes, legisladores, periodistas y grandes empresarios, incluyendo magnates de periódicos y la televisión dominante.

La justicia peruana ha operado como ninguna en la región, y el escándalo Odebrecht la encontró en todo su esplendor. De ahí las prisiones de los expresidentes Ollanta y Kuczynski, de Keiko Fujimori, la orden de arresto contra el huidizo Toledo y la que disparó la semana pasada el dramático suicidio de Alan García, quien no se redime con una pretensiosa carta de inocencia.

Tremenda pena que Alan García no haya tenido el valor de defenderse, pretendiendo que una “cárcel política” fuera humillante, cuando sus antecesores del APRA conocieron hasta la saciedad de prisiones, asesinatos, exilios y clandestinidades. La realidad es que, como tantos que alcanzan el arrogante solio presidencial latinoamericano, se creyó por encima de las instituciones. La corrupción lo ha podrido casi todo en nuestra región, alentada por la impunidad, que por fortuna no está prevaleciendo en Perú.

Alan García se suma a las profundas penas que ha dejado la descomposición de Lula, de los Ortega, los Maduro, de Leonel y los Danilo. Llegaron abominando del pasado y prometiendo regenerar nuestra sociedad, y se han hundido en el pantano de lo indefendible. Y Alan pagó su vergüenza de manera dramática. ¡Qué Pena Alan, qué pena!

 

 

 

En juego el Estado de Derecho

 

                                                       Por Juan Bolívar Díaz

            Alienta la seriedad con que voces del episcopado católico y las iglesias evangélicas, así como de importantes sectores sociales y políticos y de los medios de comunicación han tomado las recientes presiones, calumnias, hechos agresivos y amenazas contra la independencia de las altas cortes judiciales provenientes de quienes controlan el poder y parecen empeñados en socavar la institucionalidad democrática, probablemente alentados por la constante histórica de “la maldita reelección” por encima del orden constitucional.

             El arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, marcó la pauta al deplorar  la embestida contra el Poder Judicial por parte de quienes controlan el Estado, advirtiendo que si no despertamos terminaremos en una dictadura. Mientras el Obispo de Baní, Víctor Masalles, alertaba que cuando la democracia se agrieta, por sus intersticios “puede colarse una odiosa dictadura”. Y el Obispo de San Francisco de Macorís, Fausto Mejía Vallejo, deploró la falta de independencia de la justicia y “el apabullamiento de los políticos que quieren controlarlo todo”.

             Es significativa la relevancia que han dado los periódicos nacionales a la reciente ofensiva contra la independencia del Tribunal Superior Electoral, y que los principales, HOY y Listín Diario, hayan publicado dos editoriales cada uno, rechazando la presión gubernamental sobre el tribunal encargado de dirimir conflictos electorales y políticos. El primero lo deploró el sábado “En la inminencia de un proceso electoral ya crispado por premoniciones de súbitas reformas a las reglas del juego para extraer de sepultura la históricamente perjudicial reelección.” estallen presiones sobre ese órgano fundamental, como editorializó el primero el sábado. Y El lunes se refirió a los “riesgos para la democracia” que implican “los actos y líneas de propósito que enrarecen el panorama”.

            El Listín ya había advertido el jueves “el inadmisible abuso de poder”, contra el TSE, y este martes se asoció al pronunciamiento del Arzobispo Ozoria con el título editorial “La Dictadura no puede pasar”, invitando a toda la sociedad a rechazar intentos que debiliten cualquiera de los poderes del Estado. El Día y Diario Libre también han manifestado seria preocupación.

             Toda la sociedad, incluidos los que aún guardan silencio, tiene que rechazar esta desmesura, más significativa por ser muy reciente la ejecutada en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde se violentaron principios constitucionales, legales y reglamentarios  para sustituir a jueces de la Suprema Corte sin la correspondiente evaluación, y se montó un paredón moral contra el mayor símbolo de la independencia y la transparencia judicial. Hay que dar especial seguimiento a la integridad del presidente del TSE y su esposa, la doctora Karina Concepción, fiscal  subordinada de uno de los que se atrevieron a presionar al TSE.    

             Lo que está en juego es el Estado Democrático de Derecho que proclama la Constitución, pues el gobierno ni siquiera se ha molestado en explicar o desmentir las versiones de que cuatro ministros, incluido el Administrativo de la Presidencia, y el Procurador General llamaron al presidente del TSE, doctor Román Jáquez Liranzo, para reclamarle la anulación de una sentencia antes de ser publicada, que le quitaron la escolta militar durante tres días, que cambiaron al jefe de seguridad del edificio del tribunal, y que lo amenazaron en términos groseros.

          Y todavía el presidente del Senado y secretario general del partido gobernante llegó al extremo de pedir una investigación para iniciar un juicio político y destituir a los tres jueces responsables de la sentencia que anuló una convención de un partido aliado del gobierno.   

            La alarma por la ofensiva contra el TSE está más que justificada porque las innumerables bocinas gubernamentales, sin molestarse en leer  han persistido en denostar a los jueces, la gran mayoría sin molestarse en leer la sentencia. De haberlo revisado, no estarían difundiendo que desafía un dictamen del Tribunal Constitucional sobre el mismo conflicto Porque expresamente se consigna y justifica su acatamiento, y porque la nueva anulación de la convención fue determinada por otra falencia democrática: la documentada falta de más de un centenar de asistentes para completar el quorum reglamentario en el organismo correspondiente. En última instancia, los que por encima de toda racionalidad entiendan que el dictamen anulatorio fue inconstitucional o infundado, que recurran otra vez por los canales de rigor.

              Mientras tanto, hay que contener el socavamiento de la institucionalidad democrática.-

 

Nuevo escándalo: el PLD y su gobierno socavan la institucionalidad democrática

27_04_2019 HOY_SABADO_270419_ El País12 B

 

Las presiones e intimidaciones contra jueces del Tribunal Electoral, tras la escandalosa ofensiva que sacó a Miriam Germán de la Suprema Corte, repercute sobre otras instituciones y buscarían allanar el camino al temido asalto constitucional reeleccionista 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Hay indicios de consternación en la sociedad dominicana por las presiones desatadas contra la mayoría de los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) que anularon una convención del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), principal aliado del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al extremo de ser amenazados con juicio político.

Ante una situación que pudiera ser subsanada, el gobierno prefirió un nuevo escándalo político, apenas dejando atrás el protagonizado con las violaciones constitucionales, legales y reglamentarias en que incurrió el Consejo Nacional de la Magistratura con la Suprema Corte de Justicia, lo que indica una escalada contra la institucionalidad democrática.

¡Expectativas y presiones!

Con esas dos palabras encabezaba HOY su portada del pasado lunes 8, informando que “Grandes expectativas y un ambiente inusual de presiones se han creado desde mediados de la semana pasada en relación con la sentencia que será leída hoy por el Tribunal Superior Electoral tocante a una convención del Partido Revolucionario Dominicano”. Agregaba que la sentencia se habría filtrado al PRD y esferas del gobierno, originando presiones y acciones “que de conocerse escandalizarían a la sociedad” y que hasta la jerarquía de la Iglesia Católica había sido enterada.

Las primeras indagatorias periodísticas del lunes antes de emitirse el veredicto develaron el escándalo. Ministros del gobierno (el Listín Diario luego informaría que cuatro, tres de ellos dirigentes del PLD), habían efectuado llamadas y otros mecanismos de presión sobre el presidente del TSE, Román Jáquez Liranzo para que revirtiera el dictamen que anula la 34 Convención del PRD celebrada en diciembre del 2017, recurrida ante ese tribunal por un grupo de dirigentes disidentes del secuestro democrático en que cayó ese partido a partir del 2013.

Al doctor Liranzo lo interceptaron el viernes 5 en plena calle para retirarle la custodia militar que le corresponde, acción que fue revocada después que se evidenció su inutilidad al leerse la sentencia a media mañana del lunes. También sustituyeron al coronel jefe de seguridad de las instalaciones del TSE, y medios informaron que hasta el Procurador Jean Alain Rodríguez había citado al titular de ese tribunal. Aunque todas esas informaciones tuvieron profusa difusión por todos los medios, hasta anoche nadie del gobierno ni del PLD las había desmentido.

Hubo más, pues el abogado Julio Cury, quien sostiene que el presidente Danilo Medina puede repostularse sin modificar la Constitución, twiteó planteando que la procuraduría debería investigar quién es el propietario del penthouse donde se presume que vive el doctor Liranzo con su esposa, sembrando dudas sobre su legitimidad, y recordando el inicio de la campaña sucia contra la jueza Miriam Germán hasta su destitución, sin motivación, en violación de la Constitución, la Ley del Consejo de la Magistratura y el reglamento de evaluación.

Una intimidación general

            No causó mucha sorpresa que diputados y dirigentes del PRD gritaran contra el presidente del TSE y los jueces Santiago Sosa y Rafaelina Peralta, que habían sostenido su sentencia, pese a los votos disidentes de los otros dos miembros, Arístides Madera y Cristian Perdomo. Pero el escándalo cobró mayor dimensión cuando Reinaldo Pared, presidente del Senado, secretario general del PLD y miembro del Consejo de la Magistratura, planteó una investigación de la cámara de Diputados para determinar si procede un juicio político a los  magistrados que se atrevieron a emitir un fallo que pone en aprietos a un partido aliado.

El presidente de la Cámara, Radhamés Camacho, se mostró presto a examinar el pedido, mientras en los medios de comunicación la legión de comentaristas del gobierno pregonaba las consecuencias de desafiar al poder, ya fuera desde los partidos opositores como de las instituciones del Estado. Todo ello generó alarma en los diversos sectores, con rechazos tajantes de líderes políticos e instituciones sociales como Participación Ciudadana, Finjus, dirigentes evangélicos, con gran acogida en los medios informativos y editoriales como los del Listín Diario y El Día, que lo denunciaron “inadmisible abuso de poder” y “Amenaza inaceptable”.

Participación Ciudadana estimó que “se trata de un mensaje mordaza, que va mucho más allá del TSE, y afecta a todos, desde periodistas, sociedad civil, entidades públicas, aún a aquellas autónomas como la Junta Central Electoral”. Esta tiene pendiente fallar sobre controversias que envuelven al partido gobernante, como el arrastre de los senadores por el voto de los diputados, y el reglamento de la nueva Ley Electoral, y el Tribunal Constitucional (TC) tiene para emisión fallos sobre una decena de impugnaciones de inconstitucionalidad de la Ley de Partidos. El mensaje también puede estar dirigido al Tribunal Contencioso Administrativo, donde algunos pretenden buscar amparo sobre  “el derecho del Presidente” a la reelección

Una sentencia bien fundamentada

La sentencia TSE-012-2019 está bien fundamentada a juicio de juristas como Servio Tulio Castaños y Francisco Alvarez Valdez. Está contenida en 79 páginas, seguidas de los dos votos disidentes, más extensos, que la llevan a 173. Tiene 123 consideraciones y, contrario a lo que algunos alegan, acata sin discutirla la del TC que acogió en revisión la primera anulación de la convención del PRD dictada por el TSE en marzo del 2018, acogiendo la impugnación de un grupo de dirigentes perredeístas porque no se les convocó previamente a la sesión de su Comisión Política que originó el proceso convencional.

El TC consideró que el TSE se había excedido al aplicar estándares ordinarios de derechos que no figuraban en los estatutos del PRD. Pero como los impetrantes también objetaban el siguiente paso del proceso, por falta de quorum en la sesión del Comité Ejecutivo Nacional del partido que convocó la Convención para diciembre del 2017, con las audiencias de rigor se revisó ese alegato. El acta de esa reunión aportada por el PRD dice que asistieron 975 de un listado de 1176 miembros registrado en la JCE, pero sin constancia de fiscalización de este organismo, y el notario público sólo certificó las firmas del presidente y el secretario, sin referirse a los asistentes.

En minucioso relato, el dictamen indica que los dirigentes del PRD presentaron un listado de 1257 asistentes, 81 más de los registrados en la JCE, pero sólo aparecen las firmas de 471 en la casilla correspondientes y otras 42, al dorso del listado para totalizar  513, pero 33 de éstos no figuran en el listado registrado en la JCE, por lo que sólo 480, quedaron documentados como asistentes, faltando 109 para la mitad más uno de los 1176 miembros legalizados. En consecuencia el TSE declaró nula la reunión del CEN por falta de quorum, como alegaron los impetrantes, lo que deja sin efecto la convocatoria de  la Convención y las decisiones que ésta tomó, entre ellas una reforma estatutaria y la reelección del presidente Miguel Vargas, la presidenta en funciones Peggy Cabral, el Secretario general Tony Peña Guaba y el secretario de Organización, Rafael (Fiquito) Vásquez, para el período 2017-21.

Obliga a otra convención

            La sentencia es un grave tropiezo para la autocracia impuesta en el PRD por el actual canciller de la República Miguel Vargas, desde que inició su alianza con el PLD, primero con el presidente Leonel Fernández, y luego con el actual mandatario, pero no es catastrófica en sí misma, pues la situación tiene una salida, que no es desafiar un tribunal que, según el artículo 214 de la Constitución “es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo   sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos”. Carece de legalidad la reacción  de que la dirección sigue en funciones.

Los dirigentes afectados pueden volver al TC, pero ahora es difícil que pueda objetar la nueva sentencia, fundada en los estatutos del PRD y en  principios constitucionales y legales. Pero también es un camino largo, que obligaría a audiencias y consumiría las siete semanas que faltan para el plazo del 7 de junio en que, según la Ley de Partidos, deberán hacerse las reservas de hasta el 20 por ciento de las candidaturas para alianzas en los comicios del próximo año. Sin autoridad legítima eso no será viable. Lo procedente sería convocar otra vez el CEN para que decida una nueva convención al menos para elegir los dirigentes. Ahora tendría que ser acorde con el artículo 18, numeral 6 de la Ley Electoral 15-19, que establece la responsabilidad de la JCE, de “organizar, administrar, supervisar y arbitrar, conjuntamente con los partidos” la elección de candidatos y dirigentes. No podrán impedir a tiros la votación de los persistentes disidentes encabezados por Guido Gómez Mazara, quien competía por la presidencia, como ocurrió en la convención de  marzo del 2014 que “reeligió” a Vargas y los suyos, pese a lo cual fue reconocido por los entonces titulares del TSE. Mientras tanto se asume que la JCE no podrá entregar los 25 millones de pesos mensuales que este año corresponderían al PRD, lo que ya fue objetado formalmente por los disidentes.

Suenan las alarmas

            Las acciones y hasta intento de juicio político al TSE, sin suturarse el desparpajo de falsedades, espionajes y calumnias para sacar de loa Suprema Corte al mayor símbolo de la independencia judicial Miriam Germán,  detonado alarmas en la oposición política y la sociedad. Parecería inscribirse en el discurso del presidente Medina del 27 de febrero cuando se manifestó “dispuesto a pagar el precio que haga falta por servir a nuestra patria”. En este escándalo, como en el del Consejo de la Magistratura, el silencio del presidente Danilo Medina luce ominoso.

En plena campaña por la postulación para la reelección del mandatario, gastando decenas de millones de pesos en actos provinciales multiplicados cada fin de semana, con reiteradas afirmaciones de que “la reelección va como quiera”, por vía de la compra de votos para una asamblea revisora de la Constitución, o bajo alegato de que se viola el derecho de Danilo Medina, la reacción ante el dictamen del TSE constituye una escalada que deja en jaque la institucionalidad democrática.-

El debate sobre el salario mínimo

11_04_2019 HOY_JUEVES_110419_ Opinión10 APor Juan Bolívar Díaz

            Como cada dos años asistimos en estos meses a un miserable debate sobre los salarios mínimos, donde predomina la irracionalidad y mezquindad entre dirigentes empresariales y sindicales, con un arbitraje estatal atado al oportunismo político, sin voluntad de promover algo que provoque disgusto a cualquiera de los dos sectores.

En los últimos dramas todo comienza igual, los sindicalistas demandando un incremento del salario mínimo del 30 por ciento y los empresarios la reclasificación de las empresas para estos fines, mientras funcionarios públicos y algunas voces patronales proclaman  la necesidad de un mejoramiento importante de los salarios mínimos, que luego arrastrarían al resto. Al final todo queda en un incremento alrededor del 10 o 15 por ciento y con apenas una pequeña nivelación hacia arriba en la mayoría de las empresas.

Las estadísticas oficiales indican que el poder adquisitivo de los asalariados dominicanos se mantiene a niveles de los años 90, es decir con más de 20 años de retraso, en grave contraste con el alto crecimiento de la economía nacional, excepto en los dos años de la crisis bancaria. De ahí que todos los estudios indican que se incrementa la brecha entre la minoría privilegiada y la gran masa de los trabajadores, con cerca del 60 por ciento en actividades informales. Por eso muchos plantean que el pregonado crecimiento económico se queda en pocas manos.

La experiencia indica que la discusión sobre los salarios se inicia en enero y viene a ejecutarse a la mitad del año, y esta vez ya vamos transitando el cuarto mes, sin que se haya avanzado. Los sindicalistas tienen su cuota de responsabilidad por no sacar de la mesa el asunto de la reclasificación de las empresas atendiendo al capital invertido, lo que no se ha hecho durante una década.

El árbitro, el Estado, a través del Comité Nacional de Salarios y el Ministerio de Trabajo, debe tomar la iniciativa, con toda responsabilidad, de reclasificar las empresas, en las categorías de grandes, medianas y pequeñas, como dispone la Ley 187-17, que modificó la 488-04. Nadie puede discutir que una década de devaluación ha impactado no sólo los salarios, sino también el valor de la inversión empresarial.

Hasta tácticamente los sindicalistas deberían aceptar que se reclasifiquen las empresas de inmediato, con criterios de racionalidad y equidad, sincerando el hecho de que lo que antes era una inversión de gran empresa, puede estar hoy en la tercera categoría, la de pequeña, dejando atrás inclusive la segunda, que es la mediana.

Eso daría mayor fuerza moral a los representantes laborales para exigir justicia salarial, enrostrando a los empresarios que muchos están pagando salarios miserables, con promedio mínimo de 10 mil pesos, cuando la canasta familiar básica del quintil más pobre demanda 13 mil 800 pesos. Es dramático que el 48 por ciento de los asalariados reciba menos del salario mínimo mayor que es de 15 mil 448 pesos; que 40 de cada cien no obtengan lo necesario para cubrir el costo de la canasta familiar más baja y que apenas la tercera parte tengan ingresos sobre el promedio de las canastas familiares que era al 31 de diciembre pasado de 30 mil 334, según las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social y del Banco Central.

Así como es irracional negar la procedencia de la reclasificación del capital de las empresas, lo es también que todavía en las zonas francas se mantenga un salario mínimo de 9 mil pesos, similar al de las pequeñas empresas, y de 10 mil 355 pesos en los grandes hoteles y restaurantes, dos de los mayores empleadores, con nivel de las medianas empresas.

Ahora que el gobierno decidió un incremento del 98 por ciento al salario mínimo de 5 mil 117 pesos que había mantenido indolentemente durante dos décadas, el  empresariado está obligado a una revaluación salarial importante. Y que funcionarios, políticos y líderes empresariales dejen de hablar de reducción de la pobreza, mientras alrededor del 60 por ciento de todos los trabajadores no puedan cubrir el costo de la canasta familiar básica. A esa proporción se llega cuando se incluye a los empleados informales, que son la mayoría y con promedios de ingresos estimados en 25 por ciento menores. Así de dramático.-

¡Qué pena, León Felipe, qué pena!

04_04_2019 HOY_JUEVES_040419_ Opinión8 APor Juan Bolívar Díaz

Una de las imágenes que más recuerdo de mi infancia, más de casi siete décadas atrás, es la de mi padre Juan Díaz Hernández, casi encerrado en su habitación, sin presentarse en la bodega del batey Alejandro Bass, haciendo correr la voz de que estaba enfermo. Era su recurso para no atender la “cordial invitación” al mítin en el ingenio Consuelo donde se pediría una vez más al padre de la patria nueva que siguiera a caballo salvando y reconstruyendo la nación.

Don Nico no había completado el sexto grado, que en los bateyes de los cincuenta era sobresaliente, sin embargo tenía un doctorado en dignidad y no le gustaba que lo cogieran de mojiganga. Ni siquiera el Jefe, y creo que por eso todos sus hijos hemos militado siempre en la escuela de la rebeldía. Doña Juanita tampoco llegó muy lejos en la escolaridad, pero a ellos agradecemos que a los 13 años ya andábamos panfleteando contra la baba del tirano.

Antes de que clareara la primavera libertaria, merodeamos por la Duarte casi esquina Mella tentados de unirnos al MPD de Máximo López Molina, quien proclamaba el 1961 como “año de la libertad o de la muerte”, y a la primera convocatoria perredeísta del 16 de julio bajamos desde María Auxiliadora pancarta en mano, por la avenida Julia Molina, rumbo al Conde.

Como gran parte de la generación de los sesenta, acurrucamos todos los anhelos de un país libre y democrático, con el poeta Ayuso “abriendo surcos claros para que el sueño quepa”. Los caminos resultaron bien abruptos y cargados de repetidas encerronas, tantas que un día nos encontramos de frente con aquellas inmensas bestias de acero y fuego que los yanquis cruzaron en las calles por donde había corrido tanto sudor de  libertad.

Lo que entonces no previmos fue que 60 años después la historia sería la misma, acarreando empleados públicos y explotando la miseria y la ignorancia para la continuidad sin límites del coyuntural nuevo salvador de la patria. Pueblo por pueblo repitiendo las mismas alabanzas, que sin ti se hunde este país, que para que no se detenga el progreso, que no desperdiciemos el nuevo mesías… Y  casi todos los senadores y los alcaldes proclaman al nuevo benefactor, y uno sentenció en Monte Plata que “pasarán otros 500 años para que la República vuelva a tener un gobernante como Danilo”, aunque falte un cuarto de siglo para el bicentenario.

Es relevante que más de cien alcaldes estén a la cabeza de la procesión, cuando el nuevo santísimo ha reducido a menos de la tercera parte la asignación que la Ley de Municipios les acuerda de los ingresos  nacionales, convirtiéndolos en mendigos de la benevolencia patriarcal. Fueron 184 mil 622 millones de pesos que Danilo Medina dejó de entregar a los ayuntamientos  entre el 2013 y 18, del 10 por ciento asignado en la Ley. Para él repartirlo personalmente en visitas sorpresas y prebendas de todo género. Como se ha quedado también con más de 4 mil millones de pesos del 5 por ciento de los beneficios netos de la explotación del oro de Pueblo Viejo, establecidos por ley, mientras unas 300 familias de los alrededores llevan más de un año en un campamento reclamando ecológica reubicación.

Son las mismas babas, los eternos engaños y manipulaciones brutales de conciencias sobre los que se han montado todos los imprescindibles de nuestra historia, desde Pedro Santana, Buenventura Báez, Lilís Hereaux, Horacio Vásquez, Rafael Trujillo, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, y ahora Danilo Medina. Todos salvadores de la nación, en dos tercios de su historia, aunque 175 años después todavía la mitad de los dominicanos sueñan con energía eléctrica y agua potable permanentes, con viviendas decorosas, alcantarillados pluviales y sanitarios, y que no lideremos las tasas de muertes neonatales y maternas. También que no nos quemen en todas las pruebas de educación, que no encabecemos las tablas mundiales  de la corrupción y la impunidad, que tenga vigencia la separación e independencia de los poderes del Estado, que los presidentes sean los primeros en respetar la Constitución y las leyes.

¡Qué pena León Felipe, qué pena! Que este camino tuviera que ser tan abrupto “y siempre se repitieran las mismas cuestas,/las mismas praderas,/ los mismos rebaños,/ las mismas ventas” Poeta cómo soportar “ver las mismas cosas siempre/ con distintas fechas,/ los mismos hombres,/ las mismas guerras,/ los mismos tiranos,/ las mismas cadenas,/ los mismos esclavos,/las mismas protestas,/ los mismos farsantes,/ las mismas sectas/ y los mismos poetas! Qué pena que sea así todo siempre/ siempre de la misma manera!”

 

La calidad democrática de RD entre las 5 peores de la región

Calle El Conde en la actualidad. HOY/Rafael Segura Imagen Digital / 4/01/008

Un informe del PNUD coloca el país en la posición 20 de 24 de América Latina y el Caribe en el índice de elecciones libres y justas, sólo superando a Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela y sostiene que su progreso económico no se refleja en lo institucional y social

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Un informe entregado esta semana por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)coloca el país entre los cinco de peor calidad democrática de 24 evaluados en América Latina y el Caribe, con puntuación de 54 sobre 100, con deficiencia en 48 por ciento de 108 indicadores, 32 por ciento aceptables y sólo 20 por ciento satisfactorios.

El estudio indica que los déficits de la democracia dominicana no son coyunturales, sino  estructurales y contrastan con el progreso económico, que no se refleja en el institucional y social, con creciente desconfianza en las instituciones estatales y los partidos políticos, registrando una reducción de la libertad de expresión.

Democracia en descenso

El informe parte de los avances logrados por la República Dominicana, al haber encabezado la transición democrática a partir de 1978, pero con degradación a principios de los noventa. Tras el fraude electoral de 1994 cayó a la puntuación más baja, 0.28 en el índice de Democracia Electoral del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, para alcanzar la más alta, 0.72 en el 2002.

Las “grandes mejoras” registradas en el periodo de reformas, desde 1994 a principios de la década del 2000, se evaporan desde mediados de la década del 2010, con retrocesos en calidad de las elecciones,  uso arbitrario de la publicidad estatal, autocensura y falta de diversidad de opinión en los principales medios de comunicación, niveles muy bajos de transparencia en la financiación privada de los partidos y deficiencias democráticas en las prácticas partidistas.

En el 2017 la puntuación dominicana se redujo a 0.54 colocándose en la posición 20 de 24 países de América Latina y el Caribe incluidos en el índice de democracia electoral, donde sólo aparecen con peor puntuación Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela, esta última con 0.27, siendo la mejores Costa Rica, Chile y Uruguay, entre 0.89 y 0.86. En elecciones libres y justas el país mantiene la misma puntuación y posición, pero Nicaragua y Venezuela en el último escalón con 0.28, mientras Chile encabeza con 0.97, seguido de Costa Rica y Uruguay, con 0.96.

Dimensiones y componentes

La calidad democrática medida por el estudio del PNUD, de 196 páginas,  parte de seis dimensiones: Derechos políticos y sistema electoral, Derechos fundamentales, Estado de Derecho, Calidad de la gestión pública, Calidad de vida y equidad social y económica, y Cultura política democrática. Estas dimensiones tienen a su vez 22  componentes desagregados en 108 indicadores.

El semáforo de indicadores dominicanos arroja un déficit democrático en el 48 por ciento de los indicadores, con sólo 20 por ciento satisfactorios y 32 por ciento aceptables. El informe partió de cruces y sistematización de fuentes de variada adscripción ideológica y metodológica, como 15 índices y encuestas de organismos multilaterales y de organizaciones internacionales de la sociedad civil, y nueve encuestas nacionales con datos oficiales de entidades estatales.

En la primera dimensión, Derechos políticos y electorales, hay 30 indicadores, en los que RD recibe partes iguales entre satisfactorios, deficitarios y aceptables, Con la puntuación más baja entre 23 países de la región, y la peor desde la transición democrática iniciada en 1978, en medios de comunicación críticos y en compra de votos, por una práctica generalizada en el territorio y por la mayoría de los actores políticos relevantes.

En censura gubernamental la posición 20 de 23 países, y en libertad de expresión sólo supera a Honduras, Nicaragua y Venezuela. Recoge el índice de Freedom House que hasta el 2000 tenía al país en la categoría de libre, pero desde entonces lo degradó a parcialmente libre. También es alto el déficit en  libertad de asociación, sólo mejor que Ecuador, Venezuela y Nicaragua. En injerencia del gobierno en los partidos de oposición, solo superado por Venezuela y Nicaragua.

Sistema frágil y vulnerable

En ninguno de los 14 indicadores de Derechos fundamentales el país tiene una situación satisfactoria, con 7 aceptables y otros tantos deficitarios, entre estos derechos de mujeres e inmigrantes. En Estado de Derecho, de 21 indicadores sólo 2 aparecen satisfactorios y 4 aceptables, con 15 deficitarios. Aparece mejor en Calidad de la gestión pública, con 3 indicadores satisfactorios, 6 aceptables y 4 deficitarios. Peor en Calidad de vida y equidad, con 5 satisfactorios y 5 aceptables, pero 16 deficitarios. Y en Cultura Política 3 indicadores aceptables y 1 satisfactorio.

Se observa un Poder Ejecutivo con amplio margen de discrecionalidad, lo que afecta negativamente el imperio de la ley y el respeto a los derechos fundamentales. Como positivo se destaca alto nivel de participación cívica, tercero mejor en la región y en democracia local y gestión municipal.

En las consideraciones finales del estudio se plantea que un balance tan deficitario de la calidad democrática de la RD, con sólo 20 por ciento de indicadores satisfactorios, “sugiere un sistema frágil y vulnerable a turbulencias políticas, económicas o sociales, de origen interno o externo”.  Plantea que “los déficits de la democracia dominicana no son coyunturales, sino estructurales, afectan a los pilares de la institucionalidad y tienen efecto sobre la relación de la ciudadanía con el poder y consigo misma, así como sobre las dinámicas de poder entre las tres ramas vertebradoras del Estado”.

Contrastes con la economía   

El informe refleja el contraste de los déficits de la democracia dominicana con el crecimiento del producto bruto interno en las primeras dos décadas del siglo. “El progreso económico no fue acompañado por progreso institucional ni social, ni por una mejora sustancial en la distribución de la riqueza. Las desigualdades económicas, sociales y políticas están presentes y son transversales a todas las dimensiones, componentes e indicadores estudiados”, se expresa en las consideraciones finales.

No se puede llegar a otras consideraciones cuando se registra un aumento progresivo de la desconfianza de la ciudadanía en todas las instituciones fundamentales del Estado y en los partidos políticos, ampliamente documentada en el estudio coordinado por la Unidad de Gobernabilidad Democrática del PNUD en el país, con participación del Instituto de investigación para el Desarrollo y con la asesoría de la politóloga dominicana Rosario Espinal y del uruguayo Miguel Manzi.

Concluye en que el resultado de los indicadores, con sólo 20 por ciento satisfactorio “no autoriza a ser complaciente, sino que obliga a las y los dirigentes nacionales, en los ámbitos político, económico, académico y social, a actuar sobre las prioridades que señalan las evidencias, con la urgencia que reclaman las circunstancias”.

Sostiene que la democracia dominicana sigue en construcción, “acosada por amenazas globales y tentaciones autoritarias”, y que no hay mejor proyecto ni obligación más severa para sus dirigentes que preservarla y fortalecerla, y que a esos propósitos quiere contribuir el informe presentado el 26 de marzo, justo al concluir la misión del español Lorenzo Jiménez de Luis, quien estuvo durante más de cinco años y medio como Representante Residente del PNUD en la República Dominicana, y fue condecorado la semana pasada por el gobierno.-

Sin arrastre de los senadores

28_03_2019 HOY_JUEVES_280319_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

Es una buena iniciativa del Partido Revolucionario Moderno (PRM) su solicitud a la Junta Central Electoral (JCE) para que haga prevalecer el derecho a elegir de los ciudadanos en los comicios del año próximo respecto a los senadores, una demanda democrática de hace varias décadas, fundamentada en el principio constitucional del derecho a la elección directa, pero regateada cada vez que se planteaba alguna reforma al sistema electoral dominicano.

Me cuento entre quienes entendimos que el arrastre de los senadores por el voto a los diputados había prevalecido en la nueva Ley Orgánica del Régimen Electoral 15-19, en base al enunciado de su artículo 104, que en su párrafo IV autoriza a computar “en beneficio de los senadores todos los votos obtenidos por su partido en la provincia”, aunque refiriéndose a las circunscripciones electorales.

Sin embargo juristas y políticos habían advertido que la Ley 15-19 es contradictoria, fruto de la prisa con que fue sancochada aunque su modificación había quedado impelida por la Constitución del 2010, porque la nueva legislación establece sin ninguna duda que la elección del senador constituye un nivel diferente a la de los diputados, como figura claramente dos veces en el artículo 92 y se ratifica en el 130.

El numeral 5 del artículo 92, define el nivel de elecciones como “el que contiene candidaturas individuales indivisibles o no fraccionables en sí mismas, para en los numerales siguientes precisar cuatro niveles separados, primero el presidencial, luego el senatorial, después el de los diputados y finalmente el municipal.

La separación de las boletas para elegir los senadores y los diputados queda de nuevo ratificada en el párrafo I del mismo artículo 92, al instituirse que “En el caso de la elección de representantes ante parlamentos internacionales, serán escogidos en las mismas boletas utilizadas para la escogencia de los senadores”.

En el artículo 130 de la misma ley, referido a las modalidades de alianzas, vuelve a quedar manifiesta la intención del legislador de separar la elección del senador y los diputados. El texto reza que “Las alianzas o coaliciones de partidos pueden producirse sólo dentro de las modalidades siguientes, sin que se permita en ningún caso el fraccionamiento del voto para candidaturas de un mismo nivel”, señalando a continuación “para las candidaturas del nivel presidencial, para las candidaturas del nivel senatorial, para las candidaturas del nivel de diputados y para las candidaturas del nivel municipal”.

Dado que el nivel de senadores aparece tres veces en la ley, y tomando en cuenta el derecho a la elección directa, la JCE tendrá que decantarse por la prevalencia del principio constitucional, que a nadie ofende. En cambio irse por la excepción de contar todos los votos provinciales al candidato a senador, desconoce un derecho básico y resulta impracticable con la división de niveles de elección.

Será el reglamento de la ley que deberá dictaminar la JCE el instrumento para dilucidar el elemento contradictorio, evitando que los defensores del derecho a elegir puedan recurrirlo ante el Tribunal Superior Electoral y eventualmente ante el Tribunal Constitucional. En cambio, no se advierte quién pueda tener derecho a mantener que los senadores no deban ser electos por méritos propios, independientemente del diputado preferido. Es una contradicción flagrante que el elector pueda escoger el diputado preferido y no el senador. Algo indiscutible es que la ley 15-19 derogó la ley 157-13 sobre voto preferencial para los diputados, que establecía el arrastre de los senadores, al instituir el nivel de elección senatorial.

La JCE no puede irse por lo más fácil, de evitar colocar una boleta separada adicional, después de la institución de las elecciones primarias simultáneas y del voto preferencial por los regidores y vocales municipales, cuestiones mucho más complejas y que anteceden la elección presidencial y congresual.

Por demás son varias las objeciones pendientes de dictámenes del Tribunal Constitucional, declaradas en enero de urgencia, y que según fuentes bien informadas son de inminente publicación, algunas de gazapos aparatosos, como el condicionar la postulación a cargos públicos a una previa militancia en un partido, o la sanción hasta con dos años de cárcel a quien “empañe la imagen de un candidato”, para dejarlo en las más grotescas.-