El proyecto reeleccionista sigue confrontando serias dificultades

19_01_2019 HOY_SABADO_190119_ El País12 B

Con tantos factores adversos, el presidente Medina no podría lanzarse en marzo a buscar otra reelección, que sería traumática, y en julio podría ser tarde para detener a Leonel Fernández, quien se afianza como posible candidato del partido que él entronizó en el poder

                                                            Por Juan Bolívar Díaz

Aunque aumentan las afirmaciones de que ya cuentan con los votos necesarios para eliminar la prohibición constitucional de otra reelección del presidente Danilo Medina y las denuncias de intentos de compras de legisladores, los factores objetivos siguen indicando serias dificultades internas y externas para el acariciado proyecto continuista.

Las señales que dan los poderes fácticos -empresariales, transnacionales y religiosos-, no avalan una segunda reforma constitucional reeleccionista del mismo presidente, ni menos otro camino que pudiera romper la frágil institucionalidad democrática y poner en riesgo una estabilidad macroeconómica de por sí encaminada a la insostenibilidad fiscal.

Auge de la confrontación

Con el inicio del año tomó mayor fuerza la confrontación que se desarrolla a nivel nacional entre el grupo que encabeza el presidente Medina y promueve el continuismo, y el expresidente Leonel Fernández, lanzado al medio de la calle en búsqueda de restaurar su liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y asegurar la candidatura presidencial para el 2020 para un cuarto período presidencial.

            Unos y otros han inundado los medios de comunicación y desatado especulaciones, con sus afirmaciones de que ya han asegurado los votos de legisladores necesarios para reformar la Constitución y eliminar la disposición transitoria que prohíbe repostular a Danilo, mientras del otro lado, se multiplican las acciones políticas bajo el predicamento de que está en juego la democracia y la unidad del PLD porque la decisión de Leonel no tiene marcha atrás en ninguna circunstancia.Ante quienes dudan que él se vaya a enfrentar a Danilo, Leonel deja claro que no tendría alternativa frente a un proyecto que, a su juicio, devendría en una dictadura. Se afirma que ha sostenido que si echa para atrás, hasta sus seguidores lo lincharían, porque ya la confrontación se generalizó a lo largo del país, y los suyos “se la están jugando”.

            Una treintena de diputados leonelistas salieron en rueda de prensa a desmentir que hayan sido cooptados por sus contrincantes, mientras se hacen públicas denuncias, como la del diputado del opositor Frente Amplio Fidel Santana, de que las ofertas de compras de votos llegan a 35 millones de pesos, además de apartamento y camioneta. Las declaraciones públicas y los rumores llegaron a considerar que la extensión de la legislatura decretada por el presidente de la República incluiría el proyecto de reforma constitucional, cosa que se duda sea posible.

Factores internos adversos

            A diferencia de lo que ocurría hace cuatro años, cuando más del 70 por ciento favorecía una oportunidad de reelección para Danilo, ahora esa misma proporción la rechaza, por entender que él pactó y promulgó la Constitución que le impide volver a postularse y juró ante la sociedad que la del 2016 sería su última. También por el desgaste de una gestión que no ha podido resolver ninguno de los graves problemas nacionales, y porque los terceros períodos han sido desastrosos, y hasta Balaguer fracasó en 1978, también con todo el poder del Estado. Gedeón Santos,  embajador ante la OEA, advirtió sobre lo negativo que resultan  los terceros períodos  consecutivos, en artículo en el Listín Diario del miércoles.

En el 2015 Leonel Fernández fue conminado a dar una segunda oportunidad a Danilo, en base a un acuerdo de 15 puntos, donde no sólo se le inhabilita para repostularse a partir del 2020, sino que también dispone “fortalecer y hacer más calificados los porcentajes requeridos” para futuras reformas constitucionales. Adicionalmente se establece que las decisiones del Comité Político del PLD serán en base al consenso, y en su defecto por sus tres cuartas partes.

Aquel pacto, firmado por Medina, Fernández y todo el Comité Político, buscaba evitar una división del PLD, por lo que los leonelistas argumentan que lo correspondiente ahora es cumplirlo, mientras siguen en ampaña. Hay quienes lo subestiman olvidando que fue él quien llevó a los peledeistas al disfrute del poder, incluyendo a Danilo, pues sin su apoyo en el 2012, con un déficit fiscal sobre 150 mil millones de pesos, éste no hubiese alcanzado la presidencia.

Para los comicios del 2016 el pacto fue de “reelección por reelección”, algo que se ve difícil repetir ahora sin abonar una rebelión de las bases y los dirigentes que tienen aspiraciones en todos los niveles. Si Leonel no acepta la reforma constitucional, auto erigido en defensor de la institucionalidad democrática, sería peligrosa una elección primaria que dividiría el PLD de arriba abajo. Tal vez por eso es que hasta el secretario general, dirigentes y  precandidatos presidenciales opuestos a Leonel, desestiman otra reforma constitucional reeleccionista.

Pesados factores externos

            Los poderes fácticos tradicionales han rechazado una nueva reforma constitucional, comenzando por las principales organizaciones empresariales, y por su Fundación Institucionalidad y Justicia que en múltiples ocasiones ha dicho que pondría en juego la institucionalidad democrática nacional. Hasta sectores empresariales que se sienten cómodos con Danilo y lo preferirían sobre Leonel, expresan temores de que una imposición del poder desate una crisis institucional que ponga en juego el crecimiento y  la estabilidad macroeconómica cada vez más amenazados por sostenidos déficits fiscales solventados por un galopante endeudamiento.

Los líderes religiosos, tanto católicos como evangélicos, se han pronunciado casi a unanimidad contra el proyecto continuista, incluyendo a los predicadores de multitudes protestantes. El arzobispo de Santo Domingo, Francisco Ozorio, no desaprovechó  el Día del Poder Judicial, el 7 de enero, para señalar entre los “graves vicios nacionales” además del enriquecimiento ilícito, “la justificación del poder mediante la fuerza,  la tendencia a perpetuarse en el poder, la xenofobia y el racismo”. En diciembre el arzobispo de Santiago, Freddy Bretón,  reiteró advertencias sobre las constantes reformas constitucionales reeleccionistas.

Los poderes fácticos externos, comenzando por Estados Unidos, serían copartícipes de la  preocupación de que forzar la continuidad de Danilo desestabilice el país y coloque la precaria institucionalidad democrática nacional a nivel de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, agravando la inestabilidad regional.

Le faltarían casi 40 votos

Para lograr una nueva reforma constitucional, los danilistas tendrían que aniquilar los esfuerzos que desde agosto del 2017 realiza Leonel para posicionarse como alternativa, exitosos según las encuestas, pero enfrentan un círculo vicioso, pues no lo lograrían mientras el presidente tenga el veto constitucional, y para superarlo necesitarían conseguir los votos de gran parte de los 36 diputados y 6 senadores que siguen a Leonel, o buscarlos en el principal bloque opositor.

En los comicios del 2016 el PLD y sus aliados consiguieron 127 diputados y 28 senadores para totalizar 155 en la Asamblea Nacional. De estos 36 diputados y 6 senadores peledeistas siguen actualmente a Leonel y 4 de los aliados perredeístas se pasaron al PRM, con lo cual los danilistas contarían con 109 votos y le faltarían 39 para completar los dos tercios de la reforma constitucional. Podrían conquistar parte de los 15 reformistas, y algunos del PRM, que en la reforma del 2015 perdió dos. Los líderes del PRM juran que su bloque está firme y lo mismo aducen los leonelistas.

Buena parte de los analistas entienden que, aunque esta vez no haya dinero de Odebrecht, como se afirma que hubo hace 4 años, el Estado tiene suficientes recursos para comprarse tres docenas de legisladores. Habría que corromper a muchos si no media un pacto formal como el logrado por Danilo con el PRD en el 2015, que le sumó una treintena, a los cuales se les garantizó la repostulación en las nóminas peledeístas. Ahora habría más repugnancia social y política y mayor quiebra institucional que en el 2015 para imponer otra vez la reforma constitucional.

Forzaría un frente unitario

            El expresidente Hipólito Mejía, con suficiente experiencia por haber fracasado cuando forzó una reforma constitucional para repostularse en el 2004, dividiendo su partido, le advirtió esta semana a Danilo Medina que hacer lo mismo en las actuales circunstancias lo llevaría, junto a familiares y seguidores, a un suicidio político. Es que una compra masiva de legisladores resquebrajaría el sistema partidista con un costo institucional y político muy fuerte en el PLD y en la sociedad y forzaría sería un gran estímulo a los esfuerzos que ya se realizan desde ámbitos sociales y partidistas por una gran coalición socio-política para enfrentar la dominación peledeísta.

Tras la reforma constitucional todavía los danilistas tendrían que imponerse en las primarias abiertas de octubre, apelando también al abuso de los recursos estatales para incentivar votos, los que profundizaría las heridas internas y aún si no se produjera una división, alguna proporción de los heridos reduciría las posibilidades de triunfo en las elecciones del próximo año.

Los costos y riesgos serían tantos que hay quienes creen que Danilo mantendrá su frialdad y no se lanzará a la aventura, por lo menos en las actuales circunstancias, que difícilmente cambien de aquí a febrero, y en julio, fecha límite por las primarias, podría ser tarde para detener a Leonel Fernández. Le podría pasar como a los guzmancistas que esperaron muy tarde para entender que no lograrían imponer la repostulación de Antonio Guzmán en 1982, y cuando apoyaron a su vicepresidene Jacobo Majluta, ya fue imposible detener a Salvador Jorge Blanco. Danilo tendría que declinar en febrero e intentar una alternativa, o negociar un pacto. como en el 2015, pero ahora los vientos soplan en favor de su archi rival Leonel Fernández.-

Distribución de la Asamblea Nacional

(En base a los resultados de los comicios 2016)

Partidos                      Diputados      Senadores      Total

PLD + aliados*          127                  28                    155

PRM + aliados**        46                     2                      48

PRSC + aliados           14                      1                       15

BIS + aliados                 1                      1                         2

Al País                             1                                                 1

PQDC                              1                                                 1

Totales                    190                 32                  222

*Ahora del PLD+aliados: 105 danilistas y 46 leonelistas

**A sus 48 legisladores El PRM sumó 4 perredeístas exaliados del PLD

Responsabilidad del Gobierno

17_01_2019 HOY_JUEVES_170119_ Opinión10 APor Juan Bolívar Díaz

El presidente Danilo Medina tiene tanta suerte que todavía los partidos de oposición no le han exigido que explique al país su política de combate al narcotráfico y los esfuerzos que hace su gobierno para esclarecer acontecimientos tan graves como el asesinato del coronel Daniel Ramos Alvarez, comandante de la policía preventiva en Bani a manos de un grupo pandillero y el silencio que rodea la incautación de mil kilogramos de cocaína hace dos meses en el puerto de Haina.

Se generaliza la percepción de impune incremento del narcotráfico en el país, y una evidencia es que el año pasado las autoridades incautaron cerca de 6 mil kilogramos de cocaína, casi la mitad en el último trimestre. Para los entendido, el incremento de las incautaciones implica mayor tráfico, y se trafica más por las rutas donde se abren mejores facilidades para transportar una de las mercancías más lucrativas, que según la ONU genero US$320 mil millones en el 2017.

Expertos internacionales estiman que apenas entre 10 y 20 por ciento de las drogas ilegales caen en manos de las autoridades, y que la isla de Santo Domingo es uno de los puentes para su traslado, especialmente de cocaína, hacia los insaciables mercados de Estados Unidos y Europa.

El 16 de noviembre pasado fue incautado un cargamento de mil kilos de cocaína traídos a Haina Oriental por el buque San Amérigo, pero extrañamente se le permitió la partida ese mismo día con su capitán y sus 21 tripulantes libres, sin que hasta la fecha se haya informado quién era el destinatario de la mercancía, aunque desde el primer momento se dijo que había oficiales de la DNCD involucrados. Lo informó el 29 de noviembre el presidente de la DNCD, mayor general Eugenio Matos de la Cruz, quien lo reiteró el 5 de diciembre, precisando que había oficiales bajo arresto e investigación. Cumplidos dos meses, el caso es de misteriosa impunidad.

Lo ocurrido en el barrio Santa Cruz de Baní el 8 de enero no estremecerá tanto como aquella ejecución de siete narcotraficantes colombianos y la desaparición de un cargamento de cocaína, ocurrida en el 2008 en Paya, también Baní, que involucró a oficiales de la Marina de Guerra dominicana, pero también tiene ribetes escandalosos y desafía la capacidad, honestidad y credibilidad de los investigadores. HOY ha dado cuenta de contrariedad entre una comisión de alto nivel policial y el Procurador fiscal, que investigan el caso.

Son muchas las explicaciones que se necesitan para esclarecer este asesinato, por ejemplo: por qué el coronel Ramos, quien no era agente anticarcóticos, fue quien acudió al lugar donde operaba un negocio de drogas que ahora la DNCD dice que había sido intervenido 20 veces y su principal operador, Rafael Antonio Díaz, sometido en varias ocasiones a la justicia, pero permanecía en libertad. En vez de aligerar la carga de las autoridades, esa explicación la complica.

Hay que despejar la responsabilidad de los dos oficiales acompañantes de la víctima en el operativo, sin tropa de respaldo, que lo abandonaron herido, ahora que el senador por la provincia, Wilton Guerrero, denunciara que “el coronel Ramos fue llevado a una emboscada”. Como se le consideraba un oficial honesto, cabe preguntar si lo asesinaron por tratar de imponer autoridad.

El senador Guerrero, como su colega de Pedernales Dionis Sánchez, no sólo denunciaron la proliferación del narcotráfico en la región sur, sino la complicidad de las autoridades, hasta con detalles de sobornos por semana. La posibilidad de involucramiento de oficiales anticarcóticos, no sería ninguna novedad, pues ya en el 2013 se extraditó a Estados Unidos al ex contralmirante Francisco Hiraldo Guerrero, condenado allí por asociarse al narcotráfico siendo nada menos que jefe de operaciones de la DNCD.

Por cierto, los dos senadores denunciantes no son de la oposición, sino figuras relevantes del partido gobernante, lo que agrava el desafío de las autoridades judiciales y policiales, pero también del Gobierno, que debería enfrentar la proliferación del tráfico interno, por pagos en especies, y las matanzas de las bandas de narcotraficantes, antes que sea demasiado tarde. Hay varios casos de matanzas con signos del narcotráfico sin esclarecer, como la triple de anteayer en La Romana, una doble en julio también en Baní, y la cuádruple del 28 de diciembre en Guerra.-

 

Un 2019 cargado de incertidumbres y con aumento del costo de la política

12_01_2019 HOY_SABADO_120119_ El País12 B

La posibilidad de que el presidente Medina intente buscar otra reelección, con consecuencias impredecibles a nivel de su partido y en la sociedad, el desafío de las elecciones primarias y el proyecto de reforma del régimen electoral configuran un panorama de incertidumbres    

                                                Por Juan Bolívar Díaz

La institucionalidad democrática será sometida a duras pruebas en el año que recién comienza, cuando se definirá si el presidente Danilo Medina intentará un nuevo proyecto reeleccionista, si se aprobará la discutida reforma del régimen electoral, con los desafíos de las primarias simultáneas para la elección de las candidaturas y la aplicación de la Ley de Partidos.

Todo apunta a un incremento del costo de la política, contrario a la demanda social, por el costo de las elecciones primarias, tanto en lo organizativo con cargo al presupuesto nacional, como en la inversión de decenas de miles de precandidatos, con el agravante de que al final del año hasta los candidatos a regidores y vocales municipales ya estarán invirtiendo por el voto preferencial.

La mayor incertidumbre     

La mayor incertidumbre está determinada por la decisión que adoptará el presidente Danilo Medina sobre la posibilidad de procurar una segunda reforma constitucional que le abra paso a la postulación presidencial el próximo año y las repercusiones que pudiera tener en su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y en una sociedad cuyo liderazgo la rechaza, al igual que una alta proporción de la ciudadanía, 71 por ciento en la encuesta Gallup-HOY de octubre pasado.

La generalidad espera que el mandatario defina su posición en marzo como expresó en una entrevista en agosto, pero en un almuerzo navideño con periodistas digitales él advirtió que podría ser en julio como también dijo en la misma ocasión, cuando adelantó que ya tenía tomada su decisión. La mayoría de la opinión pública apuesta a que Medina no resistirá la eterna tentación nacional del continuismo en el poder, pero hay quienes le atribuyen suficiente templanza para entender los riesgos.

Las perspectivas del proyecto continuista siguen limitadas, con un amplio rechazo que algunos explican en que ya Medina reformó la Constitución en el 2015 para posibilitarse la reelección, ocasión en la que juró en discurso público que sería su última postulación presidencial, tal como quedó consagrada en un transitorio constitucional que él pactó y promulgó.

Una opción por el continuismo agravaría la confrontación entre los dos líderes del PLD, y supondría un desafío fuerte para el expresidente Leonel Fernández, quien desde agosto del 2017 reúne fuerzas internas y ha proclamado que su aspiración a la nominación presidencial no tiene regreso. Importantes dirigentes del partido sin militancia en los dos grupos contendientes parecen evadir el riesgo de división y se inclinarían por un pacto de alternabilidad, con una reforma constitucional que permita la repostulación de Medina, pero a partir del 2024.

Ley del Régimen Electoral

La segunda legislatura del 2018 termina hoy sin que esté cerca la aprobación de la nueva Ley del Régimen Electoral, contemplada en un proyecto introducido al Congreso por la Junta Central Electoral en el 2011, con el expreso objetivo de adaptarla al marco de la Constitución promulgada en enero del 2010 por el presidente peledeísta Leonel Fernández. Desde entonces ha sido reintroducida varias veces, la última a comienzo del 2018.

Los legisladores y los partidos pasaron casi todo el año concentrados en la Ley de Partidos, relegando la del Régimen Electoral, de mayor trascendencia para el cumplimiento del mandato constitucional de elecciones “con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”. Una comisión bicameral tiene a su cargo la concertación, y sus principales miembros, de los partidos mayoritarios, reiteraron esta semana su interés en aprobarla. Sin embargo, reconocen que eso depende de la voluntad política de los organismos superiores de los partidos, y algunos no ven señales positivas.

La reforma del régimen electoral sería fundamental para sancionar efectivamente los abusos de los poderes del Estado en las campañas, bien evidenciados en los últimos comicios y que determinaron que los partidos opositores le negaran legitimidad y durante dos años, hasta la aprobación de la Ley de partidos, reclamaran unidos equidad en las competencias electorales.

Entre las metas pendientes se citan separar la elección de los diputados y senadores, limitar y transparentar el financiamiento y gasto de campañas, prohibir que los altos funcionarios sean directores de campañas en las jurisdicciones, el acaparamiento de los medios de comunicación y de la publicidad en vías públicas y las inauguraciones de obras y aumento de programas sociales en los períodos electorales y sanciones reales a los abusos de los recursos del Estado.

El desafío de las primarias

La celebración de elecciones primarias simultáneas, organizadas por la JCE, por primera vez en virtud de la Ley de Partidos 33-18, es otro de los fuertes desafíos del sistema electoral dominicano para este año. Las primarias serían celebradas el primer domingo de octubre, día 6, y cinco partidos se ha acogido a la misma, mediante tres diferentes modalidades que complicarían la gestión de los colegios de votación: El PLD con padrón universal o abierto, que permitiría el voto de cualquier ciudadano para todas sus candidaturas. El PRD apta por el mismo padrón, pero sólo para elegir candidato presidencial. Alianza País y Opción Democrática han solicitado primarias con padrón universal para todas sus candidaturas, pero en una coalición no contemplada en la Ley 33-18. Y el PRM que mantuvo su opción de elegir sus candidaturas con su propio padrón de miembros. Los restantes 22 partidos reconocidos optarían por métodos menos complicados, como la asamblea de delegados.

Aunque la ley establece un período de campaña de tres meses, del 7 de julio al 6 de octubre, hace tiempo que numerosos aspirantes están en campaña abierta por todo el país promoviéndose para presidente, senador, diputado y alcalde, sin que nadie les haya  hecho desistir. Incluso las vallas promocionales en calles y carreteras, prohibidas por la ley (artículo 44) aún dentro del período de precampaña, se cuentan ya por centenares y si algo tan visible no se puede cumplir, hay razones para dudar que se logre en la transparencia del financiamiento y los límites de gastos.

Aún con cinco partidos en primarias simultáneas, una proyección de la JCE sugiere que podrían tener que contar votos individuales en boletas diferentes a 33 mil 819 precandidatos, aproximadamente el doble de los participantes en los últimos comicios nacionales. El reglamento estableció un tope de 10 precandidatos por partido para los cargos Uninominales, (presidente, vicepresidente, senador y alcalde) y tres para los plurinominales, (diputados, regidores y vocales). No se sabe cómo harían los partidos en los casos en que haya más aspirantes.

Mayor costo económico

Si algo queda claro en relación a la Ley de Partidos es que, en vez de abaratar el costo de la política, como se reclama, se encarecerá. El costo de las primarias simultáneas aún para 5  partidos, se ha estimado sobre 3 mil millones de pesos, suma que duplicará el estimado de 1,506 millones de pesos del total del financiamiento a todos los partidos durante el año 2019, en virtud de la Ley Electoral 275-97 que se aplica desde los comicios de 1998, a razón de medio por ciento en los años de elecciones y un cuarto por ciento de los ingresos ordinarios del Estado en los demás.

Si se cuenta sólo lo que recibirían los cinco partidos que han optado por las primarias simultáneas, a razón de 301 millones por los tres mayores y unos 25 millones de pesos por el binomio AP-OD, lo aportado por los partidos apenas alcanzaría 928 millones de pesos, menos de la tercera parte del costo total estimado, lo que implica un financiamiento público de dos tercios. Con el agravante de que esos partidos gastarían todo el subsidio estatal del año sólo en la elección de sus candidatos.

La inversión individual de los precandidatos también se elevará pese a que la Ley 33-18 establece límites de gastos, muy elevados según los estimados, pues atendiendo al número de empadronados, los aspirantes a la presidencia podrían gastar hasta unos 700 millones de pesos cada uno, y muchos millones los que busquen los demás cargos electivos. Con serias dudas de que alguien pueda controlarlos realmente y obligar a cumplir algo que tiene tantas brechas para la burla. Otra fuente de encarecimiento es que esta vez en las elecciones municipales separadas se elegirán los 1,164 regidores, 1164 suplentes y 753 vocales mediante voto preferencial, un total de 3,081 aspirantes promoviéndose y tratando de comprar votos a partir de octubre, sino antes.

Dura misión para la JCE

La gestión de las primarias abiertas simultáneas de octubre, la supervisión de las asambleas de delegados, y el calendario ya regresivo para las elecciones municipales de febrero y las presidenciales y congresuales de mayo del 2020, con sus incrementos de costos, serán un dramático desafío para la JCE, que tendrá que iniciar sus preparativos este año. Sin contar la fiscalización para que se cumpla siquiera mínimamente la nueva Ley de Partidos. Para las primarias se requerirá un entrenamiento nuevo las decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas que operarían los colegios.

La JCE está presentando un novedoso sistema de computación electrónica, en el que también habrá que invertir millones de pesos, para poder procesar los votos para las decenas de miles de precandidatos. Y tendrá que desarrollar una campaña motivacional para ver si la participación siquiera se acerca al promedio de 50 por ciento que registraron las elecciones congresuales y municipales cuando fueron separadas de las presidenciales, entre 1998 y 2010.

Por encima de todo el mayor desafío es a la unidad de los partidos, a su fortalecimiento, a que las complicadas primarias no desaten una guerra autodestructiva y no generen una lluvia de impugnaciones que las hagan inmanejables. Sin duda que son muchas las incertidumbres políticas que conlleva este 2019.-

Por el rescate de la justicia

 10_01_2019 HOY_JUEVES_100119_ Opinión8 A

Por Juan Bolívar Díaz

Si algo quedó claro a propósito de la celebración el 7 de enero del “Día del Poder Judicial”, fue el generalizado clamor porque sean desatados definitivamente los nudos que postergan y envilecen el tercer poder del Estado, con graves repercusiones sobre la institucionalidad democrática, más contundente por encontrarnos en vísperas de una renovación de las tres cuartas partes de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia.

La responsabilidad de elegir a 12 nuevos titulares de la Suprema Corte recae en particular sobre el presidente Danilo Medina quien, además de presidir también el Consejo Nacional de la Magistratura, dispone de los votos de seis de sus ocho integrantes, por lo que los reclamos le aluden directamente, con la esperanza de que se coloque sobre el interés partidista y contribuya a rescatar el órgano superior del Poder Judicial del secuestro político en que lo sumió su antecesor.

La expectativa se nutre del reconocimiento de que las decisiones del Consejo de la Magistratura bajo la presidencia de Medina mejoraron la composición de los órganos concernidos, como en la renovación parcial de la Suprema Corte, posteriormente del Tribunal Superior Electoral y recientemente de una parte del Tribunal Constitucional.

Sin duda que el clamor de la sociedad civil, en sus múltiples expresiones, ha sido fundamental para que comenzara a reducirse el secuestro político de las altas cortes, lo que se renovó el pasado lunes por parte de la Fundación Institucionalidad y Justicia, del Colegio de Abogados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los arzobispos de Santo Domingo y Santiago en sus respectivas homilías, e innumerables articulistas y comentaristas. Lo reclamaron también recientemente otras instituciones especializadas como Participación Ciudadana, y entidades empresariales como la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la Asociación de Industrias y la Asociación de Empresas Industriales de Herrera.

Hay suficientes indicadores de generalización de la percepción de que la justicia dominicana no se corresponde con las luchas de las últimas décadas por elevar la institucionalidad democrática. Las encuestas nacionales y hasta las internacionales, como la reciente Latinobarómetro, establecen que la credibilidad de la justicia dominicana apenas alcanza el 21 por ciento. En los últimos dos índices de competitividad global del Foro Económico Mundial, la independencia judicial ha quedado relegada a las posiciones 130 y 125 entre 137 y 140 países.

La escasa independencia e integridad del poder judicial está determinado no sólo por la politización de los organismos superiores, al servicio de la impunidad, sino también por su postergación económica, pues apenas se le entrega la mitad de l que establece la ley. En contraste con lo que se le atribuye al Poder Ejecutivo y al Legislativo, a quienes les sobren los recursos para repartir a discreción y para malversar.

Al referirse a la coyuntura, la FINJUS ha reclamado que “el proceso de evaluación de 12 miembros de la Suprema Corte de Justicia que manda la Constitución y la Ley se realice asumiendo todas las garantías y profesionalidad requeridas”, y que “a la luz de las necesidades de un mejor servicio de justicia, más imparcial, eficiente  e independiente, la ciudadanía debe unirse para reclamar al Consejo Nacional de la Magistratura que tome sus decisiones con un sentido de Nación, cerrando toda posibilidad de beneficiar intereses particulares de cualquier tipo”.

Por su parte el arzobispo Francisco Ozoria enarboló el desafío de rescatar la credibilidad de la justicia, mientras el arzobispo Freddy Bretón especificaba que el fortalecimiento de las instituciones, entre ellas la justicia, juega un rol determinante para garantizar la paz, la confianza y la estabilidad.

El rescate de la justicia es fundamental para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Ahí está la responsabilidad de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, especialmente del ciudadano presidente Danilo Medina.-

 

 

Crecimiento económico con esteroides y pobreza institucional y democrática

29_12_2018 HOY_SABADO_291218_ El País11 AAunque fundamentado en un ya alarmante endeudamiento público, el crecimiento económico con estabilidad salva la gestión gubernamental de un año signado por la crisis del partido oficial con el continuismo amenazando la precaria institucionalidad democrática

                                                Por Juan Bolívar Díaz

El crecimiento económico otra vez sobre el 6 por ciento, con estabilidad cambiaria y muy baja inflación es el aspecto más positivo del 2018 en la República Dominicana, aunque una vez más se fundamenta en un alarmante incremento de la deuda pública, que ya llega a ser estimada sobre el 60 por ciento del producto bruto interno.

En términos democráticos e institucionales el año marca una deriva determinada por una profunda confrontación en el partido gobernante y una vez más los pujos continuistas que condicionan la gestión gubernamental, sin el menor avance en la lucha contra el flagelo de la corrupción y la impunidad generalizada y con deterioro de la salubridad y la seguridad social.

Los elementos positivos

El crecimiento económico, que este año repuntó sobre el 6 por ciento, tras un  2017 en que se había reducido por debajo de 5, sigue siendo lo más positivo de la gestión gubernamental del presidente Danilo Medina, con estabilidad cambiaria y de precios, con una inflación alrededor del 2 por ciento.

Hay consenso entre los economistas en que el crecimiento sigue impulsado por la demanda interna y por la locomotora norteamericana, con incremento en el turismo y las remesas, que aportan más de 12 mil millones de dólares, para compensar parcialmente los fuertes déficits comerciales. Este “año de las exportaciones” registra un modesto crecimiento de estas estimado en 9 por ciento, pero se cree que las importaciones ascenderán en mayor proporción, por el  incremento de la factura petrolera que al tercer trimestre alcanzó los 700 millones de dólares.

Otro elemento positivo del año lo constituyó la expansión del sistema de vigilancia y asistencia 911 a una treintena de comunidades, como la mayor inversión para contener la delincuencia que en dos ocasiones obligó a las autoridades a reforzar la policía con efectivos militares. Se hicieron esfuerzos también por controlar el flujo de inmigrantes haitianos, aunque viciado por la prevalencia de un discurso de odio y estigmatización de una mano de obra que sigue sosteniendo dos renglones fundamentales, la agricultura y la construcción, pública y privada.

El gobierno se anotó dos reconocimientos, primero al sacar el país de la veintena de naciones que durante décadas persistieron en desconocer diplomáticamente la realidad de la República Popular China y por haber auspiciado una renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional con un 75 por ciento de consenso, mejorando el comportamiento de las anteriores decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura y reduciendo la politización de las altas cortes.

Crecimiento con esteroides

Lo malo del crecimiento económico nacional es que siguió fundado en un galopante endeudamiento externo e interno por el déficit fiscal de toda una década. Es significativo que el 2018 comenzó con una colocación de bonos internacionales por 1,800 millones de dólares y termina con una aprobación congresual por más del doble, autorizando bonos por 190 mil millones de pesos, equivalentes a 3,800 millones de dólares.

El economista Pavel Isa Contreras acuñó la frase de crecimiento económico con esteroides en agosto, cuando junto a sus colegas Apolinar Veloz y Ernesto Selman convino en señalar como insostenible el ritmo de incremento de la deuda estatal. Veloz, hasta hace meses funcionario del  Fondo Monetario Internacional, cuantifica la deuda consolidada de todo el Estado en casi 50 mil millones de dólares al término del año.

Como se puede ver en el cuadro anexo, Apolinar Veloz, quien también ha sido gerente general del Banco Central, además de sumar la deuda del sector público no financiero de 33.6 millones de dólares y la del sector bancario público de 12.8 millones, para totalizar 46.4. millones de dólares, le agrega las del sector eléctrico público, de los ayuntamientos, de fideicomisos, de red viales y los 708 millones de dólares que reclama la Odebrecht por las plantas de Punta Catalina, para totalizar 49 mil 927 millones de dólares, equivalentes al 64.92 por ciento del producto bruto.

Eso implica que cada dominicano (10.5 millones) enfrenta  una factura por 4 mil 755 millones de dólares,  237 mil pesos. El monto total de la deuda estatal se incrementa sobre los 3 mil millones de dólares anuales, sin que el gobierno se haya acogido a las recomendaciones nacionales y de organismos internacionales sobre lo inaplazable de un pacto fiscal que, por demás, es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012.

El fantasma continuista

Como es constante en la historia nacional, el fantasma de la reelección presidencial planeó a lo largo del año sobre la institucionalidad democrática, lo que junto a la prematura lucha por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) marcó el debate nacional, distrayendo la opinión pública y condicionando las actuaciones y programas gubernamentales.

Cuando se esperaba que el presidente Danilo Medina reconociera que la Constitución que ya él modificó tres años antes para viabilizar su reelección le prohíbe volver a ser candidato, el mandatario remitió para marzo o junio próximo fijar su posición al respecto. El miércoles dijo en un agasajo a periodistas digitales que podría ser en junio y no en marzo como la generalidad esperaba. Ya este año el Tribunal Constitucional rechazó un recurso que pretendía una declaración de inconstitucionalidad de la disposición transitoria que le impide a Medina volver a postularse a la presidencia. El dictamen indica que no se puede asumir que la Constitución sea inconstitucional.

Ahora en diciembre se conoció otro recurso que pretende habilitar la repostulación de Medina, a través del Tribunal Superior Electoral, bajo el mismo argumento de que la prohibición le viola sus derechos constitucionales, implementada por uno de los partidos minoritarios de menor vigencia, el Partido Demócrata Popular. Una benevolente sonrisa fue la respuesta de un versado especialista ante la remota posibilidad de que este tribunal pretenda pasar por encima del encargado de juzgar la constitucionalidad de los actos públicos.

Presidencialismo infinito

El presidente ha mantenido silencio, aunque en su presencia altos funcionarios y dirigentes políticos aprovechan los actos públicos para formular reclamos continuistas y se difundieron en las redes sociales y medios electrónicos media docena de spots promocionales de la reelección, con idéntica manufactura y línea gráfica profesional.

El activismo auto promocional del gobierno implicaba hasta octubre una inversión publicitaria diaria de unos 10 millones de pesos, de acuerdo con un monitoreo profesional privado de la publicidad. Mientras el mandatario acentuaba sus “visitas sorpresas”, donde distribuye los recursos que le niega a los ayuntamientos, a la justicia, y a la salubridad pública, que este año registró un inconcebible incremento de las muertes neo-natales, a ritmo 9.4 por día y crecimiento del 30 por ciento en relación al mismo período del 2017. Los municipios recibieron el 3 por ciento de los ingresos fiscales, aunque su ley orgánica les destina el 10.

Con una docena de duplicaciones, bajo dependencia directa de la presidencia, que incluyen programas sociales y hasta municipales, el resultado es el debilitamiento institucional y el fortalecimiento del acendrado presidencialismo nacional. Por todo eso se mantiene la incertidumbre sobre si el presidente Medina logrará “por algún medio”, imponer su continuidad en el poder en el 2020.

Pobre Ley de Partidos

La tendencia del presidente Medina en el PLD procuró a toda costa imponer en la ley de partidos el padrón abierto como mecanismo para elegir candidaturas y sus senadores llegaron a aprobarlo como obligatorio y de ejecución simultánea para todos los partidos, lo que no pasó en la Cámara de Diputados, aunque posteriormente se le encontró “un bajadero” para que su mayoría en el órgano superior de su partido pudiera hacerlo propio.

Tras 20 años de debates se terminó aprobando una Ley de Partidos que incorpora importantes demandas como la transparencia del financiamiento, mayor equidad de género, y límites a los tiempos y gastos de campaña. Pero quedó también con débil régimen de sanciones que la hace vulnerable y con planteamientos de dudosa constitucionalidad, como prohibir la postulación a cargos electivos de quienes no estén inscritos en un partido, penalizar (esa si severa) con cárcel a quien “difunda informaciones que afecten la imagen de algún candidato”, y prohibir las alianzas a nuevos partidos, mientras mantuvo un régimen muy desigual de distribución del financiamiento público.

El debate sobre la Ley de Partidos expuso todo el año la encarnizada lucha interna en el PLD y terminó disolviendo la concertación que durante más de dos años habían mantenido una docena de partidos políticos, encabezados por el mayor de la oposición, el Revolucionario Moderno, que a principios de año logró estrenar con éxito su nuevo padrón de miembros, con el cual renovó sus dirigentes en todos los niveles nacionales. Esa fractura fue contradictoria con los planteamientos dentro del mismo PRM y desde múltiples instancias partidistas y sociales, de la necesidad de una gran coalición para rescatar la devaluada institucionalidad democrática.

Los interminables debates partidistas habrían contribuido al incremento de la desconfianza en los partidos y en las instituciones democráticas, que por primera vez caen por debajo del 50 por ciento en encuestas y al manifiesto deseo de irse del país expresado por la mitad de los dominicanos, y hasta el 60 por ciento de los jóvenes de 18 a 25 años.-

 

 

Somos hermanos en humanidad

27_12_2018 HOY_JUEVES_271218_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

Para quienes asumimos con profundidad las esencias fraternales del cristianismo, la Navidad es siempre un período de introspección, de examen de conciencia siguiendo la metodología de ver, juzgar y actuar, para revisar la coherencia y corregir el rumbo cuando detectamos que nos hemos desviado de la senda.

Esta fiesta es mucho más que el consumismo de comer y beber, de comprar, regalar y recibir cosas materiales, porque todos los caminos nos conducen siempre a las esencias del mensaje del Jesús de Galilea, que nació en Belén, hijo de muy humildes y anónimos trabajadores, signados por el destino de migrantes y refugiados que ha correspondido a una inmensa mayoría de los seres humanos, desde los remotos orígenes de la vida.

La Navidad nos invita siempre a la fraternidad, a la solidaridad, al acercamiento al mandato cristiano de amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a uno mismo. Eso es muchísimo más que la confesión religiosa, que levantar los brazos en un templo y darse golpes de pecho. Tampoco tiene que ver  con dar limosnas o dejar caer migajas de las mesas de la abundancia, tratando de acallar nuestras conciencias, rodeados de carencias, privaciones y exclusiones permanentes.

En su mensaje de este 25 de diciembre, el Papa Francisco, cultor de la humildad y la sencillez del divino maestro, nos ha recordado que “el mensaje de la Navidad es que Dios es Padre bueno y nosotros somos hermanos”. También que “la salvación pasa a través del amor, la acogida y el respeto de nuestra pobre humanidad, que todos compartimos en una gran variedad de etnias, de lenguas, de culturas, pero todos somos hermanos en humanidad. Entonces nuestras diferencias no son un daño o un peligro, son una riqueza”.

El Pontífice nos invita a redescubrir los nexos de fraternidad que nos unen como seres humanos y vinculan a todos los pueblos, advirtiéndonos que sin esa visión cristiana “nuestros esfuerzos por un mundo más justo no llegarían muy lejos, e incluso los mejores proyectos corren el riesgo de convertirse en estructuras sin espíritu”.

En estos tiempos en que se riega tanto odio y se proclama confrontación en nuestro país y nuestra isla, cobra mayor fuerza y justeza el reclamo papal de “fraternidad entre personas de toda nación y cultura”, como también “entre personas con ideas diferentes, capaces de respetarse y de escuchar al otro”, así como también entre personas de diversas religiones.

Francisco no predica la exclusión de nadie, ni reclama exclusividades, ni siquiera en el ámbito de las religiones, donde también vislumbra el encuentro y el diálogo ecuménico, en un mundo profundamente conturbado, cada vez de mayores desigualdades, violencias y estigmatizaciones, donde se acentúa una distribución de las riquezas  concentrada en el uno por ciento de la humanidad, generando una inseguridad generalizada.

En estos días de Navidad debemos sentir rechazo por este mundo de pocos estadistas y reducción de paradigmas, y reafirmar los anhelos de nuevos liderazgos con reivindicación del respeto a la diversidad, de la ética, de las prácticas democráticas, de los organismos intermedios, de la sociedad civil y de la participación, de nueva reformulación de la política, como ciencia del bien común y no para la apropiación del poder y las riquezas.

Que la fuerza de la Navidad se expanda en profundidad espiritual y nos impacte, impulsándonos a trabajar más arduamente todos los días del próximo año por constituir una sociedad donde quepan todos los sueños y nuestros hermanos no tengan que seguir ahogándose en el Canal de la Mona en intento desesperado por encontrar hálitos de vida y progreso. Y porque no sigamos acumulando tasas tan elevadas de muertes maternas e infantiles, de embarazos de adolescentes, de pobreza y exclusión, y que el agua potable y la electricidad sean definitivamente  patrimonio de todos. Amén.-

 

 

           

A dos años del escándalo Odebrecht prevalece una burlesca impunidad

22_12_2018 HOY_SABADO_221218_ El País11 A

Cumplidos ayer dos años del destape del mayor escándalo transnacional de corrupción, en el país no se han investigado las sobrevaluaciones en obras por casi 6 mil millones de dólares, ni el financiamiento electoral y el proceso judicial luce revestido de burlesca impunidad

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Dos años después del estallido del escándalo de corrupción en contratación de obras con la constructora Odebrecht en una docena de países, el 21 de diciembre del 2016 tras investigaciones judiciales en Estados Unidos, en la República Dominicana prevalece la impunidad a pesar de haber liderado proporcionalmente los sobornos confesados por la empresa.

Ni siquiera se ha realizado la auditoría de costos sobre 17 obras contratadas por el Estado dominicano, mucho menos se han investigado las admisiones de ejecutivos de la constructora sobre financiamiento de las dos campañas electorales del presidente Danilo Medina y de que sus operaciones mafiosas transnacionales fueron trasladadas al país evadiendo la justicia brasileña.

Muy escasas expectativas

            Han transcurrido 19 meses desde que la Procuraduría General de la República (PGR) imputó a 14 personas, doce de ellas exfuncionarios y legisladores, por los sobornos que Odebrecht confesó en el país por 92 millones de dólares, de un total internacional de 788 millones, y seis meses de que decidió procesar sólo a 7, sin que el caso haya pasado de la fase de instrucción, sin que alguno guarde prisión.

La impunidad prevaleciente determinó una deficiente investigación nacional, contrastando con las de Brasil, Perú, Colombia, Panamá, Ecuador y El Salvador donde una decena de presidentes, expresidentes y vicepresidentes han sido investigados, procesados y arrestados tras diligentes indagatorias, las cuales en varios casos demostraron que los sobornos fueron hasta el triple de lo admitido por la constructora.

En el caso dominicano las imputaciones se han basado sólo en lo que Odebrecht ha confesado ante la justicia de Estados Unidos y Brasil, con escasas especificaciones o pruebas fehacientes de sus sobornos en el país para que los jueces puedan dictar sentencias y sólo en dos o tres casos se han reunido evidencias suficientes de enriquecimiento ilícito.

El escándalo desató las mayores movilizaciones ciudadanas de la historia nacional, expresadas en la Marcha Verde, que pusieron presión al gobierno y sus fiscales, a lo que se atribuyó las imputaciones originales al cabildero de Odebrech y su abogado, y a 12 funcionarios y legisladores en mayo del 2017, pero de esta docena, 8 quedaron liberados 13 meses después, en junio pasado, 3 de ellos miembros del mayor órgano directivo del partido gobernante, mientras se incluyó a un tercero de la oposición política. La percepción generalizada es que se juega al paso del tiempo y la reducción de la demanda de castigo.

El liderazgo dominicano

            La República Dominicana fue el tercer país en los niveles de los sobornos admitidos por Odebrecht, detrás de Brasil y Venezuela, pero el primero en términos proporcionales, de población, territorio y tamaño de la economía. Fue también después de Brasil, el lugar escogido por la constructora para establecer su “Departamento de Operaciones Estructuradas”, que manejaba sobornos y financiamientos de campaña, según confesiones de sus ejecutivos Fernando Miglaccio, Hilberto Mascarenhas da Silva y Luis Eduardo La Rocha.

Otra implicación particular del país fue que aquí estaban en plena asesoría de la segunda campaña electoral del presidente Danilo Medina Joao Santana y Mónica Moura, identificados múltiples veces como los expertos de Odebrecht en asistencia política, tras sus éxitos en los procesos que llevaron al poder a Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil. Despachaban en el Palacio Nacional (único caso conocido) hasta el 22 de febrero del 2016 cuando fueron requeridos por la justicia brasileña para ser apresados y procesados.

El ministerio público y los organismos de control se han negado sistemáticamente a investigar los pagos recibidos por Joao y Mónica en el país: entidades sociales documentaron ante la PGR que en los años 2013-14 empresas peruanas de Odebrecht hicieron 16 transferencias por un total de 4 millones 396 mil dólares a la compañía Cine&Art 2013 constituida por los asesores electorales en Santo Domingo. En julio pasado la diputada Faride Raful presentó una certificación de la Contraloría General de la República de que esa empresa y otra de los mismos asesores, Polis Caribe, recibieron contratos del gobierno dominicano por más de mil 300 millones de pesos.

Serias inconsistencias

            El expediente judicial armado por la PGR está cargado de inconsistencias, desde las primeras imputaciones, cuando el procurador Jean Alain Rodríguez  dijo que “están todos los que son y son todos los que están”. A los 13 meses ya no estaban 8 de los 14 imputados, y se agregó un séptimo nuevo, Jesús Vásquez, quien había sido el secretario general del principal partido opositor, uniéndolo a su expresidente Andrés Bautista. Junto al exdirector del INAPA Roberto Rodríguez, y del agente de Odebretch Angel Rondón y su abogado Conrado Pittaluga.

Al final, en el expediente que tramita el juez Francisco Ortega hay 3 procesados por sobornos del período de gobierno de Hipólito Mejía 2000-04, incluyendo a 2 que presidieron el Senado cuando se aprobaron apenas 2 de los 17 contratos de Odebrecht, por un 5% de los US$5,957 millones involucrados en las obras. Del período 2004-16, cuando contrataron el 95% con múltiples escalamientos de costos, sólo quedan procesados el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y el senador Tommy Galán.

Es inconsistente que ostentando el partido gobernante casi todos los senadores y mayoría absoluta de los diputados, tuvieran que sobornar a un solo legislador para aprobar, casi siempre al vapor y unanimidad oficialista, sus mayores contratos, incluyendo el de las plantas de carbón que involucran el 40% del total contratado. De esos años no se imputa soborno a ningún presidente de las cámaras legislativas. Los miembros del Comité Político del PLD, senador Julio César Valentín, Rhadamés Segura, exadministador de la CDEEE, y el exministro Temístocles Montás, imputados en el 2016, quedaron liberados en junio pasado.

Si se quiere otra grave inconsistencia, vale verificar que el centenar de transferencias a cuentas de Rondón, en que se fundamentan las acusaciones de sobornos, fueron realizadas entre el 2007 y enero del 2015, todas durante los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina y cuando tenían total control de ambas cámaras legislativas.

Sistema de impunidad      

Una demostración de que el caso Odebrecht cabalga sobre el sistema de impunidad prevaleciente en el país, es que a 2 años del escándalo no se hayan realizado las correspondientes auditorías forenses de las obras contratadas, y que la empresa transgresora haya seguido construyendo, amparada en un acuerdo con la PGR homologado por un juez el 19 de abril del 2007, el cual obligaba a la constructora a entregar toda la información que permitiría procesar a los beneficiarios de sus sobornos. Nunca se le ha exigido, por lo que el acuerdo fue bautizado como de silencio e impunidad.

Se creía que la auditoría era fundamental para determinar si hubo sobrevaluaciones que justificaran unos sobornos que la empresa ni la PGR han documentado de forma convincente. En realidad en casi todas las obras hubo escalamientos de precios con adendas a los contratos originales, en algunos casos hasta superiores al 100%, como en las hidroeléctricas de Pinalito y Palomino y en la circunvalación de La Romana, todas ejecutadas en los gobiernos de Fernández y Medina. Las plantas de carbón no se sabe aún en cuánto terminarán sobre el contrato original de US$ 2 mil 40 millones, pues la constructora reclama otros US$708 millones.

Los ejecutivos de Odebrecht dieron testimonio judicial de que para obtener contratos mediante sobornos y financiamientos de campañas electorales, tenían un patrón de incremento de costos de alrededor del 22 por ciento, lo que en las contrataciones dominicanas implicarían unos US$ mil 119 millones.

Por más vueltas que se le dé al escándalo Odebrecht, lo que asoma es una burlesca impunidad sustentada en el control político de la justicia, en el paso del tiempo y el olvido, y sobre todo en que baje la marea de la Marcha Verde que obligó a las primeras 14 imputaciones, ya luego revocadas en su mayoría.              

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Omisiones y contrastes en la justicia de RD

  • La empresa Odebrecht siguió construyendo
  • La PGR no ha exigido el cumplimiento de su acuerdo con la constructora
  • No se han realizado las auditorías para determinar sobrevaluaciones denunciadas
  • No investigan los admitidos financiamientos de campañas electorales
  • Ignoran testimonios de que Odebrecht operó aquí su departamento de sobornos
  • No se investigan los pagos a los asesores del presidente Medina Joao y Mónica
  • En RD no hay un solo preso, aunque RD lideró el escándalo después de Brasil
  • Hay 3 procesados por el 5% del total contratado, y sólo 2 del 95%
  • Los 2 presidentes del Senado que aprobó el 5% están procesados, ninguno del 95%
  • De 14 originalmente imputados, liberaron 8, tres altos dirigentes del PLD
  • Todas las transferencias a Rondón fueron en los gobiernos del PLD, 2007-15
  • Un solo legislador responsabilizado de los sobornos del 95% contratado
  • Un expediente judicial, cargado de vaguedades y a paso de hicotea

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Pobreza dominicana al desnudo

20_12_2018 HOY_JUEVES_201218_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

Los resultados de la Encuesta Enhogar entregada la semana pasada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) dejan al desnudo los altos niveles de pobreza de la sociedad dominicana, casi finalizando la segunda década del siglo 21, y los fracasos de los gobernantes, frecuentemente   proclamados redentores, en proporcionarle los servicios fundamentales y de calidad que son distintivos del progreso universal.

No se trata de una encuesta cualquiera de opinión entre un millar de personas, sino de una investigación que abarcó una muestra científica de 37 mil 811 hogares, cuyo trabajo de campo concluyó en febrero pasado y que da continuidad a una serie que lleva ya dos décadas. Con el rigor y ponderación que cracterizan las investigaciones de ese organismo estatal.

Resulta verdaderamente dramático que todavía el 47.5 por ciento de los hogares dominicanos no dispongan de agua potable dentro de sus viviendas; que del 76 por ciento que recibe agua de los acueductos, sólo una tercera parte la obtenga de forma permanente; que cerca de la mitad (46 por ciento) apenas disponga del líquido vital dos o tres días semanales; mientras otro 9 por ciento sólo un día.

En el suministro de energía eléctrica los resultados de Enhogar no son más alentadores porque, aunque 95 por ciento de las viviendas tiene acceso a las redes públicas, más de la mitad (52.3 por ciento) sufre apagones de más de 4 horas diarias, la cuarta parte (25.6 por ciento) entre 10 y 14 horas y el 13 por ciento no dispone del servicio entre 15 y 23 horas al día.

La encuesta muestra otros datos reveladores del atraso nacional: todavía el 14 por ciento de la población usa letrinas y otro 2 por ciento ni siquiera ese primitivo dispositivo; y sólo el 13 por ciento de los hogares tienen una computadora. En lo que sí nos modernizamos es en la posesión de teléfonos celulares, 69 por ciento. Pero ni hablar de los vertederos al aire libre y del 80 por ciento de las viviendas de la gran urbe capitalina sin conexión a un alcantarillado sanitario, ni de las altas tasas de muertes materno-infantiles.

En el 8 por ciento de los hogares algún miembro estuvo involucrado en un accidente de tránsito en el último año, una muy alta proporción que guarda coherencia con los informes de la Organización Mundial de la Salud, que sitúan al país como segundo líder mundial en tasa de muertes por accidentes automovilísticos (41.7 por 100 mil), después de la pequeña isla Niue del pacífico sur, de apenas mil 700 habitantes.

Los resultados de la ONE también ratifican las últimas encuestas de opinión pública que muestran una creciente alarma por la inseguridad, ya que el 76.6 por ciento situó la delincuencia como principal problema nacional, seguido del desempleo, 45, el costo de la vida 29, y la corrupción, que registra 25 por ciento.

A esos diagnósticos sociales se atribuye el que casi la mitad de los dominicanos manifieste deseo de marcharse del país, como acaba de ratificar una encuesta mundial de la Gallup que arrojó 49 por ciento, apenas superado por un puñado de naciones, que forman parte del club universal de la pobreza: Haití, Albania, Liberia, Sierra Leona y El Salvador. Más desolador aún que esa tasa se eleve hasta 60 por ciento entre los jóvenes

Son muchos los que ocultan la cabeza ante estas revelaciones y prefieren “hablar de cosas positivas”, a menudo para acallar sus conciencias, para evadir responsabilidades, para seguir viviendo en la burbuja y en la convicción de las capas privilegiadas de que casi somos una nación desarrollada.

Estos datos hay que divulgarlos por todos los medios, una y otra vez, para sacudir conciencias y generar cambios fundamentales para la inclusión social, la equidad y el desarrollo integral.-

 

López Obrador sin derecho a fallar: rechaza gobierno rico con pueblo pobre

15_12_2018 HOY_SABADO_151218_ El País11 A

El nuevo presidente de México proclama la cuarta transformación del país a partir del fin de la corrupción y la impunidad, con austeridad desde arriba, para rescatar a 50 millones de la pobreza y la extrema desigualdad y generar un nuevo Estado que supere la inseguridad 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Con el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) México se mueve entre la esperanza y el escepticismo, aquejado por extrema desigualdad con más de 50 millones de pobres lo que genera alta migración grave delincuencia, inseguridad y violencia, con un costo superior a las 150 mil vidas en el último sexenio de gobierno.

López Obrador inicia su gestión gubernamental convencido de que combatiendo la inmensa corrupción y la impunidad y bajo un programa de austeridad logrará generar una dinámica que reduzca la delincuencia, el narcotráfico y la violencia y permita al país aprovechar sus riquezas y crear un nuevo modelo de desarrollo más justo y equitativo.

Esperanza y escepticismo

“Por fin, el poder: Entre la esperanza y el escepticismo”, titulaba la reconocida revista Proceso el 2 de diciembre, al día siguiente de la juramentación de Andrés Manuel López Obrador, (AMLO), investido presidente de México con una histórica votación del 53 por ciento compitiendo contra los poderes fácticos y tres partidos de 90, 80 y 40 años, en su tercer intento después de haber perdido en el 2006 por el 0.5 por ciento con flagrantes abusos del Estado.

Aunque pretende redimir los sectores sociales más pobres y excluidos, su impulso electoral  fundamental no fue de estos, victimas tradicionales de la manipulación política y la ignorancia, sino de las clases medias, activistas sociales y la intelectualidad, hastiados de la descomposición social y económica que hundió a México al compás de las políticas neoliberales y la gestión de la tecnocracia que predominó en los últimos seis sexenios de gobierno, a partir de Miguel de la Madrid en 1988, fruto de cuestionados comicios donde cerraron el paso a Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del histórico Lázaro Cárdenas que gobernó en pleno período post revolución, 1934-40.

Contrario a lo que sus contradictores pregonan, López Obrador no es un izquierdista radical ni un improvisado en la política, pues acumula casi cuatro décadas de militancia en el Partido Revolucionario Independiente (PRI), luego en el Partido de la Revolución Democrática (PRD y hace 6 años en su propia organización, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Fue el éxito de su gestión al frente de la capital (2000-05) que ya implicaba a 20 millones de mexicanos y con presupuesto superior al de República Dominicana, lo que le catapultó al liderazgo nacional que le ha permitido finalmente alcanzar la presidencia de México, con 123 millones de habitantes en un inmenso territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados,41 veces el dominicano, la segunda economía latinoamericana y la décimo quinta del mundo.

No tengo derecho a fallar

En su discurso de juramentación, AMLO contó que un ciclista que se apareó a su automóvil cuando se dirigía al Congreso, lo que se vio por televisión, le señaló con el dedo y le advirtió “tu no tienes derecho a fallarnos”. Consciente de la esperanza que representa, dijo a continuación que efectivamente “no tengo derecho a fallarle al pueblo de México”, donde la pobreza alcanza tasa de 43 por ciento, afectando a más de 50 millones, con una de las mayores corrupciones del mundo y a la vez enorme desigualdad y estancamiento económico, acosado por el narcotráfico y la violencia que en el 2017 cobró entre 26 y 30 mil vidas, y que a mitad de este año llevaba un ritmo de 93 por día, con decenas de tumbas colectivas clandestinas y hasta furgones de cadáveres arrojados en carreteras.

La magnitud de los problemas mexicanos es lo que mantiene escepticismo sobre las posibilidades de ver materializadas las promesas de AMLO, pero al mismo tiempo obliga a gran proporción a aferrarse a esa tabla de salvación, convencidos de que “ya el país tocó fondo y no tenemos más alternativa que reflotar a cualquier precio”, como aprecia un veterano analista que no esconde algunos cuestionamientos al proyecto.

López Obrador alcanzó el poder enfrentando la hostilidad de los grandes intereses económicos, y gran parte de sus medios de comunicación, pero con habilidad suficiente para reducirla designando jefe de su gabinete a Alfonso Romo Garza, figura importante de familias del gran capital norteño y creando un consejo asesor empresarial, aunque proclama la separación de los poderes políticos y económicos. Poco después de su elección dirigió una carta al presidente Donald Trump, agradeciendo su congratulación, donde ratificó sus facultades políticas. En la segunda semana de gobierno ya ha logrado una promesa del gobierno de Trump de inversión conjunta para reducir las migraciones mexicanas y centroamericanas hacia Estados Unidos.

La guerra a la corrupción

            El carismático AMLO dijo en su discurso inaugural que “si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y la impunidad”, convencido de que “nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado en el influyentismo”. Que “el neoliberalismo, la corrupción y la deshonestidad fueron causantes de la desigualdad económica y social, de la inseguridad y la violencia que padece México, impulsando la economía informal, la migración y la delincuencia”.

López Obrador rechaza “un gobierno rico con pueblo pobre”, y está convencido de que dando ejemplo de austeridad y honestidad, como hizo en el gobierno capitalino, del que salió con lo mismo que entró y sin ningún familiar que se hiciera próspero empresario, tendrá moral para combatir la corrupción desde arriba hacia abajo, proscribiendo la impunidad, así como para crear una dinámica que reduzca la delincuencia, el narcotráfico y la criminalidad que se han expandido al ritmo de la descomposición social.

Postula un programa que le permitiría ahorros de hasta 26 mil millones de dólares anuales, suficientes para asistir a los más desposeídos, cortando privilegios y reduciendo altos salarios arriba, de hasta 600 mil pesos (30 mil dólares) para mejorar los salarios y las pensiones abajo, entre los más precarios de la región. Comenzó reduciéndose al 40 por ciento su propio salario, vendiendo tres aviones presidenciales, 58 jets y 112 helicópteros al servicio de funcionarios, suprimiendo una guardia presidencial de 8 mil 500 miembros, convirtiendo en museo y centro cultural la inmensa residencia del presidente y suprimiendo enormes pensiones de los expresidentes y de más de un centenar de servidores públicos al servicio de cada uno de ellos..

Metas muy ambiciosas

Son muchos los que dudan que su programa de reducción de gastos alcance las metas, y ya el poder judicial le congeló una ley que reduciría los sueldos del Poder Judicial, pero creen que tendría un gran efecto si lo logra siquiera en cincuenta por ciento. Sobre todo en la gran  corrupción en las contrataciones de obras y servicios, en el tráfico de influencia y en el soborno, o la mordida, que en México tiene tradición y traspasa todos los niveles del servicio público.

Pero AMLO proclama que controlar la corrupción es fundamental para recuperar la seguridad y regenerar el conjunto de la sociedad, y por demás entiende que le permitiría impulsar el desarrollo sin tener que elevar los impuestos ni continuar la carrera de endeudamiento de sus antecesores. En el discurso inaugural planteó que Vicente Fox dejó la deuda estatal en 1.7 billones de pesos en el 2006, que al 2012 Felipe calderón la triplicó a 5.2 billones, y que la recibe ahora de Peña Nieto en 10 billones de pesos.

Con el agravante de que el crecimiento, que en las décadas de los 50 a los 80 se situaba entre 5 y 6 por ciento del producto bruto, se ha reducido a menos de la mitad, y el aparato productivo estatal fue vendido o traspasado al sector privado, bajo promesas de inversión que no se materializaron.

Enfrenta a los neoliberales

El programa que enarbola AMLO es cuestionado por los mayores devotos del libre mercado, que lo consideran restaurador del estatismo y populista, pero él responde que “no es lícito ni jugar limpio defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras, y considerar una carga el bienestar de los más necesitados”.

Se queja de que el poder político y el económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus vivendi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación, refiriéndose a la privatización del ejido, las playas, ferrocarriles, telecomunicaciones, minas, industria eléctrica y la petrolera.

“Hoy somos la nación que más importa maíz, grano originario de México, el salario se ha deteriorado en 60 por ciento, para ser de los más bajos del planeta, y durante el período neoliberal nos convirtió en el segundo país con mayor migración, 24 millones de mexicanos viven en Estados Unidos”, sostuvo López Obrador.

No hay la menor duda que el nuevo gobierno implica cambios trascendentes en México, hasta en el orden político, donde propone reformas para que los presidentes puedan ser procesados judicialmente y someterse a la posibilidad de revocación del mandato, con consulta a mitad de período. López Obrador proclama que México vivirá su cuarta gran transformación, después de la independencia, la reforma juarista y la revolución de la primera década del siglo pasado. Hay razones de sobra para desearle buena suerte, dado el nivel de sus dolencias de los últimos años.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predomina la irracionalidad frente al Pacto Mundial sobre Migración

Members of a U.S.-bound migrant caravan stand on a road after federal police briefly blocked their way outside the town of Arriaga, Mexico, on Oct. 27, 2018. (AP Photo/Rodrigo Abd)

La RD debuta en el Consejo de Seguridad de la ONU, rechazando un pacto ponderado y aprobado por el 93% de las naciones, sólo coincidiendo con Estados Unidos en toda América e ignorando que hay más de 2 millones de dominicanos emigrados, muchos en vulnerabilidad

                                                Por Juan Bolívar Díaz

           Sólo el creciente sentimiento anti haitiano, que en muchos llega a la irracionalidad, puede explicar que la República Dominicana rechace de plano el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular ponderado durante dos años y aprobado por el 93 por ciento de los Estados que integran las Naciones Unidas, incluyendo a todos los de América Latina y el Caribe.

Los efectos serán contraproducentes, ya que el pacto busca la solidaridad internacional con un “enfoque integral del fenómeno de las migraciones” partiendo de que “ningún país puede encarar los retos de este fenómeno mundial y aprovechar sus oportunidades en solitario”, sobre todo porque RD es tres veces más una nación de emigrantes que de inmigrantes.

Declaración de Nueva York

Tal como reconoce el gobierno dominicano en el comunicado que rechaza el pacto y hasta asistir a la conferencia intergubernamental del 10 y 11 de diciembre en Marruecos, su origen está en la “Declaración de Nueva York” sobre refugiados y migrantes adoptada por la Asamblea General de la ONU en septiembre del 2016, “como respuesta a los grandes desplazamientos de migrantes y refugiados que se estaba produciendo en diferentes partes del mundo”.

Sólo en ese año llegaron a Europa millón y medio de personas buscando refugiarse de la inseguridad y el hambre, cientos de miles fueron rescatados de naufragios, y 4 mil murieron en la travesía, cifra que se aproxima a los 15 mil hasta el 2018, convirtiendo el Mar Mediterráneo en un inmenso cementerio. Más de dos millones se han convertido en una enorme carga para Turquía, un millón 200 mil para El Líbano, otro millón para Egipto y 700 mil para Jordania. Recientemente se ha producido la marcha de miles de centroamericanos que atraviesan México intentado a toda costa llegar a Estados Unidos, y más de 100 mil haitianos se han desplazado a lugares tan lejanos como Brasil y Chile, todo lo cual configura una calamidad humana deplorada por el Papa Francisco y otras personalidades y entidades humanitarias que piden misericordiosa solidaridad.

Con soberanía nacional  

El pacto fue elaborado y discutido dos años por numerosos foros y consultas regionales atendiendo al mandato de un abordaje integral de los movimientos humanos y de la necesidad de fortalecer la cooperación global con énfasis en mecanismos para proteger las poblaciones migrantes. Si bien el instrumento se centra en las personas, partiendo de la universalidad y antigüedad de las migraciones, proclama que “los Estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional”.

Especifica que “Dentro de su jurisdicción soberana, los Estados podrán distinguir entre el estatus migratorio regular e irregular, incluso al decidir con qué medidas legislativas y normativas aplicarán el Pacto Mundial, teniendo en cuenta sus diferentes realidades, políticas y prioridades, y los requisitos para entrar, residir y trabajar en el país, de conformidad con el derecho internacional”. En su preámbulo deja claro que es “un marco de cooperación no vinculante jurídicamente”, buscando la cooperación global para “mitigar los factores adversos y estructurales que impiden que las personas puedan labrarse y mantener medios de vida sostenibles en sus países de origen”. Pretende reducir los riesgos y vulnerabilidades que enfrentan los migrantes.

Un resumen de sus 23 objetivos se encuentra en la página 7 del Pacto par la Migración Segura, Ordenada y Regular, detallados luego hasta la página 36 de las 39 que lo integran, sin que se encuentre ningún precepto que ate a los Estados, a no ser los tratados internacionales ya suscritos que garantizan los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a migrantes y refugiados.

Ambiente muy contaminado

Los desbordamientos migratorios, en muchos casos derivados de legados históricos de explotación y depredación colonialista, de guerras y catástrofes, han contaminado las relaciones internacionales y generado nacionalismos y xenofobia en múltiples países. La República Dominicana no ha escapado de la emergencia de grupos ultranacionalistas que exacerban el rechazo a las migraciones, con desprecio, racismo  y odios, que han sido rechazados no sólo por el Papa Francisco, sino también por estadistas de la Unión Europea y entidades universales.

En el país el sentimiento antihaitiano está alcanzando niveles preocupantes, y se manifiesta hasta en amenazas de muerte, o en irrupciones como la de la noche del miércoles cuando un grupo vociferante impidió la celebración en la Biblioteca Nacional de un panel que abordaría con múltiples voces los problemas de las migraciones.

Los ultranacionalistas son pequeños grupos, pero han logrado inocular el desprecio a los migrantes en amplios segmentos nacionales, incluyendo a gran proporción de los funcionarios, legisladores, políticos y comunicadores que rechazaron el Pacto Mundial sobre Migración sin siquiera conocerlo, algunos convirtiéndolo en una amenaza contra la soberanía nacional y un advenimiento de su temida “fusión de la nación dominicana con la haitiana”, y repitiendo la utilización histórica del anti haitianismo como recurso político.

Aunque la cancillería dominicana participó del proceso de discusión del pacto, la algarabía que produjo el anuncio de su inminente aprobación, llevó al gobierno a decidir que no lo ratificará ni asistirá a la conferencia de la ONU la próxima semana, tras fallar al no haber informado con anticipación de sus objetivos y de su condición no vinculante.

En el ridículo internacional

            Serán contraproducentes los efectos de Adherir el país a los Estados Unidos de Donald Trump, como los únicos de todo el continente americano en rechazar el Pacto Mundial, junto a otras doce naciones no emisoras de emigrantes: Austria, Australia, Italia, Israel, Suiza,  República Checa,  Eslovaquia, Hungría, Polonia, Bulgaria, Estonia y Eslovenia.

En muchos lugares del mundo se reirán de la RD que ha enviado al exterior más de dos millones de nacionales en el último medio siglo, gran parte de ellos inmigrantes irregulares y cientos de miles en condición de vulnerabilidad por políticas anti-inmigrantes, como las promovidas por el presidente Trump, que de alcanzar sus metas, implicaría la deportación de decenas de miles de dominicanos. Es por demás injusto que no se piense en esa diáspora dominicana que envía al país más de 6 mil millones de dólares anuales, que se distribuyen en las capas pobres y medias bajas, y son sustento de la estabilidad y el crecimiento económico del país.

El Dominican Center for Social Justice, con sede en Nueva York, acaba de publicar un informe basado en datos censales de Estados Unidos, de la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas, de España, Chile y Argentina, así como de estimados del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU que cuantifican sobre 2 millones y medio los emigrantes dominicanos y sus descendientes, en decenas de países.

Con un crecimiento anual de 8.8 por ciento en los últimos años, los emigrantes dominicanos y sus descendientes serían hoy 2 millones 503 mil 851, el 84 por ciento, 2 millones 93 mil en América del Norte, 11 por ciento, 267 mil en Europa, 91 mil en el Caribe, con países como Curazao y Dominica, donde los dominicanos han llegado al 20 por ciento de sus habitantes.

Como la Encuesta Nacional de Inmigrantes del Estado Dominicano del 2017 estableció en 750 mil los extranjeros y sus descendientes radicados en el país, 497, mil 825 inmigrantes haitianos, hay que convenir que República Dominicana es por lo menos tres veces más emisor que receptor de migrantes. No le corresponde ubicarse en el 7 por ciento de los 194 Estados de la ONU que han rechazado el pacto a proclamarse la próxima semana.

 

Objetivos para la migración segura, ordenada y regular

 

1.   Recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica

2.   Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen

3.   Proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración

4.   Velar por que todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación adecuada

5.   Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular

6.   Facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el trabajo decente

7.   Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración

8.   Salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos

9.   Reforzar la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes

10.  Prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional

11.  Gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada

12.  Aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la adecuada verificación de antecedentes, evaluación y derivación

13.  Utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas

14.  Mejorar la protección, asistencia y cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo migratorio

15.  Proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos

16.  Empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social

17.  Eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración

18.  Invertir en el desarrollo de aptitudes y facilitar el reconocimiento mutuo de aptitudes, cualificaciones y competencias

19.  Crear las condiciones necesarias para que los migrantes y las diásporas puedan contribuir plenamente al desarrollo sostenible en todos los países

20.  Promover transferencias de remesas más rápidas, seguras y económicas y fomentar la inclusión financiera de los migrantes

21.  Colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible

22.  Establecer mecanismos para la portabilidad de la seguridad social y las prestaciones adquiridas

23.  Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura, ordenada y regular

Página 7 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular