Discurso de Juan Bolívar Díaz, coordinador nacional de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional que originó la Coalición Democrática por el Cambio

Lic. Luis Abinader 

Candidato Presidencial

Lic. Raquel Peña

Candidata vicepresidencial

Presidentes y dirigentes de los partidos y grupos sociales integrantes de nuestra Coalición Democrática por el Cambio

Distinguidos invitados: 

            Las limitaciones y la prudencia que impone la pandemia que nos afecta han impedido que este acto tuviera la masiva asistencia que le correspondía. Pero  tampoco hay que darle más vuelta. Todo está consumado y el próximo domingo veremos concretada la consigna que levantamos al constituir esta coalición político-social: el cambio va! Y habrá cambio porque el cuerpo social dominicano está fatigado del virus PLD-2004-20 que ha contagiado y contaminado todo.

            Fue el 23 de noviembre, ante un millar de testigos reunidos en el aula magna de nuestra Universidad Autónoma,  cuando los partidos y grupos sociales integrantes de esta coalición firmamos y proclamamos los Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional. Fue el fruto de más de un año de búsqueda de consenso, primero entre un centenar de destacados profesionales y promotores democráticos y luego con decenas de grupos sociales de todo el país para culminar en la gran concertación de 7 partidos políticos aquí representados.

            Después de esa proclama nos embarcamos en la siempre difícil tarea de conformar una coalición con candidaturas para todos los niveles de elección. Con todo entusiasmo asumimos la candidatura presidencial del PRM, y luego logramos acuerdos para candidatos comunes al Senado, la Cámara de Diputados y los municipios, tarea más difícil por la camisa de fuerza que impone la legislación electoral al limitar al 20 por ciento la cantidad de candidaturas que pueden ser reservadas para alianzas. Pero lo logramos, y no sólo entre los 7 partidos que  postulan el binomio Luis Abinader-Raquel Peña, sino que fruto de la sensibilización que diseminamos en toda la oposición, se materializaron algunos intercambios de apoyo también con el partido Alianza País y con varios de los integrados en el frente electoral que encabeza la Fuerza del Pueblo. 

            Esos acuerdos puntuales fueron necesarios para evitar que una multiplicidad de candidatos  opositores permitiera a la corporación político-económica gobernante quedarse con el control del Senado y desde allí convertirse en un obstáculo a las reformas políticas, institucionales, económicas y sociales que propugnamos. 

            Esta no ha sido una alianza más de las tantas que ha habido en la historia del país, simplemente para repartirse el Estado como minifundios. Es fruto de las preocupaciones de las dominicanas y los dominicanos más conscientes y sensibles sobre la necesidad de rescatar la nación de la enorme descomposición que la aflige, del deterioro institucional, de la corrupción y la impunidad, del desorden social y de las exclusiones, que se reflejan abajo en delincuencia  e inseguridad. También para detener el rumbo a la insostenibilidad financiera por déficits y endeudamiento desproporcionados durante toda una década. 

Ahí están nuestros lineamientos con las prioridades Políticas e Institucionales para transformar el país, que se sintetizan en reformas para restablecer la democracia y la separación e independencia de los poderes del Estado, declarar la guerra total a la corrupción y la impunidad, programas y acciones integrales de prevención y control de la delincuencia para garantizar la seguridad ciudadana, políticas efectivas de control de la inmigración con estricto cumplimiento de las leyes y respeto de los derechos humanos, y fortalecer la descentralización y el carácter subsidiario  de los ayuntamientos.

También para realizar una reforma político-electoral integral, aprobar la Ley de Participación Social, garantizar la condición de servicio y honorabilidad de la Función Pública, dar renovado impulso a la protección del medio ambiente, reduciendo las vulnerabilidades, eliminar todo género de discriminación con especial promoción de los derechos de las mujeres, la niñez, la adolescencia y de las personas mayores y con discapacidades, y para hacer cumplir el imperio de la ley, con especial seguimiento a la de Estrategia Nacional de Desarrollo.

Como Prioridades Económicas y Sociales consignamos: concertar los pactos Fiscal y Eléctrico y la Ley de Responsabilidad Fiscal, con estrictos controles del gasto público, una política racional de financiamiento y un sistema tributario que procure la justicia social; para  superar lo antes posible la crisis energética, rescatar la salubridad del colapso con servicios integrales de calidad,   y una reforma de la seguridad social, así como para orientar la inversión del 4% del PIB a alcanzar la calidad del sistema educativo. 

Así mismo, postulamos un nuevo modelo de crecimiento que potencie a los sectores productivos con libre competencia y productividad, a fin de asegurar  la autonomía alimentaria y multiplicar las exportaciones, afrontar el caos del transporte público y el enorme déficit de viviendas de carácter social y fortalecer las políticas sociales a fin de eliminar la indigencia y reducir efectivamente la pobreza. 

Nuestro candidato presidencial, el próximo presidente de la República, Luis Abinader, nos pidió que realizáramos este acto, no como expresión de proselitismo, sino para antes del triunfo electoral del 5 de julio dejar ratificado su compromiso con la sociedad política y la sociedad civil, de cambiar el curso de la nación y reabrir los surcos claros del poeta Juan José Ayuso para que quepan todos los sueños.  

Estamos reeditando la capacidad concertadora del inolvidable José Francisco Peña Gómez que en días de luto y represión, cuando algunos desertaban de su responsabilidad histórica, convocó el Acuerdo de Santiago que cuatro años después daría inicio a la etapa democrática de la historia nacional. 

Reactualizamos los postulados peñagomistas del gobierno compartido con la sociedad y por eso en esta  coalición abundan los candidatos y candidatas salidos de las más diversas instancias sociales, algunos sugeridos  por nosotros pero también por los partidos, y por el candidato presidencial Abinader,  comenzando por nuestra candidata vicepresidencial Raquel Peña, que no es una política profesional y proviene del mundo académico y del mediano empresariado.

Por Igual los candidatos a senadores Antonio Taveras Guzmán, en Santo Domingo, y Manuel Matos en San Juan, ambos del sector productivo. Profesionales de la categoría de Jesús Feris Iglesias en San Pedro, o Pedro Catrain en Samaná, o el artista popular el Torito Héctor Acosta, en Bonao. 

Del sector social también provienen muchos candidatos a diputados, como Gabino Hernández, con más de 30 años en las organizaciones comunitarias de las profundidades de Sabana Perdida. Manuel María Mercedes, defensor de derechos humanos, Diulka Pérez, comunicadora, la académica Diana Contreras, Bolívar Ureña dirigente comunitaria de Santo Domingo Oeste, Santa Sánchez, (DN), del movimiento de mujeres trabajadoras, Chiqui Checo, de Santiago Somos Todos; activistas sociales como Blas Alcibíades Vargas, de Santiago, Antonio Navarro Campos, de Azua, y el profesor Bartolomé Deshamps, de Bonao y Santo Porcell Soto, del  movimiento de trabajadores independientes.

Nos enorgullece que estos dirigentes sociales compartan responsabilidades en el próximo congreso con jóvenes políticas de la categoría de Faride Raful, Gloria Reyes, o la profesora  Josefa Castillo, toda una nueva generación de mujeres que trazan nuevos rumbos a la ética y la eficiencia política. 

Y muchos hombres, jóvenes y maduros, tantos que sería injusto mencionar sólo algunos. Pero sin dejar de inclinarnos reverentes ante el ingeniero Eduardo Estrella,  símbolo de los que han ejercido los más altos cargos ministeriales dejando una estela impoluta.    

            Queridos compañeros: Estamos todos convocados a reivindicar la actividad política como la definió el fundador de la República, la ciencia más digna de ocupar las mentes de los humanos. 

            Estamos llamados a dejar atrás la desesperanza y la resignación, para empoderar a nuestro pueblo como dueño de su propio destino. Más ahora cuando la pandemia del Covid-19 nos dejará tan graves repercusiones económicas y sociales agravando más aún las condiciones de vida de la mayoría.

            Sólo nos queda invitar a todos los conciudadanos a no dejarse intimidar y acudir a las urnas el domingo para no tener que dar otra vuelta innecesaria y costosa. Esta es la coalición político-social  más amplia de nuestra historia, que honra el legado de nuestros héroes, de quienes lucharon por toda su vida y de los que han persistido por compartir el pan y la esperanza. Esta coalición  llevará a la presidencia a un ser humano de la categoría profesional, política y moral de Luis Abinader Corona.

            Permítanme cerrar tomando prestadas algunas de las “Palabras para Julia”, de José Agustín Goytisolo, para dirigirlas a nuestro candidato, con la esperanza de que cuando sea presidente no se les olviden, porque en este país las alturas del poder marean casi sistemáticamente y todavía ninguno termina con la dignidad de Mandela, de Mojica, o de Bachelet: “Un hombre solo, o una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Tu destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida, tu dignidad es la de todos”.-  

Santo Domingo, 1 de julio del 2020  

Fracasó la estrategia contra el Covid y se requiere más que toque de queda

La expansión del Covid-19 en el país nunca se ha detenido, porque el gobierno contaminó políticamente su combate, fracasó al no responder oportunamente a la demanda de atención y no quiso contar con el resto de la sociedad 

                                                 Por Juan Bolívar Díaz

Ahora que se plantean nuevas políticas para intentar contener la expansión del Covid-19 primero que nada hay que admitir que se ha fracasado en su contención y buscar las causas para corregirlas como base de una nueva estrategia, que debe tener como principal instrumento la participación de toda la sociedad organizada.

No hay repunte ni rebrote, porque la curva de crecimiento nunca ha tenido inflexión, también es falso que ello se debiera a que la población no observó el toque de queda, ni tampoco a la campaña electoral que registró muy pocos actos de participación masiva. 

Incremento sostenido

 El análisis de las estadísticas contenidas en los boletines del Ministerio de Salud Pública y la curva gráfica mantenida en HOY indican que el Covid-19 ha tenido un crecimiento sostenido, sin la menor inflexión, que naturalmente aumentó cuando se reinició la reactivación de las actividades económicas, aunque dos semanas antes la población la inició por su cuenta. 

En la fase del estado de confinamiento de la población, por efecto del Estado de Emergencia decretado a partir del 19 de marzo, y que se extendió por tres meses, el Covid-19 mantuvo su incremento. Al 16 de mayo promediaba 208 contagios diarios, que un mes después se elevaron a 365, con aumento de 157 por día, equivalente al 75%. Los fallecimientos pasaron de 428 a 605, es decir 177 de promedio diario, 41% mayor.

Un cuadro anexo muestra cómo desde el 18 de mayo al 13 de julio continuó  sostenidamente la expansión del virus, en proporciones que no avalan atribuirlo a la campaña electoral, que apenas tuvo unos pocos actos masivos desde el sábado 27 de junio, cuando el presidente Danilo Medina salió en caravanas por varias ciudades, rompiendo la limitación de las congregación de personas que vencía con el estado de emergencia el 30 de ese mes. Su candidato desfiló entre multitudes sin mascarilla ni guantes.  Los opositores políticos apenas hicieron actos masivos los dos primeros días de julio, cuando terminó la campaña electoral.

Obsérvese que el porcentaje de incremento de contagios semanal del 13 de julio, fue casi igual que el 1 y el 22 de junio, y menor que el 15 de junio.  Lo mismo el aumento porcentual semanal de los fallecimientos fue igual el 13 de julio que el 1 y el 15 de junio.

Sobre el toque de queda

 Ahora que parece inminente el restablecimiento del toque de queda nocturno, conviene  advertir que la pandemia creció sostenidamente durante los 100 días que rigió entre marzo y junio, y que el número de detenidos por violarlo, según el reporte policial fue de 92 mil 159 personas, es decir 921 por día, que no alcanza siquiera al 0.1% de la población nacional, si la estimamos en 10.5 millones de personas.

Es una calumnia atribuirle a la población, como se ha hecho sin fundamento, la responsabilidad por el incremento de la pandemia, sobre la base de que no respetó el toque de queda nocturno. Es necesario entenderlo para no  cifrar demasiado esperanzas en su restablecimiento, si se evade el problema fundamental que son las actividades diurnas de subsistencia de los trabajadores informales, el 57% de los empleados, la mayoría de los cuales se buscan la alimentación día a día.

Sin duda que al reanudarse las actividades se acentuó la expansión, pero eso era previsible y la responsabilidad es de quienes no adoptaron las disposiciones necesarias para mitigarlo. Fue visible que desde dos semanas antes del inicio de la desescalada, los chiriperos se amontonaban en los mercados para luego salir a distribuir alimentos por todas las ciudades. Las calles se llenaron de automóviles y nadie impidió que se metieran hasta 6 personas en los carros de concho, y no guardaban distancia tampoco en minibuses ni en las paradas.            

Los medios informativos también documentaron gráficamente que ni en los repartos de alimentos y donativos del gobierno y su candidato presidencial se guardaba distancia ni se utilizaban mascarillas. Y cuando se entregaban los subsidios de las viejas tarjetas y los provocados por la emergencia, los beneficiarios saturaban los establecimientos comerciales sin que se hiciera esfuerzo por organizarlos.

La agonía de las pruebas   

La curva siempre ascendente de contagios y fallecimientos muestra un fracaso desde la fase inicial. Se desperdició la oportunidad de estrangular el virus durante los más de dos meses de confinamiento y los 100 días del toque de queda. Si las estadísticas de ese etapa no son más escandalosas es porque se hacían muy pocas pruebas, con promedio diario de 903 hasta el 16 de mayo, que ya el 15 de junio casi se habían duplicado a 1,917 y que en desde el 1 de julio promedia unas 2,400 por día.

 Las pocas pruebas no permitieron identificar con tiempo a miles de contagiados que por lo mismo, se convertían en vehículo de difusión. Y todavía esta semana, en el quinto mes del Covid-19, hay que esperar hasta 5 días para conseguir un laboratorio que las haga y oteros tanto para obtener los resultados. En estos días se anunció que pronto instalarán un laboratorio con capacidad para procesar otras 2 mil pruebas diariamente.

Por igual aún se escuchan quejas del personal sanitario por ausencia de equipos de protección para dar la asistencia. El personal del hospital Estrella Ureña de Santiago protagonizó esta semana una protesta para que no les manden contagiados, por temor a que afecten los pacientes allí recluidos por diversas causas, especialmente las parturientas, que es su principal especialidad.

Ya pasan del 80% las camas destinadas a pacientes del Covied-19 que están ocupadas, y todos los días se anuncia que habilitarán otras, mientras los hospitales están saturados por los que buscan asistencia por las enfermedades normales. Si antes de la pandemia estaban llenos, no debe ignorarse que después de la contención de meses, se hayan acumulado los reclamos de servicios de antiguos y nuevos enfermos de todo género, a los que se suman los del día a día.

Contaminaron la batalla     

Es fácil echar la culpa a la supuesta indisciplina de la población, desconociendo las características del empleo nacional y las condiciones de vida de la gente, cuando ni en muchos hospitales hay agua corriente y falla la electricidad, y gran parte de las viviendas son inhabitables a las temperaturas de estos meses, de hasta 32 grados centígrados. Pero la realidad es que las autoridades gubernamentales no escucharon la advertencia del director de la Organización Mundial de la Salud, de que evitaran politizar la pandemia, y contaminaron el campo de batalla.

Desde el comienzo vieron  el coronavirus como “una oportunidad para mejorar el posicionamiento de sus candidaturas” para las elecciones presidenciales y congresuales. Privilegiaron los negocios con licitaciones de horas y dos o tres días, otorgadas en muchos casos a empresas adhoc de vinculados y evadieron las compras directas que mandaba la emergencia, a empresas de zonas francas y de gobierno a gobierno. Ahí está el testimonio, ratificado esta semana por Teleantillas, del presidente de la Cámara de Comercio Dominico-China, Roberto Santana,  de que ni le respondieron una propuesta de buscar un acuerdo con el gobierno de China para traer cargueros con equipos, materiales  e insumos para combatir la pandemia.

Por demás, las autoridades fueron más eficientes en el reparto de ayudas, en subsidios y alimentos, que en la contención de la expansión del virus, esperando rentabilidad electoral inmediata, que no consiguieron. En el programa “quédate en casa” incluyeron 1 millón 500 mil, 866 mil en el subsidio a empleados suspendidos, y 200 mil trabajadores independientes, que totalizaron 2 millones 566 mil personas, un tercio de los empadronados para los comicios, y 44%  sumados los 700 mil asalariados del Estado.

Toda una nueva estrategia

Superado el desafío institucional de las elecciones y elegido un nuevo gobierno, es urgente establecer toda una nueva estrategia para contener el Covid-19, que ya casi cobra un millar de vidas y casi 50 mil contagiados. En esa dirección deberá ir el esfuerzo de los comisionados del presidente electo para coordinar la lucha contra la pandemia junto al equipo saliente, pues sería irresponsable esperar el mes que queda de transición.

Deberán suplir la mayor deficiencia que ha tenido la estrategia de combate, que es el involucramiento de toda la población en la batalla. Medina se negó a consensuar no sólo con las fuerzas políticas en finales de una campaña electoral, sino con el resto de la sociedad. Hay que incorporar los gremios profesionales y las entidades privadas del sector salud, a los ayuntamientos y las organizaciones comunitarias y juntas de vecinos.

Y desde luego, buscar donde sea y a la mayor brevedad, con el poder del Estado, y sin intermediarios, los equipos, medicamentos e insumos imprescindibles, en China y Rusia, donde hay disponibles, y hasta en España que finalmente parece haber parado la expansión del Covid-19. De nada servirán otros 45 días de emergencia, ni el toque de queda, si no se va a lo fundamental. Hay que reconocer que cada día parece más cuesta arriba la batalla, pero hay que desatar una nueva sinergia para ganarla.- .

¿Que por qué perdió el PLD?

El PLD perdió las elecciones porque no resolvió uno solo de los grandes problemas nacionales en 20 años de gobierno, ni siquiera el del transporte donde hizo gran inversión, ni mejoró la educación su principal renglón en los últimos 8 años

Por Juan Bolívar Díaz

Ha sorprendido sobre manera percibir a respetados comentaristas y cientistas sociales expresando sorpresa de que el Partido de l liberación Dominicana (PLD) pudiera perder las elecciones, lo que implica una subestimación horrible de la inteligencia de la ciudadanía, y una sobreestimación del poder coercitivo del Estado y de las migajas que se dejan caer de la mesa de la abundancia y la corrupción.

Hay quienes atribuyen el resultado electoral simplemente a la división del partido convertido en corporación, dominante de casi todo el Estado y de una significativa parte de las entidades privadas y hasta del segmento integrante de la inteligencia nacional. Es obvio que la división contribuyó a la derrota, y que unificado el partido morado hubiera tenido un mejor desempeño, sin duda para provocar una segunda vuelta, pero igual sería vencido.

Desde que Danilo Medina secuestró el PLD, amparado en el poder estatal, para hacer lo que nunca se ha hecho en la nefasta historia del reeleccionismo, dos reformas constitucionales consecutivas para mantenerse en la presidencia, quedó pintado que la sociedad dominicana no lo iba a asimilar y que el PLD se iba del poder. Quedó escrito en nuestros análisis sabatinos de HOY.

Lo diagnosticamos desde que en mayo del 2018 un grupo destacado de profesionales y activistas sociales iniciamos el esfuerzo por unificar la oposición política bajo un programa mínimo que denominamos “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional”, elaborado durante varios meses, sometido a consideración de grupos sociales en decenas de ciudades del país, Nueva York y Miami, hasta su proclamación en noviembre.

Desde enero del 2019 empezó el esfuerzo por convencer a los partidos de oposición de que nadie desplazaría por sí solo al PLD del poder, ni siquiera todos los partidos juntos, sin la incorporación de las amplios segmentos sociales que acababan de mostrar la fatiga nacional del PLD, cuando cientos de miles protagonizaron la Marcha Verde. Que este movimiento que sacudió el régimen en el 2017, estaba en declive a mitad del 2018, porque su gran diversidad le impedía prolongarse indefinidamente, pero sus energías flotaban en el aire.

La estrategia fundamental era capturar esas energías y convertirlas en fuerza electoral, lo que chocaba con los sueños revolucionarios de viejos izquierdistas que pretendieron que podrían trocarla en motor de una revolución. Salimos a buscar sus principales cabezas, tanto en la capital y Santiago como en las principales ciudades. Sólo una parte se incorporó activamente al proyecto político, pero la mayoría lo vio como una posibilidad de cambio.

Ya en febrero del año pasado logramos instalar una mesa de concertación a la que invitamos a todos los partidos de oposición. Desde el primer momento los precandidatos y líderes del PRM se enamoraron de la idea de constituir no sólo una gran alianza política, sino una coalición político-social, que generara sinergias suficientes para producir la avalancha que arrasaría con la vergüenza en que se había constituido el PLD.

Entre los más entusiastas estaba el PRSC, pero luego pidió “una pausa de reflexión” y no volvió. La Coalición quedó constituida con 7 partidos, sin lograr que se sumara Alianza País, aunque sensibilizada para luego acordar alianzas parciales en varias provincias, a lo que también concurrieron los partidos minoritarios que terminarían proclamando la candidatura de Leonel Fernández. Su recién constituida Fuerza del Pueblo participaría de las alianzas locales “para que el PLD no quedara con el control del Senado y frenara los cambios necesarios”.

Todos coincidieron en un protocolo para defender la institucionalidad democrática, firmado tres días antes de las frustradas elecciones municipales de febrero.

Firmados sus ”Lineamientos Básicos” el 23 de noviembre, la “coalición Democrática por el Cambio” impulsó la resistencia activa de toda la oposición a la reforma constitucional de Danilo, y protagonizó una manifestación unitaria ante el altar de la patria el 23 de febrero tras el aparatoso fracaso de la elección municipal. La avalancha siguió creciendo, impulsada por los jóvenes de la Plaza de la Bandera, entre los cuales se contaron los activistas de la Marcha Verde y de la coalición político-social.

El PLD perdió las elecciones porque no resolvió uno solo de los grandes problemas nacionales en 20 años de gobierno, ni siquiera el del transporte donde hizo gran inversión, ni mejoró la educación su principal renglón en los últimos 8 años, menos la salubridad, ni la energía. Porque se agravaron la inseguridad, la inmigración descontrolada, y sobre todo la corrupción y su descarada impunidad. La avalancha político social lo arrasó.-    

Si no manipulan las estadísticas, hay retroceso frente al Covid-19

Declaraciones del Ministro de Salud Pública aumentan la percepción de que están manipulando las estadísticas relativas al Covid-19 en el país, con fines electorales, tras una semana que registra un incremento del 69% en el promedio diario de fallecidos

Por Juan Bolívar Díaz

La suspensión el miércoles del inicio de la tercera fase de la reactivación al cumplirse tres meses del inicio de la emergencia nacional por el coronavirus, no pareció suficientemente fundamentada pero sí contradictoria con los anuncios de inicio de vuelos internacionales y operaciones turísticas para el primero de julio, despertando temores de manipulación política.

La suspensión se produjo en medio de la peor semana, desde mediados de abril, en la expansión de la pandemia, elevando la tasa de fallecimientos promedio de 5.9 a 10 por día, aunque los contaminados se mantuvieron con un ligero descuento, con una reducción del promedio diario de 365 a 357. El 12 de abril marca el récord de fallecimientos con 38.

Congelada la fase tres

El Gobierno sorprendió la noche del martes 16, cuando el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo anunció la suspensión del inicio de la tercera fase de la reactivación nacional aduciendo que entre la primera y la segunda se había producido un fuerte retroceso con un aumento significativo de los contagios, que habían pasado de unos 350 hasta 500 diarios. Señaló un aumento en la ocupación de las camas en los hospitales y en las unidades de cuidado intensivo.

La información produjo impacto, temiéndose un retroceso, más aún cuando los funcionarios lo atribuyeron a que la población le había perdido el miedo al Covid-19. Dejó en suspenso la autorización a las empresas que tienen hasta 50 empleados para reanudación total, y las que superan los 50 que iban a elevar la empleomanía  hasta el 75%. Los servicios religiosos serían en la terera fase hasta tres semanales.

El acontecimiento fue percibido como un fuerte tropiezo en momentos en que se anunciaba el reinicio de operaciones en los aeropuertos de Punta Cana y Punta Caucedo, y que el sector turístico presentaba al gobierno un protocolo para iniciar la reactivación de ese sector fundamental de la economía nacional.

Sin suficiente fundamento

Sin embargo, la revisión de las estadísticas contenidas en los boletines diarios del Ministerio de Salud Pública no arroja suficiente fundamento, o deja como precipitada, la suspensión de la fase tres, sobre todo cuando en los días siguientes el Gobierno no ha implementado ningún cambio significativo en la prevención, más allá del anuncio de que “apretará” en la exigencia del uso de mascarillas, guardado de distancia y lavado de manos, lo que se recomienda desde el inicio de la emergencia. No ha pasado de amenaza el que sancionarán a quienes no lleven mascarillas, temiéndose que será más difícil lo de guardar distancia, cuando se ha seguido permitiendo cinco y seis personas en los carros de transporte, las aglomeraciones en los mercados y paradas de autobuses y en los repartos de los programas sociales.

Cuando se hizo un análisis de los primeros 59 boletines, comparado con los resultados de los 29 siguientes, hasta el número 88, que incluía los primeros 26 días de la reanudación, fases 1 y 2, se pudo establecer que sólo el promedio de contaminados por día había aumentado significativamente, pasando de 208 a 365, no a 500 como dijo Montalvo, y  en gran medida porque las pruebas realizadas se incrementaron más de 100%, de 903 a 1,917 en promedio diario. Con  una tasa de positividad de 18.2, se registraban 185 contaminados más por día. Tampoco había saturación de los hospitales, porque el miércoles el director del Sistema Nacional de Salud situó la ocupación en 48%,  y un boletín del Ministerio de Salud marcaba 51%. Los enfermos en cuidados intensivos se mantenían exactamente en  la misma cantidad, 145.

Entre los dos períodos, la proporción de fallecimientos diarios se había reducido de 7.3 a 5.9, la tasa de letalidad, o proporción de fallecidos en relación a los contaminados, había bajado de 3.5 a 2.6, y el promedio de recuperados subió de 47 a 60% de los contaminados, mientras la positividad de las pruebas realizadas había descendido de 20.8 a 18.2%.

Se disparan las alarmas

Hubo una razón para que en esta semana se dispararan las alarmas: los fallecimientos por el Covid-19 se incrementaron 70% en el promedio diario, que pasó de 5.9 a 10 en la semana del sábado 13 hasta ayer viernes 19, inclusive. Aunque ese incremento no ha elevado todavía la tasa de letalidad que sigue en 2.6%.

 Una declaración el miércoles del Ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, contribuyó a fortalecer las versiones que circulan hace semanas de que el Gobierno manipula las estadísticas en función del interés político. Por ejemplo que el domingo 17 de mayo, cuando el presidente Medina iba a cantar victoria sobre el Covid-19, el boletín oficial de ese día no registró ni un fallecido. Pero en los días que se buscaba mantener las medidas de excepción que limitan la campaña electoral, sobre todo de la oposición, se dispararon las cifras. Ya en otro discurso, el 17 de abril, el mandatario había sostenido que se estaba alcanzando la meseta o aplanamiento de la línea ascendente de los contagios, lo que ahora indicaría un fracaso.

Al responder una pregunta en su diaria rueda de prensa, el ministro Sánchez dijo que clínicas y hospitales tardan en reportar las incidencias. “No es posible que los reportes se estén tardando, uno, dos y tres meses, en reportes de casos que sean obligatorios, incluyendo las defunciones” y prometió medidas drásticas. Ayer viernes el funcionario se retractó, aduciendo que “esencialmente lo que estamos hablando es de otras enfermedades”. Enredado en sus propias palabras añadió que “hay centros privados y clínicas que  están tardando uno o dos días, y hay algunos casos excesivos que han alcanzado un mes”.

Temores de manipulación

La pretendida rectificación del ministro contribuyo al escepticismo sobre el manejo de las estadísticas, porque los retrasos, aunque sólo algunos sean de un mes, impiden ver con certeza cuándo se produjo el contagio o el fallecimiento, pudiendo alterar los de una semana o mes, hacia arriba o hacia abajo. También facilitan la discrecionalidad de determinar, en función de la conveniencia, cuándo se publica una información llegada con mucho retraso  

Otro factor contribuyente a los temores de manipulación es que en las últimas dos semanas aparecen en los boletines unas “Notas Técnicas” que antes no se incluían y que sugieren un cambio de metodología. La segunda de esas notas indica que “una defunción confirmada o probable” se notifica en plazo de 72 horas. La tercera habla de “total de casos positivos o probables de Covid-19”  y la última se refiere a “casos positivos o probables de Covid-19 pendientes de verificación territorial”. Probable y pendiente de verificación parecen elementos subjetivos

Semanas atrás se cuestionaban los boletines porque no incluían fallecidos sospechosos del coronavirus, si no se le había hecho la prueba, en una primera etapa en que  ni siquiera había suficientes insumos para hacerlas. Aunque todavía esta semana el Ministro de Salud se quejó de que el Laboratorio Nacional no puede procesar todas las pruebas necesarias porque los insumos  se le suministran “a chorritos”.

Desincentivo a la votación

La difusión de una campaña visual en las redes sociales con el logo de la Presidencia de la República ha fortalecido la convicción de los opositores de que estaría en marcha una campaña para intimidar s los electores. Es grotesco que en una se utilice una carabela y en otra una tumba para advertir que “el Covid mata”. Esa línea gráfica llamó la atención de los expertos en comunicación y fue exhibida repetidas veces por televisión y cuestionada en las redes.

 Se cree que la alarma difundida procuraría provocar abstención, sobre todo en las clases medias que son más celosos de su seguridad y salud, donde se aprecia el mayor porcentaje de insatisfacción con el gobierno. Esos sectores son también más difícil de acarrear a las urnas por dádivas, presiones o engaños.

Para las elecciones municipales del 15 de marzo, cuando la mitad de la población no concurrió a las urnas, se criticó que el Gobierno anunciara  el aislamiento del país, con el cierre total de puertos y aeropuertos a causa del coronavirus, a las 7 de la noche de la víspera, a 11 horas del inicio del sufragio, cuando no se perdía mucho con esperar que concluyera. Se cree que eso contribuyó a la baja votación,  que en la provincia de Santo Domingo no alcanzó el 40%, y apenas esa cifra en el Distrito Nacional, Santiago y otros grandes centros urbanos, mientras en las provincias de la pobreza, y en las más alejadas, votaban hasta sobre el 70%.

Temiendo que el temor reduzca la votación, los partidos opositores han iniciado una campaña tendente a convencer a los electores de que si ya hacen vida casi normal, incluyendo filas en los mercados, bancos y establecimientos de todo tipo, pueden ir a depositar su voto tomando las medidas precautorias de lugar para legitimar el próximo gobierno. La Coalición Democrática por la Regeneración Nacional entregó una comunicación esta semana a la Junta Central Electoral insistiendo en mayores previsiones para incentivar el voto dentro de la pandemia, como extensión del horario en dos horas, franja inicial para los mayores de edad, eliminación del entintado de dedo y prueba de temperatura para los operarios de los colegios electorales y los delegados políticos.-         

                                                 Boletín 59       Boletín 88      Boletínes  86 al 92

                                                           16 de mayo           15 de junio     19 de junio                 

Contaminados por día                 208                     365               357

Promedio de pruebas                  903                     1,917           1,735

Positividad de pruebas (%)        20.8                      18.2            18.83

Recuperados (%)                           47                         60                58

Fallecimientos                               428                        605          647

Promedio diario fallecidos           7.3                       5.9   10.0

Tasa de letalidad                             3.5                         2.6                 2.6

En cuidados intensivos                 145                        145              167

Elaboración de JBD en base a Los boletines del Ministerio de Salud Pública         

El gobierno busca acorralar a la oposición para reducir la ventaja que registra el PRM

Forzó extender la limitación de tránsito, manifestaciones y reuniones hasta el final de la campaña electoral, aunque el candidato Luis Abinader quedó recluido por el coronavirus cuando las encuestas persisten en ratificarle muy amplia ventaja

Por Juan Bolívar Díaz

El gobierno de Danilo Medina logró imponer en el Congreso un virtual corral a la oposición hasta la víspera de las elecciones del 5 de julio, extendiendo el estado de excepción que limita las manifestaciones y reuniones durante el día y el tránsito  nocturno, con el pretexto del coronavirus, aunque se han reanudado gran parte de las actividades nacionales.

Aunque el candidato presidencial Luis Abinader quedó limitado al contraer el virus, las encuestas siguen alarmando a los oficialistas y las tres últimas conocidas esta semana ratifican la posibilidad de que sea electo en primera vuelta, con muy amplia ventaja para la eventualidad de que se necesite una segunda votación que defina mayoría absoluta.

Imposición sin precedente

El gobierno logró ayer imponer la continuidad del estado de excepción que le permite mantener limitadas las manifestaciones, reuniones y movilizaciones de los dirigentes y activistas de los partidos de oposición por otros 17 días, hasta dos días antes de concluir la campaña electoral el jueves 2 de julio, para las elecciones del domingo 5, sin precedente en la historia política. Como la oposición tiene una precaria mayoría en la Cámara de Diputados, la extensión del estado de excepción falló el miércoles, pero dos días después, en medio de denuncias de intentos de sobornos, lograron que 3 diputados del Partido Reformista Social Cristiano la favorecieran, frustrando la resistencia de los dos principales partidos opositores.

El gobierno desoyó todos los reclamos de que levantara las restricciones a los derechos políticos, ante la inminencia de una elección presidencial y congresual, aunque amparado en la Ley General de Salud pudiera mantener suspendidas las actividades recreativas, bares y restaurantes y colmadones, que son las únicas que siguen restringidas cuando el país lleva más de tres semanas en un proceso de reactivación general.

Las medidas dispuestas por la emergencia sanitaria prohíben todo tipo de reuniones y manifestaciones a cualquier hora, y la reclusión de los ciudadanos a partir de las 7 de la noche, y los domingos desde las 5 de la tarde, lo cual limita hasta las caravanas vehiculares que no romperían las previsiones de distancia por la pandemia. Mientras la oposición y los medios informativos muestran activistas del partido oficialista repartiendo ayudas en horas de la noche hasta con asistencia de las fuerzas de seguridad pública.

Persistente deseo de cambio

El empeño en mantener acorralada a la oposición es relacionado con el deseo de cambio que manifiesta desde el año pasado hasta del 78 % de la población, como registró la encuesta Gallup-HOY de mayo del 2019, y con cifras aproximadas en otras acreditadas, que colocan al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y otros  seis aliados con las mayores posibilidades de encarnarlo.

Una decena de encuestas publicadas ultimamente mantienen las ventajas de Abinader. Esta misma semana se publicaron dos y se conoció una tercera que configuran la posibilidad de que sea electo en primera vuelta y en caso de una segunda, le otorgan  hasta 20 puntos  sobre su más cercano competidor Gonzalo Castillo,  el candidato del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y una decena de aliados.

Las dos encuestas publicadas son de la firma norteamericana Cygnal y del dominicano Centro  de Innovación y Políticas Públicas (CIPP). La primera, contratada por empresarios, fue telefónica entre 1,200 personas, y en su presentación sostiene que fue señalada como la número uno en investigación durante 2018 por el diario The New York Times. Arrojó en primera vuelta 45% para Abinader, 23 a Castillo, 11 a Leonel Fernández y 3 a Guillermo Moreno, pero al restarle los que no votarían o están indecisos, se convierten en 55, 28, 14 y 3% respectivamente. En la eventual segunda vuelta Abinader 55 contra 31 de Castillo.

La del CIPP fue presencial, con 1,200 entrevistados llenando un cuestionario, y arrojó 52 % para Abinader, Castillo 36, Leonel 8 y Moreno 1%. En segunda vuelta el del PRM obtendría 63%, y el peledeísta 33%.

La tercera es reservada, contratada por empresarios, que ya en octubre y enero pasado auspiciaron otras, realizadas por una acreditada firma transnacional, reseñadas en El Tema de HOY. La última, realizada del 4 al 8 de junio, fue también presencial y con muestra de 1,200. En primera vuelta Abinader 52%, Gonzalo 38 y Leonel 9%. En segunda vuelta, el perremeísta ganaría al peledeísta 58 a 38%.

Proceso antidemocrático

Las ventajas que la opinión pública y las encuestas atribuyen a la oposición para los comicios de julio, y que ya se expresaron en los municipales de marzo, se mantienen a pesar de las inequidades de la campaña electoral, especialmente tras la aparición del coronavirus cuando el gobierno ha dispuesto de más de 100 mil millones de pesos para subvencionar sociales, y que ha manejado con inocultable ventajismo político.

 A las persistentes denuncias de la oposición, se suman las de instituciones como Participación Ciudadana que emitió ayer un comunicado expresando “profunda preocupación por las innumerables violaciones a la Constitución y a las leyes en la campaña electoral”, hasta planear que “en este panorama no podremos afirmar que las elecciones nacionales sean libres, democráticas y equitativas como establecen nuestras leyes”.  

La entidad, que lleve un cuarto de siglo observando los procesos electorales plantea que “a pesar de los esfuerzos desarrollados por más de 20 años para adecentar y regular la actividad política en el país, el actual proceso electoral está plagado del mismo comportamiento antidemocrático, inequidad y falta de transparencia que se quiso corregir con la Ley 15-19 del Régimen Electoral”.

Especifica que  su observación del proceso electoral que realiza desde mediados del 2019 “muestra que se han incumplido los preceptos de la democracia y se acrecienta la cantidad de violaciones a las leyes, ante la impotencia de una población que aspira y lucha por una práctica política más decente, equitativa y transparente”. Documenta la participación del gobierno en la campaña, el uso de recursos públicos, la falta de control del gasto que estableció la Ley de Partidos y la inefectividad de la Procuraduría Especial para perseguir los delitos electorales, entre otros aspectos.

Pobre arbitraje electoral

Los abusos del poder gubernamental han sido sistemáticamente denunciados por los partidos opositores que han levantado instancias ante la Junta Central Electoral pidiendo medidas cautelares, por ejemplo la del PRM denunciando que unos 95 candidatos oficialistas no habían tomado la licencia que manda la ley a quienes ocupan cargos ejecutivos en los organismos estatales, incluyendo a la candidata vicepresidencial del PLD, Margarita Cedeño. Sin que la JCE reaccionara, la actual vicepresidenta resignó la dirección de los programas sociales que con la pandemia dispuso ayuda para cientos de miles de personas.

La JCE también se ha quedado corta sobre las solicitudes de disposiciones para dar garantías a la población de que pueda votar sin poner en riesgo la salud, como la extensión del horario, con franja para los mayores de edad, eliminación de entintado de dedos o permitir que el ciudadano pueda marcar la boleta con su propio bolígrafo. A tres semanas de las elecciones aún no ha convocado a los partidos, como dispone la ley, para reestructurar su departamento informático, cuyo titular fue despedido tras la suspensión de los comicios municipales en febrero. Y bajo presión de la oposición  fue que convocó las votaciones en el exterior, que evidentemente no favorecía el gobierno.

Con poco crédito por el fracaso de la elección en febrero, el organismo arrastra un pecado de origen: dos de sus cinco miembros llegaron por ser  dirigentes del PLD y su aliado el PRD, lo que contribuye a su lentitud e inmovilidad. Fue dramática la reciente declaración del vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, quien planteó que  la JCE “es una institución que parecería que está pegada con saliva en la pared, que no tiene una base política, que por eso es que hemos insistido en que debe dejarse acompañar, asistir de los partidos políticos” a lo que no está obligada, pero sí en las actuales circunstancias.

Supremo interés nacional

Cada semana son más dramáticos los vaticinios sobre las repercusiones económicas y sociales del coronavirus en el país, con más de un millón de empleados que fueron suspendidos, déficits que podrían pasar de 250 mil millones pesos este año, con el turismo paralizado y sin perspectivas de recuperación a corto plazo, e incremento de la pobreza, todo lo cual y mucho más genera graves incertidumbres sobre la estabilidad del país.

Con la pandemia aún sin ser controlada, parece más prioritario que nunca que la nación pase la prueba de unas elecciones que legitimen el nuevo gobierno que debe establecerse ya dentro de dos meses. Pero tanto en el gobierno como en sectores de la oposición, del empresariado y en la sociedad en general, hay gente que no termina de hacer conciencia de la necesidad de un mínimo de respeto a la competencia electoral para no generar mayores enconos y confrontaciones que contribuyan a la desestabilización.

No faltan quienes se frotan las manos pensando que la comunidad internacional no estará tan pendiente de lo que ocurra aquí en el proceso electoral, debido a la pandemia universal. Como si la principal responsabilidad no fuera con los más de 11 millones de dominicanos, incluyendo a la diáspora que ha sido fundamental en la estabilidad macroeconómica con los 50 mil millones de dólares que ha aportado en remesas en la última década.- 

                                        Con cuadro en la siguiente página

Resultados en porcentajes de tres encuestas empresariales

   Octubre 2019, enero y junio 2020

                                                       Octubre     Enero         4-8 de junio

Por quién votaría hoy?

Luis Abinader                                                     39%                48%                52%

Gonzalo Castillo                                                 26                    26                    38

Leonel Fernández                                               17                    13                      9

Cómo votaría en segunda vuelta?               

Luis Abinader                                                     59                    61                    58

Gonzalo Castillo                                                 36                    37                    38

Al margen de simpatía, quién cree ganaría?

Luis Abinader                                                     40                    48                    55

Gonzalo Castillo                                                 26                    32                    33

Leonel Fernández                                              21                    11                      7

Por quién jamás votaría?

Luis Abinader                                                       7                    12                    18  

Gonzalo Castillo                                                 21                    26                    32

Leonel Fernández                                               37                    36                    22  

Partido por el que más simpatiza?

PRM                                                                   38                    39                    45

PLD                                                                    37                    36                    36

LFP                                                                       7                    —                       7  

Habrá ganador en primera vuelta?                             59%  SI

El coronavirus será causa para que Ud no vote?       30%  SI           68%  NO

NOTAS:

1.- Elaboración de JBD con los informes finales de las tres encuestas, realizadas por una firma internacional contratada por empresarios.

2.- De las dos primeras se dio cuenta en El Tema de Hoy, del 2 de noviembre y del 1  de febrero pasados.

3.- La de este junio es de las dos primeras encuesta que se hacen presenciales después de la pandemia, con muestra de 1,200 entrevistas.

Ya no se discute la elección en julio y hasta en el exterior se abre paso

Todavía ayer se batallaba en España, donde a última hora se aseguraba la votación dominicana, para alcanzar el 85% de 595 mil 879 empadronados en el exterior, con la JCE imprimiendo boletas, pero sin reestructurar su clave departamento de Informática

Por Juan Bolívar Díaz

Con gran parte de las actividades nacionales reanudadas y estabilizada la expansión del coronavirus, ya no se discute que la nación celebrará las elecciones presidenciales y congresuales el 5 de julio próximo y la Junta Central Electoral avanza en el calendario de ejecución, aunque le falta la reestructuración del clave departamento de Informática.

El esfuerzo de las comunidades en el exterior también abre paso al voto de la diáspora, asegurado ya para el 85% de los empadronados, faltando New Jersey, Washington y Holanda, y apenas ayer se lograba en España, donde pedían una prórroga por dos días del plazo, para ubicar 9 de 58 mesas en Madrid y las de Asturias, ya con autorización sanitaria.

Camino a la normalidad

 Con la mayor parte de las actividades en camino a la plena normalización y estabilizada la expansión del coronavirus, la población aprende a vivir con la pandemia y crecen las perspectivas para el éxito de las elecciones presidenciales y congresuales reprogramadas para el 5 de julio, hasta el punto que ya no se discute en los medios si podrán ser celebradas en esa fecha.

Es significativo que el miércoles arrancó la segunda fase de la reactivación, que proseguirá con una tercera el día 17, programándose la normalización total para cuatro días antes de las elecciones. Aunque quedan pendientes las actividades docentes, de hoteles, restaurantes y bares, deportivas, artísticas y sociales, en las jornadas diurnas las ciudades alcanzan casi la normalidad, con los habituales taponamientos del tránsito, especialmente en las entradas y salidas de las urbes  y los suburbios.

También es relevante que a pesar de las aglomeraciones, especialmente en el transporte, los mercados y el pequeño comercio, el crecimiento de la pandemia ha mantenido estabilidad, con un incremento de 323 contaminados y 5 fallecimientos en promedio diario durante los 17 días de reactivación. Y la última semana, hasta ayer viernes, el promedio de contaminados por día se redujo a 257, y los fallecimientos a 4, claro indicativo de mejoría.

Resalta que la mayoría de las contaminaciones siguen concentradas en el gran Santo Domingo, que ayer registraba el 64% de los que estaban en cuidados intensivos. El 75% fallecen en la gran urbe y 9 provincias. Ese mismo promedio de los contaminados se han registrado en el DN y 5 provincias, mientras en otras 12 provincias apenas llegaban al 1.5%. Eso implica que en gran parte del territorio la incidencia de la pandemia no debería afectar la concurrencia a las urnas.

Tareas pendientes en JCE

 La JCE ha dado pasos decisivos en la actualización del calendario de acciones preparativas para los comicios, incluyendo la impresión de las boletas y la adquisición de los materiales, incluidos los del necesario saneamiento de los locales e instrumentos de votación, así como para el personal operativo. El director nacional de elecciones dio seguridades de que disponen de los 80 mil que integrarán los 16 mil colegios electorales, y que tienen suficientes reservas para sustituciones. Pero no dijo qué proporción de los mayores de 65 años han declinado, ni si están consultando su disponibilidad.

Una de las cuestiones más delicadas que tiene pendiente la JCE es la reestructuración de su departamento de informática, imperativa después del fracaso de los comicios municipales en febrero y los informes técnicos de expertos internacionales que lo atribuyeron a la programación electrónica y su operatividad, lo que generó la cancelación de su director, Miguel Angel García. De acuerdo a la ley electoral esa tarea tiene que hacerse en consulta con los partidos, algunos de los cuales han pedido una reestructuración más allá del cambio de director.

El organismo electoral también tiene pendiente responder instancias de los partidos que han solicitado medidas adicionales a las ya adoptadas para garantizar la salubridad en los locales electorales, como la extensión en 2 horas del horario de votación, una franja inicial para los mayores de 65 años, que son más de 1 millón 800 mil, supresión del entintado de dedos y prueba de temperatura a los operarios de los colegios y delegados de partidos. También se ha sugerido que se permita que los electores usen bolígrafo propio para marcar las boletas y no tener que usar uno colectivo.

El voto de la diáspora

 Se avanzó definitivamente en la preparación de la votación en el exterior, para lo cual ha sido necesaria la aprobación de las autoridades de 18 países donde hay 595 mil 879 ciudadanos dominicanos empadronados. Ayer el delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la JCE, Orlando Jorge Mera, aseguró que sólo faltaban por aprobar la votación por las autoridades de New Jersey, Washington, Holanda y España, pero en la tarde se informó desde Madrid que también allí se habían superado las dificultades, lo que implicaría que el 85% de los empadronados en el exterior podrían votar. De estos el 12.8% corresponden a New Jersey,  que pudieran ser autorizados a sufragar en Nueva York, del cual sólo los separa un puente.

Lo de España fue una agonía contra el tiempo, ya que la funcionaria de la JCE en Madrid insistía en que anoche concluiría el plazo para arreglar las posibilidades de votar en julio 5. Al igual que en Estados Unidos, donde el senador Adriano Espaillat y los dirigentes de la comunidad  fueron clave para lograr la autorización de las autoridades, en España todavía ayer dirigentes de las organizaciones sociales y los partidos batallaban al respecto.

 Al caer la tarde habían logrado la aprobación de las autoridades de salud y sólo les faltaba conseguir locales para  algunos colegios en Asturias, y para 9 de los 58 que operarán en Madrid donde hay 37 mil 595 electores. En toda España suman 82 mil 893, incluyendo los 29 mil 298 registrados en Barcelona. Pedro Alvarez, un dirigente del gobernante Partido Socialista Obrero Español, casado con la dirigente  social dominicana Bernarda Jiménez, aseguró que se habían conseguido locales para la votación dominicana con su partido, asociaciones de inmigrantes y centros culturales, y que incluso pagaron los seguros por riesgos de daños.

En el país han sido los partidos de oposición los que más han presionado para que se busque la forma de garantizar el voto de la diáspora que representa el 8% del padrón electoral. Todavía esta semana el dirigente del PRM Eddy Olivares, un ex titular de la JCE, acusó al canciller Miguel Vargas Maldonado de negligencia en la gestión de las autorizaciones para la votación en el exterior, indicando que las embajadas y los consulados no han hecho los esfuerzos.

Corta campaña electoral

La  campaña electoral, de acuerdo a la ley, concluye el jueves 2 de julio, para lo que ya restan sólo 4 semanas menos dos días. Será la campaña electoral más corta de la historia nacional, lo que se ha considerado en detrimento de la oposición política, porque es en las calles y plazas públicas donde ésta tiene más posibilidades de competir con los abundantes recursos del partido gobernante.

Al gobierno se le ha acusado de pretender mantener lo más posible el estado de excepción que limita la circulación y las actividades masivas, incluso con toque de queda nocturno, que no respetan los activistas del partido gobernante. Al mantener el toque de queda desde las 5 de la tarde de los domingos, han afectado las actividades de los fines de semana.  Se da por hecho que el estado de excepción concluirá el próximo viernes 12, y que el gobierno no pretenderá extenderlo hasta los mismos comicios. Sólo restarían tres fines de semana para las mayores actividades proselitistas.

La desigualdad ha vuelto a ser características de esta  campaña electoral, con un candidato oficialista sustituyendo al Estado en la provisión de equipos y suministros para enfrentar la pandemia, con flotillas de aviones, helicópteros, camiones y otros vehículos, con la mayor proporción de la publicidad por todos los medios, altos funcionarios en labores proselitistas, y miles de comunicadores y comentaristas pagados por el Estado.

De nada han valido los reclamos opositores, por ejemplo, para que la candidata vicepresidencial tome licencia de su cargo de directora de los programas sociales de subsidios, duplicados por la pandemia, que la han hecho vocera de la asistencia a cientos de miles de personas, pronunciando discursos por cadenas de medios oficiales.

De nada han servido las nuevas regulaciones electorales contenidas en las leyes de partido y del Régimen Electoral aprobadas en los dos últimos años. Como tampoco los principios constitucionales de equidad, objetividad, y transparencia en las competencias electorales. Pocos se acuerdan que la ley electoral instituyó una procuraduría fiscal para perseguir los delitos electorales, que ha brillado por su silencio.-                

Encuesta Penn apunta a doble votación y ratifica a Abinader como el favorito

La encuesta de Mark Penn sacude los ámbitos políticos, con resultados estrechos de cara a la elección presidencial,  con el 50% de las preferencias en la oposición, dejando a Leonel Fernández en posibilidad de decidir, pero con dudas al ser telefónica       

   Por Juan Bolívar Díaz

La encuesta Mark Penn/Stagwell sacudió esta semana los ámbitos políticos, al arrojar un alto crecimiento de la candidatura presidencial del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que recibe un aliento que parecía necesitar, aunque deja dudas por haber tenido una muestra de sólo un millar de cuestionados por la insegura vía telefónica.

La investigación plantea un escenario de doble votación y ratifica a Luis Abinader, del Partido Revolucionario Dominicano (PRM) como el candidato de mayor preferencia para convertirse en el próximo presidente, dejando al expresidente Leonel Fernández con la posibilidad de negociar para inclinar la balanza.

El más estrecho resultado

La encuesta Penn, que auspicia el informativo SIN, sorprendió esta semana con los resultados más estrechos arrojados por las investigaciones de mayor credibilidad, provocando intensos debates y dejando algunas dudas porque por primera vez esa firma se vale de la vía  telefónica, más vulnerable por la alta proporción de personas dependiendo actualmente de la ayuda gubernamental y con una muestra de sólo 1020 entrevistas.

Para la votación del 5 de julio, el resultado fue un virtual empate técnico entre el favorito Luis Abinader y Gonzalo Castillo del partido gobernante, con preferencias de 39 y 37%, dejando en tercer lugar, con 10%, al expresidente Leonel Fernández, candidato del nuevo partido Fuerza del Pueblo (FP), y con un alto 13% de personas que no respondieron. Tal resultado remite a una segunda votación, que se realizaría a fin de julio, en la cual, según la misma encuesta, Abinader obtendría un 46% y Castillo 42, todavía con un alto 12% que no sabe o no responde por quién votaría.

 Abinader mantiene las mayores posibilidades de crecer porque es el candidato de mejor tasa de favorabilidad en la misma encuesta entre todos los candidatos presidenciales, con una opinión favorable de 57% y desfavorable de 35 para un balance neto positivo de 22, mientras Castillo registra favorabilidad de 50 con 44% desfavorable, para un neto de sólo 6. Fernández aparece con un  neto negativo de 15 puntos, 3 más que Guillermo Moreno, el cuarto candidato presidencial, del partido Al País, que aparece con 12.

En relación a la anterior encuesta de Penn, publicada en enero, resalta que Gonzalo Castillo creció 9 puntos, al pasar de 28 a 37% en las preferencias para próximo presidente, mientras Abinader cayó 4 puntos, de 43 a 39%. Las preferencias por Leonel Fernández se redujeron de 19 a 10% y las de Moreno de 3 a 1%, configurando una progresiva bipolarización.

Las otras encuestas

Una hipótesis válida es que el crecimiento de las preferencias por la candidatura oficialista de Gonzalo Castillo ha sido generado por el inesperado coronavirus.  Otras dos encuestas acreditadas también dieron mayores ventajas a Abinader antes de la aparición de  la pandemia. La Gallup-HOY en enero le otorgó 42% frente a 31 de Castillo y 16 de Fernández, y la Greenberg-Diario Libre en marzo lo colocó ganador en primera vuelta con 52%, dejando a los oteros dos en  24 y 17%.

En los ámbitos del PRM rechazan enfáticamente el balance arrojado por la Penn, basados en sus propias investigaciones, especialmente las del Centro Económico del Cibao (CEC) en las que han mantenido una victoria en primera vuelta. La última de esta misma semana arrojó 54%, frente a 39 para Castillo y 10 para Fernández. Pero esta es ahora telefónica. Las de esa firma, dirigida por el sociólogo Leonardo Aguilera, fueron acertadas al adelantar con bastante aproximación la victoria del PRM en las elecciones municipales de marzo en el DN, Santo Domingo Este y Oeste, La Vega, Puerto Plata, Higuey, San Pedro de Macorís y otros municipios.  No le dieron ganancia en Santiago, Santo Domingo Norte o en Moca, donde efectivamente perdieron.

Otras encuestadoras, como la ASISA,  ABC Marketing, Estudios e Investigaciones Profesionales Grupo de Investigación y Desarrollo Lerebours también han otorgado amplias ventajas en mayo a la candidatura perremeísta. Mientras la Mercadología de Dorín Cabrera, difundida esta semana por el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, arrojaba una amplia ventaja para la del PLD de 46.9 a 36.7, con sólo 9.5 para FP. Pero esta encuestadora dio ganadores a los candidatos peledeístas en el DN, SDE, SDO y en otros municipios donde la oposición obtuvo más del 50% en marzo.   

Las encuestas telefónicas  

Las encuestas de Mark Penn son de las más acreditadas del mercado nacional y se realizan desde hace 4 décadas, con muchos más aciertos que fallos, pero siempre se habían hecho con una muestra territorial, y en persona, por segmentos económico-sociales, edad y sexo. Así fue la de enero, pero ahora por vía telefónica, que no ofrece la misma garantía, aunque en ambos casos se indica el mismo margen de error, de 3%.

La ficha técnica de ahora indica que se comprobó en el padrón electoral que el dueño del teléfono por donde se hizo la entrevista está registrado en el lugar seleccionado como muestra. Sin embargo, no puede haber la misma garantía de que quien responda sea el dueño efectivo. Pero sobre todo que las respuestas sean sinceras, por la altísima proporción de personas que por la emergencia del coronavirus están recibiendo subsidios del gobierno, cientos de miles dependientes del plan social que dirige la vicepresidenta Margarita Cedeño, a la vez candidata vicepresidencial del partido oficialista.

A diferencia de las encuetas personales, donde el entrevistador puede mostrar identificación, y vérsele la cara, por teléfono el receptor no tiene ninguna forma de saber si quien le interroga es un encuestador o agente de un partido o de una agencia gubernamental, por lo que puede optar por ocultar su preferencia. Aún antes de la emergencia sanitaria, el 8 de febrero, “El Tema de Hoy” presentó un cuadro demostrativo de que el 25% del electorado recibía pago mensual del Estado, como empleado o a través de diversos programas de subsidios. Esa proporción se ha incrementado con cientos de miles de personas favorecidas por los programas de emergencia Quédate en Casa y FASE. Eso pudo incidir en que quienes no responden pasaran de 6 a 13% en las dos encuestas Penn. 

El Estado en la campaña

Pero asumiendo como objetivo, el crecimiento de 9 puntos de la candidatura presidencial del PLD, no debería ser sorprendente con todas las ventajas que le ha otorgado el “Estado en campaña”, presidido por Danilo Medina, quien proclamó en discurso público que él ganará las elecciones, aún después de no haber podido ser candidato. El estado de excepción para combatir el coronavirus le ha permitido disponer de más de 100 mil millones de pesos, para asistencia social y financiamientos, de los cuales a junio habrán gastado 57 mil millones, según informo el ministro de Hacienda.

Con recursos ilimitados, flotillas de aviones y helicópteros, así como de camiones y vehículos para desinfectar, Gonzalo Castillo ha emergido como el chapulín colorado de la pandemia. El gobierno le auspició que sustituyera al Estado en la búsqueda, hasta en China, de los primeros equipos y materiales para afrontar la pandemia, igual en el rescate de dominicanos varados en diversos países. Desinfectó y repartió alimentos, mascarillas, gas propano y otros artículos hasta en las horas del toque de queda, mostrado en videos. Sus recursos han alcanzado hasta para regalar y reparar viviendas, que aparecen en su campaña publicitaria. Su gasto en propaganda supera muchas veces la de todos los demás candidatos presidenciales juntos. Empresas asociadas y cotizantes del candidato oficialista han sido beneficiarias de una alta proporción de las Compras de emergencia, en licitaciones cuestionadas,  por velocidad y sobrevaluaciones.

Si se quiere mayor ventajismo ahí está el caso de la candidata a la Vicepresidencia que ha dispuesto ayudas para cientos de miles de personas, en una labor ejecutiva prohibida por la Constitución y las leyes del Régimen Electoral y de Función pública para los candidatos a cargos electivos. De nada han valido los reclamos de la oposición, pues no hay órgano de contención ante la irrupción del Estado en las campañas electorales.      

Con tantas ventajas la candidatura de Castillo debió haber crecido más de los 9 puntos acumulados en los 4 meses de enero a mayo. Faltándole todavía 13 puntos para que pueda alcanzar la mayoría absoluta, apenas a 5 semanas de las elecciones.

Advertencias a la oposición      

El crecimiento de las preferencias por la candidatura oficialista puede haber sido inflado por la desconfianza en la vía telefónica, pero nadie debe dudar que sea objetivo en mayor o menor medida. En lo inmediato tiene un doble efecto, un balón de oxígeno para los dirigentes peledeístas, muchos ausentes de la campaña, incluyendo a figuras relevantes de su Comité Político y a los que disputaron la candidatura presidencial. Mientras por el otro lado, produce desconcierto en los ámbitos opositores, tanto del PRM como de la FP.

Los opositores no deberían permitirse la tentación de la simple descalificación de una encuestadora con suficiente crédito acumulado, y más bien deberían asumir la posibilidad de que el gobierno esté sacando capital electoral de la crisis sanitaria y las necesidades económicas y sociales que ha detonado. Deberían enfatizar las demandas de equidad en la competencia electoral, de transparencia en el gasto público y de cumplimiento de las normativas constitucionales y legales.

Desde luego que eso remite a las debilidades institucionales dominicanas con órganos maniatados por la manipulación del gobierno y su partido y una opinión pública que ve como normales cualquier atropello a la competencia democrática, influida por miles de comentaristas y comunicadores pagados  por nóminas y con la inmensa publicidad estatal.

El sacudimiento generado por la encuesta Penn podría tener como efecto que en el PRM baje un poco el triunfalismo y retome su apelación a la sociedad civil y comunitaria, a los dirigentes sociales, especialmente a los jóvenes que antes de la pandemia protagonizaban en las plazas públicas y las redes. El proyecto de Cumbre por la Unidad y la Recuperación Nacional se inscribe en la dirección correcta, pero requerirán mucho más en esta recta final, siempre contando con que el gobierno manipulará todo lo referente a la pandemia, sin la cual probablemente no se estaría hablando de elecciones.-        

Mejoran las perspectivas para las elecciones del 5 de julio, incluyendo voto en el exterior

Crece el clamor político y social porque se procure viabilizar el voto de la diáspora dominicana, 8% del padrón electoral de julio 5, mientras en Estados Unidos las autoridades adelantan que es posible con las condiciones que impone el coronavirus

           Por Juan Bolívar Díaz

Las perspectivas de realización de las elecciones presidenciales y congresuales reprogramadas para el 5 de julio a causa del coronavirus, parecen más auspiciosas en la medida en que en el país, como en todo el mundo, se reinician las actividades normales aprendiendo a convivir con una pandemia aún sin límite visible.

Incluso crece la posibilidad de que los residentes en el exterior puedan votar, después que autoridades de Estados Unidos, donde está el 75% de los empadronados, ha informado que lo permitirían si los organizadores respetan los protocolos de salud impuestos por la pandemia que sacude al mundo.

Avance hacia las elecciones

 Con el reinicio de la mayoría de las actividades productivas y de la movilización social en una primera etapa que proseguirá al comienzo de junio, han aumentado las expectativas de que las reprogramadas elecciones presidenciales y congresuales puedan  efectuarse dentro de 43 días, el 5 de julio, y así evitar que a la nación le caiga una crisis política- institucional y de legitimidad democrática, encima de la pandemia y sus graves consecuencias económicas y sociales. Desde la oposición política ya se inició una campaña tendente a convencer a la ciudadanía de que si se puede ir a los trabajos, o de compra y actividades bancarias o gubernamentales, también se puede concurrir a las urnas.

 Esta semana la Junta Central Electoral (JCE) se reunió con los partidos políticos para ponderar las posibilidades de implementar el voto en el exterior y emitió tres resoluciones  autorizando veedores de los partidos ante su Dirección de Elecciones y su Centro de Informática, para la presencia de observadores en el escrutinio de los votos y para permitir que el mismo sea grabado, acogiendo demandas partidistas.

Sin embargo, una cuarta resolución ratificó el horario de votación establecido en la Ley del Régimen Electoral, de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sin acoger peticiones de ampliación hasta las 7 de la noche, para espaciar más la presencia de los electores en  los colegios electorales. Tampoco acoge las propuestas de tandas por sexo, para reducir las aglomeraciones en las mañanas, ni de un horario inicial exclusivo para mayores de 60 años. Si la emergencia justificó aplazar la fecha de la votación, establecida en la Constitución, con mayor razón se puede sobrepasar el horario que es sólo de ley. Esas peticiones y un protocolo de higiene y desinfección, persiguen la participación electoral aún con la pandemia. El promedio nacional de votación en elecciones presidenciales es de 70 por ciento, y la legitimidad de las nuevas autoridades podría ser cuestionada si cayera por debajo del 50.  

El voto fuera del país

La posibilidad de que los dominicanos residentes en el exterior, 7.9% del padrón nacional, puedan votar para elegir presidente, vicepresidente y siete diputados estuvo en el centro de los debates de los últimos días, particularmente de los dirigentes del exterior, de los partidos políticos, especialmente los de oposición, y de instituciones sociales, que incluyeron a entidades como Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia, que denunciaron retrasos en los preparativos para organizar los colegios electorales en 18 países y 28 ciudades donde se concentra la diáspora dominicana. El Partido Fuerza del Pueblo y cuatro aliados emplazaron a la JCE a que convoque la votación en el exterior, tras señalar que esta no fue incluida en la resolución que reprogramó las elecciones para el 5 de julio.

 Uno de los últimos reclamos está contenido en la carta del Manifiesto Ciudadano por la Transparencia Electoral dirigida el jueves 21 a los titulares de la JCE, bajo la firma de su coordinar general Hamilk Chahín, del arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Ozoria, de otros dos obispos católicos y un emérito episcopal, así como personalidades evangélicas, empresariales, académicas, sociales y de la comunicación social. Solicitan que en el menor plazo emitan la proclama convocando las elecciones en las circunscripciones del exterior.

“Habiendo quedado establecido que no existe a la fecha ningún impedimento regulatorio de los Estados receptores a la celebración de elecciones presenciales en sus territorios; y siendo el derecho a elegir un derecho constitucional fundamental, que no puede ser conculcado en forma alguna, se impone la organización y celebración de elecciones en el extranjero en la misma fecha que las elecciones nacionales, para que los votos de la diáspora también cuenten a nivel presidencial”, indica la comunicación.

Sospechan del PLD

En los ámbitos opositores se sospecha que el gobernante Partido de la Liberación Dominicana estaría interesado en una nueva posposición de las elecciones, esperando circunstancias más propicias para posicionar su candidatura presidencial, cuando múltiples encuestas siguen indicando que “no acaba de pegar”. Menos interés se le atribuye en el voto de la diáspora, donde surten poco efecto sus políticas clientelares, y recuerdan que en el 2016, el PLD y sus aliados sólo obtuvieron el 40% del voto del exterior, cuando en el país se le atribuyó el 62%. Declaraciones de al menos tres legisladores, un embajador y dos dirigentes peledeístas, además de aliados y comunicadores vinculados, han abonado esa desconfianza.

El PLD esperó más de tres semanas para acoger tímidamente la nueva convocatoria de las elecciones que no se pudieron celebrar el 17 de mayo. Una comunicación a la firmada por el presidente del partido, Temístocles Montás planteó esta semana que se contemple la posibilidad de implementar el voto exterior, y si no es posible, remite a un acuerdo político.

La posibilidad del voto en el exterior se afianzó en los últimos días con la publicación de comunicaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, del gobernador y del alcalde de Nueva York, y del alcalde de Providence, Rhode Island, que coinciden en señalar que no prohíben el voto presencial en sus territorios, si los organizadores se acogen a los soberanos protocolos de seguridad y sanidad determinados por el Covid-19.

Una declaración de la cancillería española fue menos auspiciosa al indicar que “no se puede confirmar en estos momentos la viabilidad de llevar a cabo el voto presencial”, que dependerá de las restricciones sanitarias que puedan estar en vigor para el 5 de julio, pero  precisa que eso se podrá evaluar unos días antes de la fecha. España, como Estados Unidos, dos de los países más afectados por la pandemia, sale progresivamente del confinamiento y reanuda la próxima semana gran parte de sus actividades.

Son casi 600 mil votos

El voto de los dominicanos residentes fuera del país quedó instituido en la reforma electoral de 1997, por la Ley 275-97, y obtuvo categoría constitucional en el artículo 81 de  la Constitución del 2010, y fue ratificado en la Ley del Régimen Electoral del 2019. Se puso en vigencia en la elección presidencial del 2004, cuando votaron 35 mil de 52,440 empadronados. Para el 2012 ya fueron 147 mil 479 los empadronados, para ascender a 384 mil 522 en el 2016, cuando sufragaron 189 mil 27, el 49%.

 Para las elecciones del 2020, se empadronaron otros 211 mil 357 ciudadanos para totalizar ahora 595 mil 879. De ellos 408 mil están radicados en Estados Unidos, que más 39 mil en Puerto Rico, arrojan un total de 447 mil, equivalentes al 75% del padrón exterior. En Madrid hay 56 mil y otros 29 mil en Barcelona, para sumar 85 mil en esa nación, 14%. El restante 11% está registrado en Alemania, Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Francia, Inglaterra y Uruguay. Están distribuidos en tres circunscripciones: la primera abarca Canadá y Estados Unidos, sin la Florida, que está integrada en la segunda con Puerto Rico, las Antillas y América Latina, y la tercera es Europa.    

Ese casi 8% del padrón total de electores dominicanos es una proporción significativa, que supera el total de las 10 provincias nacionales de menor población, por lo que su exclusión de la votación podría constituirse en una fuente de impugnaciones y de cuestionamiento a la legitimidad de los que resulten electos.

Los aportes de la diáspora nacional

El desaparecido líder político José Francisco Peña Gómez fue el primer impulsor de la doble nacionalidad, que logró incluir en la reforma constitucional del 1994, y del voto de la diáspora consagrado por primera vez en la reforma electoral de 1997. Fue también pionero  s en reivindicar la importancia de la comunidad dominicana en Estados Unidos, por su creciente número y sus aportes en remesas al país, incluso al financiamiento de las actividades partidistas.

Desde entonces la comunidad dominicana en el exterior se revaloriza en mayor grado y la mejor muestra es el crecimiento de los empadronados, que ha ido paralelo al de las remesas formales que en la última década se incrementaron en 92%, al pasar de  3,683  millones de dólares en el 2010, a 7,087 millones en el 2019, de acuerdo a los registros del Banco Central. Si se pudieran cuantificar los envíos personales de dinero y paquetes y lo que gastan al venir al país, superarían con mucho los 8 mil millones de dólares, y los 7,500 millones que ingresaron por el turismo el año pasado.

Otra forma de evaluar esos aportes es convertirlos a pesos, y el año pasado a una tasa de 52 por dólar, las remesas por el sistema financiero ascendieron a 368 mil 524 millones de pesos, más del 50 por ciento de todas las recaudaciones fiscales del Estado. Es a esos aportes que se debe atribuir gran parte del mejoramiento del ingreso familiar dominicano, que se traduce en  adquisición y mejoramiento de viviendas y en miles de pequeñas empresas.

 Por esas y otras razones es que los líderes de la diáspora dominicana defienden ardientemente su derecho al voto, especialmente porque siguen atados al destino nacional y no admiten que no se hagan los esfuerzos y acuerdos necesarios para montar las elecciones en el exterior.-

Es inaplazable la reactivación económica y la transparencia del gasto del Gobierno

Aún sin avance en contener el coronavirus, el Gobierno tendrá que disponer esta semana el reinicio de las actividades de la economía formal, con las máximas previsiones posibles, y responder los requerimientos de transparencia del gasto extraordinario.

        Por Juan Bolívar Díaz

A dos meses y medio de la llegada del coronavirus al país y a más de 8 semanas del estado de excepción para combatirlo, los resultados siguen siendo desalentadores mientras cada día crecen los reclamos de reinicio de las actividades de la economía formal, porque la informal sigue rompiendo la cuarentena impuesta.

El Gobierno consiguió lo que la oposición anunció como última prórroga del estado de excepción que ya cumple dos meses, en medio de reclamos políticos y sociales de que rinda cuenta pormenorizada de los recursos extraordinarios que ha dispuesto para subsidios sociales y estímulos financieros.

Resultados inconsistentes

La curva de la expansión del Covid-19 en el país no ha podido ser detenida y muestra inconsistencias en una semana que comenzó con tres jornadas que acumularon 1,253 contagios, entre viernes 8 y domingo 10, para un incremento de 14 por ciento, habiendo alcanzado un pico de 506 en un  solo día, que mostró alivio a mitad de semana al caer tres días seguidos por debajo de 300 casos, para volver ayer sobre los 400.

 No han faltado esfuerzos gubernamentales en las últimas semanas, cuando por fin se ha logrado realizar mayor número de pruebas para detectar el virus y aislar sus portadores, aunque todavía el ministro de Salud admitía que no disponen de los insumos suficientes, pero aun así lanzaron un fuerte operativo de descontaminación en el gran Santo Domingo, que acumula el 47 por ciento y ayer tenía el 51 por ciento de los hospitalizados.

Un nuevo vistazo al récord de la Universidad Johns Hopkins, en el cuadro anexo, permite apreciar que RD se mantiene junto a México y Panamá con los peores resultados frente al Covid-19 entre las 15 naciones más grandes de América Central y el Caribe, donde también se incluye a Colombia y Venezuela, y si se verifica todo el continente, sólo Estados Unidos, Canadá, Brasil, Perú y Ecuador, se agregan con mayor incidencia.

Los registros muestran que la pandemia no ha causado grandes estragos en la región, aún en países más pobres que RD, como Haití, Jamaica y casi todos los centroamericanos, lo que algunos atribuyen a factores climáticos, de población más joven y más acostumbrada a sobrevivir en condiciones precarias de salubridad.   

Sin divisarse el pico

La situación dominicana es de incertidumbre, pues mientras el cuerpo social presenta cada día mayores signos de agotamiento en la cuarentena de dos meses, la representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Mundial, Alma Morales, sostuvo esta semana   que el país “no cumple satisfactoriamente ninguno de los requisitos para descontinuar la cuarentena y retomar la normalidad”. No advierte que se esté aplanando la curva, con inconsistencia en los resultados que varían por semanas. 

Esas consideraciones siguen en la cuenta del Gobierno que por primera vez se abrió a consultar con las organizaciones empresariales, sindicales y religiosas, sobre el curso a seguir, presionado por las demandas de reactivación económica provenientes de los más diversos sectores sociales. Pero los gobernantes persistieron en ignorar a la oposición política, a semanas de unas elecciones para renovar el Gobierno, lo mismo que a los gremios de la salud y a entidades como la Alianza por el Derecho a la Salud, que agrupa medio centenar de organizaciones que trabajan en el sector a nivel nacional.

Todos los sectores consultados se debatieron en la disyuntiva de continuar la cuarentena por tiempo indefinido o reiniciar las actividades económicas. Pero en general prevalece el criterio de que ya urge planificar la reapertura con las mayores previsiones para evitar una mayor expansión de la pandemia.

Hay fuertes advertencias

Si no fuere suficiente el incremento día a día de las actividades comerciales informales y el movimiento vehicular, incluyendo ya los normales taponamientos del tránsito,  las autoridades han empezado a recibir advertencias más fuertes, como las formuladas por asociaciones empresariales nacionales. Ayer el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, amenazó con reabrir sus operaciones la próxima semana.

Aparte de denuncias de inminentes quiebras de establecimientos comerciales de todo género, sus voceros se quejan cada vez más agriamente de que mientras los pequeños y medianos establecimientos son obligados a permanecer cerrados, los supermercados y las grandes tiendas por departamentos “hacen zafra” vendiendo no solo alimentos, sino también productos de todo género, incluyendo ferreteros, vestuarios, calzados, adornos, de limpieza, panadería, heladería, licores. Las asociaciones de la micro, pequeñas y medianas empresas también han reclamado en los mismos términos.

La realidad es que cada día son más los talleres de todo género, peluquerías, salones de belleza, pequeñas tiendas, y sobre todo los vendedores ambulantes, que reanudan sus actividades a la vista de todo el que quiere ver, aunque en los conciliábulos gubernamentales se hable de “reabrir la economía”. Parecen ignorar que el 57 por ciento de los trabajadores dominicanos son informales y que el 95 por ciento de las empresas son micro, pequeñas y medianas.

Con última prórroga

Inconformes con la negativa del gobierno a tomarles en cuenta y la escasez de transparencia, los partidos de oposición que controlan la Cámara de Diputados le aprobaron lo que proclamaron como última prórroga del estado de excepción, bajo el compromiso con legisladores oficialistas de que se darán pasos para una reapertura  de las actividades sin descuidar las medidas preventivas para evitar la expansión del Covis-19. El Gobierno debió ya reconocer la realidad del mercado de trabajo por lo menos ajustando el toque de queda para que esa efectivamente nocturno, a partir de la s7 de la noche,  cuando ya se oculta el sol.

En principio los opositores planteaban una extensión de sólo 10 días del período excepcional, pero accedieron a 15, no los 25 que volvió a pedir el Gobierno, denunciando que los gobernantes han politizado la emergencia nacional, buscando mejorar el posicionamiento electoral de los candidatos oficialistas, mal parados por meses  en las encuestas y golpeados por el resultado de las elecciones municipales del 15 de marzo, tras el aborto de febrero.            

La proximidad de las elecciones presidenciales y congresuales, que debieron celebrarse mañana 17 de mayo, pero reprogramadas para el 5 de julio, es un factor determinante en las actitudes de Gobierno y oposición y particularmente en el estado de excepción que limita derechos de reunión y de tránsito. Con el paso de los días proliferan los cuestionamientos a los candidatos oficialistas que estarían aprovechando los recursos estatales y la emergencia para promoverse. Se señala el caso de la actual vicepresidenta y candidata al mismo cargo, Margarita Cedeño, quien esta semana anunció que extenderán hasta el mes de julio el programa de subsidios “quédate en casa”, al cual el 24 de abril anunció en discurso televisado que agregarían 70 mil familias. La Ley del Régimen Electoral establece que los funcionarios que sean aceptados como candidatos deben tomar licencia de sus cargos. La dirección del gabinete social y los repartos de subsidios corresponden al funcionariado gubernamental, no son funciones vicepresidenciales.

Reclamo de transparencia

Los reclamos de transparencia en el manejo de la crisis de salubridad ya no provienen sólo de los opositores políticos, sino también de las instituciones sociales más comprometidas con la defensa del orden institucional y la lucha contra la corrupción, como son el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia, (Finjus) que denunció que “persisten distorsiones e inobservancias sistemáticas  de  la Ley de Compras y Contrataciones”, y reclamó total transparencia en los gastos por la pandemia.

 PC sostuvo que los informes del Gobierno al Congreso sobre usos de fondos de emergencia carecen de información financiera que permita medir su efectividad y costos y reclamó relación de donaciones recibidas por el Gobierno, detalles de ejecución presupuestaria destinada a la asistencia a instituciones y personas y de los fondos para asistencia, relación de compras bajo el estado de emergencia, cantidad de beneficiarios y distribución geográficas del programa “quédate en casa” y las medidas monetarias y financieras adoptadas por el Banco Central, con los  montos y beneficiarios, entre otros aspectos.

Eso en una semana donde el Ministerio de Defensa se vió precisado a revocar una contratación de equipos tras la denuncia periodística de irregularidades, cuarto escándalo vinculado a compras dentro del periodo de emergencia. Esta semana, tras denuncias públicas, las autoridades informaron un mes después que una docena de oficiales son investigados sobre un cargamento de 350 kilos de cocaína embarcados en un avión que salió de Puerto Plata para Bruselas.

Esta semana también hubo cuestionamientos a la operación triangular con que el Banco Central recompró a cuatro AFP bonos que les había vendido por 40 mil millones de pesos, para que éstas a su vez los invirtieran en nuevos bonos del Ministerio de Hacienda, lo que implica una emisión monetaria por esa suma. Ya van 52 mil millones de pesos los traspasos inorgánicos del Banco Central al Gobierno, contando los 12 mil millones atribuidos al comienzo de la crisis de salud, para financiar subsidios.                

CONTAGIOS Y FALLECIDOS POR EL  COVID-19

AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE, 14 DE MAYO DE 2020                                                                            

PAÍS POBLACIÓN (Millones) CONTAGIADOS FALLECIDOS LETALIDAD %
MEXICO      127.8 42.595 4.477     10.5
RD       10.5 11.196   409     3.6
PANAMA        4.2 8.944    117     2.8
COLOMBIA        50.3 12.930     509       3.9
CUBA        11.2  1.830      79        4.3
PUERTO RICO         3.2  2.427    117   4.8
HONDURAS         9.2  2.255      123        5.4
COSTA RICA         5.0   815 8          0.9
GUATEMALA        17.3   1.342    29         2.1
EL SALVADOR        6.6   1.112     20      1.7
VENEZUELA       28.8    440      10       2.2
HAITI       11.1       234          18          7.6
NICARAGUA         6.5       25       8       32.0
JAMAICA   2.9      509       9          1.7
TRINIDAD Y TOBAGO        1.3        116          8          6.8


FUENTE:  UNIVERSIDAD JOHNS HOPKINS, coronavirus.jhu.edu

El Gobierno ha quedado atrapado por la pobreza y poca concertación

La necesidad de los trabajadores informales y de las pequeñas y medianas empresas han roto la cuarentena en su octava semana, mientras los funcionarios lucen atrapados con pobre resultado en el control del coronavirus y temiendo aún mayor expansión

                                               Por Juan Bolívar Díaz

El gobierno dominicano perdió el tiempo apostando al mercado, con licitaciones ineficientes y lentitud de respuestas, tanto que aún no dispone de los insumos suficientes para las pruebas del coronavirus, manteniendo el peor resultado en la región, sin que se pueda vaticinar para cuándo podrá controlarse su expansión, sobre todo en las grandes urbes.

Mientras tanto, los trabajadores informales, el 55% de los empleados en el país, y las pequeñas y medianas empresas agotaron sus posibilidades de mantener el confinamiento y están imponiendo la ley del mercado laboral, reanudando todo tipo de actividades, por encima de unas autoridades atrapadas por el temor real de mayor expansión del Covid-19.      

La pobreza se ha impuesto

Basta ver las fotografías y los videos difundidos por todos los medios para advertir que en esta octava semana de la cuarentena impuesta por el coronavirus se han reanudado gran parte de las actividades comerciales, de los trabajadores informales, 55% de los empleados, y de las pequeñas y medianas empresas, el 95% de las unidades productivas nacionales. Hasta los taponamientos del caótico tráfico vehicular hicieron su reaparición en el gran Santo Domingo, donde vive el 40% de la población del país.

 La ruptura del confinamiento se ha advertido también en Santiago y la mayoría de las grandes ciudades, especialmente en los suburbios de la pobreza urbana, en los mercados populares, mientras los vendedores ambulantes empezaron a retomar el control de las vía públicas. Pequeñas tiendas de todo género, abrieron parcialmente, igual que lavanderías, peluquerías y salones de belleza que se reactivan discretamente, con una puerta entreabierta,  o que ofrecen servicios a domicilio, lo mismo que todo género de técnicos, sean de computadoras, electricistas o plomeros, mientras las trabajadoras y vigilantes domésticos que se habían quedado en casa, se están reintegrando a sus labores.

Contrasta que las autoridades han seguido empeñadas en mantener el toque de queda nocturno, acatado durante más de siete semanas por más del 99% de la población, pero han observado impasibles la reanudación de tantas actividades entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde, tal vez por reconocimiento de la realidad económico social y temores de que la represión pudiera agravar la situación.

El hambre, no falta miedo

Es el hambre, la necesidad de sobrevivir de la mayoría de los trabajadores que dependen de lo que ganan cada día, lo que impulsa la ruptura de la cuarentena, no porque hayan perdido el miedo a la pandemia, como especuló el ministro de Salud Pública a mitad de semana al reconocer la realidad. Desde el principio se advirtió que los trabajadores informales no resistirían  muchas semanas el confinamiento. Tampoco los que dependen de pequeñas y medianas empresas, muchas con costos fijos, a los cuales sería difícil alcanzar con los subsidios estatales. Parece que hubo poca disposición en las autoridades para valerse de las asociaciones populares, por ejemplo las de los decenas de miles de transportistas, de pequeños productores o de cooperativas, para garantizarle el subsidio mínimo.

Aun los que alcanzan el subsidio mejorado a 5 mil pesos mensuales no pueden aguantar mucho cuando el costo de la canasta familiar del quintil más pobres es de 14 mil 200 pesos. Y aún una alta proporción de los empleados formales suspendidos, que ya alcanzan el millón, por diversas razones no han podido recibir los 8,500 pesos de subsidio anunciado. Mientras es secreto a voces que gran parte de las empresas empiezan a dar notaciones de incapacidad o falta de voluntad para pagarles la parte que se contempló en el Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados.

Por otra parte, las asociaciones de comerciantes y de pequeñas y medianas empresas han denunciado discrimen por cuanto al comercio mediano y bajo se le mantiene cerrado, mientras los supermercados y grandes tiendas por departamentos venden no sólo alimentos, sino vestuarios, calzados, artículos del hogar, ferreteros, de limpieza y otros que ellos están impedidos de comercializar. Otros venden por internet todo género de mercancías y ofrecen servicios, como de lavandería que implican movilidad de empleados internos y de transportadores. Eso ha influido en la decisión de muchos de reactivar sus medios de vida, al igual que el temor a la quiebra de pequeñas y medianas empresas con costos fijos y de financiamientos, y particularmente de productores agropecuarios, de frutas y vegetales, víctimas del cierre de hoteles y restaurantes, de las exportaciones y de los mercados binacionales fronterizos, así como de las dificultades de transporte y comercialización.

Persistencia en el dilema

Ya hace par de semanas que se viene advirtiendo que las autoridades nacionales han quedado atrapadas en el dilema de mantener la cuarentena o reabrir progresivamente las actividades para evitar que la necesidad la imponga caóticamente o con mínimos controles,  como ya está ocurriendo. Por un lado está la recomendación de los organismos de salubridad internacional de mantener el confinamiento para evitar mayor expansión del covid-19, y por el otro el daño económico-social de la parálisis.

La discusión es universal, y aún en naciones más golpeadas por la pandemia, ya se inicia la reactivación, buscando reparar los daños de la paralización, como Estados Unidos, el país de mayor número de contaminados y muertos. Igual se debate en España, Italia y Reino Unido, que le siguen en orden de afectados. En todos como aquí, ha habido divergencias hasta entre los funcionarios gubernamentales.

La diferencia con República Dominicana es que ninguno de aquellos tiene los niveles de pobreza que registra este país y ni por asomo más de la mitad de su fuerza productiva en la informalidad, dependiendo de lo que producen día a día. Esto ha querido ignorarlo el gobierno dominicano, reiterando esta semana que todavía no hay fecha para la reactivación, cuando el mercado laboral la está imponiendo.

Hay quienes creen que expresamente están dejando que la realidad se imponga sin hacer mayores esfuerzos por contenerla. De esa forma el gobierno evadiría pagar el costo de un temido incremento de la contaminación por efecto de la reanudación de las actividades.

Muchos errores acumulados

Desde el principio se advirtió que para enfrentar la pandemia era imprescindible una gran concertación nacional que comprometiera a todos los sectores políticos y sociales, Contradictoriamente no lo planteó el gobierno sino la oposición política y los sectores sociales, sin recibir siquiera una respuesta de cortesía. Concertando hubiesen podido compartir ahora los riesgos de la oportunidad de la reapertura.

Entre los errores iniciales se anota que el gobierno perdió el tiempo al privilegiar los negocios, con un mercado muy limitado de suplidores de los productos necesarios para enfrentar la pandemia, por la enorme demanda, y cuando más de la mitad de las primeras licitaciones, realizadas con horas de plazo, fueron atribuidas a una empresa vinculada con capital de 100 mil pesos, que sólo el día del inicio de la emergencia se registró para ofertarlos, por lo que no pudo cumplirlas por falta de experiencia y relaciones comerciales. No se acudió directamente a empresas nacionales y de zonas francas que podían suplirlos.

Otro error notable fue que el gobierno evadió apelar a tratados firmados con China para adquirir directamente los productos imprescindibles, y garantizar su rápido y masivo transporte, dando oportunidad a que avioncitos, ni siquiera cargueros, de su candidato presidencial viajaran a ese lejano país para traer pequeños cargamentos. Todavía esta semana el ministro de Salud Público hubo de admitir que aún no disponen de los insumos necesarios para las pruebas que permiten la detección y el combate temprano del coronavirus. Hasta el Ayuntamiento del DN anunció el reparto de un millón de mascarillas, y empresas privadas las consiguieron por decenas de miles, antes que el gobierno. Al concluir abril todavía el Colegio de Enfermeras denunciaba la falta de equipos de protección en los hospitales. Las autoridades han evadido concertar hasta con el Colegio Médico Dominicano.

Con los peores resultados regionales

 En el trasfondo de la indecisión de las autoridades nacionales sobre la reapertura gradual y controlada de las actividades productivas, que incluye diferencias públicas entre los ministros de la Presidencia, de Hacienda y de Salud Pública, está el pobre resultado logrado hasta ahora en el control de la pandemia, en parte por el desaprovechamiento de las 8 semanas que el cuerpo social dominicano pudo resistir en cuarentena.

 Al día de ayer, con 9,376 personas contagiadas y 380 fallecidas, la RD seguía cosechando los peores resultados del Covid-19 en la región centroamericana y del Caribe, sólo superada proporcionalmente por Panamá, que registraba  7,868 enfermos y 225 decesos. Por proporción poblacional el país está peor que México, y Colombia y en todo el continente  sólo lo superan Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Perú y Brasil.

En la semana del 1 al 7 de mayo, los contaminados en RD pasaron de 6,972 a 9,095, sumando 2,123, para un 30%, y los fallecidos ascendieron a 373, con 80 más sobre 293, para un incremento de 27%. Los datos indican que la curva de crecimiento no ha podido ser detenida, con un bajo promedio de pruebas de 754 por día, lo que podría estar ocultando una expansión peor. Ha mejorado mucho la proporción de recuperados que en dos semanas se triplicó al 24%, aunque en el mundo es de 33%.-