El doble estándar del PLD frente a la Sociedad Civil

Son desproporcionadas, contradictorias y regresivas las reacciones que niegan el derecho a la participación de las organizaciones sociales que esta semana anunciaron una Iniciativa por la Institucionalidad Democrática  

Por Juan Bolívar Díaz

            Las reacciones de los voceros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la constitución de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática por parte de una docena de organizaciones sociales, son contradictorias con una extensa cadena de concertaciones con la sociedad propiciadas por los gobiernos de las últimas tres décadas.

            El liderazgo social se compromete a impulsar las reformas políticas contenidas en los proyectos de leyes de partido y del régimen electoral y de transparencia y responsabilidad fiscal, así como dar seguimiento a las próximas elecciones de nuevos titulares de las altas cortes, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas.

Un acuerdo político-social

            El martes 9 fue publicada la “Iniciativa por la Institucionalidad Democrática”, suscrita por 5 de las principales organizaciones empresariales, encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y otras 7 entidades sociales, comprometiéndose a “trabajar por un gran acuerdo político y social que tenga por meta alcanzar la institucionalidad democrática indispensable para lograr un verdadero Estado social y democrático de  derecho como lo manda nuestra Constitución”.

            La iniciativa nace “con el objetivo de impulsar las reformas y transformaciones que demanda la institucionalidad democrática” de la nación, especificando una ley de partidos que garantice que estos asuman sus mandatos constitucionales, de procesos democráticos, de transparencia en su financiamiento y de rendición de cuentas.

            Propugnan por una ley del régimen electoral que garantice elecciones con transparencia organizativa, equitativas e inclusivas, y con regulaciones de las campañas electorales que eviten el uso de los recursos del Estado. También por la aprobación de las leyes de Transparencia y Responsabilidad Fiscal y de Fiscalización y Control del Congreso Nacional “que establezcan un mayor rigor en el uso del presupuesto público y en el cumplimiento de los topes presupuestarios, de los déficits y de la deuda pública”.

            Se proponen dar seguimiento al proceso de selección de los nuevos titulares de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, ya que el período de los actuales  vence el 16 de agosto, y posteriormente, de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, y apoyar otras iniciativas sociales, incluyendo los servicios que corresponden a la población.

Descalificaciones y chantaje

            Llamó la atención la virulencia con que voceros oficiales y oficiosos del PLD reaccionaron ante la propuesta. El vocero de los senadores oficialistas marcó la pauta cuando llegó al extremo de plantear que los propulsores pretenden un “golpe de estado constitucional”, intentando sustituir a los legisladores. El senador por Azua, Rafael Calderón, sociólogo que  antes promovía la concertación, recomendó a los empresarios ocuparse, como el gobierno, y el Congreso, de resolver “poco a poco los problemas existentes”, mientras el de Pedernales, Dionis Sánchez, los  instó a “contribuir con la paz y por ende con la democracia apoyando un incremento de salarios para los trabajadores”.

            El secretario general peledeísta, Reinaldo Pared Pérez, quien vuelve el martes a la presidencia del Senado, fue más moderado, diciendo que  están abiertos a escuchar, y hasta reconoció que la iniciativa está dirigida al fortalecimiento institucional. Pero al mismo tiempo advirtió que es al Congreso y el Consejo de la Magistratura que la Constitución faculta para elegir los titulares de la JCE y las altas Cortes, como si estuviera en discusión..

            De inmediato comentaristas peledeístas se dedicaron, por medios de comunicación a intrigar y chantajear a los líderes empresariales, especialmente al presidente del CONEP, atribuyéndole hasta animadversión política, olvidando los numerosos precedentes de participación del empresariado en las concertaciones político-sociales de las últimas décadas, incluyendo su  Grupo de Acción por la Democracia en los años 90.

Larga cadena de consensos

            Son innumerables los eslabones de la cadena de consensos para reformas políticas, económicas y sociales, en los que han participado el empresariado, las academias, las iglesias, los sindicalistas y otras organizaciones sociales, desde los años 90, por iniciativa propia, de los partidos y de los gobiernos. Han incluido consultas y pactos para las reformas constitucionales de 1994 y 2010, para el Código de Trabajo, el Sistema de Seguridad Social, Estrategia Nacional de Desarrollo, y planes decenales de educación y salud.

            Es extensa la nómina de legislaciones que han pasado por la concertación con las organizaciones sociales, y que incluyen su representación,  como la que crea los consejos nacional de desarrollo, y múltiples leyes,  de organizaciones sin fines de lucro, de participación social (regateada todavía), así como las de libre acceso a la información, de controles presupuestario, defensor del pueblo, de salarios públicos y la misma ley de partidos, con múltiples consensos durante 18 años.

            La Sociedad Civil organizada participó también activamente en varias concertaciones para elegir los integrantes de la Junta Central Electoral, y los de la Suprema Corte de Justicia en 1997, y los principales partidos, incluso el PLD, llegaron a solicitar que instituciones sociales como Participación Ciudadana observaran sus elecciones primarias y les formularan observaciones, para los comicios del 2002, 2004 y 2006. Con PC,  FINJUS, y Centro Bonó, que firman la iniciativa ahora objetada, han realizado múltiples seminarios y eventos de consultas.

Desprecio contradictorio

            El desprecio por la participación social en el curso institucional democrático es tan contradictorio que deja mal parada el actual intento de concertación para el Pacto Eléctrico y el pendiente para el pacto fiscal, así como el realizado pacto por la educación, los tres mandatos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. También va contra el programa de gobierno del PLD 2016-20, que entre sus metas plantea la ley de partidos y  promete que “Promoveremos la aprobación de leyes que permitan mayor participación de la ciudadanía en la elección de funcionarios y que éstos sean cada vez más cercanos a la gente”.

            También contradicen los artículos 22,75 y 77 de la Constitución peleedeísta, que se refieren a los derechos de la ciudadanía, sus deberes y al mandato de los legisladores, lo mismo que al artículo 6 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que planteó reformar el sistema político y electoral en tres años, vencidos en el 20015.

            El PLD se abrió paso al poder en 1994, valiéndose de la sociedad civil, a la que puso a firmar el “Pacto por la Democracia”, que pactó una reforma constitucional con la cual se impuso el 50 por ciento del voto para la elección presidencial, lo que cerraría el paso a Francisco Peña Gómez en la elección presidencial del 2006.

            El punto 2 de ese pacto establece “Conformar una nueva Junta Central Electoral cuyos miembros no sean representantes de los partidos políticos”, que fue lo que se hizo ese mismo año y por consenso político-social, con la presidencia de César Estrella Sadhalá, quien no era dirigente ni militante de partido, como sigue reclamando la Sociedad Civil. Tampoco eran dirigentes políticos sus sucesores presidentes Juan Sully Bonelly, Jorge Subero Isa, Manuel Morel Cerda y Luis Arias. Aunque en la elección de Morel el PRD rompió el consenso, en conflictos con el primer gobierno del PLD, compensado con otro acuerdo político-social, ampliando los integrantes de la JCE para que peledeístas y reformistas propusieran sendos titulares.

Propósitos muy difíciles

            Los propulsores de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática saben que sus metas son difíciles de alcanzar y que requerirán intensa y prolongada movilización social, por lo que trabajan por ampliar las organizaciones participantes. Tienen en la memoria concertaciones político-sociales tan importantes como la que produjeron la Suprema Corte de 1997 y la que obligó a cumplir la ley del 4 por ciento del PIB para la educación.

            Están conscientes del poder que ha logrado concentrar el PLD en base al control y manipulación de la justicia y los órganos electorales, de la promoción de la desintegración de los partidos y organizaciones sociales, corrompiendo o absorbiendo dirigentes y militantes con los recursos estatales, y sin regulaciones como las que se pretenden en la ley electoral y la ley de partidos. Los oficialistas entienden que toda inconformidad o propuesta de reformas conspira contra sus intereses partidistas.

            En la sociedad todavía se espera más receptividad de un partido que promovió jornadas participativas como la del Diálogo Nacional en 1997 y la Cumbre por la Unidad Nacional ante la Crisis Económica Mundial en el 2009, ambos eventos con cientos de resoluciones y propuestas de reformas, por igual las consultas para la reforma constitucional del 2010.-

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Grandes conciertos del PLD con la Sociedad Civil

1994: Pacto por la Democracia

1997: Elección de la Suprema Corte de Justicia

1998: Diálogo Nacional

2004: Seguimiento a la JCE

2008: Consultas para la reforma constitucional

2009: Cumbre por la Unidad Nacional por la Crisis Mundial

2010: Consultas para la Estrategia Nacional de Desarrollo

2012: Intento de pacto fiscal

2914: Concertación y firma del pacto Educativo

2016:  Concertación para el Pacto Eléctrico

Sueños de noches de verano

Por Juan Bolívar Díaz
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Todos tenemos derecho a sustentar utopías, que como dijera Galeano, es la forma de impulsar los cambios, proponiéndonos metas que, aunque se alejen cada vez que creemos alcanzarlas, nos mantengan en movimiento, siempre detrás de los sueños.

Y en estas calurosas noches de agosto, próximo al inicio de un nuevo período de gobierno, tenemos más derecho que nunca a soñar, aunque sea con lo que nunca se ha hecho en la historia del país.

Lo primero que podemos soñar es que el presidente Danilo Medina no haga muchas promesas más, sino que anuncie cambios importantes, no bailoteando funcionarios de un lado a otro, ni aumentando la nómina de asesorías compensatorias, sino cambiando el curso del Gobierno.

Esta vez los cambios son más necesarios que nunca, ya que se juramentan casi los mismos que hace cuatro años, no sólo el Presidente y la vicepresidenta de la República, sino también el 90 por ciento de los senadores, tres cuartas partes de los diputados y más de la mitad de los alcaldes y regidores.

Podemos soñar con ver la reedición del hombre humilde y conciliador que trabajó arduamente durante años para alcanzar la presidencia de la nación y materializar los sueños liberacionistas del fundador de su partido, el profesor Juan Bosch. Debería asumir que 16 años después de gobernar su partido, esos sueños están muy lejos de materializarse.

Sabemos que es muy difícil liberar a las mayorías de la ignorancia, de la pobreza y la exclusión, pero hay que hacer los máximos esfuerzos por reducirlas a mediano y largo plazos. Lo que sí se puede alcanzar en corto tiempo es detener los muy elevados niveles de descomposición social, de corrupción, malversación, clientelismo político y manipulación que corroen las instituciones estatales y democráticas.

El discurso de juramentación del licenciado Medina debe asumir las preocupaciones que se expresan por la sostenibilidad económica del país, cuya economía se ha sustentado en un desproporcionado endeudamiento, a consecuencia de déficits incontrolables, cuya prolongación implica graves riesgos.

Asumimos también que el Estado requiere mayores recursos para sustituir el crédito, pero que la sociedad no está presta a pagarlos, sin cambios trascendentes en la forma y prioridades del gasto, sin contención de la evasión y la corrupción, sin establecer límites al clientelismo político.

Aunque basados en la historia nacional, son muchos los que creen que Danilo Medina intentará prolongarse de nuevo en el poder, utilizando “sus” diputados y senadores para otra reforma constitucional, tenemos derecho a soñar que no volverá a faltar a su palabra y que esta vez no habrá quien lo convenza de seguir ingiriendo tiburón podrido.

El discurso del martes y las acciones que Medina emprenda de inmediato serán indicio y pauta del curso que seguirá lo que debe ser su último período gubernamental, atendiendo a su Constitución que instituye dos períodos y nunca más. Tiene la oportunidad de acoger la propuesta de un pacto político-social para rescatar la institucionalidad democrática y por el Estado de derechos económicos y sociales que proclama la Constitución.

Una alianza con los sectores más activos de la sociedad, le permitirá concluir el pacto eléctrico y emprender el pacto fiscal, imprescindibles para garantizar la sostenibilidad económica y completar una obra de gobierno que puede ser trascendente. Sobre todo si cumple su promesa de hacer lo que nunca se ha hecho: poner el interés nacional por encima del continuismo y la dominación política. Y no padecería el síndrome de la “soledad del poder”, siempre caldo de cultivo del continuismo.

La incredulidad y la desconfianza son tan grandes que seguro muchos se reirán de estos sueños de verano.

En 16 años de Gobierno el PLD ha resuelto poco

Por Juan Bolívar Díaz
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Al cumplir 16 años de Gobierno, con un interregno de 4, la gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha tenido como mayor mérito la estabilidad y el crecimiento económico, basado en enorme endeudamiento, mal redistribuido y con gran corrupción, pero arroja un apreciable legado en infraestructuras viales, hospitalarias y escolares.

Sin embargo, no ha tenido éxito en reducir significativamente la pobreza, mejorar la calidad de la educación, de la salud o del transporte y seguridad vial, con fracaso en los servicios de electricidad, agua potable y seguridad ciudadana, mientras concentra el poder y debilita la institucionalidad democrática.

Grandes logros del PLD. El PLD ha gobernado el país en cuatro quintas partes de las dos décadas desde el final del Gobierno de Joaquín Balaguer en 1996, excepto el cuatrienio 2000-04, y su mayor éxito, reconocido por todos, ha sido la estabilidad económica, con crecimiento promedio de 6 por ciento del PIB, superior al regional.
Fue austero y mejoró la administración y la institucionalidad democrática en su primer período cuando no tenía mayoría congresual ni controlaba la justicia, pero involucionó esos logros desde el 2004.

Al cumplir 16 años de Gobierno el próximo 16 de agosto, incluyendo los últimos 12, a los peledeístas se les acredita un gran mejoramiento de la red de carreteras, elevados y túneles viales, con visible mejoramiento urbanístico, y muy especialmente la construcción y mejoramiento de unas 25 mil aulas, mérito de la lucha social y del presidente Danilo Medina, ya que su antecesor, Leonel Fernández, se negó sistemáticamente a cumplir la Ley de Educación de 1997 que dispone el 4 por ciento del PIB para el sector.

Hay avances en la inversión estatal en viviendas, con proyectos modelos como el de los 1,800 apartamentos de La Nueva Barquita y 560 de Boca de Cachón, en Jimaní, y en múltiples pequeños proyectos en toda la geografía nacional, pero muy lejos de cubrir el creciente déficit estimado entre 25 y 30 mil por año, cuando el Censo del 2010-12 lo estimó en un millón de viviendas, 45 por ciento por construir y la mayoría para mejorar. En el último cuatrienio se incentiva la construcción privada, como el proyecto de Ciudad Juan Bosch a punto de concluir las primeras mil, de 25 mil viviendas proyectadas, que se suman a cientos de torres de apartamentos en Santo Domingo y Santiago para sectores de altos ingresos, como efecto del crecimiento económico.

Mérito económico relativizado. El mérito del crecimiento y la estabilidad económica es relativo, pues ha descansado en enormes déficits fiscales que el experto José Rijo ha computado: 427 mil millones de pesos entre 2004 y 2012, y 372 mil en el período 2013-16, incluyendo 112 mil que proyecta para este año. Eso implica un total de 799 mil millones de pesos, en 12 años, 17 mil 755 millones de dólares, a una tasa de 45 pesos.

Los déficits de la gestión peledeísta han determinado un endeudamiento estatal consolidado que ya pasa de los 36 mil millones de dólares, 24 mil del Gobierno central, y que ha despertado la alerta del empresariado, sus centros analísticos como el CREES, y reiteradas advertencias de insostenibilidad por parte del Fondo Monetario Internacional, que en marzo la estimó en 48.5 por ciento del PIB, proyectándola al 49.5 para fin de este año.

El desmesurado incremento del gasto corriente, con la duplicación de la nómina pública en los últimos 12 años, la escasa austeridad y altos niveles de dispendio y corrupción, han sido relacionados con los déficits. José Rijo documenta que el gasto en 2016, que los subsidios pasaron de 52 mil a 156 mil millones de pesos, y los intereses de la deuda de 17 mil a 103 mil millones de pesos, todo en el mismo período.

Se acusa escasa inversión en promover la producción, la productividad y la competitividad, con estancamiento de las exportaciones y pérdidas en el intercambio con Estados Unidos y los países centroamericanos. El turismo y las remesas mantienen en pie la economía nacional.

Los servicios fundamentales. Se acredita al último Gobierno del PLD receptividad ante la demanda nacional de mayor inversión en educación, en principio demasiado concentrada en la construcción de aulas, pero solventando su grave déficit, y extendiendo la tanda educativa con alimentación a los estudiantes. Tomará su tiempo transformar la formación de los maestros y los currículos que empujan la calidad de una educación que se deterioró durante décadas.

La salud pública es otro grave déficit de los gobiernos peledeístas y ahí tampoco ha faltado inversión, igual en infraestructura física, con la exageración de haber emprendido al mismo tiempo la remodelación de unos 56 hospitales, sin suficientes recursos, por lo que la mayoría sigue en proceso, con precariedad de servicios y pérdidas de inversión después de hasta 6 y 7 años de iniciadas.

Las tasas de muertes maternas e infantiles, epidemias como el dengue, los alarmantes niveles de embarazos de adolescentes, y la baja proporción de inversión en salubridad dejan el país en los últimos escalones en las mediciones continentales.

El agua potable sigue sin llegar en tubería a la mitad de las viviendas, y una parte de los afortunados, no la reciben permanentemente. Mientras se ha permitido el deterioro de las cuencas de los ríos para subsidiar la industria pública y privada de la construcción.

La seguridad ciudadana sigue en picada, con dificultades para reformar a fondo los organismos de seguridad y las políticas preventivas de la delincuencia, y aunque la tasa de homicidios ha disminuido en los últimos años, la criminalidad general aumenta y la población demanda una mayor inversión y eficiencia para contenerla.

Grave des-institucionalización. Entre los peores resultados de la gestión peledeísta está el debilitamiento progresivo de la institucionalidad democrática, utilizando su control del Congreso, y con dos reformas constitucionales han afianzado un control total e instrumentalización de todos los organismos de la justicia, la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral.

La justicia, que en su primer período registró gran mejoría, ha sido partidarizada e inhabilitada para perseguir la corrupción, y el nuevo Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral utilizados para desarticulizar el sistema partidario, junto con el abuso de los recursos del poder, violentando o ignorando la propia Constitución y múltiples leyes, como las de control presupuestario, la de función pública, la de recapitalización del Banco Central, la de salarios públicos y las de transparencia. Y con repartos del Estado ha comprado lealtad o silencio en sectores empresariales, sindicales, sociales y comunicativos.

La posición que ocupa el país en las evaluaciones internacionales, como las de Transparencia Internacional y el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, justifican los recientes llamados del liderazgo empresarial y social para luchar por el rescate de la institucionalidad democrática.

Muestras de desorden institucional

Por Juan Bolívar Díaz
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Resultan tan abrumadoras las demostraciones cotidianas del desorden institucional en la mayoría de los estamentos del Estado que hay razones para encomendarnos a la Virgen de la Altagracia y sus once mil colegas con la esperanza de que ocurra algún fenómeno que produzca una catarsis colectiva y esta sociedad se vea obligada a rectificar el derrumbadero por el que deambula.

Es muy difícil que pase un día sin que se conozca un indicio del abuso, reparto y apropiación del patrimonio público, de la inoperancia de los órganos estatales, la impunidad y el cinismo con que se maneja la cosa pública, desde las más altas instancias del Estado hasta los más pequeños distritos municipales, mientras la Cámara de Cuentas sigue reclamando la declaración jurada de bienes de más de 2 mil funcionarios.

El 18 de julio, HOY revela que los ocho consejos de administración del subdividido sector eléctrico estatal cuestan al año 125 millones de pesos. El día 28 informa que durante el 2015 el Gobierno dejó de transferir al Banco Central 39,444 millones de pesos, en violación de la Ley de Recapitalización 167-07.

El viernes 5, Diario Libre informó que un mes antes de las elecciones la Cámara de Diputados abrió una licitación para la adquisición de 120 mil mosquiteros y 20 mil canastillas para bebés, por más de 29 millones de pesos. Se sabía que los diputados tienen un cofrecito mensual de “promoción social” y que además reciben asignaciones para repartos navideños, del Día de las Madres, inicio del año escolar y para las habichuelas con dulce de la Semana Santa, pero no que reparten mosquiteros y canastillas. Dos semanas antes, al despedirse de la presidencia de esa cámara, Abel Martínez reveló que deja un excedente de 986.9 millones pesos, 753,5 millones en certificados financieros, especulando en Hacienda o el Banco Central, como cualquier empresa o persona.

Resalta la abundancia de los diputados, cuando el Gobierno central programó para este año un déficit de 76 mil millones de pesos, que ya se proyecta alrededor de 120 mil millones, mientras los jueces y funcionarios de la justicia se manifiestan públicamente demandando los recursos que asigna la ley al Poder Judicial, cuando en muchos hospitales públicos no hay recursos ni para comprar gasa, ni en INAPA para reparar la mitad de sus plantas de tratamiento de aguas fuera de operación.

Durante las últimas semanas se ha evidenciado un festival de incrementos de salarios, pensiones y liquidaciones en los ayuntamientos y el viernes el Concejo de Regidores del Distrito Nacional conocería una contratación de publicidad, a 11 días de una nueva administración.

Esta semana abundaron las exhortaciones para que alcaldes y regidores no lleven armas de fuego a la instalación de las nuevas autoridades municipales el 16 de agosto, temiéndose violencia en la elección de los directivos de los Concejos de Regidores. Eso, porque los principales partidos de oposición han desestimado la vieja práctica de elegir a quien el alcalde propusiera para presidente municipal, planteando que debe imperar la mayoría.

El jueves El Nacional dio cuenta de que en los organismos estatales están despidiendo a miles de los activistas políticos empleados en la campaña electoral, y que el líder de la principal central de trabajadores pidió que dejaran de aplicar una circular administrativa que disponía el cese, en vez de reclamar suministro a los hospitales.

El gasto en nominillas se elevó de 10.9 mil millones de pesos en enero a más de 12 mil millones en febrero, marzo y abril, y se mantuvo sobre 11.6 mil millones de pesos entre mayo y julio.

Se asume tan normal el abuso de lo público que el viernes un reportaje de Diario Libre indicó que “El PRM manejará cuota de más de 6 mil millones (de pesos por año) a partir del 16 de agosto”, pero equiparando los presupuestos de los municipios que controlaría, con la asignación propia del subsidio a los partidos. Resaltaba el “poder político” que eso representa, aunque sea apenas el 1 por ciento del Presupuesto Nacional.

Todo esto es solo un muestrario del mayúsculo desorden en un país de tantas precariedades de energía, agua potable, salubridad, transporte, empleo, salarios, pensiones y seguridad ciudadana.

Leyes de Partidos y Electoral en un solo y amplio consenso

Por Juan Bolívar Díaz
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Es improcedente que se pretenda priorizar la Ley de partidos, cuando ahora lo urgente es la Ley del Régimen Electoral que debe, entre otros aspectos, pautar la elección de los titulares de la Junta Central Electoral (JCE), ya que el período de los actuales vence el próximo 16 de agosto.

Como ambos proyectos conformarían una reforma del sistema político, deben ser consensuados al unísono y con la más amplia participación de los partidos políticos y las instituciones sociales interesadas, como ocurrió con la mayoría de las reformas político-sociales de las últimas décadas.

Una sola reforma política. Debe llamar la atención que sectores políticos pongan todo su énfasis en un nuevo consenso sobre el largamente manoseado proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, cuando lo prioritario ahora mismo es el Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral, que debe anteceder la renovación de la Junta Central Electoral, cuyos actuales titulares terminan su período el próximo 16 de agosto.

Como los dos proyectos se complementan, y para evitar redundancias y confusiones deberían ser objeto de un solo y amplio consenso que se extienda al reclamado pacto político por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, que debe implicar también la elección de los nuevos integrantes del Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, también a partir del 16 de agosto, y posteriormente el inicio de la renovación de la Suprema Corte y el Tribunal Constitucional.

Sorprende que se esté tratando de limitar la participación en el consenso sólo a los partidos con representación congresual, dejando fuera los demás y las entidades sociales interesadas en el desarrollo democrático institucional. Se ha informado que la mediación que realiza monseñor Agripino Núñez Collado es a título personal, que no involucra al Consejo Económico y Social, que tiene representación empresarial, sindical y social.

Esta restricción es otra regresión del sistema político que se abrió a la sociedad a partir del Diálogo Nacional convocado por el presidente Leonel Fernández en 1997, que pasó por la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado y por el Consejo Nacional de Reforma del Estado en el gobierno de Hipólito Mejía, y más recientemente por el CES y otras instancias para los pactos por la Educación y Eléctrico, para un conjunto de leyes, y hasta para la Constitución de la República del 2010.

Sólo voluntad política. No es verdad que la amplia participación dificultará la reforma del sistema electoral y partidista, pues consensos ha habido en varias ocasiones desde 1998, lo que ha faltado siempre es la voluntad política de ejecutarla, por parte de los partidos dominantes, especialmente la ley que regularía el partidarismo político.

Existen dos documentos que son puntos de partidas ya sistematizados y que en su momento recogieron consensos políticos y sociales, que son los proyectos de partidos y del régimen electoral sometidos al Congreso Nacional en el 2011 y reintroducidos después dos veces por la JCE.

Esos proyectos fueron elaborados por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos, contratada por la JCE, que partió de los consensos alcanzados previamente sobre la Ley de Partidos, que incluyeron nuevas consultas con el sistema político y las entidades sociales interesadas. Con la ventaja adicional de que recogieron las experiencias de reformas políticas de los países latinoamericanos, que en las últimas décadas avanzaron considerablemente en regulaciones, dejando atrás a la República Dominicana.

De esos dos proyectos, el que requiere más consulta es el del Régimen Electoral, que ha sido menos discutido. El de partidos ha sido presentado en unas ocho legislaturas con diversas variantes, y no fue aprobado cuando el Partido Revolucionario Dominicano tuvo mayoría, entre 1998 y 2006, ni el Partido de la Liberación Dominicana en la última década.

La Ley de Partidos. El objetivo de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas es regular la democracia interna para garantizar los derechos de sus miembros y el cumplimiento de su misión como se enuncia en el artículo 216 de la Constitución, el cual especifica que “Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y la transparencia de conformidad con la ley”.

Ese artículo indica que “Sus fines esenciales son: “1) Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia; 2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular; 3) Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana”.

La ley deberá disponer mecanismos específicos para que los partidos alcancen sus fines, para el respeto de la democracia interna en la elección de dirigentes y candidatos, para promover el relevo de dirigentes y la participación de las mujeres y los jóvenes, Igual para regular límites y transparencia del financiamiento de los partidos y los candidatos, a fin de reducir el encarecimiento de la política que cuesta a la sociedad y otorga ventajas a los adinerados sin importar el origen de las fortunas que se gastan en la política. Aquí también es fundamental un fuerte régimen de sanciones a los delitos electorales.

Una gran coalición social. Evidenciado hasta la saciedad que los partidos que controlan el poder evaden reformas que disminuyan sus ventajas, las posibilidades del rescate y fortalecimiento de la institucionalidad democrática, dependen fundamentalmente de la capacidad de presión que desarrollen las instituciones de la sociedad civil, tal y como se advierte en los recientes planteamientos del empresariado, y de las entidades más comprometidas con las reformas político-sociales.

La participación de las iglesias, del movimiento sindical y social comunitario es también básica para forzar la voluntad política que requieren las reformas, que comenzando por la institucionalidad democrática y la justicia, se extiendan a los pactos eléctrico y fiscal.
Una gran coalición de todos los sectores sociales, que como en las dos décadas anteriores permitieron avances en el arbitraje electoral y en la fortaleza de la justicia y forzaron el cumplimiento de la ley del 4 por ciento del PIB para la educación, es imprescindible en las actuales circunstancias.

Ya está en marcha la constitución de un “Pacto Nacional por la Justicia y la Seguridad y se promueve una “Iniciativa por la Institucionalidad Democrática”, esfuerzos que deben converger en una sola y gran coalición, ya que la justicia y la seguridad ciudadana son partes fundamentales de la institucionalidad democrática. Mientras más unidad, más capacidad de presión.-

Ley del Régimen Electoral
El objetivo fundamental de la Ley del Régimen Electoral, que por ser orgánica su aprobación requiere dos tercios de los votos de cada cámara legislativa, es dar vigencia al conjunto de principios del Estado Social y Democrático de Derecho, instituido en el artículo 7 de la Constitución del 2010, y especialmente su artículo 212, que se refiere a las facultades y responsabilidades de la JCE, como órgano regulador de las elecciones nacionales.

El párrafo IV de ese artículo es bien específico al plantear que “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la ejecución del financiamiento. En consecuencia tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Justamente esos fueron los principales reclamos que afectaron el reciente proceso electoral, que motivaron reacciones y objeciones de los partidos de oposición, y figuran en las recomendaciones de los informes de Observación Electoral de la OEA y Participación Ciudadana, y en las demandas para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, la Finjus, Centro Bonó y otra muchas instituciones sociales.

La Ley Electoral deberá especificar las condiciones para garantizar la independencia de los titulares de la JCE, el derecho a elegir senadores y diputados, así como alcaldes y regidores distintos en boletas separadas, y limitar el uso del poder estatal en las campañas, con un régimen de sanciones que disuada los delitos electorales.

La confusión racial dominicana

Por Juan Bolívar Díaz
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Tuve que llegar como estudiante a México hace justo 50 años para comenzar a descubrir la identidad racial y cultural que me habían negado la educación primaria, la secundaria, el seminario Santo Tomás de Aquino y un año de universitaria.

Aunque había nacido y vivido en bateyes del Ingenio Consuelo, en San Pedro de Macorís y San Cristóbal, de las poblaciones más multirraciales, ignoré demasiado tiempo mis componentes genéticos, atrapado entre prejuicios y complejos raciales, que me habían convencido de que yo era un negrito feo de cabello malo, que había tomado excesivos ingredientes de mi abuela paterna negra y muy pocos de mi abuelo materno español.

Aquella mañana de febrero de 1966 cuando acudí a la secretaría de Gobernación de México para regularizar mi estatus de estudiante fui a dar con un funcionario que parecía estarme esperando para, tras abrir mi pasaporte y ver mi condición de “indio”, preguntarme a qué tribu pertenecía. Ahí comencé a darme cuenta de los esfuerzos dominicanos por negar nuestra condición racial, parapetándonos tras un indigenismo que en el país había desaparecido cuatro siglos atrás. Jamás permitiría que me pusieran tal condición en el pasaporte o la cédula, aunque hube de pelear para que me inscribieran como mulato.

Poco después descubriría que no tenía el pelo malo ni feo, cuando una compañera de aula, me ruborizó delante de un grupo al preguntarme si podía tocarlo. Me acabó de desconcertar cuando con toda espontaneidad e inocencia me dijo: “es que es muy bonito tu pelo”. Esa tarde supe que no había pelos malos ni buenos, feos o bonitos, sino diversos.

Pasaron diez años para que en 1976, cuando asistía a la IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en Nairobi, la capital de Kenya, en un mercado público, me diera cuenta cuánto tenía de africano. Fue como si hubiese llegado al mercado de Villa Consuelo, las mismas frutas, los mismos víveres, iguales ritmos musicales, bullicio, suciedad y desorden.

A estas alturas de la vida entristece comprobar que a la mayoría de los dominicanos se les sigue escondiendo o negando sus componentes africanos, que creen que nuestra negritud es culpa de la inmigración haitiana, que “somos el pueblo más hispánico del continente”, donde predominan los indios, indios claros, indios oscuros, indios canelos, que lo hemos asumido tan profundamente que es una ofensa llamarnos negros, por lo que hasta Peña Gómez era “moreno”, y pocos aceptan que les llamen mulatos.

Lo más penoso es comprobar cómo la mayoría de los negros y mulatos se han introvertido como feos, inferiores, por lo que nuestras mujeres, hasta las más pobres, tienen que invertir alta proporción de sus ingresos en salones de belleza, que Sammy Sosa se ha pretendido pintar de blanco, después de haber alcanzado fama universal como atleta negro, y que todavía a nuestros niños y niñas se les predica la necesidad de “mejorar la raza”.

Por todo eso y mucho más ha resultado lacerante -no es una broma de redes sociales- que toda una ministra de Educación Superior haya espetado a una jovencita que no podía darle una beca porque no se planchaba el pelo. Y tras el escándalo consiguiente, la funcionaria se extrañó de que “eso despertara tanta algarabía”. ¡Pobre doña Ligia Amada Melo!, un ser humano bueno, mulata confundida, víctima y victimaria del prejuicio racial.

Lo peor es que la mayoría de los dominicanos consideran tabú, de mal gusto, toda referencia a sus orígenes raciales y culturales. Por eso se ha ignorado el estudio recién revelado por la Academia Dominicana de la Historia, según el cual el 49 por ciento del ADN de la población dominicana es de origen africano, con un 39 por ciento de europeo y un residual 4 por ciento indígena.

Para que nos desarrollemos como pueblo, tenemos que hacer una catarsis étnica cultural, aceptarnos como somos, y desterrar de nuestra educación los complejos raciales que castran energías y generan subordinación.

Persistente fiasco del metro e ineficiencia del transporte

Por Juan Bolívar Díaz
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A siete años y medio del inicio de las operaciones del metro de Santo Domingo y a más de tres años de su segunda línea, los resultados siguen siendo un fiasco, en relación a la inversión, ya que apenas mueve el 6 por ciento de los pasajeros de la gran urbe en beneficio de unas 92 mil personas, menos del 3 por ciento de su población.

Con una inversión superior a los dos mil millones de dólares, el metro no ha impactado sobre el costoso transporte en una ciudad agobiada por el caos vehicular, mientras se espera la aprobación de un proyecto de ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial que lleva más de cinco años de manoseo en comisiones de la Cámara de Diputados.

Escaso brillo del metro. El hermoso metro de Santo Domingo transportó 66 millones 236 mil 092 pasajeros durante el año 2015, con un incremento del 8 por ciento respecto al año anterior, según un informe de la Oficina Nacional de Estadística, publicado hace dos semanas, lo que implica un promedio diario de 183 mil 989, apenas el 6 por ciento del estimado de 3 millones de pasajeros por día en la gran urbe de Santo Domingo, según el diagnóstico en que se basa el proyecto de Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial que cursa en la Cámara de Diputados desde hace cinco años.

El informe de la ONE supera en más cinco millones los 60 millones 737 mil 690 pasajeros que reportó la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPREP), que administra el metro, en sus memorias del 2015. Este con la ventaja de que los desglosa en 235 mil 953 pasajes los días laborables, 165 mil 890 los sábados y 77 mil 509 los domingos, como promedio.
Aceptando la cifra mayor de la ONE, el promedio diario de los pasajeros del metro dividido entre dos, por ida y vuelta, implica que apenas 91 mil 995 personas se benefician cada día de esa inversión, 118 mil los días laborables, según los datos de la OPRET, para un 2.63 por ciento y 3.37 por ciento, respectivamente, de la población estimada del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, sobre los 3 millones 500 mil personas.
Si se proyecta a nivel nacional, sobre una población que ya supera los 10 millones, no llegan al uno por ciento quienes reciben beneficio de las dos primeras líneas del metro, presentado como símbolo de la modernidad del país, con una inversión que supera los 100 mil millones de pesos, en sus dos primeras líneas, la mayor en una solo obra.

Errática planificación. Desde que se anunció la construcción del metro a comienzos del 2005, contra la generalidad de las opiniones técnicas que recomendaban soluciones de transporte más económicas, hubo múltiples cuestionamientos a su improvisación y falta de estudios técnicos y de eficiencia económica. Los resultados indican una errática planificación, pues la primera línea se trazó en dirección norte sur, cuando la ciudad se extiende mucho más de este a oeste. En las mañana el flujo es hacia el sur y viceversa en la tarde, determinando baja ocupación de los vagones.

Aunque la segunda línea fue en la dirección correcta, no empezó ni terminó en los barrios más poblados del Este y Oeste de la urbe, quedándose entre el kilómetro 9 de la carretera Duarte y el puente de la 17. Es su extensión 2-B o tercera línea, la que llevará el metro al mayor municipio del país, el Santo Domingo Este, cuando sea finalmente abierta, aunque ya fue inaugurada en la reciente campaña electoral. Se espera que, entroncando con la línea norte sur, pueda incrementar significativamente los usuarios del metro.

Pero el bajo rendimiento de esa obra está determinado también porque 7 años después del inicio de sus operaciones, aún no se ha establecido un eficiente servicio de autobuses para alimentar las líneas del metro, y la mayor parte de los pasajeros siguen utilizando los minibuses, “carros del concho” y el “moto-concho”.

El costo del transporte. La escasa transparencia que ha rodeado la construcción del metro hace imposible establecer con certeza cuál ha sido la inversión. Oficialmente se informó que la primera línea costó 750 millones de dólares, pero en uno de los wikileaks de la embajada de Estados Unidos, fechado en el 2007, se le estimaba en 1,290 millones de dólares. Hamlet Hermann la valuó en 1,584 millones de dólares, incluyendo financiamiento. El costo oficial de la segunda línea fue de 830 millones de dólares.

Es alarmante la alta proporción de su salario que los capitalinos sin vehículo tienen que gastar para transportarse, que en los niveles medios y bajos promedia del 20 al 25 por ciento de su ingreso, aún en el caso del más alto de los salarios mínimos, sobre 12 mil pesos mensuales. Con cuatro pasajes por día el costo oscila en 100 pesos y 2 mil 500 al mes.

El riesgo es incalculable para los que utilizan el moto-concho, ya que más de dos tercios de los muertos y heridos en accidentes de tránsito son motoristas y sus pasajeros. Y el país ocupa el segundo lugar en más alta proporción de víctimas de accidentes a nivel mundial, con seis fallecidos por día en lo que va del año, y 162 por mes en el 2015.

El proyecto de ley. El proyecto de Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial trata de crear una autoridad única para todo el sector, refundiendo la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT) del Ministerio de Obras Públicas, instituida por la ley de Tránsito 241, de 1967, con otras seis entidades creadas por decretos en las últimas cuatro décadas, que se conocen por sus siglas: ONATRATE-OMSA, OTTT, FONDET, AMET, CART, OPREP, aparte las funciones que la Ley del Distrito Nacional y los Municipios reserva a los ayuntamientos.

Esa proliferación de organismos que se sobreponen tiene más de ocho mil empleados, sin incluir los municipales, que cada año cuesta varios miles de millones de pesos, suficientes para financiar el Instituto Nacional de Transporte y Seguridad Vial contemplado en el proyecto.

Es un código de 331 artículos, con normativas para todos los aspectos implicados, con el objetivo de modernizar y colectivizar el transporte, eliminar chatarras para mayor eficiencia y reducción de la contaminación ambiental, promover la educación vial en todos los niveles escolares, y penalizar eficientemente las violaciones a las normativas del tránsito, entre otros aspectos.

El proyecto fue aprobado por los diputados en primera lectura en diciembre pasado. y se espera que lo ratifiquen en segunda lectura la semana próxima, antes que concluya la legislatura el lunes 25, después de múltiples introducciones en los últimos 5 años. Pero ya no habría tiempo para que pueda ser sancionado por el Senado, y nadie garantiza que sea convertido en ley en la próxima legislatura que comienza el 16 de agosto.-

Legislando para beneficio propio

Por Juan Bolívar Díaz
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Aunque esta vez no hay cambio en el presidencia y la vicepresidencia de la República, ni en más del 80 por ciento de los integrantes del Senado ni de dos tercios de la Cámara de Diputados, una vez más el período de “transición” se está convirtiendo en tiempo de repartos impúdicos a la vista impotente de toda la sociedad.

En los mayores municipios, como el Distrito Nacional y Santiago, los regidores y alcaldes tratan de atribuirse pensiones improcedentes o se elevan sus sueldos, y en el Congreso Nacional se adelantan legislaciones para beneficio propio de los legisladores, sin que ningún poder pueda alcanzar a establecerles límites, ya que desde hace algún tiempo se ha extendido hasta la iniquidad el concepto de autonomía estatal.

Los mismos legisladores que crearon el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, que instituye un seguro de salud y un sistema de pensiones, definido como universal para los empleados públicos y privados, legislaron en su propio beneficio, creando, por separado un Instituto de Previsión Social del Congresista Dominicano, con niveles privilegiados de beneficios.

En este período de transición, el Senado y ahora acaba de refrendarlo la Cámara de Diputados, ha ampliado los beneficios de su plan de pensiones, pero también están creando el Instituto de Desarrollo Parlamentario y Capacitación Legislativa. Para colmo, diputados que pasan a ser alcaldes, apresuran una modificación de la Ley 176-06 sobre Municipios y el Distrito Nacional, en búsqueda de un mayor margen de autonomía administrativa.

Bajo el paragua de que aumentan del 10 al 12 por ciento, es decir en un 20 por ciento, los aportes al plan de pensiones de los pocos nuevos senadores y diputados a partir del próximo período constitucional, se incrementa en 67 por ciento el aporte para pensiones que han de extraer del presupuesto del Poder Legislativo, que pasaría del 6 al 10 por ciento del total. Eso no tiene otro nombre que legislar para beneficio propio.

Como si nada, los diputados aprobaron esta semana y a toda velocidad, en dos lecturas consecutivas, un proyecto de creación del Instituto de Derecho Parlamentario y Capacitación Legislativa. Puede parecer un buen propósito promover la formación de los legisladores, pero es otro privilegio a ser financiado con los dineros públicos. El Instituto impartiría diplomados y maestrías en técnicas legislativas y derecho parlamentario, con pretensión de reconocimiento como entidad de educación superior. Por supuesto con financiamiento estatal privilegiado, al margen de la Universidad del Estado y de tres docenas de academias privadas.

El otro desaguisado legislativo es la modificación de la Ley 176-07 sobre Municipios y el Distrito Nacional, para beneficio de varios diputados que pasarán el 16 de agosto a ejercer como alcaldes, relevantemente el actual presidente de la Cámara Abel Martínez, quien se juramentará como alcalde de Santiago.

Se pretende reducir el papel de las salas capitulares, en beneficio de los alcaldes, y modificar la distribución de los ingresos de los municipios, que según el artículo 21 de la Ley 176-07, sólo se puede puede erogar hasta el 25 por ciento en gastos de personal, y 31 por ciento para actividades y servicios municipales, reservando 40 por ciento para obras de infraestructura y adquisición de muebles, y el 4 por ciento restante para programas educativos, de género y de salud. También se pretende otorgar discrecionalidad al cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

Vale recordar que la Ley 176-07 fue fruto de una larga década de concertaciones y asesorías nacionales e internacionales, y ahora se pretende una modificación al vapor. Por suerte a la actual legislatura sólo le quedan seis días hábiles, pues concluye el lunes 25.
Una vez más resalta la miseria de institucionalidad democrática que se gasta este país, con seres privilegiados que legislan para su propio beneficio, que se apropian de recursos estatales para “planes de asistencia social”, pero que no cumplen su función de fiscalizar y se pasan años y hasta décadas acariciando proyectos fundamentales como la ley del Régimen Electoral, la de Partidos, o el proyecto de ley de tránsito, transporte y seguridad vial.

Gaudium et Spes Mons. Ozoria

Por Juan Bolívar Díaz
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Permítaseme tomar prestado el título de la constitución pastoral del Concilio vaticano II, Gaudium et Spes, que se traduce como alegría y esperanza, para celebrar la designación de monseñor Francisco Ozoria como nuevo arzobispo metropolitano de Santo Domingo, expresión de la coherencia entre los actos y la visión pastoral del Papa Francisco.

Vale apelar al título de la constitución, aprobada en diciembre de 1965, que traza toda una pastoral sobre “la Iglesia en el mundo contemporáneo”, después que el nuevo arzobispo, en su discurso de agradecimiento, se autodefiniera como “un seguidor apasionado de la doctrina del Concilio Vaticano II”.

Aunque el mismo Ozoria consideró que su escogencia sería una sorpresa para todo el país, y que el primer sorprendido fue él, no debió ser así de haberse tomado en cuenta el perfil del obispo trazado por el Papa Francisco en su discurso ante el Consejo Episcopal Latinoamericano en Río de Janeiro, poco después de su consagración en el 2013, cuando proclamó que “el obispo debe conducir, que no es lo mismo que mandonear. Los obispos han de ser pastores, cercanos a la gente, padres y hermanos, con mucha mansedumbre; pa-cientes y misericordiosos.Hombres que amen la pobreza, sea la pobreza interior como libertad ante el Señor, sea la pobreza exterior como simplicidad y austeridad de vida. Hombres que no tengan psicología de príncipes, que no sean ambiciosos y que sean esposos de una Iglesia sin estar a la expectativa de otra. Hombres capaces de estar velando sobre el rebaño que les ha sido confiado y cuidando todo aquello que lo mantiene unido: vigilar sobre su pueblo con atención sobre los eventuales peligros que lo amenacen, pero sobre todo para cuidar la esperanza: que haya sol y luz en los corazones. Hombres capaces de sostener con amor y paciencia los pasos de Dios en su pueblo.

El sitio del obispo para estar con su pueblo es triple: O delante para indicar el camino, o en medio para mantenerlo unido y neutralizar los desbandes, o detrás para evitar que alguno se quede rezagado”.

El Papa Francisco ya tuvo una oportunidad de hablar directamente a los obispos dominicanos en su visita ad limina al Vaticano, en mayo del 2015 cuando les animó a “que su compromiso en favor de los más débiles y necesitados les ayude a superar la mundana tendencia hacia la mediocridad”.

En su pontificado de apenas tres años, el obispo Bergoglio ha abogado por los derechos de los inmigrantes en múltiples ocasiones, como lo hizo frente al episcopado dominicano, al que recordó que “la atención pastoral y caritativa de los inmigrantes, sobre todo a los provenientes de la vecina Haití, que buscan mejores condiciones de vida en territorio dominicano, no admite la indiferencia de los pastores de la Iglesia”.

Y los exhortó a “seguir colaborando con las autoridades civiles para alcanzar soluciones solidarias a los problemas de quienes son privados de documentos o se les niega sus derechos básicos. Es inexcusable no promover iniciativas de fraternidad y paz entre ambas naciones, que conforman esta bella Isla del Caribe. Es importante saber integrar a los inmigrantes en la sociedad y acogerlos en la comunidad eclesial. Les agradezco que estén cerca de ellos y de todos los que sufren, como gesto de la amorosa solicitud por el hermano que se siente solo y desamparado, con quien Cristo se identificó”.

En el país hay quienes creen que monseñor Francisco Ozoria no merecía ser arzobispo de Santo Domingo por haber sido un defensor compasivo de los derechos humanos de los inmigrantes haitianos y por haber reclamado justicia para los que fueron privados de la nacionalidad dominicana. Estaban equivocados, pues el prelado de San Pedro de Macorís ha sido bien coherente con el perfil del obispo planteado por el Papa Francisco. Y no faltan los que no se atreven a transparentar su prejuicio de que es “demasiado prieto” para ser arzobispo capitalino, aunque un estudio científico acaba de indicar que el dominicano promedio tiene un 49 por ciento de ADN de ancestros africanos.

Celebremos el ascenso de este humilde monseñor Francisco Ozoria y preparémosle una bienvenida con alegría y esperanza de que contribuya a dar vigencia a los principios fundamentales del cristianismo.

Oportunidades de Danilo; lo que nunca se ha hecho

Por Juan Bolívar Díaz
10_07_2016 HOY_DOMINGO_100716_ El País12 A

Con el certificado que le autoriza gobernar hasta el 2020, el presidente Danilo Medina tiene la oportunidad de “hacer lo que nunca se ha hecho” y demostrar desde ya que no pretenderá seguir el nefasto curso histórico dominicano del continuismo aceptando, sin dejar dudas, el desafío a una concertación por la institucionalidad democrática.
El concierto social permitiría concluir el Pacto Eléctrico y materializar el Pacto Fiscal, lo que a su vez generaría mayores recursos para enfrentar las grandes demandas nacionales de sostenibilidad económico-social, mayor equidad en la distribución de la riqueza, combate a la corrupción, la delincuencia y la impunidad, con el imperio de la ley.

¿Será su último período? Cuando Danilo Medina recibió el jueves el certificado de elección, que sin duda ratificará el Congreso Nacional, la pregunta que muchos se formulaban es si será su último período constitucional y nunca más, como manda la Constitución que él impuso en el 2015 para poder reelegirse. Las apuestas en los círculos políticos andan como dos a uno, predominando los que creen que intentará seguir, fundados en el continuismo dominicano, por el que solo siete mandatarios han agotado dos tercios de la historia republicana.

No hay que remontarse al siglo 19, con analizar a Horacio Vásquez, Trujillo, Balaguer, Hipólito, Leonel y el mismo Danilo, se concluye que las palabras no bastan para generar confianza. Todos comienzan condenando el continuismo, pero trabajan para perpetuarse. El caso más trágico fue el de Horacio Vásquez, que creó las condiciones para la tiranía de Trujillo. El más atípico, el de Hipólito, que lo intentó en medio de una grave crisis financiera, después de decenas de juramentos de rechazo, para terminar en el único fracaso.

No solo las palabras, a veces ni los hechos son suficientes para contener el amor al poder sin límites. Leonel Fernández hizo aprobar en 2010 la Constitución del Estado democrático de derecho, que autorizaba la repostulación presidencial eternamente, con un período alterno, pero meses después, pese a haber tenido tres períodos de gobierno, se aferraba a una “interpretación constitucional” que, según discurseó, le permitía seguir, lo que no hizo por una férrea oposición nacional y en su propio partido.

Danilo Medina lo sucedió jurando que no se tragaría ni una vez “el tiburón podrido de la reelección”, reconociéndolo nefasto para la institucionalidad democrática, y terminó comprando medio Congreso para ingerírselo, justificándolo y sin eructar.

Reconocer la desconfianza. Lo primero que necesitan Medina y los suyos es asumir las graves insatisfacciones dejadas por el proceso que le permitió reelegirse con el 62 por ciento de los votos. Pudo haber sido menos aplastante en el abuso del poder y los recursos del Estado, conformarse con el 51 por ciento del sufragio y permitir mayor equilibrio en los demás poderes del Estado, pero él reclamó y buscó a cualquier precio “sus” senadores, diputados y alcaldes.

Hay quienes interpretan esa desmesura en la necesidad de crear condiciones para justificar la continuación del aplastamiento de su competencia interna, bajo la consigna ya reconocida por cercanos, de que “no vamos a permitir la vuelta de un Leonel vengativo”; segundo, para afianzar el dominio, que viene construyendo, de los demás poderes del Estado, y tercero, para erigirse en un nuevo mesías al que “no podemos desaprovechar”, argumento histórico que fundamentaría otra reforma constitucional. “Ya hicimos una, cuando no controlábamos el Congreso, y no tuvo ningún costo político”, argumentó certeramente un beneficiario.

Como en los dos primeros años del Gobierno, abundan los que creen en la palabra de Medina, pero son muchos más los que mantienen reservas y los que apuestan al intento continuista. Eso y el reconocimiento del colapso de la institucionalidad democrática en que concluyó el proceso electoral, es lo que fundamenta la generalizada demanda de un Pacto Político Social para reformas que en lo inmediato garanticen gobernabilidad y posibilidad de enfrentar los graves problemas nacionales, y que también eviten la desestabilización económica y social y graves confrontaciones en el próximo proceso electoral.

Conveniencia del pacto. Es obvio que para dejar atrás la política de desarticulación de los partidos de oposición y cooptación del liderazgo político-social mediante el reparto del Estado, y para cesar la impunidad y combatir la corrupción y delincuencia, así como para promover la independencia de los poderes del Estado, incluyendo los de control, ningún Gobierno necesita pacto alguno, pues bastaría con comenzar a hacer cumplir los principios constitucionales y las normativas.
Pero la coyuntura obligaría al Pacto Socio-Político por la necesidad de legitimar mayores contribuciones impositivas, que permitan adecuada inversión social, disminuir la delincuencia y crear seguridad, conteniendo el peligroso sendero de los déficits y el endeudamiento.

El problema es que los estrategas gubernamentales saben que cada vez es mayor la convicción de que el “Pacto Fiscal” tiene que con- llevar reestructuración del gasto y limitar la estructura de dominación en base al reparto y la corrupción sobre la que se ha sostenido el dominio total del régimen peledeísta.

Eso puede tener un costo de comodidad política, pero permitiría a Danilo Medina ocupar una buena curul en la historia nacional, y a su partido recuperar el crédito de sectores sociales muy insatisfechos, que reivindican los principios fundacionales del profesor Juan Bosch. Pero se requiere pasar del discurso a la concertación, o a los hechos concretos. No se inscribe en esa dirección la decisión de esta semana de llevar a una hermana del primer mandatario a la presidencia de la Cámara de Diputados, reduciendo la diversidad interna y ampliando garantías de control sobre los organismos que habrán de renovar los organismos estatales este año y en los sucesivos.

El pacto más prioritario. Tras el discurso del presidente del CONEP, Rafael Blanco Canto, el 29 de junio y el amplio respaldo que ha recibido de todo el sector empresarial y de instituciones sociales, ha crecido la convicción de que el primero de todos los pactos, fundamental para lograr los otros, es el de la sociedad civil, ya que los partidos políticos siempre buscan neutralizar y proseguir caminos que les han dado alta rentabilidad.

Para esta semana se convocan varios encuentros destinados a ampliar la concertación social, incluyendo un “Foro por un pacto nacional por la justicia y la seguridad”, convocado por una veintena de organizaciones sociales y empresariales que incluyen a algunas de las que en el pasado protagonizaron exitosas jornadas de presión como las de los años noventa para elegir una JCE y Suprema Corte de Justicia relativamente independientes, o la que luego forzó el cumplimiento de la ley que dispone la inversión del 4 por ciento del PIB en educación.

Que nadie se deje engañar, del nivel de compromiso de los sectores sociales, especialmente de los empresariales, dependerá que el Gobierno emprenda el camino de la concertación real para el rescate de la institucionalidad democrática y de la Estrategia Nacional de Desarrollo.