Contundente álbum de la corrupción agravada cada año por la impunidad

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El partido Alianza País acaba de publicar un contundente álbum de la corrupción y la impunidad, muy superior al del PLD de 1981 y que se inscribe en los más recientes informes de Participación Ciudadanos “20 años de Impunidad y “La corrupción sin castigo”  

Por Juan Bolívar Díaz

         El Partido Alianza País (AL País) acaba de publicar un contundente álbum de la Corrupción que supera con creces el de “Vanguardia del Pueblo”, el periódico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en 1981 y se inscribe en la línea de los más recientes  informes de Participación Ciudadana “20 Años de Impunidad” y “la Corrupción sin castigo”.

La verificación gráfica de la magnitud de los casos de corrupción de los últimos años evidencia la cada vez más complicada trama de corrupción que afecta la sociedad dominicana y el nivel de impunidad predominante a pesar de que crece en la población la consciencia sobre su impacto en la pobreza material y en la institucionalidad democrática.

Valioso documento gráfico

                  El vocero oficial de Al País, “El Aliancista” dedica sus veinte páginas tabloides bajo el título “20 años de corrupción e impunidad” a recopilar más de 50 escándalos de corrupción de dos décadas que incluyen varios  del gobierno del presidente Hipólito  Mejía 2000-04, pero la mayoría de los tres períodos del presidente Leonel Fernández y luego de los dos que agota el presidente Danilo Medina.    Los escándalos más antiguos en que se detiene la publicación son los de las sobrevaluación denunciada en la construcción del aeropuerto La Isabela, el Programa de Empleos Mínimos Estatales (PEME) y desfalco en el Banco Agrícola en el primer gobierno de Fernández. Luego los del período de Mejía: tarjeta de Pepe Goico (Pepegate), en Autoridad Portuaria, el Instituto de la Vivienda y el Plan de  Renovación de Vehículos (Renove).

Del período de 8 años de Fernández (2004-12) son la mayoría: en la Liga Municipal, Lotería Nacional, direcciones de Migración, Pasaporte e Instituto de Recursos Hidráulicos, desfalco aduanal en Santiago, los mayúsculos de la Sun Land y los aviones Tucano, la construcción de polideportivos del Ministerio de Deportes, las sobrevaluaciones en los parqueos de la UASD, de Bellas Artes, los vagones del metro, en la OTTT, Ministerio de la Juventud,  y 29 empresas encubiertas de Diandino Peña.

De los gobiernos de Medina se incluyen los referentes a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), la venta de Los Tres Brazos, la tragedia del CEA en San Pedro de Macorís, la de OMSA y asesinato del abogado Juniol Ramírez, la tecnología de la Junta Central Electoral,  y el malecón de Nagua. Espacios especiales tienen el escándalo de Odebrecht, la contratación de las plantas de carbón, el déficit fiscal del 2012 por 153 mil millones de pesos, la Fundacion Global, los barrilitos y los cofrecitos de los diputados.  Muchos de ellos documentados en auditorías de la Cámara de Cuentas, todos impunes, excepto el Plan Renove,  aunque ampliamente dilucidados en los medios informativos.

El Album de la Corrupción              

El PLD hizo historia en 1981 con la publicación de su “Album de la Corrupción”, referente sólo a los tres primeros años del gobierno del presidente Antonio Guzmán, en los tiempos en que ese mal social formaba parte de su credo político. Cuando se le revisa resulta “un juego de niños” comparado con la magnitud de los escándalos denunciados en sus gobiernos, algunos que han envuelto hasta 130 millones de dólares como el de Sun Land, o las aún no cuantificadas sobrevaluaciones, sobornos y financiamientos electorales de Odebrecht por miles de millones de pesos..

Lo más relevante fueron las fotografías de tres residencias construidas por el vicepresidente Jacobo Majluta, el secretario sin cartera Lorenzo Sánchez Baret y el secretario particular de Peña Gómez, Aridio García de León, con inversión, según el periódico, de $475 mil, 250 mil pesos, y más de cien mil pesos, respectivamente. Resalta que una auditoría reveló que el síndico del DN Pedro Franco Badía gastó 673 mil pesos en asistencia social entre 1977 y 1981, con interés de promoverse.

Como “Fraude escandaloso” indica que Frank Desueza Fleury, director del IDSS, efectuó compras por 550 mil pesos, cuando solo le habían autorizado 235 mil, para favorecer a 7 empresas en detrimento de otras 6. A Gustavo Sánchez Díaz, quien después sería aceptado en el PLD, le endilgan como corrupción haber hecho donaciones por 203 mil pesos en los 3 años que dirigió el INESPRE.

Al vicepresidente Jacobo Majluta y su hermano Freddy que después sería aliado y funcionario del PLD les dedican las páginas centrales del álbum. Al primero le endilgan que como director de CORDE había donado más de $92 mil a 160 personas que no eran empleados, en sumas que oscilaban entre $200 y $4,000. También que gastó $116 mil para imprimir calendarios donde aparece en fotografía con el Papa y otros $28 mil para hacerse 200 mil fotografías a color para promoción política.  A Hipólito Mejía, que como secretario de Agricultura hizo compras de fertilizantes de forma irregular  por 10 millones de pesos, entre ellas a la empresa Fuerza Agrícola a la que estaría vinculado, sin aportar pruebas.

Un referente por años

El album de Vanguardia del Pueblo fue de ocho página y tuvo una tirada de 100 mil ejemplares que se distribuyeron en las  calles y durante años quedaría como un referente de las denuncias de corrupción. Su análisis pormenorizado revela una carencia de documentación, incluyendo como corrupción programa de asistencia social que realizaba la entonces  Secretaría de Salud Pública entre apenas cientos de indigentes. Origen de los  programas asistencialistas por miles de millones de pesos en los gobiernos del PLD.

Llegaron al extremo de calificar de “repartidera” el gasto de 260 mil pesos del Fondo de Asistencia Social de Salud Pública, documentando cheques de 500 y 600 pesos. Y hasta dos cheques a un restaurante por 454 y 329 pesos, y siete cheques que pagaron dietas entre 200 y 610 pesos a seis funcionarios por viajes al interior de entre dos y cinco días. Denunciaron como “imperdonable derroche” una remodelación del palco presidencial del Estadio Quisqueya por 175 mil pesos, donde los gobiernos del PLD han invertido cientos de millones de pesos en sucesivas remodelaciones y ampliaciones.

En 8 páginas el vocero del PLD incluyó otros casos menores de denuncias que  quedaron cortas en relación a corrupción y malversación, por escasa investigación y porque la política no había degenerado a los niveles de las últimas décadas, especialmente por la extensión de las campañas electorales que distraen recursos públicos incuantificables.

Participación Ciudadana

            El movimiento cívico Participación Ciudadana ha dedicado mucho esfuerzo a denunciar la corrupción y la impunidad en sus 25 años de existencia, con decenas de pronunciamientos, resaltando dos libros,  bajo los títulos de “20 años de Impunidad” y “La Corrupción sin Castigo”, y un folleto didáctico sobre el expediente de corrupción presentado por la Procuraduría General contra el funcionario y senador Félix Bautista..

El primero fue publicado en febrero del 2004 y se refiere al período 1983-03, abarcando los gobiernos de Salvador Jorge Blanco, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Registra 227 denuncias de corrupción, de las cuales 185 llegaron al Departamento de Prevención de la Corrupción, de la Procuraduría General, sólo 22 a los juzgados de instrucción, cámara de calificación y cámaras penales, 2 a cortes de apelación y uno a la Suprema Corte. Apenas en 6 casos hubo decisiones judiciales definitivas.

El segundo libro fue publicado en junio del 2014, con investigación de la corrupción del período 2000-13, que incluyó 94 denuncias, pero sólo hubo 8 dictámenes de los tribunales, el más significativo sobre el Plan Renove, por sobrevaluación y favoritismo en la asignación de minibuses financiados por el Estado. Participación Ciudadana figura entre las entidades que han promovido la Marcha Verde contra la impunidad que durante el último año ha sacudido el país, mientras las encuestas señalan ya registran la corrupción entre los mayores problemas nacionales, junto a la delincuencia e inseguridad ciudadana y el desempleo.

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Cómo definía la corrupción el PLD de 1981

Cuando el PLD publicó su Album de la Corrupción el 4 de noviembre de 1981, su líder e ideólogo Juan Bosch estaba en la plenitud de su sus prédicas sobre la ética y la política en función del servicio público. Se le atribuye  haber escrito los dos párrafos siguientes, que fueron la introducción a esa publicación denuncia:

“La palabra corrupción tiene muchas significaciones. Una de ellas es podrido o putrefacto, así como todas las que se derivan de esas dos,  pero en la lengua de los latinos, de la cual pasó a la española, quería decir, y quizás de manera preponderante, no sólo corrompido sino también corruptor, porque el que ejerce la corrupción necesita que alguien sea su cómplice y para conseguir cómplices corrompe a otro como sucede en todos los casos de aprovechamiento del poder sobre el Estado y sus fondos para enriquecerse.

“La corrupción tiene muchas formas, porque no se limita al robo de los dineros que el pueblo le paga al Estado a través de los impuestos directos e indirectos. Se actúa en forma corrupta cuando se sabe que alguien está ejerciendo la corrupción y se le protege con el silencio o se le defiende. Es corrupción usar la influencia que da un cargo público para hacer negocios con el Estado o para beneficiarse de negociantes sin escrúpulos, pero sería también corrupción que nosotros, que no tenemos puestos en el aparato del Estado, nos quedáramos callados ante la ola de corrupción que se ha levantado en el país”.

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Alianza por el derecho a la salud

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Por Juan Bolívar Díaz

Resulta positivo que una treintena de organizaciones sociales y personalidades públicas hayan constituido una Alianza Por el Derecho a la Salud (ADESA), respondiendo a los persistentes problemas de la salubridad nacional, que durante el año recién concluido registró un vergonzoso incremento de las muertes maternas e infantiles, en las que el país ya ocupaba el cuarto y segundo lugar, respectivamente en América Latina y el Caribe.

Esa preocupación debe conectar con el anuncio de la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán, de que a mediados del año estará listo un Plan Decenal de Salud y con el llamado del director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH-SIDA, Víctor Terrero, a una jornada nacional permanente contra la mortalidad materna, que a su juicio debe incluir no sólo a los organismos estatales y los gremios sectoriales, sino también a las organizaciones sociales.

Las estadísticas indican que el año pasado el esfuerzo oficial logró reducir significativamente la incidencia de enfermedades contagiosas como el dengue, cólera, malaria y chikungunya, no así la leptospirosis, pero es relevante que no pudieran combatir eficazmente las muertes materno-.infantiles, aunque fue propósito anunciado por el ministerio de Salud al comienzo del 2017.

A mediados del año pasado, un informe de Unicef colocó al país como el segundo en mortalidad neonatal, y desde años anteriores es el cuarto en mortalidad materna en la Latinoamérica. Las estadísticas de la Dirección General de Epidemiología, del Ministerio de Salud, muestran que el año pasado hubo un crecimiento sobre el 10 por ciento en  muertes maternas e infantiles, Algo que debería avergonzarnos a todos en pleno siglo 21.

No hay manera de desligar esa ocurrencia del hecho de  que mil 400 médicos y 2 mil 500 enfermeras fueran pensionados sin que se hayan designado sus sustitutos, y de que cerca de medio centenar de hospitales de todo el país permanecen severamente afectados por la reconstrucción a que fueron sometidos al mismo tiempo hace al menos cinco años. Entre ellos los dos principales hospitales de maternidad del gran Santo Domingo y los dos mayores de Santiago, incluyendo al materno-infantil. Estamos pagando las consecuencias de la improvisación y el reparto alegre de obras, sin contar con los recursos necesarios. T en casi todos los costos contratados originalmente han sido superados con creces.

Hay que aferrarse a la esperanza de que esta vez, a diferencia del anterior, el Plan Decenal de Salud en proceso de elaboración, resulte lo que fueron programas similares puestos en vigencia para la educción, en cuanto crearon las condiciones que propiciaron el cumplimiento del mandato de la Ley General de Educación de 1997 que dispuso una inversión mínima del 4 por ciento del PIB para ese sector. Todos sabemos que en Salud Pública todavía estamos a menos de la mitad del 5-6 por ciento del PIB que recomiendan para el sector los organismos internacionales especializados y que en esa materia también nos encontramos en la cola regional.

Mientras tanto  se impone que el gobierno cumpla lo antes posible la promesa formulada por el presidente Danilo Medina en su informe del 27 de febrero pasado, de que concluirían las remodelaciones de 56 hospitales. Parece que apenas pudieron terminar unos ocho, y  que en muchos se avanzó muy poco. El gobierno se mostró satisfecho del aumento en las personas incorporadas al Servicio Nacional de Salud, pero de nada vale una tarjeta plástica, sino mejoran los servicios hospitalarios y se evitan los conflictos con los gremios generan frecuentes paralizaciones por asuntos como los salariales, sobre los que ahora se anuncian acuerdos.

Por todo eso resulta positiva la emergencia de la ADESA que el próximo domingo realizará una caminata en plena capital para reclamar los recursos que son urgentes para enfrentar lo que se ha considerado como colapso de los servicios hospitalarios de salud.-

 

 

 

Los grandes retos para el Gobierno, los partidos y la sociedad en el 2018

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 La respuesta judicial al escándalo Odebrecht y la corrupción, la conclusión de las plantas de carbón, el déficit fiscal y endeudamiento, el acato al límite constitucional para la reelección, las reformas electorales y los problemas de salud y seguridad son los mayores desafíos para el gobierno     

Por Juan Bolívar Díaz

            El presidente Danilo Medina afrontará grandes retos institucionales, económicos y políticos en un año que agotará más de la mitad de su gobierno, comenzando con su propia base de sustento partidista sumida en una parálisis por la emergencia de tendencias continuistas que precipitan  una pre-campaña electoral del expresidente Leonel Fernández.

Las limitaciones fiscales, las dificultades para concluir su obra cumbre de las plantas de carbón de Punta Catalina y la respuesta judicial al escándalo de Odebrecht marcan el inicio de un año fundamental para que la oposición política empiece a constituir una alternativa organizativa y con base en las reformas electorales pendientes.

Los primeros desafíos

            Entre los primeros desafíos que enfrenta este año el gobierno está la respuesta al escándalo de corrupción Odebrecht. El 7 de febrero se cumplen los 8 meses del plazo para que la Procuraduría General formalice o amplíe las acusaciones presentadas  a finales de mayo contra 14 implicados en los soborns denunciados por 92 millones de dólares. Aunque el juez Francisco Ortega dictó coerción el 7 de junio, posteriormente la jueza Miriam Germán, presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, consideró el expediente cargado de vaguedades o suposiciones.

La generalidad de opiniones de juristas, abogados defensores y comentaristas han coincidido en que el ministerio público se limitó a transcribir las implicaciones caracterizadas por generalidades, que le entregó la justicia brasileña, con notoria ausencia de investigaciones en el ámbito nacional para documentarlas. Lo más objetivo o documentado del expediente fueron el centenar de transferencias de cinco empresas offshore de Odebrecht a dos del dominicano Angel Rondón por 83 millones de dólares. El 21 de diciembre Rondón fue incluido por Estados Unidos en una lista de 15 personas a las que acusa de corrupción o violación de derechos humanos, lo que fue interpretado como aviso de que da seguimiento a las denuncias de Odebrecht ante su justicia.

El gobierno afronta la primera renovación de cuatro de los 13 de los integrantes del Tribunal  Constitucional cuyo  período de 6 años venció en diciembre: Víctor Gómez Bergés, quien por edad debió ser relevado en el 2015, Jottyn Cury David, Leyda Margarita Piña, e Idelfonso Reyes. Con el control mayoritario del Consejo de la Magistratura, será importante hacia qué dirección se inclina el presidente Medina.

La confrontación política

            Con el inicio de la legislatura a fin de febrero, se verá si el presidente mantendrá su empeño en imponer el padrón electoral abierto en la elección de candidatos, que se inscribe en la ruta continuista que se le atribuye, lo que congeló en el Congreso el proceso de aprobación de la Ley de Partidos y la Ley del Régimen Electoral, ambas orgánicas, por lo que requieren dos tercios de los votos.

El tranque ha dejado paralizado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que no ha podido decidir al respecto. Pasado más de tres meses de la última reunión de su Comité Político el 2 de octubre, donde decidió integrar una comisión de juristas para que dictaminen sobre si la imposición a todos los partidos de esa forma de elección es inconstitucional, como ya decidió en el 2004 la Suprema Corte de Justicia sobre una ley que la había establecido.

El discurso-informe del presidente ante la Asamblea Nacional, el 27 de febrero, será crucial para despejar la atmósfera política en su propio partido y a nivel nacional, dependiendo de que prosiga o no la ruta de la imposición, lo que mantiene un malestar que abarca la mayoría de los partidos y de las instituciones sociales, y ha disparado la lucha interna a niveles sin precedentes en el PLD.

El mandatario podría seguir guardando silencio sobre lo que es obvio, pero mientras tanto, su contrincante interno, el expresidente de la República Leonel Fernández,  por demás presidente del PLD, aprovechó diciembre para lanzarse al medio de la calle en la búsqueda de apoyo público para una eventual candidatura que Medina no parece dispuesto a avalar. La decisión sacudirá la segunda mitad de su período gubernamental.

Sociedad civil y oposición

            Las dificultades del continuismo en el poder podrían agravarse por efectos externos de repercusión fiscal, como la tendencia alcista del precio del petróleo y la drástica reducción de impuestos decidida en Estados Unidos, que podría generar alzas de intereses.

Está por verse si el Movimiento Marcha Verde logra mantener el vigor que exhibió a lo largo del año pasado, cuando se constituyó en la principal preocupación política para el PLD y su gobierno. La primera prueba será el 28 de enero cuando ha convocado una marcha hacia el Palacio Nacional conmemorativa de su debut el 22 de enero del 2016, cuando sorprendió al país al movilizar a decenas de miles de ciudadanos. Tras una decena de grandes marchas por el país, la última 16 de julio con más de cien mil manifestantes en Santo Domingo, quedó como la mayor demostración de la ciudadanía  dominicana.

La oposición política al régimen peledeísta, debilitada desde los desmembramientos de los tradicionales partidos Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano, consumidos por luchas internas e incentivos estatales, afronta este año el desafío de su recomposición a través del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que emergió como alternativa en las elecciones del 2016 con el 35 por ciento de los votos.

El fortalecimiento de la opción PRM depende en gran medida del éxito que alcance el 18 de febrero cuando tendrá su primera votación para elegir sus dirigentes nacionales, municipales y locales con un padrón de casi 500 mil militantes confeccionado en los últimos meses. Si prevalece la voluntad mayoritaria de sus miembros, sin mayores conflictos, se fortalecería como partido de oposición y liquidaría el argumento de que los partidos nacionales no pueden tener un padrón confiable de miembros.

Los problemas de fondo

Las prioridades que ponga en ejecución el presidente Medina a partir de este año  indicarán si asume que está en su último periodo, “y que no podrá postularse jamás al mismo cargo”, como consigna su modificación constitucional del 2015 que le permitió optar por su segundo mandato. Así como no debe esperarse que a estas alturas emprenda la urgente pero difícil reforma fiscal, cuyos beneficios netos se cosecharían al finalizar del período, tampoco debería emprender obras que no pueda terminar en dos años, y por el volumen de inversión que demandan, como la presa de Rio Grande en el sur, o el proyecto de remodelación de La Ciénaga-Los Guandules en Santo Domingo.

Las nuevas inversiones deberían priorizar la conclusión de obras fundamentales como las plantas de carbón, afectada por la grave disyuntiva de dilación por un arbitraje internacional que plantea el reclamo de 708 millones de dólares adicionales por la constructora Odebrecht. Así mismo la segunda línea del metro capitalino, a paso de tortuga aunque  Medina la “estrenó” en la campaña electoral del 2016,  el teleférico de Santo Domingo y la remodelación de casi medio centenar de hospitales, varios de los mayores del país, que llevan cinco años semiparalizados. Es lógico el anuncio de  expansión del exitoso programa 911, que ya opera en Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y Puerto Plata.

En lo que le queda de período el gobierno de Medina ya sólo podrá poner parches en los problemas de fondo, como agua potable, electricidad, seguridad ciudadana, salubridad y seguridad social, reordenamiento del transporte y vivienda, con programas limitados por la precariedad de financiamiento. Mientras al mismo tiempo tendría que contener el déficit fiscal y su correlativo endeudamiento. Parece tarde para alcanzar  mejoramiento de la competitividad y reducción del crónico déficit de balanza comercial.

Necesidad de nuevo aliento

Ya sea que Danilo Medina acate el imperio constitucional que le prohíbe buscar otra reelección, o que contribuya a desmembrar su poderoso partido y enfrentar al resto de la sociedad, para aspirar al éxito requiere insuflar un nuevo aliento, como jefe del Estado.

La reducción del crecimiento económico durante el año pasado constituye un reto adicional, y el gobierno ha comenzado el año en conflicto con el fundamental sector turístico al cambiar unilateralmente las reglas, sin previo estudio ni consulta, para permitir edificaciones de hasta 22 pisos en las playas, con grandes inversiones limitadas a cinco.

El segmento más vivo de la sociedad dominicana ha iniciado el 2018 agobiado por la corrupción, la impunidad y la desconfianza en las instituciones estatales, manifiesta en las calles, en las encuestas y en el debate de los medios de comunicación.

Hay quienes tienen confianza en que Danilo Medina se sobrepondrá a los intereses que abogan por el continuismo a cualquier precio, y leerá los signos de los tiempos buscando el aliento necesario para concluir su gestión gubernamental con relativo éxito. Pero eso ya no será posible prolongando su silencio y dejando que prosiga la impunidad generalizada y el desprecio a la institucionalidad democrática.-

2017: Un año perdido por la corrupción, crisis institucional y salvajismo político

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El crecimiento económico, aunque reducido, y mejor inversión en educación, salvó al gobierno, sacudido por la Marcha Verde, en un año de incremento del presidencialismo, debilidad del Congreso y la justicia y crisis de la salud pública

Por Juan Bolívar Díaz

            La ralentización del crecimiento económico, el déficit fiscal que acentúa el endeudamiento estatal y la incapacidad para contener la inseguridad ciudadana, la corrupción y la impunidad generan un ambiente pesimista y de incertidumbres en la sociedad dominicana al caer el 2017.

El acentuado presidencialismo que precipitó un debate sobre otra reelección, cuando apenas transcurría un cuarto del período de gobierno y la incapacidad para concertar los pactos eléctrico y fiscal y las leyes de partido y régimen electoral incrementan la desconfianza de la población en las debilitadas instituciones estatales y políticas.

 2017, un año para olvidar

            Por más vueltas que se le den el balance del 2017 es devastador para la institucionalidad democrática, para el Congreso Nacional, con la justicia empantanada en una arrolladora cadena de  escándalos de corrupción, comenzando por el de los sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos políticos de Odebrecht, ante los cuales la respuesta de Ministerio Público fue ridiculizada por la juez presidente de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán.

El primer año completo de la segunda gestión del presidente Danilo Medina marcó un declive de su aprobación, manifiesto en las encuestas, el gobierno quedó a la defensiva y el mandatario enmudeció frente a la masificación de los reclamos contra la corrupción y la impunidad que encarnó la Marcha Verde, la mayor expresión de ciudadanía en la historia del país.

El año concluye sin que se firmara el Pacto Eléctrico pese a tres años de discusiones y con el gobierno evadiendo el pacto fiscal, ambos dispuestos por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012, compensando la falta de contribuciones tributarias con un endeudamiento que en la primera mitad del año llegó a 12 millones de dólares por día, más de 570 millones de pesos.

El Congreso Nacional agotó las dos legislaturas del año discutiendo los proyectos de leyes de partidos políticos y del Régimen Electoral, quedando paralizado por la persistencia del presidente Medina en imponer el padrón electoral abierto como obligatorio para todos los partidos escoger sus candidatos a las elecciones generales, evadiendo planteamientos de fondo como la transparencia y limitaciones del financiamiento y las sanciones a las repetidas incursiones del aparato estatal en las campañas electorales.

La economía y la educación

La estabilidad macroeconómica, con un crecimiento del producto interno bruto proyectado a  4.5%, aunque reducido en relación al promedio sobre 6% de los últimos años, con baja inflación de 4% y relativa estabilidad cambiaria salvan el gobierno de Medina en el 2017, aunque para ello tuvo que proseguir la carrera de endeudamiento que disparó la deuda estatal a unos 40 mil millones de dólares, sobre el 53% del PIB, cuyos intereses se acercan a la cuarta parte de los ingresos fiscales. Se crítica un crecimiento económico que no reduce la pobreza y se basa en sectores que generan poco empleo y de baja calidad, con informalidad que pasa del 58%, y que persiste un desbalance comercial que sobrepasará los 8 mil millones de dólares.

La inversión del 4% del PIB en la educación siguió siendo el mayor éxito de la gestión de Medina, con algunos pasos más allá de la construcción de aulas, en la formación docente y programas dirigidos a atacar el bajo nivel educativo nacional. La acción Empresarial por la Educación (Educa) reconoció que el volumen de inversión de este año en el sector, 152 mil millones de pesos, comenzó a consolidar el esfuerzo imprescindible para alcanzar la calidad.

El gobierno tuvo éxitos en la expansión del sistema de asistencia 911, en mayor  crédito a pequeñas empresas y a la agropecuaria, pero quedó atrapado al tener que destinar alto financiamiento a su obra emblemática, la central eléctrica de carbón bajo fuerte cuestionamiento. El informe de la comisión presidencial que pretendía esclarecer su contratación, obtuvo escasa credibilidad y se vió sobrepasado cuando la Odebrecht reclamó otros 708 millones de dólares para terminarlas, y ya no en el próximo año, sino en el 2019. agravando los apuros del gobierno, que enfrenta la disyuntiva de tener que someterse a un arbitraje internacional que dilataría aún más su conclusión.

Diagnósticos negativos

            Las evaluaciones de instituciones reconocidas como Fundación Institucionalidad y Justicia, (Finjus) Participación Ciudadana (PC) y el Comité Nacional de Derechos Humanos, ponen acento en el deterioro de la credibilidad en las instituciones estatales. Finjus dice que 2017 es “el más escandaloso en materia de justicia y corrupción. PC: “uno de los años más representativos en los anales de los escándalos de corrupción, con prevalencia de la más pertinaz impunidad”. Denuncian el deterioro de los partidos políticos, y el auge de la inseguridad, con desprecio a las normativas constitucionales y legales.

Por su parte las escuelas de economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y el Centro Regional de Estratregias Económicas Sostenibles diagnostican una economía que se encamina aceleradamente a la insostenibilidad y para contenerla enfatizan la necesidad de abocarse al  al pacto fiscal que obligaría a reducir el dispendio, la multiplicidad de organismos con funciones similares, el clientelismo y la corrupción, que según un estudio de Oxfam publicado en octubre consumieron este año más de 90 mil millones de pesos.

En las evaluaciones internacionales del año el país no ha quedado mejor, resaltando el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial donde retrocedió 12 escalones, cayendo de la posición 92 a la 104 entre 137 países, perdiendo pequeños avances de los últimos años, notablemente en fortaleza institucional, en el escalón 129, entre los últimos 8, y quedando sublíder mundial en corrupción y en desconfianza en los políticos. Mientras recientes informes del Banco Mundial, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y discursos de las representaciones del Banco Interamericano de Desarrollo y de la embajada de Estados Unidos, urgieron a reformas por la institucionalidad y la competitividad.

Déficit de Justicia y salud         

Uno de los sectores peor evaluados en el año es el de la justicia, que no logró avanzar en la ejecución de las conclusiones de la Cumbre Judicial celebrada el año anterior, suspendiendo y trasladando jueces, sin alcanzar sanciones ni en los mayores escándalos y con un ministerio público que no logró éxitos, no sólo en el escándalo Odebrecht, sino en otros muchos, como los de la Corporación de Empresas Estatales, las muertes del CEA en San Pedro de Macorís y Cerro de las Américas y con un pobre expediente sobre los sobornos en la compra de los aviones Tucano. La escandalosa fuga de Quirinito encueró al sistema judicial.

La justicia fallida en los grandes escándalos hizo minimizar tres condenas dictadas este año por corrupción que involucró a los exalcaldes de San Cristóbal, Raúl Mondesí, de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez, y a Gabriel Mora (Canoa), de Cabarete, que implicaron cárcel para ellos y cinco funcionarios municipales.

            El 2007 marcó una crisis de la salubridad pública, sin que se haya concluido la remodelación de medio centenar de hospitales, incluyendo muchos de los mayores, con repetidas paralizaciones, alarmante incremento de la mortalidad infantil y materna en 18 y 23%. Un incremento del narcotráfico, con incautación de 12 mil 843 kilos de cocaína, 3 mil 170 más que en 2016, crímenes espantosos como el de la adolescente Emely Peguero y el abogado Juniol Ramírez, y unas 180 mujeres asesinadas, casi un centenar en arranques pasionales, contribuyeron a mantener alta percepción de inseguridad.

Aliento de la Marcha Verde

            Con un partido gobernante sacudido por luchas internas, con una oposición dispersa y en prematura lucha por candidaturas y sin nutrirse de la caída de la aprobación del gobierno, las perspectivas políticas se han mostrado inciertas y las encuestas marcan una bajísima credibilidad en los partidos, entre 15 y 23%, y por primera vez cayó por debajo de la mitad, a 42%, la proporción que muestra simpatías partidarias.

La desesperanza parece dominar, especialmente cuando el Barómetro de las Américas ha mostrado que el 42% de los dominicanos tienen expectativas de irse del país, con un altísimo 60% entre los jóvenes de 18 a 25 años, y 48% en la franja de 26 a 35 años. Contrasta con más de medio siglo de crecimiento económico, con tasas en los mayores  niveles mundiales, y evidente progreso urbanístico.

Casi todas las evaluaciones concluyen en que el despertar ciudadano contra la corrupción y la impunidad, ha sido el acontecimiento más alentador de un año en que se acentuó el presidencialismo y las tendencias a la imposición política, proyectándose como un gran desafío a los que gobiernan y a los que pretenden relevarlos.-

 

Nostalgias y disquisiciones navideñas

      Por Juan Bolívar Díaz

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            En estos días de Navidad con aguaceros, indicio irrefutable de los cambios climáticos que la devastadora voracidad humana provoca, la nostalgia puede apoderarse fácilmente de los seres sensibles echando de menos los villancicos y hasta los encendidos merengues que se apoderaban de las ondas radiofónicas para esta temporada del año. Nos han quitado hasta “el martiniqueño” y “Navidad que vuelve”.

Pareciera que hasta la televisión se ha negado a la tradición, con el agravante de que este año no se puede arrancar para Puerto Rico, el país más navideño del universo, en aportes musicales, luces, festividades, y hasta en la prolongación porque después de los Reyes se celebran las octavitas, con las cuales se llega casi hasta la mitad del primer mes del año nuevo.  Pero esta vez las navidades son fallidas en la tierra del edén destrozada por un huracán que llevó el nombre de la madre de Jesús, tanto que tres meses después el 40 por ciento todavía no dispone de electricidad ni suministro seguro de agua potables.

Nostalgia se siente también de aquellas serenatas o parrandas nocturnas y de los aguinaldos madrugadores, del jengibre y el ponche que revitalizaba la solidaridad del vecindario. Ni hablar de la Misa del Gallo a la medianoche, porque la inseguridad generada por la extrema desigualdad clausuró esas manifestaciones de aquellos tiempos que, como todos los pasados, siempre fueron mejores. Para los que entramos en la decadencia, porque el horizonte se va estrechando irremisiblemente. Porque  “ahora el tiempo vuela y los años pasan muy rápido”. Aunque lo que vuela y pasa son nuestros hálitos de vida.

La siembra hacia arriba de la varilla y el cemento, la migración campesina y pueblerina que masifica las ciudades donde se concentra el progreso material, han fragmentado el tejido social solidario pero aún así todavía muchos dominicanos procuran volver a sus orígenes para las celebraciones de la Nochebuena y la Navidad.

Los migrantes más notables en estos días son los provenientes de decenas de países donde se dispersaron los dominicanos en las últimas seis décadas. Se les encuentra en el medio y lejano oriente, en la Europa hasta oriental, y en los últimos años cuando han descubierto que “el sur también existe”, en Ushuaia, la ciudad más sureña del mundo, donde ni los incentivos de apartamentos provocan la población argentina. Allí ya hay una colonia dominicana que se busca la vida hasta a quince bajo cero la mitad del año. En Alaska, al extremo norte,  los dominicanos se cuentan por miles.

La diáspora dominicana, expulsada por nuestra falta de oportunidades de vida, se ha convertido en sostén fundamental de la relativa estabilidad económica, al ritmo de más de 5 mil millones de dólares anuales, 240 mil millones de pesos, sin nada incluido, sin los cuales ni los seis mil millones de dólares del turismo nos hubiesen salvado de la ruina. Ese aporte equivale a la mitad de los ingresos fiscales nacionales.

Llegan alborozados a los aeropuertos, y se hacen sentir en los lugares de esparcimientos, en los barrios y hasta en las iglesias, exhibiendo su mejoría, pero también reafirmando su dominicanidad y exigiendo el reconocimiento que muchos quieren negarles, considerándolos narcotraficantes y trabajadoras sexuales, cuando en realidad el 95 por ciento se faja de campana a campana para ganarse el pan y la esperanza, mejorar sus viviendas y asegurar su vida y la de los suyos, soñando eternamente con el regreso.

Ellos son parte de nuestra Navidad, del reencuentro de estos días, de la solidaridad y de la humanidad de los migrantes, por quienes el papa Francisco ha vuelto a pedir respeto en su mensaje navideño “Urbis et Orbe”, en que de nuevo clama por la paz entre los seres humanos y los pueblos, rechazando este mundo “en que soplan vientos de guerra y un modelo ya caduco sigue provocando degradación humana, social y ambiental”. Mundo donde los dominantes volvieron este año a espantar las celebraciones en Belén, donde nació el humilde rabit de Galilea, que nos legó el amor y la solidaridad humana.-

 

 

Dejen a Bosch descansar en paz

Por Juan Bolívar Díaz

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Los que creemos en la trascendencia y supremacía de lo espiritual sobre lo material, tenemos derecho a imaginarnos al profesor Juan Bosch como alma en pena, deambulando por sus círculos de estudio y desparramando con furor las cenizas en que una gran parte de su discipulado ha convertido sus toneladas de reflexiones y teorías políticas sobre la sociedad que se propuso construir para completar la obra de Juan Pablo Duarte.

Fue un inmenso entramado de obras para la formación política y la organización partidaria, de interpretación de la historia nacional, caribeña y hasta universal, tan  notable como su obra literaria, signada por una inmensa sensibilidad humana y social, que de haberse quedado en esta, su espíritu  no vagaría hoy escandalizado estrellándose contra el muro que sus discípulos han levantado de espaldas al clamor de la sociedad.

Imagínense al Bosch que hace 44 años se levantó del liderazgo del Partido Revolucionario Dominicano, increpando a la mayoría de sus dirigentes de no ambicionar más que poder y riqueza en su condición de burgueses y pequeños burgueses. Y eso fue en 1973, cuando ese partido sólo había estado en el poder los 7 meses en que él gobernó  aferrado a una escrupulosidad y una austeridad más que franciscanas.

Ciertamente que su abrupta salida del PRD estuvo marcada, en buena parte, por lo que fue su mayor debilidad como líder político: su dificultad para administrar las lógicas  disensiones y las derivadas de las debilidades y carencias de la naturaleza humana, como el individualismo y las ambiciones desproporcionadas en aras de acumular los bienes y espacios colectivos. Desde joven en las luchas del exilio antitrujillista, el profesor Bosch tuvo dificultades en el manejo de las contradicciones.

Pero por encima de esa debilidad, que a veces lo hacía aparecer como intemperante, palpitaba un ser humano embargado por sueños de bienestar colectivo, de avances sociales y de edificaciones institucionales, y sobre todo de justicia e inclusión social, desafiante de cualquier poder que encontrara en medio del camino.

Durante el último tercio de su vida, Bosch se dedicó a hilvanar la organización que soñaba, a imagen y semejanza de su alma portentosa, e inculcó a su discipulado la noción de entrega total, de servir al partido para servir a la nación, al pueblo, a los más carentes de fortuna, a los excluidos del pan, de la educación y la seguridad.

Cuando ya comenzaba a declinar su enorme intelecto, en 1991, escribió una carta renuncia al nuevo partido, impugnando el surgimiento de las debilidades pequeño-burguesas que tanto había combatido, y la recogió acosado por promesas de enmiendas, sin sospechar que vendría la negación del credo boschista.

De aquella obra arquitectónica hoy sólo queda el recuerdo, y para tratar de ocultar la inmensa traición y espiar sus pecados capitales los renegados bautizan  puentes, escuelas, carreteras, barios y hasta ciudades con su nombre. Mientras se tapan ojos, oídos y nariz para no ver, escuchar ni respirar el clamor nacional contra un entramado de corrupción que infecta el cuerpo social dominicano y expulsa pus por donde quiera que lo pinchan.

No, el profesor Juan Bosch no merecía la vergüenza en que han convertido su PLD, con más millonarios que todos los otros, ripiado en grupos que se enfrentan por el poder, acuciados por inmensos colectores de fortunas mal habidas, temerosos hasta de ellos mismos, espoleados por proyectos sin límites, fundados en la corrosión de las instituciones y los seres humanos. Con un cierto progreso material, pero edificado sobre un inmenso pantano de control social y político y de compra de conciencias.

Ya que han perdido la sensibilidad siquiera para interpretar los gritos que se plasman en plazas y calles, en las redes sociales, periódicos y medios audiovisuales, esos miles de nuevos empresarios peledeístas deberían renunciar a profanar la memoria de Juan Bosch y dejarlo descansar en paz, con la frugalidad en que siempre vivió, ligero de equipaje, con sus eternos sueños de redención humana y social.-

 

 

 

Parece muy difícil y traumática la imposición del padrón abierto

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                                                Por Juan Bolívar Díaz

Aunque prevalece el criterio de que el poder presidencialista lo puede todo en el país, las perspectivas parecen indicar que el empeño por imponer la elección de las candidaturas con el padrón abierto o universal puede constituirse en una trampa política para los que promueven el continuismo del presidente Danilo Medina.

Por ahora los danilistas no cuentan siquiera con la mitad de los votos de los diputados y necesitan dos tercios para aprobar una ley orgánica, como la de partidos, y tendrían que embarcarse en un traumático proceso para aplastar a Leonel Fernández comprando a sus seguidores y dividir el Partido Revolucionario Moderno.

¿Una entretención fallida?

Es tan absurdo el empeño en imponer el padrón electoral abierto en la ley de partidos para elegir los candidatos, sin consenso siquiera en el partido gobernante, que no faltan quienes, como el articulista Quico Tabar, crean que se trata de fuegos artificiales de entretenimiento. En esa dirección se puede advertir que ha desviado la atención de la Marcha Verde, de la reducción del crecimiento económico, de la incierta situación de las plantas de carbón con la demanda de Odebretch de otros 807 millones de dólares para concluirlas, y del tardío “presupuesto complementario” del año que concluye para legalizar la sustracción de 29 mil millones de pesos de la recapitalización del Banco Central.

Ese entretenimiento pudo ser un éxito si no hubiese generado un grave incremento  de la confrontación interna en el seno del partido de gobierno, con el expresidente Leonel Fernández y sus partidarios en el medio del camino, aparentemente decididos a resistir el embate del danilismo por liquidarlos y apropiarse definitivamente del partido.

La reacción generada por el intento de imponer una ley de partidos a la medida del continuismo es tan fuerte, que hasta voceros oficialistas reconocen una crisis, llegando a plantear que se encuentran “en el laberinto de las primarias”. Con una sociedad que no sale del asombro porque la lucha interna del partido gobernante vuelve a paralizar un proyecto  que lleva más de dos décadas de discusiones, 15 años dando vueltas en el Congreso y a punto de agotar las dos legislaturas de este año.

Reacción de los leonelistas

Leonel Fernández, fundador del poder peledeísta con tres períodos de gobierno y  presidente del partido, ha interpretado el empeño por el padrón abierto como intento de impedir su candidatura e inicio de una ofensiva continuista del presidente Medina, y decidió lanzarse a confrontarlo, aprovechando que las actuales circunstancias no favorecen otra reforma constitucional continuista y el rechazo general a las primarias abiertas.

Fernández no sólo ha incrementado sus actividades de promoción de su proyecto “RD 2044”, sino que lanzó una ofensiva de opinión pública, a partir de su artículo del 11 de diciembre, de radical oposición a las primarias abiertas, y el pasado fin de semana se reunió con 35 diputados y 6 senadores “para compartir quesos y copas de vino”, a las que él no es adicto, replicando la reciente cena  con 25 senadores del ministro administrativo de la presidencia y promotor del continuismo José Ramón Peralta, “para jugar villar”.

La ofensiva leonelista, que incluyó la declaración de su esposa, la vicepresidenta Margarita Cedeño, de que “no habrá ni reelección ni división del PLD”, continuó esta semana cuando el vicepresidente en los dos últimos gobiernos de Fernández,  Rafael Alburquerque, demandó respeto por la Constitución de la República en cuanto prohíbe la reelección.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, Henry Merán, presidente de la Comisión de Justicia de la misma, Alejandrina Germán, mimbro del Comité Político del PLD, el senador Prim Pujals y otros legisladores, salieron a recordar la prohibición de la reelección en “una Constitución auspiciada por el Presidente Medina”.

No siempre ha sido posible

El hecho de que el presidente Medina pudo imponer su reelección doblegando en el 2015 el poder que había acumulado Leonel, “conquistando” la mayoría de sus legisladores y  el bloque casi entero de un PRD con 70 años de antireeleccionismo, permite creer que podrá imponer el padrón abierto, y hasta otra reelección, “con o sin reforma constitucional”. Le favorece una práctica que ha determinado que siete presidentes hayan gobernado dos tercios de la historia de la República. Pero desde que Joaquín Balaguer no pudo imponerse en 1978, se registran numerosos fracasos. El presidente Antonio Guzmán no logró doblar el curso del PRD, aún cuando la Constitución no le impedía repostularse. En el poder, falló también su tardío apoyo a la candidatura de su vicepresidente Jacobo Majluta en 1982.

Para las elecciones de 1986, el apoyo del presidente Jorge Blanco no fue suficiente para que el líder del PRD Francisco Peña Gómez ganara la candidatura presidencial y ni siquiera para que su esposa doña Asela Jorge fuera electa senadora. Balaguer volvió y logró reelegirse manipulando los comicios de 1990, pero tuvo que pactar la reducción del período a la mitad, y prohibición de la reelección, tras el trauma electoral de 1994.

Un sábado de 1998 el Senado se quedó reunido esperando el proyecto para la reforma constitucional que buscaba restaurar la reelección para que el presidente Leonel Fernández pudiera repostularse. No bastó el reclamo del senador Amable Aristy de “póngase los pantalones”, porque no lograron “conquistar” los votos necesarios.

En el 2004 vino el tropiezo de Hipólito Mejía, quien dividió el PRD y “conquistó” los asambleístas necesarios incluyendo hasta una docena de peledeístas, para reformar la Constitución, pero sólo consiguió la tercera parte de los votos para ser el primer presidente dominicano en fracasar al primer intento. Vuelto Leonel a la Presidencia, el poder del Estado venció a Danilo en el 2008, pero cuatro años después tuvo que declinar, a pesar de que le entregaron en carretillas  “dos millones de votos”, Porque la sociedad, y hasta parte del PLD, se plantaron ante otro intento de burlar la Constitución.

Faltan muchos diputados

            Aunque ya promueven abiertamente otra reelección, el presidente Medina guarda silencio, pero es extraño que se juegue una derrota, sabiendo que no cuenta con los votos necesarios para aprobar una ley orgánica, como la de partidos, y menos para reformar la Constitución, a menos que vuelva a “conquistar” masivamente como en el 2015, lo que ahora parece más difícil, hasta por cansancio.

En el Senado, tienen los dos tercios, pero entre los diputados ni siquiera la mitad, cuando necesitaría 127 de los 190. Los peledeístas son 106, sumándole los 14 que le quedan al PRD que es el único partido que ha apoyado el padrón abierto que quiere Danilo, y otros 6 de pequeños partidos aliados, totalizarían 126. Pero si les restan unos 36 que estarían con Leonel, se reducen a 90, faltándole entonces 37. El PRM tiene 51 votos, incluyendo la mitad de los que se fueron del PRD últimamente, y el PRSC 11. Alianza País, Frente Amplio, PQDC y, del bloque opositor tienen de a una bancada.

El PRM, principal opositor, podría ser un objetivo, y las bocinas del poder ya dicen contar con seguidores del expresidente Hipólito Mejía, quien prefiere el padrón abierto, pero oficialmente ha dicho que acata la decisión en contra adoptada “casi a unanimidad” por la dirección ejecutiva de ese partido, integrada por 50 miembros. En el 2005, sólo dos  perremeístas fueron “conquistados” para la reeleccionista. Su actual vocero, Alfredo Pacheco afirma que “en la Cámara de Diputados eso no pasa, y si pasara dejaría la política”.

Ya parece imposible aprobar la ley de partidos en esta legislatura que concluye el 15 de enero, una semana después del período navideño. Proseguir el empeño en la que se inicia el 27 de febrero, acentuará el rechazo, por hartura y sospechas.

Más que legal, es asunto político

No es imposible que el poder presidencial se imponga una vez más, pero ahora sería  traumático, en el mismo PLD y fuera, pues se trata de imponer a todos los partidos un único  mecanismo de elección, que rige en contados países, contrario a un dictamen de inconstitucionalidad, y a la voluntad de casi todos los partidos, que ninguno lo contempla en sus estatutos. Cuando casi todos los aliados al gobierno también han rechazado el padrón abierto. y los principales líderes opositores, como Luis Abinader y Guillermo Moreno, han proclamado radicalmente que de ninguna forma aceptarían “esa imposición política”.

Produciría un desguañangue partidario por las “conquistas” desde el poder, recursos ante el Tribunal Constitucional, que tendría que revocar la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Primarias que del 2004 que instauró el padrón abierto. Pero los opositores insisten en que, más que legal o constitucional, es un problema político, un intento de imposición de un grupo desde el poder, ni siquiera de todo el partido gobernante.

Extender la confrontación, con la sociedad civil organizada, también en contra, podría ser una mala inversión para llegar a la mitad del período de Danilo, con la Marcha Verde en las calles, con complicaciones fiscales y reducción del crecimiento económico, caída de la aprobación del gobierno y divisiones internas. Porque hasta entre los danilistas ya hay quienes disienten. Y porque la única explicación es el empeño continuista, que se alentaría si lograra imponer el padrón abierto, aunque desataría un mercado de compra y venta de votos en primaria, donde los que más dinero dispongan se impondrán dentro y hasta fuera de sus partidos. Y en vez de reducir los costos de la política y la corrupción,  la ley de partidos los multiplicaría.-

 

 

Crisis continuista en Honduras

001Por Juan Bolívar Díaz

            Ahora que a dos años y medio de las próximas elecciones nacionales, grupos de poder comienzan a pregonar la “necesidad” de una nueva reelección del presidente Danilo Medina, a pesar de tener una doble prohibición constitucional, es muy conveniente que miremos hacia Honduras  y apreciemos la profundidad de la crisis institucional y política a que ha sido conducida la hermana nación por la imposición del continuismo por encima de la Constitución y las normas democráticas.

A casi tres semanas de las elecciones, la sociedad hondureña se mantiene en la incertidumbre, con violentas protestas y una convicción generalizada de que el presidente Juan Orlando Hernández  ha manipulado no sólo la campaña electoral y las votaciones, sino también el cómputo cuando arrojaba considerable ventaja a la oposición, que fue revertida tras un apagón informativo de tres días.

La situación llegó al extremo de la instauración de un estado de excepción, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, decretado por dos semanas, como parte del esfuerzo represivo de las masivas manifestaciones de protestas que no cesan y que han cobrado unas 8 vidas, decenas de heridos, cientos de detenidos y daños y asaltos a establecimientos públicos y privados. Mientras sectores productivos, incluyendo el turístico, denuncian considerables pérdidas generadas por la incertidumbre y la violencia.

El último informe, tras el recuento de 1,006 actas, otorga al presidente Hernández una ventaja de 1.56 por ciento, al atribuírsele  42.98 por ciento, contra 41.39 de su contendor Salvador Nasralla, un candidato emergente por un amplio frente opositor. Aún si ese fuere el resultado real, la forma en que la ambición continuista manejó todo el proceso, con el control de los órganos judiciales y electorales, y el apagón informático e informativo cuando perdía por cinco puntos, dejan a Honduras en profunda crisis de gobernabilidad.

Baste dar una lectura al minucioso comunicado emitido el 6 de diciembre por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, que por su naturaleza, tiende a ser muy cauta en medio de crisis que afectan a cualquiera de sus estados miembros. Comienza dando cuenta “sobre la falta de garantías y transparencia, así como el cúmulo de irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado este proceso electoral, en su etapa previa, jornada electoral y etapa postelectoral, que como corolario no permiten a esta Misión tener certeza sobre los resultados”.

A seguidas sostiene que “no es posible, sin un proceso exhaustivo y minucioso de verificación que determine la existencia o no de un fraude electoral -como ha denunciado parte de la oposición-  restituir la confianza de la población en el proceso”. Al respecto, la Misión de la OEA reclama no sólo la verificación de las 1,006 actas que acaban de revisar, sino también las 5,174 actas que no fueron transmitidas la noche de la elección, y “La revisión de la participación en la votación de los municipios de Lempira, Intibucá y La Paz tomando el 100 por ciento de las Mesas Electorales Receptoras”.

Esos minuciosos reclamos no son fortuitos, pues fueron esas actas, y en particular en esos municipios, donde se anuló la ventaja de 5 puntos que llevaba el candidato opositor con el 70 por ciento del cómputo, cuando éste fue detenido por tres días.

La ocurrencia de Honduras es una repetición de las marrullerías, fraudes e imposiciones que han caracterizado la endeble democracia centroamericana y caribeña, donde el apego de los gobernantes al poder y sus esfuerzos continuistas destruyen la institucionalidad y generan atraso integral. Todo comenzó allí cuando un tribunal adicto al continuismo se tomó la licencia de declarar inconstitucional la constitución que prohíbe la reelección presidencial en Honduras.

Y !Oh ironía! el impostor de ahora fue de los que promovió la destitución del presidente Manuel Zelaya en el 2009 simplemente porque planteaba un referéndum para que el pueblo hondureño dijera si respaldaba una asamblea constituyente que reformara  la Constitución para que él pudiera buscar reelegirse.

¡Pobres pueblos sumidos en el atraso y la imposición!

El PLD entra en su peor crisis, sin árbitros ni organismos operantes

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Los intentos de imponer el padrón abierto en la elección de candidatos dispara la mayor confrontación en los 44 años del PLD, con un artículo de radical oposición del presidente del partido, acusaciones de sobornos y hasta advertencias de división  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

La confrontación pública entre dirigentes y legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) alcanzó esta semana su mayor nivel en los 44 años que cumple la organización, llegando al grado de denuncias de sobornos y disputa entre su presidente y el secretario general, con propuesta de candidaturas alternativas a Leonel y Danilo

Lo que está en juego es la disputa por el liderazgo del partido y por la candidatura presidencial del 2020, entre el presidente de la República Danilo Medina, a quien se atribuye intención continuista, y el expresidente Leonel Fernández, empeñado en volver al poder, lo que genera preocupación por la posibilidad de una división.

Piedra de la contradicción

            La crisis se venía incubando hace varios meses, desde que empezó el afán del grupo dominante del PLD que encabeza el presidente Medina por imponer en la proyectada ley de partidos el voto universal en la elección de las candidaturas de los partidos en votación simultánea y a cargo total de la Junta Central Electoral. Al mismo tiempo, el sector que encabeza Fernández inició un proceso de reuniones y recolección de firmas de peledeístas de la base para apoyar una nueva postulación del exmandatario.

Ya en la última reunión del Comité Político del PLD, el 2 de octubre, quedó patente la disposición de los danilistas a imponer el padrón abierto y una resistencia tan firme de los leonelistas, que los primeros no se atrevieron a tomar decisión, pese a contar con alrededor de dos tercios de los 34 miembros del organismo. Se acordó integrar una comisión de cinco expertos constitucionalistas para que evalúen si esa forma de primaria choca con la Constitución de la República, como ya dictaminó la Suprema Corte de Justicia a raíz de la ley 286-04 sobre elección primaria del 2004.

En principio se anunció que los expertos constitucionalistas serían cinco, y después que siete, incluyendo extranjeros, pero más de dos meses después no ha habido acuerdo sobre los integrantes, y tampoco el Comité Político ha vuelto a sesionar, mientras trascienden versiones de bloqueos de propuestas de ambos lados, agravada la situación porque varios de los disponibles han adelantado sus opiniones. La divergencia ha paralizado la conclusión del proyecto de ley por una comisión bicameral que hace tiempo rebasó el período reglamentario, y parece que concluirá una legislatura más, en enero, sin que sea aprobado, quince años después de su primera introducción al Congreso Nacional.

La cena con los senadores

            El detonante de la confrontación pública y abierta fue la denuncia, el 26 de noviembre, del doctor Franklin Almeyda, visualizado como vocero del leonelismo,  de que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, había invitado a una cena en su residencia a 25 senadores del PLD, excluyendo a los leonelistas, con el propósito de coordinar la aprobación de la ley de partidos con el padrón abierto para las candidaturas.    La celebración de la cena fue confirmada por algunos participantes, aunque con versiones casi burlescas, de que fue un encuentro pre-navideño, que no se habló de política, que se dedicaron a jugar billar y disfrutar comidas y bebidas. Como contraofensiva el senador vegano Euclides Sánchez acusó a los leonelistas de hacer reuniones con disgustados del gobierno y de distribuir un formulario para firmas. Se ha confirmado que los seguidores de Fernández, vienen celebrando encuentros y recabando firmas de apoyo. Son coordinados por los dirigentes peledeistas Bautista Rojas y Radhamés Jiménez. Al menos en Barahona, en octubre, y la pasada semana en Puerto Plata, Leonel Fernández  presentó su proyecto “República Dominicana 2044”.

A José Ramón Peralta a quien consideran, más que un dirigente peledeísta de nueva camada, un funcionario promotor del continuismo del presidente Medina, le atribuyen rl patrocinio de un seminario sobre las elecciones primarias, donde varios abogados no sólo justificaron la constitucionalidad de imponer el padrón abierto, sino que lo ponderaron como lo más democrático. Sus opiniones han sido ampliamente divulgadas por una oficina de relaciones públicas por cuenta de Peralta, algunas en espacios pagados en periódicos. .

El artículo de Leonel

            En el sector de Fernández estaban convencidos de que se intentaba aprobar la ley de primaria por encima de todo consenso, cuando el lunes 4 el presidente del PLD publicó en el Listín Diario su artículo “Las primarias abiertas y simultáneas son inconstitucionales”, fundado en el artículo 216 de la Constitución que declara libre la organización de los partidos, en la sentencia de la Suprema Corte del 2005 que anuló la  ley de primarias 286-04 y en el artículo 277 que dispone que no se podrá volver a dictaminar sobre la decidido por la Suprema Corte en materia constitucional antes de crearse el actual Tribunal Constitucional. Y cita un dictamen éste, el 84-2013, que declara los precedentes constitucionales como vinculantes para todos los poderes públicos. También la sentencia 23-2017, de septiembre último, del Tribunal Superior Electoral, que atribuye a los miembros de los partidos la facultad de elegir sus candidatos.

Leonel concluyó que desconocer el artículo 277 de la Constitución destaparía una caja de pandora y “pondría seriamente en peligro la seguridad jurídica del país, el clima de negocios y el Estado Social y Democrático de Derecho, consagrado como principio constitucional”.

La salida al debate público de Leonel destapó la hoya de grillos, con declaraciones  de senadores, como Euclides Sánchez, Eddy Mateo, Rafael Calderón, Adriano Sánchez Roa, del ministro Francisco Domínguez Brito, y las del secretario general Reinaldo Pared, y del vocero peledeísta en el Senado, Rubén Darío Cruz, quienes en las circunstancia y por sus cargos, pudieron quedarse como entes de moderación, como  lo hicieron los senadores Prim Pujals, Julio César Valentín  y José Rafael Vargas. y los dirigentes Alejandrina Germán, Melanio Paredes y Francisco Javier, quien pidió una tregua hasta el año próximo.

Repartición de sobrecitos

En las huestes leonelistas la declaración más fuerte fue la del diputado Juan Carlos Quiñones, quien sostuvo que el gobierno reparte sobrecitos y dádivas y contratos en dólares  entre senadores y juristas para que asuman y promuevan las primarias abiertas, lo que provocó reacciones indignadas del senador Charlie Mariotti y la diputada Miriam Cabral.

Fernando Fernández, un dirigente que se distanció del presidente Medina tras ser sustituido como director de Aduanas, y quien denunció el año pasado que la aprobación de la reforma constitucional para permitir la reelección de Medina fue financiada por Odebrecht, dio ya por un hecho  la división del partido y sostuvo, entre otros cargos, que “los peledeístas no están en el Palacio Nacional, sino los amigos del Presidente”.

Por su parte Melanio Paredes, advierte serios riesgos de división, porque no hay árbitros, y los organismos son inoperantes, y resta legitimidad a los dirigentes, pues no son electos desde el 2005. Los organismos peledeístas entraron en receso, como ocurrió en los partidos Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano, lo que contribuyo a su  descalabro. Los 50 mil comités de base, y 3 mil intermedios prácticamente han desaparecido. El Comité Central, de unos 600 miembros, se reunió la última vez en abril, y aunque se acordó que sesionaría de ordinario cada cuatro meses, no se ha cumplido.

Ni reelección ni división

            En medio del caldeado ambiente sorprendieron el jueves dos declaraciones, de Temístocles Montás, uno de los fundadores del PLD, y de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, esposa de Leonel. El primero consideró que para salvar la unidad del partido, donde predomina la desconfianza y la incapacidad de plasmar acuerdos, los dos líderes que ya fueron presidentes, se queden fuera de la boleta y comp-rometidos a respaldar a quien escojan las bases del partido.

Horas después la doctora Cedeño lució confiada al plantear que en el PLD no habrá ni reelección ni división. Hace tiempo que ella mantiene altas preferencias en las encuestas, detrás de los dos líderes, tan por encima de los demás aspirantes, que podría ser la alternativa electoral. Pero mujer y la esposa de Fernández, le resta posibilidades en un

ámbito machista.

El PLD cumplirá 44 años de fundado el próximo viernes 15 sumido en su peor crisis, que envuelve diferencias ya personales entre sus líderes, y sin un árbitro  que infunda respeto o temor. Para el poder danilista lo fundamental es frenar la posibilidad de retorno de Leonel, por creer que podría vengar la utilización de Quirino Paulino Castillo que lo vinculó al financiamiento del narcotráfico”, que lo frenaron en la anterior disputa electoral.

De ahí que mantengan abierta la opción de la repostulación del único que, desde la presidencia, garantizaría evitar el retorno. El padrón abierto les  daría mayor posibilidad de elegir un tercer candidato, o instrumentarlo “como referéndum” para de otra reforma constitucional para la continuidad de Medina. La prohibición constitucional de la reelección, acordada en el pacto de la reforma constitucional del 2015, favorece a Fernández, quien “se sacrificó” para evitar una división del partido. También le favorece el rechazo de la gran mayoría de los partidos y las entidades sociales al padrón abierto y a otra reforma constitucional, que requieren dos tercios de los votos de las cámaras. Eso alienta la decisión de resistencia mostrada por los leonelistas y complica el panorama político.-

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Las anteriores crisis del PLD

1978: Salida del Secretario General Tonito Abreu y de un grupo de dirigentes encabezados por Euclides Gutierrez, Kasse Acta, y Franklyn Almeyda

1982:  Expulsión de los hermanos Fiallo

1984 Expulsión del grupo que encabezaba el Secretario General Rafael Alburquerque, quien creó entonces el partido El Pueblo Dominicano

1991: El profesor Juan Bosch, ya en declive, envía una carta renunciando al PLD por considerar que había generado a buscadores de empleos, la cual fue retirada posteriormente.

1992: Salida de los grupos sindicalistas encabezados por Nélsida Marmolejos, Fernando de la Rosa y Carlos Tomás Fernández, y de los socialistas encabezados por Max Puig, Vicente Bengoa y Félix Doucudray.-

La difícil competitividad nacional

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Por Juan Bolívar Díaz

Ahora que el presidente Danilo Medina reunió por primera vez y juramentó el Comité Consultivo del Consejo Nacional de Competitividad, integrado por una gran representación del alto empresariado, debe esperarse que se implementarán en breve plazo, las políticas imprescindibles para que el país pueda colocare en el exigente escenario de competitividad global, donde sólo competimos con ventajas comerciales frente a Haití.

En esa dirección de inmediato se dieron a conocer dos decretos presidenciales, uno creando un Comité Nacional de Facilitación del Comercio, y otro que reglamenta el funcionamiento del Consejo, éste último con años de retraso, como tantos otros reglamentos pendientes de múltiples leyes de  los últimos años como, por ejemplo, el de la Comisión Nacional para Defensa de la Libre Competencia, de la ley de salarios del sector público o  la ley de la Policía Nacional.

Hay que celebrar que el presidente Danilo Medina dijera que se trabaja con el sector privado “para que haya empresas productivas, servicios públicos más eficientes y puestos de trabajo bien remunerados para todos”, aunque queden dudas por el hecho de que algunos no son demasiado amigos de la libre competencia. También es positiva la promesa de enviar al Congreso un proyecto de ley para simplificar los procesos para  la formación de empresas, aunque luce exagerado, y hasta podría ser conflictivo, que se le pretenda con capital cero, como se anunció.

Instituido en el 2006 como un órgano con participación del sector privado, el Consejo de Competitividad ha sido relegado, a pesar de las urgencias y reclamos nacionales, tanto como la Comisión para Defensa de la Libre Competencia, creada por otra ley dos años después.

En hora buena, pues, aunque se necesita muchísimo más que lo realizado, y que numerosos organismos de cogestión pública-privada no han pasado del papel o de las fotografías para publicitar una supuesta apertura, en gobernantes que se han caracterizado por tendencias autoritarias y por sólo disponer políticas oportunistas perseguidoras de popularidad o de votos. Aparecer rodeado del alto empresariado pudo ser una  pose repuesta del presidente Medina a la contundente crítica expresada recientemente por el encargo de negocios de la embajada de Estados Unidos, especialmente sobre la pobre competitividad nacional, la inseguridad y el hartazgo de la corrupción.

Por cierto que el Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano de la Universidad Católica Madre y Maestra ha entregado muy oportunamente un “Informe Especial: Instituciones y Competitividad”, que podría ser muy útil tanto para el gobierno como para su comité Consultor empresarial. Se trata de un análisis de 17 páginas que pondera la evolución del país en los últimos 11 informes del Indice Global de Competitividad (IGC) del Foro Económico Mundial, comprendidos en el período 2007-17. Aunque casi todos incluyen más de 130 países, 137 el del 2017-18, esta evaluación incluye sólo a los 114 que han estado en todo el período, entre ellos RD.

El resumen es que RD ha perdido 5 escalones, “debido a males como la corrupción, la ineficiente burocracia gubernamental, las tasas impositivas, una fuerza de trabajo inadecuada y la inseguridad provocada por crímenes y robos”, y que 87 de los 114 tuvieron mejor desempeño. En entorno institucional el país registra un descenso progresivo en los últimos 4 IGC, cuando 92 países han mejorado.

Merece particular atención la ponderación del pilar Etica y Corrupción, donde el país ha desmejorado también en los últimos 4 índices para ocupar el escalón 112 de esos 114 permanentes. Pero no se crea que ese alarmante nivel es sólo patrimonio del sector público, ya que en ética corporatiova o empresarial, quedamos con una pequeña diferencia de dos escalones, en el 110 de 114, el quinto peor.

Ojalá que tanto los funcionarios del Consejo como los consultores empresariales se animen a ponderar el coincidente aporte de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.-