Últimas encuestas arrojan incertidumbres políticas

 Por Juan Bolívar Díaz

07_02_2016 HOY_DOMINGO_070216_ El País13 A

Las últimas encuestas muestran una clara tendencia a la bipolarización, con una progresiva reducción de las preferencias por el presidente Danilo Medina y el ascenso de Luis Abinader de cara a los comicios nacionales del 15 de mayo, determinando mayores presiones sobre los alternativos para que pacten y eviten ser absorbidos.
La desproporcionada reacción del partido gobernante ante la encuesta Gallup-HOY adelanta una ofensiva para invertir la tendencia que beneficia a la oposición, teniendo principal objetivo reducir las tensiones en su máximo liderazgo y superar sus múltiples conflictos por las candidaturas congresuales y municipales.

Una clara bipolarización. La tendencia que reflejan las encuestas publicadas en enero pasado marca una progresiva bipolarización, con el presidente Danilo Medina en baja y el opositor Luis Abinader subiendo de cara a las elecciones del 15 de mayo, lo que parece haber disipado las certidumbres del año pasado.

Todavía la encuesta Mark Penn-SIN, primera del año, realizada del 6 al 10 de enero, ratificaba una ventaja de 30 puntos (57-27) para la reelección, pero luego otras seis del mismo mes parecieron diluir las certidumbres, al punto que ahora se habla de la posibilidad de que se repita la doble vuelta electoral, que solo se ha dado en el país en el 1996.

La que causó mayor impacto, por el crédito que se le otorga, fue la Gallup-HOY, que esta semana dejó al candidato de la coalición de unas catorce organizaciones políticas que encabeza el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) gobernante con apenas 1.8 por ciento sobre la mayoría absoluta, aunque con ventaja de 16 puntos sobre Abinader, postulado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y otros cuatro. El resultado de 51.8 a 35.7, con 4.3 por ciento para Guillermo Moreno, candidato de Alianza País, configura, como en el 2012, un claro escenario bipolar.

La encuesta ASISA, cuyo patrocinio se ha atribuido por años al PLD, se había adelantado con 55-39-3 para los tres punteros. Cabrera y Asociados, una de las primeras encuestadoras del país, que estaría trabajando a Abinader, arrojó 53-41-5. La que sin duda investiga para este, la del Centro Económico del Cibao no se ha publicado este año, pero se supo que arrojó un balance bastante cercano al de Gallup.

La CIES International bajó a Medina a 49 con Abinader en 37. La firma mexicana Votia debutó aquí con el resultado más apretado 46-41-3, con dos por ciento para Minou Tavárez y la norteamericana New Link, para Telesistema Dominicano, marcó 50-34-7-3.

¿Hacia una doble vuelta? Las tendencias que indican las encuestas son muy tomadas en cuenta por los analistas, y en la serie de enero fueron muy acentuadas en la reducción de Medina que los observadores apreciaban, y en el ascenso de Abinader, más significativo por tener como principal apoyo un partido que apenas cumplió un año de constituido, y que no ha estado exento de dificultades, en la elección de candidatos congresuales y municipales.

Aún en la Penn-SIN que le marcó la mayor ventaja, las preferencias de Medina cayeron de 63 a 57 por ciento, mientras las de Abinader subían del 17 al 27, en relación a la anterior de julio del 2015. En Gallup-HOY se acentuó la doble tendencia, ya que en el mismo período el gobernante cae 11 puntos, de 63 a 52 por ciento, y el opositor sube 19, del 17 al 36 por ciento, para una movida de 30 puntos. Cabrera y Asociados registra una movilización de 33 puntos, 13 menos para Medina y 20 más para Abinader.

En julio del 2015, cuando las dos firmas más acreditadas encuestaron, ya Luis Abinader había sido electo candidato por el PRM y el Partido Humanista Dominicano. Danilo Medina había sido proclamado por el PLD y en junio había recibido el apoyo del Partido Revolucionario Dominicano, reducido por la división que parió al PRM.

Alarma en el PLD. La rueda de prensa del secretario general del PLD, acompañado de tres ministros (Economía, Turismo y Medio Ambiente) y del director de Información Estratégica del Gobierno, apenas unas horas después que se publicara la encuesta Gallup-HOY, y los prepotentes reclamos a la encuestadora para que la justificara, mostraron la preocupación del oficialismo al día siguiente a la proclamación de su candidato presidencial.

Los peledeístas tienen razones adicionales para estar preocupados, como el profundo y prolongado conflicto entre sus dos principales líderes reflejado en el caótico intento de elegir apenas una docena de candidatos a diputados y medio centenar a alcaldías, cuyos resultados han generado divisiones en las cuatro mayores provincias, Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Vega. Ya la repostulación total de los senadores y del 80 por ciento de los diputados y el 70 por ciento de los alcaldes, negando el derecho a ser elegido de miles, había desalentado su militancia.

Aunque respiraron con la presencia del expresidente Fernández en el acto de proclama de Medina, se supone que advirtieron, como los observadores, que el lenguaje gestual del presidente del partido no era alentador, como testimoniaron las fotos en las redes de Internet. Andrés L. Mateo lo retrató en su artículo: “Estaba aquí, pero no soy yo”.

Desde luego que Danilo conserva aún ventajas para ganar, y que tratarán de incrementarlas con los recursos del poder que con tanta efectividad han utilizado, especialmente en la última presidencial, cuando el Gobierno gastó más de 150 mil millones de pesos fuera del presupuesto. El ministro de Medio Ambiente dijo en la rueda de prensa citada que buscarán los votos “por municipios y provincias y hasta debajo de las piedras”.

Desafío para la oposición. Las tendencias que marcan las encuestas suponen un desafío a la inteligencia política y capacidad de negociación para una oposición que persiste en ir dividida frente a una maquinaria de poder casi absoluto. Para Luis Abinader y el PRM es urgente superar los conflictos que le quedan en la escogencia de candidaturas y hacer un último esfuerzo para convencer a los alternativos Guillermo Moreno y Minou Tavárez, de una coalición siquiera en los niveles congresual y municipal.

Aún manteniendo sus candidaturas presidenciales, si un acuerdo implica el compromiso formal de que todos, bajo un programa de prioridades, apoyarán al que vaya a una eventual segunda vuelta, podrían despertar nuevas sinergias y alentar la ilusión de cambio político que también aumenta en las encuestas.

Un acuerdo de esa naturaleza sería bien beneficioso para los alternativos, que atraerían más votos de los sectores que quieren un cambio y no están suficientemente entusiasmados con el PRM, se podrían garantizar significativa representación congresual y hasta algunas alcaldías que pudieran convertir en modelo, y hasta sobrepasar el 5% que multiplica el financiamiento estatal. Pero también evadirían la tendencia a la tradicional bipolarización absoluta que ha mantenido en la insignificancia electoral a los grupos de izquierda y progresistas.

Quemados por la corrupción

 Por Juan Bolívar Díaz

07_02_2016 HOY_DOMINGO_070216_ Opinión9 A

Aunque los gobernantes insistan en negarlo, por todas partes brotan las evidencias que justifican la quemazón del país en los índices de Percepción de la Corrupción que anualmente publica la muy acreditada organización Transparencia Internacional (TI), el último a finales de enero pasado.

Para vergüenza de los dominicanos, la nación apenas recibió 33 puntos sobre 100 en transparencia y combate a la corrupción, quedando en la posición 103 de 168 países evaluados, y entre los últimos diez de los 34 del continente, mejorando apenas un punto y manteniendo estancada la pésima evaluación de los años anteriores, registrada también en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.

El Indice de TI se construye en base a las evaluaciones de múltiples organismos internacionales, incluyendo multilaterales como el Banco Mundial o publicaciones del prestigio de The Economic, además de encuestas y consultas a centenares de personas influyentes en los respectivos países.

Pero los que abrigan dudas sobre las evaluaciones internacionales, y no faltan quienes atribuyen tan bajas calificaciones a una conspiración, solo tienen que verificar los resultados de las encuestas nacionales más acreditadas sobre la percepción de la ciudadanía sobre la falta de transparencia y la corrupción predominantes.

La Gallup-HOY publicada esta semana ratifica que la corrupción sigue siendo un cáncer que debilita progresivamente el cuerpo social de la nación, sustrayendo una proporción considerable de los recursos que deberíamos invertir para paliar la pobreza que sufre alrededor del 40 por ciento de la población. Con la agravante de una progresiva corrosión de las instituciones gubernamentales, incluyendo la justicia, el Poder Legislativo y el municipal.

Los resultados de esa encuesta son perturbadores: El 45.7 por ciento considera que ahora hay más corrupción que antes, y otro 34.4 cree que igual, para totalizar un 80 por ciento, mientras solo el 19.2 cree que ahora es menor. Un ínfimo 0.4 por ciento no percibe corrupción. Es relevante que hasta un 32 por ciento de los que dicen simpatizar por el partido de Gobierno aprecian que hay más corrupción que antes.

Estremecedor que el 62.7 por ciento de los jóvenes considere que aumenta con el paso del tiempo.

Esas apreciaciones constituyen un total fracaso de las actuales autoridades y en especial del presidente Danilo Medina que en la pasada campaña electoral firmó, como otros candidatos, el Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad presentado por el movimiento cívico Participación Ciudadana, cuyas evaluaciones del mismo también lo quema. Es penoso porque este Gobierno inició estableciendo un Código de Pautas Éticas que recogió lo fundamental del protocolo. Un decreto presidencial dispuso que fuera firmado por todos los altos funcionarios. Se ignora si alguno ha cumplido, por ejemplo, la letra b de su capítulo 6, donde se comprometían a “presentar anualmente mis informes fiscales y la constancia de mis compromisos tributarios”…

Un rotundo fracaso ha sido la reformulada Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que jamás se ha preocupado por verificar el cumplimiento de las metas de transparencia, incluidas en el protocolo y en el Código de Ética. Ni siquiera ha podido lograr que más de 1,200 funcionarios cumplan con la obligación de formular su declaración jurada de bienes, acorde con la ley, y que ha reclamado tan persistentemente la presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte.

La sociedad dominicana tiene que protagonizar una rebelión contra el nivel de corrupción que percibe.

Casi $11 mil millones para un sistema político corrompido

Por Juan Bolívar Díaz
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La inequidad del sistema electoral dominicano quedó de manifiesto esta semana con el reparto muy desigual de otros $1,600 millones de pesos de los contribuyentes dominicanos para unos partidos que han desertado de los mecanismos democráticos y persisten en subordinar la Constitución y las leyes a su conveniencia coyuntural.

Presidentes de las altas cortes cazando fantasmas y evadiendo afrontar el colapso de las instituciones judiciales, que aplazan la aplicación de un mandato constitucional, otro reparto impúdico, ahora en la Liga Municipal, una nueva quemazón del país en transparencia y corrupción preocupan a una sociedad que reclama prioridades.

$10,941 millones en 18 años.

Con la entrega de $1,610,086,923 anunciada esta semana por la Junta Central Electoral (JCE), asciende a $10,941,913,714 el financiamiento que han recibido de los contribuyentes, en forma desproporcionada, básicamente los tres partidos políticos que han dominado el escenario de los últimos 18 años. El miembro de la JCE José Ángel Aquino lo había cuantificado en $9,331,826,791 desde que la ley Electoral 275-97 lo instituyera.

En reciente seminario INTEC-Participación Ciudadana, Aquino proclamó el fracaso de esa inversión pública porque “no se logró una mayor equidad en la competencia electoral, ni se evitó la influencia excesiva de grupos económicos ni del crimen organizado”. Que benefició “a un número limitado de partidos y candidatos contrariando un principio fundamental público, que es lograr un proceso electoral más equitativo y justo”.

Entre las reformas que se han venido demandando a la Ley Electoral está la de conciliar el financiamiento a los partidos con los mandatos de los artículos 211-212 de la Constitución del 2010 que responsabilizan a la JCE de garantizar “libertad, transparencia, equidad y objetividad”, indicando que “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad”, además señalan una transparencia y rendición de cuentas que nunca han mostrado la generalidad de los partidos.

Tremenda desigualdad.

Los tres “partidos mayoritarios” que dominan el Congreso han evadido adecuar la Ley Electoral, entre otras razones para mantener el monopolio del financiamiento público que ellos instituyeron, atribuyéndose de entrada el 80% para los que obtengan más del 5% de los votos, ésta proporción en partes iguales lo que privilegia al PRSC que en el 2012 sólo obtuvo 5.87% y que recibirá lo mismo que el PLD a quien se le computó el 37.73% y que el PRD, el cual consiguió el 42.13% de los votos.

Pero la inequidad es tremenda cuando se ve el detalle del reparto, en el que los tres tradicionales recibirán $1,288,969,538, dejando apenas $322,917,384 a los restantes 23 partidos más los 8 movimientos provinciales y municipales reconocidos. Los tres recibirán cada uno $429,356,512, aunque dos de ellos, el PRSC y el PRD han devenido en minoritarios, ya que todas las encuestas sitúan sus preferencias en menos del 5%, mientras el PRM, resultado de la división de uno de ellos, y que aparece como segunda fuerza electoral, apenas recibirá $12,563,600. Alianza País, que en algunas encuestas es tercero en preferencias, sólo obtendrá $8,372,805. Un diseño perfecto para mantener un monopolio.

Burlan Constitución y leyes.

Después de la proclama de repostulación total, los partidos dominantes siguen avasallando el ordenamiento constitucional y legal, atendiendo al reparto del Estado y la conveniencia política. Esta semana el PLD logró que el Tribunal Superior Administrativo suspendiera la ejecución del mandato del artículo 81 de la Constitución que dispone la distribución de los 178 diputados en proporción a la población provincial. La JCE sólo reubicó 8 diputados el 5 de julio pasado, igual para todos los partidos, pero afectaba al reparto oficialista de las candidaturas.

Lo grave es que el TSA tomara casi cuatro meses para dictar una medida cautelar cuya ponderación era cuestión de días, y que se plegó al advertir que no tendrá tiempo para conocer el fondo antes de las elecciones.
El otro atropello fue a la Ley 176-07 sobre los Municipios y el DN que dispone la elección por cuatro años del secretario general de la Liga Municipal Dominicana. La disputa entre aliados del PLD por ese pastel estatal que no cumple ninguna función alcanzó tales dimensiones que se resolvió limitando a un año la reelección del reformista Johnny Jones, dejando a los demás con la ilusión de que se sacarán el premio en un año.

Entre tanto, titulares del Tribunal Superior Electoral daban otro paso inconcebible, tras su reciente sentencia que reconoce a Fello Suberví como candidato a alcalde sin haberse cumplido el mandato del artículo 68 de la Ley Electoral que pone esa responsabilidad en una asamblea electora que aún no se ha producido.

Llegaron al extremo de adelantar que podrían imponer al PRM un pago por cada día que pase sin reconocer esa decisión, para lo cual tendría que producirse una nueva instancia del interesado. No se concebía que los jueces adelantaran juicio. Eso los descalifica. Y todavía una de sus integrantes, la doctora Mabel Feliz, alega que hay una campaña para desacreditarlos como si no se conociera la militancia política de cuatro de sus cinco miembros.

Desguañangue institucional. Esta semana cinco destacados juristas, incluyendo al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, diagnosticaron con abundantes indicadores el colapso del sistema judicial y proclamaron la urgente necesidad de despolitizar las cortes, cuyos gestores se dedican a cazar fantasmas y quieren reducir al enjuiciamiento de dos jueces, la denuncia de una amplia red que traficaba sentencias en los altos niveles del Poder Judicial hasta para casos graves de narcotráfico y sicariato para asesinatos.

Una jueza declaró complejo el caso del regidor de Pedro Brand que junto a un sargento policial y un exmayor integraba una banda de sicarios a los que se procesa por tres asesinatos. Fue el caso que llevó a la justicia a la jueza Awilda Reyes, tras recibir y devolver un soborno de 350 mil pesos. Resuena el grito de “viva la patria” que soltó el regidor Ericson de los Santos en el tribunal. Un acusado que ha tenido pública solidaridad de dirigentes políticos, legisladores y alcaldes.

La presidenta de la Cámara de Cuentas, Liselotte Marte, volvía a denunciar que más de 1,200 funcionarios siguen sin cumplir impunemente la ley sobre declaración jurada de bienes. Mientras los presidentes de la JCE y del Tribunal Constitucional denunciaban supuestas tramas contra la patria y la memoria de su fundador.

Con el país recibiendo una nueva quemazón en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, con calificación de 30 sobre 100, en la posición 103 de 167 naciones evaluadas, dirigentes de una veintena de organizaciones sociales fueron a la Cámara de Diputados a presentar una agenda de prioridades para este año, incluyendo los proyectos de código penal, del régimen electoral y de ley de partidos y muchos otros de los que la partidocracia corrompida está divorciada.-

¡Cuánta irresponsabilidad en Haití!

Por Juan Bolívar Díaz
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Causa profunda pena comprobar una vez más que Haití, la primera nación que se liberó de la esclavitud en el mundo y la primera en alcanzar la independencia en América Latina, sigue dando tumbos sin encontrar siquiera un camino de mínima estabilidad institucional, manteniendo una fragmentación propia de la época tribal, que ha tenido su última expresión en el fracasado proceso electoral que debió culminar en la instalación de un nuevo gobierno el próximo 7 de febrero.

Con algún esfuerzo puede entenderse que esa sociedad, originaria en gran medida de un continente que todavía hoy tiene escasas expresiones de instituciones democráticas, no haya podido encontrar el camino de la más elemental concertación en aras de los principios de la libertad, la fraternidad y la igualdad de los seres humanas legados por la revolución francesa que incentivó la emancipación haitiana a finales del siglo 18.

 Es cierto que toda América Latina, incluyendo relevantemente a la República Dominicana, ha dado mil tumbos, entre dictaduras, intervenciones militares y políticas externas y acendrados caudillismos tiránicos, y que todavía apenas la mitad pasaría una rigurosa prueba de institucionalidad democrática. Pero lo de Haití parece ser una desgracia infinita y sin tregua.

Sólo evaluar que cuando se convocó el recién frustrado proceso electoral se registró más de un centenar de partidos y 52 candidatos a la presidencia genera asombro e incredulidad. Porque a la minoría gobernante se le ocurrió establecer que bastaba el respaldo de una veintena de ciudadanos para registrar un partido. Fue una apuesta a la mayor fragmentación posible para reinar en medio del caos político-social.

La historia de Haití es una crónica de incapacidades y primitivismo político, pero también de graves irresponsabilidades y abusos de poderes transnacionales, como el de Estados Unidos que intervino militarmente tres veces ese país durante el siglo pasado, auspiciando tiranías a la medida de sus intereses. Y cada vez que el pueblo pareció recuperar el protagonismo, apareció el gendarme para restaurar la imposición.
Esa etapa ha venido siendo superada en la región, pero no en Haití, donde hace 22 años se produjo el último desembarco de tropas norteamericanas, y hace doce años opera una Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), creada por la Resolución 1542 del Consejo de Seguridad de la ONU, con la encomienda de ayudar a reestructurar la Policía Nacional, prestar asistencia mediante programas integrales y a largo plazo de desarme y reinserción, contribuir a mantener el estado de derecho y la seguridad pública, apoyar el proceso político y constitucional en la tarea de organizar, supervisar, y llevar a cabo elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales libres y limpias, y proteger los derechos humanos.

Sería injusto pretender que no ha habido algunos logros, pero la MINUSTAH ha tenido que ser prorrogada en seis ocasiones, con más de ocho mil funcionarios militares, policiales y civiles de 14 países latinoamericanos y de otras 34 naciones de cuatro continentes, incluyendo a Estados Unidos, Canadá, Francia, España y Rusia.

 ¡Qué mala suerte la de Haití! Todos esos poderes y las Naciones Unidas no han podido todavía conseguir siquiera la conformación de una comisión electoral independiente del gobierno y las ambiciones continuistas que garantice la organización y celebración de unas elecciones mínimamente legítimas, frente a un gobierno que no tiene ejército, encabezado por alguien que hasta hace cuatro años era un cantante con la virtud de enseñar el trasero.

Ahora que las masas vuelven a adueñarse de las calles y se ha desintegrado la comisión electoral que auspició otro fraude electoral, los poderes interventores, incluyendo a las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, se rasgan las vestiduras y apelan a una sensatez soñada. ¡Ojalá que algún día logren siquiera una elección transparente. O que la impongan! En este caso sería un mal menor. !Qué pena que los dominicanos no podamos ayudar a esta tarea, que tanto nos convendría!

La oposición política va al matadero electoral

Por Juan Bolívar Díaz
Dibujo

A menos de cuatro meses para las elecciones generales del 15 de mayo, la generalidad de las encuestas sigue otorgando alta posibilidad a la reelección del presidente Danilo Medina, aunque una considerable mayoría considera que el país va por mal camino con deterioro económico y del costo de la vida y grave delincuencia y corrupción.

La explicación a esa contradicción podría ser la falta de expectativas ante una oposición a la que se le acaba el tiempo para alcanzar siquiera una mínima concertación que genere sinergias para enfrentar una maquinaria política que controla y abusa de todos los estamentos del Estado, y a la que le sobran recursos económicos y control del arbitraje.

Apabullante encuesta Penn. Los resultados arrojados esta semana por la encuesta de Mark Penn para el servicio informativo SIN no podrían ser más apabullantes para la oposición al Gobierno, y aunque no sean palabra de Dios y hasta generen dudas, por las contradicciones que ella misma muestra, la mejor respuesta debería ser el análisis frío y desapasionado.

Hasta observadores ajenos al quehacer partidario se niegan a aceptar esa diferencia de 57 a 27 por ciento de Medina sobre Luis Abinader, con apenas 3.6 para Guillermo Moreno y 0.7 para Minou Tavárez Mirabal, después de múltiples escándalos y desventuras para el Gobierno y el PLD, sometidos a fuertes críticas de líderes sociales, empresariales y religiosos por los niveles de corrupción e impunidad, por la inequidad en la distribución del crecimiento económico y el auge de la criminalidad. Hasta el punto que la valoración de la gestión del candidato a la reelección en la encuesta empresarial de la firma Deloitte cayó de 72 a 43 por ciento en el último semestre del 2015.

Esa caída ocurrió justo en el período de mayores escándalos, iniciado con la compra de medio Congreso para posibilitar la reelección presidencial, la repostulación total de los legisladores y alcaldes y la auto-prolongación de los dirigentes del partido de Gobierno, seguido por la violencia con muertos y los cientos de impugnaciones a la convención para candidaturas a regidores y algunos diputados y alcaldes. Escándalos de corrupción como el de la OISOE, impunidad pactada a favor de Félix Bautista, colapso de la justicia, más de un centenar de muertos por dengue, un embajador ante la ONU preso en Nueva York por corrupción, escape de los pilotos franceses, revelaciones de la construcción de una carretera y de un contrato para otra planta de carbón clandestinos, entre otros.

Podría haber explicaciones. En vez de descalificar las encuestas, los opositores deberían tirarle una mirada más profunda, reconocer el éxito que ha tenido Medina en proyectar una imagen cercana a la población, y en haber aceptado el clamor nacional por la inversión en educación que su partido rechazó en sus anteriores 12 años de Gobierno.

Otras explicaciones pueden ser la inversión de cerca de 10 millones de pesos diarios en publicidad gubernamental, control económico de la mayoría de los medios de comunicación y de los comunicadores, decenas de miles de dirigentes y militantes en las nóminas estatales, más de 2 millones de tarjetas distribuidas para acceder a “programas para reducir la pobreza”.

Durante muchos años el PLD ha logrado afianzar una imagen de invencibilidad, aunque en la última elección presidencial solo logró 51 por ciento del voto y perdió en la mayoría de las provincias.

Pero para curarse de nuevos espantos auspició la división del partido que en el 2012 lo había superado en más de 199 mil votos, mediante repartos, corrupción y manipulación de los tribunales que controla, a lo que contribuyó la incapacidad y la degeneración de los mecanismos democráticos internos del mismo.La división de la

oposición. De lo que no hay dudas es de que hasta ahora ninguna encuesta ha bajado a Danilo Medina del primer lugar en las preferencias para los comicios del 15 de mayo. Esa realidad y las enormes ventajas y el monopolio del poder del reeleccionismo les han permitido a analistas como Rosario Espinal, Andrés L. Mateo, Francisco Alvarez Valdez, Felipe Ciprián y otros, considerar que las próximas serán las elecciones más desiguales.

El que todavía no lo entiende que analice la sentencia del Tribunal Superior Electoral que reconoció a Fello Suberví como candidato a alcalde del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), sin haberse realizado la asamblea que dispone el artículo 68 de la Ley Electoral.

Frente a las enormes ventajas de que dispone el partido-Estado solo una fuerte unidad de propósito, programática y de candidaturas de oposición, podría generar competencia y cambiar la percepción de invencibilidad que influye en el estado de opinión pública.

Eso no lo han comprendido los dirigentes de múltiples grupos políticos dispersos.
Algunos sustentan una hipócrita apuesta a una segunda vuelta electoral, sugiriendo que para entonces se impondría la concertación, cuando hay indicadores de que solo la unidad desde ahora generaría sinergias para detener el reeleccionismo, lo que solo ha ocurrido una vez en la recurrente historia nacional, con Hipólito Mejía en el 2000 en medio de la terrible crisis bancaria que hundió la economía, y con Balaguer al tercer intento.

Si creyeran en una segunda vuelta, estarían pactando desde ahora para garantizar el apoyo al que quede contra el candidato oficialista, para generar optimismo y buscar representación congresual y municipal. Pero además los otros 4,104 cargos electivos se deciden en una sola votación, y por jurisdicciones donde las diferencias pueden ser decenas o cientos de votos, y donde la división interna del PLD y la imposición de candidaturas abren espacio al avance de la oposición.

La concertación garantizaría que más personalidades sociales aceptasen candidaturas y por menos la franquicia de los partidos.

Se les acaba el tiempo. Todos los indicadores, incluyendo las diversas encuestas, apuntan de nuevo a la bipolarización que caracteriza al electorado nacional y que ha dejado tan mal parados a muchos candidatos alternativos al corrompido y destartalado sistema de partidos, como lo indica el cuadro anexado.

Pero el tiempo se está acabando para la concertación opositora. No han hecho caso a numerosos análisis y reflexiones de personalidades interesadas en la institucionalidad democrática.

Una de las mejores fue la del reconocido jurista Ramón Antonio Veras, del 7 de diciembre pasado, que se encuentra en El Nuevo Diario Digital con el título “En procura de una unidad programática”.

Negro Veras se queja de que los grupos portadores de ideas progresistas, democráticas y de izquierda no han ocupado cargos electivos por pretenderse químicamente puros y no lograr insertarse en las coyunturas. Les pedía que tomaran en cuenta la correlación de fuerzas y “abandonando el puritanismo, y con un pañuelo en la nariz, sentarse a debatir un programa mínimo de lucha con sectores opuestos ideológicamente, pero dispuestos a ceder”.

El reconocido luchador democrático planteaba “aceptar algo ahora, para reclamar mucho después”. Afirmando que “la unidad dentro de la diferencia se alcanza con inteligencia política de altura”.

Mal pero 

con Danilo

La Penn-SIN no es la primera que registra la señalada contradicción entre insatisfacciones y preferencias por Medina. Véase el Tema de Hoy del 19 de julio pasado, que analizaba los resultados de la última Gallup-HOY, resaltando el “amplio apoyo a una reforma constitucional que la mayoría cree comprada y a una gestión gubernamental que se quema en los principales renglones”. Lo mismo ocurrió en otras encuestas.

Aunque en esta de Penn, Medina baja de los 60 puntos que se le atribuían, (62 a 17 ante Abinader, en la última Gallup-HOY) sigue registrando fuertes contradicciones.

No parece racional que el 57 por ciento favorezca la reelección cuando el 52 por ciento dice que el país va por mal camino (43.5 por buen camino) y el 68 por ciento, más de dos tercios, considera que la economía va en dirección equivocada, con solo 30 por la correcta.

El 45.5 por ciento señaló la criminalidad y delincuencia cuando se le preguntó sobre el problema más importante, seguido por costo de la vida-inflación, falta de empleo y corrupción del Gobierno.

Pero al indagar sobre la mejor razón para votar por Medina solo el 3 por ciento señaló la estabilidad económica, el 1.6 por combatir la delincuencia y corrupción, y el 1 por ciento porque reduce la pobreza.

El mayor porcentaje, 19 por ciento, basó su preferencia en buena gestión. El 16 por ciento por mayor aporte a la educación.

Hamlet, con las riendas tensas

Por Juan Bolívar Díaz
24_01_2016 HOY_DOMINGO_240116_ Opinión9 A

La siempre acechante muerte nos dio un zarpazo esta semana cuando nos arrebató sin el menor preaviso al eterno guerrillero Hamlet Hermann Pérez, poniendo una nota de desconcierto, inmensa desolación y tristeza en todos cuantos le trataron y apreciaron en él un combatiente por las mejores causas de la sociedad dominicana, transitando su propio camino, inconmensurablemente orgulloso y relevantemente digno.

No hay que mitificar la figura de este ser humano, que como todos tuvo sus imperfecciones, y aún en sus mayores virtudes llegaba a la exageración, a veces persiguiendo fantasmas y extremando purezas que podían llegar a la descalificación absoluta de aquellos que consideraba débiles.

Pero el balance humano de Hamlet es hermosamente positivo: su abnegación en la lucha por la independencia y el desarrollo nacional, su disposición al sacrificio, la coherencia con los principios que sustentaba, la fidelidad con el legado de los que entregaron la vida tratando de alcanzar las utopías de los sueños solidarios, su desprendimiento y honradez personal.

Desde los días finales de la tiranía de Trujillo, Hermann fue un combatiente por la libertad, en el movimiento Catorce de Junio, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la revolución constitucionalista donde se forjó una concepción ideológica profundamente anti-imperialista, hasta su compromiso con la aventura revolucionaria del 1973 del héroe de la resistencia a la invasión norteamericana de 1965, el coronel Francisco Caamaño.

Cuando le tocó ejercer una función pública, como creador y primer director general de la Autoridad Metropolitana del Transporte fue un ejemplo de verticalidad, eficiencia y honestidad, inflexible en el cumplimiento de su deber, desafiando demonios y originando tempestades. Cuando percibió señales de desviación, renunció al órgano directivo del partido que empezaba a rendirse ante el poder.

Como a tantos revolucionarios de los sesenta lo conocí en las lides universitarias, pero el contacto personal se inició cuando lo entrevisté en México, después que sobreviviera a la inmolación del puñado de valientes del desembarco de Caracoles en 1973, junto a Claudio Caamaño. Con ambos reconstruimos los pormenores de aquella gesta, en varias páginas del diario Ultima Hora, donde entonces trabajaba.

Intrépido, Hamlet se adelantó a la amnistía política de 1978 con la complicidad del general Omar Torrijos, en cuyo avión se apareció para la juramentación del presidente Antonio Guzmán. Yo entonces dirigía el diario El Sol y nos unió la defensa de sus derechos ciudadanos como la de todos los presos políticos y exiliados. Me convirtió en editor y prologuista de su primer libro Caracoles, la Guerrilla de Caamaño. No pude convencerlo de que cobráramos más de un peso por los 80 mil ejemplares que se imprimieron.

El guerrillero de la montaña se convertiría en guerrero de la palabra y deja un legado de una decena de libros que le permitieron alcanzar estatura de escritor, de investigador histórico, siempre aferrado a los principios políticos originarios, sin dar tregua a la mediocridad ni caer en la resignación. Fue refractario al acomodamiento y no hacía concesiones ni cuando lo buscaban de consultor para proyectos relativos al reordenamiento del tránsito, que fue una de sus últimas pasiones.

Hamlet levantó el paragua amarillo en su casa frente al Palacio Nacional clamando junto al pueblo por el 4 por ciento del PIB para la educación y no permitió que ningún general le arriara aquella bandera. Hace poco ofrendaba botellas de agua fría a quienes llegaban a su vecindario en cadenas humanas contra la corrupción.

La intempestiva muerte de Hamlet Hermann lidiando en el caos del tránsito urbano que pretendió vencer, en plenitud física que le elogiábamos sus amigos, cuando teniendo 80 y 81 años parecía en los setenta, no dejó de ser una ironía, para él socarrón, burlón, que todavía dedicaba dos horas diarias al ejercicio y la natación.

Recordaré siempre cuando lo convencí de que escribiera una columna en El Sol del final de los setenta. Con él y Ramón Colombo compartíamos muchas aficiones, entre ellas la devoción por León Felipe, el poeta español-mexicano del éxodo y del llanto. La titulamos “Con las riendas tensas”, tomándole prestado uno de sus versos emblemáticos: “Voy con las riendas tensas/y refrenando el vuelo/pues lo que importa no es llegar solo y de prisa/sino con todos y a tiempo”.

Ser en la vida romero,
romero sólo que cruza siempre por caminos nuevos.
Ser en la vida romero,
sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo.
Ser en la vida romero, romero…, sólo romero.
Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo,
pasar por todo una vez, una vez sólo y ligero,
ligero, siempre ligero.
Sensibles a todo viento
y bajo todos los cielos,
poetas, nunca cantemos
la vida de un mismo pueblo
ni la flor de un solo huerto.
Que sean todos los pueblos
y todos los huertos nuestros.

El padrón electoral queda corto

Por Juan Bolívar Díaz
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Con los datos ofrecidos esta semana por la Junta Central Electoral (JCE) en vísperas de cierre del padrón de electores con miras a los comicios generales del 15 de mayo próximo, se puede concluir que entre 511 y 641 mil ciudadanos no han renovado su cédula de identidad y electoral, una cantidad significativa, que amerita explicaciones.

El documento “Datos Electorales Elecciones Generales 2016”, fechado 12 de enero, establece que hasta entonces el padrón de electores sumaba 6 millones 706 mil 416 ciudadanos, apenas 203 mil 448 más que el del 2012, para un anémico crecimiento del 3.13 por ciento, muy por debajo del 13 por ciento que se verificó en el cuatrienio anterior, y más lejos aún del 15 por ciento de incremento entre el 2004 y 2008 y del 18 por ciento entre el 2000 y el 2004. Como muy pocos estaban asistiendo a las oficinas expedidoras, no se esperaba mayor variación al cerrarse el plazo ayer sábado.

Con el mismo 13 por ciento de incremento en el cuatrienio 2008-12, el padrón del 2016 habría agregado 845 mil 386 electores, elevándose a 7 millones 348 mil 354, es decir 641 mil 938 sobre lo reportado ahora, y 511 mil si se baja el aumento al 11 por ciento. Durante los tres anteriores cuatrienios el padrón creció cada vez en 763 mil 485, en 743 mil 684 y en 738 mil 581 respectivamente, es decir en cada caso más de tres veces y media lo que se reporta entre 2012-16.

Todo parece indicar que el padrón se ha quedado corto no por nuevos electores, sino porque cientos de miles no han renovado la cédula. Lo extraño es que el informe de la JCE no indique cuántos son los nuevos electores ni cuántos ciudadanos han dejado de cambiar su cédula, con lo cual quedarían sin poder ejercer el derecho a elegir y ser elegidos. Sobra decir que ambos datos son de simples operaciones matemáticas.

Entre los que no han renovado la cédula habría algunos miles de fallecidos no reportados para sacarlos del padrón, y decenas de miles ausentes fuera del país, pero aún así quedarían más de medio millón sin explicación. Una parte serían los dominicanos que viven en extrema pobreza, sumidos en la exclusión social.
Pero también podría haber decenas de miles de los ciudadanos a quienes se les ha despojado de sus actas de nacimiento, incluso a muchos que ya tenían cédulas, pero a quienes se les ha negado la posibilidad de renovarlas, muy a pesar de la Ley 169-14, que hace año y medio dispuso que se les devolviera su documentación de dominicanos, sin ningún trámite adicional.

Para que nadie alegue ignorancia, en otras palabras, que una proporción significativa de los faltantes en el padrón electoral son los dominicanos de ascendencia haitiana a quienes se les sigue negando sus derechos, como volvieron a denunciar el viernes por Teleantillas entidades y abogados que los representan.

Hay quienes sostienen que a esa población de excluidos les han dificultado la cedulación porque se teme que voten en contra de quienes han sido responsables del inmenso sufrimiento y privaciones inhumanas a que han sido sometidos. De ser así estaríamos ante una grave violación adicional de derechos ciudadanos y una mezquina maniobra electorera.

La JCE podría ayudar a disipar dudas, informando cuántos son los nuevos electores y cuántos los que no renovaron la cédula, datos que hemos requerido repetidas veces en las últimas semanas y por diversos canales, sin obtener respuesta. Penosamente ni los delegados de los partidos de oposición ni los reporteros han reparado en estos datos.

Más allá de las hipótesis enunciadas, queda esta pregunta: por qué tantos cientos de miles que tenían cédula ahora no la renuevan.

Sentencia golpea al PRM y genera incertidumbres

Por Juan Bolívar Díaz
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La sentencia del Tribunal Superior Electoral TSE emitida el viernes, mediante la cual reconoce al doctor Rafael Suberví Bonilla como candidato a alcalde del Distrito Nacional crea una crisis al Partido Revolucionario Moderno y genera incertidumbre en todo el sistema político, con graves dificultades para elegir democráticamente sus candidatos.

Aunque pretende fundamentarse en la Constitución y en los estatutos del PRM, el dispositivo de la sentencia no alude a una asamblea de delegados ni a un padrón de militantes formalmente convocados para escoger la candidatura a alcalde capitalino, más allá de un listado de miembros que apoyan las aspiraciones de Suberví.
Proclamarían a Collado. La decisión del TSE llegó cuando la Comisión Nacional Organizadora de la Convención del PRM, presidida por la doctora Milagros Ortiz Bosch, se aprestaba a proclamar al joven emprendedor David Collado como candidato a la alcaldía del DN, tras la realización de una encuesta, método que figura entre los mecanismos estatutarios de la organización.

Según lo trascendido, Collado había alcanzado un 44 por ciento, Fello Suberví 21, Faride Raful 7 y Luis Felipe Rosa 2 por ciento, con un 21 por ciento que dijo no preferir a ninguno. Según el doctor Antoliano Peralta Romero, coordinador legal de la comisión de campaña del PRM, el artículo 103 de sus Estatutos prevé que los candidatos podrán ser electos mediante votación primaria, encuestas, consenso, consultas o reservas y que corresponde a la dirección ejecutiva proponer cualquiera de ellos a la Comisión Política, que tiene facultad para decidir, como está haciendo en todas las jurisdicciones.

Peralta precisó que Suberví Bonilla se había inscrito para participar en la encuesta, aunque mantuvo reservas en una nota escrita, sobre la legitimidad del sistema de encuestas, adoptado por ese partido, por un lado porque carece de recursos económicos para organizar primarias en todos los municipios y como mecanismo para evitar el desenfreno de luchas internas y la distracción de la militancia.

Los perremeístas hierven de indignación contra el tribunal y han atribuido el dictamen al interés del partido de Gobierno que, siempre han sostenido, controla ese órgano judicial. El PRM nació como consecuencia de una serie de fallos del TSE que contribuyeron a la división del Partido Revolucionario Dominicano, siempre en beneficio de su presidente Miguel Vargas Maldonado, que ahora apoya las candidaturas del PLD.

Sentencia ambivalente. El dispositivo de la sentencia TSE-003-2016 deja confusión por cuanto en el numeral 3 “acoge parcialmente” la acción de amparo incoada por Suberví, indicando que “ha comprobado la violación del derecho fundamental a elegir y ser elegible del accionante, previsto en el artículo 22 de la Constitución de la República”. Luego lo reconoce como candidato a la Alcaldía del DN por el PRM, asumiendo que su escogencia se hizo “conforme a lo previsto en los estatutos del indicado partido”, citan el 54, 55 y 103. Pero a continuación, el TSE ordena al PRM “continuar con el procedimiento establecido en sus estatutos”, sin especificar a qué se refiere, si será convocar una asamblea de delegados para que apruebe la elección, en cuyo caso todavía el tribunal no puede considerarlo candidato, o si continuar es inscribirlo ante la Junta Central Electoral.

Esta sentencia podría ser una más donde el tribunal integrado en su mayor parte por personas comprometidas con el PLD y el PRD, se rinde ante los que los designaron. Su decisión está basada en una lista de más de mil militantes y dirigentes del PRM en el DN presentada por Suberví, pero se ignora cómo pudieron los jueces establecer su autenticidad, y qué proporción representan de la totalidad.

Tendrían que citar un padrón o una certificación de los organismos superiores del partido sobre delegados electos, o dar cuenta de una asamblea previa y públicamente convocada para escoger el candidato, sin la aprobación de la Dirección Ejecutiva ni la Comisión Política del PRM, como también dispone el citado artículo 103 de los Estatutos. Peor aún, el Tribunal consideró que se habían violado los derechos del accionante antes que fuera proclamado otro candidato ni realizada la correspondiente asamblea de delegados que ratificaría la elección, donde él podría hacer valer sus derechos. También sin que él hubiese apelado a los organismos superiores de su partido.

Muchas incertidumbres. La decisión del TSE genera muchas incertidumbres en el proceso de escogencia de las candidaturas para los 4 mil 106 cargos en juego en los comicios de mayo próximo. Podría alentar una lluvia de impugnaciones a otras candidaturas ya escogidas o en proceso de encuestas por el PRM y otros partidos, incluyendo al gubernamental PLD.

De hecho hasta la candidatura presidencial del presidente Danilo Medina fue impugnada a mediados del año pasado por el abogado santiagués Hipólito Polanco, quien alegó que no se le permitió optar por la misma, decidida por el Comité Político del PLD, que lo presentó como único precandidato.

El golpe al PRM deja mal parada la decisión del Comité Político del PLD, que integrado por 35 personas, pactó el año pasado la repostulación de todos los senadores, diputados y alcaldes del partido, desconociendo los derechos de cientos de dirigentes y militantes que aspiraban a esas candidaturas. El PLD sólo escogió por elección primaria una docena de candidatos a diputados y medio centenar de candidatos a alcaldes, en localidades donde otros partidos le habían ganado en el 2010.

Como hay más de doscientas impugnaciones a esa elección parcial, la “amplitud democrática” del TSE también podría alentar procesos recurrentes de los que se consideren afectados, aunque el disfrute del poder sin la menor transparencia, siempre dejará espacio para compensaciones disuasorias.

RD:CRECIMIENTO ECONÓMICO excluyente durante 60 años

Por Juan Bolívar Díaz
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Con un crecimiento económico del 7 por ciento en el 2015, certificado esta semana por el gobernador del Banco Central (BC), el país lideró el continente y alcanzó a India y China, pero fundado en un insostenible endeudamiento estatal, que acaparó gran proporción del ahorro nacional, en detrimento de los sectores productivos.

Son ya 60 años de crecimiento económico del país, concentrado y excluyente, con niveles salariales de absoluta pobreza, como reconoció el gobernador Héctor Valdez Albizu, y basado en la construcción estatal de alta rentabilidad política en una sociedad de bajos niveles educativos y de conciencia sobre derechos.

Calidad del crecimiento. Escrito antes del informe del BC, la página de los jueves del financista Alejandro Fernández, Argentarium, de esta semana, desmonta la calidad del crecimiento económico dominicano, al analizar cómo se distribuyó el ahorro nacional durante el 2015. Para preguntar “¿qué economía es la que tenemos, donde el crédito a los tres sectores productivos fundamentales de la economía solo recibe RD$4.3 mil millones del ahorro nacional en todo un año?”.

Fernández contrasta que para consumos, vehículos y viviendas el financiamiento nacional fuera 12 veces mayor, RD$50.9 mil millones, y para financiar las operaciones del Gobierno y del mismo BC se destinaron nada menos que RD$83.2 mil millones, para concluir en que el sector productivo apenas alcanzó el 5 por ciento del ahorro nacional, con el sector agropecuario cayendo en casi tres mil millones de pesos, profundizándose el desequilibrio en relación a los años anteriores. Que en el 2015 el financiamiento al Gobierno aumentó 90 por ciento, mientras el privado solo 12 por ciento, cuando agricultores e industriales fueron afectados por sequía y restricciones comerciales.

En otras palabras, que el crecimiento no está fundamentado en la producción nacional, sino en una inversión pública financiada por endeudamiento, mismo que llevó ya la deuda del sector público no financiero a casi 24 mil millones de dólares, sin contabilizar la oculta, y a unos 35 mil millones de dólares la consolidada del Estado, incluyendo la del BC, que ronda los 10 mil millones de dólares. Ya Participación Ciudadana ha documentado que en el 2015 montó los 3,700 millones de dólares, y que para este año podría llegar a cinco mil millones.

Gran iniquidad salarial. Por segunda vez en menos de seis meses, el gobernador Valdez Albizu ha llamado la atención sobre la inequidad e iniquidad de los salarios en un país que registra tan alto crecimiento económico, lo que reactualiza la pregunta de para quién. Y esta vez fue más dramático al plantear que “la única forma de derramar el crecimiento es mejorando los salarios. Lo he planteado en más de 20 ocasiones, y me han mandado a callar la boca, de todos los lados”.

Las cuentas del BC revelan que los salarios mínimos nacionales no alcanzan, -ni siquiera en las grandes empresas- para cubrir el costo de la canasta básica del quintil más bajo de la sociedad, es decir del más pobre, que se calcula en 13 mil 22 pesos. El mayor salario mínimo es de 12,873, pero el de las medianas empresas es de 8,850 y en las pequeñas 7,843. En el Gobierno el mínimo apenas llega a 5,117, para un promedio nacional del salario mínimo de 7,500 pesos. Representa solo el 58 por ciento del costo de la canasta básica inferior y el 27 por ciento del costo promedio de la canasta familiar nacional promedio.

Es relevante que dos de los sectores productivos mayores en ingresos de divisas y empleos, como el turístico y zonas francas, mantengan salarios mínimos de RD$8,040 y 7,220 pesos, lo que condena a largas jornadas laborales o doble empleo para que gran proporción de sus empleados puedan cubrir el costo de la canasta de los más pobres.

Pero no se crea que la inequidad afecta solo a los salarios mínimos, es que el 85 por ciento de los asalariados formales dominicanos no alcanzan a cubrir los 28,221 pesos del costo promedio de la canasta familiar, y más del 60 por ciento no se topan con lo necesario para pagar la canasta familiar del segundo quintil más bajo, calculada por el BC en 18 mil 128 pesos.
60 años de concentración

Fue en el 2005 que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo documentó que la República Dominicana era uno de los países de más alto y sostenido crecimiento económico del mundo durante el último medio siglo, pero al mismo tiempo el que “más ha desaprovechado el crecimiento para traducirlo en desarrollo humano”. Pues ha pasado otra década y van 60 años sin que las políticas públicas y la inversión empresarial hayan generado mayor equidad.

El crecimiento del PIB en RD durante la última década promedia entre sobre 5 por ciento, más 6 entre 2005 y 2007, para caer al 3 y 1 en 2008-09, repuntando al 8.3 en el 2010. Se redujo de nuevo a 2.8 y 2,6 en 2011-12 y repunta al 4.8, 7.3 y 7 por ciento en los últimos tres años. En el período las grandes economías del mundo han volado bajo. En el 2015 Estados unidos crece 2 por ciento y Alemania poco más del uno por ciento. Japón lucha por salir de la recesión lo mismo que el conjunto de la Unión Europea.

Responsabilidad política. Lo que agrava la iniquidad en el país es la miseria de las políticas sociales, que derraman boronas en subsidios que apenas alcanzan para estabilizar la pobreza, concentrando la inversión en edificaciones y vías públicas que benefician básicamente a los sectores altos y medios y son caldos de cultivo de la corrupción para el enriquecimiento rápido. Las deficiencias de la inversión en los servicios de salud, educación, energía, transporte, vivienda, agua potable, seguridad y salarios públicos son factores fundamentales de mantenimiento de la inequidad social.

Las carencias educativas de las mayorías, que incluyen la ignorancia sobre lo que son los derechos humanos y el desarrollo, han permitido que los gobernantes mantengan políticas de inversión faraónica, exhibibles a corto plazo, como forma de mantener el poder y adquirir aureola de grandes constructores. Por ello la nación sigue ocupando los más bajos escalones en las evaluaciones de la competitividad internacional de transparencia y pulcritud administrativa, así como en los índices de desarrollo humano.

Alcanza a India y China

El 7 por ciento del crecimiento económico del 2015 es el mayor del continente y de los más altos del mundo, al nivel de India y China, las economías de mayor auge en la última década, aunque en progresiva reducción, que el año pasado apenas alcanzaron esa cifra. Solo países de poco peso mundial sobrepasaron el 8 por ciento, como Papúa Nueva Guinea (líder con 19), Turkmenistán, Etiopía y Myanmar sobre el 8 por ciento.

Fue positivo que tal crecimiento dominicano se alcanzó con inflación menor del 3 por ciento y relativa estabilidad cambiaria, con elevación de las reservas líquidas de divisas reducción del déficit de cuenta corriente, gracias a una disminución de 1,300 millones de dólares fruto de la caída de los precios del petróleo.

Lo negativo es que ese nivel de crecimiento no fue determinado por los sectores productivos y generadoras de más empleo, como el manufacturero y el agropecuario, con 5 por ciento o menos, con caída del 13 por ciento en las exportaciones, sino básicamente por la inversión pública derivada de un financiamiento de unos 3 mil 700 millones de dólares que impulsaron la construcción en 18 por ciento, el comercio y la intermediación financiera en 9 y la enseñanza en 8.6 por ciento.

El informe presentado por Valdez Albizu no incluyó el crecimiento del endeudamiento público, ni el del Banco Central, al cual el Gobierno no entregó los intereses que dispone la ley de recapitalización de esa entidad, ni se refirió al déficit fiscal, que nuevamente sobrepasó los 80 mil millones de pesos, sin que se pueda precisar por los atrasos del Gobierno en pagar a los suplidores de energía, de bienes y servicios, a los contratistas de obras y hasta de la alimentación escolar.

Por una revolución cultural

Por Juan Bolívar Díaz
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Hay en el alma del dominicano una serie de rémoras de las que algún día tendrá que hacer plena conciencia para reconocerse como pueblo y poder alcanzar un grado de equidad y desarrollo más allá de las edificaciones que producen delirio hasta en los más excluidos del reparto del ingreso nacional.

Entre esas rémoras resaltan el conformismo, la inconsciencia de los derechos, el complejo de inferioridad racial, el arrebato que se traduce en violencia, la recurrencia a la imposición por encima de las normas sociales, no importa que sean de orden constitucional, legal, estatutario o de simple contrato o consenso. Se firma un acuerdo y lo primero que viene a la cabeza es cómo burlarse de los demás para demostrar superioridad.

Cuando se lee que este es el país “más feliz” de América Latina, con un 88 por ciento que se dice satisfecho o muy satisfecho con su vida, hay que hacer una fuerte introspección para tratar de entender la conformación del alma del dominicano. Según la última encuesta Latinobarómetro 2014-15, ese porcentaje de personas felices supera en 11 puntos el promedio regional de 77.

Pero resulta que en el índice de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la República Dominicana está entre los diez últimos de 34 países del continente. Con cuatro de cada diez personas viviendo en la pobreza o la indigencia, con el poder adquisitivo de los salarios a nivel de 1991, según el nada sospechoso Banco Central, en los últimos escalones en energía eléctrica, agua potable, calidad de la educación e inversión en salud, y seguridad ciudadana, carece de lógica tan alto grado de felicidad.

La cultura de la violencia, la imposición, la subordinación y la resignación se impuso desde la conquista de la isla, con tanta fuerza que cinco siglos después veneramos como “patrona del pueblo dominicano” a la Virgen de las Mercedes por “haberse aparecido en el santo cerro de La Vega” para ayudar a los invasores a convertir “los indios vivos en cristianos muertos”, como escribió Pablo Neruda. Esa veneración es una reverencia a la imposición violenta del más fuerte que alguna vez habrá que extirpar del alma nacional.

Al pueblo dominicano se le impuso una cultura de superioridad racial del español-europeo, que tampoco ha podido ser superada y aunque más de ocho de cada diez son negros o mulatos, muchos creen que la negritud la trajeron los haitianos y una asombrosa mayoría ignora por completo sus componentes culturales africanos. Los negros se dicen mulatos y los mulatos se creen o quieren ser blancos, y en ambas categorías raciales se apela al eufemismo de que somos indios, a pesar de que en toda la isla apenas dejaron rastros de lo que fue la cultura nativa. Un pueblo que no se reconoce culturalmente tiene serios problemas para desarrollarse y alcanzar altos estándares de conciencia humana.

Quien no se reconoce a sí mismo, tiene severas dificultades para entenderse como sujeto de derechos, será un eterno mendigante de las boronas que caen de la mesa de los pocos que acaparan la mayor parte del crecimiento económico, con el agravante de que estará agradecido y hasta se dirá satisfecho.

Los estudios sobre cultura política y democracia han sido contundentes en mostrar la resignación, la subordinación y la falta de autoestima del dominicano pobre, que según los estandares ronda el 40 por ciento, aunque el 52 por ciento de las viviendas todavía no tienen agua potable dentro.Es una auténtica revolución educativa y cultural que necesita el pueblo dominicano para mejorar su índice de real felicidad.