Nadie sabe cuál sería el costo del calvario de Punta Catalina

22_09_2018 HOY_SABADO_220918_ El País11 A

El costo económico y político de las emblemáticas plantas de carbón de Punta Catalina del presidente Medina se incrementa con el abono de otros US$336 millones a la constructora Odebrecht, y ya podría alcanzar los 3 mil millones, superando los peores vaticinios

Por Juan Bolívar Díaz

El anuncio unilateral de que el gobierno abonará US$336 millones a la constructora
Odebrecht para concluir las infortunadas plantas de carbón de Punta Catalina, apunta a reconocer sino la totalidad al menos gran parte del sobre costo de 708 millones reclamado, en la mayor inversión nacional, saturada de opacidades y conflictos desde su origen.

Las proyecciones de los mayores críticos llevan su costo sobre los US$3 mil millones, un
volumen escandaloso convertido en el gran calvario del presidente Danilo Medina, empeñado en concluirla antes de un año y medio de retraso para paliar una nueva crisis energética, y alejarla del próximo proceso electoral.

Generosidad con Odebrecht

El anuncio unilateral, de “un fondo de contingencia” para entregar US$336 millones
adicionales a Odebrecht para que concluya las plantas de carbón de Punta Catalina, es otro acto de extrema generosidad del gobierno con la constructora que empieza a reconocer el sobrecosto reclamado de US$708 millones, con una tentativa rebaja que se adelantó el 2 de septiembre del 2017 en el análisis “Las plantas Catalina ser convierten en calvario del presidente Medina”.

Desde antes de oficializarse el adicional, se decía que sería de entre 300 y US$500
millones, pero se habría acordado pedir 708 para dejar un margen de reducción que permita al gobierno “amortiguar el golpe de cara a la opinión pública”. Amparándose en la Ley de Compras y Contrataciones, que permite un incremento hasta el 25% de los contrato, en este caso de US$1,945millones, podrían transarse por US$486.2 millones, antes o después del fallo sobre el recurso ante una corte de arbitraje internacional en Nueva York.

Aunque se estableció un precio definitivo, en el contrato se incluyó un artículo 9.1
indicando que “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 del presente Contrato de EPC, el precio del Contrato de EPC podrá ser ajustado en virtud o como resultado de una Variación emitida de conformidad con los términos y condiciones que se indican más adelante en este Artículo 9”. Y en efecto, luego indica que cualquier aumento de precio tendrá que ser sometido a aprobación de la Vicepresidencia de la CDEEE, derivando al gobierno la responsabilidad del costo de implementar “medidas de protección, contención y remediación derivadas del posible impacto ambiental” En esa dirección van los reclamos de Odebrecht que se refieren a “condiciones oceanográficas imprevistas”, aumento de altura del muelle, modificación del puente de acceso y de planos. Los expertos dan por hecho de que saldría gananciosa del arbitraje, sino en su totalidad, en gran parte, y en última instancia negociaría rebaja.

Sobre US$3 mil millones

Desde el principio, los mayores críticos del contrato vaticinan que las plantas terminarán
costando cerca de US$3 mil millones, entre ellos los expertos energéticos Eulogio Santaella, Antonio Almonte, los economistas José Rijo, Juan Lladó y Pedro Silverio y el Comité de Lucha contra el Cambio Climático. Pero ya algunos creen que sobrepasará ese monto. Las cifras oficiales siguen sin la menor transparencia, y aunque la CDEEE sostiene que a las plantas le faltan sólo un 5% para concluirse y que está casi para iniciar pruebas, los 336 millones adicionales, representan el 17% de lo contratado.

A una solicitud de información de la diputada del PRM Faride Raful, en diciembre del
2016, la CDEEE dijo que habían pagado US$1,316 millones y que tenía 179.9 millones en hitos ya facturados, y otros 724.2 por facturar, lo que totalizaría US$2,220 millones. A lo pagado hasta 2016, Rijo le suma 670 millones en el 2017 (600 de bonos soberanos) y 334 millones en el 2018, provenientes de bonos globales, bonos internos y del fondo general, lo que totalizaría US$2,320 millones, que con los 336 llegarían a US$2,656 millones y si pagan los 708 millones reclamados, ya sumarían US$3,028 millones, sin el costo de los terrenos y obras físicas conexas, de los intereses del período de construcción, seguros y enorme gasto publicitario.

El costo cercano o superior a los US$3 mil millones es de cualquier forma dramático para
Eulogio Santaella, quien documenta que la asociada de Odebrecht como subcontratista en Punta Catalina, firmó dos contratos para plantas de carbón en Brasil a mitad del precio de aquí.

Una en Porto di Itaqui, de 360 mws. por US$494 millones, y otra en porto do Pecem, de 720 mws. por US$910 millones. El experto recuerda que la licitación que anuló Medina en el 2010 implicaba la inversión privada de US$3,000 millones para generar 1,500 mws. En México, la empresa española Iberdrola construye dos plantas en los estados de Nuevo León y Sinaloa con inversión propia de 800 millones para generar 1,737 mws. En base a gas natural. El único compromiso del Estado es comprarle la energía al precio del mercado.

Odebrecht no cumple nada

Contrasta la generosidad del gobierno con Odebrecht, a la que sólo multó por la
confesión de sobornos y no ha hecho ningún esfuerzo por auditar para ver si en el país siguió su confesado patrón de sobrevaluaciones del 22 por ciento. La revisión del contrato indica que la constructora no ha cumplido nada de lo fundamental, ni en los costos ni en la fecha de entrega, que era en septiembre del 2017 y que ya pasa del año en retraso, con proyección de llegar a los 18 meses. Al formular su reclamo de costo adicional, prometió qjue entregaría la primera planta en febrero del 2019 y la segunda en mayo. A ese tiempo se encamina si las pruebas de la primera comienzan en diciembre próximo.

La empresa brasileña falló también en conseguir los financiamientos. El Eximbank se
negó a invertir en carbón, el Banco dce Desarrollo de Brasil no pudo aportar lo prometido por el escándalo que pratagonizó la misma Odebrecht y que terminó afectando también elunos US$ 650 millones de financiamiento comprometido por un pool de bancos europeos, los cuales llegaron a desembolsar cerca de la mitad, de los que 80 millones se destinaron a pago de seguros. Eso obligó al Estado a elevar su endeudamiento para no paralizar la mega obra.

Mientras la empresa va al arbitraje internacional reclamando un incremento del 36%
sobre lo contratado, el gobierno no le aplica las cláusulas de penalidades por retraso, que a un máximo del 10 por ciento implicaría US$194 millones. La comisión especial que creó el
presidente Medina para indagar sobre la contratación no sólo concluyó en que no deben pagar un solo peso más, lo que en palabras el gobierno dice sustentar, sino que también dejó constancia de que cada mes de retraso en la conclusión de la obra implica 25 millones de d´+olares de pérdida, por 18 meses totalizarían US$450 millones.

Salir pronto del calvario

Para el gobierno y los intereses políticos del presidente Medina, lo prioritario es salir lo
más rápido posible del laberíntico calvario de las plantas de Punta Catalina. De ahí el adelanto de los US$336 millones, sabiendo que el contrato dejó margen legal para el sobrecosto. Se trata de conseguir que el inicio de la generación aporte su cuota al mejoramiento del servicio energético antes de que entre de lleno el año 2019 en que se definirán muchos asuntos de cara a las elecciones del 2020, más aún con la actual crisis de apagones aunque más financieros que de oferta.

Es que las Plantas Catalinas fueron convertidas en la obra emblemática del actual
gobierno, y ya tiene una carga muy grande de costo político, pues las encuestas y la percepción generalizada indican que hubo favoritismo y corrupción en su contratación, y el presidente Medina se involucró en el proceso desde sus viajes a Brasil, hasta sus conversaciones con los ex presidentes brasileño Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Más temprano que tarde, los costos totales y reales de la construcción tendrán que ser
aireados y reconocidos, así como la carga de deuda e intereses que dejan y que pudieron ser evitados dejando que continuara la licitación que Medina encontró en marcha al asumir el gobierno en el 2012, que por demás preveía que las plantas, de carbón y gas natural, estarían en servicio en el 2016. Ya las Catalina son un peso muerto para Danilo Medina, y lo serán peor cuando todo quede en la transparencia, hasta ahora evadida.

El oscuro calvario de las plantas de carbón

* Danilo Medina inicia su gestión suspendiendo anulando una licitación ya con empresas precalificadas que invertirían en plantas por mil kws. Sin costo financiero para el Estado
* Una nueva licitación desestima las plantas de gas natural, más eficientes por las de carbón que están en proceso de desmantelamiento
* El comité de licitación dominado por la CDEEE y los dos integrantes externos rechazan otorgarla a Odebrecht al quedar con un solo concursante, querían otro siquiera “virtual”
* En la licitación la empresa constructora garantiza el financiamiento y a precio fijo, pero en el contrato
queda bajo responsabilidad del Estado y con posibilidad de escalamiento
* Fracasa el financiamiento por el Eximbank USA, Bndes, Brasil y queda a medias el de un pool de bancos europeos
* Se hacen cálculos sobre rendimiento bruto de 720 mws, pero el neto sería 674
* La fecha original de entrega 7 de agosto y de octubre del 2017, concluiría en el 2019
* La mayor inversión estatal se hace en terreno privado, sin completar estudios de suelo y costa
* Tras el escándalo Odebrecht, la Procuraduría dice que hubo sobornos en todas sus contrataciones, luego rectifica que en las plantas sólo para la aprobación y acusa un único senador
* DM designa una comisión para investigar la licitación y denuncias de sobrevaluación, pero presidida por un directivo de la empresa Estrella, asociada de Odebrecht
* La Procuraduría firma un acuerdo de impunidad con Odebrecht, sin hacer auditoría
* El sector privado no responde la oferta de inversión en las plantas en reunión y en discurso de DM
* Odebrecht reclama US$708 millones adicionales al contrato de 1,945 millones, con exenciones impositivas. Le adelantan US$336 millones
———————————————————————————————————-

Un incierto régimen electoral

20_09_2018 HOY_JUEVES_200918_ Opinión10 A

 

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque la Junta Central  Electoral (JCE) hizo público el calendario de actividades encaminadas a la organización de las elecciones municipales y las presidenciales y congresuales, en febrero y mayo del 2020, un manto de incertidumbre planea sobre el proceso, por las impugnaciones a la Ley de Partidos y las dificultades de lograr consenso para la imprescindible democratización del Régimen Electoral.

En el Congreso se anuncian avances en los aspectos elementales hace tiempo establecidos en la legislación, pero todos saben que las dificultades comenzarán cuando se aborden las previsiones para evitar  los abusos de los recursos estatales en las campañas electorales, para que no se repitan las inequidades e iniquidades que se vieron en los últimos comicios.

Para democratizar las elecciones será imprescindible impedir que los altos funcionarios públicos sean a la vez directores de campañas  que involucran inevitablemente el uso de empleados, vehículos, dietas, combustibles, secretarias y servicios de telecomunicaciones del Estado. También evitar que se designen decenas de miles de activistas partidarios como empleados temporeros, que se duplique la publicidad gubernamental y se conviertan las inauguraciones de obras públicas en actos partidistas durante las campañas. En el 2016 el candidato a la reelección “puso en servicio” la segunda línea del metro, con un enorme séquito político social, lo que vino a ocurrir en realidad dos años y cuatro meses después, dejando al descubierto una grosera manipulación.

Obviamente que la pendiente Ley del Régimen Electoral es más trascendente que la de Partidos y Agrupaciones Políticas para los fines democráticos e institucionales, razones por las que debió ser abordada con anticipación y en una sola negociación.  En cualquier caso hay que desearle mayor ponderación para evitar contradicciones como las aprobadas en la Ley de Partidos, que establece primarias con padrón abierto, es decir participación de toda la ciudadanía en la elección de candidatos, pero al mismo tiempo restringe la propaganda sólo al interior de los partidos, en locales cerrados; y que niega a los residentes en el exterior su facultad de elegir candidatos a representarlos en la Cámara de Diputados, establecidos en la Constitución. Su artículo 2 establece como ámbito de aplicación “todo el territorio nacional”.

Las contradicciones y nebulosidades de ley de partidos son significativas, y son varios los aspectos que están siendo impugnados ante el Tribunal Constitucional, comenzando por las primarias simultáneas con padrón abierto, ya declaradas inconstitucionales cuando se establecieron en una ley del 2004.  El párrafo II del artículo 26 establece los estatutos como “la norma fundamental de los partidos”, y luego el párrafo III del 45 faculta a los comités cúpulas para decidir el tipo de primarias. Ni hablar de la sanción con cárcel a quien difunda información que afecte a un candidato, que no se establece para los fraudes ni el uso de dinero sucio.

Se impugna la imposición de la condición de un tiempo de militancia en un partido para ser postulado a cargos electivos, contradictoria con la posibilidad de que los no miembros elijan los candidatos. También la prohibición a los nuevos partidos de la posibilidad de aliarse a otros en su primera participación electoral, pues se trata de una discriminación en relación a otros que llevan décadas sobreviviendo adheridos a las organizaciones dominantes. Es casi abusivo cuando la ley da plazo a la JCE hasta cuatro meses antes de los comicios para responder las solicitudes de reconocimientos.

Y lo peor es que el proyecto de reglamento de aplicación de la JCE crea una figura no contemplada en la Ley de Partidos, el llamado “Período Previo de Precampaña”, con extensión de un año, el doble del tiempo de precampaña y campaña electoral, abriendo de par en par las puertas a que persista el dispendio y encarecimiento de las campañas electorales contra el que tanto ha clamado la sociedad.

Es deprimente que después de dos décadas de debate persistan tantas incertidumbres en la institucionalidad democrática y electoral.-

Sugieren pacto de alternabilidad para evitar una división del PLD

15_09_2018 HOY_SABADO_150918_ El País11 A

Ante las dificultades para otra reelección del presidente Medina con Leonel Fernández al medio de la calle, estrategas del PLD empiezan a contemplar un nuevo pacto de alternabilidad entre los dos líderes eliminando el “jamás” constitucional

Por Juan Bolívar Díaz

Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) habrían comenzado a sentar
las bases para un nuevo pacto de alternabilidad entre los dos principales líderes de la
organización, volviendo a la Constitución del 2010, reconociendo las dificultades internas y externas con que tropieza el proyecto de otra reforma constitucional para hacer posible una tercera postulación consecutiva del presidente Danilo Medina y los riesgos de que devenga en una profunda división que les haga perder el poder en el 2020.

Que Danilo pueda regresar

En los ámbitos de la alta dirección peledeísta crece la convicción sobre la necesidad de
buscar un nuevo pacto entre los dos grupos enfrentados ferozmente por el control del partido gobernante y la candidatura presidencial del 2020, a fin de evitar el visible riesgo de una división que los haga perder el poder, volviendo a la Constitución del 2010 que permitía la reelección sin límites pero no consecutiva.

Dos dirigentes tan influentes como Félix Jiménez (Felucho) y José Ramón Fadul
(Monchy) han expresado últimamente sus reservas sobre la factibilidad de reformar la
Constitución para viabilizar la repostulación de Medina, pero al mismo tiempo han dicho que “en algún momento” habrá que abordar la prohibición de “jamás”, instituida en el artículo 124 de la Constitución del 2015 fruto del pacto en el Comité Político del PLD para permitir la repostulación y posterior reelección del actual mandatario, en la que además se incluyó un transitorio para ratificar que “no podrá postularse en ningún otro periodo”.
En una entrevista en Uno+Uno de Teleantillas esta semana Felucho reconoció un riesgo
real de división del PLD a causa de la disputa por la candidatura presidencial del 2020, y planteó la necesidad de entendimiento. Evadió pronunciarse categóricamente sobre el cumplimiento del pacto del 2015, pero tampoco favoreció una nueva reforma para la continuidad de Medina, aunque expresó que “en algún momento” habrá que revisar la limitación. Monchy Fadul dijo más o menos lo mismo una semana antes en el mismo programa, y lo repitió días después en otro medio. En el PLD se considera “una injusticia” que Leonel, quien ya gobernó tres períodos, pueda postularse a un cuarto y hasta optar por una última reelección, que sería la quinta, y Danilo quede en dos. Plantean como transacción otra reforma para rehabilitarlo con alternabilidad.

Golpe del Constitucional

Además del creciente rechazo en los diversos sectores de la sociedad a las propuestas de
otra reforma constitucional para la continuidad del presidente Medina, sus promotores sufrieron un rudo golpe con el dictamen del Tribunal Constitucional que motivó la imposibilidad de juzgar la “constitucionalidad de la Constitución”. Sin embargo, la promoción continúa a través de dirigentes, legisladores y funcionarios peledeístas, y de una serie de spots profesionales de similar línea gráfica, colocados en las redes sociales.

Eran públicas las expectativas de que el Constitucional declarara nulo el transitorio fruto del pacto del Comité Político peledeísta, para entonces alegar que a Medina le tocaría una segunda postulación, aunque la redacción del artículo 124 de la Constitución tampoco lo permite al instituir que “El Presidente o la Presidente de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá repostularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República”.

Después de esa frustración, a los reeleccionistas sólo les queda la posibilidad de otra reforma constitucional, sin contar con los dos tercios de los votos que requerirían en una asamblea revisora, 148 de los 222 integrantes. Contarían seguros con 95 del PLD y 4 de aliados, más la posibilidad de sumar los 14 del PRD y hasta los 11 reformistas, que totalizarían 124. Le faltarían 24 que tendrían que buscarlos entre 42 peledeístas comprometidos con Leonel Fernández, 52 del PRM, más los 4 opositores del Frente Amplio, Alianza País, Moda y Partido Popular Cristiano. No es imposible para el poder, pero esta vez desataría más resistencias y escándalos que hace tres años, hasta por fatiga social.

Leonel sería candidato

Hace ya 6 meses que un destacado miembro del Comité Político peledeísta expresó en privado su convicción de que Leonel Fernández sería el candidato de su partido en el 2020, aunque él personalmente no lo favorece, y lo ratificó hace poco cuando se le replanteó el dilema. Parece partir de las dificultades que tendría ese organismo para evitar la división del partido, como hace tres años, si desconoce los acuerdos en que se sustentó. Cercanos a Fernández juran que por nada del mundo éste aceptaría el desconocimiento del pacto y por ello se lanzó desde agosto del 2017 a buscar el apoyo de su partido.

Esta misma semana se publicaron los resultados de la última encuesta de la firma Asisa,
que se presume encargada por Leonel, donde le otorgan un 62 por ciento de apoyo entre los peledeístas, frente a un 17 por ciento a Medina para la candidatura del 2020, con un 75 por ciento que entiende que la Constitución no le permite repostularse, y un 70 por ciento que rechaza que se le reforme. Frente a Luis Abinader como más probable candidato del PRM, Fernández queda en ventaja 48 a 40 por ciento.

Así como en el 2015 las circunstancias obligaron a Leonel a ceder ante las exigencias de
unidad del Comité Político, para evitar la división, ahora parecen apuntar a Danilo, y esta vez con otra reforma para volver a la Constitución del 2010 que postulaba la prohibición de la reelección consecutiva, pero permitía volver sin límites después de un período fuera de la presidencia. Se da por hecho que hasta dirigentes que se expresan públicamente por la reelección de Medina respaldarían el proyecto de pacto de alternancia si ven en peligro la unidad del partido y los privilegios del poder.
———————————————————————————————————-
Informe de la Comisión de Venecia sobre límites a la reelección Síntesis de las conclusiones del informe de 28 páginas a renglón seguido emitido en marzo del 2018 por la Comisión Europea para la Democracia a Través del Derecho (Comisión de Venecia), a solicitud de la OEA sobre la legitimidad de los límites a la reelección presidencial:

¿Existe un derecho humano a la reelección? En caso afirmativo, ¿cuáles son los límites de este derecho?

117. La Comisión de Venecia opina que no existe un derecho humano específico y diferenciado a la reelección. La posibilidad de presentarse para un cargo para otro período prevista en la legislación es una modalidad, o una restricción, del derecho a la participación política y, específicamente, a contender por un cargo.

118. Según las normas internacionales, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, independientemente de su forma de constitución o gobierno, los Estados deben adoptar las medidas legislativas o de otro tipo que puedan ser necesarias para garantizar que los ciudadanos tengan efectivamente la posibilidad de gozar de los derechos protegidos…

¿Los límites a la reelección restringen indebidamente los derechos humanos y políticos de los candidatos?

119. En las democracias modernas, a pesar de que el principio del sufragio universal disfruta de amplia aceptación y protección cuidadosa, el derecho de ser elegido puede verse limitado con mayor facilidadcomo consecuencia tanto de los requisitos legales como del número limitado de puestos de elección disponibles…

120. Los límites a la reelección presidencial son comunes tanto en sistemas presidenciales como semipresidenciales y también existen en los sistemas parlamentarios (tanto cuando el Jefe de Estado es elegido directamente como indirectamente), mientras que en estos últimos sistemas no se imponen para los primeros ministros, cuyo mandato, a diferencia del de los presidentas, puede ser retirado por el Parlamento en cualquier momento. En los sistemas presidenciales y semipresidenciales, los límites a la reelección presidencial representan entonces un medio para reducir el peligro del abuso del poder por el jefe del poder ejecutivo. Así pues, persiguen los fines legítimos de proteger los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. El derecho de postularse en elecciones tras un primer mandato no puede ser garantizado si la constitución dispone lo contrario. La restricción del derecho de los presidentes en funciones a ser elegidos se deriva de una elección soberana del pueblo en busca de los objetivos legítimos de interés general a los que se hizo referencia arriba, que prevalecen por sobre el derecho del Presidente en funciones…

121. En conclusión, los límites a la reelección que satisfacen los criterios anteriores no restringen indebidamente los derechos humanos y políticos de los candidatos.

¿Los límites a la reelección restringen indebidamente los derechos humanos y políticos de los electores?

122. En una democracia constitucional y representativa queda implícito que los representantes ejercen solamente los poderes que se les asignan de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Las elecciones genuinas, libres y periódicas acordes con el párrafo (b) del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son esenciales para asegurar la rendición de cuentas de los gobernantes en el ejercicio de los poderes que se les confieren. Estas elecciones deben celebrarse a intervalos que no sean indebidamente prolongados y que aseguren que la autoridad del gobierno continúe basándose en la libre expresión de la voluntad de los electores.

123. Es cierto que los límites a la reelección pueden desalentar a los votantes de seleccionar de nuevo a un presidente o ex presidente. Sin embargo, esta es una consecuencia inevitable de la necesidad de restringir el derecho a la reelección de un presidente o de un expresidente… Contribuyen a garantizar que las elecciones periódicas sean “genuinas” en el sentido del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 23(1b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a asegurar que los representantes sean libremente elegidos y responsables ante los ciudadanos.

Adicionalmente, cuando el pueblo decide adoptar un sistema presidencial o semipresidencial, también tiene la facultad de decidir el poder presidencial y el período de la presidencia. Por lo tanto, los límites a la reelección presidencial son una restricción autoimpuesta al poder del pueblo de elegir libremente a un representante con el objetivo de mantener un sistema democrático.

124. En opinión de la Comisión y a la luz del análisis comparativo de las constituciones de los 58 países considerados, abolir los límites a la reelección presidencial representa un paso atrás en materia de logros democráticos. Sea como fuere, si el pueblo desea modificar los límites a la reelección, ha de buscarse una enmienda constitucional acorde con las normas constitucionales aplicables.

¿Cuál es la mejor manera de modificar los límites a la reelección dentro de un Estado
constitucional?

127. Los límites a la reelección presidencial están consagrados en la constitución; por lo tanto, se requiere una reforma constitucional para modificarlos. Solamente el pueblo, que tiene poder soberano legal, puede modificar el alcance de la delegación que le otorgó al presidente. La decisión de alterar o eliminar los límites a la reelección presidencial debe sujetarse a un escrutinio y debate públicos minuciosos y debe respetar plenamente los procedimientos constitucionales y legales relevantes.

128. Cuando se proponen reformas constitucionales que aumenten o prolonguen los poderes de los altos niveles de Estado, dichas enmiendas (de ser promulgadas) solo deberían surtir efecto para los mandatarios futuros y no para el funcionario en el cargo.

¿Y mis cuartos, dónde están?

13_09_2018 HOY_JUEVES_130918_ Opinión10 APor Juan Bolívar Díaz

La pregunta en que se fundamentaba aquel popular anuncio financiero de los años setenta cobra de nuevo vida cuando se trata sobre los fondos de pensiones acumulados durante quince años por los aportes de las empresas y los trabajadores dominicanos, que al cerrar el primer semestre de este año ascendían a 559.7 mil millones de pesos, y que por irresponsabilidad, complicidad o ignorancia han quedado cubriendo los déficits fiscales consecutivos de la última década del gobierno y de más de dos décadas del Banco Central.

La fundamentada preocupación del presidente de la Asociación de Empresas de Herrera, Antonio Taveras Guzmán, una excepción ante el silencio generalizado al respecto, ha puesto sobre el tapete la incertidumbre en que va quedado ese inmenso patrimonio de los trabajadores dominicanos. No cabe la menor duda, de 504 mil millones de pesos invertidos por las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP), el 45.39 por ciento está en manos del Banco Central, y el 29.97 del Ministerio de Hacienda. Lo que suma 75.36 por ciento. Pero el también estatal Banco de Reservas, agrega el 5.72, totalizando 81.08 por ciento.

Lo más impresionante es que hasta los líderes de las centrales sindicales parecen ignorar las graves implicaciones, cuando se leen sus reacciones ante la denuncia de Taveras Guzmán, recogidas por el diario El Nacional del 4 de Septiembre. El veterano Pepe Abréu llegó al extremo de calificarla de “temeraria y peligrosa”, mientras Jacobo Ramos y el eterno Gabriel del Río pedían explicaciones al gobierno, como si no leyeran los informes trimestrales de la Superintendencia de Pensiones y los de la Tesorería de la Seguridad Social.

A diferencia de lo que se plantea como conveniente, que los fondos de pensiones se inviertan en instrumentos financieros que generen racional rentabilidad, que promuevan desarrollo económico social y empleo, con una existencia real en el mercado, han servido para cubrir déficits del Estado y convertidos en simples papeles o números de contabilidad, con la excepción del 5 por ciento en Banreservas que, por el momento, mantiene solvencia. Pero la rentabilidad real de los fondos cayó en el primer semestre del 2018 del 6.45 al 5.42 por ciento, es decir un 16 por ciento.

Ese porcentaje de reducción es casi el mismo 15.7 en que se incrementaron las comisiones recibidas por las AFP, de junio del 2017 a igual mes de este 2018. Dicho sea de paso para las administradoras sí que los fondos de las pensiones han sido un gran negocio, del que derivan rentabilidad anual, mientras la de los contribuyentes está en veremos.

Es que los expertos proyectan la tasa de reemplazo, o los beneficios de los pensionados, apenas entre un 23 y un 30 por ciento de lo que devengarán como salario cuando les llegue la hora del retiro. Para los “ignorantes” hay que recordar que las cotizaciones mínimas para la jubilación son de 30 años y que quienes las iniciaron al mismo tiempo ya cumplieron la mitad, lo que implica que dentro de 15 años más de un millón de personas podrían estar reclamándola.

Es difícil que aparezca un economista, un empresario, un sindicalista o un analista serio que no tenga dudas de si ese año, al paso que vamos, el gobierno de turno tendrá de dónde sacar para pagar las pensiones, por miserables que resulten, sin emitir dinero inorgánico que devaluaría más su poder adquisitivo, o si seguirá encontrando quien le preste; si el mantenimiento  del ritmo del endeudamiento total del Estado, duplicado en esta década, no llevará a una insostenibilidad financiera que volvería sal y agua los fondos de pensiones; o si quedarían en un corralito, como ocurrió en varios países; o si multarían a toda la población con un impuesto para pagarlas.

Para algunos irresponsables estas advertencias son simples malos augurios. Aunque las advertencias de los riesgos de insostenibilidad fiscal ya salen hasta de organismos tan prudentes y diplomáticos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que sitúan la deuda estatal sobre el 50 por ciento del producto interno bruto. Fuentes dominicanas como el empresarial Centro de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) la llevan al 54, y el experto financiero internacional Apolinar Veloz hasta 60 por ciento.

Ojalá que los augurios resulten infundados y que nuestras finanzas generen desarrollo y sostenibilidad para que dentro de quince años la población envejeciente no tenga que lanzar el grito lacerante de ¿y mis cuartos dónde están?

¡Ya es tiempo de gritar salud!

06_09_2018 HOY_JUEVES_060918_ Opinión12 A
Por Juan Bolívar Díaz

El orgullo triunfal con que el actual gobierno reivindica el haber empezado a cumplir el mandato de la Ley General de Educación de 1997 de destinar por lo menos el 4 por ciento del producto bruto interno (PBI) a la educación fundamental, tras quince años de presión social, debería determinar que hiciera lo mismo con la inversión en salud pública, que según la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo debería alcanzar el 3.76 por ciento del gasto en el presupuesto del próximo año, al que se deben estar dando ahora los toques finales.

Eso implicaría duplicar el gasto en salud, para el que este año se presupuestó 79 mil 785 millones de pesos, apenas el 1.9 por ciento del PIB, llevándolo a 162 millones de pesos, como acaba de demandar la Alianza por del Derecho a la Salud (ADESA), que aglutina a varias decenas de organizaciones sociales y entidades vinculadas al sector.

Si es rigurosamente cierto que el país ha crecido en promedio de 4.6 por ciento del PIB entre el año 2000 y el 2017, constituye una verdadera vergüenza, demostrativa de una descomunal ausencia de prioridades, que en ese período el gasto en salud se redujera del 11.7 al 10.4 por ciento anual, y que estemos en los últimos escalones de gasto en salud pública entre las naciones latinoamericanas, solo por encima de Haití, de Guatemala y de la desmantelada Venezuela. Porque la salud es, junto a la educación, el centro de atención de los seres humanos bajo cualquier circunstancia o régimen de gobierno.

Ahí están los indicadores que acusan nuestra irresponsabilidad planificadora. Al bajo gasto público en salud tiene que atribuirse que lideremos el continente en muertes materno- infantiles, en embarazos de adolescentes, en muertes por accidentes automovilísticos, y que mantengamos altas tasas de mortalidad por enfermedades prevenibles.

Pero no sólo nos acusa la baja proporción destinada a salud pública, sino la pobre calidad del gasto. La ADESA advierte que “se invierte más en estructuras físicas que en las personas, se dedican más recursos a curar enfermedades que a prevenirlas. Y como si todo esto fuera poco para entender la inequidad del sistema público de salud, una parte significativa de la inversión estatal va a parar a manos privadas”. Realmente, el sector salud es un claro exponente del clientelismo, duplicación y dispersión, de la malversación y la corrupción que han disparado la alarma de la sociedad dominicana.

Por eso la alianza postula que “aumentar el presupuesto de salud no basta. También es necesario establecer prioridades de inversión, garantizar transparencia y honradez en el manejo de los fondos, erradicar la corrupción y la politiquería de las instituciones del sector salud, especialmente en los hospitales. La prioridad de inversión debe ser el primer y el segundo nivel de atención”.

La errática política del gasto queda de manifiesto en que las estructuras hospitalarias han ocupado la mayor atención, y en esa materia estamos por encima del promedio de la región, sin que haya sido suficiente para revertir los atrasos en calidad de los servicios, en equipos y medicamentos.

Parece que ha llegado la hora de gritar por la salud, con la esperanza de que los gobernantes no necesiten dos décadas para escuchar el clamor, como ocurrió con la educación, pendiente aún de generar una calidad que nos permita salir de los últimos escalones que también en esa materia ocupamos en el concierto latinoamericano.
Pero mientras tanto, hay que saludar el vigor con que ha nacido este año la ADESA y ofrecerle el mayor respaldo, uniendo gritos por el derecho a la salud, precario todavía para la mayor parte de la población que invierte más que el Estado en salubridad, a través del cada vez más ineficiente sistema de seguridad social.-

Sólo un amplio frente político-social podría desplazar al PLD del poder

01_09_2018 HOY_SABADO_010918_ El País11 A

En los más diversos ámbitos nacionales se afianza la convicción de que será necesaria una amplia concertación de fuerzas políticas y sociales que genere una gran sinergia para vencer el entramado de dominación del Partido de la Liberación Dominicana

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Convencidos de que ningún partido podrá por sí solo vencer la dominación política y social impuesta por el PLD con todos los poderes del Estado, varios agrupamientos de ciudadanos buscan concertar acciones para promover un amplio frente político-social que genere una sinergia capaz de convertirse en aluvión.

Los grupos sociales profundamente insatisfechos con la gestión gubernamental peledeísta y fatigados por la corrupción y la impunidad, confían en que podrán convencer a los partidos opositores de conectarse con las mayorías sin militancia partidista bajo compromisos para un gobierno de transición democrática y un nuevo modelo de desarrollo.

Un movimiento social

En los últimos meses proliferan los grupos sociales alentados por las masivas manifestaciones de insatisfacción, cuya mayor expresión es la Marcha Verde, bajo la premisa de que será necesario darle un contenido político para buscar restablecer las bases de la democracia, secuestradas por el peledeísmo, y poner en marcha un nuevo modelo de desarrollo económico social, sustentable y con mayores y mejores niveles de distribución.

Se nutren de la insatisfacción de la ciudadanía con el sistema partidista, registrado en las encuestas, tanto que la última de Mark Penn-SIN arrojó un 59 por ciento sin vínculo con los partidos. La insatisfacción se expande particularmente por las clases medias, con tasas de hasta 60 por ciento de los jóvenes que quieren irse del país, pero que no podrán porque las fronteras de la migración se están cerrando por todas partes y no podrá repetirse la égida de millón y medio de dominicanos de los últimos 50 años.

Algunos de los agrupamientos ya han salido a la luz pública como el Movimiento Independiente por el Rescate Democrático (MI-RD) que integra a reconocidos profesionales y artistas, como José Rijo, Manuel Jiménez y Paula Disla; y el Congreso Cívico, constituido por viejos luchadores democráticos, ambos con ramificaciones en diversas ciudades. También el Grupo Conciencia Nacional, que aglutina a personalidades como Eulogio Santaella, Enmanuel Esquea, Federico Lalane y Leopoldo Franco Barreras.

Expresan consciencia de que unificar la oposición social y política es una tarea muy difícil, y más aún la de competir con una corporación político-empresarial que no guarda el menor escrúpulo en el abuso de todos los poderes del Estado, como quedó documentado en las últimas elecciones presidenciales.

Las líneas fundamentales

Una decena de grupos sociales ya tienen bajo consideración unos “lineamientos básicos para un gobierno de transición democrática que siente las bases de un nuevo modelo de desarrollo económico y social”, con 12 prioridades políticas e institucionales y 7 económicas y sociales. Persiguen restablecer las prácticas democráticas, promoviendo la separación de los poderes del Estado, la independencia de la justicia y de los mecanismos de control y fiscalización, y declarando “guerra total a la corrupción y la impunidad”.

El proyecto plantea respuestas a las principales preocupaciones de la sociedad reflejadas en las encuestas, desde la corrupción y la impunidad, a la inseguridad ciudadana, el desempleo, el control de la inmigración y el colapso de los servicios de salud, de la seguridad social y del transporte, entre otros. Recoge la demanda de un nuevo modelo de desarrollo económico-social, que revierta el deterioro de la fiscalidad y el desbordamiento del endeudamiento, reivindicando los pactos fiscal y eléctrico dispuestos por la Ley de Estrategia de Desarrollo para promover la producción, la productividad y las exportaciones.

En la concertación de los lineamientos han participado personalidades de los ámbitos empresariales, religiosos, profesionales y comunitarios, economistas, politólogos, sociólogos y comunicadores que de alguna forma se movían en grupos ciudadanos, con la meta de salir a la luz pública a más tardar en octubre.

Imposible competencia

            Los concertadores sociales reconocen lo difícil que es en el país montar un frente electoral amplio, por la enorme diversidad de la oposición, porque todos los dirigentes creen que sólo pueden ser candidatos presidenciales, por el predominio de los intereses individuales sobre los nacionales y hasta por la capacidad demostrada de los peledeístas y su inmenso ejército de comunicadores para intrigar y mantener separados a sus opositores utilizando el poder estatal, financiero y de los organismos electorales.

Aparte de los compromisos programáticos, se basan en que no hay posibilidad de competencia democrática, por el abuso del poder estatal en las campañas electorales, lo que en el 2016 fue reconocido tarde por los candidatos presidenciales opositores cuando a dos semanas de la votación acudieron a la Junta Central Electoral para formular reclamos, y ni siquiera lograron ser recibidos por el dirigente del PLD que presidía ese organismo.

Los informes del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) documentaron cómo el gobierno en pleno, más de 30 altos funcionarios, se lanzó por todo el país, a promover las candidaturas del PLD, que acaparaban tres cuartas partes de la publicidad y  duplicando el gasto publicitario del Estado, con decenas de miles de empleos temporeros de activistas políticos y la manipulación de los programas sociales. El presidente Medina “puso en marcha” la extensión de la segunda línea del metro, que apenas empezó a operar dos años después. La inversión y el gasto del gobierno se concentraba en provincias y municipios donde las encuestas daban más posibilidad a la oposición.

Municipios y el Congreso

El resultado electoral del 2016 mostró que si los partidos de oposición hubiesen concertado candidaturas siquiera en los niveles congresuales y municipales, la concentración del poder peledeísta sería menor, y hasta que los emergentes o minoritarios habrían podido conseguir algunos municipios para implementarlos como modelos, y más de los dos diputados que lograron.

En cuanto a las candidaturas presidenciales, Danilo Medina con el 62 por ciento, y Luis Abinader con 35, acapararon el 97 por ciento del sufragio, las restantes 5 apenas el 3 por ciento, justo la proporción del gasto de campaña que le arrojó la observación de PC. Y de estos sólo Guillermo Moreno pasó del 1 por ciento. Las perspectivas no apuntan a un cambio significativo en las posibilidades de competencia.

“Ni todos los partidos de oposición juntos desprenden del poder a la corporación PLD”, sostienen activistas sociales, quienes creen que hay que importantizar todas las candidaturas congresuales y municipales, con los mejores candidatos provenientes de los partidos y de los ámbitos sociales. En todos los medios se advierte que la oposición carece de un “líder carismático” que la una y enfervorice a la sociedad, pero eso podría convertirse en ventaja para la concertación y, en caso de una victoria, para que otro presidente no se constituya de inmediato en caudillo insustituible que ignore los compromisos para pretender entronizarse y prolongarse en el poder.

Tropiezo reciente por la Ley de Partidos

            Nadie puede ignorar los obstáculos a superar para alcanzar un amplio frente político social. De hecho, los 11 partidos que venían concertando oposición desde los últimos comicios, acaban de tener un tropiezo por la transacción que hizo el mayor, el Revolucionario Moderno (PRM), en aras de la Ley de Partidos, que no fue aceptada por el resto, los cuales publicaron un comunicado de diferenciación y rechazo, aunque no cerraron las puertas a proseguir concertando.

Primero tendrían que restaurar la confianza, lo que corresponderá al PRM, especialmente el sector de Luis Abinader, que luce con mayor posibilidad de alcanzar la candidatura presidencial. Este y varios de sus dirigentes han planteado repetidas veces la necesidad del frente político-social, como lo han hecho otros, en especial Guillermo Moreno y Eduardo Estrella. Más allá de lo que puedan representar los partidos minoritarios, la unidad de propósitos y candidaturas abriría expectativas y participación social que multiplicaría sinergias y votos.

El desafío es grande para todos los insatisfechos con el rumbo de la nación, en los partidos y en la sociedad, pues tendrían que superar la desconfianza, el sectarismo, la prepotencia de quienes se consideran mejor posicionados y las ambiciones individuales para superar el inmovilismo y el pesimismo, especialmente de las mayorías jóvenes.-

 

Violación de la Ley de Partidos

30_08_2018 HOY_JUEVES_300818_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

Es realmente impresionante la presteza con que varios dirigentes políticos se han dispuesto a ignorar aspectos fundamentales de la recién aprobada Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, en un aspecto capital y claramente definido como el período en que se puede realizar campaña por las candidaturas y es más relevante porque esa violación es la más explícita y contundentemente sancionada en la normativa.

Los artículos 40, 41, 43 y 44 de la Ley 33-18 ya han sido ignorados por varios de los aspirantes a cargos electivos del Partido de la Liberación Dominicana y por lo menos uno del Partido Revolucionario Moderno se apresta a hacerlo el próximo fin de semana, y si la Junta Central Electoral (JCE) no se apresura a imponer su autoridad, pronto la Ley de Partidos habrá quedado como otro manojo más de sugerencias o buenas intenciones, como tantas otras.

No es cierto que se precise ninguna reglamentación para que se cumplan los artículo 40-41, que definen el “Período de la campaña interna”, precisando que “será iniciado el primer domingo del mes de julio y concluirá con la escogencia de los candidatos”. Un defecto de la ley es que ahí no precisa de qué julio se trata, aunque luego en el artículo 46 se establece que la escogencia de los candidatos será, mediante primarias a más tardar el primer domingo de octubre del año preelectoral, y los partidos que escojan otras modalidades, tendrán que elegir a más tardar el último domingo del mismo mes y año.

El artículo 78 establece las penalidades correspondientes a las violaciones de la Ley 33-18, y llama la atención que la única que es taxativa y contundente, y sin que medie una sentencia judicial definitiva, es precisamente la violación del límite de campaña. Su numeral 8 dice que “Los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. La Junta Central Electoral será responsable de hacer cumplir esta disposición”.

Vale tomar en cuenta que el 21 de agosto, ocho días después de promulgada la Ley de Partidos, la JCE emitió su Resolución 03/2018, relativa a los plazos legales para organizar las elecciones primarias de acuerdo con la Ley 33-18, en cuya letra c se ratifica “La Precampaña inicia el primer domingo de julio, 7 de julio del 2019 (artículo 41)”.

Más aún, el 20 de junio del 2018, antes de promulgarse la ley, el Pleno de la JCE otorgó  un plazo de 5 días para que cesaran todas las actividades de promoción de candidaturas, planteando que “trasgreden las normas vigentes destinadas a pautar los tiempos de las campañas electorales”.

¿Cómo entender que después de promulgada la ley y las dos resoluciones de la JCE el señor Carlos Amarante Baret haya realizado un encuentro regional en Santiago con miles de partidarios de su precandidatura, y que el expresiente Leonel Fernández realizara otro acto con millares de seguidores el domingo último y que allí proclamara el inicio de su campaña por la candidatura de su partido, y adelantara que recorrerá los 158 municipios porque “es pa/lante que vamos”? ¿Cómo entender que el también expresidente Hipólito Mejía anuncie una actividad para dejar iniciada el próximo domingo la carrera por la candidatura presidencial de su partido y que su vocero anticipe que ahí comenzará un recorrido sin pausa por todo el país?

Varios precandidatos han mantenido vallas en vías públicas, desafiando la disposición del 20 de junio y el plazo de 5 días para retirarlas. Se transmiten los actos por radio y televisión, medios que están vedados hasta en el período mismo de la precampaña, como se establece en los artículos 43 y 44 de la ley.

Es obvio que la JCE tendrá que hacer muy pronto un máximo esfuerzo para que la ley de partidos no sea un simple pedazo de papel más. Lo ocurrido hasta ahora lacera el ánimo de la ciudadanía después de tantos años de reclamo de una ley de partidos, y siembra el mayor pesimismo sobre la vocación de gran parte del sistema partidista por la ley de la selva, o por vivir como el chivo sin ley, por el desorden y la prepotencia que lastran la institucionalidad democrática nacional.-

Otra reelección de Danilo Medina le saldría muy cara a la nación

25_08_2018 HOY_SABADO_250818_ El País11 A

El presidente Medina incentiva el debate sobre si buscará una segunda reelección consecutiva, lo que muchos dan por hecho, aunque el escenario constitucional y político luce tan adverso que dilatar su decisión podría dejarlo sin pito, sin flauta, y sin que tocar

Por Juan Bolívar Díaz

El presidente Danilo Medina acabó de alborotar la opinión pública con su anuncio de que  será en marzo o julio del año próximo cuando hará pública la decisión, que dijo ya tiene adoptada, de si buscará postularse para un tercer período de gobierno consecutivo, aunque la Constitución que él mismo promulgó hace sólo tres años se lo prohíbe taxativamente.

En lo inmediato el planteamiento presidencial generó críticas, al ser interpretado como desprecio al mandato constitucional, y desconcierta a los peledeístas que pretenden disputar la candidatura al expresidente Leonel Fernández, en abierta campaña, lo que al final podría dejar a Danilo Medina “sin pito, sin flauta y sin que tocar”.

Incentiva el eterno debate

            Al plantear el domingo que no será hasta marzo, o julio del año próximo, cuando dirá si se repostulará, el presidente incentivó el eterno debate sobre la reelección, encendido por el entusiasmo de funcionarios y legisladores desde que a principio del mes logró la aprobación de una Ley de Partidos con posibilidad de padrón abierto para la elección de candidaturas.

            El anuncio podría ser interpretado como una advertencia a su archirrival en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el expresidente Leonel Fernández, al producirse una semana antes del muy publicitado acto de masas que éste celebrará mañana para recibir más de un millón de firmas pidiéndole que vuelva a optar por la presidencia de la nación.

Pero en lo interno tal planteamiento genera el efecto de desconcertar las aspiraciones de los peledeístas que han salido a disputarle a Leonel la candidatura presidencial, como Francisco Domínguez Brito, Reinaldo Pared Pérez y Carlos Amarante Baret, y retardar el lanzamiento de otros como Andrés Navarro, Temístocles Montás o Francisco Javier García, lo que aumentaría la enorme ventaja que sobre estos ha registrado el presidente del PLD en todas las encuestas.

Retardar su decisión hasta la proximidad de la convención fortalece la posición dominante de Fernández, pero también la creencia de que sólo el presidente Medina, con todo el poder, podría ganarle la candidatura. Una tardía declinación podría dejarlo como pregona un refrán, sin pito, sin flauta y sin qué tocar, como le ocurrió al presidente Antonio Guzmán en el 1981, cuando esperando abrir la posibilidad de repostularse, impedida por doctrina partidaria, no por la Constitución, decidió muy tarde apoyar la candidatura de su vicepresidente Jacobo Majluta, cuando ya Salvador Jorge Blanco la tenía asegurada con años de promoción.

Aumenta el desconcierto

            El anuncio del presidente tuvo el efecto inmediato de incrementar el desconcierto nacional, con dispendio de atención y energías dentro de su propio gobierno y en la sociedad en general. Se le impugna un desprecio a la Constitución que él mismo promulgó hace tres años para superar la prohibición de la reelección consecutiva, tras un acuerdo pactado por el Comité Político del PLD conjurando la crisis detonada por un radical rechazo del presidente del partido.

El acuerdo de 10 puntos implicó la reforma de la Constitución para permitir dos períodos presidenciales y nunca más, con la adición de una disposición transitoria, la vigésima, donde se consigna que en caso de resultar reelecto en el 2020, el Presidente de la República “no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”. Danilo firmó el pacto en el Palacio Nacional el 28 de mayo del 2015, como lo hicieron a su vez los otros 34 integrantes del Comité Político, incluido Leonel.

Esta semana saltó a las redes sociales un fragmento del discurso con que Medina aceptó la candidatura el 30 de agosto, en la convención de su partido: “juro aquí, ante todos ustedes, y ante Dios como testigo, que es mi última candidatura a la Presidencia de la República”. Ya entonces ignoró reiterados planteamientos de que sólo gobernaría un período por lo dañina para la democracia que ha sido la reelección en el país.

Al borde del abismo

Dada la tradición nacional, nadie puede negar toda posibilidad de que el actual mandatario busque una repostulación y alcance otra reelección, pero esta vez el camino está lleno de obstáculos y lo obligaría al equilibrismo al borde del abismo político, tanto a lo interno de su partido, como en el ámbito nacional, ahora navegando contra las aguas de la propia Constitución, apenas tres años después de promulgada.

Hay quienes sobre estiman el poder presidencial, pero ignoran que también lo tenía Leonel Fernández en el 2012 y tuvo que permitir la candidatura de Medina, pese a que gran parte de su partido y funcionarios pasaron un año promoviendo el continuismo. Llegaron a entregarle “dos millones 400 mil firmas” en un multitudinario acto, pero la generalidad de los sectores sociales y una parte importante de su propio partido rechazaron que se volviera a reformar la Constitución proclamada por el mismo Leonel dos años antes.

También se subestima la capacidad de resistencia de Fernández, porque el 28 de mayo del 2015 capituló en favor de Danilo tres días después de un discurso oponiéndose tajantemente a la reforma constitucional. Entonces era racional dar una segunda oportunidad al mandatario, él con tres períodos de gobierno, pero ahora le beneficia el pacto con que contribuyó a mantener la unidad partidaria. Le dejaba la ilusión de volver cuatro años después, pero ahora carecería de objeto político rehuir el enfrentamiento, por lo que hace un año emprendió la marcha.

Muy difícil de justificar

Danilo Medina tendría dos caminos para intentar el continuismo, ninguno de fácil acceso: una nueva reforma de la Constitución para eliminar la disposición transitoria que se lo prohíbe, o mediante una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que la declare violatoria de su derecho, lo que ya ha sido recurrido por un abogado y está pendiente de fallo. El mes pasado se atribuyó en comunicado público a un Congreso de la Federación Interamericana de Abogados celebrado aquí haber emitido una declaración de que la disposición transitoria “viola los derechos humanos de Medina. Pero fue desmentido por los dirigentes de esa entidad con sede en Washington.

Para reunir las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, Medina tendría que conseguir una treintena de votos, de los seguidores de Fernández, ninguno de los cuales cedió en el conflicto por las primarias abiertas, o de la decena del Partido Reformista o del medio centenar del Partido Revolucionario Moderno. Nadie lo descarta porque hace tres años “convencieron” al triple, pero en circunstancias muy distintas. Aquella vez le favoreció lo interno y la desbandada del Partido Revolucionario Dominicano.

Lo del TC sacudiría profundamente la institucionalidad democrática nacional, pues un tribunal de 11 personas declararía la “inconstitucionalidad de la Constitución” el pacto nacional determinado por un Congreso de 222 miembros.  Tiene al menos un precedente, en Bolivia, donde un Tribunal Constitucional invocó la Convención de Derechos Humanos para avalar una tercera postulación del presidente Evo Morales, por encima de las disposiciones de su propia Constitución, y consiguió imponerse en el 2015.

La reelección no es un derecho humano

Por el precedente boliviano, la Organización de Estados Americanos tramitó una consulta a la “Comisión de Venecia”, órgano consultivo de derechos humanos del Consejo de Europa, publicada el 9 de abril pasado, donde plantea tajantemente que “la reelección presidencial no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos o de los votantes”.

El informe final de la comisión integrada por expertos independientes de varios países concluye que “la reelección deriva del derecho a la participación política y no se vulnera con la imposición de límites de mandatos. Estos límites buscan evitar la perpetuación en el poder y que la democracia se convierta en una dictadura de facto”.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que solicitó la opinión consultiva “por la mala y reiterada práctica regional de modificar la Constitución para buscar la reelección”, y afirmó que “en casos peores mediante sentencias judiciales”.

Un costo muy elevado        

            Sea por reforma constitucional o por sentencia del TC, el costo institucional y para la democracia dominicana, con graves repercusiones en el Estado de Derecho y derivaciones económicas, sería muy alto para la nación dominicana, que afronta desafíos tan fuertes como el de la sostenibilidad fiscal. Habría tanta o más resistencia que cuando el intento continuista de Leonel Fernández en el 2012, que incluyó a las organizaciones empresariales, las iglesias y los medios de comunicación, además de gran parte del sistema político. Esta vez arriesgaría la división del propio partido gobernante.

Ya esta semana dirigentes de la Asociación de Industrias y de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios rechazaron en duros términos la posibilidad de que sea modificada la Constitución. El presidente de los industriales, Campos de Moya, pareció hablar por todo el empresariado, cuando dijo que ”el sector empresarial dominicano entiende que la Constitución fue modificada ya recientemente y establece los cánones para la reelección. No estamos de acuerdo con modificarla nuevamente”.-

Preguntas al Presidente Medina

23_08_2018 HOY_JUEVES_230818_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

El pasado 1 de julio se cumplieron 50 años de la rueda de prensa ofrecida por el presidente Joaquín Balaguer en ocasión del segundo aniversario de su gobierno, que desde su inicio se había caracterizado por la represión violenta y sangrienta contra los que habían participado en la revolución constitucionalista de 1965. Yo acababa de retornar de México graduado de periodista y representé allí a la cadena Radio Noticias, que ya dirigía.

Cuando me tocó el turno de preguntar, le recordé al presidente Balaguer que él había ganado las elecciones de 1966 en base a dos promesas fundamentales, que devolvería la paz al país y que reduciría el costo de la vida, indicándole que la persistencia de actos terroristas, “en perjuicio de civiles y militares, de diversas ideologías”, y el encarecimiento de los productos básicos, parecían indicar que no las había logrado. Entonces le pregunté si esperaba concretarlas en los dos años que le quedaban.

Aún en los tiempos más difíciles, y de mayor represión de su gobierno, Balaguer acostumbraba ofrecer ruedas de prensa, en los primeros años tras las reuniones del Consejo Nacional de Desarrollo, los miércoles, y luego en sus caminatas en el parque Mirador del Sur y hasta en la tumba de su madre. Pocas veces rehuía las preguntas y casi nunca perdía la paciencia, excepto ante mi cuestionamiento. René Fortunato recogió parte de mi pregunta y de la respuesta en su documental La Violencia del Poder, y alguien subió a youtube ese fragmento, que aún muchos siguen viéndolo y me lo refieren.

El incidente fue más extenso y duro de lo que quedó archivado en la televisora oficial, sintetizado aún más por Fortunato. Tal vez el presidente Balaguer se molestó más conmigo aquella noche, porque era una transmisión en vivo, conmemorativa de su segundo año en el poder, y porque hasta ese momento las preguntas eran bolas suaves para que él las bateara, lanzadas casi todas por periodistas extranjeros invitados de su gobierno. O quizás porque él no conocía a ese muchacho de 23 años, y quiso aplastarlo, pegando gritos y golpeando la mesa. Sin quererlo, me declaró novato del año en el periodismo, pues todavía al día siguiente muchos averiguaban “quién es el carajito que sacó de quicio al presidente”.

Al ver la entrevista que concedió el presidente Danilo Medina a la presentadora y productora de televisión Jatnna Tavarez, a la mitad de su segundo período gubernamental, lamenté que tantos años después fuera menos abierto que Balaguer, y no se sometiera a una libre rueda de prensa, como se acostumbra en las democracias. En esa materia es indiscutible que  él y su antecesor Leonel Fernández retrasaron el reloj democrático.

De haber habido otros entrevistadores, cuando Medina afirmó que ha reducido la pobreza al 25 por ciento y que ya la clase media es mayor, el 30 por ciento, alguno le habría preguntado donde dejaba al 45 por ciento restante. Cuando prometió decir en marzo, o a mediados del año próximo, si buscaría otra reelección, le habrían preguntado si no fue él mismo quien auspició, pactó y proclamó la reforma constitucional del 2015 que le prohíbe por siempre volver a ser candidato presidencial. O si ya olvidó el juramento que hizo el 30 de agosto del 2015, en discurso al país y poniendo a Dios por testigo, de que estaba asumiendo su última candidatura a la presidencia de la República.

Cuando negó el peso de la corrupción se le habría preguntado si no debería pedir perdón a la sociedad dominicana por haber tenido como asesor político, y despachando en el mismo Palacio Nacional, al delincuente confeso Joao Santana y su esposa Mónica Moura, hasta el día que la justicia brasileña los reclamó para recibirlos esposados.

Otra pregunta para Danilo: si su procurador general Jean Alain Rodríguez no le ha informado del expediente que se le entregó demostrativo de que su asesor político recibió entre 2013-14 diez y seis transferencias de empresas de Odebrecht en Lima por 4 millones 396 mil 796 dólares a su empresa Cine&Art 2013, una de las dos que a su vez obtuvieron contratos de asesoría a su gobierno por casi mil 400 millones de pesos.

Muchas otras preguntas de interés nacional podrían formulársele al presidente Medina, pero es obvio que él no está dispuesto a correr ese riesgo y prefiere mantener distancia, aunue tengamos que añorar la valentía del presidente Joaquín Balaguer.-

 

Un gobierno atrapado y desgastado que sobrevive por el endeudamiento

18_08_2018 HOY_SABADO_180818_ El País12 B

El gobierno de Danilo Medina consumió a la defensiva la mitad de su último período, agobiado por el escándalo Odebrecht, tratando de abrir brechas al continuismo, dependiendo del endeudamiento y sin responder ninguno de los grandes desafíos nacionales

                                                Por Juan Bolivar Díaz

Las graves implicaciones del escándalo Odebrecht cayeron como rayo y petrificaron el gobierno del presidente Danilo Medina, cuando apenas iniciaba su segundo período gubernamental, sin haber podido salir de la defensiva al agotar la primera mitad, sacudido por la indignación de amplios núcleos poblacionales que reclaman poner fin a la impunidad.

El balance de los 6 años de la gestión de Medina arroja un crecimiento económico motorizado por un incremento insostenible de la deuda estatal, con fortalecimiento del presidencialismo y debilitamiento de las instituciones, y sin haber podido resolver ninguno de los graves problemas del país, excepto la construcción de aulas escolares.

La maldición de Odebrecht

El entramado de corrupción de la empresa brasileña Odebrech petrificó el gobierno del presidente Medina, quien no ha podido salir de la defensiva ni librarse de su implicación, por sus tres viajes a Brasil antes de asumir la presidencia en el 2012, por el asesoramiento político de Joao Santana, agente electoral de la constructora con la que se firmó el cuestionado contrato para las plantas de carbón de Punta Catalina por 2 mil 40 millones de dólares.

Para colmo de males, la Odebrech reclama otros 802 millones de dólares para concluir las plantas desde el principio denunciadas como sobrevaluadas y que registran más de un año de atraso dilatando los efectos positivos que se cifraban para afrontar el grave problema energético nacional. Mientras han acaparado una alta proporción de la inversión pública basada en un endeudamiento que alcanza niveles de advertida insostenibilidad.

El manejo político y judicial del escándalo Odebrecht ha disparado la indignación manifiesta en el movimiento Marcha Verde, al  ignorarse que los ejecutivos de la constructora testimoniaron que cuando la justicia los persiguió en Brasil, trasladaron sus operaciones mafiosas a República Dominicana, por considerarla un lugar seguro. Durante el gobierno de Medina la empresa transfirió al país el 74 por ciento de los fondos destinados a sobornos, pero no hay procesados de ese período gubernamental.

La negligencia en auditar las obras de Odebrecht, pese a la confesión de que tenían un patrón del 22 por ciento de sobrevaluación, la negativa a investigar  el financiamiento de campañas electorales, la reducción a la mitad de los imputados originales por los sobornos y la documentación de que se otorgaron contratos sin licitación a las empresas de Joao Santana por casi mil 400 millones de pesos, han alimentado la hoguera en que se consume el gobierno.

Crecimiento con esteroides

El crecimiento económico con promedio alrededor del 6 por ciento durante los 6 años del actual gobierno es enarbolado como uno de sus mayores éxitos, tanto que cundió el pánico cl año pasado cuando quedó en 4.6 por ciento. Pero tal como sostuvo el economista Pavel Isa, se trata de un “crecimiento con esteroides”, no derivado de un incremento significativo de la producción y la productividad, sino en base al más acelerado endeudamiento.

El gobierno de Danilo Medina quedará como el de mayor endeudamiento de la historia nacional, con un aumento del 64 por ciento de la deuda pública consolidada registrada, que se eleva al 82 por ciento, cuando se computa la deuda pública flotante o no registrada, como hace el economista Apolinar Veloz, exgerente general delo Banco Central y hasta hace meses funcionario del Fondo Monetario Internacional.

Un cuadro anexo, entregado por Veloz en el Almuerzo del Grupo Comunicaciones Corripio hace 10 días, eleva la deuda total del Estado a 46 mil 689 millones de dólares, equivalentes a un escandaloso 60.64 por ciento del producto interno bruto. Incluye 33,604 millones de dólares del sector público no financiero, más 11 mil 848 del sector bancario público, 570 millones de dólares del sector eléctrico público, entre otros. La deuda de cada dominicano asciende a 4 mil 465 dólares, equivalentes a 222 mil pesos.

Altos déficits crónicos

El gobierno no ha podido superar los crónicos déficits fiscales y de balanza comercial heredados de su antecesor, por no haber querido pagar el precio de la contención de la malversación y el clientelismo que demandan los pactos fiscal y eléctrico, por demás dispuestos por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Según un estudio de Oxfam por esos renglones y la corrupción se perderían este año 96 mil millones de pesos.

El déficit fiscal acumulado en los 6 años supera los 409 mil millones de pesos, financiado con deudas, en gran proporción para pagar intereses de la deuda anterior. El déficit de la balanza comercial pasó de 8 mil millones de dólares el año pasado, en una economía que se salva por las remesas de los dominicanos que han tenido que ganarse vida en el exterior, sobre 6 mil millones de dólares este año, además de los 7 mil millones de dólares aportados por un turismo cada vez más dependiente del capital externo, con el 80 por ciento de las habitaciones. hoteleras.

Adscrito a la política clientelar y de reparto, con políticas sociales que no promueven el alejamiento de la pobreza, informalidad laboral que ya se documenta en el 59 por ciento del empleo, con salarios mínimos que promedian 11 mil pesos cuando el costo de la canasta familiar del quintil más pobre se aproxima a los 15 mil pesos. el régimen se ha negado a atender el reclamo de cambiar un modelo de desarrollo concentrado por otro que promueva la producción, la productividad y mayor equidad. Se aduce un relativo mayor apoyo a las micros y medianas empresas y a los productores agropecuarios, pero que no se traduce en incremento significativo de las exportaciones ni en expansión de la formalidad. Solo somos competitivos en el mercado haitiano y con Estados Unidos de un superávit comercial de 4 mil millones de dólares en el 2004, acumulamos un déficit de 31 mil millones, catorce años después.

Auge del presidencialismo

Otra característica del gobierno de Medina ha sido un notable incremento del presidencialismo, con una mayor concentración del poder, sustituyendo o duplicando instituciones y organismos estatales, en vez de atender el reclamo de reducir los inoperantes. Las “visitas sorpresas” del presidente reemplazaron la planificación para convertirse en un mecanismo de promoción del nuevo salvador providencialista.

Requeriría un extenso espacio para documentar la concentración de recursos y repartos de la Presidencia de la República, pero debería bastar con la cantidad de dinero dejada de entregar desde el 2013 al 2018, inclusive, a los gobiernos municipales, estimada en 184 mil millones de pesos por el experto municipalista Domingo Matías. La ley de Municipios 166-03 destina a los ayuntamientos el 10 por ciento de los ingresos, pero ya sólo entregan el 3 por ciento. El año pasado, con ingresos de 537 mil 886 millones, debieron entregarle 53 mil 788 millones de pesos, pero sólo les dieron 17 mil 55 millones, apenas 32 por ciento de lo que les correspondía.

El dinero tampoco alcanza para lo que dispone la ley para la justicia, ni a los municipios donde hay explotaciones mineras, pero el presidente Medina reparte cada fin de semana en poblaciones y campos. Y ya la presidencia tiene su propio programa para equipos municipales que entrega a discreción, sustituyendo de paso a la inoperante Liga Municipal Dominicana. Hace poco se conoció la circular que concentra en la secretaría Administrativa de la Presidencia todo lo que tiene que ver con China, como si no existieran la cancillería y el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones e Inversiones.

El rosario de programas dependientes de la presidencia rebasa toda racionalidad y viola numerosas leyes, generando duplicidades y rompiendo la institucionalidad, en cuyo renglón el país cayó al escalón 129 de 137 naciones evaluadas en el Indice de Competitividad Global 2017-18, del Foro Económico Mundial.

Los desafíos acumulados

Las perspectivas indican que el gobierno de Medina completará sus ocho años sin haber afrontado definitivamente ninguno de los graves problemas nacionales, aunque ha concentrado esfuerzos en la educación, gracias a la inversión del 4 por ciento del PIB, pero con poco éxito en calidad, sin variaciones significativa de los curriculos en la tanda extendida; habrá adelantado mucho en el 911, pero sin detener el incremento de la inseguridad; y mejorará el tránsito, al entrar en operación la prolongación al este de la segunda línea del metro, que recibió en etapa final hace 6 años y apenas la acaba de terminar, porque priorizó su teleférico, de mucho menor impacto en la demanda de transporte.

En salud podrá reivindicar la remodelación, ampliación y equipaje de 56 hospitales, que mantuvo semi-paralizados durante 5-6 años, generando graves problemas, a los que habría que atribuir el increíble incremento de las muertes de neonatales, que entre enero y julio han sumado mil 965, casi 10 por dia, 431 más que en el mismo período del 2017, un 28 por ciento más. El sistema de la seguridad social se cae a pedazos, sin que las autoridades reaccionen. Es notable la reducción de la inversión en vivienda, aunque promueva los proyectos de ciudades Juan Bosch, junto al sector privado.

Todavía podría tener mejores resultados en los dos años que le restan, pero las fuerzas espirituales del gobierno están demasiado concentradas en la política, atrapadas en la maldición del continuismo, con los vientos tan en contra como los tuvo Leonel Fernández en sus dos últimos intentos por seguir gobernando. La fatiga que se registra en el país no augura un camino fácil para el continuismo, y para lograrlo el costo podría resultar traumático.

Deuda-consolidada-del-Estado-al-2018

Regresión de la transferencia de fondos desde el nivel central a los gobiernos locales