2011: un año de incertidumbres

Por Juan Bolívar Díaz
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El  2011 concluye con tantas incertidumbres como comenzó, primero  institucionales y políticas, y ahora en el orden económico sin que pueda asegurarse si el Gobierno quiere y puede mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), congelado en el último trimestre.

A pesar de altos déficits fiscal y en la cuenta corriente de la balanza de pagos, con un volátil escenario económico internacional y encarecimiento de las importaciones que agravan el déficit de balanza de pagos, el Gobierno logró mantener la estabilidad macroeconómica y el crecimiento gracias a un alto endeudamiento.

Fracaso del continuismo.  Durante todo el primer trimestre del año el país fue sometido a un fuerte estrés político-institucional cuando tomó cuerpo el intento de imponer una nueva repostulación del presidente Leonel Fernández a pesar de la prohibición incluida en la Constitución que él mismo había promulgado un año antes.

Una parte de los funcionarios del Gobierno y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y hasta la primera dama se manifestaron partidarios de otra reelección del doctor Fernández, mientras desarrollaban una movilización nacional en procura de dos millones de firmas para avalar el proyecto.

Paralelamente se desarrollaban acciones como la elección de un secretario general “provisional” de la Liga Municipal, la aprobación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura sin los dos tercios de los votos que manda la Constitución e intento de desconocer el límite de los 75 años para la elección de los miembros del nuevo Tribunal Constitucional, que configuraron un “relajamiento institucional para condicionar la sociedad a cualquier salto”.

El 14 de marzo aumentó la tensión cuando el Presidente se declaró “en reflexión” sobre la posibilidad de repostularse. El domingo 27 de marzo en un acto masivo recibió “más de dos millones 200 mil firmas” en libros encuadernados donde se le pedía que se postulara. Fue el 8 de abril cuando finalmente el mandatario anunció que declinaba la candidatura, aunque avalaba el argumento de los “ingenieros constitucionalistas” y algunos abogados de que podía optar por la reelección.

Para entonces ya se había lanzado la precandidatura presidencial del vicepresidente Rafael Alburquerque y el 10 de abril la de la primera dama Margarita Cedeño, tratando de crear una alternativa a la de Danilo Medina que había corrido casi solo. En medio de tensiones intrapartidarias  ella pronunciaría un dramático discurso de declinatoria al final del mes. Y Alburquerque apoyaría a Medina antes de que éste fuera finalmente electo candidato presidencial el 26 de junio, poniendo fin a las incertidumbres. Predominó la voluntad democrática en el partido gobernante.

 Intensa movilización social.  Por encima de las profundas insatisfacciones expresadas en las encuestas y recogidas por los medios de comunicación, especialmente por el desempleo, elevación del costo de la vida, la corrupción generalizada y el incremento del narcotráfico y la inseguridad, la sociedad dominicana protagonizó este año intensas luchas que incluyeron marchas, protestas y un paro casi general de actividades en junio.

Lo más relevante del año ha sido la amplia movilización social en reclamo del cumplimiento del mandato legal y ahora también constitucional de destinar el 4%  del Producto Interno Bruto a la educación. La incorporación de grupos juveniles y segmentos de clases medias y altas a las manifestaciones constituyó un aliento para los que promueven un mayor sentido de ciudadanía como contrapeso el pragmatismo salvaje en que ha devenido la actividad política.

Una Coalición por la Independencia de la Justicia concertó también a numerosas entidades de diversos estamentos sociales en los reclamos porque se elijan los jueces de la Suprema Corte y los nuevos tribunales Constitucional y Superior Electoral en función de la integridad y la capacidad y no por simple conveniencia política. También hubo grupos que se movilizaron contra la delincuencia y la corrupción, aunque los órganos del ministerio público no produjeron ni un solo proceso judicial y ni siquiera parecieron preocuparse por las denuncias de malversación que se produjeron casi cada semana, incluso en auditorías de la Cámara de Cuentas.

La movilización más exitosa del año fue la que en el primer trimestre logró hacer respetar la Constitución, reivindicando el carácter de las leyes orgánicas y poniendo freno a los intentos continuistas que amenazaron hasta la integridad del partido de gobierno y sobre todo la institucionalidad democrática nacional. El empresariado, las iglesias, las instituciones que luchan por la vigencia de la democracia y el fortalecimiento institucional, así como gran parte de los medios de comunicación constituyeron un sólido valladar social.

El mayor éxito del Gobierno.  El Gobierno ratificó su éxito en mantener la estabilidad macroeconómica con un crecimiento del producto bruto proyectado al 4.5%, en el promedio regional, inflación del 8% e ínfima devaluación, pero continuando el endeudamiento interno y externo que ha duplicado la deuda dominicana en 7 años.

Crece la convicción de que esa pista se está agotando. En este 2011 por primera vez hubo que dedicar más del 50% del monto de los ingresos fiscales al servicio de la deuda.

El déficit fiscal que a finales de septiembre el Banco  Central cuantificó en más de 35 mil millones de pesos, volverá a sobre pasar los 50 mil millones, por cuarto año consecutivo. Aunque en junio hubo que hacer una rectificación fiscal poco ortodoxa para buscar unos 12 mil millones de pesos. Peso a ello las recaudaciones quedaron por debajo de lo presupuestado en diez mil millones de pesos. Mientras el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se proyecta sobre los 5 mil millones de dólares, un diez por ciento del PIB.

A lo largo del año siguieron siendo intensos los cuestionamientos a la política de inversiones y el gasto social a lo que se atribuye que la población no perciba los beneficios del crecimiento económico, mientras devastadoras evaluaciones internacionales dejaban al país en absoluto descrédito, como las de competitividad del Foro Económico Mundial que lo declaró campeón mundial en malversación de los recursos públicos y en confianza en la Policía, entre 142 naciones evaluadas.

El año concluye con gran incertidumbre sobre la suerte de la institucionalidad democrática y la estabilidad económica en medio de una nueva dispendiosa campaña electoral que se vaticina con ribetes de arrebatos por la incursión de todo el Gobierno en la promoción de su candidatura para cuyo triunfo ya el propio presidente Fernández tuvo la osadía de anunciar que invertiría 40 mil millones de pesos.

El acuerdo con el FMI ha quedado frisado. El Gobierno no ha pasado con éxito ninguna de las evaluaciones trimestrales desde su firma en el 2009, y desde septiembre no ha podido presentar una nueva carta de intención para reanudarlo, mientras adelantaba venta de bonos por 250 millones de dólares con cargo al presupuesto de 2012 de por sí sobrevaluado, convertía en deuda una línea de crédito de 210 millones de dólares en el Banco de Reservas y elevaba sobre esa cifra su deuda con los generadores eléctricos.

Economistas, empresarios, comunicadores y hasta el gobernador del Banco  Central han dejado constancia de la conveniencia de reanudar el acuerdo con el FMI, con la esperanza de que pueda moderar el vaticinado desguañangue de la economía nacional en aras de la prolongación en el Gobierno.

Resucitó y llegó papá

El mayor partido de la oposición, el Revolucionario Dominicano (PRD) también fue sometido a fuertes tensiones en el proceso de elección de su candidato presidencial para los comicios de 2012, lo que culminó temprano el 6 de marzo con la resurrección política del expresidente Hipólito Mejía, quien fuera derrotado de forma aplastante en el 2004 cuando intentó la reelección en medio de una devastadora crisis financiera.

Al grito de “llegó papá”, el agrónomo Mejía logró una victoria que muy pocos creían posible al comienzo del año, superando por 7 puntos al presidente del partido blanco Miguel Vargas  Maldonado, el cual había sido candidato para la elección del 2008. La elección de Mejía fue más sorpresiva por cuanto su contendiente controlaba los cargos ejecutivos del partido, su Comisión Política y gran parte de los legisladores, alcaldes y dirigentes provinciales.

La elección generó grandes tensiones que sacudieron el PRD y sólo a regañadientes Vargas aceptó dos meses después que Mejía fuera proclamado candidato, y desde entonces mantiene una “presidencia institucional” del partido, sin participar en ninguna actividad de la campaña electoral y más bien proyectando una imagen de resentimiento sin límites en lo que parece un hecho sin precedentes en el mundo, aunque gran parte de quienes le promovieron han optado por la decisión partidaria.

Pero la resurrección del agrónomo Mejía no fue sólo en su partido, sino en el ámbito nacional, pues la generalidad de las encuestas, especialmente las más acreditadas, como la Gallup y la Penn Schoen-Berland lo han proyectado encabezando las preferencias electorales, bordeando el cincuenta por ciento. Para los analistas políticos él posicionamiento de Hipólito Mejía ha constituido “el retorno del año” como lo proclamaron los seis periodistas que participaron el viernes en el debate periodístico de fin del año de Teleantillas.

Novedoso proyecto de reforma electoral

Por Juan Bolívar Díaz
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El proyecto de reformas a la Ley Electoral,  elaborado por la OEA, contiene importantes regulaciones a la extensión y el gasto en las campañas electorales con topes e identificación de donantes, y actualiza las sanciones.

El proyecto de reformas a la Ley Electoral elaborado por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA) contiene numerosas novedades regulatorias de la extensión y el gasto de las campañas electorales y faculta a la Junta Central Electoral (JCE) a cautelar el abuso de los recursos estatales.

El documento está ahora en manos del Pleno de los gerentes electorales que deberían hacerlo propio y tramitarlo a los partidos y al Congreso Nacional con la urgencia que demanda la adecuación de la legislación al nuevo orden constitucional antes de que se inicie formalmente la adelantada campaña electoral.

Una urgente adecuación.  La JCE pidió asistencia técnica a la OEA para elaborar un proyecto de reformas integrales a la vigente Ley Electoral que quedó obsoleta con la Constitución de la República promulgada en enero del 2010, para lo cual a mediados del año vino al país una misión técnica que realizó consultas con los funcionarios electorales y los partidos políticos.

El documento fue entregado en Washington el 26 de septiembre al presidente de la JCE, Roberto Rosario, y al miembro titular del organismo Eddy Olivares, por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Pese a la urgencia de la legislación fue más de mes y medio después que esta semana fue entregado al Pleno de la Junta que deberá hacerlo propio y tramitarlo a los partidos y al Congreso Nacional, donde hace meses duerme el proyecto de Ley de Partidos Políticos.

Este proyecto es un desafío a los legisladores por las novedosas regulaciones que  implica, y dada la escasa voluntad que ha mostrado el sistema político dominicano para establecer límites a las campañas electorales y los abusos de recursos estatales, así como por la actualización de las sanciones a los violadores de las normas.

La urgencia está determinada en primer lugar, por la necesidad de adecuar la Ley Orgánica de la JCE al nuevo orden constitucional que separó en dos organismos autónomos las funciones administrativas y normativas de las contenciosas del sistema electoral. La nueva JCE tiene ahora un solo órgano ejecutivo, el Pleno de sus miembros titulares, por lo que se requiere eliminar de la Ley Electoral la división de cámaras Administrativa y Contenciosa.

El proyecto es integrado por 248 artículos, 68 más que los 180 de la ley actual, incluyendo 4 nuevos que definen los principios generales. El 6 remite las funciones contenciosas al nuevo Tribunal Superior Electoral aún pendiente de ser constituido.

Una reforma integral.  El artículo primero del proyecto indica el objetivo de regular el ejercicio ciudadano de elegir y ser elegido, el procedimiento y desarrollo del proceso electoral y el funcionamiento y competencias de la JCE “como máximo ente responsable de la organización de los comicios”.  Aquí se debería incluir también la gestión del registro civil, la que certeramente es detallada en el texto. El proyecto de la OEA tiene una importante omisión, al no especificar el tiempo que durará la campaña electoral, limitándose a plantear en su artículo 119 que “se entenderá abierto desde el día en que se emita la proclama por parte de la JCE, y concluirá a las 12:00 de la noche del jueves inmediatamente anterior al día de las elecciones”.

La ley vigente establece que la Junta Central Electoral debe proclamar el inicio de la campaña electoral al menos 90 días antes de la votación, aunque los partidos y candidatos la inician hasta más de un año antes.

Se incluyen amplias previsiones para normar al artículo 81 de la nueva Constitución que instituye la elección de siete diputados en representación de la comunidad dominicana en el exterior. Condiciona la postulación a haber residido en la circunscripción correspondiente por lo menos los cinco años anteriores.

Establece tres circunscripciones en el exterior. La primera, que comprende Canadá y Estados Unidos (excluyendo Miami), elegirá 3 diputados (as). La segunda circunscripción corresponde a Miami, Curazao, Panamá, Puerto Rico, San Marteen y Caracas y elegirán 2 diputados(as). La tercera se encuentra en Europa (Madrid, Barcelona, y Amsterdam) y tendrá 2 diputados (as).

Se propone ampliar los límites para la inscripción de candidaturas y registro de alianzas, fusiones o coaliciones. El primero que es de 60 días antes de los comicios, pasaría a 75, y el segundo, que es de 75 días, se llevaría a 90.

Reformas transcendentes.  La limitación de la campaña electoral al período oficial, la prohibición de usar recursos y actos estatales para hacer propaganda política,  la presentación de un presupuesto de gastos al comenzar la campaña, incluido un tope a ser establecido por la JCE, la definición de normas éticas en la competencia electoral, y la actualización del régimen de sanciones son de los aspectos más relevantes del proyecto de la OEA.

El artículo 132 plantea:  No puede difundirse propaganda ni realizarse acto alguno de campaña electoral fuera del período definido por la presente ley, con excepción de lo dispuesto por la Ley de Partidos Políticos con relación a las Precampañas. Exceptúa la divulgación de las actividades de los partidos. Prohíbe la publicidad anónima, indicando que deberá indicar el responsable.

Según los artículos 166-167, los partidos o sus candidatos deberán depositar ante la JCE, en un plazo no menor a 60 días antes de los comicios, un presupuesto general de ingresos y gastos en el proceso electoral, que incluirá la nómina de contribuyentes, fuentes y relación de ingresos. Indica que la JCE, en consulta con los partidos, “definirá el tope de gastos” que no podrá superar el presupuesto más alto presentado por los partidos, y en el mismo se incluirá “todo tipo de aportes, ya sea en calidad de  donación, cesión o préstamo que no implique la erogación de recursos económicos”. Prohíbe la contribución de las personas jurídicas.

La celebración de actos públicos de los organismos estatales “no podrá servir de escenario para la promoción de cualquiera de los candidatos”, incluyendo propaganda o cualquier actividad. Tampoco utilizar en las campañas recursos materiales, equipos o personal pagado por el Estado. Las inauguraciones quedarían prohibidas en los últimos 15 días de campaña. Durante toda la campaña la publicidad estatal no podrá promover directa ni indirectamente la motivación del sufragio a favor de candidatos. Las encuestas no podrán publicarse dentro de los cinco días anteriores a la votación y hasta 3 horas después de la misma.

  Cuestión de ética y equidad

El proyecto de la OEA contiene múltiples regulaciones destinadas a mejorar la competencia electoral, a garantizar la equidad democrática y a defender los principios éticos que deben normar las actividades de partidos y candidatos. Su artículo 123 establece que la campaña electoral “deberá enmarcarse dentro de las más altas normas de ética”  y a continuación explicita cuatro fundamentales.

Se otorga a la JCE la facultad de promover debates de programas y propuestas y de adoptar  medidas cautelares para hacer cumplir la normativa, incluso para “hacer cesar el uso indebido de los recursos y medios públicos y aquellos que puedan  ser considerados ilícitos” y actualiza el régimen de sanciones de una lista específica de “delitos electorales” ahora medidas en base a salarios mínimos que pueden llegar a 200. Y los “delitos electorales” conllevarían hasta dos años de reclusión, además de multas.

El documento elaborado por especialistas de la OEA tiende a una actualización integral de la legislación electoral dominicana, a tono con las tendencias en la materia en diversos países latinoamericanos. Hace tiempo que los analistas internacionales colocan a la República Dominicana entre los países con mayor atraso en las regulaciones de las campañas electorales, del financiamiento y el gasto de los partidos y candidatos.

La lentitud con que el presidente de la JCE ha manejado el proyecto de la OEA, dejando pasar ya casi dos meses, puede ser indicativo de las dificultades de que el mismo pueda aprobarse siquiera antes de que se inicie formalmente la campaña electoral, lo que dependerá de la voluntad que muestren los partidos por normativas que promueven la transparencia, la equidad y la democracia electoral.

Ninguno de los partidos mayoritarios ha mostrado disposición a las reformas que plantea el documento elaborado por la OEA. No respaldaron el proyecto presentado en el 2007, con más anticipación a la siguiente elección, para reglamentar la campaña electoral, que fue una valiente iniciativa de la entonces Cámara Administrativa, cuando era presidida por el doctor Rosario e incluía a otros dos de los cinco actuales titulares de la JCE.

Sin embargo, esta vez el proyecto tiene una ventaja, y es la urgencia institucional de adecuar la JCE al nuevo orden constitucional para ratificar plenamente su legitimidad antes de que se ejecute el proceso electoral en marcha.

 

El dramático informe de Amnistía Internacional

Por Juan Bolívar Díaz
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El reciente informe de Amnistía Internacional (AI) es una dramática documentación de graves violaciones a los derechos humanos en la política de seguridad pública del Estado dominicano que deja al país muy mal parado ante el concierto mundial.

El amplio documento aborda la descomposición de la Policía Nacional desde múltiples visiones y contiene serias recomendaciones de reformas que deberían ser ponderadas por las autoridades y la opinión pública, en vez de responder con chovinismo patriotero divorciado de la globalización.

Cállate o te matamos.  Recogido en un libro de 69 páginas, de impecable edición, y sintetizado en un video testimonial de cinco minutos, el informe de AI lleva un título dramático: “Cállate si no quieres que te matemos” y el subtítulo “Violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía en República Dominicana”. Su capítulo cuarto, referido a los abusos policiales, está subtitulado con el lema “¡Policía, no me mate, que yo me paro!”, difundido el año pasado en las redes sociales después de varios asesinatos de personas que no se detuvieron cuando agentes del orden se lo ordenaron en lugares inapropiados.

En realidad el informe no es novedoso para los dominicanos bien informados, porque está integrado por denuncias que han sido recogidas por los medios de comunicación en las últimas décadas, aunque al ser avaladas por una prestigiosa institución internacional se constituyen en un dramático documento llamado a causar alarma y estupor en los ámbitos transnacionales preocupados por los derechos humanos y el estado de derecho.

Para mostrar la barbarie policial hubiesen bastado las estadísticas de  los muertos y heridos por la Policía Nacional en los últimos años, pero el informe se extiende en redadas masivas para extorsión, torturas y otros abusos. Consigna 2,367 homicidios policiales en los últimos seis años, para un promedio anual de 395, más de uno por día, según las propias cuentas de la PN, y 2,138, de acuerdo al conteo de la Procuraduría General de la República. Los heridos por los agentes policiales en los últimos cuatro años ascienden a 4,354, promediando 1,088 por año y tres por día.

AI denuncia los alegados intercambios de disparos como frecuentes ejecuciones, llamándolos “homicidios ilegítimos”, indicando que las muertes a manos de la PN representan un promedio del 15 por ciento de los homicidios ocurridos en el país entre el 2005 y el 2010. Esa cantidad de muertos representa anualmente entre 3 y 5 puntos de  la tasa nacional de homicidios, que ha girado en la última década entre 22 y 26 por cien mil habitantes.

Dramáticos testimonios.  El libro de AI contiene numerosos testimonios de víctimas y de testigos presenciales de abusos policiales, recogidos por delegaciones de esa institución en los meses de octubre del 2009 y 2010 y en marzo del 2011. Documenta asesinatos múltiples ejecutados por policías, como el de cinco choferes acribillados en el parque Mirador Sur el 30 de diciembre del 2008, en lo que inicialmente se informó como “intercambio de disparos”, para luego tener que admitirse que se trató de una ejecución múltiple. Lo mismo documenta la ejecución de un hombre y dos mujeres en Pueblo Nuevo, Santiago, el 20 de marzo del 2006. En ambos casos se llegó a condenas judiciales, pero se sostiene que la mayoría de los homicidios policiales quedan en la impunidad.

El párrafo que inicia las conclusiones del informe indica que la  PN  “comete violaciones graves de derechos humanos y los responsables casi nunca comparecen ante la justicia. El control es inadecuado y las reformas han estado viciadas, por lo que no han puesto fin a estos abusos. Así mismo, los indicios señalan que, en vez de contribuir a combatir la delincuencia, los métodos policiales de mano dura propician el aumento de la violencia y la criminalidad”.

A continuación se señala que “Debido principalmente a la falta de voluntad política, no se emprenden reformas eficaces y no se garantiza la función policial efectiva que precisa la población dominicana. Quienes están en el poder no se han enfrentado a las personas interesadas en mantener el sistema actual en el que la corrupción está profundamente arraigada y los abusos policiales contra los derechos humanos son omnipresentes”.

Amnistía denuncia la tortura como método investigativo y sostiene que “la conducta ilegítima y poco profesional de muchos agentes de policía contribuye a aumentar la delincuencia y la violencia en República Dominicana. La corrupción generalizada de la Policía, las actuaciones policiales agresivas y la participación de agentes del orden público en actividades delictivas socavan la capacidad del Estado de proteger los derechos humanos y garantizar la seguridad pública”.

Un documento abarcador.  Contrario a lo que algunos argumentaron para descalificarlo, el informe es abarcador, enfocando los desafíos de la creciente delincuencia, el costo en muertes de agentes policiales y sus pésimas condiciones salariales y de vida. Recoge la cifra oficial de 354 policías muertos en los últimos 6 años, promediando 59 por año. No lo señala, pero esa estadística de la PN no se refiere sólo a las víctimas de los delincuentes, sino que incluye los que perecen en riñas personales.

El documento señala que la PN “opera en un entorno difícil y peligroso. En el último decenio, los índices de delitos violentos han aumentado vertiginosamente, en gran parte debido al aumento del tráfico de drogas, la proliferación de armas de fuego y la creciente desigualdad social”. Indica cómo la tasa de homicidios pasó del 13 por 100 mil en 1991 al 26.41 en el 2005 y el 25 por cien mil en el 2010.

Acredita a la PN “un enfoque de tolerancia cero” contra la corrupción interna, al cifrar en 12 mil los agentes policiales destituidos entre el 2007 y 2010. Se refiere también a las precariedades salariales que impiden a la mayoría de los policías y sus familiares el disfrute de una vida digna y que los obliga al pluriempleo, en detrimento de su vida familiar y personal, y de su efectividad y motivación laboral. Especifica que el 45 por ciento de los policías tienen salarios mensuales de unos 5 mil 300 pesos, unos 140 dólares, cifra que considera “extremadamente baja” y que contrasta con el salario mínimo de 8 mil 356 pesos en las empresas de seguridad privada. Entre las recomendaciones del informe se incluye el mejoramiento de las condiciones de trabajo y vida de todos los agentes del orden.

El costo institucional del presupuesto 2011

Por Juan Bolívar Díaz

La celeridad con que fue aprobado el proyecto de Ley de Presupuesto 2012 hace pensar  en la intención de reducir  los efectos de los reclamos de la sociedad civil que activamente ha demandado más recursos para la educación.

Notable insatisfacción han expresado además los ayuntamientos y el Poder Judicial a los que   legalmente  les corresponderían  mayores recursos.

Con una celeridad que sólo tiene explicación en  el interés de reducir los efectos de los reclamos de la sociedad civil organizada, la mayoría peledeísta del Congreso Nacional aprobó en tiempo récord la Ley de Presupuesto General del Estado para el último año del mandato del presidente Leonel Fernández.

La aprobación del Presupuesto conlleva un costo institucional significativo, al haber desconocido mandatos constitucionales y varias leyes que destinan partidas no sólo para la educación, sino también para el Poder Judicial y los municipios, en beneficio del Poder Ejecutivo que precisa mantener una alta inversión política.

Atropellante celeridad.  Por la forma en que fue aprobada la Ley de Presupuesto General del Estado  para el año 2012 pareciera que sobra la letra “g” del numeral 2 del artículo 128 de la Constitución promulgada por el presidente Fernández, el cual dispone que el proyecto debe ser sometido al Congreso Nacional a más tardar el primero de octubre de cada año.

El Gobierno cumplió rigurosamente ese mandato al introducir el proyecto el 30 de septiembre, pero sus legisladores la aprobaron en el tiempo récord de 20 días. Nunca en su historia la nación había tenido una Ley de Presupuesto dos meses y once días antes de comenzar un año.

El límite de tres meses de anticipación al comienzo del año para entregar el proyecto de Presupuesto al Congreso quedó consagrado en la Ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público 423-06 promulgada hace cinco años por el mismo presidente Fernández, obedeciendo a un viejo clamor nacional que rechazaba la práctica de enviar el proyecto en el mes de diciembre, lo que imposibilitaba que el Legislativo pudiera cumplir a conciencia su responsabilidad. En la generalidad de las democracias el plazo es igual o  mayor. Por ejemplo en Chile es también de tres meses, pero en Perú, Ecuador y Costa Rica es de cuatro  y en Uruguay de seis meses.

En el 2010, como en años anteriores, el Congreso atendió parcialmente reclamos de sectores estatales y de la sociedad civil tras ponderaciones en comisiones bicamerales, pero ahora sorprendió la celeridad y el Senado despachó el proyecto  en  dos sesiones  consecutivas, tras declararla de urgencia, gracias a que el partido de Gobierno domina 31 de sus 32 curules.

En la Cámara de Diputados, sin las dos terceras partes necesarias para la declaración de urgencia, hubo que guardar la apariencia de la comisión de estudio y tomarse diez días para sancionarla en una sesión que duró apenas 15 minutos.

Les bajaron línea.  Los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dieron la impresión de haber recibido la consigna de despachar el Presupuesto con la mayor celeridad posible para evitar que los reclamos de la sociedad civil en torno al 5 por ciento del producto bruto para educación constituyeran un mayor escándalo, a los que se habían sumado los de los municipios, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Poder Judicial.

Una fuente vinculada al Gobierno aseguró que la línea de acción partió de una ponderación de la Dirección de Información y Análisis Estratégico de la Presidencia de la República (DIAPE), que ha estado muy activa en las últimas semanas cuando recomendó una política de provocaciones al candidato presidencial opositor Hipólito Mejía, a través de preguntas de periodistas progubernamentales. Otro documento de la unidad gubernamental  identificaba como enemigos del Gobierno y apandillados a un grupo de periodistas reconocidos por su criticidad.

Un estratega de la candidatura peledeísta de Danilo Medina reconoció que la forma en que se aprobó el Presupuesto conlleva costo político, pero pareció resignado al considerar que hubiese sido peor si dejaban que los clamores por mejor distribución del gasto en el 2012 se extendieran por dos o tres meses y cobraran mayores dimensiones.

Se descartaba la posibilidad de una modificación que dejara satisfecho el reclamo del 4 por ciento para la educación.

De ahí que ni siquiera los más firmes seguidores de Medina en el Congreso intentaran contener la celeridad. El calificado senador Wilton Guerrero alegó que levantó la mano aprobatoria sin darse cuenta que ya se estaba votando el Presupuesto en segunda lectura. En el Senado hubo unanimidad, pero entre los diputados se produjo un puñado de disensiones, como la de la peledeísta Minou Tavárez Mirabal y los aliados Guadalupe Valdez y Pelegrín Castillo.

Costo institucional.  De cualquier forma la distribución del Presupuesto del 2012, sin atender reclamos de amplios sectores, y  la celeridad de su aprobación cuando la ley entra en vigencia 72 días después, han generado un amplio rechazo no sólo de los reclamantes más activos como los amarillos del 4 por ciento, sino también de instituciones como el Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la opinión pública en general.

El rechazo es mayor porque tanto la forma de la aprobación como el contenido violan preceptos constitucionales.

El artículo 56 de la ley pretende dispensar, “con carácter transitorio”, una partida menor del 4 por ciento del PIB para educación, establecido en la Ley Orgánica de Educación 66-97, que ya es también un mandato constitucional al tenor del inciso 10 del artículo 63 de la nueva Carta Magna. Por demás, también violentaron el artículo 112 que establece una mayoría especial de las dos terceras partes de los miembros de las cámaras legislativas para aprobar o modificar las leyes orgánicas.

Un comunicado del CONEP sostiene que se violó el artículo 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto que dispone un presupuesto anual desagregado a nivel de capítulos y partidas. También que la Ley de Presupuesto de 2012 “contiene modificaciones expresas a varios artículos de la Ley Orgánica de Presupuesto”, para lo cual se requiere las dos terceras partes del voto de ambas cámaras. La aprobación de los diputados fue por 83 contra 57 votos, equivalente al 59.2 por ciento. La mayoría de los perredeístas y reformistas votaron en contra y algunos se abstuvieron. Si 15 de ellos se hubiesen ausentado, con la disminución del quórum a 125, la aprobación habría alcanzado los dos tercios.

Los más perjudicados

Aunque queda lejos del 4 por ciento del PIB, la partida destinada a Educación registra un incremento para alcanzar el 2.95 por ciento, si se incluye lo destinado al Ministerio de Educación Superior y las transferencias, y 2.46 por ciento para el Ministerio de Educación, que desagregándole las transferencias queda en 1.97 por ciento, según los estimados del experto fiscal Nelson Suárez.

Los más perjudicados son los ayuntamientos municipales, el Poder Judicial y la Cámara de Cuentas, a los que apenas se les asigna el 43, 42 y 41 por ciento respectivamente de lo que les correspondería de cumplirse la Ley 194-04. La de Municipios, 166-03,  les consigna un 10 por ciento de los ingresos fiscales y esta vez su partida no llega al 5 por ciento, la menor desde la institución de esa cuota en el 2003.

El Presupuesto de 2012 también desconoce el mandato de la Ley 194-04, que destina el 3.10 por ciento del presupuesto al Poder Judicial, cuya apropiación de 3,097 millones de pesos es apenas del 72 por ciento de los 5,442 millones destinados al Congreso Nacional, institución mucho más pequeña. El Ministerio Público recibirá el 53 por ciento de lo que le correspondería por ley, con una partida de 2 ,600 millones de pesos.

Se violan las leyes que tienden a descentralizar el gasto público con el argumento de que los recursos no alcanzan, pero la situación se agrava progresivamente.

Los ayuntamientos tienen tres años recibiendo las mismas partidas. Pero los fondos alcanzan para elevar las asignaciones de la Presidencia de la República, que en el año 2012 dispondrá de 45 mil 11 millones de pesos, el 10.5 por ciento del Presupuesto.

Un reporte de Degnis de León en la edición del pasdo viernes del diario El Día  resalta que quienes no resultaron perjudicados en las partidas asignadas por ley fueron los partidos políticos, que recibirán 1,403 millones, justo el 0.5 por ciento de los ingresos fiscales consignado en la Ley Electoral, de los cuales más de 1,200 se distribuirán entre los tres mayoritarios.

No se podía esperar menos en un año electoral y cuando el Presidente de la República aparece empeñado en una ofensiva de último tramo de Gobierno para abonar sus posibilidades de retornar en el año 2016.

Sólo eso puede explicar que esta semana haya dispuesto la reanudación de la construcción de la presa de Guaigüí, suspendida desde antes de que iniciara sus 11 años de Gobierno.

La JCE debe cuidar los avances logrados

Por Juan Bolívar Díaz

Ante la renuncia del jefe de informática se impone la transparencia y el apego a la ley, y abandonar el proyecto de financiar observadores electorales nacionales

 Las circunstancias que rodean la renuncia del Administrador General de Informática de la Junta Central Electoral proyecta sombras sobre el organismo que deben ser disipadas con absoluta transparencia y en consulta con los partidos políticos como dispone la ley.

 También es imperativo que la presidencia de la JCE abandone lo que parece un esfuerzo por auspiciar su propia observación electoral, entrando en un ámbito suficientemente cubierto por instituciones nacionales e internacionales que gozan de reconocimiento nacional e internacional.

 Hicieron saltar a García

No es que el licenciado Miguel Ángel García renunció como Administrador General de Informática de la JCE, sino que lo hicieron saltar del cargo, según se desprende de su carta de dimisión y los anexos que la acompanan. Ningún profesional de su nivel y prestigio, que se respete, podría aceptar que un subalterno se le sobreponga con o sin apoyo de la alta jerarquía sin un acuerdo previo.

 En la JCE era público el pugilato que se verificaba por la máxima dirección del importante departamento de informática entre el administrador general y el director de Informática, ingeniero Franklin Frías. Lo que determina la renuncia del superior fue un memorándum de Frías, del 23 de agosto, dirigido a todo el personal de programación y desarrollo, base de datos, subdirectores y asistentes de informática, donde les “queda terminantemente prohibido la tramitación y/o modificación a cualquier registro de la Base de Datos de la Junta Central Electoral, solicitados por otras instancias de la institución sin la debida autorización y/o conocimiento de quien suscribe”.

 Es obvio que el director Frías pasó por encima del Administrador General, su superior jerárquico, a quien reducía a subordinado en la materia clave de las modificaciones a la base de datos del organismo que controla el registro civil y electoral de la nación, y que para hacerlo tenía que contar con la aprobación de la superioridad que no siguió el procedimiento de rigor, que implicaba un acuerdo previo con el administrador general.

El 22 de septiembre el licenciado García dirigió una carta al doctor Roberto Rosario, presidente de la JCE, en la que primero se queja de la imposibilidad de verlo y responderle personalmente un correo del 29 de agosto, en el que aparentemente se avala

La decisión de Frías, ya que expresa que se le están desconociendo sus funciones y responsabilidades, fomentando un administrador general paralelo. García le citó la resolución de la JCE que lo designó en el cargo en el 2003 y termina poniendo su cargo a disposición del presidente Rosario. Cuatro días después, el 26, presenta renuncia.

 Ironías de la vida

En la sesión del plano de la JCE del 30 de septiembre, que aceptó la dimisión de García no hubo dudas de que Frías contaba con el apoyo del doctor Rosario, quien logró los votos de la doctora Rosario Graciano de los Santos, como él proveniente de la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, y del politólogo José Ángel Aquino. La rechazaron el doctor Eddy de Jesús Olivares, vinculado al Partido Revolucionario Dominicano, y el doctor César Francisco Féliz, al Partido Reformista Social Cristiano.

 Lo irónico del caso es que García fue llevado a la JCE en el 2003 como consecuencia de los reclamos que formulaban el PLD y el PRSC cuando la mayoría de los integrantes del máximo organismo electoral, bajo la presidencia del doctor Luis Arias, se inclinaba hacia el PRD que, con el control del Senado, los había designado. Entonces el ingeniero Frías, ya director de informática, era objeto de suspicacias, razón por la que se apeló a García, un reputado técnico de la empresa Mercasid, en una clásica mediación de Monseñor Agripino Núñez Collado.

 Las suspicacias que predominaban a finales del 2003 estaban determinadas por el hecho de que el entonces presidente de la República, Hipólito Mejía, se había embarcado en una campana por su reelección. Se procuraba poner al frente del Centro de Cómputos un técnico que diera confianza a todos los actores políticos.

 La resolución 30/2003, del 1 de diciembre del 2003, no permite la menor duda, ya que tras consultar a los partidos, en la letra a del numeral 9, el pleno de jueces electorales resuelve “Aprobar el nombramiento del señor Miguel Ángel García como Administrador General de Informática de la Junta Central Electoral, estableciendo que es el funcionario de mayor Jerarquía en ese Departamento”.

Lo que ordena la ley

Tanto el memorándum de Frías como el respaldo de Rosario a su decisión de autoerigirse como mandante único del departamento del centro de cómputos de la JCE implican el desconocimiento de una resolución del organismo no solo legítima, sino también consensuada y negociada con los partidos en consonancia con un mandato de la Ley Electoral vigente.

 La JCE no puede eliminar el cargo de Administrador General de Informática ni conferir sus funciones al director del departamento sin violar la letra a de las funciones de la Cámara Administrativa, indicadas en el artículo 6 de la Ley Electoral donde se especifica que los titulares de los departamentos fundamentales, entre ellos el de Cómputos serán “designados previa consulta con los partidos políticos”.

Si se pretende modificar el organigrama de la JCE y dar facultades plenas al director, es obvio que se impone la previa consulta a los partidos, sobre todo si se quiere evitar ruidos y conflictos que revoquen los avances que la concertación y la transparencia han impreso a la administración del sistema electoral.

 La imposición, por autoritarismo o por cualquier conveniencia, de un administrador del Centro de Cómputos a la medida del presidente de la JCE implicaría un retroceso y es inevitable que genere incertidumbres y suspicacias ya en medio de un proceso electoral que se perfila altamente competitivo.

 De ahí las reacciones que la situación ha generado de parte de partidos políticos e instituciones de observación electoral, como el movimiento cívico Participación Ciudadana, que han demandado transparencia y consenso de las autoridades electorales con los actores fundamentales del sistema electoral que son los partidos. Participación Ciudadana lo hizo en el 2003 junto con otras instituciones que constituyeron una Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad.

 No deben financiar observadores

Otro elemento que tiende a crear incertidumbres y que la JCE debe despejar es el interés que muestra su presidente Roberto Rosario por auspiciar, incluso con financiamiento, grupos de observación electoral, lo que se podría interpretar como intento por influir en una instancia que tiene que caracterizarse por la independencia de los actores y el arbitraje.

 Durante una reunión en Bruselas, Bélgica, el 20 de junio pasado con el director de la División para América Latina del Servicio Exterior de Acción Europea, Tomas Dupia Delmoral, y Jolita Butkeviciene, directora para América Latina y el Caribe de la Cooperación Europea, el presidente de la JCE les solicitó el envío de observadores a los comicios del 2012, lo que ha sido normal en los procesos electorales. Lo novedoso es que también les pidió fondos “para el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil dominicana para la implementación de programas de observación electoral”. Le respondieron que el país no es prioridad por los avances registrados en ese campo.

 La doble petición fue publicada en periódicos dominicanos, aunque el pleno de la JCE no ha decidido financiar la observación electoral de la sociedad civil. Desde los comicios de 1996, Participación Ciudadana ha venido realizando programas de observación electoral, con la aceptación de las autoridades electorales y los partidos políticos. Estos la han aplaudido especialmente cuando están en la oposición o en desventaja en los órganos del arbitraje electoral.

 Participación Ciudadana ha realizado también conteos rápidos, reconocidos como de alta precisión, por organismos nacionales e internacionales que han financiado el movimiento cívico, el cual nunca ha buscado ni tenido financiamiento del gobierno, de la JCE o de los partidos. Sí de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, de la Unión Europea, de la Cooperación Española, de Canadá y otras agencias internacionales. Esa observación ha contado con la participación de decenas de organizaciones sociales dominicanas, desde empresariales, hasta religiosas y comunitarias y también en coordinación con misiones de observadores de la Organización de Estados Americanos, del Centro de Asesoría y Promoción Electoral para América Latina y otras entidades.

 En las dos últimas elecciones también otras entidades, como el Colegio de Abogados, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Movimiento Cívico Toy Jarto pero creo en mi país han realizado observación electoral, sin recibir financiamiento oficial.

 Precisamente para este miércoles 5 de octubre la JCE había convocado a una serie de organizaciones sociales para estimularlas a la observación electoral, esfuerzo que parece innecesario. Pero cuando los dirigentes llegaron al local del organismo, en medio del conflicto por la renuncia del administrador de Informática, se les informó, sin dar razones, que la reunión estaba aplazada.-

 

 

Retos para Leonel en este último año

Por Juan Bolívar Díaz

El Presidente Leonel Fernández ha iniciado el último año de su tercer período gubernamental con importantes retos económicos, institucionales y políticos, entre los que resaltan garantizar un proceso electoral democrático y mantener la estabilidad macroeconómica en medio de graves turbulencias nacionales e internacionales.

Sea que pueda o no retornar al poder, como partidarios y antagonistas le atribuyen, cuando concluya su actual gestión Fernández será el único mandatario dominicano y latinoamericano que habrá agotado tres períodos de gobierno mediante elecciones libres y formalidades democráticas.

Un año fundamental

Este octavo año de gobierno consecutivo y duodécimo en dos etapas, que inició Leonel Fernández el 16 de agosto será fundamental para el balance de su gestión, que todavía podría mejorar en aspectos donde se concentran las insatisfacciones y críticas o proseguir en la pendiente enjabonada que lo ha llevado a perder parte del amplio apoyo popular que le acompañó en los primeros tramos.

Estos próximos meses serán los más difíciles no sólo por el desgaste de su gobierno y liderazgo, sino también por el escenario de incertidumbres económicas internacionales de indudables repercusiones en el país, y por la acumulación de déficits fiscales y de balanza de pago, así como por el agotamiento y el peso del endeudamiento en que se ha fundamentado la estabilidad macroeconómica de los últimos 8 años.

El panorama es visto con pesimismo en los más diversos sectores sociales, donde se teme que el presidente vuelva a desbordar el gasto público en la próxima campaña electoral, como lo hizo en las del 2008 y 2010, ya sea por esforzarse en apoyar la candidatura de su partido, o concluir obras y repartos para abonar el camino de retorno al poder para el 2016, como esperan sus más fervorosos partidarios y le atribuyen sus opositores.

Para mantener la estabilidad macroeconómica, que es la mayor prenda de su doble período de gobierno, sin dejar una bomba de tiempo a su sucesor en medio de la crisis económica, Fernández tiene que atenerse a los límites establecidos en el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, independientemente del interés político.

 Por otro lado el mandatario está desafiado a apoyar institucionalmente la candidatura de su partido, más allá de su interés en perpetuarse en su liderazgo, pero también a garantizar un proceso electoral libre, equitativo y democrático, sin el abuso de los recursos del Estado de que se le acusó en las tres últimas elecciones generales.

Luces y sombras

Hay unanimidad en que el mayor éxito de la gestión de Fernández ha sido la estabilidad macroeconómica con alto crecimiento, aunque no se ha traducido en empleo de calidad ni en reducción de la pobreza, sino más bien en mantenimiento de la misma con programas asistencialistas que no inciden en desarrollo humano. Ese crecimiento es de poca sostenibilidad al fundarse en un enorme endeudamiento ya cercano al 40 por ciento del producto bruto. El presupuesto del 2010 se sustentó en financiamiento externo e interno por 121 mil 700 millones de pesos, y en el 2011 por 97 mil 200 millones de pesos.

Los ingresos nacionales sólo alcanzan para el gasto corriente. Y el déficit de la  cuenta corriente de la balanza de pagos fue el año pasado de más de 4 mil 400 millones de dólares, que este año se acercaría a los 5 mil millones, con políticas económicas que promueven más la importación que la producción y las exportaciones nacionales.

Esta gestión gubernamental podrá reivindicar una significativa cantidad de obras materiales, especialmente viales, como dos líneas de metro, elevados, puentes, extensiones universitarias y hospitales, aunque con excesiva concentración de la inversión pública en la capital y su entorno. También la promoción de importantes reformas jurídicas, constitucionales e institucionales, pero con muy limitado cumplimiento de las mismas, cuando no abierta violación.

Las mayores sombras se registran en la escasa inversión en educación, salud y real combate a la pobreza, corrupción sin límites, malversación y boato, inseguridad derivada de todo género de delincuencia, especialmente del narcotráfico, fracaso en superar la crisis energética, fomento del clientelismo y el rentismo como fundamento de la política y desprecio por los reclamos de la comunidad y la opinión pública. Se imputa al doctor Fernández haber cambiado el ideario de Juan Bosch por el de Joaquín Balaguer, como forma de prolongarse enel poder.

Quedan oportunidades

Es cada vez más generalizada la convicción de que la magia del discurso del doctor Fernández ha perdido poder de convicción, desgastada por las promesas incumplidas y el cúmulo de insatisfacciones económicas y sociales, las cuales tuvieron expresión en el paro general del mes pasado.

La imagen presidencial quedó deformada por los intentos de casi un año por abrir una brecha para colar otra repostulación presidencial en contradicción con la flamante Constitución del 2010, así como por los viajes mensuales del presidente por todas partes del mundo  exterior con amplias comitivas y excesiva vanidad, hasta el grado de la sobreestimación.Por más esfuerzos que se hagan

las insatisfacciones derivadas de los problemas estructurales ya no tienen remedio en un año, pero el presidente tendría oportunidad de recuperarse al menos parcialmente reconociendo la necesidad de mayor inversión en educación para el presupuesto del 2012, dando muestras efectivas de combate a la corrupción, con austeridad en el gasto público y esfuerzos visibles por la transparencia y el cumplimiento de las normas de compras y contrataciones.

Las mayores oportunidades estarían en el ámbito de lo institucional y democrático, creando un clima de civilizada competencia electoral, con absoluta prohibición de abusar de los recursos del Estado en la campaña electoral, y procediendo a una elección satisfactoria de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral.

Una gran contribución del presidente Fernández sería concluir la aprobación de la Estrategia Nacional de Desarrollo que lleva tres años de procesamiento y auspiciar la aprobación de la ley de partidos políticos y las reformas pendientes a la ley electoral, para todo lo cual es imprescindible un clima de entendimiento y concertación por lo menos con todo el sistema político partidista.

Un año puede alcanzar para contener el deterioro y el desgaste de 11 años de gobierno, y hasta para lograr alguna revocación, pero con políticas innovadoras que respondan a las demandas insatisfechas, no con demagogia como la del reciente mitin político de Gualey.

El gran éxito de Leonel

Al margen de que pueda o no retornar al poder en el futuro, el presidente Leonel Fernández puede terminar sus 12 años de gobierno con un gran éxito personal, ya que será el único en la historia dominicana y latinoamericana que haya logrado tres períodos de gobierno bajo formalidades democráticas, tanto en su elección como en la gestión.

En agosto del 2012, antes de cumplir 59 años de edad, Fernández Reyna se habrá inscrito en la historia nacional como el de más prolongado ejercicio democrático. Estará entre los siete gobernantes que han presidido la nación en dos terceras partes de sus 168 años y compartirá con Joaquín Balaguer el dominio, también de dos terceras partes, de los 50 años del período post Trujillo.

Las dos peores dictaduras de la historia nacional, las de Rafael Trujillo y Ulises Hereaux (Lilís) se extendieron por 31 y 14 años, para un total de 45. La cuasi dictadura de Joaquín Balaguer, agotó 22 años con 6 elecciones casi todas no democráticas y períodos de eclipse de las libertades fundamentales, lo mismo que los 13 años de Buenaventura Báez en cuatro períodos, los 12 de Pedro Santana y 8 de Horacio Vásquez, también en 3 etapas. Con los 12 de Fernández, serán 112 años de gobierno republicano, justo el 68 por ciento.

Como a ningún otro al líder del PLD le ha tocado gobernar con pluralidad de partidos, con amplia libertad de información y opinión a través de una inmensa red de  medios de comunicación, e incluso durante 6 años sin tener el control del Congreso Nacional, y con el Poder Judicial en la etapa más independiente de la historia nacional.

La repetición de gobernantes con pluralidad de períodos es de los factores por los que muchos no se atreven a afirmar que éste será el último del doctor Fernández, de cuya formación y herencia política se esperaba un mayor afianzamiento del proceso democrático, y más impulso al desarrollo humano, pero ha reproducido las políticas de siembra de cemento, de cultivo del clientelismo y de la corrupción en que se fundaron  los prolongados regímenes de Trujillo y Balaguer.

Nueva oportunidad para el presidente LF

Por Juan Bolívar Díaz

El presidente Leonel Fernández tiene una buena oportunidad para mejorar la aprobación de su gestión, con la próxima elección de los jueces de los nuevos tribunales Constitucional (TC) y Superior Electoral (TSE) y  la renovación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en un proceso de más de un mes que se inicia el próximo jueves 11.

Con una mayoría absoluta en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el mandatario podría responder las expectativas de la opinión pública y las instituciones sociales de fortalecimiento institucional, repitiendo el éxito que alcanzó en 1997, o, por el contrario, imponer jueces a la medida de sus intereses políticos, como algunos temen.

Preciosa oportunidad.  Al doctor Fernández le correspondió estrenar el CNM en su primera elección de jueces supremos en 1997, en virtud de la reforma  constitucional de 1994, y ganó amplio crédito por lo que la opinión pública catalogó de transparente y equilibrada elección. Atendió los reclamos de un movimiento social con sesiones televisadas, que redujeron el margen de predominio de los intereses partidistas.

Pero entonces el mandatario sólo disponía de su propio voto en un organismo donde predominaba la oposición política. Ahora tiene garantizados cinco de los 8 votos, incluido el del procurador general, los presidentes de las dos cámaras legislativas y el segundo delegado del Senado, llevado a esa representación en desmedro del único senador electo en la boleta de otro partido. Si le fallare uno, con una votación empatada a cuatro, apelaría al voto decisorio establecido en la Ley Orgánica del CNM.

Las expectativas de una justa elección de los jueces superiores fueron  recogidas en términos dramáticos por el presidente de la SCJ, doctor Jorge Subero Isa, quien reaccionó a la convocatoria clamando porque “el proceso sea transparente, público y abierto. Que los buenos que se alijan se sepa que son buenos, pero que si se decide elegir a los mediocres, que la sociedad sepa y conozca que son mediocres”.

Empero, el presidente del Senado y secretario general del partido oficial, Reinaldo Pared Pérez, reaccionó proclamando que el presidente Fernández “es un hombre transparente en todo lo que hace”, y asegurando que la elección “no será afectada por intereses particulares”.

Por su parte el Ministro de la Presidencia, dirigente del PLD y reconocido jurista César Pina Toribio aludió a la experiencia del presidente Fernández en la elección de 1997 para reiterar que habrá transparencia, indicando que “ha dado muestras múltiples de gran equilibrio cuando se trata de hacer selecciones, pero fundamentalmente de propiciar la participación y el consenso”.

Para algunos observadores, el proceso es una oportunidad para que el doctor Fernández mejore la valoración de su gestión, que las encuestas vienen mostrando en picada.

Por lo menos un mes.  Si esta múltiple elección de jueces superiores se conduce con participación social, evaluaciones y ponderaciones, como la de 1997, conllevará al menos un mes, como está previsto en un proyecto de reglamento del CNM que circula sin autoría, aunque en los ámbitos de la sociedad civil se atribuye a legisladores oficialistas.

El artículo 1 del borrador indica el objetivo de regular el funcionamiento de este órgano, el procedimiento a seguir para la selección de los jueces y la evaluación de desempeño de los de la SCJ. El artículo 13 señala cinco pasos: convocatoria, identificación y preselección de postulantes, vistas públicas de evaluación, selección de jueces, y juramentación. En el 23 se indica el perfil con 16 condiciones profesionales, de integridad, temperamento, reputación, independencia y otras.

El proyecto, de 9 capítulos y 35 artículos, demandaría más de una semana para su estudio, ponderación y aprobación. Prevé un mecanismo que incluye un plazo de 10 días para que instituciones y personas presenten candidaturas con los correspondientes expedientes de acreditación,  luego una reunión del CNM para realizar una preselección de postulados, 5 días para hacerlos público y llamar a vistas públicas y televisadas de evaluación individual, que pudieran agotar varios días dependiendo de la cantidad de aspirantes. Y sólo después las sesiones necesarias para elegir los jueces de los tres organismos, las que serían “a puerta cerrada”.

El proyecto de reglamento ya ha sido analizado por los dirigentes y juristas que integran una “Coalición por la Transparencia en la elección de los jueces” encabezada por FINJUS, Asociación de Jóvenes Empresarios, Participación Ciudadana, Cámara Americana de Comercio y Confederación Patronal. Abogan, como lo hicieron en 1997, porque las deliberaciones y votaciones para elegir también sean televisadas, y preparan observaciones al borrador.

La experiencia de 1997.  En 1997 el CNM se estrenó con 7 miembros. Con el Congreso casi parejo en virtud del trauma electoral de 1994, el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido Revolucionario Dominicano disponían cada uno de dos delegados. Amable Aristy Castro y Francisco Féliz y Féliz por los primeros, y Milagros Ortiz Bosch y Rafael Peguero Méndez por el otro. Los reformistas contaban con un tercer voto, el del presidente de la SCJ Ernesto Contín Aybar. Amadeo Julián, el otro delegado y voz crítica del desprestigiado tribunal, se mantuvo independiente. Aspiraba a ser ratificado y tenía merecimientos pero al final fue víctima de la barrida total.

El presidente Fernández y la senadora Ortiz Bosch, fueron claves para la transparencia del proceso y el predominio de juristas independientes de los intereses partidistas y de reconocimiento profesional, con tres sesiones televisadas de vistas públicas y votación, a quienes tendió a sumarse el juez Julián. Peguero Méndez apareció más inclinado a coincidir con los reformistas buscando intercambios de patrocinados, y despertando a Contín Aybar cuando le tocaba votar.

En años de apogeo, la coalición de la sociedad civil tuvo un papel relevante, con una campaña que reclamó y obtuvo participación y transparencia. 48 organizaciones sociales presentaron candidaturas. Evaluaron a los 20 más votados en dos programas de dos horas cada uno realizados por Teleantillas, modelo que aceptó seguir el CNM para la elección que concluyó a la 1.50 de la madrugada del 3 de agosto.

Al final se logró que no fuera electo ningún dirigente político, como se pretendió. De los 16 jueces escogidos, 12 (el 75 por ciento) fueron de los promovidos por la sociedad civil, incluyendo los 6 electos a unanimidad y los 5 que obtuvieron 6 de los 7 votos del CNM. Cinco fueron mujeres, equivalentes al 31 por ciento.

El doctor Subero Isa, promovido originalmente por los reformistas para presidir la SCJ, fue aceptado por los perredeístas, mientras el presidente Fernández se abstuvo de votar por él. La sociedad civil no lo objetó, reconociéndole capacidad y honestidad. El doctor Bernardo Fernández Pichardo, quien aspiraba a presidir el tribunal, no aceptó ser un juez más y declinó su elección. La opinión pública celebró la elección de los jueces como esperanzadora para la institucionalidad de la justicia.

Trascendente coyuntura

Con la convocatoria del CNM para el día 11 se abre un proceso trascendente para la institucionalidad democrática nacional, ya que serán escogidos los 13 jueces que integrarán por primera vez el TC, los cinco para el TSE, y sus respectivos suplentes, instituidos en la Constitución del 2010. Al mismo tiempo será renovada por lo menos la mitad de la SCJ, para sustituir a dos titulares fallecidos y a seis que superan la edad límite de 75 años. Los otros ocho serían objeto de evaluación atendiendo al artículo 181 de la carta magna. El total a elegir será un mínimo de 31 y máximo 39 jueces.

La trascendencia de esta elección cobra mayor dimensión por tratarse de jueces inamovibles que en el caso de la SCJ serán evaluados a los 7 años, los del constitucional tendrán un único período de 9 años y los electorales por 4 años, y porque sobre ellos recaerá el control de la justicia, la interpretación de la Constitución de la República y la función contenciosa de los actos electorales.

Entre políticos opositores, juristas y líderes sociales se han venido expresando temores de que la concentración de poder en manos del presidente Fernández pueda trascender su mandato imponiendo jueces que respondan a sus intereses personales y partidistas, lo que podría originar por lo menos tensiones con un próximo presidente de la nación, aún de su propio partido.

Los temores fueron reiterados esta semana tras la convocatoria del CNM, por parte de comentaristas y, especialmente, de las instituciones sociales que promueven el fortalecimiento institucional y democrático. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), a través de su vicepresidente ejecutivo, doctor Servio Tulio Castaños, apeló a la responsabilidad del mandatario, indicando que “él tiene la oportunidad de catapultarse en este proceso, más aún cuando ya casi se retira del Gobierno”.

Proyecto bien concebido para la ley de partidos

Por Juan Bolívar Díaz
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El proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas presentado al Congreso por la Junta Central Electoral (JCE) es más completo y mejor concebido que los varios consensuados en los últimos 12 años y representa un desafío al sistema partidista dominicano.

Además de definir derechos y deberes de los partidos y la ciudadanía, el proyecto plantea la regulación de la elección de dirigentes y candidatos, la propaganda política, las finanzas y rendición de cuentas, con un régimen de sanciones que podría ser todavía más riguroso.

Proyecto  bien concebido.  El proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas introducido al Congreso Nacional por la Junta Central Electoral es el más amplio y mejor concebido de los presentados a las cámaras legislativas en los últimos 12 años y engavetados a pesar de haber sido consensuados entre dirigentes políticos y sociales.

El artículo 1 de la pieza define su objeto: “La presente ley regula el ejercicio del derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a organizar partidos y agrupaciones políticas o formar parte de ellos, y establece las normas que regirán la constitución y reconocimiento, organización, autorización, funcionamiento, participación en procesos electorales, vigilancia y sanciones de los partidos y agrupaciones políticas”.

Al tomar en cuenta que la Ley Electoral vigente tendrá que ser reformulada en virtud de mandatos de la nueva Constitución, la JCE elaboró un proyecto de ley referente al régimen de los partidos separándolo del código operativo de ese organismo y de la organización de los procesos electorales nacionales.

Las consideraciones en que se basa el proyecto de ley parten de que los partidos son instituciones fundamentales e indispensables del sistema democrático, que resulta impostergable su fortalecimiento institucional, ya que son de naturaleza esencialmente pública y están vinculados al ordenamiento jurídico del Gobierno y el Estado.

Se fundamenta también en que “la sociedad dominicana demanda una mayor calidad del sistema democrático y del ejercicio político que le concierne para lo que se requiere del fortalecimiento institucional de los partidos y agrupaciones políticas del país, transparentando en mayor medida su accionar, haciéndolos más incluyentes, logrando una mejor y más amplia participación de la ciudadanía, y propiciando una práctica política consecuente con los principios, los valores y la ética que resultan esenciales al sistema democrático”.

Alcances más relevantes.  La pieza legislativa es particularmente relevante en planteamientos que persiguen garantizar la democracia interna y los derechos ciudadanos dentro de los partidos, obligando a la renovación democrática periódica de sus dirigentes y a la libre elección de candidatos, limitando a 20 por ciento de los cargos electivos la proporción que pueden escoger los órganos directivos.

Dedica todo un capítulo a reglamentar las precampañas electorales, incluyendo normativas para la propaganda en un período de cinco meses que comenzaría un año antes de las elecciones, todavía largo si se compara con otros países y aún con los tres meses que la Ley Electoral vigente establece para las campañas nacionales.

Las elecciones primarias podrían ser organizadas por los mismos partidos o, a formal solicitud, por la JCE, aunque en este caso los costos serían deducidos del financiamiento que la ley otorga a los partidos reconocidos.

El proyecto establece un régimen regulatorio del financiamiento de los partidos, limitando el monto de los aportes, obligando a un registro contable e informes semestrales, con registro de contribuyentes y a disposición de cualquier interesado, acorde con a Ley de Libre Acceso a la Información. Crea una “Unidad Especializada de Control Financiero de los partidos” por parte de la JCE, con “la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas y los topes de gastos de precampaña electoral”.

Se prohíbe todo género de abuso y beneficio de los recursos del Estado en todos sus estamentos, del Gobierno central o de las instituciones descentralizadas incluyendo los ayuntamientos, prohibiendo las inauguraciones de obras en los seis meses anteriores a las elecciones. Otorga facultad a la JCE para regular y de ser necesario anular cualquier operación ilícita de los recursos y medios del Estado.

Desafío a los partidos.  Con el proyecto de Ley de Partidos, la JCE vuelve a desafiar a los partidos dominantes, tanto el de la Liberación Dominicana, que ahora controla el Congreso, como al Revolucionario Dominicano, que lo tuvo durante el período 1998-2006. Ambos han evadido aprobar los proyectos de Ley de Partidos Políticos consensuados desde 1999 con dirigentes sociales en el marco de la Comisión Presidencial para Reforma del Estado, transformada luego en el Consejo Nacional de Reforma del Estado.

El último intento de regular las campañas y precampañas electorales lo representó un proyecto elaborado por la JCE en el 2007 y que fue rechazado por los partidos, en parte argumentando que el órgano de arbitraje electoral carecía de facultades para hacerlo.

Pero la Constitución del 2010 estableció en el Párrafo IV de su artículo 212 que la Junta Central Electoral “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.  Y el artículo 216 indica que la conformación y el funcionamiento de los partidos deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley”.

El proyecto de la JCE no alcanza la profundidad de la legislación y las regulaciones electorales de Brasil, Chile, México y otras naciones latinoamericanas,  pero en el país representa avances significativos que desafían al liderazgo político, como el contenido de su artículo 8: “Se consideran principios y valores fundamentales para el ejercicio de la democracia política: la libertad, la justicia, la solidaridad, el pluripartidismo, la diversidad ideológica, el acatamiento a la voluntad de las mayorías, la equidad y transparencia en la competencia partidista, la alternabilidad en el poder, el uso de medios democráticos para acceder a la dirección del Estado, y el reconocimiento de los derechos de las minorías”.

Régimen de sanciones

El proyecto de Ley de Partidos establece un régimen de penalidades para las violaciones específicas de lo consignado en sus 77 artículos, con lo que se superaría una legislación electoral poco específica en esa materia, lo que ha determinado que muchos de sus enunciados fueran convertidos en “letra muerta”. La mayor penalidad es por desviación de los fondos del financiamiento a los partidos referida al artículo 408 del Código Penal que prevé hasta diez años de prisión.

En términos de coerción personal se indica la prisión correccional de 6 meses a un año, e inhabilitación para ser candidato a posiciones electivas en los dos períodos electorales siguientes a la condena irrevocable para los violadores del artículo 19 que se refiere a una amplia gama de delitos, que incluyen desconocer derechos ciudadanos, violencia, alteración del orden público, sobornos y dádivas para obtener votos, despojo de candidaturas ganadas en las primarias, imponer deducciones de salarios y cualquier forma de abuso de los bienes y fondos públicos.

En materia de multas la mayor sanción oscila entre 100 y 200 salarios mínimos del sector público que con el monto actual de 5 mil pesos mensuales, equivaldrían a entre 500 mil y un millón de pesos. Otras violaciones se sancionarían con multas que oscilan entre 50 y 100 salarios mínimos. En caso de financiamiento ilegal, los candidatos, partidos o personas físicas y morales serán sancionados con multas equivalentes al doble del monto implicado.

En algunos delitos electorales las sanciones deberían ser mayores, como lo señalara el reconocido jurista y dirigente de Participación Ciudadana Francisco Alvarez Valdez en una tertulia sobre el proyecto. Consideró benigna la inhabilitación por sólo un período de los que incurran en fraude electoral, lo mismo que la multa por el doble del financiamiento ilegal.

Planteamientos fundamentales del Proyecto de Ley de Partidos    

  • • Reafirma la cuota legal del  33 por ciento de las candidaturas para las mujeres
  • • Establece las elecciones primarias para escoger candidatos
  • • Limita al 20% las candidaturas que pueden señalar los órganos directivos
  • • Establece en 5 meses el período de las precampañas electorales
  • • La dirección de los partidos debe renovarse a más tardar cada 4 años
  • • Voto secreto para elegir autoridades y candidatos
  • • Los partidos deben establecer un sistema contable y rendir cuentas
  • • Limita los aportes individuales a los partidos
  • • Se prohíbe despojar a un ganador de candidatura
  • • Prohíbe todo abuso de bienes y recursos estatales en las precampañas
  • • Prohíbe inaugurar obras públicas en los 6 meses antes de las elecciones
  • • Limita la propaganda y manifestaciones al aire libre en las precampañas
  • • Destina el 25% del financiamiento público a los partidos a educación
  • • Condena la imposición de cuotas a empleados públicos o privados
  • • Prohíbe amenazas, coacciones, engaños, sobornos y dádivas para buscar votos
  • • Establece un régimen de sanciones a las violaciones a la ley de partidos

Es urgente mejorar el régimen electoral

Por Juan Bolívar Díaz
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Ahora que ha anunciado la elaboración de dos proyectos de ley sobre el sistema de partidos y el régimen electoral, la Junta Central Electoral (JCE) debe aprovechar el mandato que le otorga la nueva Constitución para auspiciar reformas que fortalezcan la democracia dominicana.

El desafío es para todo el sistema partidista y la sociedad civil, que deben honrar los consensos de 12 años sobre un nuevo régimen de partidos y una reglamentación de las campañas electorales, del financiamiento y los procedimientos democráticos, con las consiguientes penalidades.

Del orden constitucional

Por lo que anunció al finalizar mayo, la JCE tiene el propósito de aprovechar las nuevas facultades que le otorga la Constitución del 2010 para proponer una reforma electoral de amplio espectro y un proyecto de ley de partidos políticos que garantice la democracia interna y los derechos ciudadanos.

 Al respecto, el organismo se ha buscado la asesoría de especialistas de la Organización de Estados Americanos (OEA) para presentar a consideración del liderazgo político y social un proyecto de modificación de la Ley Electoral vigente, cuyo primer borrador era conocido esta semana por la JCE con la meta de iniciar su discusión pública el mes próximo.

El presidente de la JCE, doctor Roberto Rosario, ha precisado que se requiere una coordinación entre la ley de partidos y la ley electoral, aprovechando el mandato de los artículos  211 y 212 de la Constitución promulgada el año pasado, que es hasta redundante en las responsabilidades de ese organismo.

El artículo 211 indica que la JCE y las Juntas Electorales “tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”, y el enunciado básico del 212 le otorga “facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia”.

Para no dejar dudas, los constitucionalistas fueron más específicos, al introducir un Párrafo IV donde se proclama que “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

El artículo 216 demanda una legislación que, como él mismo indica, sustente el funcionamiento de los partidos “en el respeto a la democracia interna y a la transparencia”, así como “garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia”.

Ley de Partidos Políticos

Desde finales de la década de los 90 se hacen esfuerzos por una ley que rija los partidos políticos. Ya en 1999, representantes partidistas y de organizaciones sociales llegaron a un primer proyecto consensuado para una Ley de Partidos y Agrupaciones  Políticas, en el marco de la Comisión Presidencial para Reforma y Modernización del Estado creada por el presidente Leonel Fernández, quien, sin embargo, engavetó la propuesta.

La comisión, transformada en Consejo Nacional de Reforma del Estado por el presidente Hipólito Mejía, retomó el proyecto y volvió a consensuarlo con dirigentes políticos y sociales. Fue introducido al Congreso unas tres veces por varios legisladores, pero la mayoría del Partido Revolucionario Dominicano también lo engavetó.

El de Partidos Políticos debe ser el proyecto de ley que más  veces ha sido introducido al Congreso Nacional, alrededor de ocho, la primera en el 2003 y las dos últimas en el 2009, cuando en agosto llegó a ser aprobado por la Cámara de Diputados, pero no fue sancionado por el Senado, esta vez controlado por el Partido de la Liberación Dominicana.

La aprobación de la Ley de Partidos quedó incorporada como compromiso derivado del pacto por la reforma constitucional firmado en mayo de 2009 entre el presidente Leonel Fernández y el excandidato presidencial del PRD Miguel Vargas Maldonado. El vicepresidente Rafael Alburquerque quedó encargado de una comisión peledeísta que lo estudiaría para darle curso, lo que no ha ocurrido dos años después.

La última versión, introducida a la Cámara de Diputados  en la segunda legislatura de 2009 por el legislador Ángel Acosta quedaría desfasada con un proyecto integral de reforma de la Ley Electoral como el que ha anunciado el doctor Rosario.

Propuestas democratizadoras

Son múltiples las propuestas que se han formulado en las últimas dos décadas en orden a la democratización y transparencia del sistema político y electoral dominicano, entre las cuales resaltan:

– Garantizar la elección democrática de los dirigentes de los partidos políticos.

– Obligatoriedad de elecciones primarias para la escogencia de todos los candidatos.

– Ampliación del derecho ciudadano a elegir los diputados separados de los senadores y los alcaldes de los regidores.

– Mayores facilidades para la presentación de candidaturas independientes.

– Límites rígidos a los períodos de campañas para escoger candidatos y para la elección nacional, así como para el financiamiento, la propaganda  y la inversión.

– Prohibición terminante del uso de recursos estatales en las campañas electorales, así como de propaganda gubernamental y actos de inauguración de obras públicas durante el período de las campañas.

– Fortalecer las facultades de las Juntas Electorales Municipales para el recuento de votos cuando proceda.

– Garantizar la representación de las minorías políticas, ya instituida en la Constitución, pero desconocida por la ley reglamentaria.

– Obligar a los partidos a hacer transparente su financiamiento y gastos y que sean auditados por la Cámara de Cuentas como todos los organismos que reciben fondos públicos.

– Efectivas sanciones administrativas y penales para las violaciones a la Ley Electoral y sus correspondientes reglamentaciones.

– Eliminar las restricciones a la publicación de conteos rápidos y encuestas a la salida de los centros de votación.

Una reforma integral

Lo que anunció el 29 de mayo el doctor Rosario es una reforma integral a la Ley Electoral 275-97, que vaya más allá de la simple adecuación del sistema  electoral, dividido por la nueva Constitución en dos organismos autónomos, el organizacional y reglamentario representado ahora por la JCE, y el contencioso por el Tribunal Superior Electoral. A la adecuación se refiere un proyecto de ley que cursa en el Senado y que debería ser aplazado hasta esperar el que la JCE tiene en proceso de elaboración.

Según Roberto Rosario, en la Ley Electoral se incluiría normas sobre el financiamiento de la actividad política, creando un sistema de revisión de cuentas,  el funcionamiento integral del sistema electoral, uso de los medios de comunicación en los procesos electorales y a mecanismos de investigación como las encuestas.

El proyecto de la JCE estará basado en un estudio comparativo de la legislación electoral latinoamericana realizado por los expertos de la secretaría de asuntos políticos de la OEA. A partir de julio esperan las propuestas de los partidos, que en general no han mostrado firme voluntad de actualizar la legislación electoral. Se planea reuniones de los técnicos con los líderes políticos y sociales para incentivarlos a formular propuestas.

La última reforma substancial  a la ley electoral fue aprobada en 1997, la cual incluyó el financiamiento del presupuesto nacional a los partidos políticos, las circunscripciones electorales y el voto preferencial por los diputados, y estableció la cuota del 25 por ciento de las postulaciones para las mujeres, elevado al 33 por ciento en el 2000.

En el 2007, la JCE presentó un Proyecto de Reglamento de Campaña Electoral, Actos de Propaganda y Uso de los Medios de Comunicación, elaborado por su Cámara Contenciosa, de la que eran parte la mayoría de los actuales miembros de la JCE, los doctores Roberto Rosario, José Ángel Aquino y Francisco Féliz. La propuesta tampoco contó con el apoyo de los partidos mayoritarios.

 

Crisis de la democracia y la institucionalidad

Por Juan Bolívar Díaz
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La sociedad dominicana se debate nuevamente entre la autocracia caudillista que proclama al Presidente de turno como ser providencial insustituible y la anarquía de los arrebatos como expresión de las debilidades institucionales y una cultura de carencias y flaquezas democráticas.

Esta semana el presidente Leonel Fernández se situó en el borde mismo del poder total autocrático con un partido que se consume en el silencio, mientras la oposición perredeísta, sacudida por las impudicias del arrebato y la garata, llegaba al límite mismo de la división y la dispersión.

El poder personal.  Tal como se había advertido, tras la aprobación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) violando el precepto de dos tercios de los votos, el presidente Fernández inició la semana observando también la del Tribunal Constitucional (TC), al objeto de burlar el mecanismo de consenso que impuso la Constitución de la República que él mismo hizo aprobar y proclamó hace un año.

En el CNM el objeto era asegurarse el control personal de las decisiones del organismo, que en su composición actual comparte con su Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el TC, como se supone que haría con el Tribunal Superior Electoral,  se trata de imponer a toda costa los jueces que le convengan a sus intereses personales, ya ni siquiera partidarios.

Con los presidentes de ambas cámaras legislativas, el procurador general y el aliado reformista que él mismo escogió para el CNM, el doctor Fernández tiene asegurada una clara mayoría, pero actúa como si desconfiara de la lealtad de alguno y buscara un poder personal decisorio en la integración de esos suprapoderes estatales y en la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia.

En el caso del TC es público el interés de llevar a la presidencia del mismo al juez Luciano Pichardo, quien debe salir jubilado de la  Suprema Corte, por haber rebasado los 75 años de edad. Muchos se preguntan si éste jurisconsulto es el único que reúne condiciones para presidir el organismo, tanto que justifique hacerlo nacer con un certificado de ilegitimidad.

Alarma justificada.  Lo que termina por detonar una gran incertidumbre en el liderazgo de las organizaciones más activas de la sociedad civil, el empresariado y las iglesias, es que los nuevos tribunales podrían ser decisivos para el proyecto continuista que parece atrapar hasta la inteligencia del mandatario, llevándolo a una reflexión confesada sobre algo que vulnera el orden constitucional.

No son para nada inocentes las alarmas expresadas por dirigentes empresariales y sociales, como tampoco las de los obispos dominicanos, solos o en su conglomerado de la Conferencia Episcopal, quienes vienen enfatizando la necesidad de respetar las leyes y la Constitución de la República.

Lo que dijo el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Manuel Diez, como la Fundación Institucionalidad y Justicia, la Asociación de Jóvenes Empresarios, Participación Ciudadana y otras entidades que integran una Coalición por una Justicia Transparente e Independiente, al igual que abogados constitucionalistas, es que la degradación de las leyes orgánicas, aprobándolas por simple mayoría porque no se dispuso de las dos terceras partes, es un golpe de Estado constitucional.

La desproporcionada reacción gubernamental, que distorsionó la esencia de las objeciones con acusaciones de tremendismo, ignorancia e intentos de intimidar a los poderes públicos, agravó los temores, lo que explica que en apenas horas todas las organizaciones empresariales reafirmaran que la inobservancia del artículo 112 de la Constitución “constituye una amenaza al orden institucional del país”.

La Coalición por la Justicia Independiente se manifestó en defensa del líder del empresariado, a quien se dirigió “el boche del Gobierno”.

Otra respuesta de la sociedad civil la constituyó una carta enviada el viernes al presidente Fernández, en la que 127 ciudadanos, en su mayoría dirigentes de instituciones sociales, empresarios y profesionales, le advierten que no hay espacio legítimo para una repostulación  y que “la ruptura del orden constitucional representaría un grave retroceso para la imagen de la nación en el ámbito del derecho internacional y de graves repercusiones a la luz de la Carta Democrática Interamericana”.

La reunión del Palacio.  En un esfuerzo por enderezar el rumbo, el Presidente de la nación convocó la noche del miércoles una reunión en el Palacio Nacional, en la que durante más de tres horas se debatió el conflicto derivado de la aprobación de las leyes orgánicas. Se invitó a una decena de juristas y a directores de periódicos “como observadores”.

Los informes confidenciales aseguran que aún allí, aparte de los funcionarios, hubo consenso de que para aprobar esas leyes se requiere dos terceras partes de los votos, aún si fueren observadas, y en la necesidad de deshacer el entuerto.

El doctor Juan Manuel Pellerano, maestro del constitucionalismo dominicano, habría sido patente cuando dijo que sólo hay que leer el artículo 112 de la Constitución. El director de Finjus, doctor Servio Tulio Castaños; el doctor Adriano Miguel Tejada y otros fueron terminantes. Y hasta el aliado Vincho Castillo dijo que ese no es un problema jurídico sino político.

Se barajaron dos salidas al embrollo: que el presidente de la Cámara de Diputados pida al Poder Ejecutivo la devolución de la Ley del CNM para volver a conocerla, lo que pareció difícil, pues implica una confesión de culpa, o que el Presidente la promulgue y de inmediato someta un proyecto de modificación para que sea legitimada aprobándola como lo decidan los dos tercios.

El dilema de Leonel.  Una cadena de relativización de la Constitución y varias leyes que se ha venido registrando en los últimos meses alcanza su punto más crítico cuando este domingo 27 el Presidente recibe en un acto masivo dos millones y medio de firmas pidiéndole que procure seguir rigiendo los destinos de la nación para que no se hunda el país, una expresión reiterada en la historia de la nación.

El acto y el activismo de altos funcionarios y decenas de senadores y diputados, incluyendo a uno de sus presidentes han concentrado la atención nacional.

En la opinión pública prevalece la esperanza de que la inteligencia y serenidad de Fernández le induzcan a rechazar un proyecto que pondría en tela de juicio la institucionalidad nacional, dadas las sabidas dificultades y escasa legitimidad para una nueva  modificación de la Constitución.

Pero hay una buena proporción de militantes y simpatizantes de su partido que creen que “sólo Leonel” les garantiza mantenerse en el poder.

Si el Presidente ha pasado de la reflexión que anunció el día 7 de marzo a una  decisión, no encontraría un mejor escenario que el acto multitudinario para explicarla, tanto si acepta como si “se sacrifica”. Él debe saber que tiene en vilo a su propio partido y a la sociedad dominicana.

Pero entre los analistas las apuestas se inclinan por considerar que no anunciará decisión este domingo, y que esperará lo más posible para ver cómo se mueve el escenario, tanto nacional como internacional. Tiene el límite del 10 de abril para cuando se acordó la reunión del Comité Central del PLD para elegir los precandidatos. Pero con dos millones y medio de firmas en su maletín, bien puede encontrar algún pretexto para otro aplazamiento.

A todo esto, se trata del proyecto personal del doctor Fernández, sin la participación en el acto de hoy de ningún organismo de su partido.

Apenas un par de senadores y dirigentes del PLD se han atrevido a contradecirlo, y aliados como Max Puig, quien esta semana rechazó claramente la repostulación a nombre de su Alianza por la Democracia, y el diputado  Pelegrín Castillo.

El PRD: la otra cara

Como si el continuismo del caudillismo y el providencialismo no generaran suficientes incertidumbres, ahí está la oposición representada en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) empeñada en el otro extremo de la cultura política dominicana, el de la anarquía y el arrebato para imponerse por encima del dictamen democrático.

La destitución del presidente de la Comisión Nacional Organizadora de la elección primaria que arrojó la candidatura presidencial de Hipólito Mejía para sustituirlo por uno de los perdedores y la amenaza de Miguel Vargas de auto proclamarse ganador, llevaron la garata a su punto más álgido, del que se salta a la división o se regresa al sentido común y el realismo político.

Una vez más el PRD desaprovecha la oportunidad de recuperar su antigua primacía y legitimarse como alternativa ante un gobierno en declive y un partido oficial anulado por un neocaudillismo.

Aunque debe acreditársele que ha mantenido la unidad en su representación en la Cámara de Diputados y sacó tiempo para elevar una instancia de inconstitucionalidad sobre la ley del Consejo Nacional de la Magistratura.

Al caer la semana había emergido una comisión mediadora integrada por el expresidente de Panamá Martín Torrijos, en su condición de presidente de la Internacional Socialista para América Latina, por el reputado abogado especialista en solución de conflictos Nelson Espinal Báez, y por el empresario Tony Rivera, que reúne la privilegiada condición de hermano de padre de  Vargas Maldonado y cuñado político de Hipólito Mejía, pues su hermana Janet es la esposa del hijo mayor del candidato.