Proceso con graves retrocesos institucionales y democráticos

Por Juan Bolívar Díaz
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La resistencia del partido dominante a aprobar las leyes de partidos y del régimen electoral, que persiguen regulaciones democráticas, desconociendo consensos y compromisos, es una de las mayores falencias del proceso, auspiciando un virtual desmantelamiento del viejo sistema de partidos.

Paquete de 4,106 cargos. La escogencia en la misma jornada este 15 de mayo de los 4,106 cargos electivos del Estado es una regresión de la reforma política aprobada tras la crisis poselectoral de 1994, que incluyó la no reelección también abrogada, después de años de consensos sobre la base de que el presidencialismo arrastra los candidatos legislativos y municipales, y deteriora la independencia de los poderes.

El pretexto para reunificar las elecciones con la Constitución del 2010, fue que con elecciones cada dos años, el país vivía siempre en campaña, lo que no cambió puesto que la promoción de candidaturas se inició tan pronto culminaron los comicios presidenciales del 2012, con un gasto sin precedente que se paga con el dinero público.

Hay testimonios de que candidatos a diputados, los que tienen que buscarse su propio apoyo por la vigencia del voto preferencial, han gastado sumas que llegan a los cincuenta millones de pesos, encareciendo el costo de la política, determinando el predominio de los que reúnen más dinero, sin importar su origen, y dejando fuera de competencia a los más honrados o provenientes de segmentos sociales desposeídos. Al haberse suprimido las elecciones primarias en el PLD a muchos hubo que devolverles lo gastado, en especies como cargos, y contratos de compras y obras. .

La “maldita reelección” . Como casi todos los que han alcanzado estabilizarse en la presidencia de la República en toda su historia, el presidente Danilo Medina sucumbió a la tentación de buscar la “maldita reelección”, que como él recitaba antes de su elección, deteriora la institucionalidad democrática y subordina el interés nacional al continuismo.

Esta vez, como tantas otras, hubo que modificar la Constitución para posibilitar la repostulación, y a diferencia de las anteriores, ahora no se “conquistaron” legisladores a título personal, sino por bloques enteros, desde luego con los recursos del Estado y en un mercado público, denunciado hasta ante un ministerio público que no quiso investigarlo.

Otro agravante fue que esta vez se pactó para archivar graves expedientes de corrupción, como el del senador Félix Bautista, y para garantizar la repostulación de todos los senadores y diputados del partido gobernante, y la prolongación de los dirigentes, dando una patada mortal a la democracia interna, a los estatutos, la ley electoral y los principios constitucionales.

Fue relevante que el bloque de diputados reformistas también apoyara la reforma constitucional que posibilita la repostulación de Medina, para luego terminar enfrentándola al pactar con la mayor fuerza emergente de oposición, el Partido Revolucionario Moderno /PRM) salido del desguañangue del PRD.

Nadie podía esperarlo. Debe ser inédito que un partido que obtuviera el 47 por ciento en unas elecciones, como ocurrió con el Revolucionario Dominicano (PRD) en el 2012, terminara a los cuatro años a la cola del vencedor, en un oscuro pacto que apenas materializa una embajada y la dirección de un ente de cuarto nivel, el IDECOOP, en base a promesas de cargos y sin garantizarle ni una alcaldía importante.

La joya política de este período fue la culminación del desmantelamiento del viejo sistema de partidos con el que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) venía compitiendo, para garantizarse un largo predominio. Con el reparto de parcelas estatales, contratos y empleos públicos segmentaron primero el Partido Reformista Social Cristiano sin el que no hubiesen alcanzado el poder en 1996, ni lo hubiesen retenido en el 2012, y conformaron una coalición de una docena de pequeñas agrupaciones políticas.

En los comicios presidenciales del 2012, el PRD consiguió 200 mil votos más que el PLD, 42 a 38 por ciento. Los aliados de los peledeístas le aportaron 13 por ciento, 6 de ellos los reformistas, con un desbordamiento del Estado que incluyó un exceso fiscal de 159 mil millones de pesos, sólo en el gobierno central.

De ahí salió la estrategia de desmantelar al PRD, apoyada en el deterioro de sus organismos como consecuencia del abandono de los procedimientos democráticos, y aprovecharon las debilidades de su presidente Miguel Vargas Maldonado, quien con una minoría se negó a apoyar la candidatura de su partido, sembrando una división que resultaría irreversible. Para ello contó con múltiples favores gubernamentales, incluyendo contratos opacos, y sobre todo el apoyo del Tribunal Superior Electoral integrado por jueces dirigentes del PLD y del mismo grupo de Vargas, que fallaron sistemáticamente para favorecer a la minoría hasta cuando esta impidió a tiros la participación de la mayoría en procesos internos.

Una oposición fragmentada. La manifiesta incapacidad de los opositores para concertar reclamos de equidad y pactar siquiera en niveles locales, con siete candidaturas, redujo las posibilidades de crear una sinergia de “todos contra el monstruo”, aunque el PRM ha logrado en poco más de un año de constituido convertirse en la principal alternativa, beneficiándose en las últimas semanas de la tradicional tendencia a la bipolarización.

Los analistas no advierten posibilidad de que el PRM pueda superar la ventajas que ha registrado la candidatura reeleccionista en las encuestas. De todas formas gastarán todas sus energías en la última semana de campaña, contando con una reacción del electorado al enfrentarse a las urnas, como ocurrió en los últimos dos años en Costa Rica y Panamá, donde ganaron los que aparecían en tercer lugar en las encuestas.

Entre los imponderables están la posibilidad de que la parte del PLD aplastada por el proyecto reeleccionista, encabezada por su anterior líder Leonel Fernández, diversifique sus votos temiendo que una victoria muy amplia del presidente Medina y su grupo, suponga su muerte política definitiva. En muchas provincias y municipios las divisiones internas del PLD podrían generar resultados imprevisibles.-

La capitulación del PRD en aras de la reelección

Por Juan Bolívar Díaz
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Sin el menor rubor y en un acto público el empresario Miguel Vargas Maldonado entregó esta semana el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la más tradicional organización política de la historia nacional, en un nebuloso y precipitado pacto electoral con el gobierno, cuyos alcances no han podido definirse tras meses de negociaciones.

Es relevante que el partido más votado todavía en la última elección presidencial, capitula y se entrega en aras del reeleccionismo presidencial, contradiciendo uno de sus planteamientos fundamentales, y contribuyendo a la concentración del poder que encarna la principal negación de sí mismo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Corbatas azules, parte 2

La capitulación la firmó el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, mucho más empresario que líder político, el lunes 7 de septiembre, tan precipitada como su renuncia tres meses antes a una candidatura presidencial que se auto atribuyó con el concurso del secuestrado Tribunal Superior Electoral que le avaló repetidas violaciones a los principios democráticos consagrados en la Constitución, en la ley electoral y en los estatutos del PRD.

Fue la culminación de un proceso iniciado el 14 de mayo del 2009, cuando Vargas Maldonado firmó con el presidente Leonel Fernández un pacto para viabilizar la constitución del 2010. No tenía cargo directivo en el partido blanco ni procuró autorización previa de ninguno de sus organismos, firmó en su calidad de excandidato presidencial, que lo fue en el 2008 cuando perdió las elecciones a manos precisamente de Fernández con votación de 53,8 a 40,4 por ciento.

Desde entonces Vargas había justificado el pacto aduciendo que reivindicó el histórico compromiso perredeísta de no reelección promovido por su líder José Francisco Peña Gómez en la constitución de 1994 y violentado por el presidente Hipólito Mejía con la reforma del 2002. Y en efecto la Constitución del 2010 prohibió la reelección presidencial inmediata, pero ahora Vargas volvió a pactar con un presidente del PLD no sólo para restablecer el reeleccionbismo, sino que también le suma los votos del PRD.

El pacto fue firmado en el mismo escenario del 2009, el hotel Jaragua, y para no dejar duda de la continuidad, los protagonistas volvieron a vestir corbatas azules, aunque esta vez el gran ausente fue el doctor Leonel Fernández, todavía presidente del PLD, sustituido por el mandatario de turno Danilo Medina, para reafirmar que el poder lo ostenta quien reparte los sobrecitos y parcelas del Estado.

Sin siquiera los 10 cheles

 Si poco táctico fue que Vargas renunciara a su candidatura sin precisar las condiciones y términos del pacto que anunciaba, más absurdo es que lo firmara sin haber cerrado las negociaciones tres meses después, quedando a expensas de lo que quiera desembolsar el PLD de los “diez cheles” en que su histórico dirigente Euclides Gutiérrez Félix tasara el valor del apoyo del PRD a la reelección de Danilo Medina.

En el pacto del Comité Político del PLD a fines de mayo para salvar su unidad y viabilizar la reforma constitucional reeleccionista quedó consignada la repostulación total de sus legisladores. En el caso de los alcaldes se estableció que habría encuestas en los municipios donde la gestión no garantizara el triunfo. Voceros perredeistas anunciaban nuevas provincias para buscar senadores, pero tropezaron con la ley electoral.

Los actuales diputados perredeístas, unos 40, podrán ser repostulados, pero por el voto preferencial tendrán que valerse por sí mismos, pues los peledeístas escogerán a sus compañeros de partido. Todavía esta semana voceros de la categoría del secretario general del PLD, Reinaldo Pared, han repetido que no cederán las candidaturas a alcaldes en los grandes municipios que ganó el PRD en la anterior elección, como Santo Domingo Norte, Santiago y San Cristóbal, lo que conllevaría candidaturas separadas en los mismos, donde los perredeistas defienden miles de empleos en un penoso regateo público.

Es contradictorio que un negociante de la categoría de Vargas Maldonado haya ignorado un principio fundamental de toda transacción, asegurar los términos antes de la firma, razón por la cual muchos preguntan si no hay compensaciones impublicables en el pacto, como en la negociación del bloque de diputados perredeistas, quienes saben que el voto preferencial impide garantizarles sus puestos. Las generalidades de los 15 propósitos del “Acuerdo de un Gobierno Compartido de Unidad Nacional” firmado el lunes no justifican tanto desprendimiento en una política tan mercantil.

Una expresión macondiana

La capitulación del mayor partido del intento democrático nacional bajo términos tan vagos, en apoyo casi incondicional al partido gobernante es una ocurrencia extraña en la política, expresión del macondismo latinoamericano que certificó García Márquez. Hasta dirigentes fieles al PRD, como Fiquito Vásquez, han explicado la precipitación en que tenían que contener la hemorragia de los perredeístas hacia el PRM, lo que será difícil si no les garantizan siquiera las alcaldías con miles de plazas para militantes. Pero nadie entiende que hayan sido tan malos negociadores, exponiéndose a la humillación de los diez cheles.

Mientras tanto, el partido que desde su fundación encarnó las luchas democráticas de tres cuartos de siglo dominicano, se encamina a su autoliquidación. Deja atrás las luchas contra la tiranía de Trujillo y sus batallas por instaurar la democracia, desde su triunfo electoral de 1962 a la revolución constitucionalista y su resistencia a la invasión militar norteamericana de 1965 y a la cuasi dictadura de los 12 años de Balaguer. También el triunfo electoral de 1978 que abrió la democratización del país y su confrontación con el PLD que nació como negación absoluta del perredeísmo y lo hostilizó al máximo.

Todavía en la anterior elección presidencial, la del 2012, con Hipólito Mejía de candidato presidencial, el PRD obtuvo la mayor votación, un millón 911 mil 341 sufragios, 200 mil más que el millón 711 mil 737 que consiguió el PLD, lo que representó 42.13 a 37.73 por ciento. Aunque con el voto de los respectivos aliados, el presidente Medina ganó la elección por 51.21 a 46.95 por ciento. Pero a pocos queda claro que el PLD ha incentivado el desguañangue del PRD, tras haber absorbido en gran proporción a lo que dejó Balaguer como partido, y las garatas y divisionismos de los perredeístas han determinado el proceso de involución de la democracia dominicana, donde un grupo político que ya no se somete a elección de sus militantes, lo mercantiliza todo en aras del control total de las instituciones estatales y sociales.-

 

Otro tigueraje político con la Ley de Partidos

Por Juan Bolívar Díaz
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Los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) retiraron el proyecto de Ley de Partidos que habían aprobado en primera lectura no solo por el rechazo generalizado al tigueraje político, sino también porque su aprobación fue claramente inconstitucional, como le advirtió la Oficina Técnica de Revisión de la cámara baja.

El simple retiro sigue negando la aprobación de una ley objeto de múltiples consensos en los últimos 16 años, incluyendo uno reciente, y ratifica la imposición peledeísta que también evade el proyecto de ley del régimen electoral sometido por la Junta Central Electoral (JCE) tras una amplia consulta y asesoramiento internacional.

Consensos durante 16 años. La aprobación en primera lectura del proyecto de Ley de Partidos Políticos por la mayoría oficialista y sus aliados del Partido Reformista se correspondió con el tigueraje político que auspicia el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, cuya última expresión había sido la reciente sanción del Código Penal, violando los procedimientos internos, la categoría de ley orgánica que requiere dos tercios de los votos, y sin votar las observaciones que le hizo el Poder Ejecutivo.

El proyecto aprobado con el rechazo de la oposición política desconoció un consenso a que habían llegado recientemente con otros partidos bajo la mediación eclesiástica y numerosos acuerdos al respecto logrados desde que se empezó a discutir esa ley en 1998, precisamente bajo hegemonía del PLD, en la Comisión para Reforma y Modernización del Estado en 1998-99, durante su primer período de Gobierno, ratificado en el Gobierno perredeísta por el Consejo Nacional para Reforma del Estado.

El propósito de una ley de partidos consensuada también formó parte del pacto suscrito en 2009 entre el presidente Leonel Fernández y el entonces candidato presidencial del PRD, Miguel Vargas Maldonado, y fue firmado también por el presidente Danilo Medina con la misma mediación de monseñor Agripino Núñez en la Universidad Católica Madre y Maestra. El proyecto, con diversas modificaciones, ha sido presentado al Congreso en una decena de legislaturas después de ser engavetado por el presidente Leonel Fernández en 1999. También los perredeístas evadieron su aprobación durante el período 1998-2006 cuando tuvieron mayoría en ambas cámaras legislativas durante 8 años, como ahora los peledeístas

Nuevo tigueraje político. En septiembre pasado, cuando una comisión multipartidista había alcanzado otro consenso para la ley, el PLD presentó un texto que lo disminuye y desde entonces la presidencia de la cámara trataba de imponerlo, apelando incluso a incentivos económicos, según denuncia de opositores y confidencia de un senador peledeísta opuesto a la maniobra.

El martes 3, iniciando la primera legislatura del año, tras un informe de comisión, incentivada por “el mago” Abel Martínez, y pese al rechazo de la mayoría de los diputados perredeístas y del Partido Revolucionario Moderno, los peledeístas dieron la primera aprobación. Como no disponían de las dos terceras partes de los votos, y contra lo que todo el mundo decía antes, decidieron que no es una ley orgánica y la dieron por aprobada con mayoría simple.

Para la aprobación, la mayoría peledeísta desestimó la advertencia de la Oficina Técnica de Revisión Legislativa de la propia cámara, que en un documento fundamentado había concluido: “Dado que la pieza legislativa propone la regulación del derecho fundamental a la asociación política por medio de los partidos y agrupaciones políticas, además de que la figura de los partidos políticos fue constitucionalizada, este proyecto de ley es de naturaleza orgánica y por tal motivo, el pleno de la Cámara de Diputados deberá aprobar dicha iniciativa con el voto de las dos terceras partes de los presentes, acorde como lo exige el artículo 112 antes citado”.

La Ley de Partidos es orgánica, de acuerdo al artículo constitucional citado, no solo por regular el derecho fundamental a la libre asociación y por ser un mandato expreso del artículo 216 de la Constitución, sino porque también se refiere al régimen electoral y regula el derecho ciudadano a ser postulado a cargos de elección popular, aunque estas dos últimas causales no aparecen en la opinión de la Oficina Técnica.

La necesaria transparencia. Hasta algunos legisladores peledeístas han favorecido el proyecto de Ley de Partidos consensuado, como el senador José Rafael Vargas, quien consideró esta semana que debe suponerse que “nadie pierde garantizando la transparencia”. Se refería a la supresión de artículos o frases del proyecto de ley que se refieren a la licitud del financiamiento, que disponen identificar sus fuentes y sancionan los abusos del patrimonio público, lo cual ha sido el mayor motivo de confrontación.

Instituciones sociales como Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia han participado, desde el “Diálogo Nacional” auspiciado por el PLD en 1997-98, en las discusiones y consensos sobre la Ley de Partidos y encabezan los reclamos de transparencia, equidad y sanciones de los delitos electorales, lo que ratificaron esta semana. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Jóvenes Empresarios, y otras instituciones empresariales y religiosas también han insistido recientemente en una legislación que contenga el derroche de recursos proveniente del patrimonio público y de fuentes ilícitas, incluyendo el narcotráfico.

Es relevante que los peledeístas hayan burlado el consenso nacional en momentos en que la opinión pública está impactada por las denuncias del convicto narcotraficante Quirino Ernesto Paulino de que él y otros de sus colegas financiaron con por lo menos 200 millones de pesos las actividades políticas del expresidente Leonel Fernández entre 2001 y 2004, lo que tras varias semanas no ha sido negado por el presidente del partido morado.

También llama la atención la cínica actitud del vocero peledeísta en la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, responsabilizando a “sectores insanos”, políticos y sociales, por el retiro del proyecto, aduciendo que la sociedad civil es “enemiga del PLD” y llegando al extremo de proclamar que “la democracia, la institucionalidad y el fortalecimiento de los partidos han sufrido una estocada mortal por la actitud asumida ante el proyecto por el Partido Revolucionario Moderno y sus líderes”.

Vale advertir, finalmente, que el proyecto ahora retirado adolece de múltiples carencias de los reclamos para adecentar la actividad política, controlar los períodos de campañas electorales, el monopolio de medios de comunicación, la manipulación de encuestas y la equidad. Niega la cuota mínima femenina en los cargos de los partidos, y su régimen de sanciones es tan benévolo que no desincentiva los delitos electorales. Aún en fraudes y abuso del patrimonio público, algunas multas serían de 20 salarios mínimos oficiales, (actualmente de 5,117 pesos), que apenas pasarían de los 100 mil pesos, luego de que sea cosa definitivamente sancionada por los tribunales en largo proceso, menos de lo que requeriría un abogado de tercera categoría para iniciar una defensa. Las suspensiones del financiamiento público son de 6 meses y las condenas de cárcel, cuando proceda, de 6 meses a dos años.

El PRD en manos del Tribunal Electoral

Por Juan Bolívar Díaz
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La instancia que procura la anulación de la cuestionada convención eleccionaria del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) llegará próximamente al Tribunal Superior Electoral (TSE) que tendrá que decidir si le da el tiro de gracia a la más antigua organización política nacional o prolonga su agonía.

La prolongación del calvario por el que atraviesa el PRD favorecería al partido de gobierno por cuanto mantendría el descrédito de esa organización y la ilusión de su rescate en los más acendrados perredeístas, y retrasaría el fortalecimiento del proyecto de constitución de un frente de oposición.

La instancia de Guido

Cual llanero solitario que desafía al grupo que secuestra la democracia interna del PRD, encabezado por su presidente titular Miguel Vargas Maldonado, Guido Gómez Mazara persiste en dar la batalla interna a la que renunciaron los mayores líderes disidentes y anuncia que recurrirá hasta el TSE buscando que anule la cuestionada convención eleccionaria que culminó en un visible desastre el pasado 20 de julio.

Las exclusiones y el autoritarismo con que se organizó la convención quedaron a la vista de todos, lo mismo que la violencia y el desorden en que culminó. Esta semana Gómez Mazara documentó que en catorce de las 31 provincias y el Distrito Nacional no se realizó la votación y que en varias de las otras 18 sólo fue parcialmente, sosteniendo que sólo se contaron 19 mil votos, de un padrón de 538 mil electores en los recintos donde pudo acreditar delegados y que puede demostrar que la mayoría le benefició.

Aunque dice tener constancia notarial para sustentar su petición de nulidad, no se debe descartar exageración,  pero reporteros de diversos medios informativos pudieron documentar que no se votó en provincias como San Cristóbal, Peravia, Azua, La Vega, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Montecristi, Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, y Samaná, como tampoco en Santo Domingo Este, el mayor municipio del país. En muy pocas ciudades se reportó una concurrencia significativa.

La publicación de las actas por recintos electorales, hubiese podido contribuir a la transparencia, como demandó esta semana el movimiento cívico Participación Ciudadana, experto en observación electoral, el cual deploró “la frustrada convención”,  y las actuaciones de la dirección del PRD y de los organismos de control electoral, y planteó que esos acontecimientos  “deben conmover la conciencia nacional y aunar voluntades para que se supere la vieja cultura de la trampa, el arrebato, la violencia, la  ilegalidad y la parcialidad de las autoridades”.

Papa caliente para el TSE

La impugnación de la convención fue sustentada fundamentalmente en que sólo fueron habilitados 161 (menos de la mitad) de los 341 centros de votación que se habían programado, en la exclusión de los delegados de Gómez Mazara, en la violencia con que se impidió a muchos votar y en la negativa a entregar copias de las actas.

La Comisión Organizadora declaró inadmisible la impugnación por haber sido interpuesta “de manera extemporánea y en violación de los plazos establecidos”. Fue sometida cuatro días después de la convención, pero se dijo que el límite era de dos días, insuficientes para reunir documentación nacional y elaborar una instancia. Se adujo también que no se presentaron pruebas documentales que sustentaran la nulidad.

De inmediato Gómez Mazara anunció que llevará su solicitud hasta elTSE, confiado en que administrará justicia, con el precedente de dos decisiones a su favor adoptadas por ese órgano antes de la convención, la que dispuso que le entregaran el padrón de electores y los centros de votación y otra que ordenó que le acreditaran sus delegados. Pero antes, sus abogados procuraban agotar otra instancia interna, la Comisión Política del partido, aunque sin esperanza de que este organismo, tan unilateral como la comisión organizadora, vaya a variar el rechazo.

Esta sería la trigésima instancia elevada al TSE desde el 2012 cuando, tras las elecciones presidenciales, se desató la crisis que mantiene en capilla ardiente al PRD, casi todas falladas en beneficio del sector que encabeza Vargas Maldonado, quien junto al expresidente Fernández eligió los jueces de ese tribunal, como los de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. La mayoría de ellos son vinculados a esos dos dirigentes políticos. De los cinco del TSE la excepción sería su presidente Mariano Rodríguez, definido como “un buen hombre, jurista de vocación académico pero incapaz de pelearse con nadie”.

¿Prolongar la agonía?

Habrá que esperar la instancia de Guido Gómez para ver sus fundamentos, pero dado el descrédito en que ha quedado la convención perredeísta, si pidiera pruebas documentales, como las actas por centros de votación, el TSE pudiera encontrar elementos suficientes para disponer por lo menos que se votara en las provincias y municipios donde no se hizo y que se garantizara el sufragio por lo menos a los que aparecen en el reducido padrón de Vargas Maldonado.

La expectativa, al menos entre los perredeístas, es de que el tribunal seguirá abonando las actuaciones del grupo de Vargas Maldonado, al que en el pasado reciente reconoció la expulsión de dirigentes, y masivas exclusiones en los padrones del Comité Ejecutivo, la Comisión Política y la membresía en general.

La anulación parcial o total de los resultados convencionales implicaría nuevos plazos, de semanas o meses, lo que prolongaría la agonía del partido blanco a sus 75 años. Daría aliento a Gómez Mazara y a los perredeístas nostálgicos que todavía creen en la posibilidad de restablecer la unidad, como el suspendido exsecretario general Orlando Jorge Mera, el reelecto presidente del Comité del Distrito Nacional Alfredo Pacheco y los dirigentes Neney Cabrera y Eduardo Sanz Lovatón, quienes también han solicitado la anulación y una nueva convención. Por igual Juan Santos, otro que compitió por la presidencia del PRD, y al que tampoco se le permitió votar, como a Gómez Mazara.

Si el TSE valida la traumática convención de Vargas Maldonado, en la que ni los candidatos opositores pudieron votar, el principal de ellos víctima de una agresión armada ampliamente difundida,  quedaría sellada definitivamente la división del PRD, al perderse las mínimas esperanzas de restablecer la democracia interna, empujando a todos los objetores de la convención hacia el proyecto de frente opositor.

Beneficiaría al PLD

Mientras se espera a ver si emerge una nueva fuerza política opositora, la división del PRD en lo inmediato apuntará las posibilidades de que el PLD mantenga el monopolio del poder en las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 2016, cuando incluso podría hasta incrementarlo.

La prolongación de la agonía también le  beneficia por la saturación que se registra en la ciudadanía de la crisis del perredeísmo y sus múltiples incidentes. Pero sobre todo porque dilata las definiciones  frente el nuevo Partido Revolucionario Mayoritario (PRM) constituido por los sectores que encabezan Hipólito Mejía y Luis Abinader, y las posibilidades de armar su proyecto de Convergencia opositora.

Las encuestas han indicado que entre dos tercios y tres cuartas partes de los perredeístas se irían de inmediato al PRM y la Convergencia, pero muchos dirigentes medios y militantes todavía se aferran a los símbolos y banderas que ostentaron durante décadas. A quienes tomaron la decisión de constituirse en un nuevo partido les conviene que se cierre cuanto antes toda expectativa de reunificación, que “ya sólo sirven para perder el tiempo”.

Estrategas del PRM y la Convergencia consideran que Vargas Maldonado ha quedado noqueado por el desastre en que culminó su convención, por lo que esperan cerrar el capítulo, pero por eso mismo temen que los peledeístas favorezcan la prolongación de la confrontación, incluso con la esperanza de que otro desenlace fuera menos desfavorable para el grupo de Vargas. Aunque por otro lado reconocen que sería un duro golpe que le declararan ilegítima su convención.

Preocupación por la democracia

En muy diversos sectores nacionales se expresan preocupaciones por la rumbo de la democracia con la división del principal partido de oposición después que el PLD absorbiera, en los últimos años, el tercer partido del sistema, el Reformista Social Cristiano, y una docena de grupos políticos menores.

A esa preocupación se atribuye el pronunciamento esta semana del embajador de Estados Unidos; James Brewster, quien abogó por la prevalencia de un sistema multipartidista donde no se concentre el poder en un solo partido. La misma preocupación se expresa en los cenáculos empresariales, razón por la cual el Consejo Nacional de la Empresa Privada pagó una amplia difusión de un comunicado pidiendo la aprobación de la ley de partidos políticos, estimándola fundamental para la institucionalidad democrática nacional.

Tanto el comunicado del CONEP como el planteamiento del embajador Brewster, han despertado rechazos enfáticos de dirigentes peledeístas, incluyendo a miembros de su cúpula como Franklin Almeyda, y a su vocero en la Cámara de Diputados Rubén Maldonado, quien acusó al diplomático de “un atrevimiento y una injerencia”.  El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, dijo que el pronunciamiento del norteamericano no es propio de un embajador que respeta el ordenamiento institucional del país.

Las preocupaciones no se refieren sólo al control del poder ejecutivo, y del Congreso Nacional, sino también de las altas cortes y del ministerio público, así como de la Junta Central Electoral, más que por un solo partido, por una sola persona, el expresidente Fernández, ya en campaña por regresar al poder, al que muchos advierten como patrocinador del desguañangue de grupos y líderes políticos y sociales

El PRD en tránsito a su desguañangue

Por Juan Bolívar Díaz
Lío PRD

El espectáculo antidemocrático y violento de lo que debió ser una convención eleccionaria sume en el mayor descrédito y auto descalificación al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el más antiguo del país y uno de los más tradicionales de América Latina, fundado hace tres cuartos de siglo.

En lo inmediato, el desguañangue del perredeísmo abona la muy probable repostulación del expresidente Leonel Fernández por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su anunciado proyecto de dominación política por lo menos para los próximos 30 años.

Escenario poco auspicioso. El virtual secuestro en que había caído el Partido Revolucionario Dominicano, que tuvo su mayor expresión en expulsiones y suspensiones sumarias que incluyeron al expresidente de la nación Hipólito Mejía, quien como último candidato presidencial dos años antes había obtenido el 47 por ciento del voto luchando contra todo el Estado, decretaba una profunda división, pero nadie podía esperar que fuera tan torpemente fraguada como ocurrió en la convención eleccionaria del 20 de julio.

El escenario para la imposición fue montado a lo largo de un año, excluyendo a cientos de miembros del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política del partido, luego durante una sesión en diciembre sin previa convocatoria, eligiendo una Comisión Organizadora de la convención presidida por Julio Maríñez, uno de los más radicales y sectarios promotores de la expulsión de Mejía y del presidente en funciones Andrés Bautista, y de la suspensión del secretario general Orlando Jorge, y de la secretaria de organización Geanilda Vásquez.

Miguel Vargas Maldonado, quien había excedido en un año el cuatrienio para el que fue juramentado presidente del PRD en 2009, se negó a integrar una comisión organizadora plural, por lo que la mayoría de los dirigentes conocidos, encabezados por Mejía y Luis Abinader, decidieron abstenerse, iniciando la constitución de su propia alternativa que recién se materializa en el Partido Revolucionario Mayoritario (PRM).

De los contradictores solo Guido Gómez Mazara y un grupo que lo ha sustentado optaron por la pelea dentro, lo que parecía una quijotada, pero ni con ellos se montó un escenario de competencia democrática.

Tuvieron que apelar al Tribunal Superior Electoral (TSE) para que les entregaran el padrón de votantes del que se excluyó a cerca de las dos terceras partes del anterior, y hasta para que le proporcionaran la lista de las mesas electorales.

Mucho peor de lo esperado. Se vaticinaban graves incidentes si muchos de los excluidos del padrón procuraban ejercer su derecho, pero lo ocurrido el domingo 20 superó lo previsible, al punto de que no se pudo votar en municipios tan grandes como Santo Domingo Este, San Cristóbal, La Vega, Baní, Azua, Bonao, Higüey y Monte Cristi, y se hizo parcialmente en Santo Domingo Oeste, San Francisco de Macorís, Santiago y hasta en el mismo Distrito Nacional, donde la violencia montada en la Casa Nacional perredeísta fue tan desbordada que opacó lo ocurrido a nivel nacional.

En muchos municipios hubo enfrentamientos con heridos, destrozo de urnas y boletas de votación, y general exclusión de delegados de la candidatura de Gómez Mazara.

Pero lo ocurrido en la Casa Nacional perredeísta fue suficiente para descalificar todo el proceso, cuando al principal candidato alternativo se le impidió el acceso al local y ejercer el voto. Como prueba de voluntad pacifista, Guido Gómez se hizo acompañar de su madre Carmen Mazara. Las cámaras televisivas mostraron cómo se desató una balacera contra ellos y sus seguidores, cuando se alejaban del local.

El lanzamiento de una botella plástica no podía justificar decenas de disparos de escopetas que hirieron por lo menos a dos personas, por parte de quienes debían ser los más preocupados por mantener el orden, mucho menos las exhortaciones a disparar a matar formuladas por el diputado Fiquito Vásquez, el “juez” que presidió el tribunal que expulsó a Mejía y Bautista, recogidas por el camarógrafo Víctor Vicente de Noticias SIN, por la que le incautaron el vídeo que tuvieron que devolver al tercer día.

Los atropellos contra otros periodistas, incluyendo el arrebato de celulares para impedir que grabaran y transmitieran la agresión, completaron el desproporcionado escenario de una absurda convención fundada en la protección de miles de policías y decenas de vigilantes privados. En Santiago el trato a los periodistas fue distinto, repartieron sobres con diez mil pesos por cabeza.

Sella la división del PRD. El conato de convención y la constitución días antes del PRM sellan definitivamente la quinta división del partido más antiguo del país, motor de los avances democráticos del período post Trujillo. La primera protagonizada por uno de sus fundadores, Nicolás Silfa, la segunda por su primer gran líder Juan Bosch, luego la de Jacobo Majluta y finalmente la que encarnó Hatuey de Camps. En cada caso nació un nuevo partido, pero con una clara mayoría quedando con el nombre y los símbolos.

Desde antes del desastre convencional todas las encuestas y la percepción de los analistas atribuyen un apoyo minoritario a quienes esta vez quedarían con la matrícula del partido, lo que podría condenarlo a transitar el derrotero seguido por el otro partido más antiguo, el Reformista Social Cristiano, cuyo apoyo determinó la victoria del PLD en 1996, pero se auto relegó al tercer lugar, y en las dos últimas elecciones presidenciales ha caído a votación de 4 y 6 por ciento.

Uno de los mayores absurdos políticos que se recuerden ha sido el que el grupo de Vargas Maldonado dejara fuera casi dos tercios de sus empadronados, en vez de sumar como hacen todos los que pretenden ganar elecciones.

En la presidencial de 2012, con Hipólito Mejía de candidato y Vargas Maldonado en la acera del frente, el Partido Revolucionario Dominicano fue el partido más votado con un millón 911,341 votos, 199,605 más que el millón 711,732 votos que obtuvo el PLD. Los aliados pusieron la diferencia.

Beneficia a Leonel y el PLD. El grupo de Vargas parte de la convicción de que ese partido ha sobrevivido a todas sus divisiones, pero esta tiene características de secuestro de la democracia interna que podría condenarlo a la insignificancia política o la desaparición, como ha ocurrido con los partidos tradicionales de su época, con la excepción del Revolucionario Institucional (PRI) porque logró gobernar México durante siete décadas, con gran capacidad para reciclar sus cuadros dirigenciales, y el subdividido peronismo argentino. La Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), inspirador y aliado del PRD, no pudo escoger candidato para la última elección en Perú en el año 2011.

La suerte del PRD como fuerza política podría depender de la capacidad que demuestren Mejía y Abinader para sacar adelante el PRM y la Convergencia electoral que vienen armando, y del uso que haga Guido Gómez del capital político que le ha dejado su habilidosa confrontación.

Pero mientras tanto, la división luce tan profunda como para relegar al partido blanco en los comicios de 2016 y en lo inmediato amplía la perspectiva del expresidente Fernández de conseguir una nueva postulación por el PLD.

Con el principal opositor dividido a fondo, su liderazgo y la lealtad de los beneficiarios de su gestión gubernamental de 12 años pasarán por encima del rechazo que en el universo le atribuyen las encuestas.

Mientras se define si surge un fuerte relevo del PRD, como ha ocurrido en toda la región tras las crisis de los partidos tradicionales, crecen las posibilidades de Fernández volver al poder en el 2016 y de materializar su vaticinio de que el PLD gobernará hasta el bicentenario de la República en el año 2044.

Increíble fiesta democrática

Si todo ese despliegue de violencia era inverosímil, como si hubiese sido dispuesto para deslegitimar aquella convención, fue más increíble que ese mismo día, cuando ya se autoproclamaba reelecto como presidente del PRD, Vargas Maldonado dijera que aquello había sido una “fiesta de la democracia”. Y al día siguiente el cómputo arrojó 233 mil 428 votos, apenas el 43 por ciento del padrón reducido a 538 mil 478 electores, sin detallarlo por municipio. Más realista podrían ser los 124 mil 586 votos computados para la elección de secretario nacional de Organización. Por el secretario general no se votó porque sólo hubo un candidato.

Los 198 mil 175 votos atribuidos a Vargas son apenas el 31 por ciento de su propio padrón, el 14 por ciento del anterior que incluía más de 1 millón 400 mil perredeístas, y el 10 por ciento del 1 millón 911 mil 341 votos que ese partido obtuvo en la elección presidencial del 2012.

Esa farsa política fue montada con la complicidad de la JCE que se negó a fiscalizar un acto fundamental de un partido que este año recibirá 220 millones de pesos del presupuesto nacional, y más de mil millones hasta los próximos comicios, y del TSE que avaló las exclusiones en abierta violación a los derechos adquiridos, ambos organismos actuando en congruencia con su integración, fruto del pacto político que Vargas suscribió en el 2009 con el expresidente Leonel Fernández, entonces sólo como ex candidato presidencial y que la debilidad institucional perredeista avaló a posteriori.

 

Hipólito Mejía debería liderar la Convergencia

Por Juan Bolívar Díaz

Ante el éxito que cosecha el sector mayoritario del Partido Revolucionario Dominicano encabezado por Hipólito Mejía y Luis Abinader en las movilizaciones de masas que protagonizan, además de lo que siguen marcando las encuestas, muchos comienzan a discutir cuál sería el papel a jugar por el primero en la Convergencia que gesta junto a una decena de grupos políticos.

En lo inmediato Mejía ha evadido hablar de candidatura presidencial, priorizando la necesidad de construir una fuerza política alternativa que ocupe el espacio de la oposición que la crisis del Partido Revolucionario Dominicano ha dejado vacío, lo que lo coloca en perspectiva de constituirse en un líder unificador.

Un PRD sin perspectivas. Tal como se le ha concebido, la “Convergencia por un Mejor País” representa una alternativa de nueva fuerza política, llamada a encabezar la oposición a la prolongación en el poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), especialmente para la mayoría del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que encabezan Hipólito Mejía y Luis Abinader, conscientes de que la crisis de su partido se prolongará indefinidamente por la imposibilidad de restablecer procedimientos democráticos.

La primera decisión del Tribunal Superior Electoral contra Vargas Maldonado, esta semana, suspendiendo su proceso de elección de dirigentes hasta que entregue el padrón de miembros del partido reclamado por Guido Gómez Mazara, quien lo enfrenta como candidato a presidir el partido, renueva las expectativas de quienes todavía creen en la posibilidad de reunificación del perredeísmo, sobre todo de quienes se aferran al nombre y la mística que han dado vigencia de 7 décadas a ese partido.

Pero al mismo tiempo, hay quienes estiman que esa decisión puede operar como distracción y es indicadora de cuántos incidentes tendrían que ser superados no solo en la renovación dirigencial, sino sobre todo cuando se trate de escoger candidatos. Para un veterano dirigente político como Fafa Taveras es inconcebible competir en un certamen donde el presidente titular del partido y aspirante a mantenerse en el cargo y a la candidatura presidencial ha escogido a sus incondicionales como árbitros y se niegan a entregar el padrón de electores.

Los incidentes se sucederían sin límite de tiempo, manteniendo el desgaste del partido con el rechazo de la población que ha reducido sus simpatías a la mitad del 41 por ciento de los votos que obtuvo hace dos años, aparte del 6 por ciento que aportaron sus aliados. Eso mientras en el PLD una decena de dirigentes se mueven tras la candidatura presidencial, cuatro de ellos en abierta campaña y la mayoría de los senadores lanza la precandidatura del expresidente Leonel Fernández.

Liderazgos aglutinadores. Parece obvio que tanto los perredeístas inconformes con el rumbo de su partido como La Convergencia necesitan liderazgos aglutinadores, que no pueden constituirse solamente sobre la base de precandidatos. Ese trabajo lo vienen haciendo profesionales sin partido, pero tendría que implicar a algunos provenientes del perredeísmo. Es de los mayores desafíos de La Convergencia, dada la dispersión que ha caracterizado no solo a los perredeístas, sino también a los izquierdistas y hasta a la sociedad civil. Quien luce con más posibilidades de encarnar ese liderazgo es Hipólito Mejía, a quien se tiende a subestimar en parte porque él mismo con frecuencia abusa de la espontaneidad y sacrifica la planificación. Su vigencia política está determinada por su capacidad para acercarse a la gente, porque hace reir, porque proyecta bonhomía y por sus extraordinarias energías para la actividad política.

A menudo se olvida que el expresidente registró el 47 por ciento de los votos en la presidencial del 2012, luchando contra un frente de 14 partidos encabezado por el gobernante que utilizó todo el Estado e invirtió cerca de RD$100 mil millones por encima del presupuesto, aparte del caballo de Troya que representó el presidente de su propio partido. Se le echan en cara los errores derivados de su espontaneismo, olvidándose lo que aporta su condición personal.

Como también se le responsabiliza excesivamente de la crisis bancaria que hundió su gestión de Gobierno, tras una primera mitad con buena aprobación que permitió al PRD barrer en la elección legislativa y municipal del 2002, aunque la bomba Baninter estaba armada desde antes de su ascenso al poder. Lo que sí fue un grave error, y él lo ha reconocido, fue la reforma constitucional para buscar una reelección imposible en medio de las graves consecuencias de la crisis financiera.

La mejor inversión de HM. Expulsado del PRD por quienes mantienen secuestrado ese partido, con dos fracasos electorales consecutivos, una precandidatura de Hipólito dividiría el “PRD Mayoritario”, habida cuenta de que Abinader lleva más de un año corriendo, y podría liquidar La Convergencia. Nadie debe dudar que él conseguiría una candidatura de consideración, pero para volver a luchar contra el partido-Estado y ahora sin el nombre y los símbolos del PRD, que con Vargas Maldonado conseguiría restarle muchos más votos que hace dos años.

Próximo a los 75 años, sobre el promedio de vida de los dominicanos, no debería procurarse una tercera derrota que ahora podría ser catastrófica, porque tendría más dificultad para sumar seguidores fuera de los ámbitos perredeístas. Y porque ya no puede sembrar para cosechar votos en un futuro político que entonces no tendría.

Hay indicios y versiones de que Hipólito Mejía y su familia están conscientes de lo adverso que les resultan la circunstancias, pero que él también sabe que podría jugar un papel preponderante liderando una Convergencia llamada a crear nuevas ilusiones políticas en un país desencantado de un partidarismo tan profundamente corrompido, fundado en el clientelismo y el rentismo, en la malversación del patrimonio público y de espalda a los procedimientos democráticos.

Hipólito, que ya fue presidente de la República y otras dos veces candidato, podría dar un ejemplo en un país donde los políticos de su nivel, como el liderazgo en general, no concibe el retiro y cree que tras ellos llega el diluvio. Y si pone todas sus energías al servicio de una “Convergencia por un Mejor País”, con un programa razonable de necesarias reformas económico-sociales y políticas, podría tener un colofón para la historia.

Al no ser candidato, Mejía podría convertirse en líder y árbitro inspirador del proyecto de Convergencia, abriéndolo a todos los sectores que anhelan el rescate de la política. Si de una competencia sana y corta, con igualdad de condiciones para todos los precandidatos, con padrón universal como proponen los propulsores del proyecto, sale un candidato más joven que encarne las aspiraciones y demandas nacionales, por lo menos quedarían como opción alternativa y liquidarían la minoría que secuestra el PRD, lo que hasta permitiría su rescate, dado que han dicho que no renuncian al mismo.

Contrario a lo que algunos creen, nada está definido para el 2016 y el agotamiento de la capacidad de endeudamiento del Estado augura graves dificultades presupuestarias para los próximos años.

Las insatisfacciones crecerán, a pesar del buen desempeño personal del presidente Danilo Medina, quien tiene impedimento constitucional para la reelección, y en su partido soplan vientos de confrontación. Hay espacio para una nueva opción de oposición, aunque esa construcción no parece fácil.

El dilema Hipólito-Abinader

La confusión parece predominar en sectores perredeístas sin un líder que los aglutine, lo que en la historia de ese partido fue decisivo, primero con Juan Bosch y luego con José Francisco Peña Gómez. Las encuestas del último año han indicado un fortalecimiento de Luis Abinader como opción a la candidatura presidencial, por la que trabaja abiertamente, beneficiándose del hecho de que no ha ocurrido lo mismo con Hipólito Mejía, quien comprende que una competencia entre ellos los liquidaría a ambos, por lo menos de cara al 2016, pues aumentaría la dispersión entre los perredeístas y contaminaría el nacimiento de La Convergencia.

Hipólito y Abinader aparecen en las tres últimas encuestas Gallup-HOY liderando las tres cuartas partes de los que se consideran perredeístas, pero en partes casi iguales, con ligera ventaja del segundo. Juntos harían de La Convergencia una real opción alternativa, sobre todo si llegan alentando la unidad, la participación de las minorías, y con un programa de rescate de la democracia y la ética política que tanto escasea en el país.

Si pretenden simplemente apoderarse del proyecto Convergencia y transportar allí una lucha bilateral, le propinarían un golpe mortal y liquidarían la posibilidad de que se convierta en un centro de atracción de la inconformidad nacional, sobre todo en los sectores que aspiran a nuevas formas de hacer política y gobernar. Se apropiarían de una idea que ha tenido como motores a agrupaciones de izquierda como el Frente Amplio y su candidato Fidel Santana y a los independientes aglutinados en Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia. Sería más razonable que crearan un nuevo partido político.

 

Se configura la división definitiva del PRD

Por Juan Bolívar Díaz

Tras el fracaso esta semana de un “último intento de conciliación para celebrar una Convención Nacional democrática”, los sectores dirigenciales mayoritarios del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) anuncian una “ofensiva final” para tratar de recuperar el control de la organización.

Pero con el favor del Tribunal Superior Electoral, Miguel Vargas Maldonado seguirá adelante en un calendario electoral con una Comisión Organizadora parcializada, lo que configuran la división definitiva del más viejo partido nacional que el 21 de este mes cumpliría 75 años de fundado.

La hora de los hornos. A casi tres años de luchas internas que no cesaron ni para las elecciones presidenciales del 2012, cuando obtuvo el 47 por ciento de los votos, el Partido Revolucionario Dominicano parece encaminarse a la división definitiva, ya que en la práctica quedó escindido por las confrontaciones del año pasado, que incluyeron la expulsión de su mayor líder tras la muerte de José Francisco peña Gómez, el expresidente Hipólito Mejía, y su presidente en funciones Andrés Bautista, un violento asalto a la casa nacional y la celebración de dos reuniones paralelas de su Comité Ejecutivo Nacional.

La elección el 16 de diciembre de una Comisión Nacional Organizadora para la Convención que desde el año pasado debió escoger nuevo presidente, ya que el período para el que fue juramentado Miguel Vargas venció el 19 de julio, parece marcar el punto de inflexión en la prolongada crisis, ya que la misma es rechazada por la mayoría de sus dirigentes, constituidos por las corrientes que encabezan Hipólito Mejía, Luis Abinader, Neney Cabrera, los llamados terceristas y el Foro Renovador, que tras unos meses de aparentes divergencias se presentan unificados contra el empresario Vargas.

La designación de una Comisión Organizadora integrada por los más fieles seguidores de Vargas, incluyendo a su presidente Julio Maríñez, ha sido considerada por los demás sectores como nueva evidencia de su propósito de imponerse “contando solo con el favor del Tribunal Superior Electoral que él constituyó junto al expresidente Leonel Fernández”, por lo que lo rechazan como parcializado.

Fracasa “último esfuerzo”. El otro factor que ha decantado la lucha del “todos contra Miguel” ha sido el fracaso esta semana de lo que algunos señalan como “último intento” por alcanzar un entendimiento para restablecer los procedimientos democráticos en el partido blanco, cuando Miguel Vargas volvió a condicionar cualquier tipo de entendimiento a que se le garantice seguir en la presidencia del partido y la candidatura presidencial para el 2016.

Las condiciones se conocieron el jueves al publicarse una carta del 8 de enero, dirigida a Peggy Cabral y Eduardo Jorge Prats, que en representación del presidente del partido se habían reunido con los remitentes Ana María Acevedo, Orlando Jorge Mera, César Cedeño y Deligne Ascensión, a nombre de las corrientes de Mejía y Abinader.

Por lo que se ha informado, los contestatarios del presidente del PRD tomaron la iniciativa de un nuevo intento de conciliación buscando salvar la unidad. Ambos grupos de comisionados se reunieron el 7 de enero y allí se expusieron de forma verbal las condiciones de Vargas: Apoyo para presidente del partido en la Convención Ordinaria y para la candidatura presidencial del 2016, así como “una distribución proporcional de los cargos nacionales del partido de un 40% para el sector de Miguel Vargas, un 40% para el sector de Hipólito Mejía y un 20% para otros sectores”.

Los remitentes de la carta dicen que tras consultar con Mejía y Abinader decidieron mantener la disposición al diálogo para “una solución a la situación interna del partido que sea satisfactoria para toda la familia perredeísta y la democracia dominicana”. Propusieron que los cargos directivos fundamentales del partido sean electos por voto universal y directo de los miembros como establecen los estatutos, y que los reservados a la Asamblea de Delegados sean pactados con las proporciones de 40, 40 y 20%. También proponen que la Comisión Política elija de inmediato, y con la misma proporción, una Comisión Organizadora, que fije la Convención para el 23 de febrero y apruebe el reglamento y el padrón electoral, entre otros asuntos.

No perderán más tiempo. En los últimos meses ha crecido la convicción de que Miguel Vargas y su grupo de ninguna forma auspiciarán un proceso democrático, ni para elegir dirigentes ni candidatos. Guido Gómez Mazara, que es de los que más ha activado por la conciliación en el último año y cabeza junto a Tony Peña Guaba, Eligio Linares y otros de los llamados terceristas, es de los que cree que “ya no podemos perder más tiempo”.

Los terceristas incluso se alejaron de Hipólito Mejía cuando en agosto pasado propusieron una Comisión Organizadora de la Convención eleccionaria concediendo a Vargas la designación de 9 de 15 integrantes, sin previamente revocar las expulsiones y suspensiones. Estaban convencidos de que ni con esa ventaja el ingeniero y empresario podría ganar una convención, “pues las encuestas entre los perredeístas no le otorgan más del 10 por ciento, incluyendo la Gallup-HOY de abril 2013”.

Pero los terceristas, que llegaron a reunirse con el mismo Vargas, se han quedado esperando una respuesta y el intento parece haber fracasado como todos los anteriores que involucraron comisiones como la de los doctores José J. Puello y César Mella y el periodista Homero Figueroa. En varias ocasiones los contestatarios promovieron la mediación de figuras de la Iglesia Católica, que llegaron a aceptar si todos lo pedían, pero nunca Vargas formalizó una respuesta.

Desde mediados de semana, los sectores que reclaman democracia interna comenzaron a hablar de una ofensiva final para forzar a Vargas, que incluiría fuertes denuncias sobre sus vínculos con el expresidente Leonel Fernández, cuya campaña para la candidatura presidencial del partido gobernante ha sido iniciada por sus allegados. Al presidente del PRD le atribuyen un entendimiento político y de negocios con el exmandatario, desde el pacto por la reforma constitucional que ambos firmaron en el 2009, y que pasó incluso por la campaña electoral, en la que el presidente del partido blanco se negó a promover su candidatura presidencial.

La división luce inevitable. A casi tres años que se inició la última confrontación interna en el PRD, cuando en marzo del 2011 Hipólito Mejía ganó la nominación presidencial 53.4% a 46.5%, lo que el derrotado Miguel Vargas atribuyó a “300 mil votos de peledeístas”, en ese partido, como en la sociedad dominicana, hay un sobre cansancio de la situación y cada vez son más reducidas las esperanzas de que pueda ser superada.

Convencidos de que Vargas mantendrá el secuestro no solo de la casa nacional, privativa de sus partidarios, sino también de los organismos y de la presidencia del partido, son más frecuentes los dirigentes que entienden el planteamiento de hace un año del doctor Hugo Tolentino, de que si no hay forma de hacer valer la democracia en ese partido, deben formar otro. El asunto lo retomó a fin del 2013 Ramón Alburquerque, expresidente de la organización.

Otros como Jorge Mera dicen que se morirán en ese partido, porque están en el mismo desde niños. Pero en general va tomando cuerpo la resignación de que si el partido está secuestrado, tienen que buscarse alternativas, como la de forjar uno nuevo o plantearse una conjunción de fuerzas para enfrentar la vuelta de Fernández, lo que ya se propone lanzar el “Frente Amplio” de izquierda que encabeza Fidel Santana.

Alburquerque no descarta la posibilidad de recuperar posteriormente el PRD, derrotando a Vargas con una conjunción de fuerzas de oposición. Pero otros entienden que para eso primero tienen que arrinconarlo lo más posible y demostrarle a los perredeístas que “con él solo no ganan ni un senador ni la alcaldía de un municipio importante”.

Habrá que esperar a ver la estrategia definitiva de los que han decidido el “todos contra Miguel” y sobre todo si son capaces de guardar coherencia y firmeza, de vencer la apatía y el cansancio que cunde en niveles importantes dentrp de ese partido y mostrar suficiente amplitud para ganar adeptos fuera de los muros perredeístas.

 El último año de la agonía del PRD

14 de enero 2013:
Consejo disciplinario de parciales de Miguel Vargas expulsa del PRD a Hipólito Mejía y Andrés Bautista, y suspende a Geanilda Vásquez y Jorge Mera.
27 de enero:
Seguidores de Mejía y otros sectores asaltan la casa nacional del PRD para impedir reunión de dirigentes convocada por Vargas. Destrozos y heridos.
3 de mayo:
Mejía y Vargas Maldonado conversan durante 30 minutos en casa de José M. Soto Jiménez.
4 de junio:
Vargas y Mejía se reúnen por última vez. El primero dice que consiguió la presidencia del partido y la próxima candidatura presidencial. El otro lo niega.
16 de julio:
Tribunal Electoral dice no pudo comparar listados de miembros del CEN y avala el de Vargas que según sus oponentes excluye a 629 miembros e incluye a 300.
19 de julio:
Vence el período de 4 años para el que en el 2009 fue electo y juramentado Miguel Vargas como presidente del PRD.
1 de agosto:
Se celebran dos reuniones paralelas del Comité Ejecutivo. La de Vargas designa a Peggy Cabral y Junior Santos en sustitución de Geanilda y Jorge Mera.
30 de agosto:
“Sector tercerista” propone a Vargas elegir una comisión organizadora de una Convención unitaria” de 15 miembros, dejándole designar a 9. No hay respuesta.
16 de Diciembre:
Reunión sorpresa de una parte de la Comisión Política del PRD, designa la Comisión Organizadora y calendario de la Convención Nacional.
20 de Diciembre:
Tras reunión de la Comisión Consultiva del PRD que preside, Enmanuel Esquea proclama que “se acabó la tolerancia con Miguel Vargas”. Rechazan la Comisión Organizadora de la Convención.
8 de Enero del 2014:
Fracasa último intento de conciliación. Rechazan conceder a Miguel Vargas presidencia del PRD y candidatura presidencial del 2016.
10 de Enero del 2014:
Abogados encabezados por Enmanuel Esquea vuelven al Tribunal Electoral pidiendo anular reuniones y decisiones del CEN de Miguel Vargas.

 

2013: desmadre político y esfuerzo del Gobierno

Por Juan Bolívar Díaz

El año se salva por el esfuerzo por mejorar la gestión gubernamental, pero la política alcanzó niveles escandalosos con crisis en los partidos e inicio de campaña electoral en medio de un ambiente recesivo

El 2013 registró un deterioro del partidismo político, especialmente en la oposición perredeísta, con el país en camino a un régimen unipartidista que ha lanzado al partido gobernante a una precipitada campaña electoral cuando apenas se cumplía el primer año de la gestión del presidente Danilo Medina.

En medio de precariedades judiciales e institucionales resalta el esfuerzo por mejorar la prioridad y calidad del gasto y una gestión gubernamental más cercana a la población que logró reducir el enorme déficit fiscal heredado, pero a costa de una recesión económica y creciente endeudamiento.

Régimen unipartidista. Tal como advirtió en noviembre el Centro de Estudios Estratégicos de Washington, la República Dominicana pareció encaminarse este año que concluye a un régimen unipartidista, con el acentuado deterioro de la principal organización de oposición, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), víctima de su progresivo debilitamiento institucional.

El PRD permanece secuestrado por una minoría encarnada en un presidente, Miguel Vargas Maldonado, favorecido sin el menor rubor por las cortes que éste y el expresidente Leonel Fernández integraron tras el pacto político que suscribieron a título personal en 2009 para dar paso a la Constitución de 2010. El período de Vargas como presidente del partido blanco concluyó en julio, pese a lo cual la Junta Central Electoral ha seguido entregándole más de 18 millones de pesos mensuales del presupuesto de la nación, que son manejados sin la menor rendición de cuentas.

El PRD aparece frizado, encadenado, habiendo perdido la vitalidad de sus organismos de base y sectoriales, sin poder reunir sus máximos órganos de dirección y fraccionado de manera inexorable, lo que deja al país sin equilibrio político, más notable por la concentración de poderes en el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Es relevante que la mayoría perredeísta ha sido incapaz de hacer valer su fuerza para recuperar el control partidario, lo que se explica en el cansancio de una dirigencia que no se ha renovado oportunamente y da señales de agotamiento, inmersa también en el salvaje pragmatismo político que afecta al sistema partidista dominicano.

Sin la Ley de Partidos. Concluye otro año sin que el Congreso Nacional, bajo control peledeísta, conociera el proyecto de Ley de Partidos Políticos que se viene discutiendo y consensuando desde hace 15 años y que tampoco aprobaron los perredeístas cuando controlaron el Poder Legislativo entre 1998 y el 2006. El proyecto pretendería garantizar la democracia interna y la transparencia financiera en los partidos, así como establecer pautas regulatorias de las campañas electorales internas y nacionales, así como para evitar y sancionar los abusos de los recursos provenientes de actividades ilícitas, incluyendo el desvío de fondos estatales.

El proyecto de Ley de Partidos ha sido objeto de varios consensos entre representantes de los partidos y la sociedad civil y ha sido presentado una decena de veces a través de ambas cámaras legislativas. El Congreso tampoco ha dado paso al proyecto de Ley Orgánica Electoral que le sometió en el 2011 la Junta Central Electoral y que debe adaptar el régimen electoral a la Constitución promulgada en el 2010.

La agenda legislativa persistió en dejar pendientes otros proyectos vitales como el que integraría una nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, fundamental para enfrentar la agobiante inseguridad ciudadana, y el de una nueva ley para hacer efectiva la declaración jurada de bienes.

La crisis política es de tal dimensión que ni los escasos legisladores de oposición tomaron iniciativas significativas para renovar la agenda legislativa, dependiente absolutamente del partido gobernante. Solo el pequeño Partido Alianza País, presidido por Guillermo Moreno, asomó reclamando sanción a la corrupción, en intentos vanos, dada la falta de independencia del Ministerio Público y “las cortes de Leonel y Miguel”, una de las cuales dictaminó el escándalo internacional que despoja de la nacionalidad a decenas de miles de descendientes de extranjeros, en su mayoría haitianos.

Mejora la gestión pública. En términos políticos el 2013 se salva por el esfuerzo del presidente Danilo Medina en una gestión más escrupulosa, con prioridades en el gasto público, especialmente interesada en cumplir la ley que destina el 4 por ciento del producto interno bruto a la educación básica, y aunque factores fuera de control han impedido que se alcance la meta, la sociedad ha acreditado el esfuerzo.

En su evaluación de fin de año el movimiento Participación Ciudadana reconoció un avance en la transparencia en las contrataciones públicas, aunque sin combatir la corrupción ni establecer la cuenta única del tesoro y otras de las iniciativas participativas anticorrupción. Los avances tampoco han alcanzado a reducir el dispendio en las nóminas públicas ni el reparto de organismos estatales, especialmente autónomos donde el patrimonio público se convierte en particular.

El actual mandatario ha completado el primer tercio de su período, manteniendo un significativo acercamiento a la población, con austeridad en su equipo fundamental, poniendo atención a los pequeños y medianos productores. Su reivindicación de una mayor participación en los beneficios de la explotación de oro y plata por la Barrick contribuyó significativamente este año a la buena valoración que ha mantenido el presidente Medina.

Sin cambios importantes en el equipo gubernamental, el esfuerzo del mandatario parece contentarse con una diferenciación personal con su antecesor, obviando conflictos al interior de su partido, lo que va dejando espacio suficiente para que el expresidente Fernández reconstituya sus fuerzas con miras a un retorno al poder en el 2016.

Ambiente recesivo. Restringiendo el gasto para reducir el enorme hoyo fiscal que heredó y con las consecuencias de una reforma tributaria implementada este año, el Gobierno de Medina enfrentó en gran parte del año lo que el Centro Regional de Estrategias Económicas ha denominado “ambiente recesivo”. Gracias a un fuerte incremento del gasto en la segunda mitad del año, la economía terminará creciendo un 3%, insuficiente para reducir el desempleo, sobre todo al no haber reactivado el sector industrial, salvándose por el incremento de las exportaciones mineras.

El Gobierno puede reivindicar una tasa baja de inflación, alrededor del 5%, con devaluación del 7 por ciento, pero no así la carga del endeudamiento que para el próximo año compromete el 45 por ciento de los ingresos regulares.

El Banco Central situó el total de la deuda sobre 27 mil millones de dólares, aunque economistas independientes la consolidan por encima de los 30 mil millones de dólares, acercándose al 50% del producto bruto interno (PBI).

El año concluye sin que el Gobierno se haya abocado a dar curso a los pactos fiscal y eléctrico contemplados en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, aunque concentrándose en invertir en plantas generadoras de electricidad a base de carbón. Se le da crédito por haber iniciado las gestiones para el pacto por la calidad de la educación.

Auténticos “come solos”
Tras haberse engullido hace varios años al otrora poderoso partido de Joaquín Balaguer, el Reformista Social Cristiano, que al igual que otra docena de aliados del Gobierno disfruta de parcelas del Estado que son manejadas como auténticos patrimonios grupales, el PLD se ha ido convirtiendo en un auténtico “come solo” en la política y el ejercicio del poder. Por eso a principios de año su presidente Leonel Fernández proclamó que gobernarían otros 20 años, pero ya en diciembre lo extendió a 31 años más, hasta el 2044 para el bicentenario de la independencia nacional.

Como no tiene oposición, el PLD se lanzó este año a una desenfrenada carrera por la sucesión del presidente Medina, cuando este apenas agotaba su primer año de Gobierno. El propio Fernández proclamó en agosto que “el león” saldría a las calles y desde entonces sus más cercanos partidarios y financiadores se han lanzado a las provincias a crear movimientos de apoyo, especialmente a través de senadores y diputados que le deben cargos y riquezas al expresidente.

Esa circunstancia determinó que otros dirigentes peledeístas, como el secretario general Reinaldo Pared Pérez y los ministros Temístocles Montás y Francisco Javier García se lanzaran abiertamente en campaña, llenando calles y carreteras de propaganda política cuando todavía faltaban tres años para las elecciones.

Por otro lado, la decisión de aumentar en unos 140 los miembros del Comité Central del PLD y otra decena en su Comité Político, ha desatado otra campaña con un millar de aspirantes a esos puestos que se promueven por los más diversos medios de comunicación. El desmadre es visto como normal por los órganos que deberían regir las campañas electorales y los máximos responsables del Gobierno, sin que nadie pregunte o explique el origen de tanto recurso para promoción personal.

 

Hay que mantener el voto preferencial

Por Juan Bolívar Díaz

El Senado debe seguir la pauta trazada por los diputados que en septiembre aprobaron un proyecto de ley ratificando la institución democrática del voto preferencial que la Junta Central Electoral (JCE) propuso eliminar lo que aumentaría el poder de las cúpulas partidarias y reduciría la independencia del Poder Legislativo.

En vez de restringir el derecho a elegir y ser electo, debería ser ampliado separando la elección de los diputados de los senadores y de los regidores de los alcaldes concomitantemente con una ley que fortalezca la democracia interna de los partidos y evite la imposición del dinero sobre la voluntad democrática.

Proyecto congelado. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de una ley que ratifica el voto preferencial que rigió en las tres últimas elecciones legislativas, el 11 de septiembre pasado, las cúpulas de los partidos dominantes hacen esfuerzo por evitar su ratificación por parte del Senado de la República.

Tanto el doctor Leonel Fernández como el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), se han manifestado públicamente contra el voto preferencial. El primero tiene notable influencia sobre gran parte de los 31 senadores de su partido. El otro es el reformista Amable Aristy Castro, mientras el PRD no tiene representación en esa cámara. Fernández y Vargas prefieren las listas cerradas con las que aumentan los poderes de quienes inscriben las candidaturas, al reservarse el orden en que aparecen los diputados, garantizando la elección a los primeros.

Entre los diputados, que favorecieron el proyecto abrumadoramente al aprobarlo en dos lecturas consecutivas con votación de131 a 11 y 121 a 14, se teme que los senadores atiendan la opinión de las cúpulas. Uno de los argumentos para bloquear la pieza ha sido que esa materia debe incluirse en la Ley de Partidos que se viene debatiendo desde 1998 y que ha ingresado infructíferamente una decena de veces a la agenda legislativa.

Como los actuales diputados fueron electos por el voto preferencial, y la mayoría prefiere mantener un sistema de elección que les garantizó su escogencia, lo que muchos, sobre todo los más independientes, creen que no hubiese ocurrido de haber dependido del orden de colocación en las boletas, como establecía el sistema tradicional. Distinto es el caso de los senadores, ya que muchos de ellos fueron señalados por la dirección partidaria.

Principales objeciones. En octubre del 2010, tras la última elección congresual y municipal, separadas de la presidencial, mediante su resolución 74-20l0, la JCE dejó sin efecto su resolución 05 del 2001 que había instituido el voto preferencial como resultado de un amplio consenso político-social que implicó la Reforma de la Ley Electoral 275-97, aprobada en diciembre del 2001. El órgano de administración electoral consideró que “no había tiempo” para implementarla en los comicios del 2002 por lo que se dejó para el 2004, y evadió aplicarlo para los regidores, como se había aprobado.

La eliminación del voto preferencial no fue fruto del consenso como su instauración, pero la mayoría de la JCE recogió las objeciones que le venían haciendo los líderes políticos, agregándole el hecho de que resulta más trabajoso el cómputo y que muchos gerentes de los colegios electorales no lograron cuadrar los resultados del escrutinio, evidenciándose las carencias matemáticas de los dominicanos.

Las mayores objeciones han sido que el voto preferencial origina competencias y divisiones al interior de los partidos, y favorece a los candidatos con mayor poder económico que sacan ventajas de la publicidad y arrancan con más anticipación, y encarece las campañas de los partidos. También que el preferencial impide garantizar la cuota femenina y la de los aliados.

En el 2010 tras la última elección congresual, la Cámara Contenciosa de la JCE fue apoderada de una treintena de impugnaciones por candidatos a diputados de los mismos partidos, incluyendo la repetida denuncia de que algunos “invertían” en delegados a las mesas para obtener votos fraudulentos.

Esencia de la democracia. La esencia de la democracia es que el elector tenga oportunidad de elegir directamente, no a través de listados cerrados determinados a conveniencia de los líderes partidarios. El preferencial se instauró junto a las circunscripciones en la reforma a la ley electoral de 1997. Su artículo 79 expresa su esencia democrática: “Las elecciones nacionales para elegir diputados y regidores se harán mediante circunscripciones electorales con el objeto de garantizar que los ciudadanos que resulten electos en las elecciones generales del año 2002 y subsiguientes sean una verdadera representación del sector de los habitantes que los elijan”.

Se dejó en manos de la JCE reglamentar el voto por circunscripciones y preferencial y se mantuvo el arrastre del senador por la elección de los diputados. Desde entonces las organizaciones sociales abogaron porque tanto la boleta legislativa como la municipal permitieran al elector votar separadamente por el senador y los diputados como por el síndico, ahora alcalde, y los regidores, lo que sería más democrático.

Al no depender del lugar en que los coloquen en las boletas, tanto los diputados como los regidores tendrían más posibilidades de independencia, de ser más fieles a sus electores que a las directrices de un sistema partidario donde no predominan las ideologías ni los proyectos de bien común.

Ahora que las elecciones congresuales y municipales volverán a realizarse en el mismo año que las presidenciales, con pocas semanas de diferencia, sería más democrático mantener el voto preferencial al menos para los diputados a fin de reducir los efectos del arrastre del voto por los candidatos a la presidencia y dejar un mayor margen de independencia a la cámara baja.

Falta reglamentación. Es cierto que tal como ha operado en el país el voto preferencial genera efectos secundarios no deseados, como los antes señalados. Pero todos se pueden controlar mediante reglamentación, que es lo que no quieren los líderes políticos. Tienen razón también en considerar que esa materia debe ser parte de la ley de partidos, pero ésta no acaba de ser aprobada. El primer proyecto de Ley de Partidos fue fruto de un amplio consenso entre líderes políticos y sociales en el marco de la Comisión para Reforma y Modernización del Estado en el primer gobierno del doctor Fernández Reyna (l996-00), a quien le fue entregado en 1999.

Durante el gobierno perredeísta de Hipólito Mejía (2000-04), esa Comisión, rebautizada como Consejo Nacional para Reforma del Estado, volvió a consensuar la ley de partidos. El PRD mantuvo mayoría en las cámaras legislativas hasta el 2006, desde cuando la tiene el PLD, pero ninguno ha aprobado la ley, aunque ha sido objeto del pacto del 2005 entre Leonel Fernández y Vargas Maldonado, y de un compromiso firmado en la campaña electoral del 2012 que prometía aprobarla en seis meses.

Para garantizar un buen desempeño del voto preferencial sería preciso limitar el tiempo de campañas y la inversión, que los candidatos a diputados no puedan promoverse individualmente en la prensa, radio y televisión, sino directamente y sólo en su circunscripción.

No es cierto que la eliminación del voto preferencial reduzca el clientelismo ni las marrullerías al interior de los partidos. Del mismo se llegó a registrar más de una lista por partido, porque había un tráfico de influencia por los primeros lugares. La eliminación de los barrilitos y cofrecitos sería también esencial para garantizar igualdad democrática, más ahora cuando los actuales legisladores habrán estado seis años recibiendo financiamiento para promoverse, en detrimento de quienes se presenten como alternativa.

Retroceden las reformas

El voto preferencial fue parte del proceso de reformas políticas e institucionales con que avanzó la nación en los años noventa hasta el 2002, cuando el PRD y Mejía anularon la prohibición de la reelección presidencial establecida en la Constitución de 1994 para reducir los abusos del patrimonio público en aras del continuismo.

La reforma constitucional del 94 también incluyó la separación de las elecciones, el voto de los residentes en el exterior, la doble nacionalidad y la mayoría del 50 por ciento para elegir al presidente.

La reforma de la ley electoral incluyó la cuota mínima del 33 por ciento de las postulaciones para la mujer, y el financiamiento estatal a los partidos políticos y las consultas de la JCE a los partidos como elemento necesario para sus decisiones.

Hubo un largo proceso de seminarios y consultas entre los sectores políticos y sociales, donde se fraguaron las reformas políticas, como también las sociales, incluyendo el código laboral y la ley de seguridad social. Varias de esas reformas han sido revocadas y algunas, como las de partido y participación social, no se han materializado, por clara resistencia del liderazgo político que ha impuesto un pragmatismo salvaje con el clientelismo, la manipulación electoral y la corrupción.

 

Los perredeístas se aferran a una difícil reunificación

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque quedó sellada la división con la constitución de dos comités ejecutivos esta semana, dirigentes de ambos sectores en conflicto se aferran a la posibilidad de un entendimiento que rescate la unidad del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), conscientes de que separados van al ostracismo político.

La persistencia en mantener las expulsiones y suspensiones de cuatro dirigentes, encabezados por el  expresidente Hipólito Mejia, abortó un proyecto de acuerdo que iniciaría el proceso de convención para elegir nuevos dirigentes en el cual se daría mayoría al sector de Miguel Vargas Maldonado en la Comisión Organizadora.

  Un regalo envenenado.  Los contactos para evitar la división definitiva del PRD se iniciaron una semana antes de constituirse los dos comités ejecutivos que ahora se disputan la representación de la organización. Según lo que se ha podido establecer, esta vez partieron del sector que lidera Miguel Vargas Maldonado. Los primeros contactos los realizó el profesor Aníbal García Duvergé y luego el general retirado Miguel Soto Jiménez.

Escogieron como interlocutores a integrantes de la “Tercera Fuerza”, que tiene como principal figura a Luis Abinader, a través de Guido Gómez Mazara, Tony Peña Guaba, Neney Cabrera, y Eligio Jáquez. Dicen que García Duvergé expresaba preocupación por la división del partido. Los terceristas mostraron disposición a la búsqueda de una fórmula que auspiciara la reunificación.

La primera propuesta fue llevar a Gómez Mazara de secretario general, lo que ya había sido formulado públicamente hace dos semanas por un columnista del Listín Diario y funcionario diplomático. A Peña Guaba le ofrecieron la secretaría de Organización. En ambos casos a ser presentados y electos en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que convocaría Vargas.

Gómez Mazara rechazó “muy cortésmente” la propuesta, consciente de que implicaba un intento de dividir a los terceristas de los otros sectores perredeístas adversarios de Vargas. Lo mismo hizo luego Peña Guaba, pero ambos insistieron en que  podían proseguir explorando caminos de entendimiento. Las fuentes aseguran que en una segunda etapa Peña rehusó también la secretaría general.

Luis Abinader dijo el viernes en un comunicado que se mantuvo al tanto de las conversaciones, y autorizó a Peña Guaba a representarlo, coherente con su posición de favorecer cualquier esfuerzo “para lograr un acuerdo entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas”, pero que nunca se reunió con Vargas Maldonado como le atribuyeron a éste.  Enteró al expresidente Mejía de los contactos y éste también los favoreció.

La fórmula fracasada.   En conversaciones de varios días se concretó una fórmula de seis puntos presentada el miércoles 31 de agosto: Convención Nacional para elegir nuevos dirigentes del partido el 23 de febrero del 2014; elección de una Comisión Nacional Organizadora integrada por 15 miembros, de los cuales 9 serían del sector Vargas y 6 de Mejía y los terceristas; a más tardar el 30 de noviembre quedaría establecido el padrón nacional de militantes electores; que las próximas autoridades serían las responsables de organizar posteriormente la convención para elegir los candidatos a las elecciones generales del 2016; y que las expulsiones y suspensiones se podrían revisar en una segunda etapa. Llegaron a contactar a Monseñor Agripino Núñez para que obrara de mediador. Vargas pidió que llamaran al Cardenal López Rodríguez.

Entre los terceristas predominaba la disposición a aceptar los términos propuestos en su mayoría por el sector de Vargas, entendiendo que la Comisión Organizadora asumiría la dirección del partido, “como es tradicional y dado que el período de elección del presidente ya venció”,  pero no lograron especificarlo en el proyecto de acuerdo y el otro sector insistía en que el período de Vargas concluye en febrero, aunque en realidad fue juramentado por cuatro años el 19 de julio del 2009.

A media tarde del miércoles, en víspera de las dos convocatorias del CEN, se reunieron de urgencia los contradictores de Vargas. Abinader llevó la propuesta, ante la cual Hipólito Mejía respondió que “no seré obstáculo” pero no pueden contar con mi participación”. El rechazo fue absoluto de parte del otro expulsado, el expresidente en funciones del PRD, Andrés Bautista, y de los suspendidos el exsecretario general Orlando Jorge Mera y la exsecretaria de Organización Geanilda Vásquez, aunque esta  dijo que ella estaría dispuesta hasta a renunciar posteriormente, pero no podía aceptar un acuerdo que la mantuviera como expulsada.

El rechazo más enérgico fue expresado por Enmanuel Esquea, quien dijo que sería “una claudicación y una indignidad”, originando un incidente con Peña Guaba, quien se consideró ofendido. Milagros Ortiz Bosch, Fello Suberví y otros se sumaron al rechazo. Abinader precisó, en su comunicado, que el intento fracasó “porque los representantes del sector mayoritario del PRD no estuvieron de acuerdo con aceptar las expulsiones dispuestas por el grupo de Vargas”.

¡Acuerdo con exclusiones?  Los terceristas que acogían la propuesta de Vargas están convencidos de que este no tiene la menor fuerza partidaria para ganar una convención (hablan de 8 y 10 por ciento lo más aduciendo encuestas) aunque controlen la Comisión Organizadora, lo que implica una subestimación de la ventaja del 9 a 6 para imponerse en el proceso, y más aún contando con la última instancia  de las cortes electorales fruto del pacto de Vargas con el expresidente Leonel Fernández.

Si bien ese optimismo podría ser discutible, luce imposible un acuerdo que mantenga las expulsiones y suspensiones. Y como dijo Esquea, parecería hasta indigno y claudicante. Con el agravante de que fortalecería el sector de Vargas y le daría impulso para otras imposiciones, o para entorpecer  el proceso y prolongar la agonía elevando su costo político y al final dejándolos sin tiempo para levantar otra opción.  Hasta fuera del PRD es difícil de concebir un acuerdo duradero y que rescate la democracia interna manteniendo expulsados y suspendidos por un tribunal parcial al expresidente de la República y último candidato presidencial que sacó 47 por ciento de los votos batallando contra todo el poder del Estado y la disensión interna, y a los tres mayores dirigentes del partido después de Vargas: Bautista, Jorge Mera y Geanilda Vásquez.

A menos que los expulsados y suspendidos fueran masoquistas, la fórmula era inviable y su sola consideración por los terceristas, tendía a debilitarlos, a separarlos de Mejía y a fortalecer las imposiciones de Vargas quien subordina todo acuerdo a que le den la próxima candidatura presidencial. Este no consiguió la separación con el rechazo de Guido Gómez y Peña Guaba a aceptarle dos cargos directivos importantes, pero sembró cizañas entre sus contradictores, anotándose un triunfo parcial.

Abinader, quien parece avanzar entre los perredeístas cansados de la  confrontación, “reiteró su posición” de que “estoy y estaré siempre en contra de la expulsión de Hipólito Mejía y de los otros dirigentes meritorios del partido”, pero también cree que la solución de la crisis pasa por “la celebración de una convención democrática, una sola convención en que participen todos los perredeístas”. Eso es imposible manteniendo expulsiones y suspensiones unilaterales que son esencia de la crisis que se busca superar. Es obvio que el deseo de mantener la unidad partidaria es fuerte en los terceristas, pero el sector de Vargas oferta poco al altar del entendimiento.

Divididos pero aferrados al PRD.  El primero de agosto marcó la división formal del PRD, la más significativa tras la renuncia del profesor Juan Bosch y la fundación del Partido de la Liberación Dominicana en 1973.  Pero aquella vez la franquicia quedó en manos de un líder de la dimensión de José Francisco Peña Gómez, que fue capaz de mantener la mayoría.

Aunque se eligieron dos comités ejecutivos paralelos, nadie tiene duda que el Tribunal Superior Electoral, donde Vargas Maldonado tiene representación y aliados, seguirá como hasta ahora dictaminando a su favor, como hizo y reiteró recientemente al negarse a contactar 600 exclusiones en el listado de miembros del CEN perredeísta.

Eso determina que sus contradictores estén más dispuestos a pactar algún entendimiento, y probablemente persistirán intentando salvar la unidad del partido luchando desde dentro. Pero corren el riesgo de dividir sus fuerzas, por lo cual las expulsiones y suspensiones seguirán siendo punto crítico.  Su preocupación obedece a la voluntad de la mayoría de los perredeístas que rechazan la división, pero tropiezan  con los sectores que buscan negocio económico y político con el desguañangue de uno de los partidos fundamentales del sistema político, el más votado en la última elección.

Pero en ambos sectores hay quienes saben que separados no alcanzarán más que algunos diputados y regidores en la próxima elección. Vargas contaría con la franquicia PRD, pero partiría de una minoría claramente indicada en las encuestas, que tuvo que apelar al Gobierno para que la fuerza pública le garantizara celebrar la reunión de su CEN, y que mantiene una casa nacional sitiada por hombres armados, mientras el otro sector sesionaba sin protección.

Para cualquier observador era fácil contactar que una gran mayoría de los dirigentes nacionales del PRD y de los militantes conocidos estuvo en la reunión del CEN convocado por los expulsados y suspendidos, pero quienes han sido ineficientes en hacer valer su fuerza en términos políticos.

La fuerza de Vargas sigue radicando en las cortes, pero si sus contradictores resisten, la división será profunda y le será difícil salir adelante y reconstituir una instancia política en capacidad de hacer efectiva oposición y disputar el poder al continuismo peledeísta. La prolongación de la lucha ya satura el cansancio nacional frente a sus carencias. Tiene otra ventaja: es mandante único frente a múltiples cabezas.

Los intentos de revertir la división iniciada en la convención del 2011 siguen y seguirán, pero cada vez con menos perspectivas porque no hay clara intención de dar paso a la expresión democrática, por ejemplo constituyendo  una Comisión Nacional Organizadora de la Convención equilibrada con dirigentes razonables o de consenso.-