Traumas del alma dominicana

Por Juan Bolívar Díaz
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Los estudiosos de la cultura y el comportamiento psicosocial deberían insistir en desentrañar más a fondo los traumas y atavismos que atan el alma de los dominicanos y que les impiden desplegar las energías necesarias para desarrollarse como nación y crear mejores condiciones de vida para todos. Porque hay carencias y actitudes que resultan inconcebibles y que se repiten a lo largo de nuestra historia.

Entre los mayores atavismos que deberá superar esta sociedad están la disposición a aceptar la imposición, la violencia, el autoritarismo, el despojo y hasta el crimen como sinónimo de autoridad, a pesar de todos los códigos  que hemos adoptado, y la propensión a un caudillo dominante que imponga el orden que no podemos lograr aunque aceptemos teóricamente los preceptos democráticos y los derechos inalienables.

A esa subordinación ante lo despótico y el autoritarismo más rampante ha contribuido uno de los orígenes religiosos más atrasados, que durante siglos despreció no solo las reformas, sino que ha persistido en una interpretación verticalista del cristianismo, que en teoría predica la democracia, pero la niega firme y persistentemente en sus propias estructuras.

La Iglesia Católica, a la que se adscribe la mayoría de los dominicanos, aunque muy circunstancial y superficialmente, cultiva y vende una cultura de subordinación, como si el Jesús de Galilea preferiría la autocracia y la imposición si viniese al mundo de hoy. Sus discípulos originales establecieron una iglesia verticalista porque en su época ni asomaban los conceptos democráticos y participativos, pese a que fue la doctrina de su maestro la que sentó las primeras bases.

La imposición de la cruz mediante la espada del conquistador tuvo su mayor expresión en esta isla, donde en cuatro o cinco décadas fue exterminada la población aborigen, pese a lo pacifista y resignada que fue. Una corriente “doctrinal” nos indujo a venerar la Virgen de las Mercedes dizque porque ella apareció en el “Santo Cerro” de La Vega, en defensa del codicioso y exterminador conquistador, al extremo de que “devolvía a los mismos indios”, las flechas que estos disparaban a los invasores en defensa de sus vidas y propiedades. Todavía nuestra Constitución establece el Día de las Mercedes como fiesta nacional inamovible.

La historia nacional es un solo rosario de caudillos, desplazados por breves períodos cuando las carencias culturales impuestas y sostenidas nos han impedido imponer el imperio de la Constitución, de las leyes y de los principios de convivencia. Entonces caemos en la garata y la algarabía, dando justificativos para que se siga predicando la necesidad de hombres fuertes que piensen y actúen por todos, sin la menor transparencia, mediante el engaño y la mentira, subordinando las instituciones y destruyendo las organizaciones para perpetuarse en el poder.

Por eso a las pocas semanas de fundada la República el padre de la patria tuvo que huir del país, donde jamás pudo vivir, y varios de sus compañeros fundadores fueron fusilados. Meses después Pedro Santana envió a San Cristóbal sus macheteros para imponer su reelección en la primera Constitución. Santana,  Báez y Lilís se impusieron durante la segunda mitad del siglo 19. Y el 20 fue de Horacio, de la intervención americana, de Trujillo, Balaguer y el 21 es ahora de Leonel, cuyo pronto retorno ya se perfila, aunque dejara desguañangada la economía nacional.

Por contraposición al caudillismo, es aleccionador que los dos mayores civilistas de la historia gubernamental dominicana, Ulises Francisco Espaillat y Juan Bosch, solo pudieran gobernar durante siete meses, uno en el siglo 19 y el otro en el 20.

Nuestros siete grandes caudillos, que han gobernado dos tercios de la historia de la República han sido grandes sembradores de infraestructuras, pero negadores de la educación, que es el ascensor que nos permitirá superar tan ignominiosos niveles de subordinación. Ojalá que el presidente Danilo Medina, quien no tiene facha caudillista, comprenda que con las arcas vacías que le dejó el caudillo de turno no podrá adscribirse a los sembradores de cemento y persista en la educación para ver si comienza la transformación del alma dominicana.

 

Una casta de privilegiados

Por Juan Bolívar Díaz
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El escándalo generado por la pensión de 651 mil pesos mensuales otorgada al superintendente nacional de bancos Haivanjoe Ng  Cortiñas y el firme rechazo social que lo obligó a dejarla sin efecto, contienen múltiples lecciones y lecturas que debemos ponderar, ya que no se trata de un asunto individual, ni limitado a las pensiones, sino que se origina en salarios desproporcionados  que vienen constituyendo toda una casta de privilegiados en los organismos del Estado.

Hay que celebrar que la opinión pública y legisladores del mismo partido del beneficiario hayan rechazado firmemente la desproporción. Incluso es posible que las más altas instancias del gobierno hayan intervenido para persuadir a Cortiñas a apagar un fuego que cuestionaba los propósitos de austeridad y equidad sostenidos por el presidente Danilo Medina, ya que el superintendente habría estado en el Palacio Nacional horas antes de renunciar a la pensión.

Si Cortiñas logró una pensión de 651 mil pesos, más irritante porque sólo tiene 53 años y asumía la Contraloría General de la República, es porque tenía un salario desproporcionado, nominalmente de 899 mil pesos, sin los beneficios adicionales de gastos de representación, bonificaciones, vehículos, combustibles, choferes, vigilantes y otras cargas. Ese sueldo equivale a lo que reciben 175 empleados públicos de salario mínimo de 5 mil 117 pesos y la lujosa pensión representa lo que se paga a 127 pensionados del Estado. Hay que anotar que el 87 por ciento de los 152 mil 862 pensionados del Estado recibe el mínimo de 5 mil 117 pesos mensuales. Y que miles de maestros, cañeros, etc. esperan la asignación.

La prueba de que no es un asunto individual es que otros 16  funcionarios de la misma Superintendencia también fueron pensionados en agosto pasado con sumas por encima de los 100 mil pesos, incluyendo a dos con 437 mil y 413 mil pesos.

Los privilegios salariales se han extendido por las entidades autónomas y descentralizadas del Estado, dejando chiquitos los sueldos de 75 mil, 200 mil y 300 mil pesos que ganan los ministros del gobierno. Comenzó hace años en el Banco Central y se extendió a los bancos de Reservas y de la Vivienda, a la corporación y las distribuidoras de electricidad, a las superintendencias de bancos, de seguros, de valores, al Indotel, al Congreso, y desde luego a los miembros de sus respectivos consejos directivos que es donde se ha guisado tan espléndidamente.

Ya son centenares los privilegiados que ganan salarios sobre los 500 mil pesos en organismos del Estado, pagados con los ingresos, tasas y contribuciones (que lo mismo da) de la ciudadanía. Y muchos disponen de generosos paquetes “compensatorios”, incluyendo tarjetas de crédito para gastar a discreción.

No es que pretendamos que todos estén tan miserablemente pagados como los 80 mil maestros, los 55 mil militares, los 33 mil policías, ni como los médicos, laboratoristas y enfermeras, pero sin distancias tan abismales e irritantes que incentiven a los de abajo a buscárselas hasta con violencia.

Si se quiere percibir las inequidades convertidas en iniquidades hay que ver los “Criterios para la determinación de los salarios de los cargos de alto nivel en RD” del consultor chileno Enrique París, contratado por el Ministerio de Administración Pública.

Según ese estudio, de julio pasado, el promedio de los presidentes de América Latina recibe 8 mil 273 dólares, unos 322 mil 650 pesos, la mitad de la pensión de Haivanjoe Cortiñas. Y 15 de 19 mandatarios ganan sumas que representan menos de 28  salarios mínimos de sus países. Todos los que aquí ganan sobre 500 mil mensuales reciben al menos lo equivalente a 50 sueldos mínimos privados y a 100 estatales.

El escándalo de Haivanjoe nos remite de nuevo al Proyecto de Ley de Regulación de los Salarios Estatales. Pero sin dejar fuera a la casta de privilegiados. No tengo muchas esperanzas de que ocurra y temo que estas reflexiones sólo sirvan para ganarme animadversión entre múltiples eficientes servidores públicos que están en la casta de los privilegiados o aspiran a estarlo, incluso algunos amigos. Ojalá que algún día los pueda justificar, cuando reduzcamos la ignominia en que sobrevive el 80 por ciento de los asalariados nacionales que reciben menos de 20 mil pesos mensuales.

 

Aliento al presidente Medina

Por Juan Bolívar Díaz
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Es muy temprano todavía para juzgar la gestión gubernamental que acaba de iniciar el licenciado Danilo Medina Sánchez, pero desde ya todos debemos alentarlo en los pasos positivos que viene dando y cada vez que marque algún otro en el reordenamiento del Estado, y en  orden a la racionalidad, las prioridades y la calidad del gasto público para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Hay demasiado pesimismo en la sociedad dominicana derivado de tantos años de expectativas fallidas, con uno y otro Gobierno, de tres partidos diferentes, por lo que Medina tendrá que dar muchas demostraciones firmes para que muchos se convenzan que en realidad hará lo que nunca se ha hecho.

Ahí está su plan de austeridad, que ha comenzado por el mismo Palacio Nacional, y su código ético que son iniciativas para reducir la malversación y la corrupción, renglón en que el país acaba de ser ratificado como campeón internacional en el Indice de Competitividad del Foro Económico Mundial 2012-13.

El viernes el presidente Medina emitió su decreto 545-12 con el cual deja sin efecto tres entidades que, aunque en el momento de su creación parecieron necesarias, habían devenido en inoperantes o redundantes. Se trata del Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), la Comisión de Apoyo a la Reforma y la Modernización de la Justicia y la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal.

Son organismos que hicieron contribuciones a la reforma institucional del Estado, especialmente CONARE. Más o menos ejecutada de acuerdo con los lineamientos consensuados, corresponde darle seguimiento a los organismos estatales vinculados, como establece el decreto.

Pero esto no es más que un comienzo, porque hay muchos otros organismos que ya carecen de sentido o que son redundantes y deben ser refundidos. Entre los más relevantes se pueden citar la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, la Comisión para la Reforma de la Empresa Pública y la Comisión de Apoyo al Sector Salud.

El pasado miércoles 5, Martín Polanco publicó en El Caribe un reporte sobre la abundancia de “instituciones inorgánicas que engrosan gastos del Estado”, resaltando la multiplicidad de entidades que pudieran ser refundidas, comenzando por las relacionadas a promoción o asistencia social: comisiones nacionales para el desarrollo barrial y provincial, Oficina de Desarrollo de la Comunidad, Pro Comunidad, Fondo de Promoción de la Comunidad, Plan Social de la Presidencia, Dirección de Comedores Económicos, y se acaba de crear la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia y su plan Quisqueya sin Miseria.

Relacionados con el ordenamiento del transporte: Oficina Técnica del Transporte Terrestre, Autoridad Metropolitana del Transporte, Oficina para el Reordenamiento del Transporte, Dirección General de Tránsito Terrestre, Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre, Consejo de Administración y Regulación de Taxis, además de que los ayuntamientos tienen departamentos con los mismos objetivos.

En el ámbito agropecuario hay también gran redundancia: Instituto Nacional de Estabilización de Precios, Instituto Agrario Dominicano, Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales y sus similares Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales y Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal.

Toda esa abundancia de organismos no solo suponen miles de empleos, sino inmensos gastos en locales, mobiliarios, vehículos, dietas y energía eléctrica. En muchos de ellos virtualmente no se hace nada, porque los presupuestos no alcanzan, con el agravante de que tampoco hay incentivos para los profesionales y técnicos, pues los salarios no suelen ser atractivos.

Alentemos al presidente Medina para que intensifique la corrección de lo que está mal. Porque está muy mal que un país pobre malgaste tanto sus recursos en multiplicidades e inoperancias. El problema no es solo de corrupción, sino de despilfarro, de malversación, de desvío de los fondos públicos en aras del reparto clientelista.

Lo que nunca se ha hecho

Por Juan Bolívar Díaz

Expertos en publicidad consideraron muy largo el eslogan de Danilo Medina en la campaña electoral de “continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho”. El tercer objetivo es el que se ha pegado de forma contundente y perseguirá al gobernante a lo largo de su período de gestión, porque cada día es mayor el reclamo para que haga “lo que nunca se ha hecho”.

Sabemos lo difícil que resultan los cambios en nuestro país, donde se aprueban reformas al por mayor, con una Constitución y leyes redundantes fruto de múltiples concertaciones y pactos, pero que no se logra darle vigencia en gran medida. La circulación vehicular en calles y carreteras es un buen espejo donde se refleja nuestra terrible anomia social.

Danilo Medina proclamó esta semana que no quiere gente pobre viviendo en jaula de oro, ratificando el planteamiento de su discurso de juramentación donde     prometió implementar políticas para la promoción de los seres humanos, con modestia, sin sueños de grandeza. Creo que son muchas las ciudadanas y ciudadanos que quieren aferrarse a la idea de que Danilo puede hacer lo que nunca se ha hecho, es decir gobernar para la gente, no para la autoglorificación en cemento.

 Este país ha tenido grandes constructores desde Ovando a Trujillo, Balaguer y Leonel, y en verdad puede exhibir una gran urbanización y está sobre el promedio latinoamericano en infraestructuras como puentes y carreteras y ya tiene casi dos líneas de un tren subterráneo. Santo Domingo y Santiago son ciudades modernas por sus edificaciones, e infraestructura vial, de parques y monumentos.

 Pero Dominicana sigue siendo una sociedad atrasada con rasgos caóticos, incapacitada para competir en la postmodernidad globalizada, con 41 por ciento en la pobreza e indigencia y otra proporción similar en la cuasi-pobreza al tener ingresos por debajo de los 20 mil pesos mensuales. La falta de oportunidades empujó a millón y medio de los dominicanos y dominicanas a buscársela por el mundo. Con la agravante de que se marcharon muchos de los que tenían más firme decisión de progresar. Por eso tantos son emprendedores exitosos en una veintena de países.

Porque nos concentramos demasiado en la modernidad material, es que quedamos tan atrasados en capacidades, en educación fundamental y para la innovación y la productividad. Por eso los graves déficits competitivos, en comercio exterior,  y liderazgos en malversación, corrupción, falta de transparencia, pobreza educativa, en mortalidad materno-infantil, en embarazos de adolescentes y hasta en la persistencia de nuestros beisbolistas en pretender burlar las normas de competencia.  Necesitamos un gobernante que no reproduzca el interés de perpetuarse en  monumentos de piedras, que siembre en el alma de la sociedad y de la ciudadanía, aunque los frutos no sean de visibilidad inmediata para reproducirse por múltiples períodos en el poder, como todos los sembradores de cemento.

El desafío es muy grande porque es posible que quien haga lo que nunca se ha hecho hasta sea en principio subestimado, y a lo mejor ni siquiera pueda volver, pero la historia lo reivindicará. Claro que la ausencia de megas-obras puede y debe compensarse invirtiendo en millares de escuelas y centros de salud, en decenas de miles de viviendas para pobres en vez de apartamentos de lujo, atendiendo los innumerables reclamos de las pequeñas y medianas comunidades.

La mejoría en educación, la austeridad, la reducción de la malversación y la corrupción, permitirá a la vez elevar los salarios de maestros y policías, médicos y enfermeras, lo que redundará en mayor seguridad y calidad de vida.

Danilo encuentra un amarre constitucional, institucional y partidario que le impedirá aspirar a una reelección. Si parte de esa realidad y hace lo que nunca se ha hecho, trascenderá y podrá regresar en unos años. Será intrascendente si en circunstancias fiscales y económicas tan adversas intenta reproducir lo que siempre se ha hecho.

 

 

Hay que ayudar a Leonel

Por Juan Bolívar Díaz

En vez de rodearlo de homenajes, lisonjas y adulaciones como las que han abundado en los últimos días, al doctor Leonel Fernández hay que ayudarlo a pasar con éxito la prueba de la descompresión del poder, ahora que deberá abandonar el Palacio Nacional después de 8 años consecutivos y 12 de los últimos 16 años gobernando el país.

No le hacen nada bien los pronunciamientos como el del alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, de que tomará la antorcha para el retorno al poder del doctor Fernández en los comicios del 2016, porque lo inducen a abrir una muy prematura lucha por el retorno, que hasta podría ser traumática en su propio partido.

Todos los que estiman al doctor Fernández deben ayudarlo a evitar el síndrome de abstinencia del poder  que ha llevado a su amigo Alvaro Uribe a un precipitado enfrentamiento a su sucesor Juan Manuel Santos en la presidencia de Colombia.

 Leonel Fernández será el primer presidente de la historia dominicana  en entregar el poder a otro de su mismo partido también electo  bajo formalidades democráticas, lo que evidencia la cultura de que “el poder no se cede y menos a uno del mismo palo”. Lo más conveniente es que complete ese mérito reconociendo que este es el tiempo de Danilo Medina.

 Ya hay muchas vallas que sugieren el retorno al poder del que todavía no acaba de entregar y eso no debe proseguir con pronunciamientos como el de Salcedo ni proclamándolo como el perínclito de la historia nacional o el mayor benefactor de las Fuerzas Armadas, como hizo recientemente el ministro del ramo.

 Tampoco se ayuda a Leonel advirtiendo de posibles ingratitudes y comparándolo con Jesús el Nazareno, al que solo uno de diez leprosos que curó (Lucas 17:11) volvió  para agradecerle el haberle devuelto la salud, como lo hizo el director de Prensa del Gobierno, Rafael Núñez, en artículo publicado en Diario Libre y reproducido esta semana en la Revista Semanal Palacio.

 Excesos como los indicados pueden inducir al mandatario saliente a creerse realmente imprescindible y a formular planteamientos como el de esta semana cuando volvió a recurrir a José Martí para referirse a quienes solo ven las manchas y no la luz del sol, considerándolos malagradecidos.

 Estimaciones como esa pueden llevar a un error garrafal, pues se estaría considerando como malagradecidos a la inmensa mayoría de los dominicanos empadronados que no sufragó por el partido de Fernández. No debe olvidarse que el Partido de la Liberación Dominicana solo obtuvo el 37.73 por ciento del sufragio de mayo pasado, que a su vez solo representó el 26.3 por ciento de los empadronados, ya que la abstención superó el 30 por ciento. La reducción de la votación del PLD, que obtuvo 200 mil votos menos que la principal opción de oposición, no parece ser fruto del mal agradecimiento sino de la insatisfacción y del cansancio.

Los seguidores de Leonel Fernández deben ayudarlo a comprender que él ha sido un favorecido excepcional del poder, pues figura entre un puñado de líderes de  la democracia universal que han conseguido ser electos presidentes más de dos veces: Franklin  Delano Roosevelt en Estados Unidos y Konrad Adenauer en Alemania son los únicos con cuatro elecciones. Felipe González en España, Hugo Chávez y Leonel Fernández en América Latina han ganado tres veces. José María Velasco Ibarra es el rey con cinco elecciones en Ecuador, aunque solo dos veces completó el período de 4 años y en otras dos solo lo dejaron gobernar por 11 y 14 meses.

 Sería una señal de prepotencia y sobre estimación que el doctor Leonel Fernández, quien obviamente aspira por lo menos a un cuarto período, saliera ahora considerando mal agradecidos a casi tres de cada cuatro dominicanos registrados en el padrón de electores. Como concluye Andrés L. Mateo: ¡Oh Dios!

 

 

 

Manuel Ramón Morel Cerda

Por Juan Bolívar Díaz
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En estos tiempos tempestuosos en que se sueña con jueces electorales en capacidad de sobreponerse a las lealtades políticas para hacer honor a la jurisprudencia, conviene recordar al doctor Manuel Ramón Morel Cerda, quien fuera presidente de la Junta Central Electoral (JCE) entre 1998 y 2003. Todavía ejerce la abogacía e imparte docencia en el Alma Máter de la Universidad  Autónoma de Santo Domingo.

Morel Cerda ostenta dos récords relevantes en su función al frente de la JCE: es el único en la historia de ese organismo que ha enmendado un fraude electoral y uno de los pocos ciudadanos dominicanos que ha tenido la dignidad de renunciar a un alto cargo por terco apego a sus criterios.

Llegó al cargo en medio de un conflicto político, elegido por un Senado de mayoría perredeísta, que rompió el consenso que había primado en la escogencia de los jueces electorales tras la crisis de 1994. Tuvieron una “justificación política”, ya que fue una respuesta a la compra de una decena de diputados por parte del primer gobierno del presidente Leonel Fernández, para imponer a Rafael Peguero Méndez como presidente de la cámara baja, convirtiéndolo desde entonces es un aliado fiel.

Esa circunstancia marcaría la gestión de Morel Cerda en la presidencia de la JCE. El presidente Fernández y el caudillo reformista Joaquín Balaguer se unieron para objetar aquel tribunal electoral. Como entonces la sociedad civil tenía poder disuasorio, contribuyó a enmendar parcialmente el desequilibrio con una reforma que elevó de cinco a siete el número de jueces electorales.

En ilustre abogado santiagués quedó atrapado en las contradicciones políticas. Fue ofendido sistemáticamente y aún cuando actuó con total honestidad, nunca se libró de la acusación de perredeísta.

Pero a decir verdad, Morel nunca fue dirigente ni militante del partido blanco. Comenzó su carrera pública como juez de paz de Santiago en 1956 y fue escogido  Procurador Fiscal del Distrito Nacional en el efímero gobierno perredeísta del profesor Juan Bosch en 1963, hasta el golpe de Estado.

Morel fue de los fundadores del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, pero su prestigio lo ganó como abogado y catedrático y muy especialmente cuando presidió la Asociación Dominicana de Abogados en tres períodos –ninguno consecutivo- entre 1967 y 1978, cuando esa institución fue un baluarte de defensa del  precario Estado de derecho. El mismo subía a los estrados para defender honoríficamente a perseguidos políticos, privándose de hacer fortuna con su profesión.

Fue en la presidencia de Morel que la JCE confeccionó el padrón electoral con fotografía integrada que desde las elecciones del 2000 se ha reiterado como un instrumento transparente y eficaz. Cuando hubo que escoger para auditar ese nuevo padrón, la tarea se le encomendó a Participación Ciudadana, pese a que había formulado reservas y críticas por la falta de consenso en la elección de aquellos jueces electorales.

Reaccionó desproporcionadamente frente a PC cuando se detectó un error de uno de los técnicos de CAPEL contratados para la auditoría del padrón. Pero no trató de estigmatizar ni de excluir al movimiento cívico y al final del proceso le hizo un reconocimiento público por su contribución al mejoramiento del sistema electoral.

Cuando tras los comicios del 2002, durante una audiencia de la Junta Electoral de Santiago le mostraron ocho actas de colegios electorales alteradas a favor del PRD,  allí mismo, sin esperar llevarlo al pleno de la Junta Central Electoral, Morel Cerda dictaminó la anulación de cuatro y la rectificación de las otras cuatro, restando 500 votos al PRD. Eso no cambió el estrecho resultado, pero sentó el único precedente de anulación de un fraude electoral.

Finalmente Morel terminó renunciando a la JCE cuando la reforma del 2003 que agregó otros dos miembros y dividió el organismo en dos cámaras y un pleno. Lo entendió como un pacto político para quitarle poder, y lo fue. Pero su dignidad y entereza estaban por encima de cualquier consideración.

Se fue como llegó, sin haberse doblado ante el partidismo político. Tengo entendido que disfruta de buena salud pero no quería esperar su desaparición para reivindicar su honorabilidad.

Sueños de un domingo de mayo

Por Juan Bolívar Díaz

Que tengamos elección presidencial este domingo 20 de mayo es un gran acontecimiento porque, aunque para muchos no diga nada, finalmente estamos abandonando la fecha fija del 16 de mayo que conmemoraba el día en que nuestro tirano mayor, Rafael Leónidas Trujillo Molina, ascendió al poder en 1930.

En este domingo de mayo que se vaticina lluvioso, yo acumulo sueños que quiero compartir a riesgo de aparecer como impertinente para algunos, o utópico y soñador para otros. Pero como escribió don Pedro Calderón de la Barca hace 377 años “La vida es un Sueño y los sueños, sueños son”, aquí les dejo algunos de cara al futuro:

1.- Que no tengamos que encerrarnos en jornadas de oración para que la elección sea pacífica, cuenten debidamente los votos, se respete la voluntad popular y el nuevo Presidente no tenga que pregonar que es “de todos los dominicanos y dominicanas”.

2.- Que no haya que acuartelar a un ejército de 55 mil soldados, por si acaso la Policía no es suficiente para mantener el orden y el imperio de la ley.

3.- Que nadie tenga que ir a los supermercados a abastecerse por temor a que las elecciones deriven en una guerra civil.

4.- Que los árbitros electorales no sean jueces y parte y nadie tema que sus decisiones puedan estar marcadas por la obediencia a quien los designó.

5.-Que el Presidente de la República honre la majestad del cargo y como en toda democracia no abuse del mismo ni de los recursos de todos para inclinar la balanza caravaneando por todo el país, e iniciando obras no presupuestadas cuando ya sale del poder a costa de enormes déficits fiscales que luego hay que pagar.

6.- Que los altos funcionarios de la nación que quieran hacer campaña electoral tomen licencia o renuncien a sus cargos para evitar la confusión entre los recursos públicos y los partidistas.

7.- Que no se abuse de la pobreza ni se denigre a los más desposeídos tratando de comprar sus votos con subsidios, repartos de alimentos, materiales de construcción y electrodomésticos, a costa del Estado.

8.-  Que a nadie se le ocurra establecer un tráfico de cédulas para ganar votos o impedir que los gane otro, como se está haciendo desde hace varios días en los habitáculos de la pobreza. Mucho menos que líderes políticos exhorten a la población a obtener una copia de su cédula para que la vendan  “y así devaluar ese mercado”.

9.-  Que no haya que dar a los legisladores cientos de millones de pesos para que celebren por adelantado el Día de las Madres buscando o comprando votos.

10.- Que no necesitemos  miles de ciudadanos responsables se constituyan en una red nacional para vigilar el cumplimiento de las normas democráticas, y mucho menos que vengan del extranjero, ni que los embajadores tengan que hablar con el Presidente de la nación sobre transparencia, institucionalidad y equidad.

11.- Que no haya tan apabullante invasión de propaganda ni que los medios de comunicación sean maquinarias de imposición sobre la conciencia ciudadana y que los periodistas no se constituyan en jueces implacables para condenar o presionar a los que disientan del discurso oficial.

Tengo muchos otros sueños, que algún día se realizarán, pero no caben en esta cama en el amanecer de este 20 de mayo. Como dijo el recién fallecido cantor José A. Labordeta: “También será posible que esa hermosa mañana/ ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver/ pero habrá que empujarla para que pueda ser”.

 

 

 

La JCE debería excusarse

Por Juan Bolívar Díaz
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Tal como se advirtió desde el primer momento en la nómina de los 3 mil 805 ciudadanos y ciudadanas registrados para observar las elecciones del 20 de mayo no había delincuentes, ni narcotraficantes ni asaltantes, pero mucho menos constituían una asociación de malhechores como se sostuvo en una rueda de prensa efectuada el 1 de mayo en la Junta Central Electoral (JCE) donde se agravió no sólo a esas personas y al movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), sino también a decenas de organizaciones sociales, religiosas y comunitarias de todo el país en las que militan.

Pasaron ocho días para que se lograra que la Comisión de Observación Electoral de la JCE recibiera a dirigentes de PC para analizar las pruebas o siquiera evidencias que sustentaran sus infamantes declaraciones. El balance confirma que el objetivo era difamar y descalificar a PC presentando a sus voluntarios como una red de delincuentes.

El informe rendido por los comisionados de PC indica que los observadores objetados por la JCE no fueron los 188 arrojados por una muestra del 15 por ciento de los 3,805, como se informó el 1  de mayo, sino que ascendieron a 236 del total,  lo que ya evidencia una grave inconsistencia. Pero lo fundamental es que apenas se pudo documentar un caso en que medió una sentencia.

De entrada hubo que reivindicar a 116, casi la mitad, cuyo “delito” es errores en el número de sus cédulas. Otros 91 fueron considerados “vinculados”  a partidos políticos. Absurdamente en 25 de estos casos no pudieron identificar el partido.

Los restantes 66 fueron relacionados con 13 partidos diferentes, 32 de ellos a los que integran el frente electoral que encabeza el Partido de la Liberación Dominicana, y 28 al encabezado por el Partido Revolucionario Dominicano. Muchos de estos fueron candidatos a regidores, suplentes y  vocales de pequeños municipios y distritos municipales por partidos emergentes. Ni uno solo dirigente conocido de algún partido.

En la nómina de observadores aparecieron tres identificados como militares, lo que no puede sorprender ya que en la reciente auditoría del padrón electoral, realizada por técnicos de la OEA se advirtió que hay retrasos en los ingresos y egresos de militares y en dar de baja a los que fallecen. Justo el miércoles 9 de mayo, cinco meses después de cerrado el padrón electoral, la JCE comunicó su resolución 24/2012, la cual habilita para ejercer el voto a 760 ciudadanos, dados de baja como militares y policías.

Los restantes 27 fueron objetados por tener  “antecedentes judiciales”, aunque en realidad sólo se presentó evidencia en uno solo, un ciudadano que recibió una sentencia judicial y fue indultado, lo que se supone le restituye sus derechos.

De los otros 26 no se presentó evidencia de que tengan procesos judiciales pendientes. Nueve estaban fichados por la policía y tres habían sido arrestados, sin cargos específicos. De dos se dijo que estaban presos, pero sin documentación de la Dirección Nacional de Prisiones. Y uno de ellos había sido sometido a la justicia por consumo de droga, según el llamado Sistema de Investigación Criminal, pero sin  constancia de que fuera procesado.

En resumen: que la Comisión de la JCE no pudo justificar sus infamantes  acusaciones contra personas que aparecen en el padrón electoral por lo que tienen derecho a elegir y ser elegibles, y quienes lo que merecen es reconocimiento por ejercer sus derechos ciudadanos a observar unas elecciones.

Si en este país se respetara siquiera mínimamente los derechos constitucionales, la JCE no hubiese cometido el desaguisado de calumniar a tantos ciudadanos y de  intentar descalificar a Participación Ciudadana. Demostrada la falta de fundamento, lo menos que se debería esperar es una excusa pública, tan difundida como la calumnia.

Yo, Juan Bolívar Díaz Santana, el número 17 en el listado de observadores de PC, uno de los relacionados con el narcotráfico en aquella infame declaración de prensa, quedaré esperando una  excusa o reparación moral.  Sigo creyendo que fue una errática inadvertencia, pero los errores también se deben reparar, al menos entre seres humanos racionales y honrados.

Yo estuve en la conspiración de Miguel Guerrero

Por Juan Bolívar Díaz

No puedo salir del asombro por el hecho de que cuatro destacados comentaristas radiofónicos hayan denunciado la reunión celebrada en el apartamento de Miguel Guerrero por un grupo de periodistas con el candidato presidencial Hipólito Mejía como una conspiración contra el gobierno y para desprestigiar lo que consideran el seguro triunfo de su candidato Danilo Medina.

Sólo faltó que exhibieran y reprodujeran una grabación del animado diálogo que reprodujo en ese encuentro, la prueba del delito de espionaje, como ya hicieron recientemente primero el gobierno, en presencia del Procurador General de la República, y luego cuatro diputados.

De cualquier forma me parece alarmante que periodistas y comentaristas se nutran del espionaje, si es que ellos mismos no lo ejercen. Al grado de que llegaran a afirmar cuántos fueron los asistentes, que a mi no se me ocurrió contarlos, y hasta trataran de identificarlos.

Si es así debo confesar que soy un conspirador impenitente ya que desde que Danilo Medina se lanzó tras la presidencia de la República he participado en por lo menos tres reuniones de grupos de periodistas

Yo me gradué de espantos hace 42 años cuando en la campaña electoral de 1970 volaron mi automóvil con una bomba y meses después una oportuna confidencia evitó que me volaran la cabeza. Pero debo decir que desde entonces nunca me había sentido tan hostigado por el ejercicio de mi profesión. En aquellos años mataron cientos de personas y algunos colegas también pagaron con sus vidas.

Ahora no hay atentados contra la integridad física, pero sí contra la integridad moral. Como muchos otros colegas siento como nunca un esfuerzo por uniformar la sociedad, por acallar la disensión, por excluir y estigmatizar a los que se consideran desafectos.

El gobierno tiene un aparato de medios de comunicación propio y atrapado como nunca en nuestra historia. Con miles de periodistas y comentaristas asalariados, decenas de ellos multimillonarios, pero quiere acallar a algunas decenas que disienten de ellos.

Como Miguel Guerrero, no puedo entender que colegas “defensores de la libre expresión” denunciaran como conspiración una conversación con un candidato presidencial.

Si es así debo confesar que soy un conspirador impenitente ya que desde que Danilo Medina se lanzó tras la presidencia de la República he participado en por lo menos tres reuniones de grupos de periodistas donde se discutió abiertamente su proyecto.

Dos de ellas fueron en casa del respetable colega Rafael Ovalle, y la tercera en mi propio apartamento de Naco. Un cuarto encuentro colectivo, con un grupo de profesionales, tuvo lugar en casa de un distinguido empresario que apoya a Medina.

En esa misma residencia yo tuve una larga conversación con Danilo y en otras dos oportunidades en la oficina del mismo empresario, la última de las cuales ocurrió en marzo pasado. Siempre fueron conversaciones francas y cordiales, de las que no tengo que arrepentirme. Ni siquiera cuando me atreví a expresar opiniones, a veces sin que me las pidieran.

En el pasado ocurrió lo mismo en reuniones individuales o de grupos de colegas o amigos, con Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez, Salvador Jorge Blanco, Jacobo Majluta, Hipólito Mejía, Maximiliano Gómez, Otro Morales, Fafa Taveras, y Rafael Chaljub Mejía. Incluso con Jacinto Peynado y Carlos Morales Troncoso cuando eran vicepresidentes de la nación, y con Leonel Fernández e Hipólito Mejía, antes y durante sus presidencias.

En cada uno de los casos estuvieron en mi casa y yo en la de ellos, excepto los que tuvieron que vivir en el clandestinaje. La primera reunión donde mi amigo Leonel discutió abiertamente las perspectivas de su candidatura presidencial con un grupo de periodistas, ocurrió en mi casa en 1995 y yo además puse la cena y los tragos.

Durante los primeros dos años de su primer gobierno, participé en unas cuatro reuniones nocturnas en casas de amigos, junto a cinco o seis colegas. Y fueron bien francas. Pero amistosas.

Lo mismo ocurrió en la primera mitad del gobierno de Mejía. Observen que en ambos casos apenas llegamos a la mitad del período, lo que puede ser evidencia de que la franqueza nos distanciaba y –desde luego- que no busqué nunca el menor beneficio del poder. Algunos de los citados lamentablemente ya no pueden dar testimonio, pero hay varios vivos que son bien importantes.

Me produce una pena inmensa toda la mezquindad y la infamia que se practica en esta campaña electoral. Y crecen mis temores de que degenere en terror y en silencios, y por otra de que las pasiones desenfrenadas desgarren una vez más la débil institucionalidad democrática nacional.

Nunca me he declarado neutral en nada y a mis alumnos siempre les he predicado la militancia activa, jamás la pasividad. Pero también les he invitado siempre a la tolerancia con la diversidad, al aprecio de la pluralidad y al respeto a la honra aún de los mayores contradictores. Me alarman tantos esfuerzos por la estigmatización y el aplastamiento que se manifiestan en los últimos años contra los que disienten del discurso oficial.

Tomo prestada la interjección que ha acuñado ese otro conspirador que es Andrés L. Mateo: ¡Oh Dios! Y la oración con que culmina sus enjundiosos artículos el colega de la diáspora Rafael Calderón: Que Dios se apiade de la República Dominicana.

 

 

Estoy necesitando un descansito

Por Juan Bolívar Díaz

Tal vez porque los años ya hacen mella hasta en el alma o porque esta es la campaña electoral más larga de cuantas he vivido como periodista, o porque nunca había sentido tanta presión para acallarme o descalificarme, estoy necesitando un descanso que espero tomar tan pronto transcurra la elección presidencial, pero mientras tanto tengo que tomarme siquiera un descansito este fin de semana.

 Estas campañas electorales tan extensas, virulentas, primitivas y salvajes terminan dividiendo profundamente la sociedad dominicana, a las familias, a los vecinos y los compañeros y compañeras de trabajo y actividades sociales, dejando ronchas, decepciones y agravios que se erigen en muros divisorios que impiden la convivencia y la intercolaboración.

Al cansancio del escándalo, del derroche y la inequidad se une la decepción porque una vez más hemos llegado a una elección sin haber establecido las normativas que ya son comunes en cualquier democracia, hasta en las de mediana intensidad, para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades, para evitar que la acumulación de dinero de cualquier origen, y que el abuso de los recursos del Estado sean decisivos en la elección de las máximas autoridades.

 Agradezco las muestras de solidaridad recibidas desde que trascendió que me objetaban como observador de Participación Ciudadana por antecedentes penales relacionados con la ley sobre tráfico y consumo de drogas. Desde el primer momento lo tomé de relajo, convencido de que era un error. No señalaban mi nombre, pero aludían a los numerados 17 y 748 del primer listado impreso de observadores presentado por PC a la Junta Central Electoral (JCE) y yo ocupaba el primero de esos números. No me han dado ninguna explicación, pero alguien dijo que en la numeración de Excel subí al número 18, y que el aludido es otro ciudadano de igual apellido.

 Creció mi convicción de que era un error y que no pretendían vincularme con drogas, aunque pudieron haberme encontrado entre la “decena de observadores registrados en el Sistema de Investigación Criminal” (SIC), según indica el comunicado publicado por la JCE.

 Y había razón para incluirme en ese fichaje que maneja un departamento de la Procuraduría General de la República y que se nutre de simples sometimientos judiciales, no importa que carezcan del mínimo mérito ante un juez. Ya mi propia esposa pasó un tiempo, sin saberlo, en ese fichaje porque alguien demandó a la institución financiera de la que era directora. Esa demanda no prosperó ni hubo juicio, pero allí siguió hasta que circunstancialmente se enteró años después y tuvo que gestionar para que la sacaran. Yo sí tengo un antecedente, pues en un viciado juicio al vapor en 1996 fui condenado por el teniente Juan María Severino a 6 meses de cárcel y al pago de 2 millones de pesos, por haber denunciado el fraude electoral de 1994 en mi libro Trauma Electoral.

Aquel adefesio judicial fue anulado por la Suprema Corte de Justicia tras dos años de recursos judiciales. El primero en denunciar y apelar aquel atropello político fue el entones Procurador Fiscal del DN, doctor Julio César Castaños Espaillat, que luego sería presidente de la JCE. Y por eso se ganó una demanda por “abuso de poder”, dejada luego sin efecto, pero duró en el SIC hasta el 2006.

He oído que podrían ser miles los ciudadanos fichados en ese instrumento, sin fundamento, sin que lo sepan y en violación a sus derechos. Pero lo peor es que una institución como la JCE pueda violar los derechos de múltiples ciudadanos y vetarlos para observar las elecciones porque aparezcan en ese fichaje o porque alguna vez fueron sometidos a la justicia.

 Como bien documentó el sociólogo Faustino Collado en carta a la JCE, se trata de una grosera violación a los artículos 21, 22, 23, 24 y 39 de la Constitución, y al principio de la presunción de inocencia hasta condena de un tribunal. Eso sí que no es un simple error y debe ser rechazado.-