¿Hasta dónde nos llevarán estos caminos?

Por Juan Bolívar Díaz
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La interrogante la formulaba el inolvidable periodista radiofónico Tomás Pujols Sanabia siempre al final de los incisivos comentarios con los que impugnaba el rumbo que llevaba el país en 1964 y los primeros meses del 65, y se recuerda en estos tiempos de una corrupción y descomposición tan descomunal, que nadie podía imaginar aún en los días del “Triunvirato de dos” que sólo era uno.

Aunque los escándalos se suceden con tanta velocidad que han ido mellando el alma nacional y la capacidad de asombro, muchos se sintieron alarmados esta semana con la revelación de que ya no sólo tenemos bandas de policías y militares, de políticos y funcionarios civiles, para la estafa, la extorsión, el sicariato y el narcotráfico, sino que también ya se integran con jueces, incluyendo un miembro del Consejo del Poder Judicial.

Los cargos están inscritos en una instancia de la Procuraduría General dirigida a los miembros del Consejo del Poder Judicial, que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con poder de detonación capaz de reducir el impacto del vencimiento del plazo que tenía el procurador Francisco Domínguez Brito para apelar el “no ha lugar” que beneficia al senador Félix Bautista, secretario de Organización del partido gobernante, acusado de corrupción en el manejo de nada menos que 26 mil millones de pesos.

Tratando de justificar una decisión a todas luces garantista de impunidad pactada en los altos niveles partidarios y del Gobierno, Domínguez Brito ha llegado hasta el cinismo, al plantear la inconcebible afirmación de que “no recurrir la sentencia es una forma de luchar”. Su obligación era llevar hasta las últimas consecuencias un expediente que él ratificó como “uno de los actos de corrupción más grandes de los últimos años”.

Son cínicos también los argumentos de Domínguez Brito de que no apelaba a la última instancia porque no le merece confianza, llegando a decir que “la mayoría de los jueces (de la SCJ) se pronunciaron y asumieron una posición a favor de los imputados”, algo absolutamente falso. Lo hicieron apenas 3 de los 17, mientras dos votaban por el enjuiciamiento de Bautista y compartes. Pero estos cinco, de la Cámara Penal, quedarían inhibidos ante la recurrencia y quedaban doce para decidir, incluyendo a su presidente. Si es alarmante la acusación al pleno de la SCJ, es peor que sus integrantes, incluyendo a su presidente, no la hayan rechazado de inmediato.

La posición del Procurador es burlesca cuando justo al liberar a Bautista de los graves cargos de corrupción bajo argumentos tan fatuos, apela al mismo presidente de la SCJ y los integrantes del Poder Judicial para que tomen cartas contra seis jueces a los que acusa de reunirse en lugares de diversión y casas de individuos “de dudosa reputación”, de dictámenes a favor de narcotraficantes con operaciones de decenas de millones de dólares, de invertir en la promoción de jueces, dejar en libertad un regidor procesado por sicariato, ordenar devolver 20 millones de dólares al narcotraficante procesado Arturo del Tiempo.

Tanto más burlesca porque uno de los seis jueces denunciados, aún no imputados por la Procuraduría, es nada menos que integrante del Consejo del Poder Judicial, por lo que tendría que ser juzgado, sino en primera, en última instancia, por la misma Suprema Corte, en la que dice no confiar.

Tal vez el Procurador esté convencido de que su denuncia calmará al persistente embajador de Estados Unidos que lo visita e insiste en denunciar la corrupción, pero consciente de que no pasará de la renuncia de un juez y la destitución de algún otro pasado de la raya, sin siquiera molestarse en someterlos a juicio, como han hecho recientemente con casi una treintena de oficiales militares y policiales, investigados por amparar operaciones de tráfico de cientos de kilos de cocaína por Barahona, Punta Cana y Samaná. Se les pone en retiro con sueldo y guarda-espaldas y que viva la impunidad total.
¡Ofrézcome Pujols Sanabia!, medio siglo después todavía se escucha tu grito: ¿Hasta dónde nos llevarán estos caminos?.

Impactante deterioro nacional

Por Juan Bolívar Díaz

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Como los dominicanos hemos venido perdiendo la capacidad de asombro y parecemos refugiados en la resignación ante los graves problemas de sustentabilidad económica, de crisis institucional y política, de seguridad y deterioro de los servicios públicos, nos resulta muy difícil percibir los alarmantes niveles que alcanza el proceso.

Pero si uno se va lejos por dos semanas, y al volver hay que revisar las informaciones, como nos toca a nosotros, se encuentran suficientes rastros del deterioro que afecta la vida nacional, relevantemente en materia de la corrupción y su correspondiente impunidad y del reparto del Estado que no deja recursos para contener el deterioro de los servicios básicos, desde los sanitarios, electricidad, agua potable, transportación y seguridad. Los ingresos crecen menos que el gasto y en cada presupuesto se deben buscar prestados entre 3 mil y 4 mil millones de dólares.

El calvario registrado desde fines de septiembre fue dramatizado en primer lugar por la corrupción explotada en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), dependencia de la Presidencia de la República, que en las últimas décadas compite con el Ministerio de Obras Públicas en la ejecución de los proyectos oficiales, aunque su finalidad era de supervisión. Se creía que el reguero dejado por Félix Bautista aleccionaría por lo menos en ese organismo, pero fue una falsa ilusión hecha trizas por la inmolación del arquitecto David Rodríguez García, que dramatizó todo un entramado de sobrevaluaciones y extorsiones en la asignación y pago de obras públicas.

El escándalo de OISOE creció cada día. Todavía el lunes en HOY el ingeniero Eusebio Almonte revela cómo una escuela que se planificó en 23 millones de pesos, fue duplicada a 46 millones, cómo ha estado sometido a extorsión y que aún le deben 15 millones de pesos, aunque la escuela fue inaugurada hace un año. El CODIA documenta 51 expendientes de extorsiones. El rechazo nacional ha sido relevante, pero las autoridades han optado por reprimir a los dirigentes sociales que reclaman el desmantelamiento de la OISOE, de la corrupción y de la impunidad.

El segundo y prolongado caso de impacto fue el testimonio del raso policial Daurín Muñoz, sobre la miseria salarial de la Policía, que se registra también en las Fuerzas Armadas y en otros servidores públicos, como enfermeras y agrónomos, así como en los pensionados. La respuesta oficial es que el presupuesto no alcanza para pagar ni siquiera a los encargados de combatir la agobiante delincuencia. 43 generales de la Policía Nacional tienen sueldos de 37,500 pesos y diez pesos diario como ración alimenticia. Mientras miles de funcionarios y hasta simples regidores reciben ingresos hasta diez veces superiores.

Otras expresiones del calvario de dos semanas: Los muertos por dengue alcanzaron en lo que va de año a 95, proyectándose una duplicación en relación a los 58 del 2014; RD es segundo país del continente con más muertes por cólera; RD es, después de Guatemala, el peor país para morir; junto a Nicaragua, RD lidera el embarazo de adolescentes en América, según estudio de la CEPAL; el 42 por ciento de las viviendas dominicanas todavía usan velas para mitigar los apagones, según estudio del INTEC.

Todavía hubo más: Francis Lorenzo, uno de la docena de embajadores que tiene el país ante la ONU fue apresado por autoridades de Nueva York y acusado de ser parte de una red de extorsión y tráfico; el Movimiento C+ denuncia corrupción en la remodelación del hospital Cabral y Báez de Santiago; altos funcionarios cambiaron el reglamento de Aduanas para servirse con la cuchara grande; jueza Miriam Germán denuncia a su colega de la Suprema Corte Fran Soto como irrespetuoso, injusto y abusivo al amparo de sus vínculos con el partido de Gobierno.

El viacrucis de dos semanas es impactante, sin incluir los múltiples casos relacionados con la delincuencia y la inseguridad. Pero lo peor es el cinismo con que reaccionan las autoridades y gran proporción de los “forjadores de opinión, amarrados con el insuficiente presupuesto nacional. A uno de ellos se le escuchó impugnar a los críticos de la OISOE con el “contundente argumento” de que eso ha sido así en todos los gobiernos.

 

Patriotas que salen caros

Por Juan Bolívar Díaz
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Un informe entregado esta semana por las nuevas autoridades del Ministerio de Energía y Minas ha puesto nuevamente sobre el tapete el enorme reparto del Estado en que se ha fundado el dominio político en los últimos años y en particular los caros que han resultado los mayores exponentes del patriotismo nacionalista.

En apenas un año de iniciadas sus operaciones bajo la administración del recién renunciante Pelegrín Castillo, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, ese ministerio ya registraba un enorme desorden financiero, con gastos desmedidos, atrasos salariales y de cuentas por pagar. El personal fijo y bajo contrato que ya ascendía a 368 costaba 26 millones 39 mil pesos mensuales, que de inmediato el nuevo ministro Antonio Isa Conde ha reducido a 21 millones, lo que implica un ahorro de 60 millones de pesos anuales.

La dimensión de los salarios queda de manifiesto en que el promedio era de 70,759 pesos mensuales, en un país donde el 85 por ciento de los asalariados formales recibe menos de 20 mil pesos mensuales, y donde 40 por ciento de los empleados estatales apenas alcanzan los 5,117 pesos por mes.

Pero el ministerio de Pelegrín Castillo tenía 29 asesores con promedio de 161 mil pesos y otros tres promediaban 556,166 pesos mensuales. En los primeros 4 meses de este año ya el ministerio había consumido el 56 por ciento de su presupuesto para todo el año, lo que proyectaba un déficit al cierre del año de 145 millones de pesos, 69 por ciento sobre su asignación.

En vez de responder sobre lo informado, el exministro Castillo se refirió a los ingresos del Fondo 1974 que la Ley de Combustibles destina al fomento de energías renovables, ripostando que nunca recibió los 1,200 millones de pesos correspondientes al mismo, porque quedaban en el Ministerio de Industria y Comercio para pagar una nominilla de 4 mil compañeritos de partido.

La respuesta de Pelegrín es indicativa de que persiste el pago de las nominillas políticas por numerosas instituciones del Estado denunciado y documentado en el 2008 no solo como un abuso contra el patrimonio público, sino también un ventajista y rentable reparto con fines políticos partidistas.

Ese reparto ha sido persistente en los organismos encargados a los aliados políticos del partido gobernante, como el Ministerio de Minas, el de Relaciones Exteriores hasta hace un año, el quebrado Banco Nacional de la Vivienda, la Lotería Nacional, la Dirección de Bienes Nacionales, anteriormente en el Instituto de Recursos Hidráulicos y otros donde se han denunciado escándalos y donde las auditorías de la Cámara de Cuentas han revelado irregularidades.

Pero los nacionalistas particularmente han salido caros, si tomamos en cuenta cómo otro adalid, José Ricardo Taveras, administró varios años la Dirección General de; Migración, donde tan solo entre 2012 y 2013 gastó discrecionalmente 925 millones de pesos, provenientes de tasas que aumentaba a su conveniencia, sin pasar por la Cuenta Unica del Tesoro. Y entre 2011 y 13 destinó 36.6 millones de pesos a comidas y bebidas para el personal de la dirección ejecutiva que disfrutaba de altos salarios, dietas, gastos de representación, viáticos, combustibles y gratificaciones.

Sería injusto ignorar que el Gobierno del presidente Danilo Medina ha hecho esfuerzos por reducir la malversación y el derroche del gasto público, pero en general ha respetado el inmenso reparto del Estado en que se fundó el liderazgo de su antecesor. Es particularmente relevante que haya evadido el cumplimiento de la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público que el 8 de agosto cumplirá dos años de que Medina la promulgara, tras años de consultorías nacionales e internacionales y de consensos y discusiones legislativas.

Habremos de seguir soñando que un día algún gobierno ponga fin al derroche que ha situado la nación entre los diez líderes en malversación en las evaluaciones de 144 países incluidos en el Indice de Competitividad del Foro Económico Mundial. Alguna vez será.

Trascendente y oportuno dictamen

Por Juan Bolívar Díaz

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Todas las tribunas nacionales deberían ponerse de pies para aplaudir y ponderar el dictamen del juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, que dispuso el retiro de la masiva propaganda política que desde hace más de un año ha saturado y degradado a arrabales las vías públicas de esa ciudad, en virtud de que se ha ignorado el período establecido en la Ley Electoral 275-97 para realizar esa actividad.

La sentencia dispone que el Ayuntamiento y la Junta Electoral de Santiago retiren de forma inmediata toda la propaganda electoral colocada en calles y avenidas hasta que comience la campaña electoral, lo que según la ley ocurrirá cuando la Junta Central Electoral (JCE) la proclame oficialmente con la convocatoria a las próximas elecciones, a más tardar 90 días antes de los comicios. Es lo que establecen los artículos 87 y 88 de la Ley Electoral, lo que ninguna autoridad se había atrevido a hacer cumplir.

La decisión del magistrado Samuel Guzmán Fernández establece un precedente que ojalá sea replicado en muchas otras instancias institucionales para ver si comenzamos a reducir el enorme costo de las campañas electorales, que paga un pueblo con la mitad de su población en niveles de pobreza. Porque si bien la tasa oficial de pobreza, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) es de 42 por ciento, el 52 por ciento de los hogares aún carecen de agua potable corriente, y la mitad de la población sufre de 4 a 12 horas diarias de apagones.

Es un hecho incontrovertible que gran proporción de los aspirantes a senadores, diputados y alcaldes gastan decenas de millones de pesos en precampañas y campañas electorales, que sólo excepcionalmente salen de sus propios bolsillos, que son sustraídos de las contribuciones de la ciudadanía, o provienen de actividades criminales como el narcotráfico.

En las democracias contemporáneas y en casi toda América Latina se han establecido regulaciones para evitar el encarecimiento de las elecciones y que el poder del dinero, especialmente el de origen ilícito, sea lo que determine quiénes son los representantes legislativos y los ejecutivos presidenciales o municipales. Un sistema político primitivo y desenfrenado se ha negado en el país a establecer una efectiva legislación para disminuir la extensión y costos de las campañas electorales. Como muestra están en el Congreso desde hace cuatro años los proyectos de leyes de Partidos y del Régimen Electoral sometidos por la JCE.

La decisión del magistrado Guzmán tiene otro aspecto positivo, por cuanto es fruto de la iniciativa de una entidad de la sociedad civil, la Fundación Masada, cuyo presidente el destacado jurista José Luis Taveras, la ha considerado “un fallo histórico y sin precedentes”, a la que se adhirió otro agrupamiento ciudadano denominado Santiago Somos Todos”. Esa circunstancia es un motivo de aliento para una inmensa cantidad de entidades ciudadanas que por todo el país sueñan con un mejor ordenamiento social, económico y político, las cuales han tropezado con la indiferencia, cuando no la hostilidad, del cada vez más corrompido y desacreditado sistema partidista.

Celebremos este dictamen judicial que, por demás, protege el medio ambiente y satisface a los santiagueros. Mario Fernández, presidente de Santiago Somos Todos, sostuvo que hace meses que en esa urbe “no cabe un afiche más y eso, poco a poco nos enferma, porque tenemos la ciudad agobiada”.

Un ejemplo a ser seguido por la JCE facultada por el Párrafo IV del artículo 212 de la Constitución de la República para “reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

 

Una justicia secuestrada

Por Juan Bolívar Díaz
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Las decisiones judiciales del viernes negando la posibilidad de que el Secretario de Organización del gobernante Partido de la Liberación Dominicana, Félix Bautista, y el alcalde de San Francisco de Macorís Félix Rodríguez, y compartes, puedan ser siquiera enjuiciados, ratifica el nivel de secuestro político que se ha hecho de la justicia, uno de los poderes fundamentales de la democracia, para garantizar la impunidad en la demencial corrupción que ofende y sacude el país.

El expediente contra Félix Bautista y seis asociados, elaborado por la Procuraduría General de Persecución de la Corrupción Administrativa y sustentado por el Procurador General de la República Francisco Domínguez Brito, quedará como paradigmático en la historia nacional, por el volumen de dinero involucrado y la enorme cantidad de indicios más que suficientes para que se les abriera juicio por enriquecimiento ilícito, falsedad de escritura pública y privada, corrupción y lavado de activos. Pero ni eso es posible con una justicia secuestrada por intereses políticos y económicos.

Sus propios defensores jurídicos y políticos se encargaron de proclamar que el sometimiento judicial apuntaba contra el expresidente Leonel Fernández, quien tras proclamar su Constitución del 2010 pactó con el excandidato presidencial perredeísta Miguel Vargas Maldonado para quedarse con el control institucional de la nación: Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral, además de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Municipal.

Sólo en las dictaduras, y con proyectos de dominación que se han anunciado hasta el 2044, se concibe un control total y tan concentrado de las instituciones básicas de una nación, para lo cual había que acumular una gran fortuna que garantizara el predominio sin posibilidad de que ningún juez u organismo colegiado dictaminara sobre su legitimidad.

En el caso específico de Félix Bautista, se ha documentado el manejo de entre 24 y 40 mil millones de pesos, por un entramado empresarial que confluye en un dirigente político, funcionario público y ahora senador, que al llegar al gobierno en 1996 declaró un pobre patrimonio de 547 mil pesos, y que todavía en el 2010 lo juró en 16 millones de pesos, pero que dos años después proclamaba que, si se lo otorgaban, sus empresas estaban en condiciones de asumir la total reconstrucción del Haití devastado por un terremoto, tarea que demandaba decenas de miles de millones de dólares.

Todos sabemos que el poder económico y político de Bautista no era patrimonio propio y que derivaba del presidente Fernández, quien llegó a considerarlo como un hijo, y que le autorizó maniobras del calibre del contrato con la Sun Land por 130 millones de dólares. Ya Guillermo Moreno documentó en otro memorable expediente desestimado por la justicia, que las empresas de Bautista eran financiadoras fundamentales de la Fundación Global de su jefe político, y que en sólo cinco días del 2011 le donaron 45 millones de pesos.

Por suerte el Procurador Domínguez Brito ha anunciado de inmediato que apelará los dictámenes que procuran la impunidad de los Félix y sus asociados, lo que seguirá siendo un enorme desafío para esta Suprema Corte, cuya suerte parece definitivamente en juego. Como dijo confidencialmente un magistrado, Bautista (y Leonel, agregamos) dividió y desacreditó la anterior Suprema Corte con el caso Sun Land, y podría jugar el mismo papel con la actual, ya que algunos de sus 17 integrantes no pagarán el alto costo que se les reclama por cargos en los que jugó un papel significativo el propio Félix Bautista, convertido en Senador para ampliar su blindaje.

Lo de este escogido “Viernes de Dolores” duele en lo más profundo del alma y la sensibilidad nacional, aunque fuera un palo anunciado desde que el presidente de la Corte, también asociado del expresidente Fernández, encargara la instrucción del expendiente a un juez proveniente del Comité Central del partido del que Bautista y Fernández son líderes. La esperanza es que todo este descaro sirva para romper indiferencias, silencios y complicidades.

La verdad os hará libres

Por Juan Bolívar Díaz
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Sin hipocresía hay que convenir en que las abundantes afirmaciones por radio y televisión del convicto narcotraficante Quirino Ernesto Paulino de que durante años financió las actividades políticas del expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Leonel Fernández, que por dos semanas han acaparado la atención pública, constituyen uno de los más grandes escándalos nacionales.

Nadie debería dar categoría de palabra de Dios a las declaraciones de un narcotraficante, que no oculta su rencor hacia el doctor Fernández, porque entiende que le dio la espalda al extraditarlo a Estados Unidos, donde llegó a un acuerdo con las autoridades judiciales para cumplir una condena benigna de diez años de prisión, tras admitir sus responsabilidades en el tráfico de toneladas de narcóticos, pero también por identificar cómplices, suplidores y beneficiarios.

Más aún no se puede considerar culpable a nadie que no haya sido juzgado por los tribunales de acuerdo con los derechos universales a la defensa. Y eso vale para Leonel Fernández, como para su estrecho colaborador Félix Bautista y para el exministro de las Fuerzas Armadas general Manuel Florentino Florentino y su esposa Margarita Gómez, los principales denunciados por Quirino Paulino en lo que describe minuciosamente como multimillonario financiamiento o inversión política.

Pero tampoco se debe descalificar de antemano el testimonio del narcotraficante por haber admitido los graves cargos que conllevaron juicio y condena. Porque en cualquier sociedad siquiera de mediana institucionalidad democrática los investigadores ponen atención a las confesiones y procuran establecer cómplices y beneficiarios de los delitos.

La sociedad dominicana está dividida ante el escándalo, razón suficiente para que las acusaciones sean aclaradas. Fernández debe una explicación más allá de considerar “de alto orgullo y satisfacción el hecho de que el narcotráfico transnacional, utilizando la alegada identidad de un reconocido convicto por narcotráfico, ponga en acción una campaña de descrédito contra mi persona”, por la firmeza con que cree haberlo enfrentado.

Para muchos la reacción del doctor Fernández ha sido insuficiente, al no haberse referido a los abundantes nexos que el señor Quirino Paulino dice haber tenido con él y su entorno. No tomó en cuenta la sensibilidad por un narcotráfico que ha implicado hasta a los organismos de seguridad del Estado, y que otros convictos recientes como Figueroa Agosto y Arturo del Tiempo tuvieron nexos y negocios en altas esferas políticas y sociales durante su Gobierno. También ignoró que el mobiliario del nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia fue hallado en un almacén de Quirino tras su detención en 2004, y que un wikileaks de la embajada norteamericana publicado lo vinculó con el general Florentino.

La gravedad de las denuncias demanda explicaciones de un líder político que se reconoce como “favorito frente a cualquier candidato opositor para salir airoso en los próximos comicios presidenciales”. El doctor Fernández desperdició la oportunidad de desmontar el cargo específico de Quirino Paulino de que regaló a su Fundación Global una planta eléctrica de 600 kilos comprada por siete millones de pesos. Bastaba certificar la factura de compra, fecha y el medio de pago e invitar a comprobar sus especificaciones, antes de que corriera el rumor, tal vez infundado, de que ha sido sacada del edificio.

Pero ahora que Quirino Paulino ha aparecido por televisión disipando las dudas de su identidad, y que ha mostrado su disposición a ser interrogado por las autoridades judiciales dominicanas, hay una oportunidad para que resplandezca la verdad. También se puede buscarla solicitando a las autoridades de Estados Unidos copias de los interrogatorios y del acuerdo que pactaron con el narcotraficante. Se impone por respeto a la sociedad dominicana, aún presumiendo la inocencia del doctor Fernández y demás denunciados. “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. (San Juan 8:32).