El PRM es quien presenta más propuestas de gobierno

Por Juan Bolívar Díaz
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El Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato presidencial Luis Abinader encabezan con mucho las propuestas de gobierno de cara a las elecciones generales del próximo mes y contrario a lo que se denuncia, no han rematado las debilidades y escándalos del Gobierno, lo que no puede equipararse a campaña sucia.

Esa opción política perdió demasiado tiempo y energías en el reparto de candidaturas, luchando con limitados recursos contra el desafuero de las ambiciones individuales y el poder del partido-Estado en cada circunscripción electoral, y al lanzar su ofensiva final, tropieza con la capacidad contenciosa del Gobierno.

Se les acaba el tiempo. A cinco semanas de las elecciones, a la oposición a la reelección del presidente Danilo Medina (DM) se le está acabando el tiempo, tras el fracaso de todos los intentos de acercamiento para alcanzar algún grado de concertación para enfrentar unidos lo que todos reconocen como una descomunal maquinaria de poder de un partido sin límites en el abuso de todos los poderes del Estado.

Son siete los candidatos alternativos a la continuidad de DM en el poder: Luis Abinader, Guillermo Moreno, Minou Tavárez, Hatuey de Camps, Pelegrín Castillo, Elías Wessin Chávez, y Soraya Aquino. Pero sólo los tres primeros han aparecido en alguna de las encuestas nacionales con más del 1 por ciento de las preferencias, Abinader ha predominado absolutamente en promedio sobre el 30 por ciento.

Tres de los candidatos, Hatuey (bregando por la salud), Wessin y Soraya, ni siquiera han tenido fuerte presencia en los medios de comunicación y en los escenarios de las entidades sociales, en lo que han tenido ventaja los otros cuatro, que se han lanzado especialmente por las redes sociales, la radio y la televisión.

Pero aún en la oposición Abinader ha sido el único que ha conseguido recursos para colocar el 17 por ciento de la publicidad en los medios masivos, como documentó un monitoreo del mes pasado de Participación Ciudadana, en el que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acaparaba el 82 por ciento. Estos dos dejaban a los seis restantes con menos del 1 por ciento de la publicidad. Así no hay quien compita en ninguna democracia.

Fracasa el último intento. A pesar de la extrema desigualdad la oposición no ha podido concertar ni para enfrentar los abusos del poder, como el del jueves 7 cuando el candidato del PLD entregaba más de cinco mil títulos de propiedad a parceleros de la reforma agraria con décadas esperándolos en Azua. Tuvo que suspenderlo por la mitad, cuando una multitud lo caotizó denunciando discriminación política. En Santiago concentraron el martes 5 a miles de niños y adolescentes para presentar su plan de “República Digital”, sin precisar si Medina hablaba como presidente o como candidato y si era un acto del gobierno o del partido.

El último esfuerzo, impulsado por allegados a las candidaturas alternativas de Minou Tavárez y Guillermo Moreno logró algún avance en la Semana Santa, cuando se verificaron dos reuniones y llegaron a integrarse representantes del más alto nivel de los siete candidatos de oposición. Redactaron y circularon dos documentos, uno demandando equidad en la campaña electoral y el otro comprometiéndose a defender cada voto.

Ya no se trataba de unir candidaturas, con los plazos de inscripción cerrados, sino de concertar para reclamar límites al desbordamiento del Estado en la campaña. Fechado el 30 de marzo, uno de los proyectos titulado “Ante el abuso del poder, la oposición unida reclama elecciones democráticas, libres y equitativas”, contiene 7 consideraciones, 4 emplazamientos al gobierno y a la Junta Central Electoral, reclamando medidas concretas, y 3 compromisos para evitar compra de votos e integrar al pueblo a la lucha democrática.

El otro era un proyecto de “Pacto para defender el voto”, con 3 consideraciones y 17 compromisos concretos, entre ellos velar cada voto en los colegios electorales donde tal vez sólo el PRM alcance a tener delegados en todos. Dicen que la Alianza por la Democracia, que postula a Minou, fue de los más decididos, y que al final desistieron los delegados de Moreno, Hatuey y Pelegrín.

Candidatos sin recursos. No hay dudas que los partidos alternativos han logrado postular buenos candidatos y candidatas al Congreso y los municipios, incluyendo jóvenes incontaminados de la política, activistas sociales y comunitarios. Pero tienen en común el no contar con recursos para competir en un sistema político que ha encarecido el costo de la democracia, en beneficio de los que pueden reunir dinero, legítimo y sobre todo ilegítimo. Los alternativos han resaltado en los cuatro debates de Uno+Uno con candidatos a las alcaldías de Santo Domingo Este y Norte, y de San Cristóbal, y a diputados nacionales.

Andrés L. Mateo se ríe cuando le preguntan cuál es su presupuesto de campaña para diputado y cuándo pondrá vallas. Testimonia que una de sus contrincantes en la competitiva circunscripción 1 del DN confiesa haber gastado 50 millones de pesos sólo para asegurarse la candidatura. En la capital ya es difícil conseguir una valla en las confluencias fundamentales, pues los gobiernistas las tienen monopolizadas, dicen activistas de David Collado, el candidato a alcalde por el PRM que sí tiene recursos.

Hay quienes se quejan de Abinader porque en un año no ha llegado al 40 por ciento de las preferencias, ignorando que partió de un partido desintegrado con apoyo gubernamental, que ha dispuesto de pocos recursos y que compite contra un candidato que dispone de todo el poder y de los órganos de control. Si estas elecciones hubiesen sido sólo presidenciales, estaría en mejor posición, ya que perdió más de la mitad de su tiempo y energías en los últimos meses arbitrando ambiciones desaforadas y tratando de evitar que el dinero, los contratos y los privilegios del Estado le compraran cuadros de su partido.

Las propuestas del PRM. Aunque muchos se quejan de la escasez de propuestas en la campaña electoral, el PRM ha liderado absolutamente en ese renglón, con un equipo de profesionales y técnicos del mayor nivel en economía, políticas sociales, agropecuaria, educación y relaciones internacionales.

Desde agosto presentaron y distribuyeron una propuesta de programa de gobierno que han enriquecido progresivamente, incluyendo propuestas sectoriales para las mujeres y los jóvenes, los que están en su página de internet. Allí se encuentran propuestas específicas para mejorar la calidad del gasto público, para el desarrollo agropecuario, seguridad ciudadana, relaciones exteriores, para un “gobierno eficiente”, un plan de creación de empleos. También respuestas a las doce necesidades más sentidas de la sociedad.

Los partidos y grupos integrados a la Convergencia que apoyan la candidatura de Luis Abinader firmaron un compromiso ético que incluye combatir el clientelismo y el dispendio público, comprometiéndose a eliminar barrilitos, cofrecitos y repartos en las entidades públicas. Y para esta semana anuncian la firma de un compromiso de reformas con dos ejes fundamentales, de políticas e institucionales y económico-sociales.

El Partido Revolucionario Social Demócrata, que postula a Hatuey de Camps, ha distribuido un “Programa Mínimo de Gobierno”. Aunque el presidente Medina ha anunciado varios programas sociales y económicos, todavía el PLD no ha renovado su programa de gobierno y en su página de internet aparece el presentado hace 4 años.

La institucionalidad democrática estará a prueba en el nuevo año

Por Juan Bolívar Díaz

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El año 2016 llega con grandes incertidumbres sobre el rumbo de la institucionalidad democrática nacional por el desguañangue en que se encuentra el sistema político, corroído por la corrupción, el clientelismo y el reparto de candidaturas, y por los efectos corrosivos que históricamente han acompañado en el país los proyectos reeleccionistas.

El primer desafío será evitar que el gasto público vuelva a disparar el déficit fiscal como aconteció en las dos últimas elecciones presidenciales lo que haría más perentorio un nuevo parche tributario que asoma para frenar el rumbo de la insostenibilidad fiscal, ya que pocos creen que el pragmatismo político permita una reforma integral.

Un panorama nublado. El año que concluye deja espesas nubes sobre la institucionalidad democrática nacional por el desguañangue en que se encuentran los partidos que han sostenido el sistema político, la profunda crisis del sistema judicial, por la progresiva descomposición social y por los efectos corrosivos que históricamente han acompañado los procesos reeleccionistas en la historia del país.

Aunque la percepción más generalizada es que el presidente Danilo Medina logrará la reelección, la crisis interna por la que atraviesa su partido, y los escándalos de los últimos meses arrojan dudas que solo pueden disipar la persistente debilidad y dispersión de la oposición política que presentará por lo menos cuatro candidatos presidenciales para una competencia enormemente desigual.

Se asume que, además del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llegarán a las urnas los que postulan a Luis Abinader, Guillermo Moreno, Minou Tavárez Mirabal y Pelegrín Castillo. Se cree que otros tres candidatos proclamados, Hatuey De Camps, por el Partido Revolucionario Social Demócrata, Juan Cohén, del Partido Nacional Voluntad Ciudadana y Soraya Aquino, del Partido de Unidad Nacional, terminarán firmando alianzas.

Las dos principales opciones, PLD y PRM, comenzarán el año con dificultades para completar sus boletas congresuales y municipales, el primero aún sin dilucidar los traumas de la muy parcial elección primaria que celebró el 13 de diciembre, y de la que dos semanas después no ha podido concluir, afrontando impugnaciones derivadas de la violencia con muertos y heridos y de acusaciones de alteración de padrones y robos de urnas, que afectan municipios como Santiago, La Vega y Santo Domingo Norte. El PRM con complicaciones en el Distrito Nacional y otras jurisdicciones y sin haber podido explicar los alcances de su reciente pacto con el PRSC, mientras el resto de los partidos tiene dificultades hasta para completar el listado de 4 mil 200 candidatos.

La crisis de la justicia. La circunstancia de que al terminar las fiestas navideñas, el mismo 7 de enero, se celebra con un acto solemne el Día del Poder Judicial, pondrá de nuevo sobre el tapete la crisis que sacude a ese poder del Estado. Ese día en el tradicional discurso el presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, tendrá que responder los cuestionamientos que sacuden a esas dos instancias, la primera involucrada en una banda de traficantes de sentencia y la segunda descalificada nada menos que por el Procurador General de la República, cuando intentaba explicar su decisión de no recurrir en casación el descargo del dirigente peledeísta Félix Bautista del grave expediente de corrupción que había sostenido.

El último agravamiento lo ha constituido una instancia-demanda del juez Rafael Ciprián, degradado por el organismo superior sin explicación ni justificación, en clara violación de la Constitución y de la Ley de Carrera Judicial. Tras haber declarado que la motivación habría sido que no declaró ganadora la plancha del PLD a la presidencia del Colegio de Abogados, ese magistrado plantó pleito en términos radicales, en dos desafiantes comunicados.

Ciprián escribió, entre muchos otros cargos: “ya basta de humillaciones sin nombre y de chantajes del poder. Lucharé hasta el final para que se respeten la independencia y la dignidad del juez dominicano, para que haya verdadera justicia, para que los jueces dicten sentencias conforme al Derecho y no a la orden superior”… y agregó “Sentaremos un precedente contra la arbitrariedad del poder, el abuso y el autoritarismo”.

Problemas del arbitraje. Entre analistas se da consenso en que si la competencia por el poder se cierra, la institucionalidad democrática afrontará mayores dificultades, especialmente por la histórica imposición del reeleccionismo y la cultura del abuso del Estado. Cincuenta mil tarjetas para subsidios sociales se suman en enero a más de dos millones ya en manos de la población más pobre y políticamente manipulable. En la elección congresual y municipal del 2010, en el barrio capitalino de San Carlos la observación electoral de Participación Ciudadana pudo contactar la existencia de centros informáticos que verificaban cuáles beneficiarios de tarjetas no habían votado, y salían a buscarlos.

Con una legislación electoral tan atrasada que ni siquiera han querido adaptarla a los planteamientos de la Constitución promulgada hace seis años y un arbitraje, Junta Central Electoral (JCE) y Tribunal Superior Electoral, bajo control del partido gobernante, la competitividad se reduce substancialmente.

El primer desafío del año para el arbitraje es que la JCE conozca una instancia de su titular Eddy Olivares y abra en enero el período de campaña electoral, como ha hecho en tres de los últimos cuatro comicios nacionales, sin esperar el límite de 90 días, para lo cual está facultada. Eso le permitiría un mayor margen legal para contener los excesos, aunque hay pocas expectativas al respecto.

Los graves excesos en la elección primaria del PLD que solo escogía candidaturas a regidores y unos cuantos diputados y alcaldes, certificados por su presidente Leonel Fernández en artículo en el Listín Diario del pasado lunes, se proyectan ominosamente sobre la elección nacional, sobre todo si ven riesgos de perder parte substancial del poder.

Costo de una larga fiesta. De lo que no hay dudas es que cuando concluya el proceso electoral el 15 de mayo, o el 26 de junio (último domingo del mes, artículo 209-1 de la Constitución) si es necesaria la segunda vuelta para la mayoría absoluta, a la sociedad se le pasará la factura del alto costo de la política. Es imposible estimar con alguna certeza a cuánto asciende una campaña electoral que empezó antes que se juramentara el gobierno electo en el 2012.

Cientos de precandidatos a todos los niveles de elección se han gastado miles de millones de pesos, la mayoría de ellos inútilmente ya que al final no hubo convenciones democráticas. En gran proporción los ha pagado el Estado, sea por sustracción de fondos, en vehículos, combustibles, teléfono, oficinas, en sueldos y nominillas, y por los barrilitos y cofrecitos de los legisladores, casi todos buscando reelegirse.

Del presupuesto nacional saldrán este año para los partidos unos 1,700 millones de pesos, y nadie podrá calcular cuántos miles más costará el proyecto reeleccionista más grande de la historia nacional, ya que esta vez no solo incluye al presidente, sino a todos los senadores, y a más de dos tercios de los diputados y de los alcaldes en ejercicio.

De que el Gobierno piensa gastar mucho en la campaña hay indicadores visibles en el presupuesto aprobado para el 2016. Como ejemplo, la partida de materiales y suministros de la Presidencia, que este año ejecutó 2 mil 500 millones de pesos, está triplicada a casi 8 mil millones de pesos.

Viene otro parche tributario. Los déficits fiscales crónicos del Gobierno dominicano comenzaron precisamente en la campaña reeleccionista del 2008, con cerca de 60 mil millones de pesos, porque los ingresos solo crecieron 5 por ciento, el gasto se disparó en 30 por ciento. En los años de elecciones 2010 y 12 los déficits alcanzaron récord, el último por 156 mil millones de pesos solo en el Gobierno Central. El FMI lo estimó en 8 por ciento del PIB, aunque aquí se redujo al 6 por ciento.

La última reforma tributaria, pues el Gobierno eludió el compromiso de una fiscal integral, fue precisamente para conjurar ese hoyo. Y pese al incremento de los tributos, ha mantenido persistentes déficits por encima de los 70 mil millones de pesos anuales. Participación Ciudadana documentó en su evaluación de fin de año que para el 2016, al déficit presupuestario proyectado de 75 mil 894 millones de pesos, habrá que adicionarle empréstitos por 97 mil 366 millones para amortización de la deuda pública y el costo financiero de la deuda del Banco Central, para un total de unos 230 mil millones de pesos. Una insostenibilidad que volverá a reclamar parches en la resaca electoral, cualquiera que sea el veredicto de las urnas.

El primer reto de la oposición es concertar programa mínimo

Por Juan Bolívar Díaz

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Aunque advierten que el panorama político carga muchos elementos de incertidumbre, tras los bruscos cambios de las últimas semanas, los dirigentes de oposición reconocen que resultará muy difícil derrotar la reelección del presidente Danilo Medina, montada sobre el poder del Estado y unos quince partidos, incluidos los tres tradicionales.

Sólo una conjunción del liderazgo de oposición en torno a un proyecto de nación que responda a las graves insatisfacciones nacionales podría generar energías e ilusiones para por lo menos contener la concentración del poder que ha venido protagonizando el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en base al reparto del Estado y el clientelismo.

Múltiples incertidumbres. Los bruscos cambios políticos de las últimas diez semanas arrojan incertidumbres que permiten a los analistas políticos sostener que no está definido el escenario para las elecciones del 2016, aunque se reconocen las amplias ventajas del presidente Danilo Medina para conseguir la reelección con todo el poder del Estado, reparto y clientelismo incluidos, montado sobre unos 15 partidos políticos, entre ellos los tres tradicionales.

El panorama político se complicó a partir del 19 de abril cuando el Comité Político del PLD dispuso reformar la Constitución para viabilizar la reelección del presidente Medina, sepultando las expectativas de retorno del expresidente Leonel Fernández. Una semana después Luis Abinader consolidó su emergencia de los últimos años, al vencer abrumadoramente en una ordenada elección primaria al expresidente Hipólito Mejía.

No pasaron tres días para que Leonel se viera abandonado por sus legisladores después de proclamarse guardián que evitaría la reforma de la Constitución y en mayo Danilo le conquistó casi todos sus legisladores, sumó de inmediato a los de los otros dos partidos tradicionales, el Revolucionario Dominicano (PRD) y el Reformista Social Cristiano (PRSC) para ejecutar una “casi mágica” reforma constitucional que a la vista de toda la sociedad conllevó un costo económico e institucional invaluable.

La “conquista” reeleccionista de unos 40 diputados, que eran el patrimonio político que le quedaba al presidente del PRD Miguel Vargas, obligó a éste a precipitar la renuncia a su candidatura presidencial, en junio, a 11 meses de los comicios, anunciando un brumoso pacto con el partido de gobierno que el presidente Medina ni ningún dirigente del PLD ha definido.

Cambios muy abruptos. En apenas dos meses la caída del liderazgo de Leonel arrastró a Vincho Castillo, reducido al romper con Danilo y su gobierno, la fuerte emergencia de Abinader dejó fuera de juego a Hipólito, quien sin embargo quedó mejor parado al aceptar el dictamen democrático, lo que a su vez precipitó a Vargas. Sólo después de todo eso y aparentemente compelido por el costo político de la imposición de la reforma constitucional, fue que el presidente Medina abrió la boca para tratar de justificar su cambio de criterio sobre lo nefasta de la reelección en la historia nacional.

De repente el país se encontró con un acontecimiento sin precedente: la anunciada alianza de los tres partidos tradicionales, rivales de medio siglo, precipitada con tanta anticipación a las elecciones, sin que el candidato común (Danilo) los haya convocado públicamente y sin definir sus bases ni objetivos.

El tres en uno confronta aún muchas incertidumbres: aunque los legisladores del PRSC respaldaron la reelección de Medina, su candidato presidencial, Quique Antún, funcionario del gobierno, dice que aún no hay nada definido, mientras al interior del PLD se teme el incumplimiento de lo pactado entre danilistas y leonelistas y toma fuerza el rechazo al reparto y reservas de las candidaturas congresuales y a las alcaldías. En tanto en lo que queda del desangrado PRD, se disputan el favor de los peledeístas esperando que les garanticen mantener posiciones, difícil en el caso de los diputados por el voto preferencial.

Remotas posibilidades. Nadie puede pretender que será fácil estructurar una opción electoral que en diez meses pueda desplazar el inmenso poder de la plataforma reeleccionista, aunque también con debilidades y rechazo. Está de por medio el desgaste del PLD tras 12 años de gobierno, por lo que algunos prevén la posibilidad de un escenario de cambio como el que se montó en 1978 tras los también 12 años del gobierno de Balaguer, derrotado pese al abuso de todo el poder del Estado, incluyendo un consorcio empresarial que ya no existe y la superada participación política de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Ya en las elecciones del 2012 el PLD redujo su votación al 38 por ciento, perdiendo como partido 199 mil votos en relación a las del 2008, y dependió de sus aliados para alcanzar el 51 por ciento, pese a haber gastado más de 150 mil millones de pesos, más de un tercio de excedente por encima del presupuesto nacional.

Una alternativa tendría que apostar a reducir al PRD al 1 por ciento que obtuvo el PLD con Juan Bosch en 1978, a conquistar gran parte de los 700 mil nuevos votantes, y a capitalizar las insatisfacciones con una gestión de 16 de los últimos 20 años, que no ha reducido la pobreza ni resuelto las deficiencias de los servicios básicos, ni garantizado seguridad ciudadana y que ha sido catalogada con un nivel de corrupción sin precedente.

La difícil concertación. Todos aceptan que para ganar credibilidad tienen que superar el simple sorteo de candidaturas, con firme compromiso de un plan de nación que cambie el modelo de desarrollo, el reparto del Estado y la corrupción y que cree la ilusión de un cambio de rumbo de la sociedad dominicana. Tanto los que promueven la “Convergencia por un Mejor País”, encabezada por el PRM, como Guillermo Moreno, Max Puig, Eduardo Estrella, y Minou Tavárez han planteado la necesidad de dar fundamento programático a una nueva opción. Pero ninguno ha convocado formalmente al resto, sea a una concertación, convergencia o mesa de diálogo que vienen postulando hace más de un año.

Es obvio que todos han invertido gran parte del tiempo en constituir o reactivar sus propias plataformas partidarias, y algunos, como el PRM, trabajan en sus bases programáticas, pero el tiempo se les agota para iniciar una batalla tan cuesta arriba contra una maquinaria de poder encarnada en una corporación política absolutista. Están los grupos progresistas que han fracasado en numerosos intentos de concertación electoral.

No faltan quienes conciben el frente opositor como un simple apoyo a las aspiraciones individuales, y el otro extremo de los que quisieran un programa revolucionario irrealista en un escenario dominado por el conservadurismo y la desmovilización popular que podría conducir al aislamiento y de nuevo a la insustancialidad del 1 por ciento de los votos. Pero no hay dudas que requerirían un programa mínimo que los vincule a las amplias capas sociales insatisfechas.-

 

Alta temperatura en la lucha Danilo/Leonel por el PLD

Por Juan Bolívar Díaz
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Aunque el horno peledeísta tiende a calentarse con una soterrada lucha entre quienes promueven la reelección de Danilo Medina y los que auspician la candidatura de Leonel Fernández, un cierto “empate técnico” y el temor a romper el consenso grupal los conduce a un pacto de alternabilidad. Los danilistas confían en que el incremento del rechazo al retorno de Fernández al poder y su mejor correlación de fuerzas en el CP permitan abrir espacio a la reforma constitucional para viabilizar la reelección, con la desventaja de que Medina no se decide a una lucha frontal para detener la repostulación del expresidente.

En el amagar y no dar. La lucha por el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la candidatura presidencial para el año próximo se incrementa soterradamente entre el presidente Danilo Medina y su antecesor Leonel Fernández, pero ambos parecen mantener una posición de amagar y no dar, conscientes de la importancia de la unidad para preservar el poder que han acumulado en las dos últimas décadas y especialmente en las últimas cinco elecciones con tres gobiernos consecutivos.

Aunque sectores de oposición esperan que la lucha entre los peledeístas se desmadre como ha ocurrido tradicionalmente en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), una de las prendas con que el profesor Juan Bosch adornó su último partido es un sentimiento grupal que le dificulta romper el consenso, y ese es uno de los legados al que no han renunciado pese al abandono de los principios fundamentales del boschismo.

Hay hostilidades entre danilistas y leonelistas, pero siguen cuidándose las formas y el presidente Medina sigue sin dar señales de que aspirará a una nueva postulación, consciente de las dificultades de reformar la constitución, lo que es imposible sin un acuerdo con Fernández, quien a su vez impulsa el lanzamiento oficial de su precandidatura, aunque hay quienes creen que esperaría una no objeción del mandatario.

En su último discurso, en un almuerzo con dirigentes peledeístas de la región sur, celebrado en Baní el 21 de diciembre pasado, Leonel proclamó que “el gran desafío del PLD es preservar la unidad para seguir obteniendo triunfos electorales”. Con los niveles de rechazo que le registran las encuestas para él sería un suicidio una ruptura con el poder que representa Medina y lo mismo para éste culminar su período de gobierno sin una fractura en el partido.

Ofensiva reeleccionista. Pero con o sin respaldo del presidente Medina, entre sus seguidores crece la expectativa de abrir campo a la reforma constitucional, convenciendo a la mayoría de los dirigentes peledeístas de los riesgos de perder el poder si desaprovechan los niveles de apoyo que sigue teniendo Danilo, con hasta 70 por ciento de la población favoreciendo su repostulación en las encuestas, para irse con una candidatura de Leonel, quien afronta un alto nivel de rechazo, también en las encuestas, aunque sigue siendo un fuerte contendiente.

Se dice que cada vez son más los dirigentes que se inclinan por el “camino seguro”, incluyendo una mayoría del CP que es donde tendría que decidirse si se auspicia una nueva reforma constitucional. De sus actuales 35 miembros, los danilistas contarían con el “voto duró de una veintena”, y en cambio los leonelistas no pasarían de la decena, mientras los demás oscilarían. “Pero todos quieren seguir en el poder”.

En este sector la estrategia busca ganar tiempo para ver si Danilo se decide, impulsado por el incremento de las “dificultades de Leonel”, incluyendo la posibilidad de que le caiga un rayo procedente del exterior, con otros escándalos internacionales como el de los aviones Tucanos destapado en septiembre por el periódico Wall Street Journal. Se cita una investigación sobre venta de tecnologías para el metro, investigaciones sobre tráfico de drogas, derivaciones del caso Quirino en manos de autoridades norteamericanas y suspensión de visas a allegados del expresidente. Esperan también mayores consecuencias de los pesados expedientes contra las “alcancías de Leonel”, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, aún reconociendo que la agradecida Suprema Corte de Justicia dictará no ha lugar para procesamiento.

Los más decididos. Entre los más abiertos promotores de la repostulación figuran el director del Indotel, Gedeón Santos, quien ha formado equipo y oficina, y los miembros de la CP Felucho Jiménez y Ramón Ventura Camejo. Este ha pedido públicamente la convocatoria de ese organismo para que se discuta la reforma constitucional. También la han favorecido ministros como el Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; el de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y el asesor presidencial, no peledeísta. Tony Isa Conde.

Se afirma que “la Otán”, como se denomina al grupo más tradicional del PLD, encabezado por Euclides Gutiérrez, Monchy Fadul y Francisco Javier, se inclinaría por Danilo, si éste da una señal. Se cuenta con que si se decide en el CP los legisladores tendrían que acatarlo, pero ahí comienzan los riesgos de fractura, porque Leonel cuenta con apoyo de la mitad de los senadores y de los diputados. Y leonelistas creen que, según el artículo 19 de sus estatutos, el CP es sólo el “órgano ejecutivo del Comité Central”, por lo que una decisión de esa naturaleza tendría que decidirse en el organismo superior.

Aún consiguiendo la unanimidad de votos de los peledeístas y sus aliados, habría que buscar unos 7 en los dos sectores en que se ha dividido el perredeísmo, lo que no parece imposible, por votación o ausentismo. En la elección del 2010 ellos acumularon 102 diputados, de los que han perdido a Minou Tavárez Mirabal y Guadalupe Valdez, y 31 senadores, por lo que ahora totalizan 131 votos, que suben a 141 si logran los diputados y el senador del Partido Reformista. La asamblea para una reforma constitucional la integran 190 diputados y 32 senadores, totalizando 222 votos. Dos terceras partes son 148, en el caso de que asistan todos.

Pacto de alternabilidad. Hay quienes creen que la vocación de poder del peledeísmo terminará imponiendo un pacto de alternabilidad entre Danilo y Leonel, partiendo de que ningún partido amenaza su predominio, como camino más seguro para mantener la unidad y para que el actual mandatario pueda concluir su período sin mayores confrontaciones internas y sin tener que apelar a modificar la Constitución que ellos mismos aprobaron en el 2010.

Se ve al presidente Medina empeñado en mantener su alta aprobación, con temor a los conflictos, pretendiendo ganar el partido con canastos de tres, sin arruga, y sin dar codazos bajo el aro para coger los rebotes y rematar. Por eso los leonelistas se plantean salir adelante oficializando la precandidatura de su líder, quien no es ningún improvisado y tiene la gratitud de gran proporción de su partido por el poder y la prosperidad acumulada.

Con Leonel Fernández proclamado precandidato y en campaña, las maniobras en su contra serán más difíciles y los temores a la división forzarían el pacto de alternabilidad, en el que Danilo recibiría una gran cuota de legisladores que le obligue a apoyar sin reservas la campaña del partido y le garantice la vuelta al poder en el 2020, por la popularidad en que terminaría. Desde luego, contando con la dispersión de la oposición y salvo errores u omisiones. Al fin de cuenta Fernández ha planteado que reinarán hasta el 2044.

La decisión de Leonel

Nadie duda que Leonel tiene una firme decisión de buscar la candidatura presidencial, aunque mantiene suficiente racionalidad para advertir sus dificultades. Pero él cuenta con que la oposición no amenaza al PLD para deshacer el argumento de que tienen que irse con Medina por ser el más seguro en la coyuntura. Le favorece la lucha interna que comienza en el nuevo Partido Revolucionario Moderno, entre Hipólito Mejía y Luis Abinader, por la candidatura presidencial. Plantean que ganaría Hipólito, al que ven como presa más fácil por sus presuntas debilidades y las capacidades de Fernández.

Los leonelistas no parecen resignados a dejarse vencer por los danilistas, razón por la cual adelantan gestiones y amarres, ayudados por la indecisión del mandatario y por la convicción general de no lanzarse contra alguien que puede volver a ser candidato presidencial y presidente de la nación. Esto incluye a peledeístas y sectores externos, aún de los que temen lo que significaría un Leonel reivindicado por los votos después del desastre fiscal en que dejó el país y los destapes de la gran corrupción y dispendio de su gobierno.

Expresión de que los leonelistas no están durmiendo podría ser la manipulación que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, de las observaciones presidenciales al Código Penal, que modificó e hizo aprobar al vapor, enviándola directamente al Presidente, quien promulgó una ley cuya modificación no pasó por el Senado. Se consultó previamente al mandatario, pero fue una iniciativa que le impusieron en desconocimiento de sus planteamientos sobre el aborto terapéutico y por violación.

En círculos políticos se preguntaban esta semana si la inasistencia de la vicepresidenta Margarita Cedeño al acto protocolar de saludos de año nuevo, pretextando “compromisos familiares”, no sería un mensaje de su esposo Leonel Fernández, de que hay que tomarlos en cuenta para que no se ponga difícil la jugada.

 

Una chapucería legislativa de los diputados y el PLD

Por Juan Bolívar Díaz
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No hay explicación racional para que no pasara por el Senado, como dispone la Constitución y la práctica tradicional, la aprobación de las observaciones presidenciales que procuran establecer excepciones en la penalización del aborto, dejando esa legislación en riesgo de ser declarada inconstitucional.

Tal como han sostenido expertos constitucionalistas, diversas organizaciones y algunos legisladores, la Cámara de Diputados violó preceptos constitucionales y reglamentarios para despachar atropelladamente el Código Penal reformado con una chapucería legislativa, a sabiendas de que poderosos sectores objetarán la ley.

Atropello legislativo. Como por arte de magia, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, se sacó de la manga un proyecto de modificación a las observaciones presidenciales y lo hizo aprobar atropelladamente para luego enviarlo al Poder Ejecutivo, desconociendo la facultad del Senado, y para colmo el presidente Danilo Medina lo promulgó horas después.

No se ha entendido el objeto de tanta prisa y poca ponderación, sobre todo ante una legislación tan polémica que de antemano algunos sectores ya habían amenazado con procurar su anulación ante el Tribunal Constitucional.

El debate hubiese permitido una mayor votación porque la confusión y el procedimiento fue rechazado hasta por legisladoras tan partidarias de la despenalización parcial del aborto, como Guadalupe Valdez y Minou Tavárez Mirabal, que no aprobaron el proyecto.

Tal como señaló la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), el presidente de la Cámara incurrió en varias violaciones a su reglamento interno: pasó por encima de la Comisión de Justicia, a la que se había encomendado el estudio de las observaciones presidenciales, no permitió el debate de su propuesta, ignoró la disposición que le manda dejar la conducción de la sesión en manos de la vicepresidencia cuando se conozca un proyecto propio, y ante las objeciones no consultó al plenario.

Se adiciona el hecho de que Martínez ignoró por completo el proyecto que en la sesión anterior había sometido la diputada Guadalupe Valdez para convertir en ley las observaciones presidenciales al Código Penal, violentando su derecho como legisladora. Lo mismo que ocurrió con otros que pretendían se les permitiera referirse al asunto.

Una acogida parcial. En realidad, lo aprobado el martes 16 por los diputados fue sólo una parte de las observaciones del Poder Ejecutivo. Lo que se sometió a votación no fueron las observaciones formuladas, sino un proyecto que las modifica, acogiéndolas parcialmente. Abel Martínez obvió la obligación de someter a votación separada si se acogían las observaciones y en cambio presentó y sometió a votación su propio proyecto, sobre el que algunos votaron no, pese a que eran partidarios de acoger las observaciones.

Es clarísimo que el Presidente pidió exceptuar de sanciones penales el aborto en tres circunstancias: cuando peligra la vida de la madre, en caso de violación o incesto y cuando el feto en formación tiene “malformaciones incompatibles con la vida”. Sólo se aprobó la primera. Las otras dos excepciones fueron remitidas a una “ley especial”, sin siquiera plazo para ser presentada o aprobada, lo que modifica las observaciones presidenciales.

Martínez no reveló el origen de su proyecto, ni si lo había consensuado con su partido o con el Poder Ejecutivo, pero en fuentes políticas se sostiene que fue fruto de acuerdo para superar la división de los dos sectores que se disputan el predominio en el Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo a altos funcionarios del gobierno. Lo aprobado reenvía el debate probablemente a “las calendas griegas”, como planteó la Alianza por la Democracia, que sostiene que en este caso pasó igual que con la ley 169-14 “donde los acuerdos de aposento y el temor primaron sobre el interés de la nación y lo verdaderamente justo”. En este caso la ley ha sido vulnerada ya que seis meses después a la gran mayoría de los desnacionalizados no se les han devuelto sus documentos.

De dos tercios a la mitad. En la misma aprobación de la Cámara Baja hubo una irregularidad que puede ser objeto de inconstitucionalidad. Ha habido divergencias en cuanto a si el Código Penal puede ser considerado una ley orgánica. Pero el hecho incontrovertible es que para la aprobación del proyecto que luego observó el Presidente, se estableció los dos tercios.

El artículo 112 de la Constitución establece que “Las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales”… Y precisa que para su aprobación o modificación requerirán del voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras”. Se considera que el derecho a la vida de la madre o del feto, es fundamental.

Copias del “Protocolo de Votación” de las sesiones del 1 de abril y el 18 de noviembre, en las que se aprobó el código indican arriba “Tipo de mayoría” 2/3 Presentes”, mientras la del martes 16 de diciembre indica “1/2 presentes+”. Eso significa que una mayoría simple modificó cuatro artículos de un código para el cual se había requerido dos terceras partes. En la sesión de abril 126 votaron a favor, 7 se abstuvieron y ninguno en contra. La de noviembre 132 a favor, 3 en contra y 11 abstenciones. En la de diciembre 93 aprobaron, 66 en contra y 12 no votaron. Como se puede observar en las dos primeras sesiones la aprobación superó el 90 por ciento y en la última el 58 por ciento.

Se volaron el Senado. También ha habido divergencias en cuanto a si la modificación al código penal introducida por la Cámara de Diputados tenía que pasar por el Senado. El primero en considerar que era innecesario fue el presidente de la Cámara, lo que aceptó el Ejecutivo.

La única forma en que se podría prescindir del Senado, es si los diputados hubiesen rechazado las observaciones presidenciales, porque en ese caso estaban ratificando lo ya aprobado por los senadores y porque la desestimación de cualquiera de las dos cámaras liquida las sugerencias presidenciales. Es lo que ha predominado en la práctica legislativa.

Pero aún si los diputados hubiesen acogido las tres propuestas presidenciales de excepciones a la penalización del aborto, tenían que remitirlas al Senado para que lo hiciera también. Con más razón cuando a su vez se modificaron las observaciones. En pocas palabras: se ha convertido en ley un texto sólo de los diputados, diferente al aprobado por los senadores, que trata de exceptuar la penalización del aborto si es para salvar la vida de la madre, y que dispone una ley especial para las otras dos causales.

El experto constitucionalista Cristóbal Rodríguez lo fundamenta: “la observación presidencial, si es acogida, tiene como consecuencia la incorporación de nuevos contenidos a la ley. Nuevos contenidos que, por serlo, no han sido conocidos ni sancionados por la otra cámara. En un sistema bicameral no puede haber ninguna disposición legal que no haya sido debidamente sancionada por las dos cámaras. Está en la índole del bicameralismo que el contenido de la legislación a la que los ciudadanos y los órganos del poder público deben obediencia sea el resultado de un proceso de deliberación que debe producirse en ambos hemiciclos respecto de su contenido total”.

Rodríguez cita los artículos 76 y 93 de la Constitución que establecen que el Poder Legislativo se ejerce por dos cámaras, y que corresponde al Congreso Nacional (ambas cámaras) “Conocer de las observaciones que el Poder Ejecutivo haga a las leyes”.