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Conviene a la gobernabilidad una suave elección de la JCE

by Juan Bolívar Diaz Santana | 2 Comments

Por Juan Bolívar Díaz
18_09_2016 HOY_DOMINGO_180916_ El País13 A

El presidente Danilo Medina tiene el desafío de ejercer su liderazgo político para contener a los legisladores y dirigentes de su partido que pretenden elegir los integrantes de la Junta Central Electoral (JCE) sin dar oportunidad a que fluya el diálogo político iniciado con la mediación de monseñor Agripino Núñez, que él mismo solicitó.

No hay dudas que el partido de gobierno tiene sobradas fuerzas para volver a imponer los integrantes de la JCE, del Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, pero si sigue apretando la rosca, podría fortalecer las resistencias políticas y sociales y generar ingobernabilidad, cuando tiene urgencias de resolver precariedades fiscales.
Preocupante precipitación

La Comisión del Senado para evaluar candidatos a integrar la JCE pareció lanzada a la precipitación, comenzando a entrevistar a unos 30 interesados que habían completado expedientes, aún antes de cerrar el plazo de inscripción fijado para este lunes 19 a las 6:00 de la tarde, tratando de ignorar el intento de concertación que coordina Núñez Collado. El senador Dionis Sánchez, quien preside la comisión, es de la línea dura que se anticipó a descartar la participación de la sociedad civil en el proceso, y que desprecia y subestima los partidos opositores, que han venido coordinando posiciones y actuaciones desde que concluyó el proceso electoral en mayo.

La línea dura del oficialismo, representada ampliamente en el Senado, se radicalizó tras informarse que el gobierno de Estados Unidos había suprimido los visados del presidente de la JCE, Roberto Rosario, y como sus múltiples voceros en los medios de comunicación, proponía ratificar los actuales integrantes del organismo, aunque uno, Eddy Olivares, lo ha rechazado, sumándose a quienes propugnan por una total renovación. Negaron la pausa para dar tiempo al diálogo, propuesta de los dos senadores del PRM.

La embajada norteamericana reiteró la política de no informar razones de supresión de visas, aunque es un secreto a voces que Rosario es responsabilizado internacionalmente de violación de los derechos humanos de miles de personas que han quedado apátridas desde que la JCE comenzó a negar actas de nacimiento a dominico haitianos registrados, seis años antes de la sentencia del Tribunal Constitucional que pretendió legitimarla.
Piden renovación total

En la reunión del martes 13, del diálogo que coordina Agripino Núñez, 11 partidos de oposición presentaron un documento reclamando “una renovación total de los organismos de arbitraje electoral” y que los mismos “sean integrados por personas sin filiación política partidaria a fin de garantizar su imparcialidad”. Se basan en el reciente informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA sobre las recientes elecciones, que depositaron en la mesa de diálogo, proclamando que evidenció “el colapso del sistema electoral dominicano”, citando sus principales conclusiones y recomendaciones.

Plantearon que la sociedad civil no solo sea escuchada, sino que “tenga un acompañamiento permanente” en el diálogo de todas las fuerzas políticas, que “debe tener un carácter plural y democrático, manteniéndose abierto frente a todos los sectores más representativos de la sociedad”, esperanzados en que “pueda parir reformas estructurales y el nombramiento de órganos electorales y apartidistas que garanticen la celebración de elecciones libres y limpias como eje esencial del sistema democrático”.

El documento es suscrito por representantes de los partidos Revolucionario Moderno, Reformista Social Cristiano, Alianza País, Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio, Quisqueyano Demócrata, Fuerza Nacional Progresista, Alianza por la Democracia, Opción Democrática y Socialista Cristiano.

Suave aterrizaje en la JCE

La renovación de la JCE se ha constituido en elemento clave del proceso político nacional, prioritario a las leyes pendientes y para abrir pasos a concertaciones, como la del pacto eléctrico en discusión hace año y medio, y sobre todo para el pacto fiscal que pudiera alentar el incremento de la presión fiscal. Así se aprecia en los más diversos ámbitos sociales y hasta entre los diplomáticos.

Esa preocupación fue recogida en el editorial de este domingo del periódico Camino, del arzobispado de Santiago, adelantado a los medios informativos, que aboga por la elección de una JCE independiente de los partidos como forma de superar la fragilidad institucional que “ha sido base para sustentar arbitrariedades, prepotencia, favoritismo y el secuestro de la libertad de nuestros pueblos. También abona el terreno para que brote la perpetuidad de un sector político determinado”.

Personas que se dicen bien informadas aseguran que el presidente Danilo Medina está entre los partidarios de un “aterrizaje suave” en la JCE, que descarta por lo menos la ratificación de Roberto Rosario como presidente, entendiendo que es una piedra de contradicción en el sistema político y con la sociedad civil, y hasta en los ámbitos internacionales, sin pretender ignorar a los Estados Unidos, entre los poderes fácticos. Se llamó la atención a que el secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, se ha distanciado últimamente de las posiciones radicales.

Salvar la gobernabilidad

Los apremios fiscales por los que atraviesa el Gobierno, con un déficit que superará los 75 mil millones de pesos programado para este año, debiendo más de dos mil millones de pesos solo a constructores de escuelas, con múltiples reclamos de salarios y la necesidad de afrontar siquiera parcialmente la deuda social en salud, transporte, seguridad social, agua potable y electricidad, obligan a algún grado de concertación. En días recientes la DGII cerró algunos comercios en San Francisco de Macorís, en su empeño por reducir evasiones, y la respuesta inmediata fue la paralización de las actividades de la ciudad. Nadie parece dispuesto a tributar más sin que reduzcan el dispendio y el clientelismo.

Los economistas concuerdan en que el nivel de endeudamiento de los últimos años, que ha llevado la deuda consolidada del Estado sobre los 34 mil millones de dólares, ya es insostenible. Proseguir ese camino constituiría un peligroso legado al final del último gobierno de Danilo Medina. El mismo dijo el 16 de agosto que la mayoría de los organismos estatales tienen sus presupuestos congelados desde el 2012.

Desde cualquier punto de vista la nación está abocada a algún nivel de concertación que permita mejorar la gobernabilidad y fortalecer las instituciones, como base del desarrollo, que es lo que reclama la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática. La imposición política sería una inversión en dirección opuesta y promovería un fortalecimiento de la oposición sobre las olas de las insatisfacciones sociales a la vista de todo el que ve más allá de la “curvita de la Paraguay”.

Todos deberían renunciar

by Juan Bolívar Diaz Santana | 16 Comments

Por Juan Bolívar Díaz
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Con la dignidad, la coherencia y el valor que ha caracterizado su paso por la gestión pública, desde que se le conoció en la fiscalía de la provincia Santo Domingo, el licenciado Eddy Olivares Ortega ha dado una lección al liderazgo nacional al anunciar su declinación a seguir siendo parte de una cuestionada Junta Central Electoral (JCE), cuyas decisiones o indecisiones han contribuido al descrédito del sistema electoral dominicano, como han patentizado los diversos informes de observación del reciente proceso electoral.

El ejemplo de Olivares concierne a todos los restantes integrantes del organismo electoral, que también deberían presentar su renuncia reconociendo públicamente que una condición esencial de todo arbitraje es la independencia y la aceptación por parte de los diversos actores, a los cuales la legislación constitucional moderna acuerda el derecho a la recusación cuando entiendan que las autoridades o jueces tienen conflictos de intereses.

Debe advertirse que la carta de renuncia de Olivares a seguir como titular de la JCE, fue dirigida al presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, quien días antes de los comicios de mayo anunció su disposición a reelegir a todos los integrantes del organismo, aprobando su gestión.

Si Eddy Olivares antepusiera su interés personal al de la sociedad, estuviera medrando en los ámbitos repartidores del poder y hasta presentándose como la expresión mínima de la disensión, o la representación de la oposición, especialmente porque como tal llegó a esa junta de reparto, y así se le ha considerado, aunque su integridad rebasa con mucho tal condición.

Ante la evidente impugnación de la totalidad de los partidos de oposición, y de amplios segmentos de la sociedad civil que propugnan por el entendimiento y la concertación en aras de la gobernabilidad y la estabilidad política, económica y social, todos los integrantes de la JCE, como también los del Tribunal Superior Electoral, deberían mostrar su disposición a apartarse para no constituirse en piedras de contradicciones, lo que no corresponde a árbitros ni jueces.

Es probable que en ambos organismos haya personas con capacidades e integridad para mantenerse en los cargos, los que deberían ser considerados para el consenso necesario. Pero la mayoría, con sello político fruto del reparto, debe dejar el campo abierto.

Hay que reconocer que la renuncia, como la de Olivares, es muy poco frecuente en la vida pública dominicana, pero en el mismo ámbito de la JCE hay precedentes como el del doctor Manuel Morel Cerda, y la doctora Aura Celeste Fernández, que se retiraron cuando fueron objeto de impugnaciones, aún injustas, de diversos actores políticos.

Las deficiencias del último proceso electoral, el colapso de la imposición tecnológica, la personalización de la JCE rompiendo su carácter de organismo colegiado, su colocación por encima de la ley, su fracaso en lograr la adaptación de la ley electoral a la Constitución de la República y su incapacidad para aplicar los principios de equidad que proclama, determinan una renovación profunda del organismo.

Mientras tanto, congratulemos a Eddy Olivares, quien siempre defendió principios con más múltiples documentos ponderados y argumentativos, sin insultos ni descalificaciones. Defendió la transparencia en el uso de los recursos, en las contrataciones, tanto como los derechos ciudadanos cuando la JCE comenzó a negar la documentación de los dominico-haitianos, sin el menor amparo legal, que luego quiso darle el Tribunal Constitucional. La ley 169-14, que revocó parcialmente las exclusiones y la restitución de la documentación de 55 mil ciudadanos por la JCE, demostraron su acierto, compartido con la doctora Aura Fernández y en la última etapa con el doctor José Ángel Aquino.

Ojalá que Olivares Ortega decida incursionar definitivamente en la actividad partidaria, donde tiene un amplio campo para desplegar sus capacidades, porque es de los imprescindibles, los que investigan y defienden principios, sin miedo a quedar en minoría. Hacen falta para el rescate de la actividad política.

La institucionalidad democrática estará a prueba en el nuevo año

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

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El año 2016 llega con grandes incertidumbres sobre el rumbo de la institucionalidad democrática nacional por el desguañangue en que se encuentra el sistema político, corroído por la corrupción, el clientelismo y el reparto de candidaturas, y por los efectos corrosivos que históricamente han acompañado en el país los proyectos reeleccionistas.

El primer desafío será evitar que el gasto público vuelva a disparar el déficit fiscal como aconteció en las dos últimas elecciones presidenciales lo que haría más perentorio un nuevo parche tributario que asoma para frenar el rumbo de la insostenibilidad fiscal, ya que pocos creen que el pragmatismo político permita una reforma integral.

Un panorama nublado. El año que concluye deja espesas nubes sobre la institucionalidad democrática nacional por el desguañangue en que se encuentran los partidos que han sostenido el sistema político, la profunda crisis del sistema judicial, por la progresiva descomposición social y por los efectos corrosivos que históricamente han acompañado los procesos reeleccionistas en la historia del país.

Aunque la percepción más generalizada es que el presidente Danilo Medina logrará la reelección, la crisis interna por la que atraviesa su partido, y los escándalos de los últimos meses arrojan dudas que solo pueden disipar la persistente debilidad y dispersión de la oposición política que presentará por lo menos cuatro candidatos presidenciales para una competencia enormemente desigual.

Se asume que, además del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llegarán a las urnas los que postulan a Luis Abinader, Guillermo Moreno, Minou Tavárez Mirabal y Pelegrín Castillo. Se cree que otros tres candidatos proclamados, Hatuey De Camps, por el Partido Revolucionario Social Demócrata, Juan Cohén, del Partido Nacional Voluntad Ciudadana y Soraya Aquino, del Partido de Unidad Nacional, terminarán firmando alianzas.

Las dos principales opciones, PLD y PRM, comenzarán el año con dificultades para completar sus boletas congresuales y municipales, el primero aún sin dilucidar los traumas de la muy parcial elección primaria que celebró el 13 de diciembre, y de la que dos semanas después no ha podido concluir, afrontando impugnaciones derivadas de la violencia con muertos y heridos y de acusaciones de alteración de padrones y robos de urnas, que afectan municipios como Santiago, La Vega y Santo Domingo Norte. El PRM con complicaciones en el Distrito Nacional y otras jurisdicciones y sin haber podido explicar los alcances de su reciente pacto con el PRSC, mientras el resto de los partidos tiene dificultades hasta para completar el listado de 4 mil 200 candidatos.

La crisis de la justicia. La circunstancia de que al terminar las fiestas navideñas, el mismo 7 de enero, se celebra con un acto solemne el Día del Poder Judicial, pondrá de nuevo sobre el tapete la crisis que sacude a ese poder del Estado. Ese día en el tradicional discurso el presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, tendrá que responder los cuestionamientos que sacuden a esas dos instancias, la primera involucrada en una banda de traficantes de sentencia y la segunda descalificada nada menos que por el Procurador General de la República, cuando intentaba explicar su decisión de no recurrir en casación el descargo del dirigente peledeísta Félix Bautista del grave expediente de corrupción que había sostenido.

El último agravamiento lo ha constituido una instancia-demanda del juez Rafael Ciprián, degradado por el organismo superior sin explicación ni justificación, en clara violación de la Constitución y de la Ley de Carrera Judicial. Tras haber declarado que la motivación habría sido que no declaró ganadora la plancha del PLD a la presidencia del Colegio de Abogados, ese magistrado plantó pleito en términos radicales, en dos desafiantes comunicados.

Ciprián escribió, entre muchos otros cargos: “ya basta de humillaciones sin nombre y de chantajes del poder. Lucharé hasta el final para que se respeten la independencia y la dignidad del juez dominicano, para que haya verdadera justicia, para que los jueces dicten sentencias conforme al Derecho y no a la orden superior”… y agregó “Sentaremos un precedente contra la arbitrariedad del poder, el abuso y el autoritarismo”.

Problemas del arbitraje. Entre analistas se da consenso en que si la competencia por el poder se cierra, la institucionalidad democrática afrontará mayores dificultades, especialmente por la histórica imposición del reeleccionismo y la cultura del abuso del Estado. Cincuenta mil tarjetas para subsidios sociales se suman en enero a más de dos millones ya en manos de la población más pobre y políticamente manipulable. En la elección congresual y municipal del 2010, en el barrio capitalino de San Carlos la observación electoral de Participación Ciudadana pudo contactar la existencia de centros informáticos que verificaban cuáles beneficiarios de tarjetas no habían votado, y salían a buscarlos.

Con una legislación electoral tan atrasada que ni siquiera han querido adaptarla a los planteamientos de la Constitución promulgada hace seis años y un arbitraje, Junta Central Electoral (JCE) y Tribunal Superior Electoral, bajo control del partido gobernante, la competitividad se reduce substancialmente.

El primer desafío del año para el arbitraje es que la JCE conozca una instancia de su titular Eddy Olivares y abra en enero el período de campaña electoral, como ha hecho en tres de los últimos cuatro comicios nacionales, sin esperar el límite de 90 días, para lo cual está facultada. Eso le permitiría un mayor margen legal para contener los excesos, aunque hay pocas expectativas al respecto.

Los graves excesos en la elección primaria del PLD que solo escogía candidaturas a regidores y unos cuantos diputados y alcaldes, certificados por su presidente Leonel Fernández en artículo en el Listín Diario del pasado lunes, se proyectan ominosamente sobre la elección nacional, sobre todo si ven riesgos de perder parte substancial del poder.

Costo de una larga fiesta. De lo que no hay dudas es que cuando concluya el proceso electoral el 15 de mayo, o el 26 de junio (último domingo del mes, artículo 209-1 de la Constitución) si es necesaria la segunda vuelta para la mayoría absoluta, a la sociedad se le pasará la factura del alto costo de la política. Es imposible estimar con alguna certeza a cuánto asciende una campaña electoral que empezó antes que se juramentara el gobierno electo en el 2012.

Cientos de precandidatos a todos los niveles de elección se han gastado miles de millones de pesos, la mayoría de ellos inútilmente ya que al final no hubo convenciones democráticas. En gran proporción los ha pagado el Estado, sea por sustracción de fondos, en vehículos, combustibles, teléfono, oficinas, en sueldos y nominillas, y por los barrilitos y cofrecitos de los legisladores, casi todos buscando reelegirse.

Del presupuesto nacional saldrán este año para los partidos unos 1,700 millones de pesos, y nadie podrá calcular cuántos miles más costará el proyecto reeleccionista más grande de la historia nacional, ya que esta vez no solo incluye al presidente, sino a todos los senadores, y a más de dos tercios de los diputados y de los alcaldes en ejercicio.

De que el Gobierno piensa gastar mucho en la campaña hay indicadores visibles en el presupuesto aprobado para el 2016. Como ejemplo, la partida de materiales y suministros de la Presidencia, que este año ejecutó 2 mil 500 millones de pesos, está triplicada a casi 8 mil millones de pesos.

Viene otro parche tributario. Los déficits fiscales crónicos del Gobierno dominicano comenzaron precisamente en la campaña reeleccionista del 2008, con cerca de 60 mil millones de pesos, porque los ingresos solo crecieron 5 por ciento, el gasto se disparó en 30 por ciento. En los años de elecciones 2010 y 12 los déficits alcanzaron récord, el último por 156 mil millones de pesos solo en el Gobierno Central. El FMI lo estimó en 8 por ciento del PIB, aunque aquí se redujo al 6 por ciento.

La última reforma tributaria, pues el Gobierno eludió el compromiso de una fiscal integral, fue precisamente para conjurar ese hoyo. Y pese al incremento de los tributos, ha mantenido persistentes déficits por encima de los 70 mil millones de pesos anuales. Participación Ciudadana documentó en su evaluación de fin de año que para el 2016, al déficit presupuestario proyectado de 75 mil 894 millones de pesos, habrá que adicionarle empréstitos por 97 mil 366 millones para amortización de la deuda pública y el costo financiero de la deuda del Banco Central, para un total de unos 230 mil millones de pesos. Una insostenibilidad que volverá a reclamar parches en la resaca electoral, cualquiera que sea el veredicto de las urnas.

Asoma otra campaña electoral de inequidades e iniquidades

by Juan Bolívar Diaz Santana | 2 Comments

Por Juan Bolívar Díaz

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Los primeros acordes de la campaña electoral a cinco meses de las elecciones generales, configuran un proceso de inequidades con el Presidente de la República encabezando caravanas en un festival de reparto y con proclamas de que la oposición no tiene dinero para competir con ellos, por lo que deben recoger y dedicarse a otra cosa.

El derroche de recursos se convierte en iniquidad con el reparto de dinero, vestuario, combustibles, bebidas y comidas en orgías que terminan en peleas a palos entre los que se arrastran detrás de los demostraciones de fuerza que buscan ratificar la imagen de invencibilidad de quienes acaparan y utilizan todos los poderes y estamentos del Estado.

Apabullantes demostraciones. Lo que ocurrió el primer fin de semana de diciembre en la urbe capitalina y en San Cristóbal fue un descomunal derroche de recursos con virtual ocupación de las ciudades y repartos clientelares que justificaban los eufóricos gritos del secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared Pérez, exhortando a sus pobres opositores a que recojan y se dediquen a otra cosa, porque no tienen nada que buscar en las elecciones de mayo próximo.

Fue la forma en que se proclamaron las candidaturas a la reelección como senadores de Pared Pérez en el Distrito Nacional y de Cristina Lizardo para la provincia de Santo Domingo, al igual que los actuales alcaldes Roberto Salcedo y Juan de los Santos. Lizardo, quien preside el Senado de la República, no se ruborizó al proclamar que “la oposición no tiene dinero ni fórmula para competir”.

La inequidad no solo beneficia al partido, sino también a ella y a Pared, que como senadores reciben 900 mil pesos mensuales para “asistencia social”, los llamados barrilitos que suman 10 millones 800 mil pesos anuales, que en 6 años de este período legislativo, son 64 millones 800 mil pesos cada uno para repartir. La asignación a los diputados es menor, (por eso les llaman cofrecitos), 50 mil pesos mensuales, aunque a discreción pueden optar por cientos de miles de pesos más por año y adicionalmente a asignaciones especiales para repartos en Navidad, Semana Santa, Día de las Madres e inicio del año escolar.

La repostulación total de los 31 senadores y 100 diputados del PLD les garantiza una enorme ventaja por concepto de las asignaciones para asistencia social (“barrilitos y cofrecitos”) que seguirán recibiendo aún en los meses de la campaña electoral formal, mientras sus competidores, si merecen el título, no habrán recibido ni un peso del Estado.

Fiestas, palos y tiros. La fiesta del sábado en la urbe capitalina fue apabullante, con ocupación de calles y barrios, que impidieron las actividades normales. Una boda programada para las 5:00 de la tarde en la iglesia Las Mercedes solo pudo celebrarse a las 8:00 de la noche, con los pocos que pudieron llegar. El PLD montó decenas de plataformas en los diferentes sectores de la gran urbe, con espectáculos de animación y reparto de dinero, ropa, comidas, y bebidas. Una joven mujer mostró ante cámaras de televisión la ropa que vestía y dijo que también le dieron dinero, pero sonriente aclaró que no asistiría al espectáculo.

La proclama del candidato a senador por San Cristóbal Tommy Galán implicó el cierre por tres días de la principal avenida convertida en jolgorio de reparto de comestibles y bebidas, así como sobrecitos con su foto y billetes de 200 pesos.
Hubo pelea a palos y puños que la seguridad dispersó con disparos al aire. Allá también fue Danilo Medina.

Con tan auspicioso respaldo no fue sorprendente que el director regional de educación del distrito 04, San Cristóbal, Darío Campusano, emitiera el 2 de diciembre la circular 316-15, convocando a “todo el personal administrativo, de apoyo y de vigilancia de los centros educativos a una importante reunión con la presencia del senador provincial, licenciado Tommy Galán, donde trataremos varios temas de interés”, el martes 8 en el Campo Club San Cristóbal a las 4:30 de la tarde. Varios cientos asistieron a la junta, según comprobaron reporteros, a quienes se dijo que se trataba de un “aguinaldo navideño”.

Esos derroches fueron reproducción de anteriores en diversas provincias. En Nagua y Azua la ocupación se ejecutó con decenas de yipetas, autobuses y minibuses que transportaron activistas de otras ciudades e invadían hasta los carriles de circulación contraria en las carreteras, obligando a los otros automovilistas a echarse fuera de las vías.

Sin esperanza de controles. La legislación electoral dominicana es señalada como la más atrasada del continente en preceptos para garantizar la equidad democrática en las elecciones. Desde hace 17 años se ha consensuado una Ley de Partidos, pero se evade materializarla.

En la campaña del 2012, los candidatos firmaron un pacto para aprobarla ese mismo año. Tampoco han podido adaptar la legislación electoral a los preceptos de la Constitución promulgada en 2010, aunque en el 2011 la JCE sometió sendos proyectos.

La JCE pretexta la falta de esas legislaciones para no establecer límites, ignorando que el artículo 211 de la Constitución le confiere “la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”. Y el 212 especifica: la JCE “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Recientemente la JCE argumentó que la ley solo le faculta a adoptar medidas moderadoras en el período de la campaña que se inicia con la proclama oficial, razón por la que su miembro Eddy Olivares reclamó que la adelantaran a diciembre, acorde con la ley, sin que se haya decidido.

La Ley Electoral faculta. La Ley Electoral vigente tiene previsiones para la equidad, como lo resaltó esta semana el doctor José Ángel Aquino, miembro titular de la JCE, en una tertulia auspiciada por la Fundación Ebert. Él y Olivares han abogado por acciones moderadoras, pero allí se impone de forma mecánica una mayoría de tres encabezada por su presidente Roberto Rosario, quien pasó del Comité Central del PLD a “juez electoral”.

Aquino citó el artículo 6 de la Ley 275-97, que facultan a la JCE a adoptar “cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral” y fiscalizar que las decisiones de los partidos sean acordes a la ley, reglamentos y estatutos, y “Disponer las medidas que considere apropiadas para asegurar el libre ejercicio de los derechos de tránsito, libre reunión, igualdad de acceso a los medios de comunicación, tanto estatales como privados”…

Señaló también los artículos 45 y 47 de la Ley Electoral que “luego de establecer una serie de prohibiciones a los partidos políticos y a sus dirigentes en relación con el erario, señala taxativamente que la Junta Central Electoral tendrá facultad para anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con el auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado”.

En total desigualdad

Solo el abuso de los recursos del Estado puede explicar el derroche de los peledeístas, cuyos precandidatos han agotado dos y tres años de campaña. En Santiago inundaron la ciudad de tal forma que organizaciones sociales lograron que un tribunal dispusiera el desmantelamiento de cientos de vallas y afiches. Cada uno con cientos de activistas contratados o empleados de organismos estatales.

La campaña reeleccionista del presidente Medina está llamada a quedarse con la mayor parte del financiamiento estatal, al incluir más de una docena de partidos aliados. Por de pronto, la suma del PLD y el PRD ya implica más del 57 por ciento de unos 1,700 millones de pesos a que ascenderá el subsidio estatal a los partidos en el 2016, el doble del 2015, por ser año de elecciones.

Por otra parte, hay que sumarle las ventajas de personal, vehículos, combustibles y dietas pagadas por los organismos estatales, y las de una inmensa red de periodistas, comentaristas, locutores y hasta “call centers de interactivos”, incorporados a las nóminas públicas. Un reporte de Edwin Ruiz publicado el 8 de diciembre por Diario Libre indica que en los primeros diez meses del año el Gobierno destinó 8,054 millones de pesos para publicidad y propaganda, viáticos, combustibles y gastos de representación. En publicidad y propaganda fueron 2,495.6 millones, 250 millones mensuales, y 8.3 millones por día. Buena proporción de esa publicidad es propaganda reeleccionista indirecta, incrementada notablemente tanto en periódicos como en radio y televisión en los últimos dos meses.

Por demás, tradicionalmente los presidentes en reelección se benefician también de una alta proporción de las contribuciones privadas. Circula en las redes una invitación a un coctel mañana lunes 14 “pro fondos de la campaña presidencial” en la residencia de un empresario y se “sugiere” una contribución individual de 2 millones de pesos, 44 mil dólares, 8 veces el tope en Estados Unidos para ese tipo de actividad presidencial.

 

La JCE está en el deber de garantizar la equidad

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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La propuesta del miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE) Eddy Olivares de adelantar la proclama del período electoral tiene fundamento legal y precedentes tan recientes como el 2008, justo cuando ese organismo presentó un reglamento para regular las campañas electorales y tras su rechazo por la generalidad de los partidos.

El objetivo es abrir un espacio para que el organismo arbitral pueda cautelar la equidad en una campaña electoral, hace tiempo iniciada, en base a las facultades que le otorgan la Constitución y varias leyes, pero no sorprende el apresurado rechazo de un sistema político negado a renovar la Ley Electoral y a aprobar una Ley de Partidos.

Pueden emitir la proclama. Eddy Olivares Ortega tiene legítimo derecho a proponer un adelanto de la proclama que da inicio a la campaña electoral, sobre todo si está animado por el principio de equidad en la competencia electoral. Hasta delegados políticos ante el organismo electoral, dirigentes políticos que deberían conocer la ley electoral, lo mismo que articulistas erraron en sus argumentos de rechazo. La ley no instituye una campaña electoral de sólo 90 días.

El artículo 87 de la Ley Electoral 275-97 establece que toda elección será precedida de una proclama de la JCE que “deberá ser publicada a más tardar 90 días antes de la fecha en que deba celebrarse”. Eso implica que como las próximas elecciones son el 15 de mayo, la proclama tiene como límite el 15 de febrero.

Pero en buen castellano la frase “a más tardar” significa que puede hacerse antes, como en efecto ocurrió en tres de las últimas cuatro elecciones nacionales, en 2008, 2006 y 2004, cuando se produjo en enero, dos veces bajo presidencia de Luis Arias y una tercera vez por el doctor Julio César Castaños Guzmán. Este la dejó abierta el 16 de enero del 2008, cuando faltaban cuatro meses para las elecciones presidenciales. En las dos elecciones anteriores el período de campaña fue abierto el 26 y el 20 de enero.

Es significativo que en el 2008 se adelantara a cuatro meses antes de los comicios, porque ocurrió después que los partidos dominantes rechazaron dos proyectos de la JCE para reglamentar las campañas electorales y establecer límites a la propaganda. La apertura de la campaña electoral fue adoptada a unanimidad y contó con los votos de cuatro de los cinco que ahora integran la JCE, los doctores Roberto Rosario, José Ángel Aquino, César Féliz y Eddy Olivares.

Lo que plantea Olivares. El licenciado Olivares fundamentó su planteamiento en que el 20 de octubre pasado por mayoría simple de tres a dos el Pleno de la JCE evadió tomar medidas ante vídeos que mostraban repartos de “facilidades” a militantes del partido de gobierno para la compra de vehículos, fundamentándose en que “la facultad de la JCE de tomar medidas cautelares está limitada al período electoral”.

En esa ocasión la propuesta aprobada indicaba que “independientemente de la profusión de publicidad, propaganda y activismo proselitista de los partidos no se ha iniciado el período electoral ni mucho menos la campaña electoral”. Es decir, que a pesar de reconocer que los partidos estaba en plena campaña, el pleno planteaba que hasta no producirse la proclama de inicio, no se podían adoptar medidas cautelares ni sanciones.

En consecuencia lógica Olivares ha pedido adelantar la proclama, dado que “muchos de los candidatos son escogidos en base al uso de los recursos del Estado y los ayuntamientos, y que la ausencia de fiscalización por parte de nuestro órgano, contribuye con la contaminación del proceso, en perjuicio de su libertad, de su transparencia, su equidad y su integridad”.

Plantea que como el pleno de la JCE reconoció que tiene facultades regulatoria en los periodos de campaña, deberá prohibir todo uso de recursos públicos en la campaña electoral, que los funcionarios se abstengan de utilizar transporte, combustibles y dietas estatales en las actividades proselitistas, que no puedan pagar propaganda, ni promover candidaturas en los actos oficiales, y que los candidatos no puedan participar en inauguraciones oficiales.

También congelar la nómina de los programas sociales de órganos estatales, control y equidad en los medios de comunicación en manos del Estado.

Oposición sin fundamento. El licenciado Olivares fue valiente al formular su propuesta conociendo la resistencia de los partidos que usufructúan el poder a las regulaciones de las campañas. Pero podía haber esperando argumentos en contra más sostenibles. Lo primero que se adujo es que la proclama sólo podía hacerse 90 días antes.

Otros alegan que la JCE no debe precipitar la campaña electoral, ignorando que hace tiempo que los partidos y sus candidatos realizan actividades de promoción, especialmente el presidente Danilo Medina y el licenciado Luis Abinader, quienes encabezan las encuestas.

Otro argumento banal es que proclamar la campaña en diciembre afectaría las celebraciones navideñas, como si se fuera a obligar a los partidos a realizar actividades y propaganda el día de navidad o del año nuevo. Y como si la no apertura implicara limitación.

Otros han argumentado que Olivares procura amarrar los brazos del presidente candidato, lo que implica el reconocimiento de que el mismo tiene unas ventajas que en el país llevan a elevados déficits fiscales en los años de elecciones.

Los mandatos legales. En su primer informe de observación electoral del proceso del 2016, emitido esta semana, el movimiento cívico Participación Ciudadana sostiene que a falta de la nueva Ley del Régimen Electoral y de la Ley de Partidos, la JCE “tiene el deber moral de utilizar las facultades que le confiere el artículo 212 de la Constitución para “garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”, así como de “velar porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”.

El mandato constitucional agrega que “En consecuencia tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”. Recuerdan también el artículo 146 que instituye sanción a todo el que derive fondos públicos en beneficio personal o de particulares o asociados.

El movimiento cívico cita también los artículos 45 y 47 de la Ley Electoral vigente que “establecen una serie de límites a los partidos y a los funcionarios en el uso y abuso de fondos y bienes públicos, sobre las contribuciones y financiamientos de candidatos y partidos, así como la obligación de rendir cuentas”.

 Recuerda que las violaciones son sancionadas en el artículo 174 de la misma ley y que la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública establece normativas de transparencias y obligación de rendir cuentas a todas las entidades que, como los partidos políticos, reciben fondos del Estado. –

Liquidemos ese nuevo apartheid

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) se sumó esta semana a la denuncia del nuevo apartheid instituido por la Junta Central Electoral desde el 2007 al despojar de la nacionalidad dominicana a millares de descendientes de haitianos que durante décadas fueron declarados como tales al amparo del derecho del jus soli que rigió en las constituciones nacionales hasta la vigente, promulgada en el 2010.

Nunca hemos  podido entender ni asimilar la indiferencia de tantas instituciones, de dirigentes sociales, intelectuales, religiosos y personas de diferentes ámbitos preocupadas por las normas fundamentales de convivencia civilizada y partícipes del código universal de los derechos humanos, ante una decisión administrativa que declara muertos civiles a decenas de miles de seres humanos, y lo hace con efecto retroactivo, vulnerando una jurisprudencia y principio constitucional de carácter universal, recogido en todas las constituciones que han regido la nación dominicana desde su fundación.

La declaración de la Finjus, suscrita por su vicepresidente ejecutivo, el reconocido jurista Servio Tulio Castaños Guzmán, se refiere a la reciente decisión de la JCE de traspasar a la dirección de Migración los expedientes de 19 mil 15 casos de ciudadanos descendientes de haitianos supuestamente afectados de irregularidades. Expresa preocupación de que en vez de actuar de acuerdo con el orden constitucional vigente, la Junta Central Electoral “haya decidido convertir en un asunto de carácter migratorio lo que es un asunto de carácter registral., que de acuerdo con el artículo 212 de la Constitución, párrafo IV es de su competencia”.

 El comunicado coincide con el voto negativo razonado por el doctor Eddy Olivares, miembro titular de la JCE, en el carácter constitucional e ilegal de tal decisión, en virtud de que es a los tribunales del orden judicial a quienes compete decidir sobre la anulación o no de una declaración de nacimiento. Se refiere también al desacato de sentencias de amparo emitidas por jueces a los que han recurrido algunos de los afectados, individualmente y en grupos.

De ser ciertos esos desacatos denunciados, señala la Finjus, “estaríamos ante un grave atentado a la seguridad jurídica y el Estado de Derecho en la República Dominicana, pues nuestro ordenamiento jurídico sufriría graves lesiones si cualquier institución estatal o funcionario público, sin importar su rango o condición, toma decisiones de forma arbitraria que afecten los bienes jurídicos de las personas en desconocimiento de las leyes y la Constitución”.

Sería relevante determinar qué hará Migración con esos 19 mil expedientes. Si saldrá a recoger a todos esos ciudadanos, nacidos y criados en este país, durante décadas, que en su momento fueron admitidos como ciudadanos y dotados de cédulas y pasaportes, para deportarlos hacia algún territorio donde nunca han estado, o si simplemente los dejarán en un invernadero, como muertos civiles, en un nuevo tipo de apartheid que como considera la Finjus coloca al país en una situación de cuestionamiento ante organismos internacionales.

Que país tan contradictorio e insólito es el nuestro, que ha enviado a más de un millón de los suyos al exterior y reclama derechos para ellos, pero atropella a quienes han descendido de inmigrantes. Mientras en Estados Unidos las fuerzas políticas se ponen de acuerdo para dar un estatus legal a 12 ó 15 millones de inmigrantes ilegales, y hasta para garantizarles un acceso a la ciudadanía, aquí se la estamos revocando masivamente a millares que la tuvieron por décadas. Mientras el alcalde de Nueva York legisla para impedir la deportación de inmigrantes que no hayan violado las leyes, aquí ignoramos las normas legales y constitucionales que amparan a los ciudadanos cuyos padres llegaron sin un estatus migratorio definitivo.

Mantenemos la esperanza de que cada día se levanten nuevas voces para rechazar ese atropello que impide a miles acceder a escuelas y universidades, obtener una cédula de identidad o un pasaporte, contraer matrimonio o divorciarse, y  ejercer muchos otros actos de la vida civil. Pongamos pronto fin a este ignominioso apartheid e impidamos ghettos de muertos civiles al por mayor. Que nadie acalle su conciencia haciéndose el  desinformado. Ya no es si debemos o no dar la nacionalidad a los que han nacido en el país, es que se la estamos arrebatando a miles que ya la habían recibido.-

 

Novedoso proyecto de reforma electoral

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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El proyecto de reformas a la Ley Electoral,  elaborado por la OEA, contiene importantes regulaciones a la extensión y el gasto en las campañas electorales con topes e identificación de donantes, y actualiza las sanciones.

El proyecto de reformas a la Ley Electoral elaborado por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA) contiene numerosas novedades regulatorias de la extensión y el gasto de las campañas electorales y faculta a la Junta Central Electoral (JCE) a cautelar el abuso de los recursos estatales.

El documento está ahora en manos del Pleno de los gerentes electorales que deberían hacerlo propio y tramitarlo a los partidos y al Congreso Nacional con la urgencia que demanda la adecuación de la legislación al nuevo orden constitucional antes de que se inicie formalmente la adelantada campaña electoral.

Una urgente adecuación.  La JCE pidió asistencia técnica a la OEA para elaborar un proyecto de reformas integrales a la vigente Ley Electoral que quedó obsoleta con la Constitución de la República promulgada en enero del 2010, para lo cual a mediados del año vino al país una misión técnica que realizó consultas con los funcionarios electorales y los partidos políticos.

El documento fue entregado en Washington el 26 de septiembre al presidente de la JCE, Roberto Rosario, y al miembro titular del organismo Eddy Olivares, por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Pese a la urgencia de la legislación fue más de mes y medio después que esta semana fue entregado al Pleno de la Junta que deberá hacerlo propio y tramitarlo a los partidos y al Congreso Nacional, donde hace meses duerme el proyecto de Ley de Partidos Políticos.

Este proyecto es un desafío a los legisladores por las novedosas regulaciones que  implica, y dada la escasa voluntad que ha mostrado el sistema político dominicano para establecer límites a las campañas electorales y los abusos de recursos estatales, así como por la actualización de las sanciones a los violadores de las normas.

La urgencia está determinada en primer lugar, por la necesidad de adecuar la Ley Orgánica de la JCE al nuevo orden constitucional que separó en dos organismos autónomos las funciones administrativas y normativas de las contenciosas del sistema electoral. La nueva JCE tiene ahora un solo órgano ejecutivo, el Pleno de sus miembros titulares, por lo que se requiere eliminar de la Ley Electoral la división de cámaras Administrativa y Contenciosa.

El proyecto es integrado por 248 artículos, 68 más que los 180 de la ley actual, incluyendo 4 nuevos que definen los principios generales. El 6 remite las funciones contenciosas al nuevo Tribunal Superior Electoral aún pendiente de ser constituido.

Una reforma integral.  El artículo primero del proyecto indica el objetivo de regular el ejercicio ciudadano de elegir y ser elegido, el procedimiento y desarrollo del proceso electoral y el funcionamiento y competencias de la JCE “como máximo ente responsable de la organización de los comicios”.  Aquí se debería incluir también la gestión del registro civil, la que certeramente es detallada en el texto. El proyecto de la OEA tiene una importante omisión, al no especificar el tiempo que durará la campaña electoral, limitándose a plantear en su artículo 119 que “se entenderá abierto desde el día en que se emita la proclama por parte de la JCE, y concluirá a las 12:00 de la noche del jueves inmediatamente anterior al día de las elecciones”.

La ley vigente establece que la Junta Central Electoral debe proclamar el inicio de la campaña electoral al menos 90 días antes de la votación, aunque los partidos y candidatos la inician hasta más de un año antes.

Se incluyen amplias previsiones para normar al artículo 81 de la nueva Constitución que instituye la elección de siete diputados en representación de la comunidad dominicana en el exterior. Condiciona la postulación a haber residido en la circunscripción correspondiente por lo menos los cinco años anteriores.

Establece tres circunscripciones en el exterior. La primera, que comprende Canadá y Estados Unidos (excluyendo Miami), elegirá 3 diputados (as). La segunda circunscripción corresponde a Miami, Curazao, Panamá, Puerto Rico, San Marteen y Caracas y elegirán 2 diputados(as). La tercera se encuentra en Europa (Madrid, Barcelona, y Amsterdam) y tendrá 2 diputados (as).

Se propone ampliar los límites para la inscripción de candidaturas y registro de alianzas, fusiones o coaliciones. El primero que es de 60 días antes de los comicios, pasaría a 75, y el segundo, que es de 75 días, se llevaría a 90.

Reformas transcendentes.  La limitación de la campaña electoral al período oficial, la prohibición de usar recursos y actos estatales para hacer propaganda política,  la presentación de un presupuesto de gastos al comenzar la campaña, incluido un tope a ser establecido por la JCE, la definición de normas éticas en la competencia electoral, y la actualización del régimen de sanciones son de los aspectos más relevantes del proyecto de la OEA.

El artículo 132 plantea:  No puede difundirse propaganda ni realizarse acto alguno de campaña electoral fuera del período definido por la presente ley, con excepción de lo dispuesto por la Ley de Partidos Políticos con relación a las Precampañas. Exceptúa la divulgación de las actividades de los partidos. Prohíbe la publicidad anónima, indicando que deberá indicar el responsable.

Según los artículos 166-167, los partidos o sus candidatos deberán depositar ante la JCE, en un plazo no menor a 60 días antes de los comicios, un presupuesto general de ingresos y gastos en el proceso electoral, que incluirá la nómina de contribuyentes, fuentes y relación de ingresos. Indica que la JCE, en consulta con los partidos, “definirá el tope de gastos” que no podrá superar el presupuesto más alto presentado por los partidos, y en el mismo se incluirá “todo tipo de aportes, ya sea en calidad de  donación, cesión o préstamo que no implique la erogación de recursos económicos”. Prohíbe la contribución de las personas jurídicas.

La celebración de actos públicos de los organismos estatales “no podrá servir de escenario para la promoción de cualquiera de los candidatos”, incluyendo propaganda o cualquier actividad. Tampoco utilizar en las campañas recursos materiales, equipos o personal pagado por el Estado. Las inauguraciones quedarían prohibidas en los últimos 15 días de campaña. Durante toda la campaña la publicidad estatal no podrá promover directa ni indirectamente la motivación del sufragio a favor de candidatos. Las encuestas no podrán publicarse dentro de los cinco días anteriores a la votación y hasta 3 horas después de la misma.

  Cuestión de ética y equidad

El proyecto de la OEA contiene múltiples regulaciones destinadas a mejorar la competencia electoral, a garantizar la equidad democrática y a defender los principios éticos que deben normar las actividades de partidos y candidatos. Su artículo 123 establece que la campaña electoral “deberá enmarcarse dentro de las más altas normas de ética”  y a continuación explicita cuatro fundamentales.

Se otorga a la JCE la facultad de promover debates de programas y propuestas y de adoptar  medidas cautelares para hacer cumplir la normativa, incluso para “hacer cesar el uso indebido de los recursos y medios públicos y aquellos que puedan  ser considerados ilícitos” y actualiza el régimen de sanciones de una lista específica de “delitos electorales” ahora medidas en base a salarios mínimos que pueden llegar a 200. Y los “delitos electorales” conllevarían hasta dos años de reclusión, además de multas.

El documento elaborado por especialistas de la OEA tiende a una actualización integral de la legislación electoral dominicana, a tono con las tendencias en la materia en diversos países latinoamericanos. Hace tiempo que los analistas internacionales colocan a la República Dominicana entre los países con mayor atraso en las regulaciones de las campañas electorales, del financiamiento y el gasto de los partidos y candidatos.

La lentitud con que el presidente de la JCE ha manejado el proyecto de la OEA, dejando pasar ya casi dos meses, puede ser indicativo de las dificultades de que el mismo pueda aprobarse siquiera antes de que se inicie formalmente la campaña electoral, lo que dependerá de la voluntad que muestren los partidos por normativas que promueven la transparencia, la equidad y la democracia electoral.

Ninguno de los partidos mayoritarios ha mostrado disposición a las reformas que plantea el documento elaborado por la OEA. No respaldaron el proyecto presentado en el 2007, con más anticipación a la siguiente elección, para reglamentar la campaña electoral, que fue una valiente iniciativa de la entonces Cámara Administrativa, cuando era presidida por el doctor Rosario e incluía a otros dos de los cinco actuales titulares de la JCE.

Sin embargo, esta vez el proyecto tiene una ventaja, y es la urgencia institucional de adecuar la JCE al nuevo orden constitucional para ratificar plenamente su legitimidad antes de que se ejecute el proceso electoral en marcha.