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TC: Otra ratificación del relajo institucional

by Juan Bolívar Diaz Santana | 1 Comment

Por Juan Bolívar Díaz

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La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) anunciada esta semana que anula el Código Penal promulgado hace un año es una nueva certificación del relajo institucional que se ha impuesto en el país y que mantiene en capilla ardiente al sistema judicial, subordinado a los intereses coyunturales y las luchas grupales del poder político.

No han podido encontrar una brecha para salir del escándalo en que está sumida la justicia y el Ministerio Público, cuando se certifica que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo promulgaron el Código Penal sin la aprobación definitiva del Senado, violando flagrantemente la Constitución de la República, a pesar de oportunas advertencias.

Anulado el Código Penal. La mayoría de los medios y comentaristas se han quedado en la superficialidad ante el Comunicado del 2 de diciembre de que el TC acogió las acciones de inconstitucionalidad de tres entidades sociales contra la ley 550-14 de diciembre del 2014 que instituyó un nuevo Código Penal, discutido durante dos décadas y objeto de incontables sesiones y consensos dentro y fuera del Congreso Nacional.

La anulación del nuevo Código Penal y el restablecimiento del de 1884, no pudo ser por los cuatro artículos objetados, del 107 al 110, sobre casos de despenalización del aborto, que podían haber dejado sin efecto salvando los otros 391 de los 395 artículos de una de las piezas legislativas más complejas, que deroga 47 leyes, un decreto-ley, una orden ejecutiva y una resolución emitidas a lo largo de 130 años, entre el 1884 y el 2014.

El comunicado 61/15 del TC es muy parco en la información referente al Código Penal, dejando pendiente la publicación del texto de la sentencia, pero es obvio que se han acogido los argumentos de los recurrentes que también fundamentaban su pedido de nulidad por la forma en que fue aprobada la ley, sin la ratificación del Senado, tras unas observaciones presidenciales al proyecto original, solo conocidas por la Cámara de Diputados, y que instituciones, juristas y analistas, calificaron de absurdo inexplicable.

Al respecto búsquese el “Tema de Hoy” del 21 de diciembre del 2014, titulado “Una chapucería legislativa de los diputados y el PLD”, cuyo resumen advertía: “El procedimiento para aprobar las observaciones presidenciales que establecen excepciones en la penalización del aborto y su promulgación sin conocerlas el Senado, exponen la legislación a una declaratoria de inconstitucionalidad”.

Insólita maroma ejecutiva. El 28 de noviembre del 2014 el presidente Danilo Medina observó la ley del Código Penal que había aprobado el Congreso penalizando por completo el aborto, y la devolvió a la Cámara de Diputados, acogiendo un clamor nacional acorde con la legislación de casi todos los países del mundo, para despenalizarlo en tres casos: cuando peligre la vida de la madre, por malformación del feto incompatible con la vida, y si hay violación o incesto.

Cadena de violaciones a los procedimientos: El presidente de la Cámara, Abel Martínez no somete a votación el texto del Ejecutivo, sino una reformulación propia, la que solo acoge la primera causal y remite las otras dos a una “futura legislación especial”. Violenta el reglamento interno, pasando por encima de la Comisión de Justicia que debía conocerlo, ignora otras propuestas y no permite debate. La aprueban por mayoría simple, cuando la ley original había sido sancionada como Orgánica, con dos tercios de los votos.

Lo más absurdo es que Martínez remite el proyecto al Poder Ejecutivo, proclamando que no necesita pasar por el Senado, a pesar de que contenía reformas a lo que esta cámara había aprobado originalmente, en clara violación de los artículos 76 y 93 de la Constitución que establecen que el Poder Legislativo lo integran dos cámaras y que a ambas corresponde “Conocer de las observaciones que el Poder Ejecutivo haga a las leyes”.

Lo peor de todo es que pese a numerosas advertencias de legisladores, expertos constitucionalistas e instituciones, el Poder Ejecutivo se apresuró a promulgar la ley sin la aprobación senatorial, el 19 de diciembre. El viernes 4, HOY, (página 4-A) informa que el Consultor Jurídico del Ejecutivo, César Pina Toribio, dijo que la anulación del código “era una situación que se podía esperar”, informando que disintió de la decisión de los diputados, pero que el presidente lo dejó al Tribunal Constitucional.

La lucha interna en el PLD. El presidente Medina tenía una solución institucional fácil ante el conflicto, que era remitir el proyecto al Senado para que este decidiera si tenía que refrendarlo o no. Con el control total de esa cámara legislativa el trámite era un “flay al cátcher”, cuestión de par de días. El Tema de HOY citado indicó que Abel Martínez “no reveló el origen de su proyecto ni si lo había consensuado con su partido o con el Poder Ejecutivo, pero en fuentes políticas se sostiene que fue fruto de acuerdo para superar la división de los dos sectores que se disputan el predominio en el Partido de la Liberación Dominicana”.

Por lo que se supo, los seguidores del presidente del PLD, Leonel Fernández, entre los cuales resaltaba Martínez, maniobraron contra las observaciones de Danilo Medina para dejarlo como “auspiciador del aborto” ante los sectores eclesiásticos más retardatarios. Y transaron con estos para violar los procedimientos, garantizándoles de esa forma que su Tribunal Constitucional se encargaría liquidar la ley. Asesores políticos habrían recomendado al Presidente salirse del conflicto dejando correr la bola.

De esa forma, todo un Código Penal fruto de 20 años de discusiones y que actualizaría otro que data de 130 años, queda sin efecto, víctima de la lucha interna y las maniobras politiqueras en contubernio con poderes tradicionales que frenan la actualización de la sociedad dominicana. Por eso hay sectores que solo resaltan la anulación de los cuatro artículos que racionalizan y humanizan la penalización del aborto. Será bien difícil que la ley sea conocida antes de las elecciones, pues reeditaría la polémica sobre el aborto.

Temen salida política. La lucha de poderes en el PLD se advierte también en la crisis judicial, que envuelve a figuras como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, y el exprocurador General Radhamés Jiménez, vinculados al doctor Leonel Fernández, a quienes casi se les ha responsabilizado de las operaciones de la banda denunciada por Francisco Domínguez Brito, también dirigente del partido oficial.

Las diligencias para ventilar el escándalo se centraban esta semana en la jueza Awilda Reyes, por las escandalosas sentencias relacionadas con el narcotraficante Arturo del Tiempo, con la quiebra del Banco Peravia, y la libertad del regidor Ericcson de los Santos, acusado de crímenes mediante sicariato. Los dos últimos vinculados al presidente del PRD, que pactó para apoyar la reelección del presidente Medina.

Se allanó la residencia de la jueza Reyes, pero el viernes se desmintió que se hubiese hecho lo mismo con la del renunciante juez Francisco Arias Valera, aunque este fue señalado como cabecilla de la banda judicial en su calidad de miembro del Consejo del Poder Judicial y ella denuncia como quien “le transmitía órdenes superiores”. No faltan quienes expresan temor de que todo quede en otra reducción del poder del expresidente Fernández, ahora en los partidarizados órganos judiciales, en beneficio del nuevo líder peledeísta Danilo Medina. Se confía que el bullicio navideño relegue la crisis al olvido.

advierte deterioro del estado de derecho

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
TEMA DE HOY

Cada vez es mayor la convicción de que la única ley que tiene plena vigencia en el país es la de la conveniencia política, de lo que no escapan ni siquiera las llamadas altas cortes que actúan como brazo político dejando bajo fuertes interrogantes al estado de derecho prevaleciente en el país.

Una serie de acontecimientos de los últimos meses dejan interrogantes a resolver, mientras se ignoran leyes aprobadas tras largas consultas y se manifiesta renuencia a aprobar otras como las orgánicas del régimen electoral y la de partidos políticos, fundamentales para el proceso electoral excesivamente adelantado.

Ley de la conveniencia. Una serie de acontecimientos del orden legislativo, judicial y ejecutivo parecen confirmar la convicción de que la única ley que se cumple plenamente en el país es la de la conveniencia política. Esta semana la Cámara de Cuentas de la República denunció que más de un centenar de altos funcionarios han hecho caso omiso a la nueva Ley 311-14 de agosto pasado sobre Declaración Jurada de Patrimonio, promovida durante años como mecanismo de prevención de la corrupción, y les otorgó un plazo de tres días para su cumplimiento. Prueba de la debilidad institucional es que la Cámara de Cuentas hubo de recibir apoyo de Unión Europea y el PNUD por 360 mil euros (unos 22 millones de pesos) para crear la plataforma de cumplimiento de la nueva ley, y que el embajador Alberto Navarro pidió al Congreso mayor esfuerzo para el objetivo de prevenir la corrupción.

Otra ley que no se cumple es la 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado, 15 meses después de ser promulgada el 6 de agosto del 2013, la cual establecía un plazo de seis meses para un proyecto de reglamentación en manos del Poder Ejecutivo desde principios de este año. Tampoco se ha cumplido la Ley 169-14 que dispuso entregar las actas de nacimiento a quienes fueron despojados por la sentencia 168-13 del TC.

Esta misma semana empezó a materializarse la convicción de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no dará paso al procesamiento del senador y secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana Félix Bautista, sometido por el Procurador General bajo graves cargos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y falsedad de documentos, entre otros. El juez Fran Soto levantó el bloqueo de inmuebles del multimillonario político que había impuesto la Procuraduría.

Mientras tanto la SCJ ratificó el encargo de jurisdicción a Soto y al juez Moscoso Segarra, este último encargado de instruir la procedencia del juicio, cuando ambos son reconocidos dirigentes del partido del cual Bautista ocupa el tercer cargo. Sólo el interés de dejar la decisión en manos de compañeros de partido puede explicar las selecciones dispuestas por el presidente de la corte, Mariano Germán, también del mismo partido, cuando en la Cámara Penal de esa corte hay por lo menos tres jueces que no tienen connotación partidista: Miriam Germán, Juan Hiroíto Reyes y Esther Agelán Casasnovas.

El Constitucional y la JCE. Otra decisión conflictiva se conoció esta semana, cuando se publicó el dictamen del TC que desliga a la Junta Central Electoral de la obligación de someter sus concursos y licitaciones a la jurisdicción de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, extremando su autonomía constitucional y en menosprecio de las leyes que rigen la materia. Resalta la rapidez con que el tribunal se ha pronunciado sobre una instancia, después que se reclamó a la JCE que transparentara la licitación del contrato de la nueva cédula, tras denuncias de favoritismo.

Si la JCE no tiene que rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos, lo mismo podrán aducir los poderes Legislativo y Judicial, la Cámara de Cuentas, el Tribunal Superior Electoral, el mismo TC y hasta los partidos políticos, que deberían ser considerados los organismos más autónomos de cuantos reciben fondos públicos, y los cuales también están obligados por varias leyes a rendir cuentas.

Mientras tanto la JCE, en abierto chantaje al Gobierno para que le asigne mayor presupuesto el año próximo, dijo que termina el 2014 con un déficit de cientos de millones de pesos, es decir que violó la ley de presupuesto, y llegó al extremo de anunciar que por falta de fondos aplaza para febrero el trabajo de verificación de las solicitudes de reconocimiento de ocho nuevos partidos. Entre estos está Alianza País, que encabeza Guillermo Moreno, la cual lleva año y medio en manos del organismo, lo que constituye un abuso de poder, porque así no pueden recibir financiamiento público y se les dificulta el privado, mientras los viejos partidos llevan meses en campaña electoral.

Todo lo que tendría que hacerse es despachar cuatro o cinco equipos de inspectores a las regiones del país para que verifiquen si esos partidos tienen los locales abiertos y contactar a sus dirigentes. El costo es de dietas y combustibles. Lo demás es realizar verificaciones, mediante muestreo, de los listados computarizados de miembros, para lo cual la JCE tiene empleados y recursos técnicos. El vocero del gobierno, Roberto Marchena, respondió que hay limitaciones y la JCE, como todo el Estado, debe someterse a austeridad.

Del régimen electoral. El interés de la mayoría legislativa oficialista de imponer su propio proyecto de ley de partidos, en detrimento de otros cinco previamente sometidos, incluso el de la JCE, y de múltiples consensos de 15 años, mantiene empantanada la aprobación de esa legislatura, mientras la campaña preelectoral se extiende por todo el país. Trascendió que persisten diferencias en una decena de aspectos fundamentales, como la transparencia del financiamiento, límites de gastos y de campañas y la pretensión de despojar de cargos electivos a quien renuncie al partido por el cual fue electo.

Mientras transcurre el tiempo ni siquiera se contempla otro proyecto de ley trascendente también en manos del Congreso, el que modifica el régimen electoral para conciliarlo con la Constitución promulgada hace casi cinco años y que debería regir para el próximo proceso electoral. Todavía la ley electoral marco de la JCE instituye dos cámaras y un pleno, lo que debió ser modificado hace tiempo por cuanto la nueva Constitución instituyó el Tribunal Superior Electoral como ente autónomo y separado de la Junta.

Hay quienes temen que se llegue al próximo proceso electoral sin renovar la ley electoral para aterrizar las facultades de normativa, control y sanciones atribuidas por la Constitución del 2010 a la JCE y el Tribunal Electoral. La situación actual se traduce en ventaja de quienes usufructúan el poder. Tanto esta como la ley de partidos son orgánicas por lo que requieren las dos terceras partes de los votos para su aprobación. Se le dificulta a la mayoría oficialista imponer sus criterios por lo que se cree que seguirán aplazándolas, sobre todo por la ausencia de una fuerza de oposición que presione por la institucionalidad democrática.

 

El dilema de Danilo ante la Corte Interamericana

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucional el instrumento de ratificación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligaría al presidente Danilo Medina a someterla de nuevo al Congreso Nacional o cargar la responsabilidad de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos.

La denuncia de la Convención conlleva un año de preaviso, período en que seguirían surtiendo efecto violaciones de derechos humanos y no invalidaría las condenas emitidas por la CIDH, cuyo incumplimiento podría ser dilucidado en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y otros foros internacionales.

Una carga bien pesada. Es criterio generalizado entre especialistas en derecho constitucional y relaciones internacionales que la sentencia 256-14 del TC constituye una carga muy pesada para el Gobierno del presidente Medina, que ha consumido tiempo y energía durante los últimos 14 meses tratando de paliar la reprobación universal desde la emisión de la sentencia 168/13 que dejó sin nacionalidad a decenas de miles de dominicanos descendientes de inmigrantes irregulares, en gran proporción haitianos.

Entre septiembre de 2013 y mayo pasado el Gobierno tuvo que concentrar esfuerzos para afrontar las consecuencias de la sentencia que desconoció retroactiva mente hasta 1929 los registros de nacimiento de decenas de miles de personas, lo que generó un amplio rechazo internacional y una profunda división nacional. Durante ese período, el presidente Danilo Medina y sus principales colaboradores del Ministerio de la Presidencia tuvieron que emplearse a fondo para buscar “una salida humanitaria” a la masiva y grave exclusión.

La mayoría de los dirigentes del partido de Gobierno y de sus aliados parecieron ignorar la posición del mandatario y se sumaron a los planteamientos ultranacionalistas que reivindican una soberanía absoluta que los tratados internacionales han relativizado. Creyeron encontrarla en la aprobación y promulgación de la Ley 169-14 que devuelve la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes irregulares que no hayan incurrido en falsedad de escritura pero obligaba a inscribirse como extranjeros al segmento que nunca fue inscrito en el Registro Civil.

En medio de denuncias sobre incumplimiento de esta ley y acabando de ampliar el estrecho plazo que se otorgó a los nacidos en el país carentes de registro civil, el Gobierno se enfrentó a la sentencia condenatoria de la CIDH y al reactivo dictamen del TC que complica las relaciones exteriores del Estado dominicano, con grave responsabilidad sobre el presidente Medina, situación en la que el Gobierno no quería verse comprometido.

Serias consecuencias. Expertos, como Eduardo Jorge Prats, han sostenido que para denunciar la Convención se requiere una previa reforma constitucional, en virtud del artículo 74.3 de la Carta Magna que indica que “Los tratados, pactos y convenios relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado.

La denuncia conlleva muchos riesgos. El primero será afrontar un escenario internacional todavía más desfavorable que el que en el último año trajo al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al secretario general de las Naciones Unidas, al presidente de la Unión Europea y al vicepresidente de Estados Unidos, movidos por el interés de abrir a la nación espacio de reconciliación con el derecho internacional.

Baste advertir que esta semana se produjo un hecho tan inesperado como la declaración del Gobierno de Uruguay que deploró el intento de desconocer la CIDH “porque podría tener consecuencias jurídicas que debilitarían el compromiso de República Dominicana con el sistema interamericano de derechos humanos” y reafirmó la posición uruguaya de “firme respaldo” al mismo y a sus dos órganos fundamentales, la Comisión y la Corte Interamericanas.

Así como en el país han sido escasos los expertos que han defendido las sentencias del TC, en el exterior lo que puede esperarse es comunicados como el de esta semana de 52 organizaciones encabezadas por Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación Robert Kennedy y la Oficina para América Latina de la Conferencia Nacional de Iglesias de Estados Unidos. El Caucus Negro del Congreso estadounidense y un grupo de estados africanos han mantenido expectativa de que la desnacionalización masiva sea revocada, y se dice que prestos a declarar boicots contra la República Dominicana, bajo acusación de discriminación racial y apatridia. Todo lo que puede esperarse será dañino para la imagen de un país muy dependiente del turismo, remesas, la inversión y el crédito internacional. Situarse fuera del derecho internacional implica riesgos.

Mandarla al Congreso. Las demandas internas para que el Gobierno evite denunciar la Convención y convertirse en paria de los derechos humanos, incluyeron esta semana a 36 organizaciones, y no son muchas más por temor al chantaje nacionalista pero la preocupación abarca a importantes sectores empresariales.

Frenando el derrotero de simple rechazo de la sentencia de la CIDH, el canciller Andrés Navarro anunció al comenzar la semana que el Gobierno había decidido iniciar una serie de consultas con los expertos constitucionalistas y en derecho internacional. Se sabe que varios de los más acreditados han sido ya escuchados y que fuera de los militantes en los grupos nacionalistas, hay consenso sobre la “orfandad jurídica” de la sentencia del TC.

En un panel realizado el miércoles en Teleantillas, los juristas Carlos Salcedo, Francisco Alvarez Valdez, Naseff Perdomo y Fernanda Frías coincidieron en declarar vergonzosa y carente de argumento la sentencia. Ellos, como antes Jorge Prats y Flavio Darío Espinal, señalaron que una salida para el presidente Medina, sin contradecir la sentencia del TC, podría ser enviar al Congreso la declaración de adhesión a la CIDH solicitándole una nueva ratificación.

Eso no sería del agrado de los radicales nacionalistas, pero remitiría el debate a un escenario legítimo y pluripartidista y el presidente no cargaría él solo con la responsabilidad de denunciar el sistema de derechos humanos con argumentos risibles.

Consultar a la misma CIDH. El punto 22 del dispositivo de la reciente condena de la CIDH da un plazo de un año al Estado dominicano a partir de su notificación para “rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma”, por lo que el Gobierno no tiene que precipitar ninguna decisión.

Tiene derecho incluso a apelar a la misma corte acogiéndose al artículo 67 de la Convención, que aunque plantea que el fallo de la corte es definitivo e inapelable, “En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretaría a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la notificación del fallo”.

Con ratificar que se estudia la situación y pedir la consulta, que podría incluir la pregunta de si es posible desconocer la corte sin denunciar la Convención, se ganaría tiempo y el Gobierno podría desplegar una estrategia destinada a buscar apoyo para ver con frialdad las consecuencias de la ruptura y de un “ilícito internacional”, como lo calificó el exembajador ante la OEA Roberto Alvarez, que generaría por lo menos aislamiento.

Si en el ínterin se decide cumplir la Ley 169-14, entregando las actas de nacimiento retenidas ilegítimamente, podría fortalecerse la posición de que el Estado trata de evitar la apatridia. En organismos internacionales hay desconcierto porque a seis meses de promulgada esa ley apenas un puñado de los desnacionalizados han recibido sus documentos.

Para todo eso se precisa un mayor protagonismo presidencial, por ejemplo para persuadir a la Junta Central Electoral para que acate definitivamente la ley que dispone la entrega de las actas de nacimiento y cédulas a los hijos de inmigrantes irregulares que no hayan sido responsables de falsificación de documentos, que son la inmensa mayoría.

Si Danilo Medina quiere seguir gobernando sin contradecir a los ultranacionalistas, no tiene ninguna opción que no sea cargar con la responsabilidad histórica de denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos y dejar a la sociedad dominicana sin ese recurso.

LA CLAVE

Sobre la JCE

Se precisa un mayor protagonismo presidencial para persuadir a la Junta Central Electoral para que acate definitivamente la ley que dispone la entrega de las actas de nacimiento y cédulas a los hijos de inmigrantes irregulares que no hayan sido responsables de falsificación de documentos.

 

RD de espalda al universo de los derechos humanos

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
tema de hoy

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucional la adhesión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deja al país de espalda al universo de los derechos humanos y expuesto a continuas condenas que podrían ocasionar graves daños económicos y a la imagen de la nación.

Las reacciones internacionales muestran el aislamiento de la nación, mientras en el plano interno los expertos constitucionalistas y en derecho internacional se muestran consternados y avergonzados por la inconsistencia del dictamen, que el gobierno podría subsanar pidiendo al Congreso Nacional que ratifique la competencia de esa Corte.

Profunda división. Tal como ocurrió con la sentencia 168-13 que avaló la política de desnacionalización de los descendientes de inmigrantes irregulares, la 256-14 emitida esta semana por el Tribunal Constitucional, declarando inconstitucional la adhesión del país a la CIDH, profundiza la división en la sociedad dominicana, predominando el discurso nacionalista que reivindica una soberanía obsoleta por múltiples tratados internacionales, no sólo en derechos humanos, también en comercio, medio ambiente, derecho de autor…

La opinión pública está influida por la posición gubernamental conservadora, que ha arrastrado al partido de gobierno al ultranacionalismo, dejando atrás sus orígenes boschistas, y gran parte de la población parece encontrar en ella una fuente para reafirmarse frente a los nacionales y descendientes del país más pobre y atrasado del continente. La generalidad de los periódicos apoyan la posición nacionalista, los principales programas de televisión la cuestionan y la radio aparece dividida.

Donde ha habido mayor coherencia y profundidad es entre los más reputados expertos en derecho constitucional y relaciones internacionales, que han rechazado o disentido en diversos grados con las sentencias del TC, como Eduardo Jorge Prats, Olivo Rodríguez Huerta, Cristóbal Rodríguez, Flavio Darío Espinal, Carlos Salcedo, Nassef Perdomo, o Ariel Gautreaux, y juristas como el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa y el jurista Francisco Álvarez Valdez. Tras una serie de consideraciones jurídicas, en un artículo el viernes en HOY, Jorge Prats concluyó con dos palabras “¡Qué vergüenza!”.

TC viola ley y su estatuto. No debe pasar desapercibida la denuncia de dos de los tres jueces del TC que rechazaron la sentencia con “votos disidentes” ponderados en el sentido de que en su prisa por emitir su dictamen, que a juicio de Katia Miguelina Jiménez “responde más a un acto de reacción que a un razonamiento jurídico”, el tribunal violentó el artículo 180 de la Constitución, su Ley Orgánica 137-11 y su propio reglamento interno “textos que son categóricos al indicar que los votos deben consignarse en la sentencia”, dice textualmente Hermógenes Acosta.

La jueza Jiménez y el juez Acosta se quejan de que el TC publicó su sentencia 256-14 sin darle oportunidad a explicitar su voto disidente como ordenan esos textos. Con extensión de 39 y 13 páginas, sus argumentos contrarios a la mayoría fueron incorporados posteriormente a la sentencia en la página de internet del Tribunal Constitucional. El de la otra magistrada que disintió, Ana Isabel Bonilla, de 6 páginas, fue incluido antes de la emisión.

Acosta cita que el reglamento jurisdiccional del TC establece un plazo de 10 días hábiles a contar de la comunicación de la sentencia para formular el voto particular, y que la práctica en cientos de casos implicaba por lo menos 5 días, pero esta vez se publicó al tercer día. Él, como la doctora Jiménez, tuvieron que redactar sus objeciones sin haber recibido el texto aprobado por la mayoría, y en su punto 8 indica que “el proyecto de sentencia que nos ocupa fue aprobado con modificaciones, de las cuales tuve conocimiento en horas de la tarde del día de hoy (4 de noviembre) cuando entré a la página oficial del TC”. Agrega en el punto 9 que “he sido sancionado de manera injusta e injustificada”.

Katia Jiménez dice que se enteró por el periódico El Día de la decisión de publicar la sentencia sin esperar su voto disidente, que reivindica no sólo constitucional, legal y reglamentariamente, sino como “desprendimiento del derecho a la libertad de expresión”. En su argumento 4.1.12 se queja de que la mayoría de los jueces citaron un dictamen de la Suprema Corte del 2055 (No.4 BJ1137.23) para argumentar a favor de acoger el recurso de inconstitucionalidad, pero decidieron “dejar de lado el hecho de que en esa misma sentencia la Suprema Corte reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, y cita el texto específico.

La esencia del rechazo. Los tres jueces disidentes, como la generalidad de los expertos que han analizado la sentencia, basan su rechazo en que el Congreso Nacional reconoció la competencia de la Corte Interamericana al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos que la instituye. Citan su artículo 33 que crea tanto la Comisión como la Corte Interamericana, que luego dedica todo su capítulo VIII a especificar las competencias y funcionamiento de la CIDH. Coinciden también en que la Convención especifica que no se necesita “convención especial” para reconocer la jurisdicción de la Corte.

Hermógenes Acosta añade que el Congreso también ratificó la competencia de la CIDH al aprobar la Ley Orgánica del TC 137-11, donde establece “Que dentro de los procedimientos constitucionales a ser regulados se encuentra el control preventivo de los tratados internacionales y la regulación de la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Citan la llamada “doctrina Estoppel”, según la cual no se puede adoptar una conducta jurídica contraria a los actos anteriormente adoptados, refiriéndose a las múltiples ocasiones en que el Estado aceptó la vinculación con la CIDH, como por ejemplo al defenderse en cinco casos o al hacer elegir una dominicana como jueza de la misma. Lo mismo cuenta para el TC que llegó a firmar un Acuerdo Marco de Cooperación con la CIDH (ver cuadro anexo).

Una salida improbable. Las primeras manifestaciones del gobierno son de estricto apego a las decisiones del TC, citando su ley orgánica y la Constitución, aunque la primera, en su artículo 37.1, también declara la vinculación con los tratados y los tribunales internacionales, colocados en la última instancia en materia de derechos humanos.

La última declaración del canciller dominicano Andrés Navarro, el viernes, no descarta que el país se salga de la jurisdicción de la CIDH, pero indicó que un grupo de expertos analiza la situación.

Si el problema es que el Congreso no ha ratificado la competencia de la Corte, como ha dictaminado el TC, una salida podría ser enviar el protocolo al Poder Legislativo para que decida. Sería una forma del gobierno compartir la responsabilidad en una decisión de graves y prolongadas complicaciones para la política exterior y la imagen del país. Hay quienes creen que podrían originarse boicots y hasta sanciones económicas. Por lo menos la Unión Europea condiciona cooperación a la observación de los principios fundamentales de derechos humanos.

Hay quienes citan el caso de Venezuela, que denunció la Convención y la Corte, pero la República Dominicana es mucho más dependiente del comercio, la inversión, el turismo y la cooperación internacional, y no tiene aliados exteriores que la puedan defender ante acusaciones de violación de derechos de decenas de miles de personas.

En última instancia, como sostuvo la jueza Katia Jiménez, el desconocimiento de la competencia de la CIDH es reactiva, una forma de decir que ya no hay que cumplir la condena que restituye los derechos de los desnacionalizados, porque simplemente el reconocimiento de esa corte durante 15 años “era inconstitucional”.

Total rechazo internacional
Donde la nueva sentencia del TC ha vuelto a tener un rechazo absoluto es en el ámbito internacional, encabezado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el órgano encargado por la carta de la OEA y la Convención Interamericana de Derechos Humanos de velar por la aplicación de los tratados al efecto, la cual dijo que ese dictamen “no encuentra sustento alguno en el derecho internacional, por lo cual no puede tener efectos”. Agregó que tampoco existe base en el mismo para entender que pueda tener efectos en el futuro, porque la Convención “no establece la posibilidad de que un Estado que continúa siendo parte del Tratado se desvincule de la competencia de la Corte”.

Amnistía Internacional y el Centro Kennedy para los Derechos Humanos se sumaron de inmediato a las advertencias de que la nación dominicana se coloca de espaldas al universo de los derechos humanos. Las repercusiones alcanzaron la primera plana del principal periódico español, El País, y de los noticiarios de televisión del mundo.

La Comisión Interamericana evalúa desde el 2011, con por lo menos tres audiencias públicas, los casos de unas 48 personas afectadas por la desnacionalización, cuyos expedientes podrían pasar en cualquier momento a la Corte y motivar condenas sobre condenas, bajo la jurisprudencia de que los hijos no heredan la condición migratoria de sus padres y por el principio de la no retroactividad.

Ya esta semana la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados colocó a la República Dominicana en un exclusivo club mundial donde se concentra la apatridia, ocupando el quinto lugar, después de Birmania, Costa de Marfil, Tailandia y Lituania, con un estimado de 200 mil personas privadas de nacionalidad.

 

 

Fuera la Corte de Derechos Humanos

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Informes confidenciales aseguran que el pasado jueves el Tribunal Constitucional (TC) decidió declarar inconstitucional el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscando evadir la vinculación con la última sentencia de esta que condenó deportaciones masivas y proclamó la ilegitimidad de la política de desnacionalización puesta en marcha desde el 2007 por la Junta Central Electoral y ratificada por la sentencia 168/13 que en septiembre del 2013 dejó apátridas a decenas de miles de hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el país.

Se trata de una chapucería jurídica, inspirada en el soberanismo nacionalista que ha rebasado el límite de pequeños grupos y se acunó en el Partido de la Liberación Dominicana, cuyo primer gobierno, del doctor Leonel Fernández, fue que vinculó el país a la jurisdicción de la Corte Interamericana en 1999, al amparo de la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por el Congreso Nacional en 1977.

La mayoría de los jueces del Constitucional acogieron un recurso elevado hace ocho años por un grupo nacionalista, con tres votos disidentes. A las magistradas Katia Miguelina Jiménez y Ana Isabel Bonilla, que ya se habían opuesto a la sentencia 168-13, se unió ahora el doctor Hermógenes Acosta.

El 31 de agosto pasado habíamos denunciado el propósito que alentaba una mayoría del TC, contenidos por opiniones que provenían hasta del Gobierno y la Procuraduría General. También se dijo que esos jueces declararían inconstitucional la suspensión del leonino contrato para instalar equipos de rayos equis en los puertos, promovido por abogados nacionalistas, por lo que organismos de seguridad del Estado, como las Fueras Armadas y la dirección de Control del Drogas, así como la Cámara Americana de Comercio y otras entidades empresariales. ratificaron sus objeciones.

El desconocimiento de la jurisdicción de la CIDH es ridículo 15 años después del protocolo de adscripción que ha pasado por el reconocimiento de tres gobiernos, donde el Estado ha tenido que defenderse en unos cinco procesos judiciales acumulando cuatro condenas. Incluso el Gobierno propuso como jueza de esa corte a la doctora Radhys Abreu de Polanco, quien fue electa y ejerció en el período 2006-12.

La ratificación de la competencia de la CIDH fue acorde con el artículo 62.1 de la Convención que la creó, la cual especifica que ello no requiere convención especial. Fue objeto de ratificación adicional cuando el Congreso aprobó la Ley Orgánica del TC 137-11, cuyo décimo tercer considerando indica que “dentro de los procedimientos constitucionales a ser regulados se encuentra el control preventivo de los tratados internacionales y la regulación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Ahí están sentencias del propio TC, como las 0084-13 y la 136-13 que reconocen “el carácter vinculante de las decisiones de esa jurisdicción internacional”. Y el 28 de noviembre del 2012, el doctor Milton Ray Guevara, presidente del TC firmó un “Acuerdo Marco de Cooperación” con la Corte Interamericana al visitar su sede en Costa Rica.

Según el protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos, ni la denuncia de la misma o de sus organismos, elimina una sentencia ya emitida. Y si la objeción es la falta de una expresa ratificación congresual, se subsanaría con su envío al Congreso Nacional. Pero en la actual algarabía que aduce una soberanía que ya no existe en materia de tratados internacionales, especialmente de derechos humanos, se duda que el presidente Medina asuma esa responsabilidad, aunque cargará el costo.

El país está de espaldas al derecho internacional, marchitando aún más su imagen y exponiéndose a otras sanciones y a perder ayudas, condicionadas en los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Guillermo Cifuentes recordó esta semana una cláusula que esta última incluye en sus tratados de cooperación: “el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente acuerdo”.

Se olvidó el principio de que las sentencias de los tribunales son de cumplimiento obligatorio, que tanto se aducía frente a la iniquidad de la 168/13, que tenía como última instancia la CIDH. Esta es el techo, como parte del bloque de constitucionalidad dominicano al amparo del artículo 74.3 de la Constitución de la República.

 

Sería absurdo desconocer la Corte de Derechos Humanos

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
HUMANOS123

El Tribunal Constitucional (TC) sometería al Gobierno a una grave crisis de relaciones internacionales de repercusiones impredecibles si acoge la petición de un grupo para que declare inconstitucional el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que data de 1999.

Entre juristas y sectores gubernamentales se teme la ocurrencia, considerada absurda por cuanto chocaría con la propia ley orgánica y sentencias del Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia y obligaría a llevar la adscripción al Congreso Nacional a no ser que se quiera denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos.

Una persistente versión. La versión circula desde hace varias semanas entre juristas y relacionados del Gobierno que se niegan a aceptar que tal chapucería jurídica pueda ser posible, pero fue denunciada el pasado día 25 por el exembajador ante la Organización de Estados Americanos Roberto Álvarez en un artículo publicado en el periódico digital Acento, quien expresaba su esperanza de que el informe sea infundado.

Álvarez, doctorado en derecho y relaciones internacionales de dos prestigiosas universidades norteamericanas, y quien fuera abogado adscrito a la secretaría general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, abordó en un extenso artículo las consecuencias del desconocimiento de la CIDH después de 15 años aceptando su jurisdicción. Sostiene que constituiría un grave aprieto para el Gobierno ya que tal decisión podría ser declarada como “un hecho ilícito internacional”.

El TC se aprestaría a acoger la petición de un grupo encabezado por Juan Manuel Rosario, Pelegrín Castillo (actual ministro de Minería), Pedro Casals Victoria, Miguel Castillo Pantaleón, Mario Bonetti y Leyla Roldán, quienes sostienen que el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana es inconstitucional por no haber sido expresamente aprobado por el Congreso Nacional.

El recurso fue iniciado en el 2005 ante la Suprema Corte de Justicia, la que lo traspasó al Constitucional cuando fue constituido en el 2011. La instancia fue revivida bajo la algarabía nacionalista tras la sentencia 168-13 que desconoció la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes indocumentados nacidos en el país, por temor a que este asunto llegue a la CIDH que ya ha establecido jurisprudencia en el caso de dos niñas descendientes de haitianos a las que en el 2005 dispuso su registro como dominicanas.

Rectificación del Procurador. Al caer el 2013, ya había preocupación en el Gobierno por lo que el Procurador General Francisco Domínguez Brito revocó la opinión consultiva que había emitido en el 2006 el Procurador Adjunto Angel Castillo Tejada respaldando la inconstitucionalidad. Mediante el Auto 0085 Domínguez Brito instruye al Procurador Adjunto Ricardo José Tavera Cepeda para que remita al TC una opinión “acorde con lo establecido por el artículo 62.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

La extensa nueva opinión del Ministerio Público, del 11 de diciembre del 2013, que ha trascendido en los últimos días, fundamenta el rechazo de la petición de inconstitucionalidad en base a la Constitución del 2010, la Convención sobre Tratados de La habana de 1932, la Convención de Viena de 1962 y la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, así como en el instrumento de ratificación de la misma por el Estado dominicano, aprobado por el Congreso Nacional en 1977, entre otros.

En resumen, la constitucionalidad de la adscripción a la CIDH es justificada en la ratificación por el Congreso Nacional de la Convención Americana de Derechos Humanos que creó la Corte como órgano jurisdiccional para interpretar y aplicar la Convención, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el órgano de promoción de los derechos humanos que analiza las denuncias de violación a los mismos. El 25 de marzo de 1999 el Gobierno del presidente Leonel Fernández “reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos”, acogiéndose al procedimiento establecido en el artículo 62.1 de la misma.

Agrega que al aceptar la jurisdicción de la Corte se ejerce el derecho y la obligación contraídos al suscribir la Convención, y que el Estado dominicano ha dado aquiescencia en múltiples oportunidades a la competencia de la CIDH. Cita las sentencias 0084 -13 y 136-13 del Tribunal Constitucional que reconocen “el carácter vinculante de las decisiones de esa jurisdicción internacional”, al igual que la Resolución 1920-2003 de la Suprema Corte de Justicia, y el artículo 74.3 de la Constitución que otorga jerarquía constitucional a los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos suscritos por el Estado.

Sin precedente e ineficaz. No hay precedentes de una desafiliación a la CIDH bajo el pretexto de que no fue aprobada por el parlamento. 15 de los 21 países que han aceptado la jurisdicción de la Corte se acogieron a la suscripción de la Convención, la que dejó sentado que ello no requiere “convención especial”, aunque otros 6 si buscaron la ratificación parlamentaria.

Tres países han renunciado a la jurisdicción de la corte: Trinidad-Tobago porque no pudo adaptarse a la Convención al mantener la pena de muerte, el Perú del dictador Alberto Fujimori, protestando una condena, pero el gobierno que lo sucedió, revocó esa decisión, y Venezuela, que es el único de los suscritores que se mantiene fuera tras denunciar a la Corte y la Comisión como instrumentos de Estados Unidos.

La descalificación por el TCD sería ridícula después que la RD ha aceptado cinco juicios en la CIDH, entre ellos los de las niñas Yean y Bosico y el de la desaparición de Narciso González. Incluso la dominicana Radhys Abréu de Polanco fue electa jueza de la Corte para el período 2006-12 a propuesta del gobierno dominicano en la Asamblea General de la OEA en la cancillería de Santo Domingo en el 2006.

Por otra parte, si los que quieren desconocer la CIDH buscan desligarla de un posible enjuiciamiento a la sentencia 168-13, por los casos de desnacionalizaciones que tramita la Comisión de Derechos Humanos, resulta ineficaz, ya que el artículo 78.2 de la Convención especifica que los órganos del sistema mantienen la jurisdicción sobre violaciones de derechos ocurridas antes de una desafiliación.

Consecuencias impredecibles. La denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos es imprescindible para desconocer los órganos que instituye y por lo que la motivaría redimensionaría el escándalo originado por la sentencia 168-13, dejando al país como un paria de derechos humanos en el continente. Lo expone a problemas en los tratados comerciales con Estados Unidos y al de los países Asia, Caribe y Pacífico con la Unión Europea. No ayudaría a una nación con tan alta dependencia de factores externos como el turismo, las remesas, la inversión extranjera y la cooperación y el comercio internacional.

A lo interior colocaría al Gobierno en una situación más embarazosa que la derivada de la sentencia 168-13, que le distrajo la atención durante el último año. Consciente de las impredecibles consecuencias, el presidente Danilo Medina tendría que evadir denunciar la Convención de Derechos Humanos casi después de cuatro décadas de suscrita y ratificada.

En tal escenario el mandatario tendría que optar por la humillación de enviar el protocolo al Congreso Nacional para que lo ratifique. El único resultado sería tiempo perdido y mayor descrédito internacional. Todo parece tan absurdo que hay razones para dudar que se materialice la temida sentencia. Y como las versiones han llegado a altas figuras gubernamentales y ruedan por embajadas y organismos internacionales, se supone que se habrán hecho las advertencias correspondientes.

 

Un soberanismo irresponsable

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
Es irresponsable persistencia de al- gunos de que RD desafíe al mundo

No puede ser por ignorancia, sino por irresponsabilidad que algunos persistan en que la nación dominicana desafíe a todo el mundo globalizado, auspiciando graves y masivas violaciones de derechos humanos que contradicen principios filosóficos y jurisprudencias universales, y que están condenadas en múltiples tratados que el Estado dominicano suscribió soberanamente, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Aunque para muchos en este país, las leyes son apenas sugerencias y la Constitución “un simple pedazo de papel”, como acuñó Balaguer, es de rigor citar el numeral 3 del artículo 74 de nuestra Carta Magna que reza: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.

Las relaciones internacionales de hoy se rigen por muchos otros tratados, que ya superan el ámbito de los derechos humanos, y se refieren al comercio, el medio ambiente, la energía nuclear, la aviación y uso del espacio aéreo, los derechos de autor, las transferencias financieras y el tráfico de narcóticos. Se asume que todo Estado que los asume está obligado a cumplirlos, sin el menor pretexto de soberanía nacional.

Es que el concepto de soberanía nacional hace tiempo que fue desplazado, hasta para las grandes naciones, aunque algunas, como Estados Unidos, no han suscrito varios de esos tratados, para escapar de su cumplimiento. Por eso no pueden ser sancionados.

A veces ni siquiera los grandes y poderosos países son sometidos a sanciones por violaciones a preceptos de la convivencia internacional. En algunos casos resisten y salen relativamente indemnes, pero ese lujo no se lo pueden permitir la mayoría, con economías dependientes, como en el caso dominicano del turismo, remesas, el financiamiento, donaciones y acceso privilegiado a mercados como la Unión Europea.

Esta misma semana la Unión Europea discutía un paquete de sanciones a Rusia que involucrarían 10 mil millones de euros por estar auspiciando la fragmentación violenta de su vecina Ucrania. Los alegatos soberanos no serán suficientes para disuadir a los veintiocho países integrados en Europa.

En los últimos días se han multiplicado las críticas por las recientes visitas al país del vicepresidente de Estados Unidos, del secretario general de las Naciones Unidas y del presidente del Consejo de la Unión Europea, bajo el alegato de que vinieron a presionar al presidente Danilo Medina para que carguemos con Haití y todos sus problemas.

Es obvio que esas visitas no fueron turísticas ni simples coincidencias. Han sido parte de un esfuerzo concertado por ayudar al Gobierno dominicano a salirse de debajo de la patana en que la irresponsabilidad soberanista dejó al país tras la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, desafiante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de cuyas decisiones es compromisario el Estado dominicano por decisión soberana. Esos personajes han coincidido en apoyar los esfuerzos del Gobierno dominicano por encontrar una solución siquiera humanista, y a medias jurídica, al grave problema de derechos humanos.

Fue lo que en octubre pasado recomendó el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, cuando anunció la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de un sistema del cual somos también compromisarios, que vendría, como en efecto hizo, a ayudar a las autoridades nacionales a encontrar una salida del grave escándalo internacional que aquí algunos pretenden acallar con desaforados y trasnochados gritos soberanistas.

A lo mejor creen que este país tiene capacidad para desafiar a la OEA, la ONU, la Comisión y la Corte interamericanas de Derechos Humanos, a Estados Unidos y a la Unión Europea, para solo citar los más directamente involucrados en rechazar que este país de emigrantes e inmigrantes despoje de derechos a cientos de miles de personas nacidas en territorio nacional.

La mejor ayuda que se puede dar al Gobierno es incentivarlo a cumplir la ley que fue consensuada como solución, que la Junta Central Electoral y los ultranacionalistas aún regatean.

El presidente Medina, más que nadie, sabe que nuestro desprecio por la Constitución, las leyes y las normas no es aceptable en el mundo de hoy.

 

La JCE y los nacionalistas desafían la Ley 169-14

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
nacionalista jce

Retoman el discurso soberanista y dos meses después de la ley que reconoce la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes irregulares nacidos en el país, les siguen negando actas de nacimiento y los nacionalistas resisten una reglamentación

A dos meses de la aprobación unánime de la Ley 169-14 que reconoce la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes irregulares con actas de nacimiento la Junta Central Electoral (JCE) les sigue negando la entrega de sus documentos, mientras su presidente, Roberto Rosario, se suma a la renovación del discurso nacionalista.

Tras la proclama de “una nueva era en las relaciones domínico-haitianas” por el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, y ante la visita del secretario general de las Naciones Unidas, los nacionalistas desafían al Gobierno con su radical oposición al reglamento para los que tendrían opción a la naturalización.

Sadismo nacionalista. A punto de cumplirse dos meses de que el Congreso Nacional aprobara a unanimidad la Ley 169-14, tras una concertación para resolver un grave problema humano de repercusiones internacionales, originado en la polémica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la JCE sigue negando copias de actas de nacimiento y la emisión de cédulas a los descendientes de extranjeros indocumentados nacidos en el país.

Las entidades defensoras de los derechos humanos se preparan para lanzar una ofensiva en reclamo del cumplimiento de la ley, al cumplirse mañana lunes 21 dos meses de que fuera aprobada de urgencia por ambas cámaras legislativas, habiendo sido promulgada dos días después por el presidente Danilo Medina. A decenas de los beneficiarios de la legislación se les ha negado la expedición de actas en las oficialías del Estado Civil de las provincias del Este y de Santo Domingo y Barahona, donde se concentra una gran proporción de los descendientes de inmigrantes haitianos. A los peticionarios se les sigue diciendo que están bajo investigación o se les remite a la JCE.

Tanto el Centro Bonó, como el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, y las agrupaciones de los domínico-haitianos como el Movimiento Reconocido, Dominicano como Tú y la Red Jacques Viau prefirieron dar tiempo a que la JCE dispusiera la entrega de las actas, pero consideran que dos meses es suficiente para haber atendido el mandato legal.

El mandato de la ley. En su artículo 12 la Ley 169-14 dispuso elaborar, en un plazo no mayor de 60 días, un reglamento sobre sus capítulos II y III de la ley referentes a los hijos de indocumentados nacidos en el país pero que nunca fueron registrados como ciudadanos, a quienes se somete a un proceso de regularización, registrándose en el libro de extranjeros, con derecho a optar dos años después por la naturalización dominicana.

El capítulo I, el literal a de su artículo primero establece “un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril del 2007 inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de su inscripción”. El artículo 2 indica que la JCE “procederá a regularizar y/o transcribir en los libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal a del artículo anterior”, y que la JCE “los acreditará como nacionales dominicanos”.

El artículo 3 excluye del beneficio de la ley a los registros instrumentados con falsedad de escritura pública “siempre y cuando el hecho le sea imputable directamente al beneficiario”. El artículo 4 dispone que a aquellos que ya habían obtenido cédula de identidad y electoral se les dote de la misma con su numeración anterior, y que se otorgue a quienes no se les había expedido.

La ley no condiciona sus beneficios a ninguna investigación, asumiendo el mandato de la sentencia 168-13 de que la JCE debe expedir las copias de actas y proceder a pedir su nulidad ante un tribunal si corresponde, ahora sólo si el beneficiario participó en falsedad de escritura.

El discurso nacionalista. La lentitud en acatar el mandato legal es más relevante por la urgencia con que ambas cámaras legislativas aprobaron la iniciativa del gobierno del presidente Danilo Medina y por lo que se les ha reconocido casi a unanimidad. Todo lo que tendría que hacer la JCE es derogar su Resolución 17-07 de diciembre del 2007 que suspendió la entrega de las actas de nacimiento de los domínico-haitianos, con la excepción de los que se haya comprobado que falsificaron escrituras en beneficio propio. No hay justificación para que se siga mortificando a personas que llevan años procurando actas de nacimiento, cédulas y pasaportes, con un alto costo emocional, material y espiritual.

Contrasta que en vez de cumplir la ley, esta semana el doctor Roberto Rosario retomara el discurso nacionalista, denunciando lo que denominó “amenazas contra la identidad e independencia de la Patria en una extraña alianza de dos o tres dominicanos y algunos extranjeros”. Pese a ser tan pocos los supuestos amenazantes, el presidente de la JCE se quejó de que “la patria está débilmente defendida por los dominicanos”.

La radical oposición de la Fuerza Nacional Progresista al proyecto de reglamento de la ley elaborado por el Gobierno, acompañado de advertencias furibundas de recurrir al Tribunal Constitucional e intentos de chantaje contra el presidente Medina, es un indicador de que los ultranacionalistas no acaban de aceptar la transacción de la Ley 169-14. Llegan al extremo de considerar inconstitucional que el reglamento cree una unidad de ejecución del proceso de naturalización de los que no habían sido inscritos en el Registro Civil, ignorando la enorme cantidad de órganos ejecutivos y comisiones creados por decretos presidenciales.

La nueva era bilateral. Los nacionalistas aliados del partido de Gobierno, que controlan la Dirección General de Migración, el Consejo Nacional de Fronteras y la Comisión de Etica, además del nuevo Ministerio de Minería, han hostilizado abiertamente al Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, a quien han asimilado a los “traidores a la patria”. El furor creció a raíz de la proclamación de Montalvo el 10 de julio, de que “comienza una nueva era en las relaciones domínico-haitianas. Una era de entendimiento y cooperación mutua, que traerá más bienestar y más progreso a ambas naciones”.

Al hablar, a nombre del Gobierno dominicano en la última reunión entre autoridades de las dos naciones de la isla, Montalvo hizo un análisis a fondo de los desencuentros fruto de imágenes distorsionadas y falsas promovidas por viejas élites de ambos países interesadas en la confrontación. “Elites que siempre han temido que la colaboración y la solidaridad afectaran a sus privilegios y que, para impedirlo, han instrumentado los temores y los odios que nutren este desencuentro”.

Montalvo, considerado una especie de primer ministro del Gobierno, militante del partido gobernante, desde sus orígenes, hubo de recurrir a su líder fundador, el profesor Juan Bosch, para justificar el esfuerzo de entendimiento con Haití, recordando que “el odio es estéril, mientras que el amor y el respeto fructifican”.

 La visita de Ban Ki-moon. La visita al país del secretario general de la ONU esta semana también ofendió el sentimiento nacionalista y creó tanta confusión que el presidente del Senado le pidió que ese organismo ayude a controlar la “frágil frontera con Haití” para evitar el narcotráfico, trasiego de armas y otras acciones ilegales. Reinaldo Pared olvidó que esa es una responsabilidad de las Fuerzas Armadas dominicanas que tienen 54 mil miembros.

En realidad fue apenas un diputado no electo, de la familia propietaria de la FNP, quien tuvo expresiones descorteses para Ki-moon, pero con mucho eco en los medios de comunicación y en la red de comentaristas de radio y televisión que defienden los puntos de vista del partido gobernante y sus aliados.

El funcionario internacional tuvo múltiples expresiones de reconocimiento al Gobierno y al Congreso Nacional por los esfuerzos implícitos en la Ley 169-14, por el proceso de regularización de inmigrantes y por los avances en el diálogo con las autoridades de Haití, así como por la solidaridad dominicana tras el terremoto que devastó la vecina nación. Pero Ki-moon no podía dejar de expresar las preocupaciones de los organismos especializados de la organización mundial por los nacidos en el país a quienes se negó el derecho al registro civil y ahora se les declara extranjeros.

Como aquí todo es relativo, son muchos los que no entienden que para el mundo internacional tiene vigencia la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de las niñas Yan y Bosico, descendientes de haitianos, que dispuso su inscripción como dominicanas tras haber nacido en el país, bajo el planteamiento de que “los hijos no heredan la ilegalidad de los padres”, antes de que la Constitución estableciera que no son dominicanos los hijos de inmigrantes indocumentados.

Aunque la Ley 169-14 reconoce a los descendientes de extranjeros inscritos, declara extranjeros a los que no fueron registrados, lo que se da por hecho que no será validado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que eventualmente llegará hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión no se ha manifestado tras la promulgación de la ley.

 

El Plan de Regularización ha arrancado con éxito

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
Regularización

El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Inmigratoria Irregular ha arrancado con notable éxito de afluencia como lo indica el hecho de 33 mil solicitudes en los primeros diez días de ejecución, que han sobrepasado la limitada capacidad implementada, a ser ampliada progresivamente.

Todos los interesados en el control de la inmigración y en constructivas relaciones con Haití deben apoyar el programa dominicano, mientras se reclama una firme colaboración del Gobierno haitiano, dentro de un marco de entendimiento que reduzca la algarabía xenofóbica como la absurda propuesta de un muro en la frontera.

Una afluencia masiva. Los medios informativos han mostrado la masiva respuesta de los inmigrantes irregulares al llamado a registro del Gobierno dominicano, superando con creces la capacidad de atención implementada en el Distrito Nacional y una docena de provincias.

El director del plan, a cargo del Ministerio de Interior y Policía, Samir Santos, reveló que en los primeros diez días de labores, a partir del lunes 2, habían sido atendidas las solicitudes de 33 mil personas, de las cuales 7 mil presentaron toda la documentación requerida.

El decreto 327-13, que dispuso el plan, establece que aún sin disponer de todos los documentos requeridos, se puede formular la solicitud de regularización, con un plazo hasta el 28 de febrero para completarlos. Santos precisó esta semana que las peticiones serán recibidas hasta el 31 de mayo del 2015, con un año de ejecución.

Hasta el viernes se recibían solicitudes solo en un local del Distrito Nacional y en otro del municipio Santo Domingo Este, así como en las gobernaciones provinciales de cinco provincias del Este, otras cinco del Sur y dos del Norte, incluyendo Santiago. Están pendientes de abrirse oficinas en los municipios de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y posteriormente en otras provincias.

En la mayoría de las oficinas de atención, la afluencia superaba la capacidad implementada.

Los informes indican que en San Isidro y San Cristóbal las aglomeraciones eran mayúsculas hasta con 300 y 400 personas por día. En la primera solo podían recibir 40. Solo en La Romana había sido atendido un millar de inmigrantes al caer la segunda semana.

Desinformación y confusión. La lectura de los periódicos de la semana que concluye arroja una gran desinformación, sin contextualizar los acontecimientos relacionados con el programa de regularización, persistencia en magnificar el número de inmigrantes, intentos de descalificar hasta la colaboración de los agencias de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, así como al Gobierno de Haití, hasta de funcionarios ajenos al plan, como el presidente de la Junta Central Electoral.

La situación llevó al coordinar residente de las Naciones Unidas en el país, el español Lorenzo Jiménez de Luis, a solicitar que “dejen fluir el plan, sin especulaciones y valoraciones”, después que, junto a representantes de las diversas agencias de la organización mundial, entregara una comunicación al presidente Danilo Medina, en la que ofrecen colaboración y formulan recomendaciones, lo que reactivó el ultranacionalismo que llega al extremo de descalificar la colaboración internacional.

Hasta legisladores han pretendido ignorar que el Estado dominicano es compromisario y beneficiario histórico de las acciones de las diversas agencias de los organismos que conforman los sistemas de la ONU y la OEA. Aunque no ha habido programa ni reforma importante en el país en las últimas décadas sin la participación de esos organismos, llámense PNUD, Unicef, OPS, ACNUR, UNFPA, Banco Mundial, FMI, BID, CEPAL, o de la Unión Europea.

En los 90 el PNUD dirigió las reformas económicas, la OIT intervino en la laboral, y desde entonces en todas las comisiones y organismos estatales ha habido cooperación internacional.

El Fondo Monetario Internacional impulsó las reformas del sistema financiero y de las leyes de control y presupuesto.

Un programa de reforma y modernización del Congreso Nacional fue ejecutado con financiamiento de esos organismos y hasta las Iniciativas Participativas Anticorrupción, aprobadas en 2011, se debieron a la acción conjunta de las agencias internacionales.

Exageración del volumen. Si se partiera del estimado de inmigrantes irregulares más científico del que se dispone, las 33 mil solicitudes de regularización recibidas en 10 días, aún con los limitados centros de recepción, deberían ser consideradas un gran éxito y estimulados por la opinión pública, en vez de magnificar el volumen de los extranjeros.

Pero en numerosos sectores hay renuencia a aceptar los resultados de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) del 2012, que establece en 524,632 los inmigrantes irregulares, de ellos 458,233 llegados de Haití, aparte de 209,912 descendientes nacidos en el país. Se persiste en cuantificar los haitianos hasta en un millón y medio, una exageración generalizada como la de los dominicanos en Puerto Rico, donde la elevan hasta 400 y 500 mil, aunque los estimados censales y académicos arrojan entre 150 y 200 mil.

Esta semana legisladores y periódicos atribuyeron la ENI a las agencias de las Naciones Unidas, ignorando que fue realizada en el 2012 por la Oficina Nacional de Estadística y publicada el año pasado en el Palacio Nacional como un documento oficial del Estado. Aunque sí con asistencia técnica y financiera del Fondo de Población de la ONU y la Unión Europea. No se trató de una encuesta como las de opinión, con un universo de 1,200 personas. Abarcó 68,146 viviendas y 20,499 entrevistas en las provincias de mayor concentración de inmigrantes.

Tuvo planificación y ejecución científica y hasta que aparezca otra más perfecta, debería ser considerada como referencia obligada.

La ENI arroja datos importantes para dejar fluir el Plan de Regularización, como que el 93 por ciento de los inmigrantes haitianos tiene actas de nacimiento expedida en su país, el 52 por ciento una cédula de identidad y 38 por ciento pasaporte. Con el acta de nacimiento es suficiente para regularizarse.

La alta proporción con actas de nacimiento se podría explicar por el hecho de que en los últimos años la OEA ha colaborado en un programa de identificación en Haití que expidió más de medio millón de actas de nacimiento, y debe presumirse que los primeros interesados fueran los de vocación migratoria.

El muro de la vergüenza. Sectores importantes de la opinión pública siguen sin convencerse de los beneficios que se derivarían de la regularización de los inmigrantes, incluso como mecanismo de control.

Muchos ni siquiera quieren hacer conciencia de la importancia estratégica del entendimiento con Haití y de lo que representa su mercado para las exportaciones y otros negocios dominicanos. Tampoco de la dependencia de la mano de obra haitiana para la agricultura y la construcción.

Es relevante que tales actitudes se expresen aún en medios de comunicación propiedad de empresarios con intereses en el vecino país.

Solo eso explica el despliegue dado esta semana a la propuesta de un muro a lo largo de la frontera con Haití, tan absurdo que no tiene perspectiva de materialización, que solo sirve para revelar nuestras incapacidades de regulación y para afianzar la imagen internacional de xenofobia y racismo antihaitiano.

Un estimado de costos para que el muro pudiera ser algo efectivo, publicado por HOY el viernes, lo establece en 14,500 millones de pesos, y solo faltaría que pretendieran que lo financiaran organismos internacionales o que lo realizaran trabajadores haitianos como el pueblo de Boca de Cachón que acaba de construirse para albergar a los damnificados del lago Enriquillo.

Urge mayor racionalidad en todo lo referente a Haití, lo que debe comenzar con una concentración de voluntades para el éxito del Plan de Regularización de los inmigrantes.

Colaboración de Haití

Se está pidiendo que la traduzcan y Haití certifique las actas de nacimiento, lo que podría ser eliminado para el carné de trabajador temporal y residente provisional y dejado solo para los que opten por residencia definitiva y para la naturalización como ciudadanos. La foto y huellas digitales en el carné serían suficiente garantía de control interno en el país.

Los medios han revelado los altos costos que están imponiendo los consulados haitianos en el país para certificar actas y expedir y renovar pasaporte, lo que ha generado protestas de los inmigrantes que han ido a solicitar esos servicios.

Eso provocó la destemplada declaración del presidente de la Junta Central Electoral acusando al Gobierno de Haití de hacer negocio con el plan. Mejor se ubicó el ministro de Interior y Policía al reclamar la colaboración de las autoridades del vecino país.

No es sorprendente que los haitianos traten de sacar beneficios de los servicios consulares, como lo han hecho siempre, al igual que sus colegadas dominicanos que en los últimos años elevaron hasta 200 dólares las visas para los vecinos que visitan el país.

Pero en el Plan de Regularización no se justificaría más que el costo de trámite, aunque debería ser gratuito como ha decidido al Gobierno dominicano. Corresponderá a los mismos inmigrantes haitianos demandar enérgicamente una reducción de los costos, lo que debería disponer el presidente Michel Martelly, que esta semana reconoció los esfuerzos dominicanos al revocar la desnacionalización e iniciar la regularización.

 

La regularización de inmigrantes desafía al Gobierno y la sociedad

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Tras un cuarto de siglo de amenazas de regular la inmigración, en su inmensa mayoría de haitianos, el Gobierno del presidente Danilo Medina afronta el desafío al poner en vigencia desde mañana lunes el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Inmigratoria Irregular, establecido en el decreto 327-13.

El plan regulatorio de inmigrantes ha tenido general acogida por cuanto responde a una racionalidad pero necesitará de la cooperación de todos los sectores sociales para superar los intereses de traficantes y empleadores que han preferido una abundante mano de obra incondicional que degrada los salarios.

Sin ninguna oposición. El plan regulatorio de la inmigración arranca sin ninguna oposición. El Gobierno logró instituir normas racionales y humanas tomando en consideración los tratados internacionales sobre migraciones y derechos humanos, y en consulta con organismos nacionales e internacionales.

El decreto del 29 de noviembre contempla la gratuidad de la regulación, dejando atrás los planes que había intentado ejecutar la Dirección General de Migración con costos tan elevados que los condenaba al fracaso, como ocurrió con el puesto en vigencia en el 2012 que a casi dos años apenas logró el registro de unos 200 trabajadores temporales.

Las inscripciones comenzarán en 12 gobernaciones provinciales y nueve locales de la Junta Central Electoral, en las jurisdicciones de mayor concentración de inmigrantes, como el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Romana y La Altagracia, según el informe presentado el miércoles por el Ministro de Interior y Policía, a quien se le ha otorgado el principal protagonismo ejecutivo.

El plan arranca con la aprobación de las organizaciones sociales que defienden los derechos humanos de los inmigrantes, tanto a nivel local como internacional. El Centro Bonó de los jesuitas, y la representación del Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han expresado su decisión de colaborar para el éxito del programa.

El Centro Bonó, cabeza institucional de la solidaridad con los descendientes de inmigrantes nacidos en el país que habían sido desnacionalizados, consideró el Plan de Regularización de Inmigrantes como “una medida histórica” que llena un vacío normativo, aunque advirtió que genera nuevos desafíos a tomar en cuenta.

18 meses sin deportaciones. El decreto presidencial establece un programa a desarrollarse en 18 meses, a partir de su emisión en noviembre, período en el cual no habrá deportaciones para evitar que los inmigrantes indocumentados se sientan amenazados. Pero los que no se acojan al programa serán deportados una vez concluya el plazo.

Los convocados deberán inscribirse en un “registro de evaluación”, aportando sus documentos de identidad de los países de origen y sus datos personales. Los que no tengan documentación podrán llenar la solicitud y aportar datos personales, que serán validados si entregan la documentación posteriormente, pero hasta el 28 de febrero de 2015.

Los ejes básicos para la evaluación, según el decreto 327, serán el tiempo de radicación en el país, los vínculos con la sociedad dominicana, las condiciones laborales y socioeconómicas y la regularización individual o por familia. La radicación podrá ser sustentada con pruebas del pago de salarios, certificación de nómina laboral, carné de empresas, hijos nacidos y declarados en el país y domicilio, con certificación de instituciones sociales, como iglesias y juntas de vecinos, contratos de alquiler y recibos de pago de servicios, certificados de estudios y otros..

El Ministerio de Interior tendrá un plazo de 45 días para responder a la solicitud, aunque el decreto indica que puede ser prorrogable sin especificar tiempo. Los rechazados tendrán derecho a solicitar una revisión ante el mismo ministerio, que en tal caso adoptará una decisión definitiva.

Que impere la racionalidad. El Plan de Regularización es un desafío a la eficiencia y la racionalidad, buscando normalizar el futuro, partiendo de la realidad de que actividades como la agricultura y la construcción no pueden ya prescindir de la mano de obra haitiana. Lo fundamental es limitarla, racionalizando la realidad. A este ni a ningún Gobierno le resultaría fácil deportar inmigrantes en masa. La eficiencia tiene que manifestarse en controles fronterizos que reduzcan los flujos.

Es necesario trocar el discurso despectivo y el desconocimiento de derechos humanos por la eficiencia en el manejo de la inmigración, la que nunca se ha manifestado, a pesar de que desde 1990 se proclamaba la ejecución de un Plan de Regularización. Así lo dispuso el Decreto 417-90 del presidente Joaquín Balaguer y lo reiteró la Ley de Migración 285-04 promulgada por el presidente Hipólito Mejía en el 2004, que dispuso un reglamento en plazo de seis meses.

Aunque el discurso antihaitiano se impuso desde los años noventa y tomó mayor auge en lo que va de siglo, con los más duros nacionalistas al frente del Consejo Nacional de Fronteras, de la Dirección General de Migración y de la Junta Central Electoral, el presidente Leonel Fernández agotó sus últimos 8 años de Gobierno para al final promulgar el reglamento migratorio. Según la ENI, el 62 por ciento de los inmigrantes habían llegado al país entre el 2006 y 2012, en el período de Gobierno de Fernández. Y vale recordar que esa encuesta la hizo la ONE con el auspicio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ambos organismos dirigidos por funcionarios del mismo Gobierno, que la pusieron en circulación en el Palacio Nacional antes de concluir la gestión de Fernández.

El Plan de Regularización a iniciarse mañana podría ser el aspecto positivo de la controversial sentencia 168/13 emitida por el Tribunal Constitucional en septiembre pasado, que lo dispuso una vez más. La revocación de la desnacionalización de los dominicanos de ascendencia extranjera mediante la Ley 169-14 tiene como contraparte compensatoria la puesta en vigencia del programa regulatorio de inmigrantes.

El Gobierno del presidente Medina podría anotarse un éxito extraordinario si la regularización sale adelante, y honraría su lema de “hacer lo que nunca se ha hecho” y en una materia fundamental. Sobre todo si se evitan los excesos y se gana el reconocimiento de los organismos de derechos humanos. Para ello tiene que evadir el discurso ultranacionalista.

Más de medio millón

Atendiendo a los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), ejecutada en el 2012 por la Oficina Nacional de Estadística, la población convocada al registro sería de 524, 632 personas, de las cuales el 87 por ciento, 458,233 personas, era de nacionalidad haitiana. Le seguían 13 ,514 de Estados Unidos, 6,720 de España, 4416 de Puerto Rico, y 4 ,040 de Italia. Por encima de tres mil se encuentran los chinos, franceses, venezolanos, cubanos, colombianos y alemanes. En total hay inmigrantes de 60 países.

Los mayores problemas los confrontarán los de origen haitiano, que son los más pobres, vinculados en alta proporción a labores agrícolas (36 por ciento), a la industria de la construcción (26 por ciento), al comercio (17 por ciento) y a hoteles y restaurantes (10 por ciento).

Aunque es generalizado el criterio de que la mayoría de los inmigrantes haitianos carecen de documentos, la ENI indicó lo contrario: 93 por ciento dijo tener actas de nacimiento de su país, 52 por ciento cédula y el 38 por ciento pasaporte haitiano.

Factores como la extrema pobreza, el aislamiento y la desconfianza podrían determinar que una proporción no solicite su regularización para optar por la residencia temporal o permanente y eventualmente por la naturalización. Los más carenciados necesitarán la asistencia que han ofrecido organismos internacionales como ACNUR y de las organizaciones sociales dominicanas. El reto para la sociedad es entender que lo conveniente es la regularización y documentación de los inmigrantes como paso fundamental para reducir y controlar la afluencia, más que expulsar a los que ya están radicados, sobre todo si pueden justificar una actividad laboral.