Propuesta al liderazgo nacional dominicano

agosto 24, 2021agosto 24, 2021 by Juan Bolívar Diaz Santana

Al presidente de la República, a los legisladores y líderes políticos, a las jerarquías religiosas, a las organizaciones sociales, especialmente a las de mujeres, y a los forjadores de la opinión pública

Como buen observador del acontecer dominicano que pretendo ser, deseo proponer una fórmula que permita superar el empantanamiento en que se encuentra el proyecto de Código Penal que se discute desde hace muchos años, a causa de las diferencias sobre la procedencia de despenalizar la interrupción del aborto en tres causales o circunstancias excepcionales.

La propuesta está motivada en la necesidad de que el liderazgo nacional ofrezca una demostración de capacidad de concertación y transacción, en un asunto que a fin de cuentas no conlleva ninguna obligación, ni imposición o contribución para persona alguna, y que se ha establecido en más del 90 por ciento de las naciones.

Es sabido de todos que el Gobierno está obligado, legal y operacionalmente, a promover un pacto fiscal que contenga el camino a la insostenibilidad financiera en que se encuentra el país desde hace varios años, agravado por los enormes gastos que ha conllevado la pandemia del Covid-19 y sus consecuencias económico-sociales.

El presidente LuisAbinader acaba de anunciar la convocatoria a buscar consenso para ese pacto fiscal y para otras reformas, inclusive constitucionales, que requiere la nación.

Si no podemos lograr acuerdo en algo que no impone nada a nadie, hay razones para temer que mucho menos lo alcanzaremos en materias que como la fiscal que deberá conllevar significativos sacrificios para la ciudadanía, y especialmente para los sectores de mayores recursos y por ello de granincidencia en el debate nacional. Como también implicará limitaciones del gasto, de consecuencias políticas para los gobernantes.

La concertación sobre la tres causales, o excepciones para permitir la interrupción de un embarazo, es también pertinente para superar la división que sobre el particular afecta a los legisladores, al gobierno, a la opinión pública y hasta a las mismas iglesias que proclaman a rajatablas la sanción del aborto en todas las circunstancias, aunque muchos militantes y creyenteslas aceptan, al igual que varias concepciones religiosas.

Vistas las consideraciones anteriores, y las objeciones de todos conocidas, me permito proponer que se incluyan las tres excepciones a la penalización de la interrupción del aborto en el Código Penal bajo las siguientes condiciones:

1.- Compromiso del gobierno y los legisladores de no favorecer la extensión de la despenalización bajo otras circunstancias.

2.- Que sólo se pueda interrumpir un embarazo antes de doce semanas de la concepción.

3.- Que en cada hospital y clínica se establezca un comité de tres médicos, o de bioética, encabezados por el director del centro, que determine la procedencia de la interrupción en el tiempo y la autorice cuando se compruebe clínicamente que corra peligro la vida de la madre o que el ser en gestación sea inviable. También cuando haya constancia legal de que el embarazo, fruto de violación o incesto, haya sido previamente denunciado ante la autoridad correspondiente.

4.- Que el gobierno se comprometa a establecer en cada centro de salud un cartel contentivo del principio del valor de la vida humana desde la concepción.

Ciudadano Juan Bolívar Díaz

Madrid, 22 de agosto del 2021.-

Compromiso con los derechos humanos

junio 12, 2016junio 12, 2016 by Juan Bolívar Diaz Santana | 1 Comment

Por Juan Bolívar Díaz

12_06_2016 HOY_DOMINGO_120616_ Opinión9 A

Sería una vergüenza internacional y un gran traspiés que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluya el período de sesiones que se inicia mañana en esta capital sin adoptar una resolución para sostener financieramente uno de sus órganos fundamentales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ya es deplorable que los principales ejecutivos de esa entidad hayan tenido que apelar a la sensibilidad internacional para que se convenza a los Estados americanos de aportar algo más que los 200 mil dólares que destinaron el año pasado al sostenimiento de ese instrumento del sistema interamericano. Para este año han comprometido unos 2.5 millones de dólares, pero un 90 por ciento solo de Estados Unidos. Los demás Argentina, Uruguay y Perú. De los fondos de la OEA el financiamiento para este año no llega a cinco millones de dólares.

Las informaciones disponibles indican que durante años la CIDH ha sobrevivido gracias a donaciones de las naciones europeas, que se han estrechado en la medida en que la crisis inmigratoria del viejo continente les está demandando cientos de millones de dólares para enfrentarla. A pesar de eso deberían seguir contribuyendo, aunque sea por interés particular, ya que las violaciones de derechos humanos en las Américas también impulsa flujos migratorios periódicos.

Como los ejecutivos de la CIDH han advertido que si no los socorren, el próximo mes tendrán que comenzar a despedir el 40 por ciento de su limitado personal de 78 miembros, el destino queda en manos de la Asamblea General, que es precisamente la que elige a los siete ejecutivos de la comisión, a título personal, pero por propuestas de los Estados miembros, que seleccionan a personalidades jurídicas y sociales con probado historial de compromiso con los derechos humanos.

Es comprensible que cuatro o cinco Estados miembros de la OEA se sientan resentidos por denuncias de la Comisión, pero son 35 y la carga financiera pendiente se conjuraría probablemente con aportes mucho menores al medio millón de dólares anuales. Es obvio que la tacañería no es de origen económico, sino derivada de la valentía y esfuerzo con que la institución ha afrontado su compromiso con los derechos humanos. Y vale advertir que sus reclamos han alcanzado hasta a los Estados Unidos, en materias tan sensibles como el vergonzoso e inaceptable régimen carcelario de la base militar de Guantánamo.

Como en este país hay cierta hipersensibilidad frente a una CIDH que ha denunciado violación a derechos humanos en estos lares y ha pedido protección y reivindicación de derechos para personas y comunidades discriminadas o excluidas, conviene recordar los orígenes y fines de esa institución. Data de la creación misma de la OEA en 1948, cuya carta constitutiva habla de los derechos fundamentales de la persona humana. instituida en 1959 como órgano autónomo de la OEA para la promoción y protección de los derechos humanos en el continente, alcanzaría mayor dimensión diez años después con la proclamación de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

Cientos de entidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos, de muy diferentes ámbitos sociales del continente, están clamando por la preservación de la CIDH, y lo mismo han hecho destacados intelectuales y personalidades sociales. Ese clamor debería ser reproducido aquí, ahora que se reúne la Asamblea General de la OEA. De lo que se trata es del compromiso con los derechos humanos universales y permanentes, mucho más allá de la levedad de los intereses políticos coyunturales.

La OEA puede ayudar a disipar equívocos

julio 12, 2015septiembre 7, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La visita de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) debe ser aprovechada para empezar a revertir la generalizada condena internacional originada por la desnacionalización que afectó a decenas de miles de descendientes de haitianos nacidos en el país y para justificar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

Persistir en explotar el sentimiento nacionalista podría ser políticamente rentable, pero es riesgoso pretender extenderlo hasta las elecciones del año próximo con un escenario internacional tan adverso que podría traducirse en daños al comercio y la economía, como ya advierten sectores empresariales.

Bienvenida a la OEA. El Gobierno hizo lo correcto al recibir la misión de investigación que dispuso la OEA, tras dos sesiones donde quedó patente una fuerte confrontación entre las dos naciones que comparten la isla. Solo fanáticos pueden pretender que la nación se cierre al escrutinio internacional en el mundo globalizado. Y si no hay nada que ocultar con más razón debe darse la bienvenida a los comisionados, como hizo el viernes el canciller Andrés Navarro.

Es un craso error asumir que todo el mundo forma parte de una siniestra conjura contra la República Dominicana, de la que no escapa “ni siquiera el Papa Francisco, porque hasta la instancia máxima de la iglesia Católica ha sido permeada”, según escribió esta semana el embajador César Medina. Tampoco se puede creer que “No hay oídos atentos ni sensatos que escuchen nuestras razones, sino un prejuicio generalizado…” ni que “le estamos hablando a un mundo que ha cerrado sus ojos y sus oídos a nuestros argumentos”, como proclamó el influyente Listín Diario en su editorial del miércoles 8 de julio.

Más allá de las arengas nacionalistas hay suficientes argumentos para explicar a la misión de la OEA que la nación decidió ordenar la inmigración, mediante un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, y de seguro que esos diplomáticos y expertos no van a cuestionar un derecho que asumen con responsabilidad la mayoría de las naciones del mundo contemporáneo. Incluso comprenderán que se deporte a quienes no hayan calificado para obtener un permiso de permanencia en el país, si se realiza acorde con los protocolos internacionales, derecho soberano que ni siquiera las autoridades haitianas han podido negar, como ningún organismo, medio de comunicación o personalidad internacional.

Bajar la tensión binacional. Objetivo fundamental de la misión de la OEA, una institución de la que el Estado dominicano es parte desde su fundación hace seis décadas y media, es contribuir a reducir las tensiones entre estados miembros, allanando caminos al entendimiento en sus diferendos. A ello contribuirán, seguramente los reiterados compromisos dominicanos de que no habrá deportaciones masivas.

Se podrá deplorar las circunstancias en que se produjo la precipitada salida de 36,593 ciudadanos haitianos que cruzaron la frontera en los 18 días siguientes al vencimiento del plazo para la regularización, huyendo del temor a ser deportados sin mayores consideraciones, tras incontables advertencias de que serían expulsados. Muchos dominicanos razonables no aprobarían que en Puerto Rico, por ejemplo, sometido ahora a graves apremios económicos, se creara un clima de amenazas que implicara el retorno abrupto de decenas de miles de los compatriotas que allí viven sin documentación legal.

Una de las razones por las que se estigmatiza a los dominicanos en el exterior es por un discurso de desprecio y poco reconocimiento al trabajo y derecho de los inmigrantes haitianos, en contradicción con el hecho de que el país ha exportado más de millón y medio de nacionales que han saturado algunos mercados y se han extendido por todo el mundo.

Sin renunciar al reclamo de que las autoridades haitianas no exageren ni hagan política mezquina con el antidominicanismo, las nacionales tienen que dar ejemplo de ponderación en el plano interno y por encima de toda circunstancia mantener el discurso diplomático y el empeño en buscar la cooperación de los vecinos, sin la cual se complicará infinitamente la convivencia en la isla.

El escenario internacional. No hay duda de que la posición internacional de República Dominicana se ha complicado excesivamente, como ha quedado patente en la multiplicación de artículos, editoriales y reportajes en los principales periódicos de Estados Unidos, España y otros países, así como en la televisión internacional.

Comunicados de organizaciones y declaraciones de personalidades persisten en rechazar el “genocidio civil” que suspendió la nacionalidad dominicana a decenas de miles de descendientes de haitianos.

Debe llamar la atención que las críticas hayan incluido a los alcaldes de Nueva York, Miami, Boston y Toronto, ciudades con fuerte presencia de emigrantes dominicanos, que en su mayoría llegaron ilegalmente. También que grupos de presión estén planificando acciones contra la nación dominicana, incluyendo que abrieran un sitio en Internet induciendo a boicotear el turismo dominicano. Ya esta semana el principal vocero de la Cámara Americana de Comercio en el país advirtió sobre la necesidad de trabajar para evitar daños a la economía dominicana y hasta a la de Haití.

Es evidente el error de persistir en negar la masiva exclusión que hubiese constituido un gueto en la sociedad dominicana, cuando el pasado 26 de junio se publicó una lista de 55 mil personas a quienes se restituye su documentación como dominicanas. Lo procedente es difundir lo más posible esa rectificación, como hizo el canciller Navarro al dar la bienvenida a la misión de la OEA, explicándole los alcances de la Ley 169-14, aprobada de urgencia para enmendar la desnacionalización masiva y cuyo cumplimiento inexplicablemente fue dilatado 13 meses.

Y debe aclararse que implica a otras decenas de miles de sus descendientes que ahora podrán ser registrados como ciudadanos.

Los pendientes de amparo. Urge disipar la confusión entre la desnacionalización que todo el mundo exterior rechaza, ya reparada en gran parte, y la regularización de los inmigrantes. Hay que persistir en que no se extrañará del país a ninguno de los nacidos aquí que no fueron declarados como ciudadanos (grupo B de la Ley 169-14), y en instituir un mecanismo que les garantice a estos, no a los inmigrantes, por lo menos un estatus de residentes permanentes.

Se estima que los nacidos en el país que no pudieron cumplir los exigentes requisitos para acogerse a la vía de la naturalización, son mucho menos que los 55 mil a quienes se devolvió la nacionalidad.

No se puede ignorar que la deportación que de antemano se rechaza es la que podría afectar a este segmento. Si hay que apelar a una nueva ley para proteger a los del grupo B, sería no solo justo, sino también conveniente para disipar los temores de apatridia, que es lo que determina las fuertes objeciones internacionales. Fue una injusticia que a ese segmento se les obligara a inscribirse como extranjeros y se les diera apenas 90 días, prorrogados luego a 180, cuando a los inmigrantes se les daba año y medio para regularizarse. Incluso a esos nacidos en el país, presumidos en extrema pobreza, debería dejarse abierta la puerta permanentemente para que puedan reunir los requisitos para su naturalización.

Los responsables del descrédito

Hace muchos años que había consenso en la sociedad dominicana sobre la necesidad de limitar la inmigración haitiana, lo que quedó manifiesto en un extenso debate que concluyó en la Ley General de Migración 285-04 promulgada el 15 de agosto del 2004 por el presidente Hipólito Mejía, la que disponía el Plan de Regularización de Inmigrantes y un reglamento en el plazo de seis meses. Pero fue más de 7 años después, en noviembre del 2011, que se dictó el Reglamento 631-11.

La Encuesta Nacional de Inmigrantes de la Oficina Nacional de Estadística, realizada en 2012, demuestra que el 62 por ciento de los 524,632 extranjeros que habría en el país (87 por ciento haitianos), habían ingresado entre 2005 y 2012, justo el período en que los ultranacionalistas controlaban la Dirección General de Migración y el Consejo Nacional de Frontera.

Mientras el país se llenaba de haitianos, la Junta Central Electoral se dedicó, a partir del 2007, a perseguir a los ciudadanos dominicanos descendientes de inmigrantes, negándoles administrativamente sus actas de nacimiento. Eso fue legitimado por la sentencia del Tribunal Constitucional 168/13, de septiembre del 2013, de forma retroactiva hasta el 1929. Y es la propia sentencia que los cuantifica en los 209,912 que estimó la Encuesta. Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso la anulación de la desnacionalización masiva, el Constitucional dominicano “descubrió” que el país no había llenado los requisitos para adscribirse a esa jurisdicción. Así se constituyó el escándalo internacional que afecta al país.

Se encamina al fracaso el Plan de Regularización de Extranjeros

noviembre 30, 2014septiembre 13, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

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En los primeros diez días del proceso se recibieron 33 mil solicitudes, las filas eran considerables, pero seis meses después esa cifra apenas llegó a un poco más del triple.

La falta de colaboración de los empleadores y el exceso de requisitos que se exige a los interesados, están marcando el fracaso del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros decretado por el presidente Danilo Medina el 29 de noviembre de 2013 y que comenzó a ejecutarse hace 6 meses, el 2 de junio pasado.

Los apenas 107 carnés de inmigrantes emitidos en la primera mitad del plazo establecido, aunque más de 102 mil han solicitado su regularización aportando sus datos biométricos, representan una proporción muy baja de por lo menos 524 mil nacidos en el exterior registrados por la primera Encuesta Nacional de Inmigrantes.

Una bajísima proporción. Las estadísticas que maneja el viceministro de Interior y Policía Washington González, encargado de la implementación del Plan de Regularización de Extranjeros, indican un pobre resultado en la primera mitad del plazo establecido para solicitar la inclusión, que según dijo vence el 31 de mayo próximo.

Hay muchas diferencias en el estimado de inmigrantes irregulares en el país, pero la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), realizada en el 2012 por la Oficina Nacional de Estadística, registró 524,632 extranjeros en el país, de los cuales 458,233, el 87 por ciento, procedieron de Haití. Si se suman los ingresados en los últimos dos años, podrían llegar a 600 mil, de los que debe descontarse una pequeña proporción con estatus legal.

Los 102 mil 60 que según González habían iniciado el proceso de regularización al caer noviembre, representarían una proporción por debajo del 20 por ciento del total. Y los 107 carnés emitidos son apenas el 0.02%. Proyectados al año decretado para el programa de regularización, los solicitantes no representarían más del 40 por ciento del universo.

Pero la afluencia disminuye, ya que en los primeros diez días del proceso se recibieron 33 mil solicitudes, casi la tercera parte del total en los 6 meses que se cumplen este 2 de diciembre. Los carnés emitidos apenas alcanzan al 0.32 por ciento de los que acudieron hace más de 5 meses, cuya proyección al año implicaría un total fracaso. Con la agravante de que el artículo 12 del decreto 327-13 que estableció el plan especifica un límite hasta el 28 de febrero de 2015 para que los interesados acrediten su identidad.

Demasiados requisitos. Muchos siguen creyendo que el principal elemento que frena el proceso de regularización es la falta de documentos de identificación de los inmigrantes haitianos, la mayoría con algún documento según la ENI, pero en realidad la traba está en los excesivos requisitos para obtener el carné de inmigrantes y la falta de colaboración de los empleadores.

La identidad es el requisito fundamental y el artículo 12 señala que podrá acreditarse por uno de cinco tipos de documentos, aunque estén vencidos: a) pasaporte; b) documento de identidad del país de origen; c) acta de nacimiento; d) Para el solicitante que forme parte de un grupo familiar, acta de matrimonio, declaración de soltería o prueba de convivencia, según aplique; y e) un documento que pueda ser verificado como legítimo por la autoridad y que sirva para la identificación del extranjero solicitante.

Aunque el decreto especifica “por alguno” de esos documentos, en muchos centros se les pide todos, dificultando el registro. Lo mismo ocurre con los cuatro ejes básicos para la regularización establecidos en el artículo 14 del decreto, cada uno de los cuales señala 7 o más requisitos, pero indicando que bastan dos de ellos. Los ejes son 1) El tiempo de radicación de la persona extranjera en el país; 2) Los vínculos con la sociedad dominicana; 3) Las condiciones laborales y socio-económicas; y 4) La regularización de personas de manera individual o por familia.

En el eje 3 referido a las condiciones laborales y socio-económicas, hay 8 requisitos. En el séptimo se indica que el trabajo regular se acredita con un documento que pruebe pago de salarios, certificación de nómina, carné de empleado, o declaración jurada y notarizada del empleador. Especifica uno de ellos, pero en muchos casos se piden todos.

Dos ejemplos contundentes Para entender las dificultades del Plan de Regularización de los Extranjeros baste considerar dos casos específicos, el individual de un empleado en una torre de apartamentos de clase media y el otro un empleado en una residencia, con tres hijos, ambos haitianos residentes en la capital, con apoyo de sus empleadores que pocos podrán conseguir:

El individual es empleado ejemplar de una torre de apartamentos, donde la junta de vecinos responsables decidió avalarlo con la documentación y cubrir los costos. Lleva cuatro visitas al centro de registro y todavía no recibe su carné. Comenzó con su pasaporte visado. Presentó certificación de que trabaja y vive en la torre, acto de notoriedad sobre convivencia firmado por 7 testigos dominicanos, compulsa notarial, certificado de la Procuraduría de que no tiene expediente judicial, declaración jurada de ingresos, copias de cheques y recibos de salarios elegidos al azar de cada uno de los últimos cinco años. Todos esos documentos certificados y notarizados. En su última visita llevó copias de facturas de compra de electrodomésticos y del contrato de un celular de Claro, pero entonces le dijeron que también tiene que notarizarlas. Le piden una cuenta bancaria que no posee.

La situación es más compleja en el caso de un haitiano que lleva 20 años trabajando en la casa del excontralor general Bienvenido Brito y su esposa Maritza, personas de integridad reconocida, militantes católicos de toda la vida, que autorizaron citarlos. Desde que se anunció el plan se mostraron dispuestos a agotarlo y con su patrocinio, su empleado, vigilante y jardinero que también presta este servicio a los vecinos, lleva tres visitas y no avanza. También con pasaporte y visa. Sus empleadores certifican la vivienda que le construyeron en solar comprado en un barrio capitalino. Pero esta persona tiene tres hijos y por cada uno de ellos debe presentar un rosario de certificaciones. No consiguen copia de la constancia de nacimiento del hospital, que perdieron.

No quieren la regulación. La escasa o nula colaboración de los empleadores está contribuyendo al fracaso del Plan de Regularización de Extranjeros.

El viceministro Washing- ton González se ha quejado en televisión de que las asociaciones de productores no contribuyen, aunque les ha pedido colaboración. Productores agrícolas y constructores, así como administradores de condominios y empleadores individuales se niegan a proporcionar certificaciones a sus empleados. Prefieren el desorden de la oferta de mano de obra abundante, que despiden si no aceptan cualquier condición laboral, como horarios ilimitados, bajos salarios, y temen que la regularización los obligue a pagar la seguridad social.

Tampoco ayuda la histeria antihaitiana que se manifiesta a través de múltiples medios de comunicación, la que impide entender que la regularización de los que trabajan en el país es el primer paso si se quiere controlar el flujo inmigratorio. La desinformación y la resistencia es manifiesta en sectores que trafican con la inmigración irregular, aunque mantienen un discurso hipócrita, pretendiendo culpar de la masiva inmigración a quienes hablan de regulaciones y derechos. Hay también quienes creen que se puede recoger a tres o cuatrocientos mil y sacarlos del país.

El viceministro González, quien ha tomado su responsabilidad con seriedad y profesionalidad, reconoce los modestos resultados que registra el plan, pero se mantiene optimista de que el proceso podría acelerarse en la segunda mitad, sobre todo ahora que se está alcanzando el objetivo de llevar los centros de registro a todas las provincias.

El Gobierno de Haití tampoco ayuda eficientemente. Según informes la embajada ha tramitado más de 27 mil solicitudes de triple documentación -acta de nacimiento, cédula y pasaporte-, pero apenas han recibido unos cuatro mil.

En los organismos internacionales, como las agencias de las Naciones Unidas, y en las entidades nacionales, como el Centro Bonó, que buscan contribuir a la regularización, existe la convicción de que el plan tendrá que ser prorrogado y flexibilizado si se quiere evitar su fracaso. Lo están advirtiendo en privado, incluso a las autoridades.

El dilema de Danilo ante la Corte Interamericana

noviembre 16, 2014septiembre 13, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

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La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucional el instrumento de ratificación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligaría al presidente Danilo Medina a someterla de nuevo al Congreso Nacional o cargar la responsabilidad de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos.

La denuncia de la Convención conlleva un año de preaviso, período en que seguirían surtiendo efecto violaciones de derechos humanos y no invalidaría las condenas emitidas por la CIDH, cuyo incumplimiento podría ser dilucidado en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y otros foros internacionales.

Una carga bien pesada. Es criterio generalizado entre especialistas en derecho constitucional y relaciones internacionales que la sentencia 256-14 del TC constituye una carga muy pesada para el Gobierno del presidente Medina, que ha consumido tiempo y energía durante los últimos 14 meses tratando de paliar la reprobación universal desde la emisión de la sentencia 168/13 que dejó sin nacionalidad a decenas de miles de dominicanos descendientes de inmigrantes irregulares, en gran proporción haitianos.

Entre septiembre de 2013 y mayo pasado el Gobierno tuvo que concentrar esfuerzos para afrontar las consecuencias de la sentencia que desconoció retroactiva mente hasta 1929 los registros de nacimiento de decenas de miles de personas, lo que generó un amplio rechazo internacional y una profunda división nacional. Durante ese período, el presidente Danilo Medina y sus principales colaboradores del Ministerio de la Presidencia tuvieron que emplearse a fondo para buscar “una salida humanitaria” a la masiva y grave exclusión.

La mayoría de los dirigentes del partido de Gobierno y de sus aliados parecieron ignorar la posición del mandatario y se sumaron a los planteamientos ultranacionalistas que reivindican una soberanía absoluta que los tratados internacionales han relativizado. Creyeron encontrarla en la aprobación y promulgación de la Ley 169-14 que devuelve la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes irregulares que no hayan incurrido en falsedad de escritura pero obligaba a inscribirse como extranjeros al segmento que nunca fue inscrito en el Registro Civil.

En medio de denuncias sobre incumplimiento de esta ley y acabando de ampliar el estrecho plazo que se otorgó a los nacidos en el país carentes de registro civil, el Gobierno se enfrentó a la sentencia condenatoria de la CIDH y al reactivo dictamen del TC que complica las relaciones exteriores del Estado dominicano, con grave responsabilidad sobre el presidente Medina, situación en la que el Gobierno no quería verse comprometido.

Serias consecuencias. Expertos, como Eduardo Jorge Prats, han sostenido que para denunciar la Convención se requiere una previa reforma constitucional, en virtud del artículo 74.3 de la Carta Magna que indica que “Los tratados, pactos y convenios relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado.

La denuncia conlleva muchos riesgos. El primero será afrontar un escenario internacional todavía más desfavorable que el que en el último año trajo al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al secretario general de las Naciones Unidas, al presidente de la Unión Europea y al vicepresidente de Estados Unidos, movidos por el interés de abrir a la nación espacio de reconciliación con el derecho internacional.

Baste advertir que esta semana se produjo un hecho tan inesperado como la declaración del Gobierno de Uruguay que deploró el intento de desconocer la CIDH “porque podría tener consecuencias jurídicas que debilitarían el compromiso de República Dominicana con el sistema interamericano de derechos humanos” y reafirmó la posición uruguaya de “firme respaldo” al mismo y a sus dos órganos fundamentales, la Comisión y la Corte Interamericanas.

Así como en el país han sido escasos los expertos que han defendido las sentencias del TC, en el exterior lo que puede esperarse es comunicados como el de esta semana de 52 organizaciones encabezadas por Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación Robert Kennedy y la Oficina para América Latina de la Conferencia Nacional de Iglesias de Estados Unidos. El Caucus Negro del Congreso estadounidense y un grupo de estados africanos han mantenido expectativa de que la desnacionalización masiva sea revocada, y se dice que prestos a declarar boicots contra la República Dominicana, bajo acusación de discriminación racial y apatridia. Todo lo que puede esperarse será dañino para la imagen de un país muy dependiente del turismo, remesas, la inversión y el crédito internacional. Situarse fuera del derecho internacional implica riesgos.

Mandarla al Congreso. Las demandas internas para que el Gobierno evite denunciar la Convención y convertirse en paria de los derechos humanos, incluyeron esta semana a 36 organizaciones, y no son muchas más por temor al chantaje nacionalista pero la preocupación abarca a importantes sectores empresariales.

Frenando el derrotero de simple rechazo de la sentencia de la CIDH, el canciller Andrés Navarro anunció al comenzar la semana que el Gobierno había decidido iniciar una serie de consultas con los expertos constitucionalistas y en derecho internacional. Se sabe que varios de los más acreditados han sido ya escuchados y que fuera de los militantes en los grupos nacionalistas, hay consenso sobre la “orfandad jurídica” de la sentencia del TC.

En un panel realizado el miércoles en Teleantillas, los juristas Carlos Salcedo, Francisco Alvarez Valdez, Naseff Perdomo y Fernanda Frías coincidieron en declarar vergonzosa y carente de argumento la sentencia. Ellos, como antes Jorge Prats y Flavio Darío Espinal, señalaron que una salida para el presidente Medina, sin contradecir la sentencia del TC, podría ser enviar al Congreso la declaración de adhesión a la CIDH solicitándole una nueva ratificación.

Eso no sería del agrado de los radicales nacionalistas, pero remitiría el debate a un escenario legítimo y pluripartidista y el presidente no cargaría él solo con la responsabilidad de denunciar el sistema de derechos humanos con argumentos risibles.

Consultar a la misma CIDH. El punto 22 del dispositivo de la reciente condena de la CIDH da un plazo de un año al Estado dominicano a partir de su notificación para “rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma”, por lo que el Gobierno no tiene que precipitar ninguna decisión.

Tiene derecho incluso a apelar a la misma corte acogiéndose al artículo 67 de la Convención, que aunque plantea que el fallo de la corte es definitivo e inapelable, “En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretaría a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la notificación del fallo”.

Con ratificar que se estudia la situación y pedir la consulta, que podría incluir la pregunta de si es posible desconocer la corte sin denunciar la Convención, se ganaría tiempo y el Gobierno podría desplegar una estrategia destinada a buscar apoyo para ver con frialdad las consecuencias de la ruptura y de un “ilícito internacional”, como lo calificó el exembajador ante la OEA Roberto Alvarez, que generaría por lo menos aislamiento.

Si en el ínterin se decide cumplir la Ley 169-14, entregando las actas de nacimiento retenidas ilegítimamente, podría fortalecerse la posición de que el Estado trata de evitar la apatridia. En organismos internacionales hay desconcierto porque a seis meses de promulgada esa ley apenas un puñado de los desnacionalizados han recibido sus documentos.

Para todo eso se precisa un mayor protagonismo presidencial, por ejemplo para persuadir a la Junta Central Electoral para que acate definitivamente la ley que dispone la entrega de las actas de nacimiento y cédulas a los hijos de inmigrantes irregulares que no hayan sido responsables de falsificación de documentos, que son la inmensa mayoría.

Si Danilo Medina quiere seguir gobernando sin contradecir a los ultranacionalistas, no tiene ninguna opción que no sea cargar con la responsabilidad histórica de denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos y dejar a la sociedad dominicana sin ese recurso.

LA CLAVE

Sobre la JCE

Se precisa un mayor protagonismo presidencial para persuadir a la Junta Central Electoral para que acate definitivamente la ley que dispone la entrega de las actas de nacimiento y cédulas a los hijos de inmigrantes irregulares que no hayan sido responsables de falsificación de documentos.

RD de espalda al universo de los derechos humanos

noviembre 9, 2014septiembre 13, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucional la adhesión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deja al país de espalda al universo de los derechos humanos y expuesto a continuas condenas que podrían ocasionar graves daños económicos y a la imagen de la nación.

Las reacciones internacionales muestran el aislamiento de la nación, mientras en el plano interno los expertos constitucionalistas y en derecho internacional se muestran consternados y avergonzados por la inconsistencia del dictamen, que el gobierno podría subsanar pidiendo al Congreso Nacional que ratifique la competencia de esa Corte.

Profunda división. Tal como ocurrió con la sentencia 168-13 que avaló la política de desnacionalización de los descendientes de inmigrantes irregulares, la 256-14 emitida esta semana por el Tribunal Constitucional, declarando inconstitucional la adhesión del país a la CIDH, profundiza la división en la sociedad dominicana, predominando el discurso nacionalista que reivindica una soberanía obsoleta por múltiples tratados internacionales, no sólo en derechos humanos, también en comercio, medio ambiente, derecho de autor…

La opinión pública está influida por la posición gubernamental conservadora, que ha arrastrado al partido de gobierno al ultranacionalismo, dejando atrás sus orígenes boschistas, y gran parte de la población parece encontrar en ella una fuente para reafirmarse frente a los nacionales y descendientes del país más pobre y atrasado del continente. La generalidad de los periódicos apoyan la posición nacionalista, los principales programas de televisión la cuestionan y la radio aparece dividida.

Donde ha habido mayor coherencia y profundidad es entre los más reputados expertos en derecho constitucional y relaciones internacionales, que han rechazado o disentido en diversos grados con las sentencias del TC, como Eduardo Jorge Prats, Olivo Rodríguez Huerta, Cristóbal Rodríguez, Flavio Darío Espinal, Carlos Salcedo, Nassef Perdomo, o Ariel Gautreaux, y juristas como el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa y el jurista Francisco Álvarez Valdez. Tras una serie de consideraciones jurídicas, en un artículo el viernes en HOY, Jorge Prats concluyó con dos palabras “¡Qué vergüenza!”.

TC viola ley y su estatuto. No debe pasar desapercibida la denuncia de dos de los tres jueces del TC que rechazaron la sentencia con “votos disidentes” ponderados en el sentido de que en su prisa por emitir su dictamen, que a juicio de Katia Miguelina Jiménez “responde más a un acto de reacción que a un razonamiento jurídico”, el tribunal violentó el artículo 180 de la Constitución, su Ley Orgánica 137-11 y su propio reglamento interno “textos que son categóricos al indicar que los votos deben consignarse en la sentencia”, dice textualmente Hermógenes Acosta.

La jueza Jiménez y el juez Acosta se quejan de que el TC publicó su sentencia 256-14 sin darle oportunidad a explicitar su voto disidente como ordenan esos textos. Con extensión de 39 y 13 páginas, sus argumentos contrarios a la mayoría fueron incorporados posteriormente a la sentencia en la página de internet del Tribunal Constitucional. El de la otra magistrada que disintió, Ana Isabel Bonilla, de 6 páginas, fue incluido antes de la emisión.

Acosta cita que el reglamento jurisdiccional del TC establece un plazo de 10 días hábiles a contar de la comunicación de la sentencia para formular el voto particular, y que la práctica en cientos de casos implicaba por lo menos 5 días, pero esta vez se publicó al tercer día. Él, como la doctora Jiménez, tuvieron que redactar sus objeciones sin haber recibido el texto aprobado por la mayoría, y en su punto 8 indica que “el proyecto de sentencia que nos ocupa fue aprobado con modificaciones, de las cuales tuve conocimiento en horas de la tarde del día de hoy (4 de noviembre) cuando entré a la página oficial del TC”. Agrega en el punto 9 que “he sido sancionado de manera injusta e injustificada”.

Katia Jiménez dice que se enteró por el periódico El Día de la decisión de publicar la sentencia sin esperar su voto disidente, que reivindica no sólo constitucional, legal y reglamentariamente, sino como “desprendimiento del derecho a la libertad de expresión”. En su argumento 4.1.12 se queja de que la mayoría de los jueces citaron un dictamen de la Suprema Corte del 2055 (No.4 BJ1137.23) para argumentar a favor de acoger el recurso de inconstitucionalidad, pero decidieron “dejar de lado el hecho de que en esa misma sentencia la Suprema Corte reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, y cita el texto específico.

La esencia del rechazo. Los tres jueces disidentes, como la generalidad de los expertos que han analizado la sentencia, basan su rechazo en que el Congreso Nacional reconoció la competencia de la Corte Interamericana al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos que la instituye. Citan su artículo 33 que crea tanto la Comisión como la Corte Interamericana, que luego dedica todo su capítulo VIII a especificar las competencias y funcionamiento de la CIDH. Coinciden también en que la Convención especifica que no se necesita “convención especial” para reconocer la jurisdicción de la Corte.

Hermógenes Acosta añade que el Congreso también ratificó la competencia de la CIDH al aprobar la Ley Orgánica del TC 137-11, donde establece “Que dentro de los procedimientos constitucionales a ser regulados se encuentra el control preventivo de los tratados internacionales y la regulación de la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Citan la llamada “doctrina Estoppel”, según la cual no se puede adoptar una conducta jurídica contraria a los actos anteriormente adoptados, refiriéndose a las múltiples ocasiones en que el Estado aceptó la vinculación con la CIDH, como por ejemplo al defenderse en cinco casos o al hacer elegir una dominicana como jueza de la misma. Lo mismo cuenta para el TC que llegó a firmar un Acuerdo Marco de Cooperación con la CIDH (ver cuadro anexo).

Una salida improbable. Las primeras manifestaciones del gobierno son de estricto apego a las decisiones del TC, citando su ley orgánica y la Constitución, aunque la primera, en su artículo 37.1, también declara la vinculación con los tratados y los tribunales internacionales, colocados en la última instancia en materia de derechos humanos.

La última declaración del canciller dominicano Andrés Navarro, el viernes, no descarta que el país se salga de la jurisdicción de la CIDH, pero indicó que un grupo de expertos analiza la situación.

Si el problema es que el Congreso no ha ratificado la competencia de la Corte, como ha dictaminado el TC, una salida podría ser enviar el protocolo al Poder Legislativo para que decida. Sería una forma del gobierno compartir la responsabilidad en una decisión de graves y prolongadas complicaciones para la política exterior y la imagen del país. Hay quienes creen que podrían originarse boicots y hasta sanciones económicas. Por lo menos la Unión Europea condiciona cooperación a la observación de los principios fundamentales de derechos humanos.

Hay quienes citan el caso de Venezuela, que denunció la Convención y la Corte, pero la República Dominicana es mucho más dependiente del comercio, la inversión, el turismo y la cooperación internacional, y no tiene aliados exteriores que la puedan defender ante acusaciones de violación de derechos de decenas de miles de personas.

En última instancia, como sostuvo la jueza Katia Jiménez, el desconocimiento de la competencia de la CIDH es reactiva, una forma de decir que ya no hay que cumplir la condena que restituye los derechos de los desnacionalizados, porque simplemente el reconocimiento de esa corte durante 15 años “era inconstitucional”.

Total rechazo internacional
Donde la nueva sentencia del TC ha vuelto a tener un rechazo absoluto es en el ámbito internacional, encabezado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el órgano encargado por la carta de la OEA y la Convención Interamericana de Derechos Humanos de velar por la aplicación de los tratados al efecto, la cual dijo que ese dictamen “no encuentra sustento alguno en el derecho internacional, por lo cual no puede tener efectos”. Agregó que tampoco existe base en el mismo para entender que pueda tener efectos en el futuro, porque la Convención “no establece la posibilidad de que un Estado que continúa siendo parte del Tratado se desvincule de la competencia de la Corte”.

Amnistía Internacional y el Centro Kennedy para los Derechos Humanos se sumaron de inmediato a las advertencias de que la nación dominicana se coloca de espaldas al universo de los derechos humanos. Las repercusiones alcanzaron la primera plana del principal periódico español, El País, y de los noticiarios de televisión del mundo.

La Comisión Interamericana evalúa desde el 2011, con por lo menos tres audiencias públicas, los casos de unas 48 personas afectadas por la desnacionalización, cuyos expedientes podrían pasar en cualquier momento a la Corte y motivar condenas sobre condenas, bajo la jurisprudencia de que los hijos no heredan la condición migratoria de sus padres y por el principio de la no retroactividad.

Ya esta semana la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados colocó a la República Dominicana en un exclusivo club mundial donde se concentra la apatridia, ocupando el quinto lugar, después de Birmania, Costa de Marfil, Tailandia y Lituania, con un estimado de 200 mil personas privadas de nacionalidad.

Sería absurdo desconocer la Corte de Derechos Humanos

agosto 31, 2014septiembre 15, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El Tribunal Constitucional (TC) sometería al Gobierno a una grave crisis de relaciones internacionales de repercusiones impredecibles si acoge la petición de un grupo para que declare inconstitucional el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que data de 1999.

Entre juristas y sectores gubernamentales se teme la ocurrencia, considerada absurda por cuanto chocaría con la propia ley orgánica y sentencias del Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia y obligaría a llevar la adscripción al Congreso Nacional a no ser que se quiera denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos.

Una persistente versión. La versión circula desde hace varias semanas entre juristas y relacionados del Gobierno que se niegan a aceptar que tal chapucería jurídica pueda ser posible, pero fue denunciada el pasado día 25 por el exembajador ante la Organización de Estados Americanos Roberto Álvarez en un artículo publicado en el periódico digital Acento, quien expresaba su esperanza de que el informe sea infundado.

Álvarez, doctorado en derecho y relaciones internacionales de dos prestigiosas universidades norteamericanas, y quien fuera abogado adscrito a la secretaría general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, abordó en un extenso artículo las consecuencias del desconocimiento de la CIDH después de 15 años aceptando su jurisdicción. Sostiene que constituiría un grave aprieto para el Gobierno ya que tal decisión podría ser declarada como “un hecho ilícito internacional”.

El TC se aprestaría a acoger la petición de un grupo encabezado por Juan Manuel Rosario, Pelegrín Castillo (actual ministro de Minería), Pedro Casals Victoria, Miguel Castillo Pantaleón, Mario Bonetti y Leyla Roldán, quienes sostienen que el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana es inconstitucional por no haber sido expresamente aprobado por el Congreso Nacional.

El recurso fue iniciado en el 2005 ante la Suprema Corte de Justicia, la que lo traspasó al Constitucional cuando fue constituido en el 2011. La instancia fue revivida bajo la algarabía nacionalista tras la sentencia 168-13 que desconoció la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes indocumentados nacidos en el país, por temor a que este asunto llegue a la CIDH que ya ha establecido jurisprudencia en el caso de dos niñas descendientes de haitianos a las que en el 2005 dispuso su registro como dominicanas.

Rectificación del Procurador. Al caer el 2013, ya había preocupación en el Gobierno por lo que el Procurador General Francisco Domínguez Brito revocó la opinión consultiva que había emitido en el 2006 el Procurador Adjunto Angel Castillo Tejada respaldando la inconstitucionalidad. Mediante el Auto 0085 Domínguez Brito instruye al Procurador Adjunto Ricardo José Tavera Cepeda para que remita al TC una opinión “acorde con lo establecido por el artículo 62.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

La extensa nueva opinión del Ministerio Público, del 11 de diciembre del 2013, que ha trascendido en los últimos días, fundamenta el rechazo de la petición de inconstitucionalidad en base a la Constitución del 2010, la Convención sobre Tratados de La habana de 1932, la Convención de Viena de 1962 y la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, así como en el instrumento de ratificación de la misma por el Estado dominicano, aprobado por el Congreso Nacional en 1977, entre otros.

En resumen, la constitucionalidad de la adscripción a la CIDH es justificada en la ratificación por el Congreso Nacional de la Convención Americana de Derechos Humanos que creó la Corte como órgano jurisdiccional para interpretar y aplicar la Convención, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el órgano de promoción de los derechos humanos que analiza las denuncias de violación a los mismos. El 25 de marzo de 1999 el Gobierno del presidente Leonel Fernández “reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos”, acogiéndose al procedimiento establecido en el artículo 62.1 de la misma.

Agrega que al aceptar la jurisdicción de la Corte se ejerce el derecho y la obligación contraídos al suscribir la Convención, y que el Estado dominicano ha dado aquiescencia en múltiples oportunidades a la competencia de la CIDH. Cita las sentencias 0084 -13 y 136-13 del Tribunal Constitucional que reconocen “el carácter vinculante de las decisiones de esa jurisdicción internacional”, al igual que la Resolución 1920-2003 de la Suprema Corte de Justicia, y el artículo 74.3 de la Constitución que otorga jerarquía constitucional a los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos suscritos por el Estado.

Sin precedente e ineficaz. No hay precedentes de una desafiliación a la CIDH bajo el pretexto de que no fue aprobada por el parlamento. 15 de los 21 países que han aceptado la jurisdicción de la Corte se acogieron a la suscripción de la Convención, la que dejó sentado que ello no requiere “convención especial”, aunque otros 6 si buscaron la ratificación parlamentaria.

Tres países han renunciado a la jurisdicción de la corte: Trinidad-Tobago porque no pudo adaptarse a la Convención al mantener la pena de muerte, el Perú del dictador Alberto Fujimori, protestando una condena, pero el gobierno que lo sucedió, revocó esa decisión, y Venezuela, que es el único de los suscritores que se mantiene fuera tras denunciar a la Corte y la Comisión como instrumentos de Estados Unidos.

La descalificación por el TCD sería ridícula después que la RD ha aceptado cinco juicios en la CIDH, entre ellos los de las niñas Yean y Bosico y el de la desaparición de Narciso González. Incluso la dominicana Radhys Abréu de Polanco fue electa jueza de la Corte para el período 2006-12 a propuesta del gobierno dominicano en la Asamblea General de la OEA en la cancillería de Santo Domingo en el 2006.

Por otra parte, si los que quieren desconocer la CIDH buscan desligarla de un posible enjuiciamiento a la sentencia 168-13, por los casos de desnacionalizaciones que tramita la Comisión de Derechos Humanos, resulta ineficaz, ya que el artículo 78.2 de la Convención especifica que los órganos del sistema mantienen la jurisdicción sobre violaciones de derechos ocurridas antes de una desafiliación.

Consecuencias impredecibles. La denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos es imprescindible para desconocer los órganos que instituye y por lo que la motivaría redimensionaría el escándalo originado por la sentencia 168-13, dejando al país como un paria de derechos humanos en el continente. Lo expone a problemas en los tratados comerciales con Estados Unidos y al de los países Asia, Caribe y Pacífico con la Unión Europea. No ayudaría a una nación con tan alta dependencia de factores externos como el turismo, las remesas, la inversión extranjera y la cooperación y el comercio internacional.

A lo interior colocaría al Gobierno en una situación más embarazosa que la derivada de la sentencia 168-13, que le distrajo la atención durante el último año. Consciente de las impredecibles consecuencias, el presidente Danilo Medina tendría que evadir denunciar la Convención de Derechos Humanos casi después de cuatro décadas de suscrita y ratificada.

En tal escenario el mandatario tendría que optar por la humillación de enviar el protocolo al Congreso Nacional para que lo ratifique. El único resultado sería tiempo perdido y mayor descrédito internacional. Todo parece tan absurdo que hay razones para dudar que se materialice la temida sentencia. Y como las versiones han llegado a altas figuras gubernamentales y ruedan por embajadas y organismos internacionales, se supone que se habrán hecho las advertencias correspondientes.

La JCE y los nacionalistas desafían la Ley 169-14

julio 20, 2014septiembre 15, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Retoman el discurso soberanista y dos meses después de la ley que reconoce la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes irregulares nacidos en el país, les siguen negando actas de nacimiento y los nacionalistas resisten una reglamentación

A dos meses de la aprobación unánime de la Ley 169-14 que reconoce la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes irregulares con actas de nacimiento la Junta Central Electoral (JCE) les sigue negando la entrega de sus documentos, mientras su presidente, Roberto Rosario, se suma a la renovación del discurso nacionalista.

Tras la proclama de “una nueva era en las relaciones domínico-haitianas” por el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, y ante la visita del secretario general de las Naciones Unidas, los nacionalistas desafían al Gobierno con su radical oposición al reglamento para los que tendrían opción a la naturalización.

Sadismo nacionalista. A punto de cumplirse dos meses de que el Congreso Nacional aprobara a unanimidad la Ley 169-14, tras una concertación para resolver un grave problema humano de repercusiones internacionales, originado en la polémica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la JCE sigue negando copias de actas de nacimiento y la emisión de cédulas a los descendientes de extranjeros indocumentados nacidos en el país.

Las entidades defensoras de los derechos humanos se preparan para lanzar una ofensiva en reclamo del cumplimiento de la ley, al cumplirse mañana lunes 21 dos meses de que fuera aprobada de urgencia por ambas cámaras legislativas, habiendo sido promulgada dos días después por el presidente Danilo Medina. A decenas de los beneficiarios de la legislación se les ha negado la expedición de actas en las oficialías del Estado Civil de las provincias del Este y de Santo Domingo y Barahona, donde se concentra una gran proporción de los descendientes de inmigrantes haitianos. A los peticionarios se les sigue diciendo que están bajo investigación o se les remite a la JCE.

Tanto el Centro Bonó, como el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, y las agrupaciones de los domínico-haitianos como el Movimiento Reconocido, Dominicano como Tú y la Red Jacques Viau prefirieron dar tiempo a que la JCE dispusiera la entrega de las actas, pero consideran que dos meses es suficiente para haber atendido el mandato legal.

El mandato de la ley. En su artículo 12 la Ley 169-14 dispuso elaborar, en un plazo no mayor de 60 días, un reglamento sobre sus capítulos II y III de la ley referentes a los hijos de indocumentados nacidos en el país pero que nunca fueron registrados como ciudadanos, a quienes se somete a un proceso de regularización, registrándose en el libro de extranjeros, con derecho a optar dos años después por la naturalización dominicana.

El capítulo I, el literal a de su artículo primero establece “un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril del 2007 inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de su inscripción”. El artículo 2 indica que la JCE “procederá a regularizar y/o transcribir en los libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal a del artículo anterior”, y que la JCE “los acreditará como nacionales dominicanos”.

El artículo 3 excluye del beneficio de la ley a los registros instrumentados con falsedad de escritura pública “siempre y cuando el hecho le sea imputable directamente al beneficiario”. El artículo 4 dispone que a aquellos que ya habían obtenido cédula de identidad y electoral se les dote de la misma con su numeración anterior, y que se otorgue a quienes no se les había expedido.

La ley no condiciona sus beneficios a ninguna investigación, asumiendo el mandato de la sentencia 168-13 de que la JCE debe expedir las copias de actas y proceder a pedir su nulidad ante un tribunal si corresponde, ahora sólo si el beneficiario participó en falsedad de escritura.

El discurso nacionalista. La lentitud en acatar el mandato legal es más relevante por la urgencia con que ambas cámaras legislativas aprobaron la iniciativa del gobierno del presidente Danilo Medina y por lo que se les ha reconocido casi a unanimidad. Todo lo que tendría que hacer la JCE es derogar su Resolución 17-07 de diciembre del 2007 que suspendió la entrega de las actas de nacimiento de los domínico-haitianos, con la excepción de los que se haya comprobado que falsificaron escrituras en beneficio propio. No hay justificación para que se siga mortificando a personas que llevan años procurando actas de nacimiento, cédulas y pasaportes, con un alto costo emocional, material y espiritual.

Contrasta que en vez de cumplir la ley, esta semana el doctor Roberto Rosario retomara el discurso nacionalista, denunciando lo que denominó “amenazas contra la identidad e independencia de la Patria en una extraña alianza de dos o tres dominicanos y algunos extranjeros”. Pese a ser tan pocos los supuestos amenazantes, el presidente de la JCE se quejó de que “la patria está débilmente defendida por los dominicanos”.

La radical oposición de la Fuerza Nacional Progresista al proyecto de reglamento de la ley elaborado por el Gobierno, acompañado de advertencias furibundas de recurrir al Tribunal Constitucional e intentos de chantaje contra el presidente Medina, es un indicador de que los ultranacionalistas no acaban de aceptar la transacción de la Ley 169-14. Llegan al extremo de considerar inconstitucional que el reglamento cree una unidad de ejecución del proceso de naturalización de los que no habían sido inscritos en el Registro Civil, ignorando la enorme cantidad de órganos ejecutivos y comisiones creados por decretos presidenciales.

La nueva era bilateral. Los nacionalistas aliados del partido de Gobierno, que controlan la Dirección General de Migración, el Consejo Nacional de Fronteras y la Comisión de Etica, además del nuevo Ministerio de Minería, han hostilizado abiertamente al Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, a quien han asimilado a los “traidores a la patria”. El furor creció a raíz de la proclamación de Montalvo el 10 de julio, de que “comienza una nueva era en las relaciones domínico-haitianas. Una era de entendimiento y cooperación mutua, que traerá más bienestar y más progreso a ambas naciones”.

Al hablar, a nombre del Gobierno dominicano en la última reunión entre autoridades de las dos naciones de la isla, Montalvo hizo un análisis a fondo de los desencuentros fruto de imágenes distorsionadas y falsas promovidas por viejas élites de ambos países interesadas en la confrontación. “Elites que siempre han temido que la colaboración y la solidaridad afectaran a sus privilegios y que, para impedirlo, han instrumentado los temores y los odios que nutren este desencuentro”.

Montalvo, considerado una especie de primer ministro del Gobierno, militante del partido gobernante, desde sus orígenes, hubo de recurrir a su líder fundador, el profesor Juan Bosch, para justificar el esfuerzo de entendimiento con Haití, recordando que “el odio es estéril, mientras que el amor y el respeto fructifican”.

La visita de Ban Ki-moon. La visita al país del secretario general de la ONU esta semana también ofendió el sentimiento nacionalista y creó tanta confusión que el presidente del Senado le pidió que ese organismo ayude a controlar la “frágil frontera con Haití” para evitar el narcotráfico, trasiego de armas y otras acciones ilegales. Reinaldo Pared olvidó que esa es una responsabilidad de las Fuerzas Armadas dominicanas que tienen 54 mil miembros.

En realidad fue apenas un diputado no electo, de la familia propietaria de la FNP, quien tuvo expresiones descorteses para Ki-moon, pero con mucho eco en los medios de comunicación y en la red de comentaristas de radio y televisión que defienden los puntos de vista del partido gobernante y sus aliados.

El funcionario internacional tuvo múltiples expresiones de reconocimiento al Gobierno y al Congreso Nacional por los esfuerzos implícitos en la Ley 169-14, por el proceso de regularización de inmigrantes y por los avances en el diálogo con las autoridades de Haití, así como por la solidaridad dominicana tras el terremoto que devastó la vecina nación. Pero Ki-moon no podía dejar de expresar las preocupaciones de los organismos especializados de la organización mundial por los nacidos en el país a quienes se negó el derecho al registro civil y ahora se les declara extranjeros.

Como aquí todo es relativo, son muchos los que no entienden que para el mundo internacional tiene vigencia la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de las niñas Yan y Bosico, descendientes de haitianos, que dispuso su inscripción como dominicanas tras haber nacido en el país, bajo el planteamiento de que “los hijos no heredan la ilegalidad de los padres”, antes de que la Constitución estableciera que no son dominicanos los hijos de inmigrantes indocumentados.

Aunque la Ley 169-14 reconoce a los descendientes de extranjeros inscritos, declara extranjeros a los que no fueron registrados, lo que se da por hecho que no será validado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que eventualmente llegará hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión no se ha manifestado tras la promulgación de la ley.

El Plan de Regularización ha arrancado con éxito

junio 15, 2014septiembre 17, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Inmigratoria Irregular ha arrancado con notable éxito de afluencia como lo indica el hecho de 33 mil solicitudes en los primeros diez días de ejecución, que han sobrepasado la limitada capacidad implementada, a ser ampliada progresivamente.

Todos los interesados en el control de la inmigración y en constructivas relaciones con Haití deben apoyar el programa dominicano, mientras se reclama una firme colaboración del Gobierno haitiano, dentro de un marco de entendimiento que reduzca la algarabía xenofóbica como la absurda propuesta de un muro en la frontera.

Una afluencia masiva. Los medios informativos han mostrado la masiva respuesta de los inmigrantes irregulares al llamado a registro del Gobierno dominicano, superando con creces la capacidad de atención implementada en el Distrito Nacional y una docena de provincias.

El director del plan, a cargo del Ministerio de Interior y Policía, Samir Santos, reveló que en los primeros diez días de labores, a partir del lunes 2, habían sido atendidas las solicitudes de 33 mil personas, de las cuales 7 mil presentaron toda la documentación requerida.

El decreto 327-13, que dispuso el plan, establece que aún sin disponer de todos los documentos requeridos, se puede formular la solicitud de regularización, con un plazo hasta el 28 de febrero para completarlos. Santos precisó esta semana que las peticiones serán recibidas hasta el 31 de mayo del 2015, con un año de ejecución.

Hasta el viernes se recibían solicitudes solo en un local del Distrito Nacional y en otro del municipio Santo Domingo Este, así como en las gobernaciones provinciales de cinco provincias del Este, otras cinco del Sur y dos del Norte, incluyendo Santiago. Están pendientes de abrirse oficinas en los municipios de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y posteriormente en otras provincias.

En la mayoría de las oficinas de atención, la afluencia superaba la capacidad implementada.

Los informes indican que en San Isidro y San Cristóbal las aglomeraciones eran mayúsculas hasta con 300 y 400 personas por día. En la primera solo podían recibir 40. Solo en La Romana había sido atendido un millar de inmigrantes al caer la segunda semana.

Desinformación y confusión. La lectura de los periódicos de la semana que concluye arroja una gran desinformación, sin contextualizar los acontecimientos relacionados con el programa de regularización, persistencia en magnificar el número de inmigrantes, intentos de descalificar hasta la colaboración de los agencias de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, así como al Gobierno de Haití, hasta de funcionarios ajenos al plan, como el presidente de la Junta Central Electoral.

La situación llevó al coordinar residente de las Naciones Unidas en el país, el español Lorenzo Jiménez de Luis, a solicitar que “dejen fluir el plan, sin especulaciones y valoraciones”, después que, junto a representantes de las diversas agencias de la organización mundial, entregara una comunicación al presidente Danilo Medina, en la que ofrecen colaboración y formulan recomendaciones, lo que reactivó el ultranacionalismo que llega al extremo de descalificar la colaboración internacional.

Hasta legisladores han pretendido ignorar que el Estado dominicano es compromisario y beneficiario histórico de las acciones de las diversas agencias de los organismos que conforman los sistemas de la ONU y la OEA. Aunque no ha habido programa ni reforma importante en el país en las últimas décadas sin la participación de esos organismos, llámense PNUD, Unicef, OPS, ACNUR, UNFPA, Banco Mundial, FMI, BID, CEPAL, o de la Unión Europea.

En los 90 el PNUD dirigió las reformas económicas, la OIT intervino en la laboral, y desde entonces en todas las comisiones y organismos estatales ha habido cooperación internacional.

El Fondo Monetario Internacional impulsó las reformas del sistema financiero y de las leyes de control y presupuesto.

Un programa de reforma y modernización del Congreso Nacional fue ejecutado con financiamiento de esos organismos y hasta las Iniciativas Participativas Anticorrupción, aprobadas en 2011, se debieron a la acción conjunta de las agencias internacionales.

Exageración del volumen. Si se partiera del estimado de inmigrantes irregulares más científico del que se dispone, las 33 mil solicitudes de regularización recibidas en 10 días, aún con los limitados centros de recepción, deberían ser consideradas un gran éxito y estimulados por la opinión pública, en vez de magnificar el volumen de los extranjeros.

Pero en numerosos sectores hay renuencia a aceptar los resultados de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) del 2012, que establece en 524,632 los inmigrantes irregulares, de ellos 458,233 llegados de Haití, aparte de 209,912 descendientes nacidos en el país. Se persiste en cuantificar los haitianos hasta en un millón y medio, una exageración generalizada como la de los dominicanos en Puerto Rico, donde la elevan hasta 400 y 500 mil, aunque los estimados censales y académicos arrojan entre 150 y 200 mil.

Esta semana legisladores y periódicos atribuyeron la ENI a las agencias de las Naciones Unidas, ignorando que fue realizada en el 2012 por la Oficina Nacional de Estadística y publicada el año pasado en el Palacio Nacional como un documento oficial del Estado. Aunque sí con asistencia técnica y financiera del Fondo de Población de la ONU y la Unión Europea. No se trató de una encuesta como las de opinión, con un universo de 1,200 personas. Abarcó 68,146 viviendas y 20,499 entrevistas en las provincias de mayor concentración de inmigrantes.

Tuvo planificación y ejecución científica y hasta que aparezca otra más perfecta, debería ser considerada como referencia obligada.

La ENI arroja datos importantes para dejar fluir el Plan de Regularización, como que el 93 por ciento de los inmigrantes haitianos tiene actas de nacimiento expedida en su país, el 52 por ciento una cédula de identidad y 38 por ciento pasaporte. Con el acta de nacimiento es suficiente para regularizarse.

La alta proporción con actas de nacimiento se podría explicar por el hecho de que en los últimos años la OEA ha colaborado en un programa de identificación en Haití que expidió más de medio millón de actas de nacimiento, y debe presumirse que los primeros interesados fueran los de vocación migratoria.

El muro de la vergüenza. Sectores importantes de la opinión pública siguen sin convencerse de los beneficios que se derivarían de la regularización de los inmigrantes, incluso como mecanismo de control.

Muchos ni siquiera quieren hacer conciencia de la importancia estratégica del entendimiento con Haití y de lo que representa su mercado para las exportaciones y otros negocios dominicanos. Tampoco de la dependencia de la mano de obra haitiana para la agricultura y la construcción.

Es relevante que tales actitudes se expresen aún en medios de comunicación propiedad de empresarios con intereses en el vecino país.

Solo eso explica el despliegue dado esta semana a la propuesta de un muro a lo largo de la frontera con Haití, tan absurdo que no tiene perspectiva de materialización, que solo sirve para revelar nuestras incapacidades de regulación y para afianzar la imagen internacional de xenofobia y racismo antihaitiano.

Un estimado de costos para que el muro pudiera ser algo efectivo, publicado por HOY el viernes, lo establece en 14,500 millones de pesos, y solo faltaría que pretendieran que lo financiaran organismos internacionales o que lo realizaran trabajadores haitianos como el pueblo de Boca de Cachón que acaba de construirse para albergar a los damnificados del lago Enriquillo.

Urge mayor racionalidad en todo lo referente a Haití, lo que debe comenzar con una concentración de voluntades para el éxito del Plan de Regularización de los inmigrantes.

Colaboración de Haití

Se está pidiendo que la traduzcan y Haití certifique las actas de nacimiento, lo que podría ser eliminado para el carné de trabajador temporal y residente provisional y dejado solo para los que opten por residencia definitiva y para la naturalización como ciudadanos. La foto y huellas digitales en el carné serían suficiente garantía de control interno en el país.

Los medios han revelado los altos costos que están imponiendo los consulados haitianos en el país para certificar actas y expedir y renovar pasaporte, lo que ha generado protestas de los inmigrantes que han ido a solicitar esos servicios.

Eso provocó la destemplada declaración del presidente de la Junta Central Electoral acusando al Gobierno de Haití de hacer negocio con el plan. Mejor se ubicó el ministro de Interior y Policía al reclamar la colaboración de las autoridades del vecino país.

No es sorprendente que los haitianos traten de sacar beneficios de los servicios consulares, como lo han hecho siempre, al igual que sus colegadas dominicanos que en los últimos años elevaron hasta 200 dólares las visas para los vecinos que visitan el país.

Pero en el Plan de Regularización no se justificaría más que el costo de trámite, aunque debería ser gratuito como ha decidido al Gobierno dominicano. Corresponderá a los mismos inmigrantes haitianos demandar enérgicamente una reducción de los costos, lo que debería disponer el presidente Michel Martelly, que esta semana reconoció los esfuerzos dominicanos al revocar la desnacionalización e iniciar la regularización.

El presidente debería recurrir a la Corte Interamericana

mayo 4, 2014septiembre 17, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Todo parece indicar que el proyecto de ley que buscaría restituir la nacionalidad a los afectados por la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional (TC) ha vuelto a ser congelado por la resistencia de sectores ultranacionalistas, a pesar de que la última formulación parecía tener apoyo de los dos líderes del partido de Gobierno.

Ante las advertencias y temores de que sea desconocida la sentencia, y si se quiere resolver el drama de decenas de miles de personas que provoca escándalo internacional, el Presidente debería recurrir a la última instancia constitucional dominicana en esa materia, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Un Gobierno indeciso. Cuando al finalizar marzo el presidente Danilo Medina concluyó la ronda de consultas sobre el conflicto generado por la sentencia que desnacionaliza a decenas de miles de descendientes de extranjeros nacidos en el país que habían sido registrados como dominicanos, se dio por hecho que en breve enviaría un proyecto de ley al Congreso buscando una solución humana y justa al problema, que además tuviera la virtud de conjurar el escándalo internacional y el descrédito que afronta el país.

De hecho, cuando inició las consultas, Medina ya tenía el diseño de un proyecto de ley que reconocería la nacionalidad de los que habían sido inscritos en el Registro Civil antes de la promulgación de la Constitución vigente, el 26 de enero de 2010, como manda el numeral 18.2 de la misma, excepto a quienes hubiesen participado en alguna irregularidad. Aceptando la irregularidad dictaminada por el TC, se reconocería las inscripciones a partir del precepto de que nadie puede pagar por culpas ajenas y menos por deficiencias del Estado que les confirió la nacionalidad.

El director de Migración, José Ricardo Taveras, dirigente del grupo promotor de la desnacionalización denominado Fuerza Nacional Progresista, fue de los que pareció aceptar la transacción bajo el predicamento de que el Estado tenía que pagar por su negligencia. El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, quien inició administrativamente las desnacionalizaciones en el 2007, también pareció tirar la toalla cuando dijo que acataría lo que decidieran el Gobierno y el Congreso.

El resultado de las consultas ratificó la división de la sociedad dominicana sobre el conflicto, sin que el presidente Medina haya dado un balance. Novedoso para el mandatario debió ser que el grupo de altos empresarios consultados en una reunión se manifestó prácticamente a unanimidad a favor una solución justa del escándalo, como ocurrió con los representantes de las iglesias evangélicas.

El clave Leonel Fernández. El primer sábado de abril, al reunirse con los dirigentes del Comité de Solidaridad con los Desnacionalizados, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y expresidente de la República, Leonel Fernández, admitió que coincidía con la fórmula del proyecto de ley que barajaba el presidente Medina. Defendió firmemente la sentencia del TC en el sentido de que no correspondía la nacionalidad a los nacidos en el país hijos de inmigrantes indocumentados, considerándolos en tránsito, pero admitía la fórmula de reconocérsela por ley a quienes no fueran responsables de la irregularidad.

El líder peledeísta llegó a especificar que el reconocimiento se extendería a las 24,392 personas que la JCE estima afectadas por la sentencia, y consecuentemente a los descendientes de estos, a quienes se les ha negado el registro ciudadano. También precisó que a los descendientes de indocumentados nacidos en el país pero que no fueron declarados, la ley consensuada les daría la opción de la naturalización. Como sus interlocutores, una docena de profesionales y religiosos, insistieran en que la ley debería abarcar a todos los que a su juicio tenían derecho a la nacionalidad por el jus soli, Fernández prometió hacer llegar ese criterio de la nación al Presidente, aunque persistió en que no les correspondía la nacionalidad.

La posición del exmandatario no fue sorpresa, pues ya la había manifestado en otra conversación informal, en dos declaraciones en Estados Unidos y en un artículo del 30 de diciembre en el Listín Diario, donde favoreció “una solución que sin quebrantar los atributos de nuestra soberanía nacional satisfaga los requerimientos del derecho internacional de los derechos humanos”.

La Corte Interamericana. En los últimos días los más duros defensores de la desnacionalización han vuelto a formular advertencias al Gobierno, algunos aliados en tono chantajista, y se ha visto el espectáculo del presidente del TC advirtiendo de riesgos de un golpe de Estado constitucional, mientras el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, planteaba que la sentencia es intocable, y se afirma que las presiones sobre el Presidente, en ambas direcciones, son de gran magnitud.

En tal circunstancia, el camino lógico para el Gobierno debía ser recurrir en consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción es parte del bloque constitucional dominicano, según el artículo 74.3 de la Constitución, por lo que sus decisiones son vinculantes para los tribunales y demás órganos del Estado.

La Corte fue creada por la Convención Americana de los Derechos Humanos, ratificada por la nación dominicana en 1978. El presidente Leonel Fernández reconoció formalmente en 1999 la competencia de la Corte “sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.

Por su parte el Tribunal Constitucional, en su sentencia 136/13 del 22 de agosto pasado, un mes antes de la 168/13, reconoció que RD es integrante de la Convención Americana de los Derechos Humanos y “aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano consultivo y contencioso”. Y en noviembre del 2012 firmó con ella un Acuerdo Marco de Colaboración. Los que creen que pueden denunciar ambos pactos deben saber que el párrafo del artículo 57 de la Ley orgánica del TC establece que “si el tratado internacional es reputado constitucional, esto impide que, posteriormente, el mismo sea cuestionado por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional o cualquier juez o tribunal”.

El presidente puede apelar a la “Opinión Consultiva” de la Corte, prevista en el artículo 72 de su reglamento y en el 64 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. De esa forma se quitaría de encima un conflicto que le ha consumido seis meses y amenaza afectar toda su gestión, al tiempo que reduciría el escándalo internacional.

Así también podría evadir una condena como la emitida por ese organismo en el 2005 en el caso de dos niñas de ascendencia haitiana nacidas en el país, y a las que se les había negado el registro.

La Comisión Interamericana, que opera como procuraduría fiscal de la Corte, tiene unos 48 casos de desnacionalizados bajo ponderación desde el 2011 y se cree que podría agilizar su trámite.

Se sabe que organismos internacionales, como la Asociación de Estados Africanos y el Black Caucus del Congreso de Estados Unidos han contemplado acciones contra la República Dominicana bajo acusaciones de discriminación racial y xenofobia, y que han sido persuadidos de esperar la solución prometida por el Gobierno.

Las agencias de las Naciones Unidas y la Unión Europea no ocultan su expectativa de una solución a lo que se ha denominado como genocidio civil.

Desconcierto general

La indecisión gubernamental ha creado desconcierto en la opinión pública y en los círculos diplomáticos así como en los organismos internacionales, tanto dentro como fuera del país. A ello se puede atribuir que el embajador de Estados Unidos, James Brewster reiterara el viernes en Santiago que “como ya lo he dicho en otras ocasiones anteriores, lo que nos interesa es garantizar que a nadie se quite su ciudadanía”.

Se creía que con el consenso entre los dos mayores líderes del partido de Gobierno y que controla absolutamente las dos cámaras legislativas, la solución al conflicto estaba garantizada. Ambos partían de la convicción de que el llamado genocidio civil tiene un costo muy elevado para la imagen del país y que puede llegar a una condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya lo ha hecho repetidas veces la Comisión Interamericana.

Pero un mes después del aparente consenso nadie sabe a ciencia cierta por qué el proyecto de ley no ha sido enviado al Congreso, y en cambio se vuelve a hablar del proyecto de naturalización que habían preparado en noviembre y que fue congelado hace cuatro meses tras la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país la primera semana de diciembre, la que advirtió que eso no solucionaría la masiva violación de derechos.

El rechazo internacional a la desnacionalización masiva es tan significativo que concurren al mismo Estados Unidos y Venezuela, enfrentados hace tiempo en el ámbito interamericano. A gestiones del canciller venezolano se atribuye que las conversaciones domínico haitianas iniciadas a fines del 2013 puedan continuar el jueves en Puerto Príncipe, tras un cuarto aplazamiento de dos días. Con auspicios de Venezuela, movida por el Caricom, el Gobierno dominicano se comprometió con el de Haití el 19 de noviembre a “avanzar en todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad jurídica, el pleno goce y respeto de los derechos de los descendientes de haitianos nacidos en el país”. La importancia de Caricom para Venezuela quedó explícita el mes pasado cuando los 14 votos del bloque caribeño impidieron que la crisis venezolana se discutiera en el Consejo Permanente de la OEA.

Juan Bolívar Diaz Santana

juanbolivardiaz.com

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