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Los partidos: renovarse o morir

by Juan Bolívar Diaz Santana

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Por Juan Bolívar Díaz

He sostenido por convicción un rechazo sistemático al discurso de descalificación  absoluta de los partidos, generalmente enarbolado por ciudadanos profundamente decepcionados y hasta indignados por la degeneración que ha sufrido el sistema político nacional, y por los altos niveles de corrupción e impunidad que nos colocan entre los peores del universo, como han certificado persistentemente el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y las evaluaciones de Transparencia Internacional.

Sobran las razones para rechazar a los que han dominado el escenario político nacional durante las últimas décadas, sin haber logrado fortalecer la institucionalidad democrática, ni resolver siquiera problemas que como el energético y del agua potable fueron reivindicaciones universales hasta mediados del siglo pasado. Todavía destinamos a salud pública menos de la mitad del promedio latinoamericano, y apenas hemos comenzado a invertir en educación gracias a que durante dos décadas la ciudadanía se empoderó y lo exigió hasta vencer.

Pero el discurso anti-partido no es correcto por varias razones, preponderantemente porque no todas las organizaciones políticas tienen igual responsabilidad en la descomposición institucional y la corrupción, pero también porque la degeneración no es patrimonio exclusivo del partidarismo, y se extiende por casi todo el cuerpo social dominicano. Cuando la sociedad se sacuda y grite basta ya, esos partidos tendrán que renovarse o morir, más probablemente lo segundo, que es lo que viene ocurriendo por todo el continente. Pero en última instancia tendrán que emerger otros, porque no hay democracia sin partidos políticos.

La renuencia en aprobar una Ley de Partidos que fortalezca esas instituciones es la mejor demostración de la miserable postración en que se encuentra el liderazgo político nacional. Ya es demasiado tiempo, son más de dos décadas de reclamos y 16 años dando tumbos en el Congreso, una responsabilidad que corresponde en mayor grado a quienes durante ese período han controlado la gestión legislativa, especialmente en los últimos 12 años cuando el control ha sido absoluto por los actuales gobernantes.

La realidad es que la mayoría de nuestros partidos se declaran incapacitados para gestionar su democracia interna, para elegir sus dirigentes y algunos llevan más de una década sin poder hacerlo. Tampoco pueden rendir cuentas del subsidio que se le otorga de los insuficientes ingresos nacionales. Y en el debate de la Ley de Partidos han proclamado sin ruborizarse que están incapacitados para elegir sus candidatos a los puestos electivos. Apelan a que sea la Junta Central Electoral que les organice los procesos electivos, que les monte la logística y el cómputo y financie todo con el dinero de los contribuyentes.

Se ha escuchado a dirigentes políticos proclamar impúdicamente que sus partidos no están capacitados ni para celebrar sus asambleas, y que deberían también quedar bajo control de la Junta Central Electoral, porque sus dirigentes no pueden garantizar equidad, transparencia ni honestidad en el proceso y la computación de resultados.

Ese sí que es un discurso anti-partido. Porque si el sistema partidista no puede regirse así mismo, será imposible que pueda gestionar las mayores complejidades del Estado y de la sociedad en su conjunto. Si se confiesa que son incapaces de actuar con honestidad en las competencias internas, entre compañeros de partidos, está implícito que serán despiadados, abusivos y corruptos frente a los más diversos sectores de la sociedad. Ellos mismos están gritando que hay que sustituirlos.

Durante los últimos años hemos asistido al empeño de imponer a la JCE el cómputo de los votos a decenas de miles de precandidatos en una sola jornada, bajo el argumento de que los partidos no pueden garantizarlo a 8 o 12 mil aspirantes. Como si el organismo electoral no tendría que apelar a decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas para que hagan la gestión de los colegios. En otras palabras, que la ciudadanía puede sustituir los partidos.

Lo peor de todo es que están tan obsesionados, tratando de preservar inequidades e iniquidades, que no caen en cuenta que se están descalificando ellos mismos. Ojalá que pronto la ciudadanía lo haga entender.-

El PRM es quien presenta más propuestas de gobierno

by Juan Bolívar Diaz Santana | 5 Comments

Por Juan Bolívar Díaz
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El Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato presidencial Luis Abinader encabezan con mucho las propuestas de gobierno de cara a las elecciones generales del próximo mes y contrario a lo que se denuncia, no han rematado las debilidades y escándalos del Gobierno, lo que no puede equipararse a campaña sucia.

Esa opción política perdió demasiado tiempo y energías en el reparto de candidaturas, luchando con limitados recursos contra el desafuero de las ambiciones individuales y el poder del partido-Estado en cada circunscripción electoral, y al lanzar su ofensiva final, tropieza con la capacidad contenciosa del Gobierno.

Se les acaba el tiempo. A cinco semanas de las elecciones, a la oposición a la reelección del presidente Danilo Medina (DM) se le está acabando el tiempo, tras el fracaso de todos los intentos de acercamiento para alcanzar algún grado de concertación para enfrentar unidos lo que todos reconocen como una descomunal maquinaria de poder de un partido sin límites en el abuso de todos los poderes del Estado.

Son siete los candidatos alternativos a la continuidad de DM en el poder: Luis Abinader, Guillermo Moreno, Minou Tavárez, Hatuey de Camps, Pelegrín Castillo, Elías Wessin Chávez, y Soraya Aquino. Pero sólo los tres primeros han aparecido en alguna de las encuestas nacionales con más del 1 por ciento de las preferencias, Abinader ha predominado absolutamente en promedio sobre el 30 por ciento.

Tres de los candidatos, Hatuey (bregando por la salud), Wessin y Soraya, ni siquiera han tenido fuerte presencia en los medios de comunicación y en los escenarios de las entidades sociales, en lo que han tenido ventaja los otros cuatro, que se han lanzado especialmente por las redes sociales, la radio y la televisión.

Pero aún en la oposición Abinader ha sido el único que ha conseguido recursos para colocar el 17 por ciento de la publicidad en los medios masivos, como documentó un monitoreo del mes pasado de Participación Ciudadana, en el que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acaparaba el 82 por ciento. Estos dos dejaban a los seis restantes con menos del 1 por ciento de la publicidad. Así no hay quien compita en ninguna democracia.

Fracasa el último intento. A pesar de la extrema desigualdad la oposición no ha podido concertar ni para enfrentar los abusos del poder, como el del jueves 7 cuando el candidato del PLD entregaba más de cinco mil títulos de propiedad a parceleros de la reforma agraria con décadas esperándolos en Azua. Tuvo que suspenderlo por la mitad, cuando una multitud lo caotizó denunciando discriminación política. En Santiago concentraron el martes 5 a miles de niños y adolescentes para presentar su plan de “República Digital”, sin precisar si Medina hablaba como presidente o como candidato y si era un acto del gobierno o del partido.

El último esfuerzo, impulsado por allegados a las candidaturas alternativas de Minou Tavárez y Guillermo Moreno logró algún avance en la Semana Santa, cuando se verificaron dos reuniones y llegaron a integrarse representantes del más alto nivel de los siete candidatos de oposición. Redactaron y circularon dos documentos, uno demandando equidad en la campaña electoral y el otro comprometiéndose a defender cada voto.

Ya no se trataba de unir candidaturas, con los plazos de inscripción cerrados, sino de concertar para reclamar límites al desbordamiento del Estado en la campaña. Fechado el 30 de marzo, uno de los proyectos titulado “Ante el abuso del poder, la oposición unida reclama elecciones democráticas, libres y equitativas”, contiene 7 consideraciones, 4 emplazamientos al gobierno y a la Junta Central Electoral, reclamando medidas concretas, y 3 compromisos para evitar compra de votos e integrar al pueblo a la lucha democrática.

El otro era un proyecto de “Pacto para defender el voto”, con 3 consideraciones y 17 compromisos concretos, entre ellos velar cada voto en los colegios electorales donde tal vez sólo el PRM alcance a tener delegados en todos. Dicen que la Alianza por la Democracia, que postula a Minou, fue de los más decididos, y que al final desistieron los delegados de Moreno, Hatuey y Pelegrín.

Candidatos sin recursos. No hay dudas que los partidos alternativos han logrado postular buenos candidatos y candidatas al Congreso y los municipios, incluyendo jóvenes incontaminados de la política, activistas sociales y comunitarios. Pero tienen en común el no contar con recursos para competir en un sistema político que ha encarecido el costo de la democracia, en beneficio de los que pueden reunir dinero, legítimo y sobre todo ilegítimo. Los alternativos han resaltado en los cuatro debates de Uno+Uno con candidatos a las alcaldías de Santo Domingo Este y Norte, y de San Cristóbal, y a diputados nacionales.

Andrés L. Mateo se ríe cuando le preguntan cuál es su presupuesto de campaña para diputado y cuándo pondrá vallas. Testimonia que una de sus contrincantes en la competitiva circunscripción 1 del DN confiesa haber gastado 50 millones de pesos sólo para asegurarse la candidatura. En la capital ya es difícil conseguir una valla en las confluencias fundamentales, pues los gobiernistas las tienen monopolizadas, dicen activistas de David Collado, el candidato a alcalde por el PRM que sí tiene recursos.

Hay quienes se quejan de Abinader porque en un año no ha llegado al 40 por ciento de las preferencias, ignorando que partió de un partido desintegrado con apoyo gubernamental, que ha dispuesto de pocos recursos y que compite contra un candidato que dispone de todo el poder y de los órganos de control. Si estas elecciones hubiesen sido sólo presidenciales, estaría en mejor posición, ya que perdió más de la mitad de su tiempo y energías en los últimos meses arbitrando ambiciones desaforadas y tratando de evitar que el dinero, los contratos y los privilegios del Estado le compraran cuadros de su partido.

Las propuestas del PRM. Aunque muchos se quejan de la escasez de propuestas en la campaña electoral, el PRM ha liderado absolutamente en ese renglón, con un equipo de profesionales y técnicos del mayor nivel en economía, políticas sociales, agropecuaria, educación y relaciones internacionales.

Desde agosto presentaron y distribuyeron una propuesta de programa de gobierno que han enriquecido progresivamente, incluyendo propuestas sectoriales para las mujeres y los jóvenes, los que están en su página de internet. Allí se encuentran propuestas específicas para mejorar la calidad del gasto público, para el desarrollo agropecuario, seguridad ciudadana, relaciones exteriores, para un “gobierno eficiente”, un plan de creación de empleos. También respuestas a las doce necesidades más sentidas de la sociedad.

Los partidos y grupos integrados a la Convergencia que apoyan la candidatura de Luis Abinader firmaron un compromiso ético que incluye combatir el clientelismo y el dispendio público, comprometiéndose a eliminar barrilitos, cofrecitos y repartos en las entidades públicas. Y para esta semana anuncian la firma de un compromiso de reformas con dos ejes fundamentales, de políticas e institucionales y económico-sociales.

El Partido Revolucionario Social Demócrata, que postula a Hatuey de Camps, ha distribuido un “Programa Mínimo de Gobierno”. Aunque el presidente Medina ha anunciado varios programas sociales y económicos, todavía el PLD no ha renovado su programa de gobierno y en su página de internet aparece el presentado hace 4 años.

Solo una real reforma política generará competencia electoral

by Juan Bolívar Diaz Santana | 1 Comment

   Por Juan Bolívar Díaz

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El inicio formal de la campaña electoral ha sido marcado por un debate sobre las posibilidades de que la Junta Central Electoral (JCE) adopte medidas para garantizar la igualdad en la competencia por el voto ciudadano para las elecciones generales del 15 de mayo próximo, con un resultado absolutamente insignificante.

Como es tradición en la adolescente democracia dominicana, la cultura del aprovechamiento del Estado en todas sus dimensiones hace muy difícil la real competencia electoral para la cual será imprescindible una profunda reforma del sistema político que los actores dominantes no aceptan y solo saldrá de un sacudimiento social y político.

Desigualdad a la vista. La desigualdad en la competencia electoral está a la vista de todos, sin necesidad de demostración. Los tres partidos hegemónicos de las últimas décadas, dos de ellos en gran parte absorbidos por el tercero, disfrutan del 80 por ciento del financiamiento estatal, este año con 1,288 millones de pesos, mientras los restantes 23 recibirán los 322 millones del 20 por ciento. Los privilegiados obtendrán de los contribuyentes partidas de 429 millones, mientras a la mayoría les tocará apenas una docena de millones de pesos.

Las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que usufructúa todo el poder del Estado, se verán beneficiadas con alrededor del 70 por ciento del financiamiento público, al sumarse mediante alianzas a más de la mitad de la matrícula partidista registrada, incluyendo a uno de los tres, el desmembrado Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Este y el Partido Reformista Social Cristiano, aunque reducidos por escisiones y descrédito, recibirán el 53 por ciento del financiamiento público, gracias al cartel que constituyeron con el PLD para repartírselo en orden al mantenimiento del control del mercado electoral.

En cuanto al partido gobernante, las ventajas son incuantificables por la cultura del abuso de lo público. Decenas de miles de sus dirigentes y militantes de todos los niveles disfrutan de los privilegios del empleo estatal, que a su vez les abre puertas a la utilización de policías, militares, personal auxiliar, a dietas, vehículos con choferes y combustibles, computadores, teléfonos y materiales.

De barrilitos y cofrecitos. Una de las mayores inequidades a la vista son los fondos para asistencia social, llamados barrilitos y cofrecitos, que se autoasignaron los legisladores para promoverse, lo que les suma una fuente adicional de financiamiento estatal que no tienen sus competidores, y que se ha hecho más grosera esta vez por cuanto todos los senadores y el 90 por ciento de los diputados actuales son candidatos a la reelección, sin haber pasado por la prueba de la democracia, burlando los principios constitucionales y legales.

El pasado fin de semana el senador por el DN y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, con profusión de informaciones en las redes sociales, realizaba un “operativo odontológico completamente gratis”. Puede hacer mucho más porque en los últimos diez años ha recibido unos 12 millones de pesos para “asistencia social”. Los senadores tienen ventajas adicionales: se les paga una veintena de empleados en la sede del Congreso y en oficinas provinciales, que ahora trabaja para su reelección, aparte de que disfrutan de exoneraciones de vehículos y generosas cuotas de combustibles.

El cofrecito de los diputados es más modesto, de 50 mil pesos mensuales, y no disponen de empleados, pero tienen acceso a discreción, previa anuencia del presidente de la cámara, a ayudas extraordinarias, que se generalizan para Navidad, Día de las Madres, inicio del año escolar y Semana Santa.

Los alcaldes y directores municipales, que también están siendo repostulados en un 90 por ciento, utilizan los recursos municipales y apelan a las nóminas y nominillas para agenciarse activistas. Se estima que las tres cuartas partes de unos 90 mil empleados municipales ganan salarios por debajo de los 5,117 pesos, que es el miserable mínimo del Gobierno central. En gran parte de los municipios prefieren duplicar los empleados a dos o tres mil pesos mensuales para ampliar la base clientelista.

Los mayores anunciantes. Las candidaturas del PLD se benefician indirectamente de la inversión gubernamental en publicidad, dándose el caso casi único en el mundo, de que el Gobierno es el mayor anunciante en los medios de comunicación formal. El segundo informe de la Observación Electoral del movimiento cívico Participación Ciudadana, fechado 8 de febrero, revela que en el 2015 el Gobierno pagó más publicidad que cualquier otro de los grandes anunciantes, por un monto estimado de 3,677 millones de pesos, más de 10 millones diarios, con incremento del 37 por ciento respecto al 2014.

El PLD, indica el mismo informe basado en estudios de entidades privadas que monitorizan la publicidad, fue el décimo mayor anunciante. No se cuantifica el gasto publicitario de los organismos autónomos y descentralizados del Estado, la mayoría de los cuales bajo control de dirigentes peledeístas. Ese gasto público no es solo propaganda política indirecta, sino que en gran proporción se distribuye para sustentar e influir sobre los comunicadores, ejecutivos y propietarios de los medios. La semana pasada el presidente del Colegio de Periodistas denunció que muchos programas están al borde de la quiebra por las deudas publicitarias del Estado.

Desde luego que hay publicidad estatal legítima y necesaria, pero solo la intencionalidad política explica que casi todos los ministerios paguen publicidad sobre lo que son sus funciones, o que el Gobierno pague espacios durante dos días para anunciar una alocución navideña del presidente de la nación, como ocurrió en diciembre.

Reforma política integral. Es obvio que la nación necesita una reforma política integral que salvaguarde la democracia, desde los mismos partidos hasta la competencia por el poder, que abarate el costo de la política y ponga límites a los monopolios del poder, pero eso no está a la vista ni en perspectivas pese al reconocimiento general y a los reclamos de instituciones sociales, empresariales y políticas.

El presidente Danilo Medina reconoció esta semana, al conversar con directores de diarios, que el sistema de partidos está en crisis, que ya no puede ni gerenciar sus procesos internos con métodos democráticos, pero se olvidó que en la pasada campaña electoral firmó un pacto para aprobar la Ley de Partidos cuyo primer proyecto fue elaborado en 1987, tras ser aprobado en el Diálogo Nacional que convocó el Gobierno de su partido, cuando él era como primer ministro.

Con todos los organismos del Estado bajo control de un solo partido, incluyendo a los del arbitraje electoral, no asoman perspectivas de una reforma política integral. Tendría que producirse una gran presión social, como la que obligó a cumplir la ley sobre inversión en educación del 4 por ciento del PIB, u otra grave crisis política, como en 1994 o 1965.

La oposición política va al matadero electoral

by Juan Bolívar Diaz Santana | 16 Comments

Por Juan Bolívar Díaz
Dibujo

A menos de cuatro meses para las elecciones generales del 15 de mayo, la generalidad de las encuestas sigue otorgando alta posibilidad a la reelección del presidente Danilo Medina, aunque una considerable mayoría considera que el país va por mal camino con deterioro económico y del costo de la vida y grave delincuencia y corrupción.

La explicación a esa contradicción podría ser la falta de expectativas ante una oposición a la que se le acaba el tiempo para alcanzar siquiera una mínima concertación que genere sinergias para enfrentar una maquinaria política que controla y abusa de todos los estamentos del Estado, y a la que le sobran recursos económicos y control del arbitraje.

Apabullante encuesta Penn. Los resultados arrojados esta semana por la encuesta de Mark Penn para el servicio informativo SIN no podrían ser más apabullantes para la oposición al Gobierno, y aunque no sean palabra de Dios y hasta generen dudas, por las contradicciones que ella misma muestra, la mejor respuesta debería ser el análisis frío y desapasionado.

Hasta observadores ajenos al quehacer partidario se niegan a aceptar esa diferencia de 57 a 27 por ciento de Medina sobre Luis Abinader, con apenas 3.6 para Guillermo Moreno y 0.7 para Minou Tavárez Mirabal, después de múltiples escándalos y desventuras para el Gobierno y el PLD, sometidos a fuertes críticas de líderes sociales, empresariales y religiosos por los niveles de corrupción e impunidad, por la inequidad en la distribución del crecimiento económico y el auge de la criminalidad. Hasta el punto que la valoración de la gestión del candidato a la reelección en la encuesta empresarial de la firma Deloitte cayó de 72 a 43 por ciento en el último semestre del 2015.

Esa caída ocurrió justo en el período de mayores escándalos, iniciado con la compra de medio Congreso para posibilitar la reelección presidencial, la repostulación total de los legisladores y alcaldes y la auto-prolongación de los dirigentes del partido de Gobierno, seguido por la violencia con muertos y los cientos de impugnaciones a la convención para candidaturas a regidores y algunos diputados y alcaldes. Escándalos de corrupción como el de la OISOE, impunidad pactada a favor de Félix Bautista, colapso de la justicia, más de un centenar de muertos por dengue, un embajador ante la ONU preso en Nueva York por corrupción, escape de los pilotos franceses, revelaciones de la construcción de una carretera y de un contrato para otra planta de carbón clandestinos, entre otros.

Podría haber explicaciones. En vez de descalificar las encuestas, los opositores deberían tirarle una mirada más profunda, reconocer el éxito que ha tenido Medina en proyectar una imagen cercana a la población, y en haber aceptado el clamor nacional por la inversión en educación que su partido rechazó en sus anteriores 12 años de Gobierno.

Otras explicaciones pueden ser la inversión de cerca de 10 millones de pesos diarios en publicidad gubernamental, control económico de la mayoría de los medios de comunicación y de los comunicadores, decenas de miles de dirigentes y militantes en las nóminas estatales, más de 2 millones de tarjetas distribuidas para acceder a “programas para reducir la pobreza”.

Durante muchos años el PLD ha logrado afianzar una imagen de invencibilidad, aunque en la última elección presidencial solo logró 51 por ciento del voto y perdió en la mayoría de las provincias.

Pero para curarse de nuevos espantos auspició la división del partido que en el 2012 lo había superado en más de 199 mil votos, mediante repartos, corrupción y manipulación de los tribunales que controla, a lo que contribuyó la incapacidad y la degeneración de los mecanismos democráticos internos del mismo.La división de la

oposición. De lo que no hay dudas es de que hasta ahora ninguna encuesta ha bajado a Danilo Medina del primer lugar en las preferencias para los comicios del 15 de mayo. Esa realidad y las enormes ventajas y el monopolio del poder del reeleccionismo les han permitido a analistas como Rosario Espinal, Andrés L. Mateo, Francisco Alvarez Valdez, Felipe Ciprián y otros, considerar que las próximas serán las elecciones más desiguales.

El que todavía no lo entiende que analice la sentencia del Tribunal Superior Electoral que reconoció a Fello Suberví como candidato a alcalde del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), sin haberse realizado la asamblea que dispone el artículo 68 de la Ley Electoral.

Frente a las enormes ventajas de que dispone el partido-Estado solo una fuerte unidad de propósito, programática y de candidaturas de oposición, podría generar competencia y cambiar la percepción de invencibilidad que influye en el estado de opinión pública.

Eso no lo han comprendido los dirigentes de múltiples grupos políticos dispersos.
Algunos sustentan una hipócrita apuesta a una segunda vuelta electoral, sugiriendo que para entonces se impondría la concertación, cuando hay indicadores de que solo la unidad desde ahora generaría sinergias para detener el reeleccionismo, lo que solo ha ocurrido una vez en la recurrente historia nacional, con Hipólito Mejía en el 2000 en medio de la terrible crisis bancaria que hundió la economía, y con Balaguer al tercer intento.

Si creyeran en una segunda vuelta, estarían pactando desde ahora para garantizar el apoyo al que quede contra el candidato oficialista, para generar optimismo y buscar representación congresual y municipal. Pero además los otros 4,104 cargos electivos se deciden en una sola votación, y por jurisdicciones donde las diferencias pueden ser decenas o cientos de votos, y donde la división interna del PLD y la imposición de candidaturas abren espacio al avance de la oposición.

La concertación garantizaría que más personalidades sociales aceptasen candidaturas y por menos la franquicia de los partidos.

Se les acaba el tiempo. Todos los indicadores, incluyendo las diversas encuestas, apuntan de nuevo a la bipolarización que caracteriza al electorado nacional y que ha dejado tan mal parados a muchos candidatos alternativos al corrompido y destartalado sistema de partidos, como lo indica el cuadro anexado.

Pero el tiempo se está acabando para la concertación opositora. No han hecho caso a numerosos análisis y reflexiones de personalidades interesadas en la institucionalidad democrática.

Una de las mejores fue la del reconocido jurista Ramón Antonio Veras, del 7 de diciembre pasado, que se encuentra en El Nuevo Diario Digital con el título “En procura de una unidad programática”.

Negro Veras se queja de que los grupos portadores de ideas progresistas, democráticas y de izquierda no han ocupado cargos electivos por pretenderse químicamente puros y no lograr insertarse en las coyunturas. Les pedía que tomaran en cuenta la correlación de fuerzas y “abandonando el puritanismo, y con un pañuelo en la nariz, sentarse a debatir un programa mínimo de lucha con sectores opuestos ideológicamente, pero dispuestos a ceder”.

El reconocido luchador democrático planteaba “aceptar algo ahora, para reclamar mucho después”. Afirmando que “la unidad dentro de la diferencia se alcanza con inteligencia política de altura”.

Mal pero 

con Danilo

La Penn-SIN no es la primera que registra la señalada contradicción entre insatisfacciones y preferencias por Medina. Véase el Tema de Hoy del 19 de julio pasado, que analizaba los resultados de la última Gallup-HOY, resaltando el “amplio apoyo a una reforma constitucional que la mayoría cree comprada y a una gestión gubernamental que se quema en los principales renglones”. Lo mismo ocurrió en otras encuestas.

Aunque en esta de Penn, Medina baja de los 60 puntos que se le atribuían, (62 a 17 ante Abinader, en la última Gallup-HOY) sigue registrando fuertes contradicciones.

No parece racional que el 57 por ciento favorezca la reelección cuando el 52 por ciento dice que el país va por mal camino (43.5 por buen camino) y el 68 por ciento, más de dos tercios, considera que la economía va en dirección equivocada, con solo 30 por la correcta.

El 45.5 por ciento señaló la criminalidad y delincuencia cuando se le preguntó sobre el problema más importante, seguido por costo de la vida-inflación, falta de empleo y corrupción del Gobierno.

Pero al indagar sobre la mejor razón para votar por Medina solo el 3 por ciento señaló la estabilidad económica, el 1.6 por combatir la delincuencia y corrupción, y el 1 por ciento porque reduce la pobreza.

El mayor porcentaje, 19 por ciento, basó su preferencia en buena gestión. El 16 por ciento por mayor aporte a la educación.

2015: retrocesos institucionales con estabilidad macroeconómica

by Juan Bolívar Diaz Santana | 1 Comment

Por Juan Bolívar Díaz

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El año 2015 quedó marcado por la imposición de un nuevo proyecto presidencial reeleccionista que atropelló al Congreso, subordinó la justicia y determinó un grave retroceso en la democracia e integridad de los partidos, con el país hastiado por la corrupción, la impunidad y la descomposición social.

El Gobierno logra otro año de alto crecimiento económico con estabilidad de precios y baja inflación, ayudado por una impactante caída del costo del petróleo, y por fuerte incremento del turismo y las remesas, pero nueva vez con un alto déficit fiscal y su consiguiente endeudamiento que hace temer insostenibilidad.

Llegó el rayo Quirino. Desde que alboreó el 2015 el objetivo fundamental del grupo político del presidente Medina era abrir las compuertas para la prolongación en el poder, contradiciendo los planteamientos del propio mandatario sobre lo devastadora que ha sido la reelección presidencial en la historia de un país cuyas instituciones nunca han fraguado plenamente.

El obstáculo principal era la ambición de retornar al poder del expresidente Leonel Fernández, con un liderazgo fuerte no sólo en su partido, sino también en el país y en ámbitos internacionales. Había que frenar a cualquier costo al “León” apoyado por más de la mitad de los legisladores. Parecía casi imposible, a no ser que un rayo cayera sobre él y lo partiera políticamente, como se pudo leer en el Tema de Hoy del 11 de enero: JBD, “Alta temperatura en la lucha Danilo/Leonel por el PLD”.

El rayo fue Quirino Ernesto Castillo, recién salido de 10 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, quien al comenzar febrero empezó a pregonar desde Nueva York que había financiado la campaña electoral de Leonel en el 2004 con cientos de millones de pesos y ofreció detalles y nombres de supuestos vinculados, mientras en el país cundió la percepción de que hablaba por cuenta de autoridades estadounidenses. Y desafiando a poderosos civiles y militares, se apersonó sorpresivamente al país el 28 de febrero para reclamar el dinero que decía haberle prestado a Leonel.

Otra vez venció el poder. Pocos dudan que sin el apoyo del poder gubernamental, Quirino no hubiese vuelto al país con esa pelea, y Leonel Fernández subestimó el caso bajo el alegato de no rebajarse a responderle a un convicto de narcotráfico que él había entregado a Estados Unidos, pero los relatos y detalles de Quirino por radio y televisión se impusieron al silencio de los periódicos y causó efectos devastadores sobre la imagen de Fernández, ya afectado por los sometimientos judiciales de sus muy cercanos: Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.

En cuestión de semanas, el líder peledeísta, que desde los finales de su Gobierno en el 2012 venía acosado por grupos de la sociedad civil denunciantes de la corrupción, vio declinar su estrella, y aparecieron encuestas que dejaban al PLD en riesgo de perder las próximas elecciones si él volvía a postularse. Una de Penn /Shoen lo dio perdedor en segunda vuelta frente a un Luis Abinader que en abril dejaría atrás al expresidente Hipólito Mejía, con 70 a 29 por ciento en la elección primaria de su partido.

El pragmatismo y el amor al poder pudieron más que el liderazgo de Leonel y el 19 de abril, una semana antes del éxito de Abinader y su PRM, una gran mayoría del Comité Político del PLD, integrado por 35 miembros, tomó la decisión de disponer que sus legisladores modificaran la Constitución de la República para hacer posible la repostulación del presidente Medina.

La resolución puso al borde de la división al partido gobernante cuando la mayoría de sus legisladores en ambas cámaras resistieron públicamente la decisión, y sobre todo cuando el 25 de mayo Leonel dirigió por televisión un dramático discurso de confrontación, llamando a evitar otra dictadura. Cuarenta y ocho horas después había vencido el Estado, como dijo Danilo cuando lo aplastaron para imponer la repostulación de Leonel en el 2008.

Desata crisis institucional. Una vez más en la historia nacional, el afán constitucionalista corrompió a dirigentes políticos y doblegó al Congreso Nacional y al poder judicial, comenzando por el propio PLD, donde la cúpula dirigente se auto prolongó su mandato hasta el 2020 e impuso un pacto para salvar la unidad decretando una repostulación total no sólo del Presidente, sino también de los senadores, diputados y la mayoría de los alcaldes. Los estatutos del partido, la ley electoral y los principios Constitucionales quedaron relegados.

Para reformar la Constitución hubo que “conquistar” los bloques enteros de los diputados de los otros dos partidos que han dominado el sistema político en el último medio siglo, bajo alegados pactos políticos cuyos términos aún se desconocen, y tras seis meses de negociaciones, el Partido Reformista Social Cristiano, que dispuso posibilitar la repostulación de Medina, termina pactando con el PRM para enfrentarla en las urnas.

Lo del PRD fue patético. El partido de mayor vigencia en la historia nacional, con 76 años, que en la última cita electoral alcanzó 47 por ciento de la votación luchando contra todo el Estado, se subordinó a su principal contrincante para un indefinido “gobierno de unidad”, cuyo avance ha sido una embajada en Roma y la dirección del insignificante Instituto de Cooperativas.

El procurador general Francisco Domínguez Brito se negó a escuchar testimonios de un grupo de legisladores que voceaban nombres de funcionarios que convirtieron el Congreso en un mercado, y ya más tarde renunciaría a proseguir con el expediente que sustentaba el procesamiento del senador Félix Bautista, secretario de Organización del PLD, para honrar el pacto de repostulación total que éste había contribuido a armar, por encima de Leonel. La causa reeleccionista doblegaba no sólo a la mayoría de la Cámara Penal de la Suprema Corte, sino también al jefe del Ministerio Público.

Crecimiento con deuda. Como ha sido habitual en las últimas décadas, el país vuelve a tener un año de vigoroso crecimiento de su producto interno bruto, estimado por el Banco Central alrededor del 7 por ciento, muy por encima del regional, con relativa estabilidad de precios y cambiaria, así como reducción del déficit de la balanza de pagos por la impactante caída del precio del petróleo. La estabilidad económica es lo que salva al gobierno este año.

El crecimiento económico descansó en incremento del gasto público en construcciones, auge del turismo y las remesas en un período o que marcó dificultades en el comercio con Haití y un virtual estancamiento de las exportaciones.

Los analistas, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, siguen reconociendo el crecimiento del PIB y estabilidad macroeconómica, aunque un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo diagnostica un incremento de la desigualdad salarial, prevaleciendo la preocupación por los fuertes déficits fiscales y el galopante endeudamiento.

El balance del año de PC establece en 348 mil 761 millones de pesos (unos 7.7 mil millones de dólares) el financiamiento que precisó el Gobierno en los años 2014 y 15 para cubrir sus gastos y estima que para el 2016 necesitará otros 230 mil millones de pesos, que serían más de 5 mil millones de dólares a la tasa de cambio actual para concluir en que con un gasto tan excesivo se conduce el país aceleradamente hacia la insostenibilidad fiscal.

La oposición sigue desafiada a algún grado de concertación

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Por Juan Bolívar Díaz

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A seis meses de las elecciones generales para muchos observadores sigue siendo imperativo algún grado de concertación en una oposición política dispersa y con pocos recursos, si en realidad quieren enfrentar la inmensa maquinaria electoral que se monta para empujar, con todos los poderes del Estado, la reelección del presidente Danilo Medina.

Ya los opositores han proclamado cuatro candidaturas presidenciales, pero todavía podrían alcanzar algún grado de concertación para garantizarse por lo menos una mejor representación congresual y municipal y apoyo en una eventual segunda vuelta a la que alcance mayor votación en la primera.

Cuatro candidatos opositores. A medio año ya de las elecciones presidenciales, la oposición política al Gobierno del presidente Danilo Medina aparece dividida con cuatro candidaturas presidenciales y las expectativas de unificación lanzadas hace año y medio cuando se propuso la “Convergencia por un Mejor País”, se van diluyendo.

El primero en ser postulado fue Luis Abinader, cuando en abril ganó la elección primaria del Partido Revolucionario Moderno (PRD). Ya antes lo había proclamado el Partido Humanista Dominicano y luego el Frente Amplio y Dominicanos por el Cambio. En septiembre Alianza País proclamó al doctor Guillermo Moreno, y en octubre Alianza por la Democracia y el Partido Revolucionario Social Demócrata escogieron a Minou Tavárez Mirabal y a Hatuey de Camps, respectivamente.

Hasta ahora los demás candidatos a la presidencia son el presidente Medina, proclamado por su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Revolucionario Dominicano (PRD), y desde fines de mayo trata de asegurarse también el apoyo del Reformista Social Cristiano (PRSC) en un regateo público que no acaba de concluir, por lo que Federico Antún fue proclamado candidato presidencial. Un séptimo aspirante es el discreto Juan Cohén, escogido por el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana.

Si finalmente Medina logra ser candidato de los tres partidos tradicionales, tendrían el 80 por ciento del financiamiento estatal que para el 2016 ascendería a unos 1,700 millones de pesos. Con 15 pequeños partidos que se proyectan en el frente reeleccionista acapararían el 90 por ciento, unos 1,530 millones, dejando a la oposición RD$170 millones y la cara de Medina, aparecería 18 veces en una boleta que tendrá 26 cuadros de elección.

Una competencia desigual. La oposición se ha alentado en los últimos meses por la división que sigue afectando al partido de Gobierno y las dificultades para curar las heridas de la imposición casi total de candidatos y cerrar acuerdo con el PRSC, más los escándalos y agravamiento de problemas que le afectan. La percepción y algunas encuestas muestra declive, lógico en las actuales circunstancias, de las preferencias por Medina, pero las ventajas del usufructo del poder y el abuso que en el país le acompaña, le permitirán superar las adversidades.

Hasta los más optimistas de la oposición aceptan que será muy difícil desplazar la maquinaria de poder del PLD y aliados con su candidato presidente promoviéndose con todo el poder del Estado y monopolizando el financiamiento público. Más de seis meses después de ser candidato, Luis Abinader todavía no despliega campaña publicitaria y su proyección ha estado en sus propuestas y en un vigoroso equipo técnico-profesional.

Los cuatro partidos que lo postulan suman apenas 2.2 millones de pesos del financiamiento estatal de este año, que se duplicarían en el 2016. En cambio el PRD recibe 18 millones mensuales este año, y el doble desde enero, al igual que el PLD y el PRSC.

El financiamiento es mucho peor para las demás candidaturas de oposición. sustentadas cada una por un solo partido reconocido. Como su partido acaba de ser reconocido, será a partir de enero que Guillermo Moreno recibirá financiamiento público, y le tocaría por mes alrededor de 1.2 millones de pesos, lo mismo que Hatuey de Camps y Minou Tavárez, cuyos partidos han estado recibiendo este año 540 mil pesos mensuales.

Solo el PRM ha logrado hasta ahora una estructura nacional, en un esfuerzo de año y medio, porque se llevó la mayor parte en la división del PRD. Las otras tres opciones opositoras tendrán dificultades hasta para completar y registrar en marzo sus candidatos congresuales y municipales, y mucho más para colocar delegados en cada uno de los 15,986 colegios electorales.

Todos hablan de unidad. Un observador extranjero preguntaba por qué la oposición no logra unificarse, cuando todos hablan de la necesidad de hacerlo, para enfrentar el acorazado de poder que representa la candidatura reeleccionista. Desde antes de constituirse, el PRM ha promovido la “Convergencia por un Mejor País”, a la que ha concurrido un decena de grupos, incluyendo los cuatro partidos que sustentan a Abinader, pero no ha podido concertar con los otros tres que llevan candidatos.

Moreno y Tavárez Mirabal han coincidido en la conveniencia de la unidad, ambos enfatizando que tiene que darse sobre la base de un programa, no una simple repartición de cargos, pero aunque tienen un origen y posiciones políticas similares enla centroizquierda, no han logrado unificarse ni ellos mismos.

En agosto el PRM les invitó a considerar sus lineamientos básicos para un programa de gobierno, y no ha recibido respuesta.

Moreno insiste en una mesa de diálogo, más como discurso que como esfuerzo concreto, quedando en pequeños núcleos de izquierda que le apoyan.

Hatuey de Camps luce el más abierto a concertar y mantiene conversaciones con Abinader. En el 2012 apoyó su candidatura vicepresidencial con Hipólito Mejía para presidente, entonces por el PRD. Su fuerza política se ha estancado en la medida en que él ha concentrado esfuerzo en sobrevivir a las adversidades de salud. Esta vez tras ser proclamado candidato se definió diciendo que “no soy puente roto, soy facilitador de las unidad, por lo que mi candidatura no es un obstáculo a la misma”.

Para una segunda vuelta. La generalidad de los candidatos dejan abierta la posibilidad de concertar en una eventual segunda vuelta, pero aún manteniendo las candidaturas presidenciales, podrían comenzar a hacerlo ahora en los niveles congresual y municipal, donde se elige en una sola votación. Podrían así todos cosechar un mejor resultado y muchos electores les agradecerían darle una oportunidad de por lo menos garantizarle mayor equilibrio a la democracia dominicana.

En un escenario de bipolarización, los partidos alternativos tendrían graves dificultades para alcanzar representación congresual y ganar en municipios significativos.

La concertación desde ahora podría incluir la adopción de un programa mínimo que aborde los problemas fundamentales, progresista pero realista, de amplitud para convocar no solo a las clases medias, sino también a los sectores populares, para una coyuntura nacional donde domina el conservadurismo con franjas de frustración, indiferencia y desesperanza. Sobre base programática podría conllevar el compromiso de apoyar en segunda vuelta al candidato presidencial de oposición que quede en competencia.

Es obvio que son muchos los factores que dificultan la unidad de la oposición, que para la generalidad de los analistas y observadores y para muchos electores sigue siendo fundamental para afrontar las desventajas competitivas. La concertación, aún limitada, desataría ilusiones competitivas, aumentaría los aportes financieros a la oposición y generaría una nueva perspectiva electoral.

El gobierno atraviesa por su peor turbulencia

by Juan Bolívar Diaz Santana | 2 Comments

Por Juan Bolívar Díaz

DANILO EN BARAHONA

El camino de la reelección del presidente Danilo Medina luce empedrado de escollos, desde las persistentes confrontaciones internas, a las dificultades de concretar los pactos con los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), mientras el Revolucionario Moderno (PRM) aparece a la ofensiva.

Los episodios escandalosos y las protestas sociales y denuncias políticas permean la sociedad y se reflejan en todos los ámbitos, incluyendo los empresariales y religiosos, alarmados por la descomposición generada por la corrupción y la impunidad, sin que asomen soluciones a los grandes problemas nacionales.

Otra desafortunada semana

Esta semana, como en los últimos meses, los infortunios gubernamentales se multiplicaron tras una doble jornada en la que hasta el canciller apareció tratando de cazar los mosquitos después que cobraran un centenar de vidas en una epidemia de dengue por falta de políticas preventivas y deficiente cobertura.

El domingo dos altos oficiales policiales causaron escándalo cuando en actitud intimidatoria penetraron al local del Centro Bonó de los sacerdotes jesuitas para inspeccionar la asistencia a una asamblea de los grupos sociales que han puesto a la defensiva al gobierno reclamando sanción a la corrupción tras la dramática inmolación de un arquitecto que reveló un entramado mafioso de extorsión y corrupción. La respuesta fue la extensión de las protestas a varias ciudades del interior y a Nueva York.

Mientras “Poder Ciudadano” levantaba demandas judiciales contra los titulares del Ministerio de Interior y de la Policía Nacional por desconocer un amparo del Tribunal Contencioso Administrativo a su derecho a la protesta pública, numerosos informes periodísticos daban cuenta de que unos 28 altos oficiales militares estaban bajo investigación y suspensión por tráfico de drogas y armas. Un general, un coronel y otros cuatro oficiales ya fueron cancelados mediante orden 52-2015, pero ninguno enjuiciado.

La prolongada reunión del embajador de Estados Unidos con el Procurador General de la República, el discurso del dirigente empresarial Franklin Báez Brugal denunciando la corrupción y el envilecimiento de la sociedad dominicana, el reclamo del presidente de la Sociedad de Diarios de que el presidente Medina responda los cuestionamientos de la prensa, un informe sobre deficiencias en la construcción de escuelas, otro revelando que el 69 por ciento de los maestros graduados no pasaron un examen de aptitud, y la renuncia al partido oficial del artista Manuel Jiménez completan el rosario de infortunios de la semana.

El grito Franklin Báez Brugal    

El discurso de Franklin Báez Brugal en el almuerzo anual de la Asociación de Industrias no debió sorprender, pues repitió lo que hace tiempo sostiene en foros y en artículos de prensa, la descomposición social y política, la corrupción y la impunidad y la ineficiencia en enfrentar los graves problemas nacionales, como la pobreza y la desigualdad, la crisis de los servicios básicos, y las precariedades competitivas nacionales.

Lo novedoso fue que en el auditorio estaba el presidente Danilo Medina, quien hizo esfuerzo por disimular su disgusto ante las críticas, que no estaban dirigidas personalmente a él, pero le tocaban en su condición de líder político de un partido con 15 de los últimos 19 años en el poder, alto funcionario por muchos años y más de tres años de gobierno.

 Fue también significativa la decena de aplausos con los que la selecta concurrencia avaló las denuncias de la degradación del sistema político, la manipulación de la justicia y planteamientos como el de que “la democracia necesita pluralidad, controles y contrapesos”, o los reclamos para materializar los pactos eléctrico y fiscal que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.

Báez Brugal ponderó el esfuerzo “de grandes dimensiones” del presidente Medina al colocar la educación como la más importante prioridad, reconoció que el país tiene una economía abierta y diversificada con alto crecimiento económico, y proclamó que “en términos materiales hemos progresado mucho”. Pero también que “moralmente nos hemos envilecido”, que “hemos perdido el respeto por la vida ajena y la capacidad de asombro,” abordando entonces la corrupción de los políticos, sin dejar de reconocer que hay empresarios que se enriquecen evadiendo impuestos y narcotraficantes que han hecho fortuna y se pasean en todos los ambientes”.

Qué reclama Estados Unidos

El principal titular del Listín Diario del jueves no pudo ser más expresivo: “Procurador despacha por tres horas con el Embajador de Estados Unidos”, la tercera visita de James Brewster a Francisco Domínguez Brito en un año, pero nunca tan prolongada, dando razón para que en medios de comunicación se preguntara de qué hablaron.

 Al día siguiente Domínguez Brito sostuvo una reunión con el presidente Medina y luego informó que habló con el diplomático sobre proyectos de apoyo y de asuntos ligados al crimen organizado, del que dijo “hay que ser duros”, proclamando que “el sistema no puede darse el lujo de vivir estas situaciones que indudablemente estimulan la impunidad”.

Tal pronunciamiento llevó a algunos a pensar que el Procurador recurrirá en casación ante el pleno de la Suprema Corte el dictamen de no ha lugar a su expediente de corrupción contra el senador y dirigente peledeista Félix Bautista por manejos irregulares de 26 mil millones de pesos, como le han pedido instituciones y juristas después que dijera que no lo hará porque no cree en la máxima instancia judicial.

Como en visitas anteriores el embajador Brewster había dado público apoyo al Procurador en su enfrentamiento con Bautista, muchos relacionaron la del miércoles con esa decisión. También con la información, no desmentida por nadie, de que Estados Unidos le suprimió la visa al senador oficialista, y que habrían hecho lo mismo con otras figuras. Otros temas habrían sido el involucramiento de altos oficiales y políticos en el narcotráfico y la fuga de los dos pilotos franceses condenados por narcotráfico.

Cunde la preocupación

Articulistas y columnistas cercanos al régimen, y desde luego los críticos, recogen las preocupaciones por el derrotero en que va el gobierno y el proyecto reeleccionista del presidente Medina, y algunos llegan al extremo de verlos “bajo asedio” de la oposición y tratan de responsabilizar de ello al leonelismo y a sectores del propio grupo gobernante.

Se asegura que las diferencias entre los dos líderes peledeístas se han acentuado y que “ya se trata de un enfrentamiento personal”. Ha llamado la atención la ausencia del expresidente Leonel Fernández en las proclamaciones de candidatos que viene realizando Danilo Medina, mientras prosigue un fuerte rechazo a la repostulación total, del presidente, los legisladores y la mayoría de los alcaldes del PLD, aunque sin definirse si ocurrirá lo mismo con la vicepresidenta y esposa de Fernández, la doctora Margarita Cedeño.

La renuncia del canta-autor Manuel Jiménez a su militancia de 27 años en el PLD, en dirigida al fallecido fundador del partido, el profesor Juan Bosch, tras considerar que han renegado de los principios fundacionales, entre ellos la democracia interna, es clara expresión de los conflictos internos. Este anuncia su nominación por partidos de la oposición. Otro diputado Luisín Jiménez, anuncia también su separación del PLD, lo que amenazan con hacer otros en diversas jurisdicciones del país. En Santiago la lucha por la candidatura a la alcaldía está al rojo vivo entre leonelistas y danilistas, mientras la gobernadora Aura Toribio se retira diciendo que no tiene dinero para competir con el presidente de la Cámara de Diputados y el administrador de los comedores nacionales.

Negociaciones a la deriva

El presidente Medina tuvo mucha fortuna en conseguir apoyo de los bloques legislativos del PRD y el PRSC para su reforma constitucional que le permite repostularse, pero a casi medio año no ha podido cerrar los pactos que se anunciaron entonces para unificar sus candidaturas con las del PLD. El proceso se ha convertido en un mercado público de reclamos, ofertas y alegatos.

Por las declaraciones del secretario general Reinaldo Pared parece que los puestos no alcanzan para tanto y hace días se proclamó impotente, mientras Federico Antún sigue promoviendo su candidatura presidencial por el PRSC. Con Miguel Vargas, quien sí hizo pública su renuncia a la candidatura, las negociaciones han tenido la fortuna de incluir tres intrascendentes designaciones gubernamentales, una rechazada, incluyendo la de esta semana que envía de embajadora en Italia a Peggy Cabral, viuda de Francisco Peña Gómez.

Pero Vargas participa en actividades políticas del PLD y Medina, aunque sus alcaldes ignoran si finalmente irán en la alianza, porque los peledeistas quieren también los más importantes Santiago, Santo Domingo y San Cristóbal. En cuanto a los diputados, estos saben que con el voto preferencial tienen pocas posibilidades de ser reelectos aún si feran en boletas comunes, pero muchos creen que hicieron una buena negociación.

Emerge una oposición

Otro infortunio que ha tenido el proyecto reeleccionista es que en los últimos meses ha tenido una oposición más desafiante y eficaz, como no la había conocido en sus primeros años de gobierno, cuando el secuestro de la democracia interna en el PRD, sus luchas internas y división, los anularon y generaban el rechazo de la sociedad.

Ya nadie discute que el PRM ha logrado constituirse en la oposición que no había tenido el gobierno de Medina, polarizando con elaborados documentos sobre el presupuesto nacional, las “visitas sorpresas”, el endeudamiento, lineamientos de su programa de gobierno, y propuesta para un “gobierno eficiente en competitividad”. Esto ha mejorado notablemente la proyección de su candidato presidencial, quien ha tenido el firme respaldo del expresidente Hipólito Mejía, quien asumió con dignidad y concepto democrático su fracaso en la elección primaria que escogió a Luis Abinader, hasta ahora el único de seis aspirantes que la ganó en votación universal de los miembros de su partido.

 Por demás la formalización de las candidaturas presidenciales de Guillermo Moreno y Minou Tavárez Mirabal, con vigorosos discursos contestatarios, también contribuye al nuevo escenario de mayor competitividad electoral.-

Cuentas de un rosario de infortunios
* El suicidio que reveló corrupción y extorsión en la OISOE
* Descargo del senador y dirigente peledeísta Félix Bautista
* Fuga de los dos pilotos franceses condenados por narcotráfico
* Apresamiento de embajador en la ONU acusado de corrupción
* Centenar de muertos por dengue y denuncias sobre hospitales
* Dos muertos de hambre en cárcel de Higuey
*Más de una veintena de militares en tráfico de drogas y armas
* Denuncias de dos obispos sobre reingreso de haitianos deportados
* Denuncia de sobrevaluación en remodelación del hospital D. Contreras
* Piquete al presidente Medina en Nueva York
* Publicación del lujoso transporte “Danilo Home”
* Aumento del precio de los alimentos. Caso del plátano
* Pasan a la banca deuda a generadores por US$ 900 millones
* Semáforos apagados por falta de pago generan caos
* Predicadores denuncian corrupción en fiesta de Las Mercedes
* Respuesta a la Sociedad de Diarios: el presidente no está para hablar
* Libertad a síndico y regidor involucrados en asesinatos
* La denuncia del raso sobre los “salarios cebolla” en la Policía
* Discursos críticos de los empresarios
* Informe FLACSO sobre deficiencias en construcción de escuelas
* Desproporcionada represión a denunciantes de la corrupción

La peligrosa pretensión absolutista del PLD

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

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Tras haber desmembrado y absorbido a las dos organizaciones políticas de más tradición, el Partido de la Liberación Dominicana prosigue su política de parcelación del Estado sobre la cual está montando una dominación política de largo alcance que pretenden afianzar en las próximas elecciones.

Con el progresivo control de los medios de comunicación, universidades y academias, de gremios profesionales y sindicatos, el Gobierno desinstitucionaliza también al sector empresarial, al negociar con los más influyentes una iniciativa para la competitividad y la productividad que han reclamado sus agrupaciones reconocidas.

Absoluto control político. Con un plazo que vence esta semana, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) busca cerrar negociaciones con los dos partidos más tradicionales del sistema político, ya debilitados por la progresiva absorción de que han sido víctimas, para asegurar una aún mayor concentración de poderes que le permita un dominio de largo alcance, proyectado hasta el 2044, segundo centenario de la República.

Asegurado ya el apoyo de los legisladores de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), que votaron en bloque la reforma constitucional que permite la repostulación del presidente Danilo Medina, se negocia con sus respectivas cúpulas directivas lo que los más optimistas denominan como “alianza electoral para un gobierno compartido”.

El secretario general peledeísta, Reinaldo Pared Pérez, dijo que este fin de semana esperaban concluir las negociaciones aliancistas, teniendo como plazo el 15 de agosto, por mandato del máximo organismo partidista. Como casi todas las candidaturas a senadores están reservadas para los actuales incumbentes y el voto preferencial impide garantizar un reparto de las diputaciones, las negociaciones se centran en las candidaturas a las alcaldías. Pero aún en estas a los peledeístas hay que demostrarles con encuestas que no garantizan el triunfo, para dar paso a los aliados.

Contando con todo el poder del Estado y el presupuesto, siempre habrá posibilidad de compensar con puestos y contratos a quienes no alcancen candidaturas. Esta semana el presidente comenzó a concretar los “10 cheles” que el dirigente del PLD Euclides Gutiérrez recomendó dar a los perredeístas. Aníbal García Duvergé fue designado director del Instituto de Crédito Cooperativo, de quinto nivel gubernamental, y César Mella como “asesor de salud”, aunque este reputado siquiatra no acudió al acto de juramentación.

Alianza con “Grupo Gazebo”. Hasta en círculos empresariales organizados llamó la atención el acto celebrado el miércoles en el Palacio Nacional, donde el presidente Danilo Medina dejó constituida una alianza con los mayores capitalistas nacionales, la “Iniciativa para la Productividad y Competitividad Nacional”, contenida en el decreto 237-15.

Dirigentes del sector observaron que el Gobierno busque individualizar las demandas formuladas en los últimos años por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, las asociaciones de Industrias, de Jóvenes Empresarios, de Industriales de Herrera y otras entidades del sector como el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles.

Se recordó que en la campaña electoral del 2012 el entonces candidato Danilo Medina se comprometió con los resultados del Segundo Congreso de la Industria Nacional que reivindicaba el Consejo Nacional de Competitividad instituido en el 2001 como instancia de negociación para mejorar la productividad y la competitividad de los sectores productivos. Instancia que ahora ha sido sustituida por un denominado “Grupo Gazebo”. Aquel congreso fue auspiciado por la Asociación de Industrias, la Asociación de Industrias de Zona Franca y el Consejo Nacional de Competitividad.

El asunto es que el Gobierno también desinstitucionaliza el sector empresarial privilegiando las negociaciones con los individuos y no con sus organizaciones que, como el CONEP y la AIRD, han reiterado la necesidad de un cambio de modelo de desarrollo para privilegiar la productividad y la competitividad nacional, mientras ignora el Consejo Económico y Social.

Irónicamente en el acto de lanzamiento de la nueva alianza, el presidente Medina dijo a los empresarios que no puede haber competitividad con bajos salarios, cuando alta proporción de los servidores del Estado y el 85 por ciento de sus pensionados reciben 5,117 pesos mensuales, menos de la mitad del salario mínimo de las grandes empresas.

La gran cooptación social. El absolutismo planificado del PLD, del que se enorgullecen sus dirigentes, muchos convertidos en grandes empresarios, se ha extendido a buena parte del organismo social, inmovilizando a los intelectuales y las universidades, especialmente a la estatal, a los gremios profesionales, que como los de profesores, médicos, abogados, ingenieros y arquitectos, fueron instancias contestarías.

Las políticas de reparto de cargos, becas, asesorías, consultorías y contratos ha contribuido a mermar los de por sí, y por la represión, debilitados sindicatos y centrales sindicales, mientras se cooptaba a activistas sociales e intelectuales, incorporados por centenares a las nóminas de todas las instituciones estatales, incluidas las diversas instancias de la seguridad social.

Uno de los mayores éxitos del peledeísmo ha sido el control absolutamente mayoritario del apartado comunicativo, más allá de canales y radioemisoras bajo control estatal. Una alta proporción de los periodistas y comentaristas han sido incorporados a las nóminas públicas o a los cuantiosos contratos de publicidad gubernamental.

En el sector ya no se reclama mejorías salariales a las empresas, sino pensiones al Gobierno central, aún para quienes nunca trabajaron para el Estado.

Muchas empresas comunicativas quedan a expensas no solo de la contratación, sino también de que después les quieran pagar, para lo cual “tienen que portarse bien”.

Como todo ese control político y social del país se ha realizado sin represión y bajo “formalidades democráticas”, muchos se hacen ciegos, sordos o cómplices, persiguiendo cuotas del reparto, mientras en el país es instaurada una dictadura más perfecta que la que mantuvo el PRI mexicano durante 70 años, porque allí los beneficiarios eran renovados cada seis años y aquí simplemente se multiplican a costa de la corrupción y la atrofia institucional del país y de un endeudamiento que ya compromete casi la mitad de los ingresos fiscales.

Cada dominicano o dominicana que nace se encuentra con una deuda de 3,500 millones de dólares, más de 160 mil pesos.

El peso del tres en uno

Aliado al PRSC, el PLD ha controlado los 32 senadores y 110 de los 182 diputados y dos terceras partes de los municipios.

Ha subordinado gran proporción de los jueces de las altas cortes y del arbitraje electoral, con lo cual y a través del reparto de cargos y contratos estatales ha incentivado el desguañangue de los partidos tradicionales. Como si no fuera suficiente el control absoluto de los tres poderes del Estado, el objetivo ahora es incorporar al PRD a la gran alianza gubernamental fundada en el reparto, al margen de los planteamientos democráticos, constitucionales, legales o estatutarios.

Como cuestión inédita está a la puerta el tres en uno de los partidos que reciben el 80 por ciento del subsidio estatal, que sobrepasará el 90 por ciento con otra docena de pequeñas agrupaciones con franquicia electoral, con lo cual en el 2016 asegurarían unos 1,800 millones de pesos, el 0.5 por ciento de los ingresos fiscales nacionales.

Pero esa suma puede ser una bicoca si se le compara con el aprovechamiento de todos los recursos del Estado, con los montos de los barrilitos y cofrecitos de los legisladores, y de las nóminas y nominillas de organismos del Gobierno central y las instituciones descentralizadas, incluyendo ayuntamientos y distritos municipales, que garantizan ingresos mensuales a decenas de miles de activistas y dirigentes políticos. Sin considerar las fortunas derivadas del tráfico de influencia y la corrupción.

Con todo eso y el control de la mayoría de los 700 mil empleados y pensionados del Estado, más el clientelismo acentuado con 2 millones de tarjetas de reparto de pequeñas cuotas a través de los subsidios sociales, el PLD no tendría que gastar en campaña electoral, pero hace más de dos años llenan las vías públicas del país de propaganda electoral. Los estrategas tratan de revertir los 199 mil votos que el partido morado perdió en el 2012, aunque entonces el PRD, que están comprando por cheles, obtuvo 47 por ciento del total.

 

La Gallup-HOY registra resultados contradictorios

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

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La encuesta Gallup-HOY publicada esta semana presenta una población contradictoria, que da alta aprobación a una reforma constitucional que la mayoría cree comprada, y a la reelección presidencial y la gestión del Gobierno, a pesar de expresar que la corrupción lo abarca todo y que le agobian la delincuencia, la inflación y el desempleo.

Con 63 por ciento de preferencias electorales el presidente Danilo Medina corre cómodo a su reelección, favorecido por una cultura presidencialista y continuista, fortalecida por el clientelismo y el reparto del Estado y por un enorme aparato mediático, todo lo cual obliga a los opositores a unificarse por lo menos para evitar la insignificancia.

Alta aprobación de Danilo. El nivel de aprobación que arrojó la encuesta Gallup-HOY a la reforma constitucional y el proyecto reeleccionista del presidente Danilo Medina sorprendió hasta a sectores progubernamentales que temían un mayor costo político derivado de la forma en que se consiguió modificar la Constitución y por los antidemocráticos pactos de reparto que la viabilizaron.

La preferencia del 62.6 por ciento registrada por Medina, con apenas 17.4 por ciento para Luis Abinader, 3.6 por Guillermo Moreno y 1.2 para Quique Antún, arroja un desnivel sin precedente a 10 meses de una elección presidencial. En la historia de las encuestas electorales dominicanas nunca se había registrado una diferencia tan alta, muy superior a la ventaja de 54.4 a 34.5 por ciento que a la misma distancia de los comicios del 2012 obtuvo Hipólito Mejía frente a Medina, entre los que estaban habilitados para votar y de 47.9 a 33.4 por ciento en el universo de la encuesta Gaallup-HOY publicada en agosto del 2011. Al final Medina pudo remontar la diferencia y obtener victoria en primera vuelta con 51 por ciento del sufragio, aunque con la ayuda de todo el poder del Estado, que no dispondrán ahora sus opositores.

En relación a la anterior Gallup-HOY, publicada en febrero, Medina redujo sus preferencias en 6.4 por ciento y Abinader las elevó en 4, mientras Moreno caía 5 por ciento. En la oposición se esperaba un resultado menos desfavorable, como el arrojado por una encuesta telefónica de Newlink publicada esta misma semana por el periódico El Dinero que marcaba 54 a Medina, 37 para Abinader, 7 a Moreno y 2 para Antún.

Muy bajo costo de la reforma. Analistas y articulistas, incluyendo a progubernamentales, esperaban un mayor costo político de la forma en que se aprobó la reforma de la Constitución para viabilizar la repostulación del presidente Medina. Resalta que el 52 por ciento de los encuestados por Gallup entienden que corrió el dinero, contra sólo 26 por ciento que no lo cree, y otro 22 por ciento que no responde, y también que 67 por ciento, dos tercios, desaprobara el pacto Danilo-Leonel para seleccionar las candidaturas para los comicios del próximo año.

Esas altas tasas de rechazo no impidieron que el 64 por ciento manifestara aprobación por la reforma constitucional, lo que podría explicarse en la cultura presidencialista y la histórica adscripción de los dominicanos al continuismo en el poder, así como en la laxitud frente a la corrupción, que muchos ven como cosa normal en la política a pesar de que, en correspondencia con lo que ocurre en el mundo de hoy, crece en el país su rechazo.

Esa laxitud es contradictoria con el 88 por ciento que en la misma encuesta considera que la corrupción en los gobiernos y la política dominicana es un problema muy grave y que se manifiesta principalmente en la policía, los políticos, funcionarios del Gobierno, los abogados y los militares. Otra contradicción es que aunque el 60 por ciento estima que en este Gobierno hay igual o mayor corrupción que antes, 62 por ciento piensa que el Gobierno está interesado en enfrentarla. Pero el 60 por ciento considera que se requieren sanciones drásticas, incluso de cárcel para combatirla, en uno de los pocos países del mundo democrático que no tiene un solo político preso por corrupción.

Mayores contradicciones. En esta encuesta se repite una contradicción fuerte entre los niveles de aprobación del presidente Medina y las insatisfacciones con los resultados de un Gobierno próximo a entrar en su cuarto año. Resalta que 82 por ciento apruebe la gestión del mandatario, aunque apenas cuatro de sus renglones fundamentales reciben más del 50 por ciento de reconocimiento, especialmente educación, con 87 por ciento, construcciones con 62 y turismo y salud, con 55 y 53 por ciento.

La insatisfacción se expresa a partir de los renglones de deportes, transporte, control fronterizo y medio ambiente, con notas por debajo del 40 por ciento. Pero electricidad, reforma policial, manejo de conflictos, pobreza, economía y seguridad ciudadana quedan con menos del 30 por ciento. En materia de inflación, empleo y delincuencia la aprobación queda entre 17 y 14 por ciento.

Más aún, a la pregunta sobre cuáles son los principales problemas del país, los mayores señalamientos son para la delincuencia, que abarca dos tercios, y le siguen alza del costo de la vida, desempleo, falta de electricidad, agua potable y corrupción administrativa.

Una mina que está explotando el reeleccionismo es la del nacionalismo, maximizando hasta niveles irresponsables una supuesta conspiración de todo el mundo contra la nación dominicana, de la cual el presidente Medina es su nuevo salvador, promoviendo un inconcebible aislamiento del país.

Unificarse o morir. Con el nivel de preferencias que registra el reeleccionismo en la encuesta más acreditada del mercado, más las ventajas del control absoluto del Estado, el desafío es muy grande para una oposición que todavía trata de reconfigurarse tras el virtual entierro del Partido Revolucionario Dominicano, que habiendo obtenido 47 por ciento contra ese poder estatal en la última elección, absurdamente renunció a llevar candidaturas propias cuando faltaban 11 meses para los próximos comicios, quedando a expensas de una alianza aún indefinida, con el partido gobernante.

Los números de Gallup-HOY y las perspectivas nacionales indican la urgencia de una total convergencia de quienes pretendan enfrentar la maquinaria de poder absoluto del Partido de la Liberación Dominicana, que tendría que configurarse en torno a las candidaturas de Abinader y Moreno, por lo menos para aspirar a un mejor balance congresual y municipal.

Hay todavía amplios espacios para ganar apoyo de los sectores insatisfechos por razones socioeconómicas que multiplican sus protestas y demandas, de los preocupados por la institucionalidad y el equilibrio democrático, y de los más de 700 mil jóvenes que llegan a la edad de votar, en su mayoría con escasas oportunidades de desarrollo.

Como todos han adelantado, un amplio frente electoral que gane credibilidad tiene que conformarse a partir de un programa mínimo de cambios sociales, económicos e institucionales, compromiso real para reducir la corrupción y malversación en todos los estamentos del Estado, y con candidaturas que generen ilusión de renovación. Pero tienen que lograrlo en breve plazo antes de que se afiance la sensación de invencibilidad que ya proyecta la reelección. La permanencia de la dispersión tendría un costo devastador para la sociedad dominicana y para quienes persistan en ignorar la realidad.-

 

 

 

El primer reto de la oposición es concertar programa mínimo

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

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Aunque advierten que el panorama político carga muchos elementos de incertidumbre, tras los bruscos cambios de las últimas semanas, los dirigentes de oposición reconocen que resultará muy difícil derrotar la reelección del presidente Danilo Medina, montada sobre el poder del Estado y unos quince partidos, incluidos los tres tradicionales.

Sólo una conjunción del liderazgo de oposición en torno a un proyecto de nación que responda a las graves insatisfacciones nacionales podría generar energías e ilusiones para por lo menos contener la concentración del poder que ha venido protagonizando el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en base al reparto del Estado y el clientelismo.

Múltiples incertidumbres. Los bruscos cambios políticos de las últimas diez semanas arrojan incertidumbres que permiten a los analistas políticos sostener que no está definido el escenario para las elecciones del 2016, aunque se reconocen las amplias ventajas del presidente Danilo Medina para conseguir la reelección con todo el poder del Estado, reparto y clientelismo incluidos, montado sobre unos 15 partidos políticos, entre ellos los tres tradicionales.

El panorama político se complicó a partir del 19 de abril cuando el Comité Político del PLD dispuso reformar la Constitución para viabilizar la reelección del presidente Medina, sepultando las expectativas de retorno del expresidente Leonel Fernández. Una semana después Luis Abinader consolidó su emergencia de los últimos años, al vencer abrumadoramente en una ordenada elección primaria al expresidente Hipólito Mejía.

No pasaron tres días para que Leonel se viera abandonado por sus legisladores después de proclamarse guardián que evitaría la reforma de la Constitución y en mayo Danilo le conquistó casi todos sus legisladores, sumó de inmediato a los de los otros dos partidos tradicionales, el Revolucionario Dominicano (PRD) y el Reformista Social Cristiano (PRSC) para ejecutar una “casi mágica” reforma constitucional que a la vista de toda la sociedad conllevó un costo económico e institucional invaluable.

La “conquista” reeleccionista de unos 40 diputados, que eran el patrimonio político que le quedaba al presidente del PRD Miguel Vargas, obligó a éste a precipitar la renuncia a su candidatura presidencial, en junio, a 11 meses de los comicios, anunciando un brumoso pacto con el partido de gobierno que el presidente Medina ni ningún dirigente del PLD ha definido.

Cambios muy abruptos. En apenas dos meses la caída del liderazgo de Leonel arrastró a Vincho Castillo, reducido al romper con Danilo y su gobierno, la fuerte emergencia de Abinader dejó fuera de juego a Hipólito, quien sin embargo quedó mejor parado al aceptar el dictamen democrático, lo que a su vez precipitó a Vargas. Sólo después de todo eso y aparentemente compelido por el costo político de la imposición de la reforma constitucional, fue que el presidente Medina abrió la boca para tratar de justificar su cambio de criterio sobre lo nefasta de la reelección en la historia nacional.

De repente el país se encontró con un acontecimiento sin precedente: la anunciada alianza de los tres partidos tradicionales, rivales de medio siglo, precipitada con tanta anticipación a las elecciones, sin que el candidato común (Danilo) los haya convocado públicamente y sin definir sus bases ni objetivos.

El tres en uno confronta aún muchas incertidumbres: aunque los legisladores del PRSC respaldaron la reelección de Medina, su candidato presidencial, Quique Antún, funcionario del gobierno, dice que aún no hay nada definido, mientras al interior del PLD se teme el incumplimiento de lo pactado entre danilistas y leonelistas y toma fuerza el rechazo al reparto y reservas de las candidaturas congresuales y a las alcaldías. En tanto en lo que queda del desangrado PRD, se disputan el favor de los peledeístas esperando que les garanticen mantener posiciones, difícil en el caso de los diputados por el voto preferencial.

Remotas posibilidades. Nadie puede pretender que será fácil estructurar una opción electoral que en diez meses pueda desplazar el inmenso poder de la plataforma reeleccionista, aunque también con debilidades y rechazo. Está de por medio el desgaste del PLD tras 12 años de gobierno, por lo que algunos prevén la posibilidad de un escenario de cambio como el que se montó en 1978 tras los también 12 años del gobierno de Balaguer, derrotado pese al abuso de todo el poder del Estado, incluyendo un consorcio empresarial que ya no existe y la superada participación política de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Ya en las elecciones del 2012 el PLD redujo su votación al 38 por ciento, perdiendo como partido 199 mil votos en relación a las del 2008, y dependió de sus aliados para alcanzar el 51 por ciento, pese a haber gastado más de 150 mil millones de pesos, más de un tercio de excedente por encima del presupuesto nacional.

Una alternativa tendría que apostar a reducir al PRD al 1 por ciento que obtuvo el PLD con Juan Bosch en 1978, a conquistar gran parte de los 700 mil nuevos votantes, y a capitalizar las insatisfacciones con una gestión de 16 de los últimos 20 años, que no ha reducido la pobreza ni resuelto las deficiencias de los servicios básicos, ni garantizado seguridad ciudadana y que ha sido catalogada con un nivel de corrupción sin precedente.

La difícil concertación. Todos aceptan que para ganar credibilidad tienen que superar el simple sorteo de candidaturas, con firme compromiso de un plan de nación que cambie el modelo de desarrollo, el reparto del Estado y la corrupción y que cree la ilusión de un cambio de rumbo de la sociedad dominicana. Tanto los que promueven la “Convergencia por un Mejor País”, encabezada por el PRM, como Guillermo Moreno, Max Puig, Eduardo Estrella, y Minou Tavárez han planteado la necesidad de dar fundamento programático a una nueva opción. Pero ninguno ha convocado formalmente al resto, sea a una concertación, convergencia o mesa de diálogo que vienen postulando hace más de un año.

Es obvio que todos han invertido gran parte del tiempo en constituir o reactivar sus propias plataformas partidarias, y algunos, como el PRM, trabajan en sus bases programáticas, pero el tiempo se les agota para iniciar una batalla tan cuesta arriba contra una maquinaria de poder encarnada en una corporación política absolutista. Están los grupos progresistas que han fracasado en numerosos intentos de concertación electoral.

No faltan quienes conciben el frente opositor como un simple apoyo a las aspiraciones individuales, y el otro extremo de los que quisieran un programa revolucionario irrealista en un escenario dominado por el conservadurismo y la desmovilización popular que podría conducir al aislamiento y de nuevo a la insustancialidad del 1 por ciento de los votos. Pero no hay dudas que requerirían un programa mínimo que los vincule a las amplias capas sociales insatisfechas.-