Tag Archives: Minou Tavárez Mirabal

La oposición política va al matadero electoral

by Juan Bolívar Diaz Santana | 16 Comments

Por Juan Bolívar Díaz
Dibujo

A menos de cuatro meses para las elecciones generales del 15 de mayo, la generalidad de las encuestas sigue otorgando alta posibilidad a la reelección del presidente Danilo Medina, aunque una considerable mayoría considera que el país va por mal camino con deterioro económico y del costo de la vida y grave delincuencia y corrupción.

La explicación a esa contradicción podría ser la falta de expectativas ante una oposición a la que se le acaba el tiempo para alcanzar siquiera una mínima concertación que genere sinergias para enfrentar una maquinaria política que controla y abusa de todos los estamentos del Estado, y a la que le sobran recursos económicos y control del arbitraje.

Apabullante encuesta Penn. Los resultados arrojados esta semana por la encuesta de Mark Penn para el servicio informativo SIN no podrían ser más apabullantes para la oposición al Gobierno, y aunque no sean palabra de Dios y hasta generen dudas, por las contradicciones que ella misma muestra, la mejor respuesta debería ser el análisis frío y desapasionado.

Hasta observadores ajenos al quehacer partidario se niegan a aceptar esa diferencia de 57 a 27 por ciento de Medina sobre Luis Abinader, con apenas 3.6 para Guillermo Moreno y 0.7 para Minou Tavárez Mirabal, después de múltiples escándalos y desventuras para el Gobierno y el PLD, sometidos a fuertes críticas de líderes sociales, empresariales y religiosos por los niveles de corrupción e impunidad, por la inequidad en la distribución del crecimiento económico y el auge de la criminalidad. Hasta el punto que la valoración de la gestión del candidato a la reelección en la encuesta empresarial de la firma Deloitte cayó de 72 a 43 por ciento en el último semestre del 2015.

Esa caída ocurrió justo en el período de mayores escándalos, iniciado con la compra de medio Congreso para posibilitar la reelección presidencial, la repostulación total de los legisladores y alcaldes y la auto-prolongación de los dirigentes del partido de Gobierno, seguido por la violencia con muertos y los cientos de impugnaciones a la convención para candidaturas a regidores y algunos diputados y alcaldes. Escándalos de corrupción como el de la OISOE, impunidad pactada a favor de Félix Bautista, colapso de la justicia, más de un centenar de muertos por dengue, un embajador ante la ONU preso en Nueva York por corrupción, escape de los pilotos franceses, revelaciones de la construcción de una carretera y de un contrato para otra planta de carbón clandestinos, entre otros.

Podría haber explicaciones. En vez de descalificar las encuestas, los opositores deberían tirarle una mirada más profunda, reconocer el éxito que ha tenido Medina en proyectar una imagen cercana a la población, y en haber aceptado el clamor nacional por la inversión en educación que su partido rechazó en sus anteriores 12 años de Gobierno.

Otras explicaciones pueden ser la inversión de cerca de 10 millones de pesos diarios en publicidad gubernamental, control económico de la mayoría de los medios de comunicación y de los comunicadores, decenas de miles de dirigentes y militantes en las nóminas estatales, más de 2 millones de tarjetas distribuidas para acceder a “programas para reducir la pobreza”.

Durante muchos años el PLD ha logrado afianzar una imagen de invencibilidad, aunque en la última elección presidencial solo logró 51 por ciento del voto y perdió en la mayoría de las provincias.

Pero para curarse de nuevos espantos auspició la división del partido que en el 2012 lo había superado en más de 199 mil votos, mediante repartos, corrupción y manipulación de los tribunales que controla, a lo que contribuyó la incapacidad y la degeneración de los mecanismos democráticos internos del mismo.La división de la

oposición. De lo que no hay dudas es de que hasta ahora ninguna encuesta ha bajado a Danilo Medina del primer lugar en las preferencias para los comicios del 15 de mayo. Esa realidad y las enormes ventajas y el monopolio del poder del reeleccionismo les han permitido a analistas como Rosario Espinal, Andrés L. Mateo, Francisco Alvarez Valdez, Felipe Ciprián y otros, considerar que las próximas serán las elecciones más desiguales.

El que todavía no lo entiende que analice la sentencia del Tribunal Superior Electoral que reconoció a Fello Suberví como candidato a alcalde del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), sin haberse realizado la asamblea que dispone el artículo 68 de la Ley Electoral.

Frente a las enormes ventajas de que dispone el partido-Estado solo una fuerte unidad de propósito, programática y de candidaturas de oposición, podría generar competencia y cambiar la percepción de invencibilidad que influye en el estado de opinión pública.

Eso no lo han comprendido los dirigentes de múltiples grupos políticos dispersos.
Algunos sustentan una hipócrita apuesta a una segunda vuelta electoral, sugiriendo que para entonces se impondría la concertación, cuando hay indicadores de que solo la unidad desde ahora generaría sinergias para detener el reeleccionismo, lo que solo ha ocurrido una vez en la recurrente historia nacional, con Hipólito Mejía en el 2000 en medio de la terrible crisis bancaria que hundió la economía, y con Balaguer al tercer intento.

Si creyeran en una segunda vuelta, estarían pactando desde ahora para garantizar el apoyo al que quede contra el candidato oficialista, para generar optimismo y buscar representación congresual y municipal. Pero además los otros 4,104 cargos electivos se deciden en una sola votación, y por jurisdicciones donde las diferencias pueden ser decenas o cientos de votos, y donde la división interna del PLD y la imposición de candidaturas abren espacio al avance de la oposición.

La concertación garantizaría que más personalidades sociales aceptasen candidaturas y por menos la franquicia de los partidos.

Se les acaba el tiempo. Todos los indicadores, incluyendo las diversas encuestas, apuntan de nuevo a la bipolarización que caracteriza al electorado nacional y que ha dejado tan mal parados a muchos candidatos alternativos al corrompido y destartalado sistema de partidos, como lo indica el cuadro anexado.

Pero el tiempo se está acabando para la concertación opositora. No han hecho caso a numerosos análisis y reflexiones de personalidades interesadas en la institucionalidad democrática.

Una de las mejores fue la del reconocido jurista Ramón Antonio Veras, del 7 de diciembre pasado, que se encuentra en El Nuevo Diario Digital con el título “En procura de una unidad programática”.

Negro Veras se queja de que los grupos portadores de ideas progresistas, democráticas y de izquierda no han ocupado cargos electivos por pretenderse químicamente puros y no lograr insertarse en las coyunturas. Les pedía que tomaran en cuenta la correlación de fuerzas y “abandonando el puritanismo, y con un pañuelo en la nariz, sentarse a debatir un programa mínimo de lucha con sectores opuestos ideológicamente, pero dispuestos a ceder”.

El reconocido luchador democrático planteaba “aceptar algo ahora, para reclamar mucho después”. Afirmando que “la unidad dentro de la diferencia se alcanza con inteligencia política de altura”.

Mal pero 

con Danilo

La Penn-SIN no es la primera que registra la señalada contradicción entre insatisfacciones y preferencias por Medina. Véase el Tema de Hoy del 19 de julio pasado, que analizaba los resultados de la última Gallup-HOY, resaltando el “amplio apoyo a una reforma constitucional que la mayoría cree comprada y a una gestión gubernamental que se quema en los principales renglones”. Lo mismo ocurrió en otras encuestas.

Aunque en esta de Penn, Medina baja de los 60 puntos que se le atribuían, (62 a 17 ante Abinader, en la última Gallup-HOY) sigue registrando fuertes contradicciones.

No parece racional que el 57 por ciento favorezca la reelección cuando el 52 por ciento dice que el país va por mal camino (43.5 por buen camino) y el 68 por ciento, más de dos tercios, considera que la economía va en dirección equivocada, con solo 30 por la correcta.

El 45.5 por ciento señaló la criminalidad y delincuencia cuando se le preguntó sobre el problema más importante, seguido por costo de la vida-inflación, falta de empleo y corrupción del Gobierno.

Pero al indagar sobre la mejor razón para votar por Medina solo el 3 por ciento señaló la estabilidad económica, el 1.6 por combatir la delincuencia y corrupción, y el 1 por ciento porque reduce la pobreza.

El mayor porcentaje, 19 por ciento, basó su preferencia en buena gestión. El 16 por ciento por mayor aporte a la educación.

La oposición sigue desafiada a algún grado de concertación

by Juan Bolívar Diaz Santana | 3 Comments

Por Juan Bolívar Díaz

image

A seis meses de las elecciones generales para muchos observadores sigue siendo imperativo algún grado de concertación en una oposición política dispersa y con pocos recursos, si en realidad quieren enfrentar la inmensa maquinaria electoral que se monta para empujar, con todos los poderes del Estado, la reelección del presidente Danilo Medina.

Ya los opositores han proclamado cuatro candidaturas presidenciales, pero todavía podrían alcanzar algún grado de concertación para garantizarse por lo menos una mejor representación congresual y municipal y apoyo en una eventual segunda vuelta a la que alcance mayor votación en la primera.

Cuatro candidatos opositores. A medio año ya de las elecciones presidenciales, la oposición política al Gobierno del presidente Danilo Medina aparece dividida con cuatro candidaturas presidenciales y las expectativas de unificación lanzadas hace año y medio cuando se propuso la “Convergencia por un Mejor País”, se van diluyendo.

El primero en ser postulado fue Luis Abinader, cuando en abril ganó la elección primaria del Partido Revolucionario Moderno (PRD). Ya antes lo había proclamado el Partido Humanista Dominicano y luego el Frente Amplio y Dominicanos por el Cambio. En septiembre Alianza País proclamó al doctor Guillermo Moreno, y en octubre Alianza por la Democracia y el Partido Revolucionario Social Demócrata escogieron a Minou Tavárez Mirabal y a Hatuey de Camps, respectivamente.

Hasta ahora los demás candidatos a la presidencia son el presidente Medina, proclamado por su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Revolucionario Dominicano (PRD), y desde fines de mayo trata de asegurarse también el apoyo del Reformista Social Cristiano (PRSC) en un regateo público que no acaba de concluir, por lo que Federico Antún fue proclamado candidato presidencial. Un séptimo aspirante es el discreto Juan Cohén, escogido por el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana.

Si finalmente Medina logra ser candidato de los tres partidos tradicionales, tendrían el 80 por ciento del financiamiento estatal que para el 2016 ascendería a unos 1,700 millones de pesos. Con 15 pequeños partidos que se proyectan en el frente reeleccionista acapararían el 90 por ciento, unos 1,530 millones, dejando a la oposición RD$170 millones y la cara de Medina, aparecería 18 veces en una boleta que tendrá 26 cuadros de elección.

Una competencia desigual. La oposición se ha alentado en los últimos meses por la división que sigue afectando al partido de Gobierno y las dificultades para curar las heridas de la imposición casi total de candidatos y cerrar acuerdo con el PRSC, más los escándalos y agravamiento de problemas que le afectan. La percepción y algunas encuestas muestra declive, lógico en las actuales circunstancias, de las preferencias por Medina, pero las ventajas del usufructo del poder y el abuso que en el país le acompaña, le permitirán superar las adversidades.

Hasta los más optimistas de la oposición aceptan que será muy difícil desplazar la maquinaria de poder del PLD y aliados con su candidato presidente promoviéndose con todo el poder del Estado y monopolizando el financiamiento público. Más de seis meses después de ser candidato, Luis Abinader todavía no despliega campaña publicitaria y su proyección ha estado en sus propuestas y en un vigoroso equipo técnico-profesional.

Los cuatro partidos que lo postulan suman apenas 2.2 millones de pesos del financiamiento estatal de este año, que se duplicarían en el 2016. En cambio el PRD recibe 18 millones mensuales este año, y el doble desde enero, al igual que el PLD y el PRSC.

El financiamiento es mucho peor para las demás candidaturas de oposición. sustentadas cada una por un solo partido reconocido. Como su partido acaba de ser reconocido, será a partir de enero que Guillermo Moreno recibirá financiamiento público, y le tocaría por mes alrededor de 1.2 millones de pesos, lo mismo que Hatuey de Camps y Minou Tavárez, cuyos partidos han estado recibiendo este año 540 mil pesos mensuales.

Solo el PRM ha logrado hasta ahora una estructura nacional, en un esfuerzo de año y medio, porque se llevó la mayor parte en la división del PRD. Las otras tres opciones opositoras tendrán dificultades hasta para completar y registrar en marzo sus candidatos congresuales y municipales, y mucho más para colocar delegados en cada uno de los 15,986 colegios electorales.

Todos hablan de unidad. Un observador extranjero preguntaba por qué la oposición no logra unificarse, cuando todos hablan de la necesidad de hacerlo, para enfrentar el acorazado de poder que representa la candidatura reeleccionista. Desde antes de constituirse, el PRM ha promovido la “Convergencia por un Mejor País”, a la que ha concurrido un decena de grupos, incluyendo los cuatro partidos que sustentan a Abinader, pero no ha podido concertar con los otros tres que llevan candidatos.

Moreno y Tavárez Mirabal han coincidido en la conveniencia de la unidad, ambos enfatizando que tiene que darse sobre la base de un programa, no una simple repartición de cargos, pero aunque tienen un origen y posiciones políticas similares enla centroizquierda, no han logrado unificarse ni ellos mismos.

En agosto el PRM les invitó a considerar sus lineamientos básicos para un programa de gobierno, y no ha recibido respuesta.

Moreno insiste en una mesa de diálogo, más como discurso que como esfuerzo concreto, quedando en pequeños núcleos de izquierda que le apoyan.

Hatuey de Camps luce el más abierto a concertar y mantiene conversaciones con Abinader. En el 2012 apoyó su candidatura vicepresidencial con Hipólito Mejía para presidente, entonces por el PRD. Su fuerza política se ha estancado en la medida en que él ha concentrado esfuerzo en sobrevivir a las adversidades de salud. Esta vez tras ser proclamado candidato se definió diciendo que “no soy puente roto, soy facilitador de las unidad, por lo que mi candidatura no es un obstáculo a la misma”.

Para una segunda vuelta. La generalidad de los candidatos dejan abierta la posibilidad de concertar en una eventual segunda vuelta, pero aún manteniendo las candidaturas presidenciales, podrían comenzar a hacerlo ahora en los niveles congresual y municipal, donde se elige en una sola votación. Podrían así todos cosechar un mejor resultado y muchos electores les agradecerían darle una oportunidad de por lo menos garantizarle mayor equilibrio a la democracia dominicana.

En un escenario de bipolarización, los partidos alternativos tendrían graves dificultades para alcanzar representación congresual y ganar en municipios significativos.

La concertación desde ahora podría incluir la adopción de un programa mínimo que aborde los problemas fundamentales, progresista pero realista, de amplitud para convocar no solo a las clases medias, sino también a los sectores populares, para una coyuntura nacional donde domina el conservadurismo con franjas de frustración, indiferencia y desesperanza. Sobre base programática podría conllevar el compromiso de apoyar en segunda vuelta al candidato presidencial de oposición que quede en competencia.

Es obvio que son muchos los factores que dificultan la unidad de la oposición, que para la generalidad de los analistas y observadores y para muchos electores sigue siendo fundamental para afrontar las desventajas competitivas. La concertación, aún limitada, desataría ilusiones competitivas, aumentaría los aportes financieros a la oposición y generaría una nueva perspectiva electoral.

Un sólido frente opositor equilibraría la democracia

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
DPRM

Aunque el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato presidencial Luis Abinader se fortalecen progresivamente, cada día es más visible que se requiere una amplia concertación de la oposición política para enfrentar la inmensa maquinaria de poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fundada en el abuso y reparto del Estado.

Un sólido frente opositor, basado en un proyecto de transformaciones socio-económicas y políticas, podría generar una sinergia que atraiga a amplios segmentos sociales insatisfechos pero pesimistas ante el proyecto reeleccionista del presidente Danilo Medina que reunirá a casi una veintena de partidos en la boleta electoral.

El poder reeleccionista. El pesimismo es amplio frente a la inmensa maquinaria de poder que ha montado el PLD para una reelección total basada en un reparto del Estado sin el menor escrúpulo, dejando poco espacio a la competitividad democrática para las elecciones generales del próximo año.

La forma en que el PLD pactó para evitar su división y reformar la Constitución para viabilizar la reelección presidencial, con el reparto antidemocrático de los cargos directivos y las candidaturas, la compra de bloques legislativos enteros, y la negociación de alianzas en base al reparto del Estado, indican que no habrá límites en su determinación de mantener e incluso incrementar su poder.

Acontecimientos como la entrega del teatro de Agua y Luz del Centro de los héroes al principal pactante con el Gobierno, los vídeos demostrativos del reparto de “facilidades” para que los peledeístas adquieran automóviles y del adoctrinamiento de niños escolares para rentabilizar el clientelismo, a ocho meses de los comicios, no dejan dudas de que no habrá límites éticos ni morales ni respeto a los procedimientos democráticos, como ha sido norma en los procesos reeleccionistas de la historia nacional.

Con el control de todos los poderes del Estado y sus organismos regulatorios, del 90 por ciento del financiamiento legal a los partidos, y gran parte del aparato comunicativo nacional, el reeleccionismo no debería incurrir en ningún exceso, pero lo hace para suturar las heridas internas, pagar las nuevas lealtades y evitar deserciones a fin de mantener la percepción de invencibilidad y aplastamiento.

Las perspectivas apuntan a que, como dijo Medina para el 2008 al perder ante el presidente Leonel Fernández: “me venció el Estado”.

Proyecto de Convergencia. El proyecto de “Convergencia para un Mejor País”, lanzado a mediados del año pasado, no ha alcanzado los niveles que en principio se esperaba, quedando demasiado a expensas del PRM, nueva alternativa opositora fortalecida por la mayoría que abandonó las filas del Partido Revolucionario Dominicano capturado por el frente gubernamental.

Lo conforman actualmente otros tres partidos reconocidos, el Humanista Dominicano, el Frente Amplio que reúne a varios grupos de izquierda, y Dominicanos por el Cambio, que lidera Eduardo Estrella, además de varios núcleos políticos sociales.

Aunque han insistido en reivindicar la Convergencia, la mayoría perredemeísta y su candidato han priorizado la conformación de una estructura nacional propia. Hace un mes presentaron los lineamientos de un programa de Gobierno, sometido a consideración del resto de la oposición, pero aún no se conoce alguna reacción, en especial del segundo partido de oposición según las encuestas, Alianza País (AP), que lidera Guillermo Moreno, ni de la Alianza por la Democracia (APD) que encabeza Max Puig, o de la nueva Opción Democrática (OD) de Minou Tavárez Mirabal, agrupamientos de centro izquierda que condicionan un frente electoral a que se base en un programa de transformaciones.

El PRM ya ha anunciado que en octubre elegirá candidatos congresuales y municipales en 10 provincias, lo que dificultaría las concertaciones con otros partidos, en la medida en que avance a las 22 restantes, aunque mantendrían una serie de candidaturas reservadas para eventuales nuevos aliados.

Los que estarían más próximos serían el Partido Revolucionario Social Demócrata, que lidera Hatuey de Camps, y el Moviniento Rebelde, que encabeza el diputado y dirigente transportista Juan Hubieres.

Las opciones alternativas. Los partidos reconocidos que lideran Moreno y Puig, el de Minou Tavárez, en proceso de constitución, más Patria para Todos, sumatoria de varios núcleos de izquierda al que la Junta Central Electoral acaba de negar franquicia, tienen posiciones políticas cercanas, pero aún entre estos no se percibe interés en un frente común.

Con la excepción de la Opción Democrática, de reciente constitución, los demás han fracasado en intentos de reagrupamientos para los últimos procesos electorales.

Consideradas como opciones alternativas, del centro a la izquierda política, con discursos centrados en el rechazo de los partidos tradicionales y de la corrupción, y pregoneros de nuevas formas de hacer política para transformar la sociedad, no ocultan sus reservas frente al PRM, por provenir del PRD, aunque los tres tienen antecedentes de vínculos grupales o personales con el PLD, del que se distanciaron reivindicando principios abandonados por los gobernantes.

La AP tiene el aliento de su ascenso en las últimas encuestas, segundo de oposición después del PRM, y hasta sobre el PRD y el PRSC, muy por encima del 1.37 por ciento que obtuvo en la votación del 2012.

En esos comicios la APD, aliada al PLD, solo consiguió el 0.11 por ciento de los votos, pero quedó con una diputada nacional y alguna representación municipal. Minou Taváez Mirabal, diputada por el PLD, abandonó ese partido el año pasado, rechazando sus prácticas políticas, para crear una opción alternativa.

Equilibrar la democracia. Con muchos de los mejores técnicos y profesionales del PRD, el PRM se nutre de su experiencia y levanta una amplia estructura nacional, sumando a otros provenientes del reformismo y de la sociedad civil.

Apuesta a un escenario similar al de 1978 cuando en búsqueda de un cuarto mandato consecutivo, como ahora el PLD, Balaguer parecía invencible, y una heterogénea alianza le pudo arrebatar el poder.

Una diferencia importante es que ahora la oposición carece de un líder de las facultades políticas para la concertación y el desprendimiento personal de José Francisco Peña Gómez, en especial su capacidad para tocar la emocionalidad de los sectores populares.

El PRM ha logrado en las últimas semanas colocar a la defensiva a los reeleccionistas, con una sistemática documentación de sus debilidades, pero requiere expandirse más y comprometerse con las expectativas de los sectores sociales insatisfechos, con las organizaciones de base, y con la clase media sumida en el pesimismo, y sobre todo con la juventud, incorporándola en mayor dimensión.

Para todo ello es imprescindible un mayor esfuerzo por concertar con los alternativos, aunque ni siquiera un frente opositor garantiza el desplazamiento de la estructura de poder del PLD, pero generaría un nuevo escenario de competencia, de reclamo de equidad democrática, incluyendo la limitación del abuso de los recursos estatales.

La sinergia de la unidad obligaría a muchos indiferentes a definirse entre la continuidad y la alternativa, reduciría al máximo al PRD y el PRSC y generaría un reequilibrio del proceso democrático nacional.

La recurrente bipolarización

Con un buen discurso alternativo, Moreno, Puig y Minou tienen pleno derecho a jugar a la “real alternativa”, aunque el absolutismo reeleccionista no deja posibilidades de libre competencia y pone en ridículo la apuesta a una segunda vuelta. Con débiles estructuras, se exponen a quedar como insubstanciales, sobre todo si el PRM acaba polarizando como es tradicional en la historia nacional, donde han fracasado alternativos como Ramón Almánzar, Julián Serulle, César Estrella Sadhalá, Narciso Isa Conde, Roberto Saladín, Hamlet Hermann y el mismo Moreno dos veces.

Son altas las posibilidades de que se repita la bipolarización que ha frustrado múltiples proyectos novedosos, la que en 1978 dejó al profesor Juan Bosch y su nuevo PLD con el 1 por ciento del sufragio, apenas 18 mil votos. Si por lo menos esos tres no se juntan, podrían ser visualizados por el electorado como llaneros solitarios, fundamentalistas éticos dice José Luis Taveras, y hasta estigmatizados si en mayo próximo el PLD queda con todavía mayor control de los cargos electivos.

Al PRD le contaron el 47 por ciento de los votos en 2012, y el partido dominante se quedó con 31 de los 32 senadores y claras mayorías de las diputaciones y alcaldías.

Juntos, los tres alternativos tendrían posibilidades de pactar con el PRM, tomando en serio su propuesta de lineamientos básicos, convertirse en su ala izquierda propulsora de cambios reales, y detonar las sinergias del todos contra la reelección total, impulsando mejores candidaturas congresuales y municipales, incluyendo a representativos de la sociedad civil. Crearían mejor escenario de competencia local y nacional y garantizarían espacios para proseguir buscando constituirse en real alternativa.

 

Desconcierto institucional origina incertidumbres

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
11_05_2014 HOY_DOMINGO_110514_ El País13 A

La denuncia de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso de que supra poderes judiciales buscan evitar a todo costo investigaciones de querellas por corrupción ha elevado al máximo nivel las incertidumbres originadas en desconciertos gubernamentales e intentos de  contrarreformas jurídicas.

Las acciones parecen superar la voluntad del presidente Danilo Medina con un partido que antes de la mitad del período gubernamental parece más empeñado en la sucesión del 2016 que en apuntalar la actual gestión, sin una oposición en capacidad de actuar como ente de moderación y contrapeso.

Un verdadero escándalo

La difusión por todos los medios de comunicación de una grabación auditiva de la confrontación de la fiscal Reynoso a una jueza a la que había recusado y se negaba a abandonar el conocimiento de la solicitud del exministro Víctor Díaz Rúa de que se rechace la investigación de acusaciones de corrupción, se constituyó en un grave escándalo con cuestionamientos sobre el rumbo de la seguridad jurídica en el país.

Aunque algunos voceros pretenden presentarla como una “pelea de mujeres”, lo que la principal funcionaria del ministerio público en la capital dijo reviste la mayor gravedad, comenzando por la revelación de que un personaje influyente se presentó a su despacho advirtiéndole que si no archivaba la petición de investigación sería destituida. Tras retirase de una audiencia el viernes 2 de mayo, expresó que en el ejercicio del cargo “he soportado presiones, amenazas, pero lo que no haré es prestarme para un circo donde sabemos que la decisión está tomada”.

Es que la licenciada Reynoso se dijo avergonzada de ser parte de un sistema corrompido, quejándose de que hace meses había aportado pruebas contra la jueza Margarita Cristo y que, en vez de investigarla, le encargaron conocer el recurso del exministro de Obras Públicas y secretario de finanzas del partido de gobierno. Agregó tener “absoluto conocimiento de que usted fue expresamente asignada para este proceso para garantizar una parcialidad absoluta frente al solicitante Víctor Díaz Rua”.

Yeni Berenice Reynoso

Todavía más: la fiscal dijo a la jueza que sabe quién es su apoyo y defensor, que “formaba parte del Ministerio Público”. Se cree que aludía al exprocurador general Radhamés Jiménez, quien también  podría haber sido la persona que le amenazó con la destitución. Encabezó el año pasado la defensa del expresidentes Leonel Fernández y su Fundación Global y logró que la fiscal rechazara la petición de investigación sobre sus fondos formulada por el doctor Guillermo Moreno.

Los hombres de Leonel

Para nadie es secreto que Díaz Rúa, y Félix Bautista son de los más cercanos “hombres de Leonel”, que en sus últimos dos períodos de gobierno manejaron cientos de miles de millones de pesos desde el Ministerio de Obras Públicas y la oficina Supervisora de Obras del Estado. A ambos se les señala como multimillonarios y se les vincula a innumerables obras sobrevaluadas y a contratos sin concurso público. Son de los seguidores del expresidente que trabajan “con todos los Powers” por su retorno al poder en el 2016.

Bautista ya fue procesado por sobrevaluación de una carretera en el primer gobierno de Fernández, por lo que estuvo preso y luego absorbido por la justicia. Por obra de la Suprema Corte escapó a un proceso por el legendario contrato que puso en manos de la empresa Sun Land 130 millones de dólares en pagarés avalados por el Estado, lo que se constituyó en un enorme escándalo. Apenas en febrero pasado la Suprema Corte volvió a beneficiarlo ratificando una decisión de primera instancia que dispuso el archivo definitivo de otra investigación sobre actos de corrupción incoada por entidades sociales.

Díaz Rúa está bajo investigación de la fiscalía luego de las querellas de dos entidades sociales que lo responsabilizan de contratos irregulares  para la importación de asfalto por sumas que podrían alcanzar cientos de millones de dólares. Para cortar de raíz las querellas, el ingeniero ha recurrido ante el Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional el artículo del Código Procesal Penal que autoriza a cualquier ciudadano a querellarse por corrupción contra los funcionarios Públicos.

En el ínterin, la Cámara de Diputados quiso resolver el problema el mes pasado aprobando una modificación del Código Procesal Penal que, entre otros retrocesos, eliminaba la facultad de la ciudadanía a querellarse por corrupción, y lo hizo con irregularidades procedimentales que fueron denunciadas por la diputada peledeísta Minou Tavarez Mirabal. El presidente Medina acogió el clamor nacional y observó esa  y otras de las modificaciones, dejando diferencias con los legisladores oficialistas.

Cuentas del desconcierto

Presidente Danilo Medina

El desconcierto institucional, que para algunos es un concierto, pasa por una serie de recientes acontecimientos que cuestionen al estado de derecho y revelan indeficiencia, complicidad o la prevalencia del fraccionamiento del Estado en parcelas asignadas a dirigentes del partido de gobierno y aliados, que hasta ahora ha sido respetado por el presidente Medina, aunque él y sus principales funcionarios han buscado distancia.

La pasada semana la Policía mató a una docena de presuntos delincuentes, incluyendo a cuatro que aún sin haberlos identificado, señaló como sicarios. Aunque dijo que varias patrullas los interceptaron al tener informes de que iban a matar narcotraficantes, no pudieron capturar a uno solo. Dicen los vecinos que los ejecutaron, pero más allá de esa barbarie, eliminaban posibles fuentes de información para establecer quiénes son los intermediarios y las empresas que intervienen en la contratación de sicarios, que no podrían ofertarse directamente.

El mes pasado la Dirección de Contrataciones Públicas dio plazo a la Junta Central Electoral para que justificara el contrato para la emisión de la nueva cédula, denunciado por graves irregularidades, y el titular del organismo alegó autonomía, aunque las leyes de Contrataciones y de la Función Pública la incluyen con su nombre específico. Todo queda en familia.

Reiteradas denuncias sobre el manejo turbio del dinero del presupuesto nacional, 18 millones de pesos mensuales, asignado al Partido Revolucionario Dominicano son ignoradas absolutamente.

En marzo sólo duró una semana en el Congreso un proyecto de Código de Familia elaborado por la vicepresidenta Margarita Cedeño, introducido aparentemente sin ninguna revisión de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que fue descuartizado por la opinión pública por contradecir numerosos preceptos constitucionales y legales.

Lucha por la sucesión

Licelott Marte presidenta de la Cámara de Cuentas

Con el presidente y el secretario general del partido y dos ministros y otro dirigente en campaña electoral, faltando aún tres meses para que el gobierno de Medina llegue a la mitad de su período, pareciera que hay más interés en la sucesión que en apuntalar la actual gestión heredera de un enorme y sistemático déficit fiscal y un endeudamiento que el año pasado creció en 27.8 por ciento según reciente informe de la Cámara de Cuentas.

A intereses en campaña se atribuye que el gobierno no haya podido concretizar un anunciado proyecto de ley que restituiría la nacionalidad a los decenas de miles de descendientes de inmigrantes irregulares nacidos en el país en ocho décadas. Los dirigentes del partido de gobierno siguen apareciendo más próximos a los criterios excluyentes que al sentimiento humanitario reiterado por el presidente Medina, sometido a presiones nacionales y universales que día a día reclaman límites a esa violación masiva de derechos humanos. El gobierno sigue perdiendo el tiempo y el país en progresivo deterioro de su imagen en el mundo.

Leonel Fernández,  presidente del partido oficial, ha reconocido pública y privadamente que la desnacionalización masiva es insostenible y hasta ha avalado un proyecto de ley esbozado por el gobierno, lo que se creía suficiente para resolver el conflicto, pero aparentemente hay fuerzas ocultas que lo obstruyen, sin que el mandatario se decida a seguir adelante y más bien hay quienes sostienen que volvería al plan original de ofrecerles la naturalización que corresponde a extranjeros.

La falta de un partido de oposición en capacidad de equilibrar y moderar el juego político, estaría determinando el desparpajo entre los peledeístas aspirantes a suceder a Medina que se sienten seguros en el poder y apuestan a cual pueda ser más conservador como forma de competir con las posiciones que para Leonel Fernández han significado el éxito político.

Es que la campaña por la sucesión ha arreciado demasiado temprano distrayendo las energías que todo el partido debería invertir en concertar para garantizar el mayor éxito en la actual gestión gubernamental, progresivamente condicionada por los intereses partidarios.

El cuadro descrito genera incertidumbres en sectores económicos y sociales, preocupados por  la seguridad jurídica, por los déficits fiscales y el endeudamiento que siembren preocupación por la sostenibilidad macroeconómica en víspera de nuevos retos derivados del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica y de la competitividad internacional.-

Que siquiera pidan perdón

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
juan 878

Esta sociedad está necesitando hace tiempo de una catarsis por los tantos crímenes que a lo largo de su historia han quedado impunes, lo que deja viva una cultura del exterminio de todo lo que represente o parezca representar un peligro para las fuerzas conservadoras que han dominado la República desde su fundación, con o sin legitimidad legal o constitucional.

Por esa razón merece consideración y apoyo la iniciativa de Minou y Manolo Tavárez Mirabal, y de ocho reconocidas fundaciones patrióticas que se han querellado ante el Procurador General de la República demandando investigar y sancionar el asesinato de que fueron objeto Manuel Aurelio Tavárez Justo y otros 12 dirigentes del Movimiento Revolucionario Catorce de Junio hace cincuenta años, por rebelarse contra los impostores que derrocaron el gobierno Constitucional del profesor Juan Bosch.

Desde que ocurrió el infausto hecho, el 21 de diciembre de 1963, es de público conocimiento que el doctor Tavárez Justo y sus compañeros fueron asesinados después de haberse entregado a sus persecutores militares. El fusilamiento colectivo tuvo el agravante de que fue el trato dado a una avanzada de cuatro combatientes con banderas blancas enviados para avisar la disposición de concluir la rebelión, acogiéndose a un llamado público formulado por uno de los integrantes del Triunvirato que gobernaba.

De los delanteros tres murieron asesinados y un cuarto, Emilio Cordero Michel, logró sobrevivir y desde entonces ha clamado justicia, testimoniando el crimen de guerra de que fueron víctimas. La conmoción que produjo el fusilamiento sumario fue tan fuerte que provocó la renuncia del licenciado Emilio de los Santos a la presidencia del gobierno usurpador. Desde entonces sobran los testimonios publicados sobre este crimen de lesa humanidad, ejecutado con premeditación, engaño y extrema crueldad, en especial en el caso de Manolo Tavárez por tratarse del líder del movimiento político, ya que a los que se entregaron en otros focos guerrilleros les respetaron la vida, como ya entonces estaba prescrito en códigos internacionales y nacionales.

La instancia de los hijos de Manolo Tavárez Justo y la heroína nacional Minerva Mirabal, y de las ocho fundaciones que honran la memoria de luchadores libertarios, no está inspirada en el odio ni la retaliación, sino en la necesidad de que esta sociedad haga una catarsis de una práctica que en junio de 1959 constituyó un sádico festival de torturas y asesinatos contra más de un centenar de los expedicionarios que vinieron a combatir la tiranía de Trujillo, y sólo a cinco se les respetó la vida.

Genocidio también fue lo que ocurrió en noviembre de 1961 contra una decena de sobrevivientes del ajusticiamiento de Trujillo, seis meses después de haber sido prisioneros y tras horribles torturas. El asesinato en 1973 del héroe nacional Francisco Camaño Deñó, a manos de miembros de su misma generación de militares es otro capítulo de esa ignominia repetida.

La instancia persigue un “resarcimiento moral, una condena y reprimenda de la justicia que envíe un mensaje a la sociedad y que inicie un destierro definitivo de la impunidad”. Está fundada en los códigos internacionales que postulan que esos crímenes no prescriben. Debe ser respondida con responsabilidad por el Ministerio Público y tener el respaldo de los amantes de la justicia, como ha ocurrido en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, donde décadas después se ha condenado a responsables de crímenes de lesa humanidad.

La necesidad de la catarsis es más urgente por el argumento con que el vocero de un grupo de ex-generales que se solidarizaron con su compañero Ramiro Matos, señalado como presunto responsable de ese genocidio, de que ellos estaban defendiendo el gobierno. Un gobierno ilegítimo, pero si no lo hubiese sido, el crimen no es defensa. Que así se responda cinco décadas después, es indicativo de que persiste una cultura del exterminio en estamentos militares y policiales. Lo menos que se podía esperar es que sintieran vergüenza y pidieran perdón.

 

El costo institucional del presupuesto 2011

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La celeridad con que fue aprobado el proyecto de Ley de Presupuesto 2012 hace pensar  en la intención de reducir  los efectos de los reclamos de la sociedad civil que activamente ha demandado más recursos para la educación.

Notable insatisfacción han expresado además los ayuntamientos y el Poder Judicial a los que   legalmente  les corresponderían  mayores recursos.

Con una celeridad que sólo tiene explicación en  el interés de reducir los efectos de los reclamos de la sociedad civil organizada, la mayoría peledeísta del Congreso Nacional aprobó en tiempo récord la Ley de Presupuesto General del Estado para el último año del mandato del presidente Leonel Fernández.

La aprobación del Presupuesto conlleva un costo institucional significativo, al haber desconocido mandatos constitucionales y varias leyes que destinan partidas no sólo para la educación, sino también para el Poder Judicial y los municipios, en beneficio del Poder Ejecutivo que precisa mantener una alta inversión política.

Atropellante celeridad.  Por la forma en que fue aprobada la Ley de Presupuesto General del Estado  para el año 2012 pareciera que sobra la letra “g” del numeral 2 del artículo 128 de la Constitución promulgada por el presidente Fernández, el cual dispone que el proyecto debe ser sometido al Congreso Nacional a más tardar el primero de octubre de cada año.

El Gobierno cumplió rigurosamente ese mandato al introducir el proyecto el 30 de septiembre, pero sus legisladores la aprobaron en el tiempo récord de 20 días. Nunca en su historia la nación había tenido una Ley de Presupuesto dos meses y once días antes de comenzar un año.

El límite de tres meses de anticipación al comienzo del año para entregar el proyecto de Presupuesto al Congreso quedó consagrado en la Ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público 423-06 promulgada hace cinco años por el mismo presidente Fernández, obedeciendo a un viejo clamor nacional que rechazaba la práctica de enviar el proyecto en el mes de diciembre, lo que imposibilitaba que el Legislativo pudiera cumplir a conciencia su responsabilidad. En la generalidad de las democracias el plazo es igual o  mayor. Por ejemplo en Chile es también de tres meses, pero en Perú, Ecuador y Costa Rica es de cuatro  y en Uruguay de seis meses.

En el 2010, como en años anteriores, el Congreso atendió parcialmente reclamos de sectores estatales y de la sociedad civil tras ponderaciones en comisiones bicamerales, pero ahora sorprendió la celeridad y el Senado despachó el proyecto  en  dos sesiones  consecutivas, tras declararla de urgencia, gracias a que el partido de Gobierno domina 31 de sus 32 curules.

En la Cámara de Diputados, sin las dos terceras partes necesarias para la declaración de urgencia, hubo que guardar la apariencia de la comisión de estudio y tomarse diez días para sancionarla en una sesión que duró apenas 15 minutos.

Les bajaron línea.  Los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dieron la impresión de haber recibido la consigna de despachar el Presupuesto con la mayor celeridad posible para evitar que los reclamos de la sociedad civil en torno al 5 por ciento del producto bruto para educación constituyeran un mayor escándalo, a los que se habían sumado los de los municipios, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Poder Judicial.

Una fuente vinculada al Gobierno aseguró que la línea de acción partió de una ponderación de la Dirección de Información y Análisis Estratégico de la Presidencia de la República (DIAPE), que ha estado muy activa en las últimas semanas cuando recomendó una política de provocaciones al candidato presidencial opositor Hipólito Mejía, a través de preguntas de periodistas progubernamentales. Otro documento de la unidad gubernamental  identificaba como enemigos del Gobierno y apandillados a un grupo de periodistas reconocidos por su criticidad.

Un estratega de la candidatura peledeísta de Danilo Medina reconoció que la forma en que se aprobó el Presupuesto conlleva costo político, pero pareció resignado al considerar que hubiese sido peor si dejaban que los clamores por mejor distribución del gasto en el 2012 se extendieran por dos o tres meses y cobraran mayores dimensiones.

Se descartaba la posibilidad de una modificación que dejara satisfecho el reclamo del 4 por ciento para la educación.

De ahí que ni siquiera los más firmes seguidores de Medina en el Congreso intentaran contener la celeridad. El calificado senador Wilton Guerrero alegó que levantó la mano aprobatoria sin darse cuenta que ya se estaba votando el Presupuesto en segunda lectura. En el Senado hubo unanimidad, pero entre los diputados se produjo un puñado de disensiones, como la de la peledeísta Minou Tavárez Mirabal y los aliados Guadalupe Valdez y Pelegrín Castillo.

Costo institucional.  De cualquier forma la distribución del Presupuesto del 2012, sin atender reclamos de amplios sectores, y  la celeridad de su aprobación cuando la ley entra en vigencia 72 días después, han generado un amplio rechazo no sólo de los reclamantes más activos como los amarillos del 4 por ciento, sino también de instituciones como el Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la opinión pública en general.

El rechazo es mayor porque tanto la forma de la aprobación como el contenido violan preceptos constitucionales.

El artículo 56 de la ley pretende dispensar, “con carácter transitorio”, una partida menor del 4 por ciento del PIB para educación, establecido en la Ley Orgánica de Educación 66-97, que ya es también un mandato constitucional al tenor del inciso 10 del artículo 63 de la nueva Carta Magna. Por demás, también violentaron el artículo 112 que establece una mayoría especial de las dos terceras partes de los miembros de las cámaras legislativas para aprobar o modificar las leyes orgánicas.

Un comunicado del CONEP sostiene que se violó el artículo 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto que dispone un presupuesto anual desagregado a nivel de capítulos y partidas. También que la Ley de Presupuesto de 2012 “contiene modificaciones expresas a varios artículos de la Ley Orgánica de Presupuesto”, para lo cual se requiere las dos terceras partes del voto de ambas cámaras. La aprobación de los diputados fue por 83 contra 57 votos, equivalente al 59.2 por ciento. La mayoría de los perredeístas y reformistas votaron en contra y algunos se abstuvieron. Si 15 de ellos se hubiesen ausentado, con la disminución del quórum a 125, la aprobación habría alcanzado los dos tercios.

Los más perjudicados

Aunque queda lejos del 4 por ciento del PIB, la partida destinada a Educación registra un incremento para alcanzar el 2.95 por ciento, si se incluye lo destinado al Ministerio de Educación Superior y las transferencias, y 2.46 por ciento para el Ministerio de Educación, que desagregándole las transferencias queda en 1.97 por ciento, según los estimados del experto fiscal Nelson Suárez.

Los más perjudicados son los ayuntamientos municipales, el Poder Judicial y la Cámara de Cuentas, a los que apenas se les asigna el 43, 42 y 41 por ciento respectivamente de lo que les correspondería de cumplirse la Ley 194-04. La de Municipios, 166-03,  les consigna un 10 por ciento de los ingresos fiscales y esta vez su partida no llega al 5 por ciento, la menor desde la institución de esa cuota en el 2003.

El Presupuesto de 2012 también desconoce el mandato de la Ley 194-04, que destina el 3.10 por ciento del presupuesto al Poder Judicial, cuya apropiación de 3,097 millones de pesos es apenas del 72 por ciento de los 5,442 millones destinados al Congreso Nacional, institución mucho más pequeña. El Ministerio Público recibirá el 53 por ciento de lo que le correspondería por ley, con una partida de 2 ,600 millones de pesos.

Se violan las leyes que tienden a descentralizar el gasto público con el argumento de que los recursos no alcanzan, pero la situación se agrava progresivamente.

Los ayuntamientos tienen tres años recibiendo las mismas partidas. Pero los fondos alcanzan para elevar las asignaciones de la Presidencia de la República, que en el año 2012 dispondrá de 45 mil 11 millones de pesos, el 10.5 por ciento del Presupuesto.

Un reporte de Degnis de León en la edición del pasdo viernes del diario El Día  resalta que quienes no resultaron perjudicados en las partidas asignadas por ley fueron los partidos políticos, que recibirán 1,403 millones, justo el 0.5 por ciento de los ingresos fiscales consignado en la Ley Electoral, de los cuales más de 1,200 se distribuirán entre los tres mayoritarios.

No se podía esperar menos en un año electoral y cuando el Presidente de la República aparece empeñado en una ofensiva de último tramo de Gobierno para abonar sus posibilidades de retornar en el año 2016.

Sólo eso puede explicar que esta semana haya dispuesto la reanudación de la construcción de la presa de Guaigüí, suspendida desde antes de que iniciara sus 11 años de Gobierno.