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Aquí las leyes son sugerencias

by Juan Bolívar Diaz Santana | 1 Comment

Por Juan Bolívar Díaz
18_09_2016 HOY_DOMINGO_180916_ Opinión9 A

Sigue teniendo vigencia la triste reflexión de un funcionario internacional hace unos años, cuando analizando el proceso institucional, tras ponderar con algo más que cortesía las amabilidades del pueblo dominicano, concluyó en que el mayor desafío que tenemos es el cumplimiento de las normas, pues aquí las leyes son simples sugerencias.

Es tan larga la cadena legislativa que se viola sistemáticamente que este espacio no alcanzaría para simplemente enunciarlas. Pueden ser tan fundamentales como la Constitución misma, o las normativas del presupuesto, de la rendición de cuentas, o la de declaración jurada de bienes. La de Migración y la de Defensor del Pueblo pasaron una década para que comenzáramos a implementarlas.

Para quedarnos en las más recientes, ahí está la ley que norma los salarios públicos del Estado, 105-13, promulgada por el presidente Danilo Medina en agosto del 2013, la que solo ha sido acatada en cuanto elevaba los altos salarios, pero no en el límite máximo, que es el sueldo del Presidente de la nación. Por supuesto que no ha sido acatada en los niveles salariales mínimos. Ni siquiera se ha promulgado su Reglamento, en manos del Poder Ejecutivo hace más de dos años, porque el Ministerio de Administración Pública cumplió el artículo transitorio que lo emplazaba a los seis meses.

Más dramática ha sido la suerte de la Ley General de Defensa de la Competencia 42-08, que como muchas otras fue objeto de debates y consensos político-sociales que duraron años, con asesorías y hasta condicionamientos internacionales. En enero cumplirá 9 años de promulgada, con un plazo de 90 días para la designación del Consejo Directivo y del Director Ejecutivo para que operara la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), y de 60 días para presentar su Reglamento.

El primer Consejo Directivo fue designado, tres miembros por dos años y dos por cinco, como dispone la ley. El período de los tres primeros venció y no han sido renovados, ni ha sido designado el Director Ejecutivo, lo que por sus responsabilidades, ha castrado en gran parte el funcionamiento de Pro-Competencia, y todavía se espera el Reglamento.

Esta semana ocurrió lo peor, pues el Poder Ejecutivo sustituyó a la presidenta Michelle Cohén, quien era de los dos electos por 5 años y le faltaban 2, y según el párrafo II de la ley tendrán el carácter de inamovible durante el período para el que fueron electos.

Esa fue la respuesta que recibió Michell Cohén a sus persistentes reclamos del Reglamento, del Director Ejecutivo y últimamente de la renovación de los dos miembros del Consejo con período vencido. Tanto se esforzó por dar vigencia a Pro-Competencia, que en febrero pasado, con apoyo de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se procuró un seminario internacional al que llevó a una docena de líderes de opinión dominicanos para comprometerlos en sus objetivos.

Los más altos dirigentes de este organismo pusieron atención a los dominicanos y les explicaron la importancia de la libre competencia en los mercados, así como los beneficios para la competitividad empresarial, para el Estado y los consumidores.

Los participantes en la conferencia pudieron comprobar el aprecio que tenían en la OCDE por los esfuerzos de la señora Cohén, ahora destituida por encima de la ley, demostración inequívoca del poco interés en su aplicación, y una reafirmación de que nuestras leyes son apenas sugerencias.

El gran desafío del CONEP del discurso a la concertación

by Juan Bolívar Diaz Santana | 2 Comments

Por Juan Bolívar Díaz
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El discurso del miércoles del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) ante la Cámara Americana de Comercio constituye un valiente y preclaro alegato a favor de la institucionalidad democrática y el imperio de la ley, que merece respuesta de todas las instituciones y personas preocupadas por el devenir de la nación.

El líder empresarial Rafael Blanco Canto ha invitado al liderazgo político y social dominicano a pasar del discurso a la concertación para “que construyamos juntos los cuatro pilares que deben sostener una verdadera democracia y una institucionalidad creíble que genere confianza”, y la coyuntura parece propicia.

Por el Estado de Derecho. El discurso de Blanco Canto recoge persistentes preocupaciones que se han generalizado en el país sobre evidentes retrocesos en la institucionalidad democrática nacional que quedaron más al desnudo en todo el proceso electoral que aún no concluye, desde la compra de una reforma constitucional para restablecer una vez más la reelección presidencial inmediata, la repostulación casi total de legisladores y alcaldes con sacrificio de la democracia interna de los partidos, hasta la extrema inequidad y derroche de la campaña electoral, con órganos de arbitraje parcializados.

La pieza se remonta al diagnóstico del informe Attalí del 2010, que ya planteaba como fundamental para una exitosa estrategia nacional de desarrollo, restaurar la confianza en las instituciones del Estado. Seis años después Blanco Canto advierte “un malestar de desconfianza en las instituciones a las que hemos entregado la función de representarnos, producto de la falta de orden y de la inexistencia de un adecuado régimen de consecuencias que ofrezca a la población la seguridad de que vive en un Estado de Derecho”.

Tras señalar una serie de prácticas negativas, sostiene que el Estado no ejerce su autoridad para aplicar las leyes, lo que erosiona el régimen político institucional, y a continuación se refiere a las lecciones dejadas por el proceso electoral, quejándose de que no fueron escuchados más de once pronunciamientos del CONEP, ni los de otros sectores sociales que reclamaron urgentes reformas político-electorales. Blanco Canto aseguró que “este sistema colapsó y el proceso estuvo matizado por el constante cuestionamiento a la imparcialidad de los órganos electorales. Hoy puede afirmarse que la confianza en la institucionalidad electoral está rota”.

Urge pacto político-social. Tan firme se mostró el presidente del CONEP sobre la prioridad del pacto político-social, que ni siquiera se refirió al debate sobre los alcances del pacto fiscal pendiente. Su penúltimo párrafo dice: “estamos convencidos de que sería completamente irresponsable colocar por delante de este, los demás temas de la agenda, pues este, como hemos señalado, es un prerrequisito para garantizar que lo que se pacte en los demás, se cumpla. Es por esto que este debe ser el primero de los pactos”.

Rafael Blanco Canto concluyó su discurso invitando “al liderazgo político y social a que construyamos juntos los cuatro pilares que deben sostener una verdadera democracia y una institucionalidad creíble que genere confianza. Es al liderazgo del país a quien le corresponde esta ardua tarea, nosotros estamos dispuestos a hacer nuestra parte”.

El orden de prelación que plantea el CONEP está determinado también por la circunstancia de que el mes próximo vence el período para el que fueron electos los actuales titulares de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, para evitar que vuelvan a ser integrados por subordinados políticos de la aplastante mayoría gubernamental, que así aspira a reproducirse ad infinitum.

Sacudir la sociedad civil. Está en la memoria de la sociedad civil que los cambios en la composición de la JCE y de la Suprema Corte de Justicia, despolitizados tras el trauma electoral de 1994, la sanción a los fraudes bancarios y el cumplimiento de la ley del 4% para la educación sólo fue posible con la presión de una concertación político-social de la que el empresariado fue parte importante a partir de su Grupo de Acción por la Democracia. Durante años los empresarios José M. Paliza y Elena Viyella convocaron encuentros periódicos de concertación, con resultados positivos. Las circunstancias demandan un sacudimiento de la sociedad civil, afectada en los últimos años por la incorporación a los organismos estatales de muchos de sus cuadros, de arriba y abajo.

La prueba de que no será fácil convencer a los detentadores de todo el poder estatal de que cambien las reglas del juego para el rescate de la institucionalidad democrática es la reacción del secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared Pérez, al extremo de atribuír el discurso de Blanco Canto a que “no ganó su candidato preferido”. También llamó “sedicioso y conspirador” al titular de la JCE Eddy Olivares, por haberse atrevido a solicitar una auditoría de los equipos electrónicos que no funcionaron en la votación de mayo.

Otro ejemplo de absolutismo esta semana fue la declaración del también miembro del Comité Político del PLD, Euclides Gutiérrez, ironizando con que deben nombrar a 35 periodistas críticos al frente de ese organismo “para que dirijan el país”. Lo quieren controlar todo, y esta semana ya juramentaron en un organismo peledeísta al presidente del Colegio de Abogados que en diciembre llegó al cargo superando al candidato gubernamental e impulsado por la oposición.
El Gobierno necesita más recursos precisamente por el derroche del gasto electoral, y para lograrlo es imprescindible el apoyo de la sociedad, lo que abre espacio a la concertación político-social. Ya no caben más discursos.

No debió sorprender a nadie. El discurso de Blanco Canto no debió sorprender, ya que fue una continuación del pronunciado un año antes, 24 de junio del 2015, y en el mismo escenario, cuando disertó sobre la responsabilidad social empresarial y advirtió los desafíos del proceso electoral del 2016, considerando urgente crear condiciones para mantener la confianza en el sistema político y mitigar el desgaste del liderazgo partidista.
En esa ocasión el presidente del CONEP reclamó la aprobación de una ley de partidos que garantice la institucionalidad democrática y transparencia, pero puso mayor énfasis en “la aprobación de una robusta ley de garantías electorales que regule los gastos de campaña, que garantice niveles de equidad en el acceso a los medios de comunicación y la colocación de publicidad, y que ponga control al uso de los recursos del Estado y las ventajas que ofrecen las posiciones públicas durante las campañas”.

Ya seis semanas antes, el 11 de mayo del 2015, un comunicado del organismo empresarial había rechazado el burlesco texto de ley de partidos que habían aprobado los diputados el 28 de abril, el cual negaba los múltiples consensos políticos sociales sobre el particular que datan de los años noventa. Otro antecedente es la visita del liderazgo del CONEP a la JCE el 15 de septiembre del 2015, donde Blanco Canto también abogó por la ley de partidos y un nuevo régimen electoral que controle el dispendio y abarate el costo de la política. Lo mismo han hecho otros líderes empresariales, como los de la Asociación de Industrias, y Franklin Báez Brugal en un celebrado discurso el 15 de noviembre del 2015, donde proclamó que “la democracia necesita pluralidad, controles y contrapesos”.

Urge recobrar la confianza
El presidente del CONEP sostuvo la responsabilidad de todo el liderazgo nacional, incluyendo al empresarial, en impulsar cambios “que satisfagan las necesidades sociales y corrijan los entuertos de nuestro sistema político con la implementación de medidas que nos permitan iniciar el camino para recobrar la confianza”. Acogió las recomendaciones fundamentales del informe de la misión de observadores de la OEA, que reclama equidad en el financiamiento de los partidos y las campañas electorales, fortalecer la fiscalización, control y sanción de las violaciones a las normativas, y un marco jurídico de regulación para establecer un acceso equitativo a los medios de comunicación públicos y privados en beneficio de candidatos y partidos, así como del derecho ciudadano a la información.

Blanco Canto, recogió las demandas de numerosas instituciones nacionales y precisó cuatro pilares fundamentales “para garantizar un sistema democrático sano en RD y para asegurar que la interrelación entre los diferentes actores de la vida nacional, se corresponda con los lineamientos que rigen todo Estado de Derecho”.

El primer pilar es una nueva ley electoral que establezca reglas claras del proceso electoral, mejor organizado, evitando abuso de los recursos del Estado, que acorte períodos de campaña y reduzca su costo, con acceso equitativo a los medios de comunicación, evitando la campaña directa o subliminal desde mucho antes del período electoral. El segundo es la ley de partidos que garantice la democracia al interior de los partidos, con elecciones primarias, castigo del transfuguismo y transparencia de su financiamiento público y privado. El tercero es una ley de responsabilidad fiscal que establezca mayor rigor en el uso del presupuesto público y los topes de gastos, déficits y deuda pública.

Responsabilidad social empresarial

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

28_06_2015 HOY_DOMINGO_280615_ Opinión9 A

Pocas veces la responsabilidad social del empresariado dominicano ha quedado tan nítidamente expuesta en un discurso, como en el pronunciado el miércoles por el presidente del Consejo Nacional de la Empresa privada (CONEP), Rafael Blanco Canto, en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio.

Prosiguiendo el ejercicio responsable y valiente que ha caracterizado su corta gestión al frente del máximo organismo empresarial, Blanco Canto disertó sobre la necesidad de traducir en mejor calidad de vida de la mayoría de la población dominicana el crecimiento económico de los últimos cincuenta años y no titubeó en formular aprehensiones sobre las precariedades institucionales y esbozar algunos de los principales correctivos.

Sobre su propio sector, el presidente del CONEP señaló la necesidad de “ir más allá de los tradicionales programas de responsabilidad social y desarrollar modelos de negocios que, en sí mismos, cada día agreguen mayor valor a las comunidades que rodean nuestras empresas para fomentar las redes económicas y encadenamientos productivos que mejoren, a través de la propia actividad económica, los niveles de vida de las comunidades en que producimos y/o a las que vendemos”.

El discurso de Blanco Canto fue valiente al solicitar que se siga mejorando la calidad del gasto público en educación y salud, invirtiendo en los maestros, para más adelante llegar a reclamar una ley de responsabilidad fiscal con “reglas claras para el establecimiento y uso del presupuesto público, que ponga límites al endeudamiento y a los déficits fiscales”. Planteó que “quienes usen los fondos públicos al margen de lo dispuesto por las reglas presupuestarias deben ser sancionados con todo el peso de la ley”.

Atacó las debilidades institucionales y la cultura de acomodo de las normas legales y constitucionales para proclamar que “los dominicanos no podemos postergar un minuto más para ser gobernados por reglas de juego claras, transparentes y duraderas, pero sobre todo diseñar mecanismos fuertes que hagan obligatorios para todos el cumplimiento de esas leyes”.

Blanco Canto no evadió el próximo proceso electoral, advirtiendo que las próximas elecciones serán de las más complicadas de los últimos 20 años, por lo que resulta impostergable crear condiciones que permitan mantener la confianza en el sistema político, que consideró piedra angular de las instituciones, y mitigar el desgaste del liderazgo partidista. Volvió a reclamar una Ley de Partidos que garantice la institucionalidad democrática y la transparencia de esas organizaciones.

El énfasis estuvo puesto en “la aprobación de una robusta Ley de Garantías Electorales que regule los gastos de campaña, que garantice niveles de equidad en el acceso a los medios de comunicación, la colocación de publicidad y que ponga control al uso de los recursos del Estado y las ventajas que ofrecen las posiciones públicas durante las campañas”.

En la vorágine de los acontecimientos nacionales es posible que los planteamientos de Blanco Canto hayan pasado desapercibidos para muchos, por lo que invitamos a una lectura del texto. Hay que celebrar que el empresariado nacional tenga la valentía de expresar públicamente las preocupaciones que son generalizadas en sus propios ámbitos privados. La institucionalidad democrática es asunto fundamental para ellos y para todos los dominicanos preocupados por el devenir de la nación.

El líder empresarial no quiso quedarse en divagaciones generales y expuso con franqueza sus temores.

 

Otro tigueraje político con la Ley de Partidos

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
08_03_2015 HOY_DOMINGO_080315_ El País12 A

Los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) retiraron el proyecto de Ley de Partidos que habían aprobado en primera lectura no solo por el rechazo generalizado al tigueraje político, sino también porque su aprobación fue claramente inconstitucional, como le advirtió la Oficina Técnica de Revisión de la cámara baja.

El simple retiro sigue negando la aprobación de una ley objeto de múltiples consensos en los últimos 16 años, incluyendo uno reciente, y ratifica la imposición peledeísta que también evade el proyecto de ley del régimen electoral sometido por la Junta Central Electoral (JCE) tras una amplia consulta y asesoramiento internacional.

Consensos durante 16 años. La aprobación en primera lectura del proyecto de Ley de Partidos Políticos por la mayoría oficialista y sus aliados del Partido Reformista se correspondió con el tigueraje político que auspicia el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, cuya última expresión había sido la reciente sanción del Código Penal, violando los procedimientos internos, la categoría de ley orgánica que requiere dos tercios de los votos, y sin votar las observaciones que le hizo el Poder Ejecutivo.

El proyecto aprobado con el rechazo de la oposición política desconoció un consenso a que habían llegado recientemente con otros partidos bajo la mediación eclesiástica y numerosos acuerdos al respecto logrados desde que se empezó a discutir esa ley en 1998, precisamente bajo hegemonía del PLD, en la Comisión para Reforma y Modernización del Estado en 1998-99, durante su primer período de Gobierno, ratificado en el Gobierno perredeísta por el Consejo Nacional para Reforma del Estado.

El propósito de una ley de partidos consensuada también formó parte del pacto suscrito en 2009 entre el presidente Leonel Fernández y el entonces candidato presidencial del PRD, Miguel Vargas Maldonado, y fue firmado también por el presidente Danilo Medina con la misma mediación de monseñor Agripino Núñez en la Universidad Católica Madre y Maestra. El proyecto, con diversas modificaciones, ha sido presentado al Congreso en una decena de legislaturas después de ser engavetado por el presidente Leonel Fernández en 1999. También los perredeístas evadieron su aprobación durante el período 1998-2006 cuando tuvieron mayoría en ambas cámaras legislativas durante 8 años, como ahora los peledeístas

Nuevo tigueraje político. En septiembre pasado, cuando una comisión multipartidista había alcanzado otro consenso para la ley, el PLD presentó un texto que lo disminuye y desde entonces la presidencia de la cámara trataba de imponerlo, apelando incluso a incentivos económicos, según denuncia de opositores y confidencia de un senador peledeísta opuesto a la maniobra.

El martes 3, iniciando la primera legislatura del año, tras un informe de comisión, incentivada por “el mago” Abel Martínez, y pese al rechazo de la mayoría de los diputados perredeístas y del Partido Revolucionario Moderno, los peledeístas dieron la primera aprobación. Como no disponían de las dos terceras partes de los votos, y contra lo que todo el mundo decía antes, decidieron que no es una ley orgánica y la dieron por aprobada con mayoría simple.

Para la aprobación, la mayoría peledeísta desestimó la advertencia de la Oficina Técnica de Revisión Legislativa de la propia cámara, que en un documento fundamentado había concluido: “Dado que la pieza legislativa propone la regulación del derecho fundamental a la asociación política por medio de los partidos y agrupaciones políticas, además de que la figura de los partidos políticos fue constitucionalizada, este proyecto de ley es de naturaleza orgánica y por tal motivo, el pleno de la Cámara de Diputados deberá aprobar dicha iniciativa con el voto de las dos terceras partes de los presentes, acorde como lo exige el artículo 112 antes citado”.

La Ley de Partidos es orgánica, de acuerdo al artículo constitucional citado, no solo por regular el derecho fundamental a la libre asociación y por ser un mandato expreso del artículo 216 de la Constitución, sino porque también se refiere al régimen electoral y regula el derecho ciudadano a ser postulado a cargos de elección popular, aunque estas dos últimas causales no aparecen en la opinión de la Oficina Técnica.

La necesaria transparencia. Hasta algunos legisladores peledeístas han favorecido el proyecto de Ley de Partidos consensuado, como el senador José Rafael Vargas, quien consideró esta semana que debe suponerse que “nadie pierde garantizando la transparencia”. Se refería a la supresión de artículos o frases del proyecto de ley que se refieren a la licitud del financiamiento, que disponen identificar sus fuentes y sancionan los abusos del patrimonio público, lo cual ha sido el mayor motivo de confrontación.

Instituciones sociales como Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia han participado, desde el “Diálogo Nacional” auspiciado por el PLD en 1997-98, en las discusiones y consensos sobre la Ley de Partidos y encabezan los reclamos de transparencia, equidad y sanciones de los delitos electorales, lo que ratificaron esta semana. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Jóvenes Empresarios, y otras instituciones empresariales y religiosas también han insistido recientemente en una legislación que contenga el derroche de recursos proveniente del patrimonio público y de fuentes ilícitas, incluyendo el narcotráfico.

Es relevante que los peledeístas hayan burlado el consenso nacional en momentos en que la opinión pública está impactada por las denuncias del convicto narcotraficante Quirino Ernesto Paulino de que él y otros de sus colegas financiaron con por lo menos 200 millones de pesos las actividades políticas del expresidente Leonel Fernández entre 2001 y 2004, lo que tras varias semanas no ha sido negado por el presidente del partido morado.

También llama la atención la cínica actitud del vocero peledeísta en la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, responsabilizando a “sectores insanos”, políticos y sociales, por el retiro del proyecto, aduciendo que la sociedad civil es “enemiga del PLD” y llegando al extremo de proclamar que “la democracia, la institucionalidad y el fortalecimiento de los partidos han sufrido una estocada mortal por la actitud asumida ante el proyecto por el Partido Revolucionario Moderno y sus líderes”.

Vale advertir, finalmente, que el proyecto ahora retirado adolece de múltiples carencias de los reclamos para adecentar la actividad política, controlar los períodos de campañas electorales, el monopolio de medios de comunicación, la manipulación de encuestas y la equidad. Niega la cuota mínima femenina en los cargos de los partidos, y su régimen de sanciones es tan benévolo que no desincentiva los delitos electorales. Aún en fraudes y abuso del patrimonio público, algunas multas serían de 20 salarios mínimos oficiales, (actualmente de 5,117 pesos), que apenas pasarían de los 100 mil pesos, luego de que sea cosa definitivamente sancionada por los tribunales en largo proceso, menos de lo que requeriría un abogado de tercera categoría para iniciar una defensa. Las suspensiones del financiamiento público son de 6 meses y las condenas de cárcel, cuando proceda, de 6 meses a dos años.

Invertir en la institucionalidad democrática

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
CONEP JUAN BOLVAR

El comunicado publicado esta semana en los diarios por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) demandando del Congreso Nacional la aprobación de la largamente discutida ley de partidos y la adecuación de la legislación electoral al nuevo orden constitucional es alentador por cuanto implica una toma de posición del alto empresariado por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática nacional, que anda de tumbo en tumbo después de un par de décadas de avances significativos.

No es la primera vez que la organización cúpula del empresariado manifiesta preocupación por el rumbo institucional y democrático de la nación, pero a decir verdad son muy prolongados sus silencios, justificando a quienes plantean que carece de una visión amplia del fundamento del desarrollo y el progreso, que tienen una vocación marcada por plegarse al presidencialismo en aras de intereses coyunturales de los grupos dominantes o por temor a que los políticos les evidencian vulnerabilidades.

El CONEP se ha sumado a quienes demandan una legislación que regule los partidos políticos y que haga eficiente el sistema electoral en aras de la estabilidad democrática de la nación. Recuerdan el largo periodo de debate, 15 años, de la ley de partidos y los mandatos de la Constitución promulgada hace año y medio.

Expresa convicción de “la importancia que reviste para el fortalecimiento institucional de nuestro país y de nuestra democracia la aprobación de una adecuada y robusta legislación que norme la vida interna de los partidos políticos y que coadyuve a su fortalecimiento y estabilidad institucional”. Abogan por mecanismos institucionales de supervisión y transparencia indispensables “para asegurar el equilibrio verdaderamente democrático que debe prevalecer en un sistema político representativo como el que garantiza nuestra Constitución”.

La realidad es que la degeneración del partidismo político sustenta un sistema de corrupción, clientelismo y rentismo que consume una alta proporción de los recursos nacionales, a lo que han concurrido importantes intereses empresariales y neo-empresariales que acumulan en sociedad y complicidad con los actores políticos. El resultado es un sistema de vulnerabilidades, donde “to e to y na e na”, lo que mantiene políticas y modelos insostenibles y acaba conspirando contra la inversión privada, el crecimiento económico y la estabilidad de la nación.

Los que tienen más que perder deben ser los que inviertan más energías y recursos en la promoción de la cultura democrática, en el fortalecimiento de las instituciones y en la prevalencia de reglas claras y transparentes que no estén sujetas a los mezquinos intereses de quienes controlan los poderes públicos y prefieren el desorden, que sólo cuando caen en la oposición son partidarios de las normativas.

Precisamente por la precariedad institucional no se le puede pedir al empresariado que haga oposición frontal a los intereses coyunturales de gobierno, pero por lo menos se debe esperar un mayor compromiso con grupos y entidades sociales que promueven la institucionalidad democrática.

Cada vez son más los sectores económicos que entienden que no habrá prosperidad ni estabilidad sin fuertes instituciones democráticas, sin partidos sometidos a normas y principios éticos, a la transparencia y la rendición de cuentas. Son los que han impulsado entidades como la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Centro de Estrategias Económicas Sostenibles o el Movimiento Participación Ciudadana. Pero estas entidades han dependido más del financiamiento de instituciones internacionales que de las nacionales.

El empresariado dominicano debe apostar por la institucionalidad democrática, en la que tendrá que invertir mucho más que hasta ahora. Sobre todo porque en los últimos años las instituciones internacionales han sacado el país de sus objetivos, unos porque creen que hemos progresado mucho, y otros porque se cansaron de invertir sin ver suficientes resultados. Porque el proceso de reformas ha sido muy lento y sufre de reversiones incomprensibles.

 

Una estabilidad insostenible

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

En circunstancias diferentes, tres reconocidos economistas aportaron datos esta semana que resaltan los graves riesgos a que se aboca la nación dominicana con un modelo de desarrollo absolutamente inequitativo que se sostiene sobre la base de un endeudamiento que está llegando a sus límites y con un nivel de pobreza que hace insostenible no sólo la estabilidad macro-económica, sino también la seguridad ciudadana y la paz social.

Miguel Ceara Hatton y Fabricio Gómez Mazara presentaron ponderados análisis socio-económicos durante un foro auspiciado por la coalición política Frente Amplio, en tanto que el veterano Carlos Despradel, conmemorando 50 años de su actividad como economista, comparecía en Uno+Uno para advertir sobre la necesidad de transformaciones de políticas económicas para evitar el colapso que amenaza el país.

Ceara Hatton resalta que entre el año 2000 y el 2012, los dominicanos y dominicanas bajo la línea de pobreza pasaron de 2.6 a 4 millones, impulsados en gran medida por la crisis financiera del 2003-04 originada en los fraudes bancarios, pero también cómo tasas de crecimiento económico anual entre 6 y 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) no se han traducido en crecimiento del empleo. Con una tasa de pobreza del 42.3 por ciento de la población, once puntos por encima del promedio latinoamericano, la República Dominicana no garantizará la estabilidad.

Ya lo habían advertido estudios del Consejo Nacional de la Empresa Privada y Ceara y Despradel lo ratifican: en esos 12 años se crearon apenas 272 mil empleos formales, de los que casi dos terceras partes fueron estatales, expresión contundente del clientelismo sostenido con un endeudamiento que este año alcanzará el 45 por ciento del PIB y obligará a destinar más del 40 por ciento de los ingresos fiscales para pagarlo.

El escaso potencial de los “no pobres” se expresa en el hecho de que el 78 por ciento de quienes cotizan a la seguridad social tienen ingresos menores de 20 mil pesos, y 68 por ciento menor de 15 mil pesos, cuando el costo promedio de la canasta familiar está en 26 mil 716 pesos, resalta Ceara.

Despradel plantea que al final del 2012 la deuda total del Estado alcanzaba los 25 mil millones de dólares, equivalentes a un millón de millones de pesos, y que al finalizar este 2013 ya estará sobre los 30 mil millones de dólares. Se aproxima el día en que se nos cerrará el crédito o habrá una moratoria. Las consecuencias serán otra crisis que elevará aún más el nivel de pobreza. Sólo una real austeridad y una reingeniería que incentive la inversión y la productividad privada, podrán contener el derrotero.

Gómez Mazara resalta que el Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo ha establecido en 686 mil 833 los jóvenes que ni trabajan ni estudian, lo que constituye una terrible amenaza a la seguridad y la paz social. Si sólo uno de cada diez de estos “ninis” se buscan la vida en actividades ilícitas, la inseguridad seguirá ascendiendo y la paz social estará cada vez más perturbada.

La irresponsabilidad de nuestras clases dirigentes queda al desnudo cuando Ceara resalta la tabla de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) indicativa de que este país ocupa el último escalón en inversión en educación entre los 21 de América Latina, en el período 2006-10, con una tasa de 2.40 del PIB y la posición 19 en inversión en salud con una tasa de 1.50 del PIB.

El desastre educativo determina que incluso una alta proporción de los jóvenes que alcanzan terminar el bachillerato, (y sólo la mitad lo inician) no tengan capacidad para un empleo productivo. En estos días se nos partió el alma cuando entre 15 estudiantes universitarios ninguno pudo apreciar aproximadamente las dimensiones de la mesa a la que estaban sentados. No dominaban la extensión de un metro.

Más allá de la cháchara nuestra de cada día, la realidad nos conduce a la inestabilidad económica y social. Y lo peor es que los sectores más influyentes parecen no darse cuenta.

El congreso del PLD agudiza las tensiones

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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La proximidad del inicio del Octavo Congreso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha agudizado las tensiones entre quienes aspiran a una renovación dirigencial con miras a la candidatura presidencial del 2016 y los leonelistas que entienden que debe volver quien les ha permitido disfrutar del poder durante 12 años.

Entre seguidores y voceadores del expresidente Leonel Fernández no se oculta la inconformidad con la gestión de Danilo Medina y su sello de austeridad y moderación y buscan mediatizar una renovación pendiente de cargos gubernamentales que daría más independencia y protagonismo partidario al actual mandatario.

Almeyda lanza dardos

Cinco días después Franklin Almeyda, también fundador del PLD, cuestionó a Jiménez por haber descalificado a Fernández, y reivindicó al expresidente como virtual candidato, al sostener que la unidad alrededor de éste y de Medina es lo que les garantiza retener el poder en 2016. El exministro de Interior y Policía del pasado Gobierno, y uno de los pocos altos dirigentes sin cargo gubernamental ahora, atacó directamente al ministro de la Presidencia de Medina, Gustavo Montalvo, a quien acusó de pretender reducir la presencia del PLD en el Gobierno y de rodearse de gente de la sociedad civil, advirtiendo que los peledeístas pelearán para no dejarse desplazar.

También se quejó de que gente del gobierno asume que en el pasado régimen no se hizo nada, afirmando que el programa de seguridad ciudadana anunciado por el actual gobierno es el mismo que él impulsó en el pasado. Según Almeyda elementos que rodean a Montalvo forman parte de una especie de conjura para debilitar al PLD, en la que incluyó al Consejo Nacional de la Empresa Privada, el movimiento Participación Ciudadana y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Los “infiltrados” de la sociedad civil a que alude Almeyda son viceministros, asesores y directores que como Antonio Isa Conde, Ramón Tejada Holguín, Luis Henry Molina y Pedro Luis Castellanos integraron el equipo técnico del sector externo que apoyó a Danilo Medina en la campaña electoral y del que formaron parte también varios empresarios, pero ninguno dirigente del CONEP, entre ellos el Ministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y el Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.

Ya en el gobierno Medina integró como asesores económicos a Nelson Suárez e Isidoro Santana. Una dirigente peledeísta confió que estos dos “han causado irritación porque fueron muy críticos de la política económica del gobierno de Leonel e ideólogos  del Foro Ciudadano y del Centro Juan Montalvo de los jesuitas”.

Amarante dispara la alarma

La rapidez y contundencia con que Carlos Amarante Baret, uno de los peledeistas que apoyó a Medina cuando los leonelistas le cerraron el paso para el 2008 y también cuando lo intentaron para el 2012, respondió al día siguiente a Almeyda, disparó la alarma en el partido. No se anduvo con diplomacia ni medias tintas en una declaración escrita de 14 párrafos que él mismo distribuyó a los medios informativos.

Amarante, actual director del Instituto Dominicano de  Telecomunicaciones, no se limitó a defender a Montalvo, sino que acusó a Almeyda de “confrontar al Presidente de la República”, emplazándolo a dar la cara en la reunión que esa noche sostendría el Comité Político del partido. Y, más aún, advirtió que si Franklin decide llevar a cabo una línea de denuncias contra el régimen, “vamos a movilizar a las bases para defender el gobierno de Danilo Medina, que es del Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados”.

Temístocles, Felucho, Almeyda y Amarante tienen en común que son de los 26 integrantes del Comité Político, que en su reunión del martes 16 pidió un alto al fuego y hasta decidió reunirse cada quincena para que se puedan debatir allí, en familia, las diferencias que han creado tensiones.

Irrumpen otros actores

Por primera vez se reportó que hubo peledeístas con carteles al frente del local donde sesionaba el máximo organismo ejecutivo. Y desde las bases partidarias saltaron  al escenario público otros protagonistas, cuando 53 presidentes de comités intermedios, miembros y exmiembros del Comité Central anunciaron una propuesta conjunta de reformas estatutarias, luego de haber sopesado la Constitución, varias leyes adjetivas y los anteproyectos de leyes de partido que reposan en el Congreso Nacional.

Dijeron que también sopesaron los estatutos, la declaración de principios del partido, y que luego de haber “estudiado la teoría boschista” decidieron formular su propuesta de reformas “retomando los principios que nos dieron origen”. Expresaron esperanzas de que la mayoría de los delegados aprueben sus propuestas y que luego no se repitan “las flagrantes violaciones” de que fueron objeto resoluciones de anteriores congresos.

El grupo que tuvo como vocero público al secretario de Medio Ambiente del PLD, Paíno Abréu, plantea que no se abulte la matrícula del Comité Central como se ha propuesto al Congreso. En cambio el dirigente intermedio Jimmy García se quejó de que no se propone elegir los integrantes del Comité Político y el Comité Central, que se auto prolongaron su período apelando a la ratificación de un plebiscito en el 2011, junto a la elección del candidato presidencial, reprobado por el 30 por ciento.

No han dado tregua

Las tensiones en el PLD se originan en que Leonel Fernández y sus seguidores no han dado tregua y se han mantenido moviéndose para garantizarse el retorno al poder en el 2016, mediatizando los esfuerzos de Danilo Medina por imprimir su propio sello al gobierno, y porque seguidores del mandatario no han olvidado las afrentas e intentos de aniquilamiento que sufrieron.

A diferencia de lo que es normal, ejemplos de México y Brasil, donde los presidentes salientes, aún del mismo partido, se inhiben algún tiempo, Leonel Fernández parece haber seguido el camino de su amigo Alvaro Uribe, cuyo prolongado protagonismo lo ha llevado a confrontar el gobierno de Juan Manuel Santos. El dominicano se ha mantenido pronunciando discursos, incluso en vísperas de los de Medina, como ocurrió a los cien días y antes del informe presidencial del 27 de febrero cuando en una asamblea de dirigentes del PLD y en mítin ante el Altar de la Patria, pronunció discursos de corte electoral adelantando que su partido “gobernará durante 20 años” y después que “será una fábrica de presidentes”.

Eso mientras el 25 de febrero, Diario Libre recogía el anuncio del alcalde capitalino Roberto Salcedo, de que “estoy trabajando para que Leonel vuelva a la Presidencia en el 2016”. Y la inmensa maquinaria mediática montada por Fernández no ha cesado de promoverlo y darlo como candidato seguro en el 16, sin economizar críticas abiertas y sutiles e intentos de chantaje al gobierno de Medina.

Hasta se burlan de Danilo

Los leonelistas se han burlado “de la austeridad de Danilo”. Se quejaron de que transparentara el inmenso hoyo fiscal que le heredaron, de que no reprimieran las manifestaciones y “juicios populares” contra Leonel, de su rectificación del reparto de Bahía de las Aguilas, de su denuncia del infame contrato con la Barrick Gold, de que no reprimieran las manifestaciones y hasta de que recibiera en el Palacio Nacional a Hipólito Mejía, quien obtuvo el 47 por ciento de los votos en mayo pasado. Además del Ministro de la Presidencia, también han denunciado agriamente la gestión del  Procurador General y de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional y hasta la del ministro de Economía, a quien algunos tratan de “traidor”.

Ese protagonismo y abiertas provocaciones han causado escozor entre danilistas e independientes, algunos incluso se quejan “de la paciencia” con que el presidente se ha conducido, otros reclaman las remociones de funcionarios ejecutivos, diplomáticos, militares y policiales que esperaban al inicio del gobierno y que luego se voceaba que vendría el 27 de febrero. La incesante promoción de Fernández, a quien atribuyen “buscarse distinciones en el exterior para reafirmarse en el interior”, es lo que ha movilizado a quienes creen en la renovación del liderazgo y los candidato.

Un excelente observador cercano al presidente sintetizó la situación, expresando su convicción de que “la sangre no llegará al río, porque todos los sectores se necesitan”, pero también advirtió que las tensiones aumentan en la medida en que los peledeístas perciben que ningún partido amenaza su reinado. “La falta de oposición externa desplaza las luchas a lo interno del PLD”.

Dilema del gobierno, ¿FMI o Sociedad Civil?

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Cunde la alarma en los sectores sociales frente a la posibilidad de que el Gobierno llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que haga imposible la concertación del Pacto Fiscal instituido en la Estrategia Nacional de Desarrollo y con el que se ha comprometido el presidente Danilo Medina.

Aunque ambos proyectos no son incompatibles una coalición socio-sindical plantea que el Gobierno no puede comprometerse con el FMI ni elaborar el presupuesto del 2013 sin abrir una consulta y considerar los “principios orientadores del Pacto Fiscal” ya consensuados por el Consejo Económico Social (CES).

Pánico pues llegó el FMI.  Esta semana el Gobierno inició conversaciones con una misión del FMI en busca de un acuerdo para equilibrar las finanzas públicas, mientras se elevaban las proyecciones del déficit fiscal de este año, hasta 140 mil millones de pesos,  y trascendía que hay retrasos de tres y cuatro meses en la entrega de las partidas presupuestales de los hospitales públicos.

Al mismo tiempo se expandió el temor de que se haya impuesto en el Gobierno una línea que, pregonando el pragmatismo político, pretenda pactar un acuerdo con el FMI para elevar la presión fiscal, relegando el pacto fiscal dispuesto por la Estrategia Nacional de Desarrollo y con el que se ha comprometido reiteradas veces el presidente Danilo Medina.

Aunque apenas se han iniciado las conversaciones llamadas a continuar la semana que hoy comienza, la circunstancia de que no se haya vuelto a hablar del encuentro del mandatario con el CES que fuera aplazado hace dos semanas en vísperas de su realización, ha disparado la incertidumbre en los ámbitos de la sociedad civil, incluyendo sectores del empresariado.

De ahí la conformación de una coalición de organizaciones sociales y sindicales que el jueves saltó al ruedo público con un comunicado donde califican de “lamentable error que se maniobre posponiendo la consulta y la puesta en común con la sociedad, mientras se dan pasos para comprometerse con el FMI”.

Contribuyó a disparar la alarma la declaración del presidente del Senado y secretario general del partido de gobierno, Reinaldo Pared Pérez, planteando la necesidad de elevar la presión fiscal en cuatro o cinco por ciento del producto bruto interno y de “apretar cinturones”, como condición para cumplir el compromiso de cumplir la ley que marca la prioridad en la inversión educativa.

¿De $88 a 120 mil millones?  Tal vez Reinaldo Pared no calculó bien cuando consideró “insólito” que la presión fiscal dominicana esté en 13 por ciento del producto bruto y planteó que “tengo entendido que para fines de mayores recursos estos deben incrementarse en cuatro o cinco por ciento”, pues eso significaría impuestos adicionales entre 88 y 120 mil millones de  pesos, lo que rebasa con mucho los 44 mil millones de pesos contemplados en un proyecto elaborado en julio pasado por el Ministerio de Hacienda.

Expresiones como esa generan incertidumbre mientras siguen saltando a la luz pública informes que disparan cada vez más los estimados del déficit fiscal de este año, que ya el economista perredeísta Iván Rodríguez elevó hasta 140 mil millones de pesos, con aterrizajes tan concretos como la deuda del sector eléctrico cuantificada por el nuevo ejecutivo de la CDEEE en mil ochocientos millones de dólares (72 mil millones de pesos) y de otros mil millones de pesos en deudas de los hospitales públicos.

El economista Pavel Isa Contreras, uno de los relatores propuestos por el Gobierno para el diálogo con el CES, recogió el dilema de las autoridades ante el ajuste fiscal, si privilegia un drástico recorte del gasto o un paquete tributario con menos exenciones. En artículo en El Caribe el miércoles, consideró que en el primer caso abriría posibilidad de lograr acuerdos con la sociedad para cambios de largo plazo, pero con severa restricción económica, pero si impone una reforma tributaria sacrificará su capital político y la oportunidad de lograr transformaciones sustanciales. Reconoce que la sociedad organizada ve la coyuntura como “una oportunidad para disciplinar la maquinaria partidaria enquistada en el Estado”, mientras que el historial reciente le confiere razón al FMI para desconfiar de un ajuste sólo por el lado del gasto.

Por su parte el economista Miguel Ceara Hatton (Hoy del viernes) tras quejarse del despilfarro gubernamental que  ha generado “un hoyo fiscal superior al del Baninter” sostiene que “Esa estructura política convertida en una tremenda corporación de complicidades, impunidades y corrompida busca al FMI para que le diga al país que debemos pagar más impuestos”.

No son incompatibles. El acuerdo con el FMI y el pacto fiscal con la sociedad no son necesariamente incompatibles. Al privilegiar el inicio de negociaciones para el primero, el Gobierno estaría buscando reducir la resistencia de la segunda a nuevas cargas impositivas. Enarbolaría el viejo argumento de que la reducción de las exenciones fiscales y subsidios, el alza de la tarifa eléctrica y las mayores cargas contributivas, “son  un reclamo del FMI” e imprescindibles para destinar el 4 por ciento del PIB a la educación preuniversitaria.

Pero los sectores empresariales y sociales se aferran a que esta vez hay que compartir los sacrificios y no están dispuestos a permitir que siga la zafra clientelista que ha elevado el gasto año tras año, con déficits fiscales sobre 300 mil millones de pesos en los últimos cinco años, mientras la nómina pública crece  desproporcionadamente.

El Centro Regional de Estudios Estratégicos, una agencia empresarial creada el año pasado, documenta que el gasto público aumentó 151 por ciento entre el 2004 y 2011, consumiendo las repetidas reformas tributarias y apelando a un endeudamiento interno y externo que casi se triplica en 8 años.  Mientras el empleo privado de calidad se estancó, el Gobierno se convirtió en el mayor suplidor de empleos, en gran proporción improductivos, botellas.

El gasto general creció también en mucho mayor proporción que los ingresos. Sólo entre el 2007 y agosto del 2012, la nómina estatal, incluyendo los pensionados, creció de 456 mil 924 a 777 mil 631, según las estadísticas de la Contraloría General. Los empleados del Gobierno central pasaron de 275 mil 201 a 365 mil 760, con elevación de 90 mil 559, equivalente a 32.90 por ciento. Los pensionados pasaron de 82 mil 941 a 152 mil 862, es decir 69 mil 921 más, con incremento del 84 por ciento. Cuando se incluyen los empleados del sector descentralizado la nómina total del Estado creció en esos cinco años 70 por ciento al pasar de 456 mil 924 a 777 mil 631.

Sólo el año 2011 y en los primeros ocho meses del 2012 la nómina del Gobierno central creció en 57 mil 58 y los pensionados en 20 mil 313 para un total de 77 mil 371, equivalente al 18 por ciento. El escándalo está en el sector descentralizado, incluyendo  a los ayuntamientos, cuya nómina saltó, inexplicablemente, un 91 por ciento, de 142 mil 395 a 259 mil 009, con lo que la carga de personal de todo el Estado creció en 19 meses en 200 mil 487 puestos, un 35 por ciento.

Si el Estado pudo desbordarse de esa manera, también debería poder achicarse siquiera un poco, pero todo apunta a darlo  por hecho cumplido en aras del clientelismo y endosar su costo a una sociedad que por lo menos reclama compartir el costo y  superar el facilismo del simple incremento de la carga impositiva para que siga el derroche.

El sociólogo Cándido Mercedes, un experto en administración, sostiene que con un empleado estatal por cada 11 electores y por cada 13 habitantes, la República Dominicana se sitúa junto a Venezuela y Argentina en el liderazgo continental en carga burocrática. Con la desventaja de que tiene mucho menores recursos. Otra distinción negativa para esta nación.

Temores al engaño.

El temor a que el Gobierno imponga otro parche tributario, como los siete de la última década, determina una actitud militante en los sectores empresariales, sindicales y sociales. Los primeros más cautos, aunque ya los de zona franca han advertido que si eliminan las exenciones se iría el 80 por ciento de esas empresas y el presidente del CONEP ha vuelto a rechazar que se precise de nuevos impuestos. Los otros dos decidieron formalizar una coalición que se expresó en rueda de prensa el jueves, rechazando la negociación con el FMI antes del pacto fiscal.

Una amplísima alianza de 66 organizaciones que incluye a las centrales sindicales, y a instituciones académicas, comunitarias, religiosas, populares  y  sociales, como el Centro Bonó, el Consejo de Unidad Evangélica, el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), Participación Ciudadana, La Multitud y Toy Jarto, rechaza el acuerdo con el FMI al margen de la voluntad soberana de la nación considerando que amarraría el presupuesto del 2013 y condenaría al pueblo a mayor miseria.

Reclaman participación activa, directa y transparente en la discusión del presupuesto del 2013, advirtiendo que las fuerzas sociales y laborales “esperan no ser entretenidas ni burladas como en procesos anteriores” y piden que el Gobierno se exprese sobre los “Principios del Pacto Fiscal”  ya consensuados en el marco del CES junto al sector empresarial.

Esos principios (análisis en HOY del 2 de septiembre) proclaman una reforma fiscal integral que abarque la totalidad del gasto e ingresos del Estado, con mejor distribución y aumento de la inversión social, superando el despilfarro y la malversación, y garantizando la sostenibilidad, sin depender del endeudamiento, y la competitividad de los sectores productivos.

 

Últimas medidas de Leonel afectarían inicio de Danilo

by Juan Bolívar Diaz Santana

 Por Juan Bolívar Díaz

Causa preocupación que el Presidente Leonel Fernández presentara un presupuesto complementario que llevará el déficit fiscal del año por encima de 100 mil millones de pesos. El proyecto contempla un endeudamiento por más  de dos mil millones de dólares.   Se critica que el mandatario  decidiera inversiones  que han de hacerse en los próximos años  cuando está   a punto de  instaurarse una nueva administración en medio de una crisis fiscal que atará las manos del Presidente electo, Danilo Medina.

La presentación de un presupuesto complementario por 71 mil millones de pesos  contemplando un endeudamiento por más de dos mil cien millones de dólares y que llevaría el déficit fiscal del año por encima de 100 mil millones de pesos, causó sorpresa y preocupaciones en diversos sectores del país.

También causó impacto el nuevo viaje a Europa por diez días del presidente Leonel Fernández y el inicio de una campaña por su retorno al poder a mes y medio de concluir su mandato de 8 años consecutivos, lo que crea incertidumbres hasta en su propio partido y en el entorno del presidente electo Danilo Medina.

Asombroso incremento.  El país no salía del asombro por el proyecto de ley para aumentar en 51 mil millones de pesos el presupuesto del 2012, publicado el 20 de junio en base a un endeudamiento superior a los 2 mil 100 millones de dólares, cuando una semana después el presidente Leonel Fernández envió un adendum  al Congreso Nacional elevándolo a 71 mil 461 millones sobre lo aprobado en octubre pasado, que fue de 430 mil 814 millones de pesos. El incremento equivaldría al 16.59 por ciento.

No sorprendió que se destinaran otros 500 millones de dólares en bonos para subsidiar al sector energético, ya que se sabía que los 260 millones que le habían asignado eran una ilusión, pero causaron alarma los empréstitos por 1,600 millones de dólares y 10 millones 898 mil euros para 15 nuevas mega obras, cuya ejecución, en su mayoría, tomaría varios años del Gobierno a iniciarse dentro de mes y medio.

El miércoles 27 el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) expresaba viva preocupación por el déficit fiscal acumulado en los primeros cinco meses del año, estimándolo sobre 56 mil millones de pesos y deploraba que, con el incremento del presupuesto en 51 mil millones de pesos, alcanzaría este año la descomunal cifra de 96 mil millones de pesos, 4 por ciento del producto bruto interno. Nadie preveía que al día siguiente se le adicionarían más de 19 mil millones de pesos.

Antes del adendum, economistas como Apolinar Veloz, Fernando Alvarez Bogaert y Bernardo Fuentes llegaban a proyectar el déficit fiscal hasta en 100 mil millones de pesos, sobre el 4 por ciento del producto bruto interno, más de cuatro veces el 0.9 por ciento que se había proyectado para este año.

Con  el adendum, el déficit podría acabar en el 5 por ciento del PIB. Mientras las recaudaciones ordinarias del Gobierno durante el primer cuatrimestre del año se quedaron 8 por ciento por debajo de lo presupuestado.

La descompresión del poder.  Algunos observadores no han podido desligar la pretensión de iniciar nuevas mega obras del proyecto de retorno al poder que se atribuye al presidente Fernández, cuya promoción saltó a los medios de comunicación esta semana, cuando en la avenida 27 de Febrero aparecieron vallas que despiden al presidente Fernández “hasta pronto”, mientras vehículos sin placa proclaman Leonel 2016-20.

Otra sorpresa fue el anuncio de un nuevo viaje del Presidente Fernández a  naciones europeas, donde  ha estado numerosas veces en los últimos 8 años de gobierno. La pregunta generalizada es qué buscará el presidente en Europa ya dejando  el poder y cómo justificar esos gastos en medio de tantos aprietos presupuestarios.

Hay quienes advierten que el mandatario dominicano ha quedado presa de cierta megalomanía que le hace  creerse indispensable para la suerte del país.

Aparte de las dictaduras de viejo cuño, tipo Trujillo, Duvalier, Somoza  o Stroosner, casi nadie ha podido gobernar los tres períodos que ha agotado Leonel Fernández  pero la generalidad de los dominicanos  cree que buscará un cuarto a partir del 2016.

Fernández estaría agotando hasta el último aliento en su política de mega construcciones, sin importarle la herencia que dejará a un presidente salido de su propio partido, al ser consciente de que las limitaciones nacionales e internacionales le atarán de pies y manos al menos hasta el final del año en curso.

Después de haber gobernado 12 años, con un gran liderazgo en el PLD y el control de la mayoría de los órganos decisivos del Estado, el doctor Fernández tiene el desafío de pasar la prueba de la descompresión del poder, evadiendo la tentación de pretender seguir tomando decisiones o ponérselas difícil a su sucesor. El tuvo una experiencia exitosa cuando salió del poder en el 2000, pero entonces le sucedió un mandatario de otro partido, Hipólito Mejía-PRD, y el PLD era minoría en el Congreso Nacional y no controlaba la Junta Central Electoral ni los órganos judiciales.

Como la constante histórica dominicana ha sido que quienes alcanzan la presidencia se convierten en caudillos insustituibles dentro de sus partidos y buscan eternizarse en el poder, no hay experiencias en la sucesión de presidentes de un mismo partido.

Debió ocurrir en 1982 cuando el PRD no permitió la repostulación del presidente Antonio Guzmán y fue electo el presidente Salvador Jorge Blanco para sucederlo. El saliente no pasó la prueba de la descompresión del poder y concluyó con su dramático suicidio seis semanas antes de entregar el mando.

Muy difícil para Danilo.  Tal como se evidenció en los largos meses de campaña electoral, para alcanzar el triunfo el presidente Fernández volvió a desguañangar la economía nacional, como lo certificó esta semana el economista Bernardo Vega en su artículo de HOY. Danilo fue el beneficiario político y ahora tendrá el desafío de enderezarla, pero ya no se justificaría que se lo pongan más difícil.

Los 500 millones de dólares en bonos contemplados en el presupuesto complementario para el sector eléctrico, conllevan la decisión gubernamental de no elevar la tarifa, pero como es de los elementos más reclamados por el Fondo Monetario Internacional para reducir los recurrentes déficits fiscales que pasaron de 200 mil millones de pesos entre el 2008 y el 2011, harán más difícil la negociación de otro acuerdo con el organismo. Medina se vería obligado a comenzar cargando con lo que ahora se evade y que determinó la suspensión del último acuerdo con el FMI.

Hay amplio consenso de que el nuevo Presidente recibirá una situación económica y fiscal gravemente comprometida, como también de que tendrá que implementar cambios fundamentales. Hasta en el PLD se reconoce que el doctor Fernández tendrá que reconocer el “tiempo de Danilo”.

Los seis proyectos para controlar la corrupción que han enarbolado en los últimos días los senadores peledeístas Charles Mariotti y Julio César Valentín y declaraciones de su colega Tommy Galán no dejan dudas de que hay consciencia sobre la necesidad de cambios. La caída de la votación del PLD los recomienda, pero sobre todo la crítica situación fiscal.

El que tenga dudas solo tiene que leer el discurso del presidente del CONEP el miércoles, en el que se formularon graves advertencias como que el país está “en un proceso de desajuste de las finanzas públicas” y que “no es posible seguir acumulando déficits fiscales financiados con deuda externa”. Tras reclamar cambios en el modelo de desarrollo, la política de gasto e inversiones, en la educación para la competitividad y otros, el señor Manuel Díez Cabral planteó un “pacto fiscal” advirtiendo que quería ser enfático en que “el sector empresarial no respaldará otro parche tributario”.

Resistencia hasta en el PLD

El desorbitado proyecto de incremento del déficit fiscal ya acumulado en la campaña electoral ha disparado la alarma hasta en sectores del propio Gobierno, incluyendo a funcionarios del equipo económico y tuvo expresión pública en la comisión bicameral que estudiaba el proyecto original de 51 mil millones de pesos. Su presidente, el senador peledeísta Dionis Sánchez, expresó el criterio de los comisionados de que debe eliminarse del proyecto los 1,600 millones de dólares  destinados a 15 mega-obras, indicando que esas inversiones debería decidirla el nuevo Gobierno. A última hora del viernes el legislador dijo que  el Gobierno había aceptado retirar este financiamiento, sin especificar quién habría tomado la decisión ni a cuánto reducirán el presupuesto complementario, y mucho menos las fuentes para financiarlo.

En diversos sectores se expresó sorpresa de que el Presidente saliente, después de ocho años de Gobierno, quiera decidir las inversiones que han de hacerse en los próximos años, apenas mes y medio antes de que se instaure una nueva administración. Más aún cuando dejará una crisis fiscal que atará las manos al presidente electo Danilo Medina en lo que restará del año y le haría más difícil lograr consenso para una reforma fiscal a fin de sustentar el presupuesto del 2013, lo que, para cumplir la Ley de Presupuesto, deberá decidir en sus primeras seis semanas de gestión.

Entre las obras que el presidente Fernández quiere iniciar al término de 8 años de Gobierno se encuentra la carretera Norte-Sur, que se viene debatiendo hace tres décadas, la presa Monte Grande, la rehabilitación de la presa de Sabana Yegua, el proyecto hidroeléctrico Artibonito, un proyecto para el desarrollo agrícola de Azua y otros dos para tratamiento de aguas en la provincia de Santiago, cuyo financiamiento habría que concertarlo con la banca internacional algo que parece imposible en lo que resta de gestión gubernamental.

 

Avance de Danilo y fortaleza de Hipólito

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Más esperada que nunca, la encuesta de Gallup para HOY ratificó el bipartidismo y mostró un repunte extraordinario y la potencialidad de la candidatura presidencial de Danilo Medina, ya con el pleno apoyo de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Gobierno del presidente Leonel Fernández.

Pero al mismo tiempo quedó ratificada la fortaleza de la candidatura de Hipólito Mejía y del Partido Revolucionario Dominicano  (PRD), que mantuvo su mismo porcentaje aun con una significativa ventaja de cinco puntos y a solo dos de la mayoría absoluta necesaria para alcanzar la presidencia de la República.

El ganador fue Danilo. Así como Hipólito Mejía resultó el gran ganador de la anterior Gallup-HOY publicada en agosto, en la de noviembre lo ha sido Danilo Medina al haber logrado un repunte que cierra la brecha en la prematura lucha por la presidencia de la República a seis meses de las elecciones del 20 de mayo.

En agosto Mejía creció seis por ciento en las preferencias electorales, para quedar con un registro de 47.9 a 33.4%, que representaba una cómoda ventaja de 14.5 sobre el candidato oficialista. Pero ahora Medina marcó un extraordinario avance de 9.2  mientras el puntero mantenía su mismo porcentaje para cerrar la competencia en 47.9 a 42.6 por ciento, para cerrar la diferencia a 5.3 por ciento.

Llamó la atención de los observadores las agresivas descalificaciones de  la encuesta por parte de dirigentes peledeístas, que casi convertían en derrota lo que para los analistas más independientes representaba un gran avance. El despliegue de cinco encuestas propias en el último mes, una de las cuales –la de la firma ASISA- le otorgó una asombrosa ventaja de 16 puntos con Margarita Cedeño de candidata vicepresidencial, pareció convencer a dirigentes del PLD que ya estaban cómodamente situados. Una de Hamilton Campaigns del 17 de noviembre arrojó ventaja de 46 a 45 al candidato peledeísta. Pero el 8 de noviembre la también norteamericana Zogby Analytics otorgó 56 a 40 a favor del perredeísta.

Tampoco los perredeístas han parecido conformes con los resultados de la  encuesta más acreditada del mercado electoral dominicano, pues según sus propias investigaciones mantienen entre 10 y 12 puntos de ventaja, también reducida en relación a los 16 y 18 puntos que se atribuían en los meses anteriores.

La Gallup-HOY de esta semana ratifica la bipolarización, ya que los candidatos de los dos partidos mayoritarios acaparan el 90.5 por ciento de las preferencias. La ausencia de definición en el Partido Reformista Social Cristiano contribuye a la misma. Su último candidato presidencial Amable Aristy Castro recibe 2.2 por ciento, empatado con el ascendente Guillermo Moreno. En tanto su presidente, Carlos Morales Troncoso, queda en fracción de un punto junto a sus compatriotas Ito Bisonó y Ricardo Espaillat.

Habrá dura competencia. La generalidad de las interpretaciones concluyen en que esta encuesta apunta a una dura competencia para los comicios de mayo entre las dos principales fuerzas políticas. Medidas las simpatías por partido, el resultado no dista del de las candidaturas presidenciales: 44.8 a 40.2 con diferencia de 4.6 en favor del PRD. La percepción de ganador sigue beneficiando a Hipólito, ya que el 50.8 por ciento cree que ganará en primera vuelta, mientras el 45.9 por ciento estima que lo logrará Danilo.

A diferencia de la Gallup-HOY de agosto, ahora los entrevistados que dijeron simpatizar por el PRSC se inclinan más a votar por Medina que por Mejía, en proporción de 21.7 a 8.3. En la anterior, favorecían al perredeísta con proporción de 24.7 a 17.8, lo que restablece el beneficio para el PLD de repetir la alianza que hizo en el 2010 con el reformismo, aunque el 70 por ciento de los reformistas favorece que lleven su propia candidatura. El candidato morado saca ventaja en la tasa de rechazo, pues registra sólo 28.8 por ciento en tanto el del partido blanco está en 36.5 por ciento.

Ha llamado la atención que la candidatura de Mejía-Abinader se mantuviera sin mínima variación de preferencias en relación a la Gallup de agosto, lo que permite interpretaciones contradictorias: para unos es indicativo que alcanzó su techo y se congeló, pero para otros muestra su gran fortaleza, sobre todo por la escasa propaganda que ha desarrollado. Estimaciones empíricas indican que la propaganda del peledeísta es más de 20 a 1 en las vías públicas de todo el país, y sobre 10 a 1 en prensa, radio y televisión.

Asesores de Mejía sostienen que éste se lleva de sus propias encuestas, que le dan amplia ventaja, por lo que se está reservando recursos para multiplicar su propaganda en la recta final, “consciente de que nunca podrá estar ni cerca de la inversión del partido de Gobierno en la campaña”.

Se unifican los partidos. La percepción pública es de que la elección de la primera dama Margarita Cedeño para completar la candidatura del PLD marca una tendencia a la plena unificación más acentuadamente que en el PRD. Sin embargo, la Gallup-HOY indica que Mejía supera a Medina en la preferencia de sus propios partidarios: el 97.2 de los perredeístas y el 94.4 de los peledeístas dicen que votarán por sus propios candidatos.

Sin embargo, el estrechamiento de la competencia que indica esta encuesta podría alentar  el papel de Caballo de Troya que aún se atribuye al presidente del PRD Miguel Vargas Maldonado y a alguno de sus fieles, que llegan al extremo de plantear una modificación de la candidatura vicepresidencial, lo que carece de precedente y sería un desastre mercadológico y político.

La persistencia del “fenómeno Vargas Maldonado” ratifica la percepción del PRD  como un partido ingobernable, que debe ser el único en el mundo cuyo presidente no apoya al candidato presidencial luego de ocho meses de electo, pero se aferra al cargo, en su caso peor por haber modificado los estatutos partidarios bajo el predicamento de que el candidato debe también presidir el partido para evitar precisamente el absurdo que él está protagonizando.

En el ascenso de Danilo Medina habría influido la selección de Margarita Cedeño, tal como se esperaba en lo inmediato, por sus  propios méritos y porque mete en la campaña a los más beneficiarios del Gobierno de Leonel Fernández, con enorme potencial económico y de uso de los recursos del Estado. Ya las movilizaciones del PLD incluyen varios helicópteros y un gran despliegue de recursos, incluyendo los repartos del Plan de Asistencia Social de la Presidencia que preceden las giras proselitistas.

Pero nadie puede ignorar los propios méritos de Danilo, que desde su elección como candidato en junio no se ha dado tregua en una agotadora labor regional y provincial y con sus presentaciones ante las organizaciones sociales, donde ha sido portador de un discurso propio, aunque ahora con menos énfasis en la diferenciación del gobierno de su partido.

El peso de las insatisfacciones. El carisma de Hipólito parece seguir jugando en su favor, con un discurso que interpreta y se apropia de las grandes insatisfacciones de la sociedad. Una serie de spots televisivos del PLD que enfatizan sus desaciertos de gobierno miles de veces repetidos no le han quitado un solo voto, según el resultado de esta encuesta, lo que podría deberse al axioma de que el último golpe es el que más duele.

La Gallup-HOY sigue mostrando unos porcentajes muy elevados de insatisfacciones con la marcha de la economía, con un 75 por ciento que la considera negativa, aunque 9 puntos menos que en agosto. El 57 por ciento cree que su situación económica personal es negativa, con un 68 por ciento que cree que las cosas en el país van por mal camino y 59 por ciento advierte que al final del Gobierno será peor, contra sólo un 31 por ciento con expectativas de que mejorará.

A la pregunta sobre los principales problemas nacionales, las respuestas se van casi todas a los que son de difícil amortiguación en los 6 meses que distan para las elecciones: alto costo de la vida, delincuencia e inseguridad, desempleo, apagones, pobre inversión en educación, narcotráfico y corrupción.

El peso de las insatisfacciones se verifica en todos los estratos sociales, como quedó patente en la reciente convención del Consejo Nacional de la Empresa Privada, cuyas conclusiones fue una larga y terrible factura con cargo al Gobierno. Las denuncias de corrupción, incluidas algunas tan dramáticas como la formulada esta semana por el embajador de Gran Bretaña o la de la auditoría al Instituto Agrario Dominicano, sigue a la orden de cada semana, mientras crecen las protestas y demandas sociales.

El congelamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no mejora las perspectivas de ingresos para los próximos meses, en un escenario internacional cada vez más complicado y con el petróleo sobre 95 dólares el barril. Aunque el economista y analista político Bernardo Vega cree que facilitará otro “desguañangue” de la economía similar a los de los comicios del 2008 y 2010 en beneficio de la candidatura oficialista. Eso, por un lado podría dar votos por el reparto y los parches de emergencia, pero también acentuar el rechazo en las clases medias y altas, cuya capacidad de influir en la opinión pública es significativa.