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El gran desafío del CONEP del discurso a la concertación

by Juan Bolívar Diaz Santana | 2 Comments

Por Juan Bolívar Díaz
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El discurso del miércoles del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) ante la Cámara Americana de Comercio constituye un valiente y preclaro alegato a favor de la institucionalidad democrática y el imperio de la ley, que merece respuesta de todas las instituciones y personas preocupadas por el devenir de la nación.

El líder empresarial Rafael Blanco Canto ha invitado al liderazgo político y social dominicano a pasar del discurso a la concertación para “que construyamos juntos los cuatro pilares que deben sostener una verdadera democracia y una institucionalidad creíble que genere confianza”, y la coyuntura parece propicia.

Por el Estado de Derecho. El discurso de Blanco Canto recoge persistentes preocupaciones que se han generalizado en el país sobre evidentes retrocesos en la institucionalidad democrática nacional que quedaron más al desnudo en todo el proceso electoral que aún no concluye, desde la compra de una reforma constitucional para restablecer una vez más la reelección presidencial inmediata, la repostulación casi total de legisladores y alcaldes con sacrificio de la democracia interna de los partidos, hasta la extrema inequidad y derroche de la campaña electoral, con órganos de arbitraje parcializados.

La pieza se remonta al diagnóstico del informe Attalí del 2010, que ya planteaba como fundamental para una exitosa estrategia nacional de desarrollo, restaurar la confianza en las instituciones del Estado. Seis años después Blanco Canto advierte “un malestar de desconfianza en las instituciones a las que hemos entregado la función de representarnos, producto de la falta de orden y de la inexistencia de un adecuado régimen de consecuencias que ofrezca a la población la seguridad de que vive en un Estado de Derecho”.

Tras señalar una serie de prácticas negativas, sostiene que el Estado no ejerce su autoridad para aplicar las leyes, lo que erosiona el régimen político institucional, y a continuación se refiere a las lecciones dejadas por el proceso electoral, quejándose de que no fueron escuchados más de once pronunciamientos del CONEP, ni los de otros sectores sociales que reclamaron urgentes reformas político-electorales. Blanco Canto aseguró que “este sistema colapsó y el proceso estuvo matizado por el constante cuestionamiento a la imparcialidad de los órganos electorales. Hoy puede afirmarse que la confianza en la institucionalidad electoral está rota”.

Urge pacto político-social. Tan firme se mostró el presidente del CONEP sobre la prioridad del pacto político-social, que ni siquiera se refirió al debate sobre los alcances del pacto fiscal pendiente. Su penúltimo párrafo dice: “estamos convencidos de que sería completamente irresponsable colocar por delante de este, los demás temas de la agenda, pues este, como hemos señalado, es un prerrequisito para garantizar que lo que se pacte en los demás, se cumpla. Es por esto que este debe ser el primero de los pactos”.

Rafael Blanco Canto concluyó su discurso invitando “al liderazgo político y social a que construyamos juntos los cuatro pilares que deben sostener una verdadera democracia y una institucionalidad creíble que genere confianza. Es al liderazgo del país a quien le corresponde esta ardua tarea, nosotros estamos dispuestos a hacer nuestra parte”.

El orden de prelación que plantea el CONEP está determinado también por la circunstancia de que el mes próximo vence el período para el que fueron electos los actuales titulares de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, para evitar que vuelvan a ser integrados por subordinados políticos de la aplastante mayoría gubernamental, que así aspira a reproducirse ad infinitum.

Sacudir la sociedad civil. Está en la memoria de la sociedad civil que los cambios en la composición de la JCE y de la Suprema Corte de Justicia, despolitizados tras el trauma electoral de 1994, la sanción a los fraudes bancarios y el cumplimiento de la ley del 4% para la educación sólo fue posible con la presión de una concertación político-social de la que el empresariado fue parte importante a partir de su Grupo de Acción por la Democracia. Durante años los empresarios José M. Paliza y Elena Viyella convocaron encuentros periódicos de concertación, con resultados positivos. Las circunstancias demandan un sacudimiento de la sociedad civil, afectada en los últimos años por la incorporación a los organismos estatales de muchos de sus cuadros, de arriba y abajo.

La prueba de que no será fácil convencer a los detentadores de todo el poder estatal de que cambien las reglas del juego para el rescate de la institucionalidad democrática es la reacción del secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared Pérez, al extremo de atribuír el discurso de Blanco Canto a que “no ganó su candidato preferido”. También llamó “sedicioso y conspirador” al titular de la JCE Eddy Olivares, por haberse atrevido a solicitar una auditoría de los equipos electrónicos que no funcionaron en la votación de mayo.

Otro ejemplo de absolutismo esta semana fue la declaración del también miembro del Comité Político del PLD, Euclides Gutiérrez, ironizando con que deben nombrar a 35 periodistas críticos al frente de ese organismo “para que dirijan el país”. Lo quieren controlar todo, y esta semana ya juramentaron en un organismo peledeísta al presidente del Colegio de Abogados que en diciembre llegó al cargo superando al candidato gubernamental e impulsado por la oposición.
El Gobierno necesita más recursos precisamente por el derroche del gasto electoral, y para lograrlo es imprescindible el apoyo de la sociedad, lo que abre espacio a la concertación político-social. Ya no caben más discursos.

No debió sorprender a nadie. El discurso de Blanco Canto no debió sorprender, ya que fue una continuación del pronunciado un año antes, 24 de junio del 2015, y en el mismo escenario, cuando disertó sobre la responsabilidad social empresarial y advirtió los desafíos del proceso electoral del 2016, considerando urgente crear condiciones para mantener la confianza en el sistema político y mitigar el desgaste del liderazgo partidista.
En esa ocasión el presidente del CONEP reclamó la aprobación de una ley de partidos que garantice la institucionalidad democrática y transparencia, pero puso mayor énfasis en “la aprobación de una robusta ley de garantías electorales que regule los gastos de campaña, que garantice niveles de equidad en el acceso a los medios de comunicación y la colocación de publicidad, y que ponga control al uso de los recursos del Estado y las ventajas que ofrecen las posiciones públicas durante las campañas”.

Ya seis semanas antes, el 11 de mayo del 2015, un comunicado del organismo empresarial había rechazado el burlesco texto de ley de partidos que habían aprobado los diputados el 28 de abril, el cual negaba los múltiples consensos políticos sociales sobre el particular que datan de los años noventa. Otro antecedente es la visita del liderazgo del CONEP a la JCE el 15 de septiembre del 2015, donde Blanco Canto también abogó por la ley de partidos y un nuevo régimen electoral que controle el dispendio y abarate el costo de la política. Lo mismo han hecho otros líderes empresariales, como los de la Asociación de Industrias, y Franklin Báez Brugal en un celebrado discurso el 15 de noviembre del 2015, donde proclamó que “la democracia necesita pluralidad, controles y contrapesos”.

Urge recobrar la confianza
El presidente del CONEP sostuvo la responsabilidad de todo el liderazgo nacional, incluyendo al empresarial, en impulsar cambios “que satisfagan las necesidades sociales y corrijan los entuertos de nuestro sistema político con la implementación de medidas que nos permitan iniciar el camino para recobrar la confianza”. Acogió las recomendaciones fundamentales del informe de la misión de observadores de la OEA, que reclama equidad en el financiamiento de los partidos y las campañas electorales, fortalecer la fiscalización, control y sanción de las violaciones a las normativas, y un marco jurídico de regulación para establecer un acceso equitativo a los medios de comunicación públicos y privados en beneficio de candidatos y partidos, así como del derecho ciudadano a la información.

Blanco Canto, recogió las demandas de numerosas instituciones nacionales y precisó cuatro pilares fundamentales “para garantizar un sistema democrático sano en RD y para asegurar que la interrelación entre los diferentes actores de la vida nacional, se corresponda con los lineamientos que rigen todo Estado de Derecho”.

El primer pilar es una nueva ley electoral que establezca reglas claras del proceso electoral, mejor organizado, evitando abuso de los recursos del Estado, que acorte períodos de campaña y reduzca su costo, con acceso equitativo a los medios de comunicación, evitando la campaña directa o subliminal desde mucho antes del período electoral. El segundo es la ley de partidos que garantice la democracia al interior de los partidos, con elecciones primarias, castigo del transfuguismo y transparencia de su financiamiento público y privado. El tercero es una ley de responsabilidad fiscal que establezca mayor rigor en el uso del presupuesto público y los topes de gastos, déficits y deuda pública.

Otra vez venció el Estado, con reparto antidemocrático

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
31_05_2015 HOY_DOMINGO_310515_ El País16 A

El pacto que salvó la unidad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no tiene precedente en cuanto a reparto del Estado por una cúpula directiva al implicar no solo la repostulación del presidente Danilo Medina, sino también de los legisladores, alcaldes y dirigentes partidistas, dejando atrás principios democráticos y constitucionales.

Aunque desde el principio se vaticinaba que los peledeístas no se dividirían y predominaría el poder presidencial, fue sorprendente la forma en que Leonel Fernández fue humillado y obligado a capitular, al tercer día de haber plantado pelea con un discurso de confrontación, pero los danilistas lograron derribarlo como se habían propuesto.

Un dramático desenlace. Aunque siempre se esperó que el poder presidencial y el “camino más seguro” de la repostulación del presidente Danilo Medina predominarían sobre los afanes del expresidente Leonel Fernández por volver al Gobierno, fue dramático el desenlace de la confrontación, después que el gran líder de las últimas dos décadas plantara pelea frontal con su discurso del lunes 25 de mayo, transmitido por casi toda la televisión y la radio.

Leonel cantó como un gallo, proclamándose guardián de la Constitución, que a su juicio no podía reformarse para posibilitar la repostulación y posible reelección de Medina, sin que la convocatoria fuera aprobada por los dos tercios de las leyes orgánicas y sin un referendo aprobatorio, para huir como gallina antes que transcurrieran tres días, forzado hasta por muchos de sus más cercanos seguidores.

El discurso del lunes auguraba una prolongación de la confrontación, que no es solo por la candidatura presidencial, sino también por el liderazgo definitivo entre los dos peledeístas que han ejercido el poder en ya casi 15 de los últimos 19 años. Se presentó un Leonel furibundo, en actitud de pelea, denunciando a Danilo como un hipócrita que no se atreve a decir lo que piensa.

Tras analizar el proyecto de reforma constitucional ya en manos del Congreso, Leonel lo calificó de “sumamente peligroso para el porvenir de nuestro pueblo” y que sería “nefasto y catastrófico”, llegando a advertir la posibilidad de que abriera las puertas para la reelección indefinida, al extremo de que “Así tendríamos el Trujillo del siglo XXI, que vendría a cercenar nuestras libertades, a mutilar nuestra dignidad y a truncar nuestro porvenir como pueblo”.

El desplome del león. El radical discurso de Leonel marcó su abrupto desplome, pues acabó de convencer a la mayoría peledeísta de que corrían el riesgo de la división y la pérdida de los privilegios de que han disfrutado con un sistema de reparto y corrupción sin precedente.

Figuras del leonelismo fueron clave para la capitulación del líder, algunos con razones muy convincentes para no correr riesgos, como el senador Félix Bautista, símbolo perseguido de la corrupción del PLD, a quien se atribuye la iniciativa de la transacción convenciendo a su jefe político de que no había alternativa.

En la opinión pública no hubo piedad con los planteamientos de quien se pintó sin ambiciones, cuando intentaba un cuarto período de Gobierno zarandeado por graves acusaciones de corrupción, y hasta de financiamiento del narcotráfico, con obvio rechazo de los poderes fácticos más cómodos ahora con Danilo.

Ya su multitud de voceríos y escribidores habían dado el salto al danilismo para preservar sus privilegios, y varios de los principales llegaron a acosarlo. La publicación de una encuesta Penn/Schoen realizada dos semanas antes disparó al máximo las alarmas cuando indicó que Luis Abinader, el candidato del Partido Revolucionario Moderno, ganaría a Leonel en una segunda vuelta en el 2016.

Ya en minoría en los organismos directivos, sobre todo en el poderoso Comité Político, y en el Senado, le quedaba una proporción de los diputados que impedían la reforma constitucional, los que empezaron a ser atraídos por el poder del Estado.

El martes trascendió entre los legisladores que se ofrecían de 7 a 10 millones de pesos y respaldo para repostulaciones y financiamiento de campañas.

Leonel quedó casi solo, refugiado en el extremismo de “Los Vincho”, vencido por el Estado, por el que ahora reparte los sobrecitos, que en el sistema en que fundó su liderazgo, es el que predomina.

Los danilistas se propusieron derribarlo, y lo lograron. Le arrebataron la antorcha al Leonidas y al Moisés del Siglo XXI, que llegó a compararse con Buda y Jesucristo.

Desastre institucional. El pacto implicó la sepultura de los mecanismos democráticos en el principal partido del país, que mantiene una precaria unidad, con agravios y malquerencias entre los dos grupos del reparto, lo que determina mutua desconfianza y peligros.

Los líderes no se juntaron y muy simbólicamente cada grupo lo firmó por separado, uno en el Palacio Nacional y el otro en la costosa Fundación Global.

Falta precisar si incluye la composición de las altas cortes en manos de Leonel, de las que seguirá dependiendo que no le caiga un proceso judicial y que condenen o absuelvan a sus alcancías Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, pendientes de decisiones en la Suprema Corte. Pronto se podrá saber si el pacto es también de impunidad. Que prosiga el aplastamiento de Leonel, en aras del nuevo líder, debe descartarse hasta que pasen las próximas elecciones, porque implicaría al presidente, al secretario de Organización y al Tesorero del PLD. Alguna promesa de garantía de impunidad habrá merecido el papel protagónico del multimillonario Félix Bautista en el acuerdo.

El costo económico, democrático e institucional de la reelección apenas comienza y de inmediato cobrará en los partidos de oposición para obtener la veintena de votos que faltan para aprobar la reforma constitucional. Se da por hecho que los lograrán entre los 9 diputados reformistas, ya sus dos senadores la aprobaron, y entre unos 44 que son la fortaleza de ese extraordinario empresario de la política que es Miguel Vargas. Se adelanta que, para no vaciarse, dejará en libertad de votar a sus partidarios, aunque lo único que él reivindica de su pacto personal con Leonel Fernández para viabilizar la Constitución del 2010, aparte de representación minoritaria en las altas cortes, es haber reivindicado la prohibición de la reelección presidencial consecutiva.

Desafío para la oposición. La colaboración de los legisladores para una reforma constitucional se puede obtener mediante el voto positivo y con la ausencia, y en último caso con la abstención. No se descarta que incluya algunos de los diputados del PRM, como advertencia de que no son inmunes al poder del Estado, los cuales serían expulsados, según se ratificó el viernes.

Mientras se consuma la reforma constitucional, el presidente Medina sigue el patrón del silencio que caracterizó a Balaguer y a Leonel en coyunturas similares, sin explicar propósitos ni objetivos, lo que podría afectar su alto nivel de aprobación tras ratificar lo que siempre se ha hecho desde la presidencia de la República. Cuenta con la adolescencia democrática nacional, aunque hay quienes se aferran a los sacudimientos políticos que se vienen produciendo en la democracia hispanoamericana.

El desafío es para lo que quede de oposición, particularmente para el PRM y su candidato Abinader, que han emergido como principal alternativa y plantean una Convergencia opositora, para el ascendente Guillermo Moreno y el liderazgo de partidos y de grupos sociales alternativos, que confrontan la corporación que monopoliza el poder.

Un impúdico reparto

Los peledeístas pueden, una vez más, celebrar su capacidad para defender su poder, pero esta vez no solo a costa de quien encarnó sus éxitos y prosperidad colectiva, sino también sepultando los principios democráticos y constitucionales básicos, la Ley Electoral y sus propios estatutos, cuando 35 personas deciden y pactan la repostulación no solo del Presidente (se dice que también de la vicepresidenta y esposa de Leonel), sino también de los senadores y diputados, y sus respectivos bufetes directivos, de los alcaldes y directores de los municipios y distritos municipales de todo el país.

Los actuales miembros del Comité Central, que ya se autoprolongaron en el 2012 y que el año próximo debían someterse al escrutinio de sus bases, reciben una nueva prórroga hasta el 2020, ya que se pactó aplazar el Congreso del PLD para finales de ese año.

El sanedrín peledeísta no solo dispuso modificar ahora la Constitución para posibilitar la repostulación de Danilo Medina, sino que se comprometió a “iniciar oportunamente” otra reforma para “blindar la Constitución”.

El pacto sepulta las aspiraciones de miles de peledeístas que ya habían iniciado campañas buscando las 4,200 candidaturas a disputarse el año próximo, muchos de los cuales han derrochado millones de pesos.

Por la unidad partidaria tendrán que resignarse a una promesa o al mantenimiento de cargos gubernamentales, si no quieren terminar como regidores y vocales municipales, que son más de dos tercios de los cargos electivos.

A un año de las elecciones predomina la incertidumbre

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
17_05_2015 HOY_DOMINGO_170515_ El País13 A

Al iniciarse la cuenta regresiva del año para las elecciones generales de 2016 el panorama nacional se configura incierto, a la expectativa de cómo saldrá el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de la profunda crisis determinada por la confrontación que protagonizan sus dos principales líderes por la candidatura presidencial.

Aunque la candidatura de Luis Abinader por el nuevo Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha arrancado con buenos augurios, está pendiente que pueda configurar un frente de oposición que arrastre las expectativas de cambio que se anidan en diversos y dispersos segmentos sociales insatisfechos por la gestión peledeísta de la última década.

De nuevo serán generales. Ya hay cinco candidatos presidenciales pero casi todo parece girar sobre la incertidumbre en que está sumido el partido que ha gobernado en cuatro de los últimos cinco períodos. Los candidatos proclamados, además de Abinader, son Miguel Vargas Maldonado y Federico Antún, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y por el Reformista Social Cristiano, los dos que dominaron tras la liquidación de la tiranía de Trujillo hace más de medio siglo. También han sido postulados Juan Cohén, por el Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana, y Fidel Santana por el Frente Amplio, aunque este último apoyará a Abinader, por ser parte del proyecto de Convergencia de la oposición.

Los comicios programados para el 15 de mayo del 2016 volverán a ser generales, con la elección de 4,213 legisladores y autoridades municipales, lo que no ocurre desde 1994 cuando el último fraude electoral de Balaguer se saldó con una reforma constitucional que prohibió la reelección del presidente y separó su elección de los legisladores y autoridades municipales.

La elección de 32 candidatos a senadores, 190 a diputados, 156 a alcaldes y sus vicealcaldes, 228 directores municipales y más de tres mil regidores y vocales representa un gran desafío para partidos con débiles mecanismos democráticos.

La incertidumbre se extiende también hasta los organizadores y árbitros de los comicios, la Junta Central Electoral y sobre todo el Tribunal Superior Electoral, sumidos en el descrédito, por el control que sobre los mismos se atribuye al PLD y su líder, el expresidente Leonel Fernández, que empeoraría si este termina de candidato presidencial oficialista. Dirigentes opositores, especialmente del PRM, han sostenido que las actuales autoridades electorales no garantizan elecciones libres. Otro ingrediente conflictivo es el empeño del PLD por imponer una Ley de Partidos ignorando el consenso político y social y por evadir la ley orgánica del sistema electoral que reglamentarían partidos y proselitismo.

Los costos de las salidas. Que no se pongan de acuerdo, sea que el poder presidencial y la mayor posibilidad electoral de Danilo se impongan doblegando o sobornando a los legisladores leonelistas, o que estos impidan la reforma constitucional, impactará sobre el escenario preelectoral y los comicios mismos, aunque no haya una división formal, pues todos prefieren la negociación, dificultada por acumulación de enconos hasta personales que hacen difícil recoger toda la sangre y leche derramada.

La mutua desconfianza hace que ninguno crea que el otro dejará de utilizar el poder para aplastarlo, sea que predomine la reelección o vuelva Leonel al poder, por lo que algunos creen que la salida es “ni uno ni otro”, lo que se rechaza por la baja popularidad acumulada por el resto de los precandidatos, aunque uno unitario podría recibir gran parte de las preferencias que se manifiestan por los dos líderes.

La salida que más se señala entre los peledeístas, y se refleja en las declaraciones y escritos de sus parciales que prefieren a Danilo como “camino más seguro”, es el sacrificio del expresidente, otorgándole una alta cuota de candidaturas legislativas y municipales, para garantizarle que no se sienta o pueda ser aplastado por el poder danilista extendido.

Queda la posibilidad de que el Presidente decline la postulación para no exponer su imagen y concluir su Gobierno con alta aprobación y como reserva casi segura para volver en el 2020, ya que cualquiera que gane ahora no podrá reelegirse. Él reclamaría la alta cuota legislativa y municipal para no ser aplastado en caso de que Leonel gane. Así evitaría el alto costo económico, moral e institucional que conllevaría una imposición con poca legitimidad hasta en el PLD, o un “pacto de impunidad” con los leonelistas.

Perspectivas de la Convergencia. En el panorama actual, el otro elemento clave de las perspectivas para los comicios es la suerte que corra el proyecto de “Convergencia por un Mejor País” y las posibilidades de convertirlo en un gran frente opositor, sumando a los 8 grupos políticos que ya la integran, los partidos que encabezan Guillermo Moreno, Eduardo Estrella, Max Puig y Hatuey de Camps y propiciando una alianza estratégica con organizaciones populares y sociales y sectores empresariales saturados del desgaste del largo dominio peledeísta.

Las encuestas y los resultados de la convención del Partido Revolucionario Moderno han indicado que quien más posibilidades tiene de encabezar las candidaturas de la Convergencia es Luis Abinader, aunque los mermados seguidores de Miguel Vargas (también según las encuestas) creen que debe ser él por las viejas siglas perredeístas.

Junto a Hipólito Mejía, que se ha crecido apoyándolo firmemente, Abinader tiene el enorme desafío de concertar con tan disímiles sectores reconociéndoles a todos su importancia, para lo cual será fundamental que controlen las ambiciones de los perremeístas que ya se lanzan en tropel tras las candidaturas legislativas y municipales que tendrían que ser subordinadas a la Convergencia y su anunciado Plan de Nación.

En los procesos anteriores. A un año de las tres elecciones presidenciales anteriores, el panorama configurado en el Tema de Hoy, con el mismo autor, tenía parecidas características:

En mayo de 2003 el Tema de Hoy titulaba “La quiebra de Baninter es una tragedia nacional”. Tenía en jaque al Gobierno y el PRD. La JCE atravesaba por una crisis de legitimidad. El 19 de julio el título resumía: “El presidente Mejía debe abandonar la reelección”. Pero impuso su repostulación en enero del 2004, dividiendo su partido. Leonel corría solo como candidato del PLD y el PRSC se dividía tras elegir a Eduardo Estrella.

El 19 de mayo de 2007, El Tema de Hoy se titulaba “La reelección pone a prueba los avances democráticos”. El 6 de mayo Leonel y el Estado ya habían vencido a Danilo, como este afirmó, sembrando la semilla de la actual confrontación. Se discutía la necesidad de reglamentación electoral. Lo reclamaba el CONEP, la Conferencia Episcopal, Participación Ciudadana y muchas otras voces. Miguel Vargas ya era candidato presidencial del PRD y el reformismo daba bandazos.

El 15 de mayo de 2011 se titulaba “Hipólito sale con buen pie”, encabezando las preferencias con 48.7 por ciento en Gallup-HOY. Ya Leonel había desistido de repostularse pasando por encima a su propia Constitución, y Danilo sería electo candidato el 26 de junio. Seguía el debate sobre la necesidad de reglamentación electoral. El 29 de mayo el presidente de la JCE, Roberto Rosario, anuncia los proyectos de Ley de Partidos y Ley Orgánica Electoral, con asesoría de la OEA. Fueron enviados al Congreso en septiembre y a casi 4 años siguen relegados.

El deterioro del PLD

El tiempo que tome el PLD en salir de su crisis y la forma en que lo logre, incluyendo el costo institucional y económico, incidirán sobre el panorama de cara a los comicios. Va a cumplirse un mes desde que el 19 de abril estalló la confrontación con la decisión de disponer una reforma constitucional para viabilizar la repostulación del presidente Danilo Medina y no se advierte aún cómo podrá ser conjurada. Se afirma que esta semana fracasaron mediaciones externas para reunir a Medina y Leonel Fernández, como antes tampoco surtieron efecto esfuerzos de dirigentes partidarios.

No se ha publicado alguna encuesta que mida los efectos de esta crisis, pero circulan versiones de que algunas mediciones privadas comienzan a registrar declive de las preferencias por el PLD, acentuando el que viene teniendo el expresidente Fernández, y hasta de la alta aprobación que ha impulsado el reeleccionismo danilista.

La prolongación de la crisis reproduce la división y el encono en la dirección media y las bases peledeístas incrementando las posibilidades de que termine en una fragmentación, más aún teniendo en cuenta los apoyos externos, incluso entre los aliados políticos, que tiene Fernández, el gran líder triunfador de casi dos décadas.

El desplome de la imagen de armonía que vendía el peledeísmo y las mutuas descalificaciones se reflejarán en el electorado. Y en la medida en que se fortalezca una alternativa de oposición, afectarán hasta la alta popularidad del mandatario, en parte determinada hasta ahora por el rechazo a su antecesor y la falta de alternativa en la oposición que los gobiernos peledeístas absorbieron o ayudaron a dispersar.

 

 

Invertir en la institucionalidad democrática

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
CONEP JUAN BOLVAR

El comunicado publicado esta semana en los diarios por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) demandando del Congreso Nacional la aprobación de la largamente discutida ley de partidos y la adecuación de la legislación electoral al nuevo orden constitucional es alentador por cuanto implica una toma de posición del alto empresariado por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática nacional, que anda de tumbo en tumbo después de un par de décadas de avances significativos.

No es la primera vez que la organización cúpula del empresariado manifiesta preocupación por el rumbo institucional y democrático de la nación, pero a decir verdad son muy prolongados sus silencios, justificando a quienes plantean que carece de una visión amplia del fundamento del desarrollo y el progreso, que tienen una vocación marcada por plegarse al presidencialismo en aras de intereses coyunturales de los grupos dominantes o por temor a que los políticos les evidencian vulnerabilidades.

El CONEP se ha sumado a quienes demandan una legislación que regule los partidos políticos y que haga eficiente el sistema electoral en aras de la estabilidad democrática de la nación. Recuerdan el largo periodo de debate, 15 años, de la ley de partidos y los mandatos de la Constitución promulgada hace año y medio.

Expresa convicción de “la importancia que reviste para el fortalecimiento institucional de nuestro país y de nuestra democracia la aprobación de una adecuada y robusta legislación que norme la vida interna de los partidos políticos y que coadyuve a su fortalecimiento y estabilidad institucional”. Abogan por mecanismos institucionales de supervisión y transparencia indispensables “para asegurar el equilibrio verdaderamente democrático que debe prevalecer en un sistema político representativo como el que garantiza nuestra Constitución”.

La realidad es que la degeneración del partidismo político sustenta un sistema de corrupción, clientelismo y rentismo que consume una alta proporción de los recursos nacionales, a lo que han concurrido importantes intereses empresariales y neo-empresariales que acumulan en sociedad y complicidad con los actores políticos. El resultado es un sistema de vulnerabilidades, donde “to e to y na e na”, lo que mantiene políticas y modelos insostenibles y acaba conspirando contra la inversión privada, el crecimiento económico y la estabilidad de la nación.

Los que tienen más que perder deben ser los que inviertan más energías y recursos en la promoción de la cultura democrática, en el fortalecimiento de las instituciones y en la prevalencia de reglas claras y transparentes que no estén sujetas a los mezquinos intereses de quienes controlan los poderes públicos y prefieren el desorden, que sólo cuando caen en la oposición son partidarios de las normativas.

Precisamente por la precariedad institucional no se le puede pedir al empresariado que haga oposición frontal a los intereses coyunturales de gobierno, pero por lo menos se debe esperar un mayor compromiso con grupos y entidades sociales que promueven la institucionalidad democrática.

Cada vez son más los sectores económicos que entienden que no habrá prosperidad ni estabilidad sin fuertes instituciones democráticas, sin partidos sometidos a normas y principios éticos, a la transparencia y la rendición de cuentas. Son los que han impulsado entidades como la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Centro de Estrategias Económicas Sostenibles o el Movimiento Participación Ciudadana. Pero estas entidades han dependido más del financiamiento de instituciones internacionales que de las nacionales.

El empresariado dominicano debe apostar por la institucionalidad democrática, en la que tendrá que invertir mucho más que hasta ahora. Sobre todo porque en los últimos años las instituciones internacionales han sacado el país de sus objetivos, unos porque creen que hemos progresado mucho, y otros porque se cansaron de invertir sin ver suficientes resultados. Porque el proceso de reformas ha sido muy lento y sufre de reversiones incomprensibles.

 

¿Otro parche a la ley electoral?

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Por lo que se observó el pasado martes, la mayoría de los diputados, integrada por las representaciones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su aliado el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), se propone aprobar al vapor un nuevo parche a la Ley Electoral vigente, mientras han ignorado proyectos tan fundamentales como el de la Ley Orgánica del Sistema Electoral y el de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas.

De lo que se trata es de modificar la ley para que las alianzas electorales de cuatro o más partidos puedan llevar un segundo delegado a los colegios de votación, y desde luego sería una legislación en beneficio propio de los autores, no para mejorar absolutamente el sistema electoral.

El proyecto de parche es del habilidoso diputado Rogelio Genao, quien a la vez ostenta el cargo de secretario general del PRSC, que de inmediato fue apoyado por sus aliados y se proponían aprobarlo de urgencia. El vocero del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Ruddy González, tuvo que advertir que se requiere dos terceras partes de los votos para reformular la Ley Electoral que ahora es orgánica, lo que obligó a remitirlo para el próximo martes, que es el único día de la semana que sesionarán los diputados ahora que están en campaña electoral.

A primera vista, y dado que también el PRD encarnaría una alianza de más de cuatro partidos, parecería que el proyecto no busca una ventaja particular. Pero, como se trata de una ley, consagraría algo que en otra circunstancia devendría en ventajismo antidemocrático. Por ejemplo en futuras elecciones si sólo hay una alianza de esa dimensión. Pero también discrimina una potencial alianza de dos o tres partidos. Por demás, multiplicar los delegados en los colegios electorales abonaría los alegatos y dilaciones que caracterizan el procesamiento en las elecciones dominicanas.

La iniciativa de ley en beneficio propio del proponente se produjo justo cuando Alicia Ortega acababa de denunciar la última hazaña de los diputados en materia de abuso del dinero de los contribuyentes nacionales, consistente en la disposición para cada uno, en diciembre pasado, de bonos, alimentos, bebidas y juguetes por un monto de 926 mil pesos. Así sustrajeron del erario público 162 millones de pesos por cuanto 175 de ellos recibieron los donativos. Sólo Guadalupe Valdez, Hugo Tolentino y Pelegrían Castillo rechazaron esa expropiación.

La política dominicana ha devenido en un pragmatismo tan salvaje que ya nada puede sorprender, por lo que hay que prepararse para ver la aprobación del parche reformista, y no descarten que el “PRD institucional” o inclusive todos los legisladores de ese partido, terminen dándole su visto bueno, en vez de reclamar la aprobación del proyecto de Ley de Partidos que figuró entre los acuerdos derivados del pacto de hace dos años y medio entre el presidente Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado.

No hay que olvidar que ese proyecto fue reintroducido al Congreso en junio del año pasado por la Junta Central Electoral y que había sido sometido siete veces, con más o menos variantes, desde que fue consensuado por primera vez entre partidos y sectores sociales en 1999, para la misma época en que se pactó la ley del defensor del pueblo, que acaba de cumplir once años de promulgada, sin que los diputados hayan tenido tiempo de elegir sus ejecutivos.

Pero lo grotesco es que aprueben un nuevo parche a la Ley Electoral en vez de conocer el proyecto presentado en diciembre por la JCE para adecuar esa legislación al nuevo marco constitucional que rige desde hace más de dos años.

El proyecto elaborado por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos, pretende mejorar la institucionalidad democrática, transparentar las finanzas de los partidos y normar las campañas electorales. Pero eso no interesa a los legisladores.

 

Los desafíos del 2012

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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El año que comienza comporta grandes desafíos para la sociedad dominicana, el primero de los cuales será mejorar la calidad de la democracia con un proceso electoral que culmine en una elección presidencial que deje al país en condiciones de emprender la pregonada estrategia nacional de desarrollo integral y sostenible.

Las fuerzas sociales organizadas deberían comenzar por abandonar el pesimismo y acopiar todas sus energías para presionar al sistema partidista por las reformas políticas pendientes así como para evitar que la campaña electoral conlleve el temido desguañangue de la economía nacional.

Fuertes incertidumbres.  El 2012 ha arrancado con fuertes incertidumbres para la sociedad dominicana, tanto en el orden económico, como en lo político y social, con el agravante de que se respira un pesimismo que inmoviliza y resigna a muchos que se sienten apabullados por un sistema político que cada vez impone más sus propias reglas en detrimento de la institucionalidad democrática.

En los balances de fin de año tanto de economistas como analistas políticos y sociales, lo que predominó fue un acendrado pesimismo sobre las perspectivas económicas de la nación en un escenario internacional cada vez más desfavorable, y el convencimiento general de que es muy difícil impedir el abuso de los recursos del Estado en la intensa campaña electoral que ya agota medio año.

El temor al desguañangue de la economía ha estado presente en los análisis de los economistas y en las expectativas de los dirigentes empresariales, lo que ha sido abonado por el virtual abandono del acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional y el incremento del déficit fiscal en el último cuatrimestre del año recién concluido, que los opositores cuantifican hasta en 61 mil millones de pesos.

El anuncio presidencial de que dispondrá de 40 mil millones de pesos como inversión para garantizar el triunfo de su partido en los comicios del 20 de mayo parece haber operado como un anestésico, pues aunque más allá de sus partidarios nadie lo aprueba, parece cundir el sentimiento de que es un costo inevitable para la débil institucionalidad democrática nacional.

En su artículo del miércoles 4 en HOY, el acreditado economista Bernardo Vega dio por hecho que el 2012 será “un año bipolar”, con desguañangue esquizofrénico en su primera mitad y depresión en la segunda. Hace semanas que otros reputados economistas como Carlos Despradel, Carlos Asilis, Fernando Álvarez Bogaert, Apolinar Veloz y Nelson Suárez vienen expresando temores de que el desbordamiento del gasto gubernamental en la campaña electoral desestabilice la economía nacional.

El difícil tercer período.  También es generalizada la convicción de que la competencia electoral será salvaje en la medida en que las encuestas de más credibilidad sigan señalando las dificultades para un tercer período consecutivo de Gobierno del partido en el poder, dada la cultura política dominicana de que “el poder no se cede”, históricamente predominante sobre los principios democráticos.

Son pocos los partidos latinoamericanos que han logrado ganar tres elecciones consecutivas bajo formalidades democráticas, por la enorme deuda social acumulada y el desgaste de los políticos en el gobierno, especialmente cuando acumulan altos índices de corrupción. Lo logró el Partido de los Trabajadores Brasileños bajo el liderazgo de Lula da Silva, quien concluyó su segundo período con aprobación del 80 por ciento, y el presidente Chávez en Venezuela. El récord lo acumuló el Partido Revolucionario Institucional que gobernó a México durante 72 años, en lo que Mario Vargas Llosa acuñó como “dictadura perfecta”.

El desgaste del gobierno del presidente Leonel Fernández ha reducido su aprobación a la tercera parte del electorado, de acuerdo a encuestas nacionales e internacionales, lo que explica en parte la resurrección política del expresidente Hipólito Mejía, quien  fuera derrotado en su intento reeleccionista de hace 8 años.

El abuso de los recursos del Estado que muchos temen se fundamenta en las experiencias históricas dominicanas, especialmente la del 2008, cuando en busca de su reelección el presidente Fernández emprendió un festival de gastos, repartos y  subsidios que generó un déficit fiscal superior a 50 mil millones de pesos en los primeros cinco meses del año, hasta la votación.

Aunque esta vez no hay reelección de por medio, el mandatario ya ha dado muestras de que tomará como personal la campaña electoral, con el agravante de que esta vez se realizan dos campañas en una, la de mayo próximo y la que el mandatario realiza para quedar en buena posición con miras a un retorno en el 2016.

Una coalición social.  En los ámbitos del liderazgo social dominicano hay quienes postulan la necesidad de restablecer la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad que contribuyó a mantener el proceso democrático cuando el infortunado intento de reelección del presidente Hipólito Mejía en el 2004. Esa concertación integró a más de un centenar de organizaciones de los más diversos sectores sociales, desde las empresariales, sindicales y religiosas hasta las comunitarias, además de las vinculadas a las reformas político-sociales.

Hasta en sectores conservadores gana terreno la idea de orquestar una gran presión social sobre el sistema partidista para contener los desbordamientos de la campaña electoral, especialmente la desestabilización económica con un marco internacional de desaceleración, cuando no recesión.

Nadie cree que el sistema se apreste a aprobar las reformas electorales pendientes, a no ser que la cuestión sea agenda fundamental de la sociedad civil organizada. Al menos para la Ley Orgánica del Régimen electoral se requiere un consenso partidista, ya que implica dos tercios de los votos de los legisladores. Ese  concierto debería comenzar por un acuerdo en torno a la dirección del sistema de cómputos electorales, en lo que está empeñado monseñor Agripino Núñez.

El concierto político social también tendría incidencia en contener el clientelismo y el transfuguismo desenfrenados, como el que ya se configura en la campaña electoral, para culminar en una elección que deje un marco adecuado a un nuevo gobierno que debería emprender reformas fundamentales para garantizar la sostenibilidad económica y social de la nación, como se contempla en el proyecto de Estrategia Nacional de Desarrollo.

Para muchos parece utópico, pero esa concertación sería fundamental para dar un impulso al restablecimiento del imperio de la ley, con mayor transparencia de la gestión pública, para reducir la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. Lo proclamó recientemente un alto empresario: los cambios que requiere el país no pueden dejarse sólo en manos de los políticos o seguiremos maldiciendo la oscuridad con escasez de energía.

Reformas pendientes

Con el nuevo año la campaña electoral adquiere nuevo vigor, sin que el sistema partidista ni el poder legislativo se manifiesten en disposición de abordar la urgente actualización de la legislación electoral a fin de adecuarla al marco constitucional instituido hace casi dos años, mucho menos a aprobar una ley de partidos políticos que lleva más de 12 años en la carpeta de los consensos políticos y sociales.

Ni siquiera los que están en la oposición, a quienes más convendría en lo inmediato la regulación electoral, parecen suficientemente preocupados porque la nación se aboque a una reforma política llamada a mejorar la calidad de la aún adolescente democracia dominicana, señalada entre las menos reglamentadas del continente.

El último proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas fue presentado al Congreso en junio pasado por la Junta Central Electoral (JCE), la que en diciembre sometió también el Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral, en ambos casos, tras múltiples consultas, y el último elaborado por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos, que se cuenta entre las instituciones que en la última década han venido demandando una mayor regulación política.

Aunque con más tiempo en el debate y en manos de los legisladores, el proyecto de ley de partidos no tiene la urgencia de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, ya que éste es indispensable para legitimar y regular la acción de la JCE y de las juntas electorales municipales, tras la separación de las funciones administrativas y normativas de las contenciosas en el sistema electoral, instituida en la Constitución del 2010.

El proyecto elaborado por la OEA contiene las circunscripciones imprescindibles para la elección de los siete diputados en representación de los residentes en el exterior, instituidos en el artículo 81 de la nueva Constitución, además de una amplia regulación de la campaña electoral y su financiamiento, así como para la  transparencia del sistema de partidos que ha venido reclamando la sociedad dominicana.

 

Novedoso proyecto de reforma electoral

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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El proyecto de reformas a la Ley Electoral,  elaborado por la OEA, contiene importantes regulaciones a la extensión y el gasto en las campañas electorales con topes e identificación de donantes, y actualiza las sanciones.

El proyecto de reformas a la Ley Electoral elaborado por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA) contiene numerosas novedades regulatorias de la extensión y el gasto de las campañas electorales y faculta a la Junta Central Electoral (JCE) a cautelar el abuso de los recursos estatales.

El documento está ahora en manos del Pleno de los gerentes electorales que deberían hacerlo propio y tramitarlo a los partidos y al Congreso Nacional con la urgencia que demanda la adecuación de la legislación al nuevo orden constitucional antes de que se inicie formalmente la adelantada campaña electoral.

Una urgente adecuación.  La JCE pidió asistencia técnica a la OEA para elaborar un proyecto de reformas integrales a la vigente Ley Electoral que quedó obsoleta con la Constitución de la República promulgada en enero del 2010, para lo cual a mediados del año vino al país una misión técnica que realizó consultas con los funcionarios electorales y los partidos políticos.

El documento fue entregado en Washington el 26 de septiembre al presidente de la JCE, Roberto Rosario, y al miembro titular del organismo Eddy Olivares, por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Pese a la urgencia de la legislación fue más de mes y medio después que esta semana fue entregado al Pleno de la Junta que deberá hacerlo propio y tramitarlo a los partidos y al Congreso Nacional, donde hace meses duerme el proyecto de Ley de Partidos Políticos.

Este proyecto es un desafío a los legisladores por las novedosas regulaciones que  implica, y dada la escasa voluntad que ha mostrado el sistema político dominicano para establecer límites a las campañas electorales y los abusos de recursos estatales, así como por la actualización de las sanciones a los violadores de las normas.

La urgencia está determinada en primer lugar, por la necesidad de adecuar la Ley Orgánica de la JCE al nuevo orden constitucional que separó en dos organismos autónomos las funciones administrativas y normativas de las contenciosas del sistema electoral. La nueva JCE tiene ahora un solo órgano ejecutivo, el Pleno de sus miembros titulares, por lo que se requiere eliminar de la Ley Electoral la división de cámaras Administrativa y Contenciosa.

El proyecto es integrado por 248 artículos, 68 más que los 180 de la ley actual, incluyendo 4 nuevos que definen los principios generales. El 6 remite las funciones contenciosas al nuevo Tribunal Superior Electoral aún pendiente de ser constituido.

Una reforma integral.  El artículo primero del proyecto indica el objetivo de regular el ejercicio ciudadano de elegir y ser elegido, el procedimiento y desarrollo del proceso electoral y el funcionamiento y competencias de la JCE “como máximo ente responsable de la organización de los comicios”.  Aquí se debería incluir también la gestión del registro civil, la que certeramente es detallada en el texto. El proyecto de la OEA tiene una importante omisión, al no especificar el tiempo que durará la campaña electoral, limitándose a plantear en su artículo 119 que “se entenderá abierto desde el día en que se emita la proclama por parte de la JCE, y concluirá a las 12:00 de la noche del jueves inmediatamente anterior al día de las elecciones”.

La ley vigente establece que la Junta Central Electoral debe proclamar el inicio de la campaña electoral al menos 90 días antes de la votación, aunque los partidos y candidatos la inician hasta más de un año antes.

Se incluyen amplias previsiones para normar al artículo 81 de la nueva Constitución que instituye la elección de siete diputados en representación de la comunidad dominicana en el exterior. Condiciona la postulación a haber residido en la circunscripción correspondiente por lo menos los cinco años anteriores.

Establece tres circunscripciones en el exterior. La primera, que comprende Canadá y Estados Unidos (excluyendo Miami), elegirá 3 diputados (as). La segunda circunscripción corresponde a Miami, Curazao, Panamá, Puerto Rico, San Marteen y Caracas y elegirán 2 diputados(as). La tercera se encuentra en Europa (Madrid, Barcelona, y Amsterdam) y tendrá 2 diputados (as).

Se propone ampliar los límites para la inscripción de candidaturas y registro de alianzas, fusiones o coaliciones. El primero que es de 60 días antes de los comicios, pasaría a 75, y el segundo, que es de 75 días, se llevaría a 90.

Reformas transcendentes.  La limitación de la campaña electoral al período oficial, la prohibición de usar recursos y actos estatales para hacer propaganda política,  la presentación de un presupuesto de gastos al comenzar la campaña, incluido un tope a ser establecido por la JCE, la definición de normas éticas en la competencia electoral, y la actualización del régimen de sanciones son de los aspectos más relevantes del proyecto de la OEA.

El artículo 132 plantea:  No puede difundirse propaganda ni realizarse acto alguno de campaña electoral fuera del período definido por la presente ley, con excepción de lo dispuesto por la Ley de Partidos Políticos con relación a las Precampañas. Exceptúa la divulgación de las actividades de los partidos. Prohíbe la publicidad anónima, indicando que deberá indicar el responsable.

Según los artículos 166-167, los partidos o sus candidatos deberán depositar ante la JCE, en un plazo no menor a 60 días antes de los comicios, un presupuesto general de ingresos y gastos en el proceso electoral, que incluirá la nómina de contribuyentes, fuentes y relación de ingresos. Indica que la JCE, en consulta con los partidos, “definirá el tope de gastos” que no podrá superar el presupuesto más alto presentado por los partidos, y en el mismo se incluirá “todo tipo de aportes, ya sea en calidad de  donación, cesión o préstamo que no implique la erogación de recursos económicos”. Prohíbe la contribución de las personas jurídicas.

La celebración de actos públicos de los organismos estatales “no podrá servir de escenario para la promoción de cualquiera de los candidatos”, incluyendo propaganda o cualquier actividad. Tampoco utilizar en las campañas recursos materiales, equipos o personal pagado por el Estado. Las inauguraciones quedarían prohibidas en los últimos 15 días de campaña. Durante toda la campaña la publicidad estatal no podrá promover directa ni indirectamente la motivación del sufragio a favor de candidatos. Las encuestas no podrán publicarse dentro de los cinco días anteriores a la votación y hasta 3 horas después de la misma.

  Cuestión de ética y equidad

El proyecto de la OEA contiene múltiples regulaciones destinadas a mejorar la competencia electoral, a garantizar la equidad democrática y a defender los principios éticos que deben normar las actividades de partidos y candidatos. Su artículo 123 establece que la campaña electoral “deberá enmarcarse dentro de las más altas normas de ética”  y a continuación explicita cuatro fundamentales.

Se otorga a la JCE la facultad de promover debates de programas y propuestas y de adoptar  medidas cautelares para hacer cumplir la normativa, incluso para “hacer cesar el uso indebido de los recursos y medios públicos y aquellos que puedan  ser considerados ilícitos” y actualiza el régimen de sanciones de una lista específica de “delitos electorales” ahora medidas en base a salarios mínimos que pueden llegar a 200. Y los “delitos electorales” conllevarían hasta dos años de reclusión, además de multas.

El documento elaborado por especialistas de la OEA tiende a una actualización integral de la legislación electoral dominicana, a tono con las tendencias en la materia en diversos países latinoamericanos. Hace tiempo que los analistas internacionales colocan a la República Dominicana entre los países con mayor atraso en las regulaciones de las campañas electorales, del financiamiento y el gasto de los partidos y candidatos.

La lentitud con que el presidente de la JCE ha manejado el proyecto de la OEA, dejando pasar ya casi dos meses, puede ser indicativo de las dificultades de que el mismo pueda aprobarse siquiera antes de que se inicie formalmente la campaña electoral, lo que dependerá de la voluntad que muestren los partidos por normativas que promueven la transparencia, la equidad y la democracia electoral.

Ninguno de los partidos mayoritarios ha mostrado disposición a las reformas que plantea el documento elaborado por la OEA. No respaldaron el proyecto presentado en el 2007, con más anticipación a la siguiente elección, para reglamentar la campaña electoral, que fue una valiente iniciativa de la entonces Cámara Administrativa, cuando era presidida por el doctor Rosario e incluía a otros dos de los cinco actuales titulares de la JCE.

Sin embargo, esta vez el proyecto tiene una ventaja, y es la urgencia institucional de adecuar la JCE al nuevo orden constitucional para ratificar plenamente su legitimidad antes de que se ejecute el proceso electoral en marcha.

 

Un país en retroceso

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Importantes reformas democráticas han sido aniquiladas. Primero  se  puso fin a la separación de las elecciones, lo que augura el fortalecimiento del clientelismo y el arrastre. Luego sobrevino la repentina e inconsulta resolución de la JCE que elimina el  voto preferencial y reduce el poder de los votantes.

La repentina e inconsulta resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que elimina el voto preferencial en la elección de los diputados se inscribe en un proceso de revocación de las reformas democráticas que se dio la sociedad dominicana en las últimas dos décadas.

La decisión contradice el artículo 79 de la Ley Electoral, que en 1997 instituyó las circunscripciones electorales fruto de consensos entre el sistema partidista y organizaciones sociales con el objetivo de fortalecer el sistema de representación al otorgar al ciudadano la facultad de escoger a sus representantes.

Golpe sorpresivo.  A diferencia de cuando fue instituido el voto preferencial con una resolución del 2001, esta vez la JCE no realizó ninguna consulta ni vista pública previa. Fue la primera decisión adoptada por los cinco recién designados  integrantes  del organismo rector del sistema electoral que por efecto de la nueva Constitución de la República ya no tiene funciones contenciosas.

 Es obvio que los funcionarios electorales contaban con el beneplácito de las cúpulas dirigenciales de los partidos, pero parecieron asumir que la revocación no contaría con las simpatías de las instituciones sociales que defienden los derechos de la ciudadanía, en este caso a elegir sus representantes en el Congreso Nacional. No dieron oportunidad ni tiempo a que se formularan objeciones.

Hace varios años que diversos dirigentes políticos venían  reclamando la eliminación del voto preferencial aduciendo que el mismo lesionaba la unidad de los partidos porque sus candidatos competían entre sí por obtener el voto ciudadano. Adoptada la decisión, los  dos partidos mayoritarios expresaron su satisfacción a través de sus delegados políticos ante la JCE.

Los integrantes de la JCE anunciaron su resolución poco después de adoptarla en una reunión efectuada el viernes 29 de octubre, aduciendo que “el voto preferencial “afecta la democracia interna y pone en riesgo el sistema de partidos políticos”, sin la menor consideración por el derecho ciudadano a elegir. Dijeron que si algún sector político o legisladores estaban interesados en mantener el sistema podían introducir un proyecto de ley. A la ciudadanía no le reservaron ningún recurso para reivindicar  un derecho que estuvo vigente en las tres últimas elecciones legislativas.

Logro democrático.  El voto preferencial por los diputados quedó establecido en el 2001, aunque fue una consecuencia de la reforma a la Ley Electoral de 1997, que instituyó las circunscripciones buscando “acercar los electores a sus representantes”. Pero como la JCE adujo que no había tiempo para implementarlo en los comicios de 1998, se dispuso que entraría en vigor a partir de 2002.

 Fue parte de una oleada democrática que se inició en 1993 con la concertación de la Fundación Siglo 21, auspiciada por el Proyecto Iniciativas Democráticas con participación de todos los partidos reconocidos y consultas a la sociedad civil, y que un año después culminó en un consenso para reformas políticas e  institucionales.

Como consecuencia de la crisis política en que devinieron las elecciones de 1994 se produjo una reforma constitucional que prohibió la reelección presidencial, separó las elecciones  congresionales y municipales de las presidenciales e instituyó la  mayoría absoluta en la elección presidencial, la doble nacionalidad, el voto de los residentes en el exterior y el Consejo Nacional de la Magistratura.

En los escenarios de la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado, luego rebautizada como Consejo Nacional para la Reforma del Estado, incluyendo el diálogo nacional celebrado en 1997-98, se insistió en ampliar el derecho ciudadano a elegir a sus representantes al Congreso Nacional.

La reforma de 1997 estableció en el artículo 79 de la Ley Electoral que “Las elecciones nacionales para elegir diputados y regidores se harán mediante circunscripciones electorales con el objeto de garantizar que los ciudadanos que  resulten electos en las elecciones generales del 2002 y subsiguientes, sean una verdadera representación del sector de los habitantes que los eligen”.

Aunque en principio se dijo que también habría voto preferencial para la elección de los regidores, la JCE nunca lo implementó. Los partidos que lo aceptaron con renuencia en el caso de los diputados primero sostuvieron que “el pueblo no sabría utilizar la preferencia. Después comenzaron a descubrir que la competencia interna por las postulaciones creaba tensiones.

El poder a las cúpulas
Al protestar la eliminación del voto preferencial esta semana, el movimiento cívico Participación Ciudadana, que fue de sus promotores, adujo que esa decisión “violenta el espíritu del artículo 79 de la Ley Electoral” y reduce la participación democrática de la ciudadanía. Durante años esa organización  y otros sectores de la sociedad civil han reclamado que el derecho al voto se amplíe para permitir que los electores no solo tuvieran opción a elegir su diputado preferido, sino también para eliminar el arrastre del senador, separándolo de los diputados.

La eliminación del voto preferencial por los diputados devuelve a las cúpulas dirigenciales de los partidos el poder de determinar quiénes pueden salir diputados en sus respectivas boletas, por el orden en que son inscritos, lo que es una fuente de privilegios y fomento del clientelismo que hasta el 2002 generaba conflictos.

De esa forma los que encabezan las listas en las circunscripciones pueden darse por electos desde que son inscritos en la JCE mientras los relegados a los últimos puestos “quedan de adorno”.

La reapertura de esa fuente de poder de las cúpulas dirigenciales atenta contra el derecho de la ciudadanía a elegir, y de los candidatos a recibir un trato igualitario, pues su suerte queda en manos de quienes establecen el orden de las propuestas de candidaturas.

No hay dudas de que la competencia se desbordó entre candidatos a diputados de los mismos partidos y que los que disponen de mayores recursos tendían a imponerse. Pero eso se controla en las democracias avanzadas limitando la inversión de cada candidato y la extensión de las campañas. Hay países donde sólo se les permite la promoción directa entre sus  electores, vetando la propaganda a través de los medios de comunicación masiva, como prensa, radio y televisión, para impedir la imposición del dinero, bien o mal habido.

Una cadena de retrocesos

La eliminación del voto preferencial por los diputados se inscribe en un proceso de revocación de los avances democráticos que se habían registrado en el país en las  últimas dos décadas, que ha incluido la reunificación en un mismo año de las elecciones presidenciales, congresionales y municipales dispuesta en la nueva Constitución a partir del 2016.

Ambas regresiones están llamadas a reflejarse en fortalecimiento del clientelismo y del arrastre por parte de los candidatos presidenciales y, por consiguiente, en reducción de la pluralidad del Congreso,  en subordinación de los legisladores ante el Poder Ejecutivo y en incremento del presidencialismo.

En el proceso de reducción de la democracia se inscribe el hecho de que la mayoría de los candidatos al Congreso y los municipios en las elecciones de mayo pasado fueron señalados por las cúpulas partidarias, en detrimento del derecho de los militantes a elegir y ser elegidos, ya fuere por convenciones locales, o mediante la votación primaria que había ganado terreno en los últimos torneos electorales.

Si a ello se une la reciente decisión del Comité Central del partido de Gobierno de auto prorrogarse, ¡y por 5 años!, el mandato que recibieron de sus militantes, parece haber razones para sostener que está en marcha una regresión democrática.

Por lo pronto la última resolución de la JCE reduce la competitividad democrática y el derecho a disentir de las cúpulas partidarias que inscriben las candidaturas. Tras el registro de las candidaturas para los comicios de mayo pasado hubo decenas de denuncias de alteraciones de derechos obtenidos en los casos en que hubo convenciones o votación de las bases. Y la Cámara Contenciosa de la JCE tuvo que disponer numerosas enmiendas para hacer respetar la democracia interna de los partidos, lo que terminó de colmar la paciencia de las cúpulas dirigenciales y selló la suerte que acaba de correr el voto preferencial. Muerto el perro se acabó la rabia.