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Alta temperatura en la lucha Danilo/Leonel por el PLD

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
11_01_2015 HOY_DOMINGO_110115_ El País13 A

Aunque el horno peledeísta tiende a calentarse con una soterrada lucha entre quienes promueven la reelección de Danilo Medina y los que auspician la candidatura de Leonel Fernández, un cierto “empate técnico” y el temor a romper el consenso grupal los conduce a un pacto de alternabilidad. Los danilistas confían en que el incremento del rechazo al retorno de Fernández al poder y su mejor correlación de fuerzas en el CP permitan abrir espacio a la reforma constitucional para viabilizar la reelección, con la desventaja de que Medina no se decide a una lucha frontal para detener la repostulación del expresidente.

En el amagar y no dar. La lucha por el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la candidatura presidencial para el año próximo se incrementa soterradamente entre el presidente Danilo Medina y su antecesor Leonel Fernández, pero ambos parecen mantener una posición de amagar y no dar, conscientes de la importancia de la unidad para preservar el poder que han acumulado en las dos últimas décadas y especialmente en las últimas cinco elecciones con tres gobiernos consecutivos.

Aunque sectores de oposición esperan que la lucha entre los peledeístas se desmadre como ha ocurrido tradicionalmente en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), una de las prendas con que el profesor Juan Bosch adornó su último partido es un sentimiento grupal que le dificulta romper el consenso, y ese es uno de los legados al que no han renunciado pese al abandono de los principios fundamentales del boschismo.

Hay hostilidades entre danilistas y leonelistas, pero siguen cuidándose las formas y el presidente Medina sigue sin dar señales de que aspirará a una nueva postulación, consciente de las dificultades de reformar la constitución, lo que es imposible sin un acuerdo con Fernández, quien a su vez impulsa el lanzamiento oficial de su precandidatura, aunque hay quienes creen que esperaría una no objeción del mandatario.

En su último discurso, en un almuerzo con dirigentes peledeístas de la región sur, celebrado en Baní el 21 de diciembre pasado, Leonel proclamó que “el gran desafío del PLD es preservar la unidad para seguir obteniendo triunfos electorales”. Con los niveles de rechazo que le registran las encuestas para él sería un suicidio una ruptura con el poder que representa Medina y lo mismo para éste culminar su período de gobierno sin una fractura en el partido.

Ofensiva reeleccionista. Pero con o sin respaldo del presidente Medina, entre sus seguidores crece la expectativa de abrir campo a la reforma constitucional, convenciendo a la mayoría de los dirigentes peledeístas de los riesgos de perder el poder si desaprovechan los niveles de apoyo que sigue teniendo Danilo, con hasta 70 por ciento de la población favoreciendo su repostulación en las encuestas, para irse con una candidatura de Leonel, quien afronta un alto nivel de rechazo, también en las encuestas, aunque sigue siendo un fuerte contendiente.

Se dice que cada vez son más los dirigentes que se inclinan por el “camino seguro”, incluyendo una mayoría del CP que es donde tendría que decidirse si se auspicia una nueva reforma constitucional. De sus actuales 35 miembros, los danilistas contarían con el “voto duró de una veintena”, y en cambio los leonelistas no pasarían de la decena, mientras los demás oscilarían. “Pero todos quieren seguir en el poder”.

En este sector la estrategia busca ganar tiempo para ver si Danilo se decide, impulsado por el incremento de las “dificultades de Leonel”, incluyendo la posibilidad de que le caiga un rayo procedente del exterior, con otros escándalos internacionales como el de los aviones Tucanos destapado en septiembre por el periódico Wall Street Journal. Se cita una investigación sobre venta de tecnologías para el metro, investigaciones sobre tráfico de drogas, derivaciones del caso Quirino en manos de autoridades norteamericanas y suspensión de visas a allegados del expresidente. Esperan también mayores consecuencias de los pesados expedientes contra las “alcancías de Leonel”, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, aún reconociendo que la agradecida Suprema Corte de Justicia dictará no ha lugar para procesamiento.

Los más decididos. Entre los más abiertos promotores de la repostulación figuran el director del Indotel, Gedeón Santos, quien ha formado equipo y oficina, y los miembros de la CP Felucho Jiménez y Ramón Ventura Camejo. Este ha pedido públicamente la convocatoria de ese organismo para que se discuta la reforma constitucional. También la han favorecido ministros como el Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; el de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y el asesor presidencial, no peledeísta. Tony Isa Conde.

Se afirma que “la Otán”, como se denomina al grupo más tradicional del PLD, encabezado por Euclides Gutiérrez, Monchy Fadul y Francisco Javier, se inclinaría por Danilo, si éste da una señal. Se cuenta con que si se decide en el CP los legisladores tendrían que acatarlo, pero ahí comienzan los riesgos de fractura, porque Leonel cuenta con apoyo de la mitad de los senadores y de los diputados. Y leonelistas creen que, según el artículo 19 de sus estatutos, el CP es sólo el “órgano ejecutivo del Comité Central”, por lo que una decisión de esa naturaleza tendría que decidirse en el organismo superior.

Aún consiguiendo la unanimidad de votos de los peledeístas y sus aliados, habría que buscar unos 7 en los dos sectores en que se ha dividido el perredeísmo, lo que no parece imposible, por votación o ausentismo. En la elección del 2010 ellos acumularon 102 diputados, de los que han perdido a Minou Tavárez Mirabal y Guadalupe Valdez, y 31 senadores, por lo que ahora totalizan 131 votos, que suben a 141 si logran los diputados y el senador del Partido Reformista. La asamblea para una reforma constitucional la integran 190 diputados y 32 senadores, totalizando 222 votos. Dos terceras partes son 148, en el caso de que asistan todos.

Pacto de alternabilidad. Hay quienes creen que la vocación de poder del peledeísmo terminará imponiendo un pacto de alternabilidad entre Danilo y Leonel, partiendo de que ningún partido amenaza su predominio, como camino más seguro para mantener la unidad y para que el actual mandatario pueda concluir su período sin mayores confrontaciones internas y sin tener que apelar a modificar la Constitución que ellos mismos aprobaron en el 2010.

Se ve al presidente Medina empeñado en mantener su alta aprobación, con temor a los conflictos, pretendiendo ganar el partido con canastos de tres, sin arruga, y sin dar codazos bajo el aro para coger los rebotes y rematar. Por eso los leonelistas se plantean salir adelante oficializando la precandidatura de su líder, quien no es ningún improvisado y tiene la gratitud de gran proporción de su partido por el poder y la prosperidad acumulada.

Con Leonel Fernández proclamado precandidato y en campaña, las maniobras en su contra serán más difíciles y los temores a la división forzarían el pacto de alternabilidad, en el que Danilo recibiría una gran cuota de legisladores que le obligue a apoyar sin reservas la campaña del partido y le garantice la vuelta al poder en el 2020, por la popularidad en que terminaría. Desde luego, contando con la dispersión de la oposición y salvo errores u omisiones. Al fin de cuenta Fernández ha planteado que reinarán hasta el 2044.

La decisión de Leonel

Nadie duda que Leonel tiene una firme decisión de buscar la candidatura presidencial, aunque mantiene suficiente racionalidad para advertir sus dificultades. Pero él cuenta con que la oposición no amenaza al PLD para deshacer el argumento de que tienen que irse con Medina por ser el más seguro en la coyuntura. Le favorece la lucha interna que comienza en el nuevo Partido Revolucionario Moderno, entre Hipólito Mejía y Luis Abinader, por la candidatura presidencial. Plantean que ganaría Hipólito, al que ven como presa más fácil por sus presuntas debilidades y las capacidades de Fernández.

Los leonelistas no parecen resignados a dejarse vencer por los danilistas, razón por la cual adelantan gestiones y amarres, ayudados por la indecisión del mandatario y por la convicción general de no lanzarse contra alguien que puede volver a ser candidato presidencial y presidente de la nación. Esto incluye a peledeístas y sectores externos, aún de los que temen lo que significaría un Leonel reivindicado por los votos después del desastre fiscal en que dejó el país y los destapes de la gran corrupción y dispendio de su gobierno.

Expresión de que los leonelistas no están durmiendo podría ser la manipulación que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, de las observaciones presidenciales al Código Penal, que modificó e hizo aprobar al vapor, enviándola directamente al Presidente, quien promulgó una ley cuya modificación no pasó por el Senado. Se consultó previamente al mandatario, pero fue una iniciativa que le impusieron en desconocimiento de sus planteamientos sobre el aborto terapéutico y por violación.

En círculos políticos se preguntaban esta semana si la inasistencia de la vicepresidenta Margarita Cedeño al acto protocolar de saludos de año nuevo, pretextando “compromisos familiares”, no sería un mensaje de su esposo Leonel Fernández, de que hay que tomarlos en cuenta para que no se ponga difícil la jugada.

 

Una chapucería legislativa de los diputados y el PLD

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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No hay explicación racional para que no pasara por el Senado, como dispone la Constitución y la práctica tradicional, la aprobación de las observaciones presidenciales que procuran establecer excepciones en la penalización del aborto, dejando esa legislación en riesgo de ser declarada inconstitucional.

Tal como han sostenido expertos constitucionalistas, diversas organizaciones y algunos legisladores, la Cámara de Diputados violó preceptos constitucionales y reglamentarios para despachar atropelladamente el Código Penal reformado con una chapucería legislativa, a sabiendas de que poderosos sectores objetarán la ley.

Atropello legislativo. Como por arte de magia, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, se sacó de la manga un proyecto de modificación a las observaciones presidenciales y lo hizo aprobar atropelladamente para luego enviarlo al Poder Ejecutivo, desconociendo la facultad del Senado, y para colmo el presidente Danilo Medina lo promulgó horas después.

No se ha entendido el objeto de tanta prisa y poca ponderación, sobre todo ante una legislación tan polémica que de antemano algunos sectores ya habían amenazado con procurar su anulación ante el Tribunal Constitucional.

El debate hubiese permitido una mayor votación porque la confusión y el procedimiento fue rechazado hasta por legisladoras tan partidarias de la despenalización parcial del aborto, como Guadalupe Valdez y Minou Tavárez Mirabal, que no aprobaron el proyecto.

Tal como señaló la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), el presidente de la Cámara incurrió en varias violaciones a su reglamento interno: pasó por encima de la Comisión de Justicia, a la que se había encomendado el estudio de las observaciones presidenciales, no permitió el debate de su propuesta, ignoró la disposición que le manda dejar la conducción de la sesión en manos de la vicepresidencia cuando se conozca un proyecto propio, y ante las objeciones no consultó al plenario.

Se adiciona el hecho de que Martínez ignoró por completo el proyecto que en la sesión anterior había sometido la diputada Guadalupe Valdez para convertir en ley las observaciones presidenciales al Código Penal, violentando su derecho como legisladora. Lo mismo que ocurrió con otros que pretendían se les permitiera referirse al asunto.

Una acogida parcial. En realidad, lo aprobado el martes 16 por los diputados fue sólo una parte de las observaciones del Poder Ejecutivo. Lo que se sometió a votación no fueron las observaciones formuladas, sino un proyecto que las modifica, acogiéndolas parcialmente. Abel Martínez obvió la obligación de someter a votación separada si se acogían las observaciones y en cambio presentó y sometió a votación su propio proyecto, sobre el que algunos votaron no, pese a que eran partidarios de acoger las observaciones.

Es clarísimo que el Presidente pidió exceptuar de sanciones penales el aborto en tres circunstancias: cuando peligra la vida de la madre, en caso de violación o incesto y cuando el feto en formación tiene “malformaciones incompatibles con la vida”. Sólo se aprobó la primera. Las otras dos excepciones fueron remitidas a una “ley especial”, sin siquiera plazo para ser presentada o aprobada, lo que modifica las observaciones presidenciales.

Martínez no reveló el origen de su proyecto, ni si lo había consensuado con su partido o con el Poder Ejecutivo, pero en fuentes políticas se sostiene que fue fruto de acuerdo para superar la división de los dos sectores que se disputan el predominio en el Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo a altos funcionarios del gobierno. Lo aprobado reenvía el debate probablemente a “las calendas griegas”, como planteó la Alianza por la Democracia, que sostiene que en este caso pasó igual que con la ley 169-14 “donde los acuerdos de aposento y el temor primaron sobre el interés de la nación y lo verdaderamente justo”. En este caso la ley ha sido vulnerada ya que seis meses después a la gran mayoría de los desnacionalizados no se les han devuelto sus documentos.

De dos tercios a la mitad. En la misma aprobación de la Cámara Baja hubo una irregularidad que puede ser objeto de inconstitucionalidad. Ha habido divergencias en cuanto a si el Código Penal puede ser considerado una ley orgánica. Pero el hecho incontrovertible es que para la aprobación del proyecto que luego observó el Presidente, se estableció los dos tercios.

El artículo 112 de la Constitución establece que “Las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales”… Y precisa que para su aprobación o modificación requerirán del voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras”. Se considera que el derecho a la vida de la madre o del feto, es fundamental.

Copias del “Protocolo de Votación” de las sesiones del 1 de abril y el 18 de noviembre, en las que se aprobó el código indican arriba “Tipo de mayoría” 2/3 Presentes”, mientras la del martes 16 de diciembre indica “1/2 presentes+”. Eso significa que una mayoría simple modificó cuatro artículos de un código para el cual se había requerido dos terceras partes. En la sesión de abril 126 votaron a favor, 7 se abstuvieron y ninguno en contra. La de noviembre 132 a favor, 3 en contra y 11 abstenciones. En la de diciembre 93 aprobaron, 66 en contra y 12 no votaron. Como se puede observar en las dos primeras sesiones la aprobación superó el 90 por ciento y en la última el 58 por ciento.

Se volaron el Senado. También ha habido divergencias en cuanto a si la modificación al código penal introducida por la Cámara de Diputados tenía que pasar por el Senado. El primero en considerar que era innecesario fue el presidente de la Cámara, lo que aceptó el Ejecutivo.

La única forma en que se podría prescindir del Senado, es si los diputados hubiesen rechazado las observaciones presidenciales, porque en ese caso estaban ratificando lo ya aprobado por los senadores y porque la desestimación de cualquiera de las dos cámaras liquida las sugerencias presidenciales. Es lo que ha predominado en la práctica legislativa.

Pero aún si los diputados hubiesen acogido las tres propuestas presidenciales de excepciones a la penalización del aborto, tenían que remitirlas al Senado para que lo hiciera también. Con más razón cuando a su vez se modificaron las observaciones. En pocas palabras: se ha convertido en ley un texto sólo de los diputados, diferente al aprobado por los senadores, que trata de exceptuar la penalización del aborto si es para salvar la vida de la madre, y que dispone una ley especial para las otras dos causales.

El experto constitucionalista Cristóbal Rodríguez lo fundamenta: “la observación presidencial, si es acogida, tiene como consecuencia la incorporación de nuevos contenidos a la ley. Nuevos contenidos que, por serlo, no han sido conocidos ni sancionados por la otra cámara. En un sistema bicameral no puede haber ninguna disposición legal que no haya sido debidamente sancionada por las dos cámaras. Está en la índole del bicameralismo que el contenido de la legislación a la que los ciudadanos y los órganos del poder público deben obediencia sea el resultado de un proceso de deliberación que debe producirse en ambos hemiciclos respecto de su contenido total”.

Rodríguez cita los artículos 76 y 93 de la Constitución que establecen que el Poder Legislativo se ejerce por dos cámaras, y que corresponde al Congreso Nacional (ambas cámaras) “Conocer de las observaciones que el Poder Ejecutivo haga a las leyes”.

 

Que nos perdonen la vida

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Los gritos necrófilos que se han escuchado en el país en los últimos días traen a la memoria uno de los discursos más impresionantes y valientes de la historia, el pronunciado por el ilustre rector de la Universidad de Salamanca, don Miguel de Unamuno, ante el general Millán de Astray, la esposa de Francisco Franco y sus legionarios, cuando apenas comenzaba el baño de sangre española que conmovió el mundo a partir de 1939.

El historiador británico Hugh Thomas recoge el incidente y el discurso en su excelente Historia de la Guerra Civil Española, una de las mejores crónicas interpretativas de ese capítulo de la historia contemporánea.

Los gritos de viva la muerte y muerte a los intelectuales que caracterizaban la legión franquista retumbaron en el acto solemne con que Salamanca conmemoraba el llamado Día de la Raza, el 12 de octubre. El ejército nacionalista rebelado contra la República ya había ocupado parte del territorio y tenía su cuartel general allí en Salamanca. Nadie podía esperar lo que ocurrió a continuación.

Unamuno se paró lívido y ocupó el podio para rechazar firmemente aquella profanación del templo de la inteligencia que para él era la universidad. Y mirando de frente al agitado Astray le recordó que él era un mutilado de la guerra, había perdido un ojo, pero que no debería esperarse que convirtieran el país en un campo de mutilados. Ante el atrevimiento, poco faltó para que el rector fuera descuartizado allí mismo y cuentan que lo impidió Carmen Polo de Franco.

El intelectual vasco pronunció palabras que quedaron esculpidas para siempre. “venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha”.

Aquello ocurrió en medio de una guerra de enorme dimensión, cuando la fuerza y la brutalidad campeaban en todos los sectores y el ultranacionalismo preparaba en Europa el más grande derrame de sangre de la historia. No creo que aquí estemos ni remotamente cerca de una situación parecida. Razón suficiente para que nos resulte más grotesco e inaceptable que intelectuales y personas que acceden a medios de comunicación utilicen el altar de la patria para pedir muerte a quienes ellos consideran traidores a su concepción de patria.

Con el agravante de que una de las oradoras identificó con nombres y apellidos a esos traidores, y un pasquín distribuido allí traía las fotografías de varios de ellos. Me otorgaron la distinción de encabezar el “Álbum de la Traición”, como “jefe mediático de la trama contra la patria”. Y me sentí bien acompañado en esas páginas del horror, con las fotos de abogados como Cristóbal Rodríguez y Guillermo Moreno, del sociólogo y economista Javier Cabreja, de la diputada Guadalupe Valdez y de colegas de la categoría de Fausto Rosario y Ramón Colombo. El ilustre director de HOY, Bienvenido Álvarez Vega, fue incluido por el verbo incendiario de una de las supremas sacerdotisas de la secta convocante.

La ocurrencia es más grave porque ha sido silenciada por la gran mayoría de los medios que han perdido la capacidad para rechazar semejante profanación del Altar de la Patria, expresión del odio y del fanatismo de quienes carecen de razón y derecho en la lucha de la ideas.

No pretendo compararme con el rector de Salamanca, pero no puedo aceptar en silencio ese último recurso de grupos que hace tiempo descalifican y quieren silenciar a quienes defienden públicamente principios fundamentales de la convivencia social sin pretender excluir ni aplastar ni uniformar.

La razón por la que se produce esta última ofensiva es el rechazo casi universal, a la sentencia del Tribunal Constitucional que dispone la desnacionalización de miles de personas. Por eso las dos juezas que tuvieron el valor de disentir de la sentencia, las doctoras Katia Miguelina Jiménez e Isabel Bonilla, fueron incluidas en la lista de los traidores merecedores de la muerte.

Cosas preocupantes están ocurriendo cuando el presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, tiene que salir él solo a “precisar” una sentencia colectiva para concluir con esta cita de Juan Pablo Duarte totalmente fuera de contexto y de razonamiento jurídico: “Los enemigos de la Patria, por consiguiente nuestros, están todos muy acordes en estas ideas: destruir la nacionalidad aunque para ello sea preciso aniquilar a la nación entera”.

Espero que mi viejo amigo Ray Guevara tenga piedad y pida públicamente que nos perdonen la vida.

¿Otro parche a la ley electoral?

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Por lo que se observó el pasado martes, la mayoría de los diputados, integrada por las representaciones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su aliado el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), se propone aprobar al vapor un nuevo parche a la Ley Electoral vigente, mientras han ignorado proyectos tan fundamentales como el de la Ley Orgánica del Sistema Electoral y el de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas.

De lo que se trata es de modificar la ley para que las alianzas electorales de cuatro o más partidos puedan llevar un segundo delegado a los colegios de votación, y desde luego sería una legislación en beneficio propio de los autores, no para mejorar absolutamente el sistema electoral.

El proyecto de parche es del habilidoso diputado Rogelio Genao, quien a la vez ostenta el cargo de secretario general del PRSC, que de inmediato fue apoyado por sus aliados y se proponían aprobarlo de urgencia. El vocero del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Ruddy González, tuvo que advertir que se requiere dos terceras partes de los votos para reformular la Ley Electoral que ahora es orgánica, lo que obligó a remitirlo para el próximo martes, que es el único día de la semana que sesionarán los diputados ahora que están en campaña electoral.

A primera vista, y dado que también el PRD encarnaría una alianza de más de cuatro partidos, parecería que el proyecto no busca una ventaja particular. Pero, como se trata de una ley, consagraría algo que en otra circunstancia devendría en ventajismo antidemocrático. Por ejemplo en futuras elecciones si sólo hay una alianza de esa dimensión. Pero también discrimina una potencial alianza de dos o tres partidos. Por demás, multiplicar los delegados en los colegios electorales abonaría los alegatos y dilaciones que caracterizan el procesamiento en las elecciones dominicanas.

La iniciativa de ley en beneficio propio del proponente se produjo justo cuando Alicia Ortega acababa de denunciar la última hazaña de los diputados en materia de abuso del dinero de los contribuyentes nacionales, consistente en la disposición para cada uno, en diciembre pasado, de bonos, alimentos, bebidas y juguetes por un monto de 926 mil pesos. Así sustrajeron del erario público 162 millones de pesos por cuanto 175 de ellos recibieron los donativos. Sólo Guadalupe Valdez, Hugo Tolentino y Pelegrían Castillo rechazaron esa expropiación.

La política dominicana ha devenido en un pragmatismo tan salvaje que ya nada puede sorprender, por lo que hay que prepararse para ver la aprobación del parche reformista, y no descarten que el “PRD institucional” o inclusive todos los legisladores de ese partido, terminen dándole su visto bueno, en vez de reclamar la aprobación del proyecto de Ley de Partidos que figuró entre los acuerdos derivados del pacto de hace dos años y medio entre el presidente Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado.

No hay que olvidar que ese proyecto fue reintroducido al Congreso en junio del año pasado por la Junta Central Electoral y que había sido sometido siete veces, con más o menos variantes, desde que fue consensuado por primera vez entre partidos y sectores sociales en 1999, para la misma época en que se pactó la ley del defensor del pueblo, que acaba de cumplir once años de promulgada, sin que los diputados hayan tenido tiempo de elegir sus ejecutivos.

Pero lo grotesco es que aprueben un nuevo parche a la Ley Electoral en vez de conocer el proyecto presentado en diciembre por la JCE para adecuar esa legislación al nuevo marco constitucional que rige desde hace más de dos años.

El proyecto elaborado por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos, pretende mejorar la institucionalidad democrática, transparentar las finanzas de los partidos y normar las campañas electorales. Pero eso no interesa a los legisladores.

 

El costo institucional del presupuesto 2011

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La celeridad con que fue aprobado el proyecto de Ley de Presupuesto 2012 hace pensar  en la intención de reducir  los efectos de los reclamos de la sociedad civil que activamente ha demandado más recursos para la educación.

Notable insatisfacción han expresado además los ayuntamientos y el Poder Judicial a los que   legalmente  les corresponderían  mayores recursos.

Con una celeridad que sólo tiene explicación en  el interés de reducir los efectos de los reclamos de la sociedad civil organizada, la mayoría peledeísta del Congreso Nacional aprobó en tiempo récord la Ley de Presupuesto General del Estado para el último año del mandato del presidente Leonel Fernández.

La aprobación del Presupuesto conlleva un costo institucional significativo, al haber desconocido mandatos constitucionales y varias leyes que destinan partidas no sólo para la educación, sino también para el Poder Judicial y los municipios, en beneficio del Poder Ejecutivo que precisa mantener una alta inversión política.

Atropellante celeridad.  Por la forma en que fue aprobada la Ley de Presupuesto General del Estado  para el año 2012 pareciera que sobra la letra “g” del numeral 2 del artículo 128 de la Constitución promulgada por el presidente Fernández, el cual dispone que el proyecto debe ser sometido al Congreso Nacional a más tardar el primero de octubre de cada año.

El Gobierno cumplió rigurosamente ese mandato al introducir el proyecto el 30 de septiembre, pero sus legisladores la aprobaron en el tiempo récord de 20 días. Nunca en su historia la nación había tenido una Ley de Presupuesto dos meses y once días antes de comenzar un año.

El límite de tres meses de anticipación al comienzo del año para entregar el proyecto de Presupuesto al Congreso quedó consagrado en la Ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público 423-06 promulgada hace cinco años por el mismo presidente Fernández, obedeciendo a un viejo clamor nacional que rechazaba la práctica de enviar el proyecto en el mes de diciembre, lo que imposibilitaba que el Legislativo pudiera cumplir a conciencia su responsabilidad. En la generalidad de las democracias el plazo es igual o  mayor. Por ejemplo en Chile es también de tres meses, pero en Perú, Ecuador y Costa Rica es de cuatro  y en Uruguay de seis meses.

En el 2010, como en años anteriores, el Congreso atendió parcialmente reclamos de sectores estatales y de la sociedad civil tras ponderaciones en comisiones bicamerales, pero ahora sorprendió la celeridad y el Senado despachó el proyecto  en  dos sesiones  consecutivas, tras declararla de urgencia, gracias a que el partido de Gobierno domina 31 de sus 32 curules.

En la Cámara de Diputados, sin las dos terceras partes necesarias para la declaración de urgencia, hubo que guardar la apariencia de la comisión de estudio y tomarse diez días para sancionarla en una sesión que duró apenas 15 minutos.

Les bajaron línea.  Los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dieron la impresión de haber recibido la consigna de despachar el Presupuesto con la mayor celeridad posible para evitar que los reclamos de la sociedad civil en torno al 5 por ciento del producto bruto para educación constituyeran un mayor escándalo, a los que se habían sumado los de los municipios, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Poder Judicial.

Una fuente vinculada al Gobierno aseguró que la línea de acción partió de una ponderación de la Dirección de Información y Análisis Estratégico de la Presidencia de la República (DIAPE), que ha estado muy activa en las últimas semanas cuando recomendó una política de provocaciones al candidato presidencial opositor Hipólito Mejía, a través de preguntas de periodistas progubernamentales. Otro documento de la unidad gubernamental  identificaba como enemigos del Gobierno y apandillados a un grupo de periodistas reconocidos por su criticidad.

Un estratega de la candidatura peledeísta de Danilo Medina reconoció que la forma en que se aprobó el Presupuesto conlleva costo político, pero pareció resignado al considerar que hubiese sido peor si dejaban que los clamores por mejor distribución del gasto en el 2012 se extendieran por dos o tres meses y cobraran mayores dimensiones.

Se descartaba la posibilidad de una modificación que dejara satisfecho el reclamo del 4 por ciento para la educación.

De ahí que ni siquiera los más firmes seguidores de Medina en el Congreso intentaran contener la celeridad. El calificado senador Wilton Guerrero alegó que levantó la mano aprobatoria sin darse cuenta que ya se estaba votando el Presupuesto en segunda lectura. En el Senado hubo unanimidad, pero entre los diputados se produjo un puñado de disensiones, como la de la peledeísta Minou Tavárez Mirabal y los aliados Guadalupe Valdez y Pelegrín Castillo.

Costo institucional.  De cualquier forma la distribución del Presupuesto del 2012, sin atender reclamos de amplios sectores, y  la celeridad de su aprobación cuando la ley entra en vigencia 72 días después, han generado un amplio rechazo no sólo de los reclamantes más activos como los amarillos del 4 por ciento, sino también de instituciones como el Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la opinión pública en general.

El rechazo es mayor porque tanto la forma de la aprobación como el contenido violan preceptos constitucionales.

El artículo 56 de la ley pretende dispensar, “con carácter transitorio”, una partida menor del 4 por ciento del PIB para educación, establecido en la Ley Orgánica de Educación 66-97, que ya es también un mandato constitucional al tenor del inciso 10 del artículo 63 de la nueva Carta Magna. Por demás, también violentaron el artículo 112 que establece una mayoría especial de las dos terceras partes de los miembros de las cámaras legislativas para aprobar o modificar las leyes orgánicas.

Un comunicado del CONEP sostiene que se violó el artículo 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto que dispone un presupuesto anual desagregado a nivel de capítulos y partidas. También que la Ley de Presupuesto de 2012 “contiene modificaciones expresas a varios artículos de la Ley Orgánica de Presupuesto”, para lo cual se requiere las dos terceras partes del voto de ambas cámaras. La aprobación de los diputados fue por 83 contra 57 votos, equivalente al 59.2 por ciento. La mayoría de los perredeístas y reformistas votaron en contra y algunos se abstuvieron. Si 15 de ellos se hubiesen ausentado, con la disminución del quórum a 125, la aprobación habría alcanzado los dos tercios.

Los más perjudicados

Aunque queda lejos del 4 por ciento del PIB, la partida destinada a Educación registra un incremento para alcanzar el 2.95 por ciento, si se incluye lo destinado al Ministerio de Educación Superior y las transferencias, y 2.46 por ciento para el Ministerio de Educación, que desagregándole las transferencias queda en 1.97 por ciento, según los estimados del experto fiscal Nelson Suárez.

Los más perjudicados son los ayuntamientos municipales, el Poder Judicial y la Cámara de Cuentas, a los que apenas se les asigna el 43, 42 y 41 por ciento respectivamente de lo que les correspondería de cumplirse la Ley 194-04. La de Municipios, 166-03,  les consigna un 10 por ciento de los ingresos fiscales y esta vez su partida no llega al 5 por ciento, la menor desde la institución de esa cuota en el 2003.

El Presupuesto de 2012 también desconoce el mandato de la Ley 194-04, que destina el 3.10 por ciento del presupuesto al Poder Judicial, cuya apropiación de 3,097 millones de pesos es apenas del 72 por ciento de los 5,442 millones destinados al Congreso Nacional, institución mucho más pequeña. El Ministerio Público recibirá el 53 por ciento de lo que le correspondería por ley, con una partida de 2 ,600 millones de pesos.

Se violan las leyes que tienden a descentralizar el gasto público con el argumento de que los recursos no alcanzan, pero la situación se agrava progresivamente.

Los ayuntamientos tienen tres años recibiendo las mismas partidas. Pero los fondos alcanzan para elevar las asignaciones de la Presidencia de la República, que en el año 2012 dispondrá de 45 mil 11 millones de pesos, el 10.5 por ciento del Presupuesto.

Un reporte de Degnis de León en la edición del pasdo viernes del diario El Día  resalta que quienes no resultaron perjudicados en las partidas asignadas por ley fueron los partidos políticos, que recibirán 1,403 millones, justo el 0.5 por ciento de los ingresos fiscales consignado en la Ley Electoral, de los cuales más de 1,200 se distribuirán entre los tres mayoritarios.

No se podía esperar menos en un año electoral y cuando el Presidente de la República aparece empeñado en una ofensiva de último tramo de Gobierno para abonar sus posibilidades de retornar en el año 2016.

Sólo eso puede explicar que esta semana haya dispuesto la reanudación de la construcción de la presa de Guaigüí, suspendida desde antes de que iniciara sus 11 años de Gobierno.