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Con el espíritu de la Navidad
Por Juan Bolívar Díaz
Para todos los que creemos con certeza en los valores espirituales del cristianismo, la Navidad ha sido siempre un período de recogimiento e introspección, aún sin separarnos de las fiestas y comilonas a que algunos limitan la celebración. Debemos estar en nuestra realidad social, insuflándole algún grado de solidaridad, atendiendo precariedades circundantes, pero sobre todo proyectando remediar el desorden social, político y económico.
El mandato fundamental del cristianismo no es el abrazo circunstancial, ni la agarradera de manos dejando fuera los espíritus, sino tratar de amarnos los unos a los otros, lo que implica sensibilidad para comprender que el mundo que hemos construido es profundamente injusto y excluyente, por lo que estamos compelidos a trabajar por su transformación, para que quepan los sueños y necesidades de todos.
En esta víspera de la Navidad quiero respaldar el llamado del compañero Rafael Toribio, en su tradicional reflexión navideña, quien tras retratar parte de la descomposición en que se debate nuestra sociedad formula una apelación a “mantener la esperanza cuando la realidad presiona para perderla, mantener las dignidad en los fracasos y las adversidades”.
Es obvio que nuestro querido amigo está desafiando a los que tienen consciencia de que esta tierra precisa de sembradores y constructores, pero no del simple cemento y el asfalto, sino de las rutas que conducen a la liberación de los seres humanos, rompiendo las cadenas de la ignorancia, de la exclusión, de la discriminación y la postergación. Nos convoca a no dejarnos amilanar por el diagnóstico que nos sitúa en ruta de la desintegración social, por el desguañangue de nuestras instituciones, la proliferación de la violencia y la delincuencia, por la corrupción y su correlativo imperio de la impunidad y la complicidad, por el progresivo abandono del imperio de la ley y la imposición del más fuerte o audaz.
Como actor importante de la generación de los sesenta, Rafael conoce de todas las luchas y agonías por transformar la sociedad que recibimos de la más larga tiranía, de los avances y de los dolorosos retrocesos, por eso rechaza las deserciones y reclama mantener la dignidad, es decir no morder silencios y complicidades ni dejarnos vencer por las ofertas de quienes pretenden mercantilizarlo todo. “Y qué ha de ser de la vida si los que cantan no levantan su voz en las tribunas”…
Esta sociedad necesita con urgencia reducir la proliferación y el uso de las armas de fuego, pero también reordenar el tránsito terrestre que cobra más vidas, restablecer el imperio de la ley, frenar la impunidad, revalorizar la política rescatándola del pragmatismo salvaje en que ha caído, convertida en mercantilismo desenfrenado.
Necesitamos una verdadera y profunda transformación de la educación, que comience por exorcizar las manipulaciones históricas que han enraizado el despojo, la violencia y el crimen, la imposición, el abuso de lo colectivo, la burla de la ley y hasta el racismo en el alma de los dominicanos y dominicanas, que en gran proporción no se aceptan orgullosos de sus herencias culturales provenientes de la negritud y la mezcla de razas. Estamos invitados a hacer un alto en estos días para recuperar el espíritu de la Navidad y prometernos rechazar no sólo la violencia física, la corrupción y el despojo, sino también la violencia verbal, el discurso del odio, de la discriminación y la exclusión que lamentablemente se vierte hasta en los medios de comunicación y las redes sociales electrónicas.
La Navidad es para construir solidaridad y sembrar esperanzas.
Los cambios en Venezuela y Argentina
Por Juan Bolívar Díaz
Los resultados de las recientes elecciones en Argentina y Venezuela revelan insatisfacción no sólo con la gestión económica, sino también político-social, derivada del prolongado usufructo del poder de dos regímenes caracterizados por la implementación de políticas que buscaban beneficiar a las masas populares, y se inscriben en una tendencia regional a reivindicar los procedimientos democráticos, rechazar la corrupción y exigir eficiencia y prioridades en la gestión pública.
Esa tendencia se ha manifestado contundentemente en los últimos años en la región centroamericana, donde el electorado ha desplazado a los partidos dominantes en El Salvador, Costa Rica, Panamá y Guatemala, mientras en Honduras se producen sacudimientos que auguran cambios significativos.
En Argentina, el peronismo, uno de los dos más vigorosos movimientos políticos latinoamericanos con más de seis décadas de vigencia, perdió el gobierno después de 12 años consecutivos de absoluto predominio, mientras en Venezuela, un frente que logró aglutinar a toda la oposición barrió al partido que desde finales del siglo pasado había ganado más de una docena de comicios y consultas, en la mayoría de las ocasiones con mayorías indiscutibles.
Ambos casos han tenido como detonantes crisis económicas derivadas de mala gestión, aislamiento internacional, y de la reducción de los precios de materias primas fundamentales, que está afectando a otros países de la región, incluido el gran Brasil. En el caso venezolano la caída de los precios del petróleo han reducido el aporte de este producto a menos de la mitad del promedio de la última década.
El caso de Venezuela es patético, porque aunque es indiscutible que logró mejorar los servicios de educación, salud y viviendas de los sectores populares, y redujo la pobreza, con los altísimos ingresos del petróleo, no logró la sostenibilidad económica nacional, como tampoco la gestión argentina, afectada por bajo crecimiento económico, alta inflación y devaluación de la moneda y consiguientemente del poder adquisitivo de la población.
Pero en Argentina el factor desencadenante ha sido la división del peronismo, indiscutible ya que las dos candidaturas en que se dividió sumaron más del 56 por ciento del voto en la primera vuelta, con Daniel Scioli en primer lugar con 37 por ciento, para quedarse en el 49 por ciento en la votación definitiva, cuando el conservador Mauricio Macri ganó la presidencia pasando del 34 al 51 por ciento.
En Venezuela los herederos de la revolución de Hugo Chávez no han perdido el poder ejecutivo, pero sí las dos terceras partes del legislativo, lo que obliga a rectificaciones económicas y políticas, si no quieren sumir el país en la confrontación definitiva, en la que pesarán sin dudas los dos millones de votos y casi 10 puntos porcentuales que perdieron en relación a las elecciones presidenciales del 2013. Ha quedado patente que Nicolás Maduro no tiene el carisma ni la sabiduría popular de Chávez, que el chavismo no se recicló seriamente y que el autoritarismo antidemocrático genera hostilidad y cansancio nacional e internacional, por más controles del poder que se tengan.
Todos los que nos sentimos cercanos al pueblo venezolano tenemos que augurarle una transición ordenada e institucional hacia un estadio más democrático, sin retornar a la enorme corrupción, la descomposición, el latrocinio y la ceguera social que -nadie debe olvidarlo- hicieron aguas y generaron el chavismo.
Estos resultados electorales dejan lecciones, particularmente a la sociedaddominicana, cuyo sistema político e institucional naufraga en la corrupción y la descomposición, con un partido que acapara el poder y manipula a la sociedad pretendiendo perpetuarse.-
No fue Balaguer quien se burló de Peña
Por Juan Bolívar Díaz
Una crónica periodística atribuyó a Monseñor Agripino Núñez Collado haber dicho, durante un homenaje que se le rindió en Santiago a fines de noviembre, que el presidente Joaquín Balaguer se burló de José Francisco Peña Gómez cuando buscando salida a la crisis derivada del fraude electoral de 1994 le propuso dividir el período de gobierno a dos años para cada uno, y que el líder perredeísta había aceptado. Me causó pena leer que el auditorio, que incluía al presidente Danilo Medina, rió de la anécdota.
Tal vez se esté citando erróneamente el testimonio del exrector de la Universidad Católica Madre y Maestra, quien sin duda fue un testigo excepcional de aquellas tensas negociaciones, porque aunque en verdad, el caudillo reformista intentó burlarse de su interlocutor con aquella absurda propuesta, no lo logró, ya que Peña la rechazó.
A las 5 de la madrugada del 10 de agosto de 1994, cuando me preparaba para enfrentarme a la teleaudiencia de Uno+Uno, por Teleantillas, recibí una llamada de Peña Gómez, que a esa hora quería hacerme una confidencia. Pasé por su casa apresuradamente para enterarme de la propuesta que le había formulado el caudillo reformista la noche anterior en la reunión que sostuvieron en la Biblioteca Nacional. Tuve la impresión de que más que por informarme, él buscaba escuchar mi opinión, como periodista y a la vez dirigente de Participación Ciudadana, que defendíamos la institucionalidad democrática.
Tras escuchar la propuesta de que Balaguer gobernaría los primeros dos años y Peña la mitad siguiente del período, le pregunté cuál había sido su respuesta y respondió que pidió tiempo para pensarlo y concertaron una nueva reunión a las 11 de esa mañana donde él respondería. Contó que había discutido la propuesta hasta entrada esa madrugada con los dirigentes de su partido y aliados, y estaban divididos. Él amaneció ponderándolo.
Como pidió mi opinión, con la franqueza que me caracteriza, comencé preguntándole a quién creía él que la Asamblea Nacional investiría presidente, para decirle que ese era el “dardo de los partos” de Balaguer, que era un absurdo tan carente de base institucional que nadie defendería, que los Vincho y otros balagueristas lo objetarían ante la Suprema Corte y que sería declarado inconstitucional, dejándolo en ridículo.
Gracias a la oposición radical de su asesor, el historiador Hugo Tolentino, y de Fafa Taveras, y a las reservas expresadas por Hatuey de Camps, según pude constatar luego, Peña Gómez rechazó la burla de Balaguer cuando volvieron a reunirse esa mañana. Acordaron en cambio una reforma constitucional para convocar nuevas elecciones en 18 meses, prohibir la reelección consecutiva, establecer el Consejo Nacional de la Magistratura y la doble nacionalidad, todo lo cual anunciaron en un acto a las 5 de la tarde en el Palacio Nacional, con respaldo del Partido de la Liberación Dominicana, a través de un discurso allí mismo de su secretario general Lidio Cadet.
Quienes sí se burlaron de Peña Gómez fueron los que a las 9 de la noche del mismo día lo pusieron a firmar un “Pacto por la Democracia”, que incluía varias cláusulas no contempladas en el acuerdo de la tarde, como el establecimiento del 50 por ciento de los votos para ser presidente y los colegios electorales cerrados.
En mi libro “Trauma Electoral”, con doble edición en 1996, recojo todos los detalles de aquellas negociaciones. Incluyendo que Peña Gómez no quería ir al acto nocturno del Palacio pero Agripino le rogó que asistiera, y que cuando advirtió las diferencias con lo pactado con Balaguer, le dijeron que ese texto estaba escrito antes del acuerdo y que sería enmendado. Con 40 horas sin dormir, allí sí que Peña Gómez se dejó burlar. Y luego en la reforma constitucional, cuando en vez de 18 meses los peledeístas le regalaron 24 al rey de las farsas electorales para ellos ganar méritos y tiempo con miras al poder que lograrían en 1996, partiendo del 12 por ciento que obtuvieron en 1994.
Cuando a las 6 de la tarde de parte de Monseñor Núñez invitaron a Participación Ciudadana a asistir a la firma del pacto a las 9 de la noche en el Palacio, a unanimidad decidimos que no nos prestaríamos a esa burla, ya que conocíamos el texto que alteraba el acuerdo anunciado por radio y televisión a las 5 de la tarde.
¿Hasta dónde nos llevarán estos caminos?
La interrogante la formulaba el inolvidable periodista radiofónico Tomás Pujols Sanabia siempre al final de los incisivos comentarios con los que impugnaba el rumbo que llevaba el país en 1964 y los primeros meses del 65, y se recuerda en estos tiempos de una corrupción y descomposición tan descomunal, que nadie podía imaginar aún en los días del “Triunvirato de dos” que sólo era uno.
Aunque los escándalos se suceden con tanta velocidad que han ido mellando el alma nacional y la capacidad de asombro, muchos se sintieron alarmados esta semana con la revelación de que ya no sólo tenemos bandas de policías y militares, de políticos y funcionarios civiles, para la estafa, la extorsión, el sicariato y el narcotráfico, sino que también ya se integran con jueces, incluyendo un miembro del Consejo del Poder Judicial.
Los cargos están inscritos en una instancia de la Procuraduría General dirigida a los miembros del Consejo del Poder Judicial, que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con poder de detonación capaz de reducir el impacto del vencimiento del plazo que tenía el procurador Francisco Domínguez Brito para apelar el “no ha lugar” que beneficia al senador Félix Bautista, secretario de Organización del partido gobernante, acusado de corrupción en el manejo de nada menos que 26 mil millones de pesos.
Tratando de justificar una decisión a todas luces garantista de impunidad pactada en los altos niveles partidarios y del Gobierno, Domínguez Brito ha llegado hasta el cinismo, al plantear la inconcebible afirmación de que “no recurrir la sentencia es una forma de luchar”. Su obligación era llevar hasta las últimas consecuencias un expediente que él ratificó como “uno de los actos de corrupción más grandes de los últimos años”.
Son cínicos también los argumentos de Domínguez Brito de que no apelaba a la última instancia porque no le merece confianza, llegando a decir que “la mayoría de los jueces (de la SCJ) se pronunciaron y asumieron una posición a favor de los imputados”, algo absolutamente falso. Lo hicieron apenas 3 de los 17, mientras dos votaban por el enjuiciamiento de Bautista y compartes. Pero estos cinco, de la Cámara Penal, quedarían inhibidos ante la recurrencia y quedaban doce para decidir, incluyendo a su presidente. Si es alarmante la acusación al pleno de la SCJ, es peor que sus integrantes, incluyendo a su presidente, no la hayan rechazado de inmediato.
La posición del Procurador es burlesca cuando justo al liberar a Bautista de los graves cargos de corrupción bajo argumentos tan fatuos, apela al mismo presidente de la SCJ y los integrantes del Poder Judicial para que tomen cartas contra seis jueces a los que acusa de reunirse en lugares de diversión y casas de individuos “de dudosa reputación”, de dictámenes a favor de narcotraficantes con operaciones de decenas de millones de dólares, de invertir en la promoción de jueces, dejar en libertad un regidor procesado por sicariato, ordenar devolver 20 millones de dólares al narcotraficante procesado Arturo del Tiempo.
Tanto más burlesca porque uno de los seis jueces denunciados, aún no imputados por la Procuraduría, es nada menos que integrante del Consejo del Poder Judicial, por lo que tendría que ser juzgado, sino en primera, en última instancia, por la misma Suprema Corte, en la que dice no confiar.
Tal vez el Procurador esté convencido de que su denuncia calmará al persistente embajador de Estados Unidos que lo visita e insiste en denunciar la corrupción, pero consciente de que no pasará de la renuncia de un juez y la destitución de algún otro pasado de la raya, sin siquiera molestarse en someterlos a juicio, como han hecho recientemente con casi una treintena de oficiales militares y policiales, investigados por amparar operaciones de tráfico de cientos de kilos de cocaína por Barahona, Punta Cana y Samaná. Se les pone en retiro con sueldo y guarda-espaldas y que viva la impunidad total.
¡Ofrézcome Pujols Sanabia!, medio siglo después todavía se escucha tu grito: ¿Hasta dónde nos llevarán estos caminos?.
El desastroso sistema de salud
Por Juan Bolívar Díaz
La epidemia de dengue, que según una fuente de alto nivel había cobrado 145 vidas hasta el 7 de noviembre, desnuda de cuerpo entero el inconcebible desastre del sitema público de salubridad, situado entre los más ineficientes del continente en los parámetros de la Organización Panamericana de la Saludo (OPS), una de cuyos expertos pegó aquí en estos días un grito que merece ser considerado y ponderado en todo su dramatismo.
Los medios de comunicación recogieron el lamento expresado el 3 de noviembre por la doctora Anabelle Alfaro, veterana consultora de la OPS, a propósito de los estragos que causa el dengue, enfermedad de tratamiento primario; “una de las cosas que no he podido hacer en mi vida es lograr que aquí se baje la mortalidad. Yo espero no morirme sin ver este sueño realizado, sinceramente. Tengo tantos años de venir aquí, y cada vez que vengo me voy más triste”.
Ella y cualquier experto tiene que alarmarse por la alta incidencia que el dengue mantiene en el país, sobre todo por el inaceptable incremento de este año, tan alto que al pasar de 97 víctimas mortales a principio de octubre, las autoridades de Salud Pública optaron por suspender durante tres semanas la entrega de los boletines epidemiológicos. Lo siguiente fue realizar una auditoría a partir de 116 fallecimientos admitidos. La revisión individual de los expedientes les permitió descartar que 25 fueran por dengue y otros 13 porque no había información disponible que les permitiera una conclusión cierta.
Una fuente de alta confiabilidad afirmó que al 7 de noviembre los reportes de afectados por el dengue llegaron a 12,221 personas, 862 más que las 11,259 del último reporte oficial. De esos casos, 1,234 fueron catalogados como graves, y 10,987 no graves, con un total de 145 decesos atribuidos al dengue en los reportes de todo el país.
Pero fueran 116, 78 ó 145, en 10 meses y una semana, como quiera se trata de un incremento grave en relación a los 58 de todo el 2014. Y revisando las estadísticas se puede advertir que el descuido es recurrente, pues de los 12,119 infectados en el 2010, un año después se redujo a solo 2,342. En el 2012 volvió a dispararse hasta 9,484 casos, hasta la más alta tasa, 16,850 en el 2013. El año pasado cayó a 6,273 infectados.
El dengue es solo una muestra del desastre, ya que también hay altas incidencias de muertes por cólera, tuberculosis, maternas e infantiles, de las mayores en la región, prevenibles en los modernos sistemas sanitarios. Las causas están diagnosticadas hace muchos años y de ahí la frustración de la doctora Alfaro: escasa inversión y que prioriza la construcción física, lento y pobre suministro de medicamento y equipos, anárquica ejecución, excesiva centralización, deficiencia del personal médico, incapacidad para delimitar la asistencia primaria de la de los especialistas, fallas de prevención y en vigilancia epidemiológica.
Nadie ha podido explicar cómo el Gobierno se embarcó en la remodelación de 52 hospitales a la vez, gran parte de los cuales llevan años semiparalizados, mientras solo la del Darío Contreras consumió 1,700 millones de pesos, aunque se planificó por 860 millones. Tampoco se explica cómo mantienen moribunda la red hospitalaria del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, organismo que hace tiempo ha quedado sin brújula y al garete.
El desastre de la salud pública es similar al que durante décadas ha afectado al sector educación, que apenas se empieza a enfrentar porque la sociedad lo impuso tras años de lucha. Habrá que levantar una campaña similar por la salud. Otra experta de la OPS, Laura Ramírez, recordó el martes que ese organismo recomienda invertir en salud por lo menos el 6 por ciento del PIB. La República Dominicana se queda alrededor de la tercera parte y gastamos mal, desperdiciamos y robamos, mientras permitimos que sigan vendiéndose medicamentos falsos por 1,500 millones de pesos al año, como se denunció esta misma semana. ¡Ofrézcome!
Monumento al emigrante heroico
Por Juan Bolívar Díaz
Ni los economistas ni los comunicadores ni los políticos dominicanos han ponderado nunca suficientemente lo que han representado y siguen significando los aportes de los emigrantes dominicanos, alrededor de millón y medio que tuvieron que abandonar el país en el último medio siglo en búsqueda de empleos, capacitación y vida, de la esperanza que perdieron en sus posibilidades de desarrollo dentro de la geografía nacional.
A ellos se les ignora al ponderarse cuando el crecimiento y la estabilidad económica nacional de los últimos 60 años, y mucho más cuando se trata del progreso material, del relativo mejoramiento de las viviendas y de la urbanización, del progreso visible en las urbes dominicanas, aunque carezcamos de alcantarillas, y en calidad de servicios básicos, como agua potable, electricidad, educación y salubridad sigamos en la pre modernidad.
Sólo en generación de divisas, las remesas de los residentes en el exterior ascendieron el año pasado a 3 mil 488 millones de dólares, proyectándose sobre 4 mil millones para este 2015, ya que al cierre del tercer trimestre, el Banco Central las cuantificaba en 3 mil 734 millones de dólares. Si se les suma lo que esos emigrantes traen personalmente en regalos y efectivo y sus envíos de mercaderías y alimentos, es posible que alcancen el aporte del principal sector económico nacional, el turismo, que este año sobrepasará los 5 mil millones de dólares, 4 mil 280 en el 2014.
A diferencia del turismo, las remesas no reclaman nada incluido, ni alimentos ni bebidas, ni comisiones ni pagos en el exterior. Tampoco requieren inversiones ni costos financieros de infraestructuras. Son un aporte neto, democrático e inclusivo, que se desparrama por toda la geografía nacional, alcanzando a los segmentos más pobres, mejorando sus viviendas y condiciones de vida.
Sólo hay que pensar lo que hubiese sido de este país sin los más de 30 mil millones de dólares que han remesado en los últimos diez años los dominicanos y dominicanas que se fajan en el exterior, que trabajan horas extras a menudo en los peores empleos, para enviar sus remesas sin importar las oscilaciones de la economía internacional, aún cuando son adversas.
!Oh ironías de la vida! Aquellos que esta sociedad ha expulsado por no haberle podido proporcionar un empleo y calidad de vida, se han convertido en su tabla de salvación. Pero al mismo tiempo son ignorados a no ser por los políticos en campaña electoral que les requieren financiamiento y votos.
Para colmo, los funcionarios diplomáticos y consulares sólo los ven como fuente de explotación, cobrándoles altísimas tarifas para cualquier servicio. Y muchos de sus compatriotas los tratan con desdén, se burlan de sus nuevos ingredientes culturales, los catalogan como narcotraficantes y prostitutas y hasta los discriminan si se trata de alquilarles dentro de un condominio. No quiera nadie que le llamen dominicanyork o dominica-española.
Alguna vez tendremos que hacerle un monumento al emigrante heroico y reconocer que ellos son parte fundamental de la dominicanidad. Aún los que quedan atrapados fuera viviendo de añoranzas y nostalgias o acariciando hijos, nietos y bisnietos.
Los encontramos por todas partes del mundo, nos salen al abrazo en el Alto Manhattan, en la Gran Vía y en La Rambla, y hasta en los bares centroamericanos, las plazas del sur profundo o en el rincón menos esperado del mundo.
En diciembre, cuando vuelvan por decenas de miles a reencontrarse con los suyos y lo suyo, digámosles que somos la misma carne e idéntico espíritu, que valoramos a los emigrantes como lo más importante que hay sobre la tierra, los seres humanos.
Un PRM demasiado conservador
Con sinceridad y sin la menor ironía, considero que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha sido muy conservador al calcular lo que se podría ahorrar en el presupuesto nacional del 2016 para traspasarlo al mejoramiento de los sueldos de los policías y otro servidores del Estado en la indigencia, así como para un mejor combate a la pobreza extrema, aumentando considerablemente el subsidio de los programas sociales..
Para comenzar, la propuesta debería incluir la duplicación de los sueldos de todos los servidores públicos que ganan el mínimo de 5,117 pesos mensuales, así como de los casi cien mil pensionados estatales con el mismo ingreso. Y en la mayoría de los ayuntamientos y distritos municipales se pagan salarios de dos y tres mil pesos.
No se puede dejar de reconocer que la propuesta del candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, es interesante y acertada desde el punto de vista político-electoral, tanto que sacudió instancias gubernamentales con reacciones que llegaron al extremo de mandar a estudiar finanzas a economistas de la categoría y reputación de Miguel Ceara Hatton, Guillermo Caram, Arturo Martínez Moya y Eduardo Tejera, para citar a los más conocidos de un equipo económico envidiable para cualquier proyecto presidencial.
En los mismos renglones que incluyó la propuesta de ahorrar 50,823 millones de pesos se podría llegar razonablemente más lejos, y mucho más si el Gobierno decreta una real austeridad en el gasto público, si suprime algunos organismos burocráticos que solo amamantan clientes y parásitos políticos, muchos de ellos duplicadores de funciones o hace tiempo inoperantes, como la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, la Comisión para Reforma de la Empresa Pública, o hasta el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, donde unos dos mil dirigentes y militantes de un partido aliado encuentran sostén.
No se crean que estoy exagerando, fueron promesas de campaña en varias elecciones consecutivas, incluyendo la del presidente Danilo Medina hará cuatro años. El mandatario sabe que es posible un ahorro mayor al planteado por el PRM, pues el Gobierno suprimió un millar de empleos parásitos de reformistas solo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque no se ha atrevido a hacer lo mismo con otro millar de peledeístas y relacionados que cobran en dólares -y en muchos casos trafican- como embajadores, cónsules, vicecónsules y consejeros.
Eché de menos muchos de estos ahorros en la propuesta del PRM y dudo que fuera por olvido, sino más bien conservadurismo para no despertar demasiado incertidumbre o rechazo, o quién sabe si hasta reservándose fuentes clientelares por si logran la hazaña de desplazar la enorme maquinaria política y de control estatal de los actuales gobernantes.
Un ejemplo significativo del conservadurismo de la propuesta se encuentra en el renglón referente a los 245 mil millones de pesos consignados en el presupuesto para la contratación de obras y compras de bienes y servicios, donde solo consignan un ahorro del cinco por ciento, 12 mil millones de pesos. Aunque dejan constancia de que en esos renglones se pierde por lo menos un 20 por ciento “en desviaciones irregulares”.
En materia de obras públicas la corrupción consume más del 20 por ciento. Hace más de tres décadas que Balaguer llegó a justificar las comisiones del 10 por ciento, y todavía no se veían obras duplicadas de precio, como los parqueos de Bellas Artes y la UASD o la remodelación del hospital Darío Contreras.
Fue una descomunal exageración del doctor Leonel Fernández cuando en su campaña electoral de 1996 cuantificó la corrupción en 30 mil millones de pesos, alrededor del cien por ciento del presupuesto nacional. Ahora si fuera solo del 20 por ciento, implicaría más que duplicar los 58 mil millones indicados por el PRM.
Si nada de eso es posible, seguiremos soñando que podremos garantizar la seguridad pública con policías ganando salarios cebolla, como dramatizó el iluminado raso Daurin Muñoz, por eso despedido de la Policía Nacional.
Silvio Antonio Herasme Peña
Por Juan Bolívar Díaz
El Caonabo de Oro del Periodismo entregado al colega Silvio Antonio Herasme Peña por la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores es un acto de justicia a uno de los más relevantes miembros de la generación periodística de los sesenta, que emergió tras la caída de la tiranía de Trujillo, pues es imposible pasar balance al ejercicio de esta profesión del último medio siglo sin registrar sus aportes.
Fue de los primeros que se inscribieron en la escuela de periodismo abierta en la primavera democrática, cuando la Universidad de Santo Domingo obtuvo su autonomía, como parte de los combates contra los remanentes del trujillismo. No necesitó completar los estudios universitarios para mostrar sus credenciales de reportero investigador, incorporado por don Rafael Herrera a la segunda vida del Listín Diario iniciada en 1963.
Silvio Herasme fue de los periodistas que militó en defensa del gobierno constitucional y contra los golpistas del 63, por lo que no sorprendió que estuviera en la trinchera del honor y la dignidad nacional en 1965, aunque tanto el Listín Diario como El Caribe, suspendieron sus ediciones. Laboró en el departamento de prensa del gobierno Constitucionalista de Francisco Caamaño, y le tocó escribir comentarios para la emisora Constitucionalista.
Fue de los primeros diez dominicanos que culminaron la licenciatura en Comunicación Social, en 1966, pues muchos avanzaron pero quedaron esclavos del exigente trabajo periodístico, y otros dilataron la presentación de la tesis profesional. También fue de los primeros que hizo cursos de especialización en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina (CIESPAL), en Quito, Ecuador. Así mismo fue pionero en especialización en asuntos económicos.
Su explosión profesional la alcanzaría en El Nacional de Ahora, cuando ese periódico y las principales emisoras radiofónicas encarnaron la dura lucha de la sociedad en los sesenta y setenta para evitar que la nación volviera a la noche oscura de la tiranía y la opresión. Pasó de reportero a editor económico y luego a Jefe de Redacción.
Tras el penoso conflicto que rasgó a El Nacional pudo encontrar apoyo y dar a luz al vespertino La Noticia en 1973, que también escribiría relevantes capítulos en defensa de las libertades públicas y los derechos sociales, políticos y económicos de los dominicanos. Durante los 13 años que estuvo como su principal accionista y director, en Silvio siempre pudo más lo profesional que lo empresarial. Allí encontraban cobija todos los reclamos sociales, políticos y y sindicales, y ese periódico, junto a El Sol, que me tocó dirigir entre 1977 y 1980, estuvo vinculado a las luchas por la democracia, a la denuncia de la corrupción, y a la defensa de la soberanía nacional, entonces bien limitada.
Me tocó concertar con Silvio batallas periodísticas, por la libertad de expresión, las libertades públicas y los derechos humanos, por los principios democráticos y el respeto a la voluntad popular, en esos años de la transición democrática. También la recuperación de 38 millones de dólares que la Gulf and Western tuvo que entregar al Estado, a través de una fundación creada al efecto y la que culminó en la nacionalización de la explotación de la mina de oro de Cotuí, por valiente decisión del presidente Guzmán.
Como a tantos periodistas en la historia, la diplomacia sedujo a Herasme, reduciendo su labor profesional, pero la nación ganó un digno representante cuando fue embajador en Haití, Colombia y Uruguay, entre 1997 y 2008, ejerciendo su responsabilidad sin convertiré en sectario propagandista político.
He celebrado este justo reconocimiento en plenitud de vida al compañero Silvio Herasme, quien ha sabido desafiar opresores, represores y concentradores, lo que le costó una abusiva prisión de 7 días en 1974, junto a Huchi Lora. Soldado de una etapa luminosa del periodismo dominicano, que a menudo añoramos.
Se imponen los esfuerzos de concertación con Haití
El diálogo dominico-haitiano reiniciado esta semana con la reunión en Barahona de los dos presidentes de la isla se corresponde con una creciente convicción de que no hay mejor alternativa para solucionar los diferendos que afectan las relaciones entre las dos naciones de la isla.
Se requieren mayores esfuerzos para evitar que los radicales sembradores de odios y confrontaciones aborten la decisión del presidente Danilo Medina de reabrir el diálogo binacional, alentado en los últimos días por sectores empresariales, sociales y religiosos convencidos de que se impone la racionalidad en las relaciones binacionales.
Inicio de la distensión. La reunión del pasado martes 13 de los presidentes Danilo Medina y Michel Martelly marca el inicio de la distensión diez semanas después que el Gobierno dominicano rechazara la mediación de la Organización de Estados Americanos en los diferendos migratorios entre los dos países.
La tensión se agravó a mediados de septiembre cuando el Gobierno haitiano dispuso que 23 productos de exportación dominicanos solo entren a su territorio por vía marítima o aérea.
La reunión se extendió por cerca de cuatro horas, durante las cuales se acordó la normalización de las relaciones diplomáticas. Haití nombrará nuevo embajador y el dominicano, Rubén Silié, retornará a Puerto Príncipe. Se pactó también abordar las relaciones comerciales en un plazo de 15 días, dentro del cual habría una reunión de ministros y directores de aduanas. El Presidente dominicano quedó invitado a Puerto Príncipe, dependiendo del avance en las negociaciones.
Los más radicales se han alarmado porque en ese primer encuentro no se lograra el levantamiento de la restricción a las exportaciones dominicanas por tierra, algo muy difícil que ocurra antes de las elecciones presidenciales haitianas programadas para el próximo domingo 25, ya que allá, como aquí, la confrontación no está despojada de intencionalidad de lograr cohesión interna y apoyo político. Podría depender de cómo le vaya al candidato que apoya el presidente Martelly y si hay segunda votación el 27 de diciembre.
Habrá que negociar. Los haitianos están conscientes de haber tocado un punto sensible para los dominicanos, como es el comercio, en el cual ellos solo pueden aspirar a reducir desventajas, poniendo en vigencia un acuerdo previo sobre cuestiones aduanales, al que se comprometieron, o buscando mayores recaudaciones de unas exportaciones dominicanas que en lo formal montaron a unos 1,400 millones de dólares el año pasado, y otros tres o cuatrocientos millones más en la informalidad de los mercados binacionales.
Los empresarios de Haití han dado firme apoyo a las restricciones al comercio dominicano, por un lado alentados por intereses propios de importaciones de otros mercados y por interés de que los dominicanos compensen la enorme disparidad, pues ellos solo vendieron al país el año pasado por unos 10 millones de dólares en el mercado formal. Se conocen quejas por restricciones a productos haitianos como rones y cervezas que podrían tener mercado en el país, en particular entre los inmigrantes haitianos.
Tampoco se puede ignorar que entre las peticiones haitianas acogidas en la reunión del martes 13 figuró la de una “mayor ponderación” en las repatriaciones de inmigrantes. Han reclamado la revisión de un protocolo para las deportaciones acordado en 1991, lo que ha rechazado el Gobierno dominicano, atado al discurso soberanista, adoptado por gran parte de los funcionarios y el partido de Gobierno y de la opinión pública nacional.
En cualquier caso era iluso pretender que la restricción a las exportaciones fuera levantada tan simplemente en una reunión cumbre, sin previas negociaciones, aunque el mandatario haitiano deleitara a los concurrentes con su histrionismo de cantante popular.
No pelear con buen cliente. Recientemente Juan Vicini Lluberes, uno de los promotores del Consejo Económico Binacional Quisqueya, que planifica multimillonarias inversiones en la frontera, lanzó la toalla a las autoridades de Haití, al expresar su comprensión de que ellas pretendan mayores recaudaciones de un comercio tan favorable a los dominicanos. Y esta semana otro gran empresario, Pepín Corripio, advirtió que “no es inteligente pelearse con un buen cliente”.
Aunque visualiza las limitaciones políticas, y considera desafortunada la restricción haitiana, Corripio plantea que “la única solución, para no ser utópico, a pesar de que hay oposición a ello, es seguir hablando con el Gobierno haitiano para que nos digan qué es lo que verdaderamente quieren”, consciente de que en toda negociación hay concesiones.
Fuentes bien informadas aseguran que el presidente Medina entiende la necesidad de retomar el diálogo con Haití por encima de la algarabía de los radicales nacionalistas que pregonan la confrontación. El escenario internacional también lo recomienda. La próxima semana la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebra aquí un evento sobre integración regional, sin que garantizaran la participación de la Comunidad de Estados Caribeños (CARICOM) que reúne 14 países, incluyendo a Haití.
Para tener éxito cuando en enero el país asuma la presidencia de la CELAC, habrá que mejorar las relaciones con el bloque caribeño, lo que pasa por un diálogo constructivo con Haití. Más porque en mayo sesionará aquí la Asamblea de la Organización de Estados Americanos.
La Iglesia alienta el diálogo. Inspirados en la exhortación que les hizo el Papa Francisco en su reunión de mayo pasado, los obispos dominicanos vienen asumiendo la defensa del diálogo y la solidaridad entre los dos países de la isla. Primero lo hizo la Comisión de Pastoral Migratoria de la Conferencia del Episcopado Dominicano, luego los obispos de Santiago, San Francisco de Macorís y San Juan de la Maguana, Freddy Bretón, Fausto Mejía y José Dolores Grullón.
Esta misma semana se produjo un encuentro de dos días entre los obispos dominicanos y haitianos de las diócesis fronterizas, tres de cada lado y sus responsables de pastoral migratoria, que concluyó bendiciendo la reunión de los presidentes Medina y Martelly, “aguardando extenderles el saludo a medida que los dos países fructifiquen en el justo diálogo bilateral con respeto mutuo y sin injerencia foránea”.
El editorial del periódico católico Camino de este domingo extendió un manto de amparo a la cumbre presidencial del martes, proclamando que “llega en un momento oportuno, para evitar que sigamos alimentando el desencuentro y el odio, cuando lo esencial es aprender a convivir con respeto buscando alternativas que permitan a cada nación crecer…”. Con relación al encuentro de los obispos fronterizos, el periódico del Episcopado expresó su esperanza de que “sirva de ejemplo” a los sectores políticos binacionales “para que comprendan que juntos podemos encontrar salidas esperanzadoras a los problemas que padecen ambas naciones”.
Mientras tanto entre consorcios de organizaciones sociales e intelectuales de ambos países se encaminan esfuerzos buscando aislar la confrontación para que predomine el entendimiento entre las dos naciones de la isla.