La clase media dominicana con alto nivel de pobreza

septiembre 27, 2015septiembre 27, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La propaganda gubernamental, incrementada por el proyecto de reelección total, proclama la reducción de la pobreza al 26 por ciento basado en una metodología que sólo toma en cuenta los niveles mínimos de ingresos, ignorando otras factores no monetarios como las condiciones generales de vida, y particularmente la calidad de los servicios.

Pero aún en los niveles del ingreso, esa conclusión entra en contradicción hasta con estudios recientes del Banco Central y múltiples diagnósticos públicos y privados sobre el empleo, así como con el último informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que en enero estimó la pobreza dominicana en 40.7 por ciento.

Gran caída de la pobreza
El Ministerio de Economía sorprendió al país la semana pasada cuando hizo público un estudio sobre “Evolución de la población de la RD por estratos de ingresos en 2005-2015″, basado únicamente en una metodología del Banco Mundial para analizar los niveles de salarios e ignorando otros factores, como las condiciones generales de vida, aunque hace décadas el crecimiento económico y la pobreza no se miden por las simples estadísticas del ingreso per cápita y los indicadores monetarios que diluyen las extremas desigualdades.

La principal conclusión del informe oficial es que, atendiendo a los niveles de ingreso, ya la sociedad dominicana es mayoritariamente de clase media, con un ingreso por persona en una franja demasiado amplia, de 10 a 50 dólares diarios. O sea que quien recibe 10 mil 278 pesos al mes es tan clase media como el de 51 mil 390 pesos.

Pero lo más fabuloso es que el documento plantea que entre septiembre del 2012 y marzo del 2015, es decir en dos años y medio, la población pobre se redujo del 34.6 al 25.9 es decir en 8.7 puntos porcentuales. Y que en casi la misma proporción se incrementó la clase media que habría pasado del 20.7 al 28.9 por ciento. Esas cifras representan una reducción anual de la pobreza de 3.48 puntos porcentuales, sin duda un récord mundial.

Danilo para siempre
Si esas conclusiones fueran ciertas, y ojalá, al presidente Danilo Medina no sólo se le debería elegir para otro período de gobierno, sino para dos, porque en 75 meses habrá desaparecido por completo la pobreza que durante siglos ha agobiado a la sociedad dominicana, y que hasta ahora la dejan en los últimos escalones del desarrollo humano en el continente. Y como en los tiempos del benefactor de la patria, el generalísimo Trujillo, tendría justificación la proclama de Danilo siempre.

Ese cálculo debe ser hermano gemelo del informe publicado en abril por la dirección del Fondo de Desarrollo Agropecuario, según el cual con un desembolso de 1,812 millones de pesos, de 2,273 millones comprometidos en ese sector por las “visitas sorpresas del presidente”, se habían creado 150,383 empleos, 44 mil 511 directos y 105 mil 872 indirectos. Eso implica que se generó un empleo por cada 12 mil pesos invertidos, lo que significa que con mil millones de dólares, de los 35 mil millones que ya debe el Estado, se habría erradicado el 14.5 por ciento de pleno desempleo y otro tanto de subempleo, y el país estaría formando parte del primer mundo, superando a los europeos, con pleno empleo.

El tremendo optimismo en la reducción de la pobreza nacional contrasta con innumerables informes de los últimos años del mismo Banco Mundial, de la CEPAL, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, y de instituciones nacionales como el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias y el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles sobre la calidad del empleo, todavía más de la mitad informal, los niveles salariales y las condiciones de los servicios básicos.

Contradice al Banco Central
Esas conclusiones contradicen hasta los estimados del Banco Central, que ahora debería ser reivindicado por quienes le acusan sistemáticamente de maquillar las estadísticas. Este mismo mes, el gobernador Héctor Valdez Albizu sostuvo en una conferencia que el salario real dominicano se encuentra en el mismo poder adquisitivo del 1991, es decir, de hace 24 años, casi un cuarto de siglo y seis períodos gubernamentales. Y se quejaba de que genera pobreza y delincuencia, contrastando que sin embargo la productividad se había elevado en el período en 65.5 por ciento. Eso es dramática concentración del ingreso, que desvirtúa las estimaciones per cápita.

En la “Primera Encuesta de Crecimiento Económico y Financiero de RD 2014″, publicada en noviembre, el mismo Banco Central sostuvo que el 59.7 por ciento de los hogares (no de las personas) recibe ingresos de 18 mil pesos o menos, situando el ingreso promedio por hogares en 19 mil 409 pesos. Eso cuando el mismo BC calcula el promedio del costo de la canasta familiar al 2015 en 27 mil 968 pesos, lo que significa que la mayoría sólo alcanza a cubrir el 69 por ciento de las necesidades básicas.
El ingreso promedio de los hogares sólo cubre el costo de la canasta familiar de los dos quintiles más pobres de los cinco en que se estratifica la población. El más bajo es de 12 mil 756 pesos mensuales, y el siguiente de 18 mil 230. Ya el tercero, de 22 mil 373 pesos, rebasa el promedio del costo.

El último informe de la CEPAL
Para hablar de pobreza la metodología de la CEPAL, con medio siglo de crédito, es mucho más creíble que la del simple nivel salarial, pues evalúa el empleo, la protección social, servicios y sobre todo el rezago educativo, en lo que el Foro Económico Mundial deja al país entre los últimos diez al evaluar 144 países. Se refiere al “núcleo de indicadores de carencias críticas en las condiciones de vida correspondientes al método clásico de las necesidades básicas insatisfechas”, como explica en su “Panorama Social de América Latina 2014″, publicado en enero pasado.

Ese informe estima la pobreza dominicana en 40.7 por ciento, con 20.2 por ciento de indigentes, cuando los promedios latinoamericanos son de 28 y 20 por ciento. El país está entre los tres peores de los 17 evaluados, en una región que se tomó 34 años, entre 1980 y 2014, para reducir la pobreza promedio en 12 puntos, apenas un tercio más de lo que se atribuye el gobierno dominicano en 30 meses. Entre 2013 y 2014 la CEPAL reconoce disminución de la pobreza, pero sólo de 0.5 por ciento, del 41.2 al 40.7 por ciento.

Los límites del espacio no permiten citar otros estudios de los últimos años donde se revela lo que está a la vista de todos, la dramática pobreza de la familia dominicana, al mismo tiempo que el país registra un alto crecimiento económico, contradicción explicable en la concentración del ingreso, la corrupción y la mala calidad del gasto público.-

2013: desmadre político y esfuerzo del Gobierno

diciembre 29, 2013septiembre 26, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El año se salva por el esfuerzo por mejorar la gestión gubernamental, pero la política alcanzó niveles escandalosos con crisis en los partidos e inicio de campaña electoral en medio de un ambiente recesivo

El 2013 registró un deterioro del partidismo político, especialmente en la oposición perredeísta, con el país en camino a un régimen unipartidista que ha lanzado al partido gobernante a una precipitada campaña electoral cuando apenas se cumplía el primer año de la gestión del presidente Danilo Medina.

En medio de precariedades judiciales e institucionales resalta el esfuerzo por mejorar la prioridad y calidad del gasto y una gestión gubernamental más cercana a la población que logró reducir el enorme déficit fiscal heredado, pero a costa de una recesión económica y creciente endeudamiento.

Régimen unipartidista. Tal como advirtió en noviembre el Centro de Estudios Estratégicos de Washington, la República Dominicana pareció encaminarse este año que concluye a un régimen unipartidista, con el acentuado deterioro de la principal organización de oposición, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), víctima de su progresivo debilitamiento institucional.

El PRD permanece secuestrado por una minoría encarnada en un presidente, Miguel Vargas Maldonado, favorecido sin el menor rubor por las cortes que éste y el expresidente Leonel Fernández integraron tras el pacto político que suscribieron a título personal en 2009 para dar paso a la Constitución de 2010. El período de Vargas como presidente del partido blanco concluyó en julio, pese a lo cual la Junta Central Electoral ha seguido entregándole más de 18 millones de pesos mensuales del presupuesto de la nación, que son manejados sin la menor rendición de cuentas.

El PRD aparece frizado, encadenado, habiendo perdido la vitalidad de sus organismos de base y sectoriales, sin poder reunir sus máximos órganos de dirección y fraccionado de manera inexorable, lo que deja al país sin equilibrio político, más notable por la concentración de poderes en el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Es relevante que la mayoría perredeísta ha sido incapaz de hacer valer su fuerza para recuperar el control partidario, lo que se explica en el cansancio de una dirigencia que no se ha renovado oportunamente y da señales de agotamiento, inmersa también en el salvaje pragmatismo político que afecta al sistema partidista dominicano.

Sin la Ley de Partidos. Concluye otro año sin que el Congreso Nacional, bajo control peledeísta, conociera el proyecto de Ley de Partidos Políticos que se viene discutiendo y consensuando desde hace 15 años y que tampoco aprobaron los perredeístas cuando controlaron el Poder Legislativo entre 1998 y el 2006. El proyecto pretendería garantizar la democracia interna y la transparencia financiera en los partidos, así como establecer pautas regulatorias de las campañas electorales internas y nacionales, así como para evitar y sancionar los abusos de los recursos provenientes de actividades ilícitas, incluyendo el desvío de fondos estatales.

El proyecto de Ley de Partidos ha sido objeto de varios consensos entre representantes de los partidos y la sociedad civil y ha sido presentado una decena de veces a través de ambas cámaras legislativas. El Congreso tampoco ha dado paso al proyecto de Ley Orgánica Electoral que le sometió en el 2011 la Junta Central Electoral y que debe adaptar el régimen electoral a la Constitución promulgada en el 2010.

La agenda legislativa persistió en dejar pendientes otros proyectos vitales como el que integraría una nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, fundamental para enfrentar la agobiante inseguridad ciudadana, y el de una nueva ley para hacer efectiva la declaración jurada de bienes.

La crisis política es de tal dimensión que ni los escasos legisladores de oposición tomaron iniciativas significativas para renovar la agenda legislativa, dependiente absolutamente del partido gobernante. Solo el pequeño Partido Alianza País, presidido por Guillermo Moreno, asomó reclamando sanción a la corrupción, en intentos vanos, dada la falta de independencia del Ministerio Público y “las cortes de Leonel y Miguel”, una de las cuales dictaminó el escándalo internacional que despoja de la nacionalidad a decenas de miles de descendientes de extranjeros, en su mayoría haitianos.

Mejora la gestión pública. En términos políticos el 2013 se salva por el esfuerzo del presidente Danilo Medina en una gestión más escrupulosa, con prioridades en el gasto público, especialmente interesada en cumplir la ley que destina el 4 por ciento del producto interno bruto a la educación básica, y aunque factores fuera de control han impedido que se alcance la meta, la sociedad ha acreditado el esfuerzo.

En su evaluación de fin de año el movimiento Participación Ciudadana reconoció un avance en la transparencia en las contrataciones públicas, aunque sin combatir la corrupción ni establecer la cuenta única del tesoro y otras de las iniciativas participativas anticorrupción. Los avances tampoco han alcanzado a reducir el dispendio en las nóminas públicas ni el reparto de organismos estatales, especialmente autónomos donde el patrimonio público se convierte en particular.

El actual mandatario ha completado el primer tercio de su período, manteniendo un significativo acercamiento a la población, con austeridad en su equipo fundamental, poniendo atención a los pequeños y medianos productores. Su reivindicación de una mayor participación en los beneficios de la explotación de oro y plata por la Barrick contribuyó significativamente este año a la buena valoración que ha mantenido el presidente Medina.

Sin cambios importantes en el equipo gubernamental, el esfuerzo del mandatario parece contentarse con una diferenciación personal con su antecesor, obviando conflictos al interior de su partido, lo que va dejando espacio suficiente para que el expresidente Fernández reconstituya sus fuerzas con miras a un retorno al poder en el 2016.

Ambiente recesivo. Restringiendo el gasto para reducir el enorme hoyo fiscal que heredó y con las consecuencias de una reforma tributaria implementada este año, el Gobierno de Medina enfrentó en gran parte del año lo que el Centro Regional de Estrategias Económicas ha denominado “ambiente recesivo”. Gracias a un fuerte incremento del gasto en la segunda mitad del año, la economía terminará creciendo un 3%, insuficiente para reducir el desempleo, sobre todo al no haber reactivado el sector industrial, salvándose por el incremento de las exportaciones mineras.

El Gobierno puede reivindicar una tasa baja de inflación, alrededor del 5%, con devaluación del 7 por ciento, pero no así la carga del endeudamiento que para el próximo año compromete el 45 por ciento de los ingresos regulares.

El Banco Central situó el total de la deuda sobre 27 mil millones de dólares, aunque economistas independientes la consolidan por encima de los 30 mil millones de dólares, acercándose al 50% del producto bruto interno (PBI).

El año concluye sin que el Gobierno se haya abocado a dar curso a los pactos fiscal y eléctrico contemplados en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, aunque concentrándose en invertir en plantas generadoras de electricidad a base de carbón. Se le da crédito por haber iniciado las gestiones para el pacto por la calidad de la educación.

Auténticos “come solos”
Tras haberse engullido hace varios años al otrora poderoso partido de Joaquín Balaguer, el Reformista Social Cristiano, que al igual que otra docena de aliados del Gobierno disfruta de parcelas del Estado que son manejadas como auténticos patrimonios grupales, el PLD se ha ido convirtiendo en un auténtico “come solo” en la política y el ejercicio del poder. Por eso a principios de año su presidente Leonel Fernández proclamó que gobernarían otros 20 años, pero ya en diciembre lo extendió a 31 años más, hasta el 2044 para el bicentenario de la independencia nacional.

Como no tiene oposición, el PLD se lanzó este año a una desenfrenada carrera por la sucesión del presidente Medina, cuando este apenas agotaba su primer año de Gobierno. El propio Fernández proclamó en agosto que “el león” saldría a las calles y desde entonces sus más cercanos partidarios y financiadores se han lanzado a las provincias a crear movimientos de apoyo, especialmente a través de senadores y diputados que le deben cargos y riquezas al expresidente.

Esa circunstancia determinó que otros dirigentes peledeístas, como el secretario general Reinaldo Pared Pérez y los ministros Temístocles Montás y Francisco Javier García se lanzaran abiertamente en campaña, llenando calles y carreteras de propaganda política cuando todavía faltaban tres años para las elecciones.

Por otro lado, la decisión de aumentar en unos 140 los miembros del Comité Central del PLD y otra decena en su Comité Político, ha desatado otra campaña con un millar de aspirantes a esos puestos que se promueven por los más diversos medios de comunicación. El desmadre es visto como normal por los órganos que deberían regir las campañas electorales y los máximos responsables del Gobierno, sin que nadie pregunte o explique el origen de tanto recurso para promoción personal.

El informe de la CIDH: desafío a la concertación

diciembre 8, 2013septiembre 26, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Tal como se había advertido, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó el país esta semana es contundente en un firme rechazo a la desnacionalización de millares de ciudadanos dominicanos de ascendencia extranjera dispuesta por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC).

Las recomendaciones al Estado dominicano se sintetizan en la necesidad de “adoptar medidas urgentes que garanticen el pleno goce de los derechos humanos de las personas que han sido privadas de su nacionalidad”, incentivando un clima de armonía, respeto a la diversidad, participación y concertación.

Firmes conclusiones. El informe preliminar de la visita de la CIDH al país concluida el viernes es preciso y contundente en los múltiples aspectos que aborda, en especial frente al conflicto de la desnacionalización: “La Comisión estima que la sentencia del Tribunal Constitucional conlleva a una privación arbitraria de la nacionalidad. La sentencia tiene un efecto discriminatorio, dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes; priva de la nacionalidad retroactivamente; y genera apatridia respecto de aquellas personas que no son consideradas como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación”.

Sostiene que con una nueva interpretación del concepto extranjeros en tránsito el TC priva retroactivamente de su derecho a la nacionalidad dominicana a decenas de miles de personas que durante toda su vida habían sido consideradas dominicanas, muchas de las cuales fueron registradas por las autoridades competentes como nacionales dominicanos al nacer y a lo largo de su vida se les otorgaron otros documentos de identidad, tales como cédulas, carnets electorales y pasaportes”.

Los comisionados dicen que al visitar bateyes contactaron las condiciones de pobreza, exclusión y discriminación en que viven sus habitantes y que “afecta desproporcionadamente a los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, y esto guarda relación con los obstáculos que enfrentan en el acceso a sus documentos de identidad”. También sostienen que la sentencia del TC afecta a “personas ya sujetas a múltiples formas de discriminación, en particular con base en la raza y la pobreza”.

La CIDH se fundamenta en el artículo 20 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que postula que “toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra y que a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla”. Citaron el numeral 3 del artículo 74 de la Constitución dominicana que señala que “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.

Las recomendaciones. “Debido a la gravedad de las vulneraciones de derechos”, la Comisión destaca que es indispensable adoptar medidas urgentes que garanticen el pleno goce de los derechos humanos de las personas que han sido privadas de su nacionalidad, hasta tanto se implemente una solución de largo plazo que ponga fin a estas situaciones”. Consigna cuatro recomendaciones específicas:

1) Debe garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas que ya tenían este derecho bajo el régimen interno vigente entre 1929 y 2010.

2) No se puede exigir que las personas con derecho a la nacionalidad, como aquéllas desnacionalizadas bajo la sentencia 168-13, se registren como extranjeros como requisito para el reconocimiento de sus derechos.

3) Las medidas para garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas perjudicadas por la sentencia 168-13 deben ser generales y automáticas. Dichos mecanismos deben ser sencillos, claros, rápidos y justos. No pueden ser discrecionales o implementados en forma discriminatoria.

4) Los mecanismos deben ser accesibles en términos económicos.

Finalmente, a los efectos de lograr un resultado eficaz, sería importante crear un espacio de consulta y participación de la sociedad civil y representantes de las poblaciones afectadas por la sentencia.

Desafío a la concertación. El informe no deja dudas sobre la contundencia del rechazo al genocidio civil, y sus repercusiones internacionales obligan a la búsqueda de una solución que proteja los derechos vulnerados y no extienda el sufrimiento de las víctimas, y que impida un mayor descrédito de la imagen del país. El escándalo creado sigue ganando atención de instituciones, personalidades y medios de comunicación de todo el mundo. El último en abordarlo fue The Economic, bajo el título de “Tormenta en La Hispaniola”.

El desafío es fuerte para el presidente Medina y el presidente del partido gobernante, Leonel Fernández, que han reconocido las graves implicaciones humanas derivadas de la sentencia, y también han cuestionado la legitimidad de su efecto retroactivo. Ambos están conscientes de las implicaciones internacionales y de la necesidad de evitar que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión visitante advirtió que tiene un número de querellas presentadas por los primeros afectados que pueden llegar a la Corte.

Más allá del discurso nacionalista y soberanista que ha contaminado hasta a los presidentes de las cámaras legislativas, el Gobierno y el liderazgo de su partido tienen el desafío de buscar solución que reivindique los derechos humanos vulnerados. El pasado viernes el expresidente Fernández se reunió con los diputados de su partido. Tras una hora y media, no alcanzaron consenso pero barajaron diversas opciones legislativas.

Durante un encuentro efectuado el jueves en la Universidad Autónoma, el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, al que asistieron más de 2 mil personas, propuso a las autoridades y el liderazgo nacional “Un pacto que permita dar una solución dominicana, definitiva y respetuosa de los derechos humanos y la institucionalidad democrática”, a partir del numeral 2 del artículo 18 de la Constitución proclamada en el 2010 que reconoce la ciudadanía a “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.

Solución dominicana mediante pacto político

diciembre 1, 2013septiembre 26, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Más allá de la pretensión de reducirla a un diferendo dominico-haitiano, en círculos políticos, sociales y jurídicos se han barajado hasta seis opciones para solucionar la crisis originada por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que despoja de la nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia extranjera.

Los análisis más racionales parten de la urgencia de contener el deterioro de la imagen del país en el mundo globalizado y plantean la necesidad de un pacto político que solo pueden impulsar el Gobierno y su partido para generar una “solución dominicana” al conflicto.

Retroceso en la semana. El proceso de apertura del Gobierno a una solución que evite el despojo de la nacionalidad a decenas de miles de ciudadanos descendientes de extranjeros, en gran mayoría haitianos, sufrió un retroceso esta semana a causa de la dura posición adoptada por la Comunicad del Caribe (Caricom) con claro aliento de Haití, lo que llevó al Gobierno dominicano a suspender el diálogo bilateral iniciado con auspicios de Venezuela.

Cuando se esperaba que Caricom suavizara sus críticas por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) y alentara la posibilidad del diálogo, pasó a la ofensiva dando un portazo a la petición dominicana de formar parte del bloque regional, con la advertencia de que actuarían contra el país en diversos escenarios internacionales. La decisión fue precedida por un discurso del presidente de Haití, Michel Martelly, que no honraba el acuerdo suscrito por su canciller la semana anterior. El resultado fue que el Gobierno dominicano optó por la retirada y llamó a consultas a su embajador, mientras las relaciones bilaterales alcanzaban su mayor tensión de las últimas dos décadas.

La radical posición de Caricom devolvió protagonismo a los núcleos ultranacionalistas y antihaitianos que integran la “Red Nacional por la Defensa de la Soberanía”, y sus voceros, que habían comenzado la semana denunciando el acuerdo del viernes 22 y advirtiendo que “podría generar una reacción desestabilizadora de la paz social” y hasta cuestionando la legitimidad de la acción del Gobierno.

Las confrontaciones bilaterales cobraron nuevo impulso, generando rumores que crearon incertidumbres en la zona fronteriza, por lo que el presidente Danilo Medina instruyó a los organismos de seguridad a actuar con moderación, mientras el ministro de las Fuerzas Armadas, almirante Sigfrido Pared Pérez, denunciaba que “sectores oscuros nacionales e internacionales” promueven conflictos.

El Comité Político del PLD. En los entornos políticos y ejecutivos de los dos mayores líderes del partido que controla ampliamente el Congreso Nacional se reconoce el daño internacional que está ocasionando la crisis al país, aislado ya del vecindario, y el que pudiera agregarse si se comienza a aplicar la sentencia. Y son conscientes de que si llega a la Corte Interamericana las posibilidades de un dictamen desfavorable son muy altas, dada su jurisprudencia del 2005 en el caso de las niñas Yean y Bosico de ascendencia haitiana.

En ambos entornos políticos se han barajado alternativas que pasarían por el Congreso Nacional, o por un decreto presidencial, pero para no cargar toda la responsabilidad de solución al primer mandatario, la balanza se inclina por el Congreso. En lo que no hay dudas es en que tendría que ser decidido por el Comité Político del PLD, entre cuyos 26 miembros habría oposición como la del doctor Euclides Gutiérrez Félix, señalado como firme partidario de aplicar la sentencia, incluso desafiando a la comunidad internacional, a la cual considera promotora de la “fusión con Haití”.

Nadie duda que una acción concertada entre Medina y Fernández se impone fácilmente tanto en su partido como el Congreso, aunque enfrentaría la resistencia de su partido aliado Fuerza Nacional Progresista, real fortaleza de los ultranacionalistas, pero cuya votación no supera el 2 por ciento en elecciones congresuales y municipales, aliado al partido gobernante, y el 0.32 por ciento del sufragio (6 mil 63 votos) la única vez que postuló para presidente, en 1990, a su líder Vincho Castillo.

En los sectores gubernamentales hay quienes postulando el “realismo político” entienden que no hay nada que hacer, porque alguna encuesta no publicitada ha arrojado una mayoría de la población en respaldo a la sentencia del TC, pero el Barómetro de las Américas recién publicó un estudio del año pasado que arrojaba una mayoría a favor de que se reconociera la nacionalidad a los hijos de indocumentados nacidos en el país, especialmente en los segmentos de mayor nivel educativo, secundario hacia arriba, donde la aprobación llegaba hasta 59 por ciento.

Al menos seis alternativas

1.- La más institucional de todas las alternativas a la desnacionalización masiva es que el propio Gobierno apele a la última instancia en materia de derechos humanos, que es la Corte Interamericana, parte del bloque de constitucionalidad dominicano, solicitándole una “opinión consultiva”, prevista en el artículo 72 de su propio reglamento y en el 64 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La ventaja es que aparecería como iniciativa nacional. No desconoce el TC, cuya ley orgánica reconoce la instancia internacional.

2.- Una ley del Congreso Nacional que interprete el mandato del artículo 18.2 de la nueva Constitución que reconoce la ciudadanía a todos los que la tenían al momento de su promulgación. Todavía hay múltiples leyes pendientes para dar vigencia a los postulados de esa carta magna. Los ultranacionalistas podrían objetarla ante el mismo TC, pero muy pocos creen que este desafiará un acuerdo político de las fuerzas mayoritarias que obviamente tendría respaldo unánime de la comunidad internacional. Y si la objetara todavía quedaría el recurso a la Corte Interamericana.

3.- Una reforma constitucional ad hoc del artículo 18 para reconocer que la condición de transeúnte tiene un límite de tiempo, como establecían leyes desconocidas por el TC, como la anterior de Migración y la de la Cédula de Identidad, que lo reducían a 10 y 60 días, respectivamente.

Las otras tres alternativas forman parte de una propuesta del Sistema de las Naciones Unidas, entregada al Gobierno por su representación local, que ha insistido en mantenerla hasta ahora como documento reservado. Una fuente gubernamental dijo que se fundamentan en consideraciones de la sentencia del TC y las resumió:

4.- El Poder Ejecutivo otorga por decreto la condición de residente a los padres de la señora Juliana Deguis y cualquiera en situación similar, para eliminar la transitoriedad en que se fundamentó el TC.

5.- En base a que nadie obtiene automáticamente la nacionalidad de otro país, sin un proceso que puede ser extenso y costoso, para evitar que miles de personas devengan en apátridas un decreto presidencial o una ley les reafirma la nacionalidad.

6.- Conceder, por decreto o ley, la naturalización automática de todos los afectados por la sentencia, liberándolos de trámites más allá de la presentación de sus actas de nacimiento originales. Implica la pérdida o limitación de algunos derechos reservados solo a los dominicanos de nacimiento.

La solución del conflicto de la nacionalidad permitiría a la sociedad y el Gobierno concentrar su atención en la ejecución del Plan Nacional de Regularización de Inmigrantes, discutido durante dos años como mecanismo para controlar y reglamentar la inmigración, promulgada el viernes por decreto presidencial. Es una versión que supera positivamente las dos anteriores que parecían concebidas más bien para que nadie se regularizara y prosiguiera el desorden.

Es obvio que el Gobierno preferiría que todo terminara con que se aceptara que los desnacionalizados simplemente se acojan al Plan de Regularización como extranjeros, pero muchos de sus responsables saben que eso no resolverá la ignominia del despojo de la nacionalidad y dejará vivo el problema en la comunidad internacional y en la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

La solución dominicana

Tal como planteó el viernes el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, la denuncia del propósito de diálogo con Haití no puede anular el reconocimiento que hizo el Gobierno de “avanzar en todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad jurídica y el pleno goce y respeto de los derechos de los descendientes de haitianos nacidos en la República Dominicana”.

Aunque se había aceptado el diálogo bilateral auspiciado por Venezuela, como un paso de avance, desde el principio hubo quienes señalaron que si bien Haití, como el Caricom y toda la comunidad internacional, tienen derecho a expresase en un asunto que afecta derechos fundamentales de miles de personas, en esencia la solución debe ser nacional, a no ser que se prefiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que rechazan absolutamente los núcleos ultranacionalistas y trataría de evadir el Gobierno.

El Comité de Solidaridad abogó por “una solución dominicana al conflicto”, a partir del planteamiento del artículo 18.2 de la Constitución vigente desde enero de 2010 que reconoce la ciudadanía “a quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”, así como del artículo 110 de la misma, que ratifica el principio jurídico universal de no retroactividad de la ley.

Aunque han reconocido el carácter vinculante de la sentencia y tratado de salvar la institucionalidad del TC, creado por la reforma constitucional de 2010, tanto el presidente Danilo Medina como su antecesor Leonel Fernández, quien por demás es presidente del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), han expresado reservas sobre la retroactividad del dictamen que deja sin la nacionalidad a los hijos de extranjeros indocumentados hasta el 1929 y han reconocido la necesidad de una solución humanitaria.

Se requiere racionalidad frente al genocidio civil

noviembre 24, 2013septiembre 27, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Tras una serie de errores del grupo ultranacionalista, que han acentuado el persistente rechazo de la comunidad internacional y la próxima visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aparecen indicios de que el gobierno contempla alternativas a la sentencia que dejaría sin nacionalidad a miles de personas.

El diálogo con el gobierno haitiano, impulsado por Venezuela, y un mejor manejo del proyectado Plan Nacional de Regularización de Inmigrantes abren espacio de diálogo, mientras se atribuye al expresidente Leonel Fernández preocupación por la presión internacional y el esbozo de alternativas.

La sugerencia de Venezuela. En la opinión pública no se entendió por qué una comisión de alto nivel, presidida por el Ministro de la Presidencia, tuvo que volver a Venezuela tres días después de que fuera a explicar la posición del gobierno dominicano frente a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) que despojaría de la nacionalidad a decenas de miles de dominicanos nacidos en el país descendientes de haitianos.

La explicación se conoció el jueves con el comunicado en el que el gobierno dominicano se avino a dialogar con el de Haití para “avanzar en todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad jurídica y el pleno goce y respeto de los derechos de los descendientes de haitianos nacidos en la República Dominicana”. Eso es ni más ni menos lo que han pedido no sólo el gobierno haitiano, sino relevantemente todos los organismos nacionales e internacionales y las naciones caribeñas.

No se puede olvidar que el grupo de 14 países agrupados en el Caricom ha radicalizado el rechazo internacional a la sentencia, tanto como condicionar el solicitado ingreso de RD a ese bloque, su retiro del Cariforo y hasta su exclusión de las facilidades del programa venezolano Petrocaribe. Aunque aquí muchos restaron importancia a la posición de los caribeños, la realidad es que son un amplio bloque de 14 naciones con peso diplomático en el sistema interamericano y en otros organismos internacionales, con los que tanto Venezuela como Cuba han contado en los últimos años.

Es obvio que Venezuela sugirió al gobierno dominicano que dialogue con Haití, a cambio de lo cual lograba el aplazamiento de una reunión del Caricom que habían convocado esta semana para plantear acciones contra el genocidio civil de los domínico-haitianos.

Fisuras en el gobierno. Desde el principio no ha habido unanimidad en el gobierno sobre la adopción sin reparos de la aplicación de la sentencia del TC, y el tremendo rechazo de la comunidad internacional y la próxima llegada de la CIDH, han acentuado las diferencias. Hasta en el entorno del presidente Medina hay quienes promueven una “solución diplomática” y plantean retomar la posición original del mandatario cuando al reunirse con un grupo de los domínico-haitianos excluidos les pidió excusas por el daño que se les ha hecho, dejó interrogantes sobre la retroactividad de la sentencia y proclamó la necesidad de buscar una “solución humanitaria”.

Incluso hay quienes no entienden por qué el mandatario no ha reivindicado sus planteamientos y ha permitido que entre sus funcionarios y los dirigentes de su partido predominara la posición de la minoría ultranacionalista que pretende un enfrentamiento con toda la comunidad internacional a nombre de una soberanía limitada por los tratados internacionales, por lo menos en materia de derechos humanos.

Los radicalismos en que ha incurrido el grupo ultranacionalista, aliado político del partido gobernante, han acentuado las fisuras en el gobierno y partidarios, donde algunos consideran que se han justificado acusaciones de actitudes fascistas con actos como los gritos de “muerte a los traidores” en manifestaciones ante el altar de la patria y en Santiago, publicación de un “album de traidores a la patria”, quema publicitada de una novela del crítico Mario Vargas Llosa, a quien llegaron al extremo de considerar agente pagado, hostilidad contra su hijo Gonzalo Vargas Llosa, representante en el país del Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes, estigmatización a las organizaciones no gubernamentales y persecución y acoso a periodistas, juristas y hasta a las dos juezas que objetaron la sentencia.

La visita de la CIDH. La visita de la CIDH fue finalmente acordada para la semana del 2 al 5 de diciembre. Se dijo que por lo menos seis de los siete titulares del organismo y su director ejecutivo constituirán la misión que sostendría reuniones con los funcionarios gubernamentales, entidades de la sociedad civil, grupos de afectados por la sentencia y con forjadores de opinión pública. Al final darían una rueda de prensa.

De acuerdo con su firme rechazo de la sentencia y lo dicho por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, la misión buscaría ayudar al gobierno a abrir espacio para una solución acorde con los principios de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, sin esperar un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que por su jurisprudencia implicaría una salvaguarda de los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana.

La CIDH adelantó parte de su posición cuando el viernes 8 dijo públicamente que deseaba visitar el país a más tardar a principio de diciembre, antes de que se fuera a comenzar a implementar la sentencia del TC. El organismo tiene facultad para pedir a la corte una medida cautelar a favor de los afectados hasta que la Corte Interamericana conozca el caso. Por lo menos 18 afectados ya recurrieron ante la comisión desde hace dos años.

¿Mediación de Leonel?

Dos de los participantes en la reunión de casi cuatro horas que sostuvo el presidente del PLD y expresidente de la nación Leonel Fernández con sus aliados políticos el lunes 18 confirmaron que allí se discutió ampliamente la sentencia y sus consecuencias y que el líder político manifestó preocupación por el rechazo de la comunidad internacional.

El doctor Fernández habría enfatizado la necesidad de buscar alguna salida que atenúe la presión internacional “sin dejar mal parado al Tribunal Constitucional”. Esbozó la posibilidad de reconocer la nacionalidad a los 13 mil 672 domínico-haitianos que serían afectados de acuerdo al inventario relámpago que hizo la Junta Central Electoral, pero sin que se especificara una fórmula. En círculos políticos y hasta diplomáticos se ha barajado una posible mediación del líder peledeísta, quien hablando en Nueva York poco después de la sentencia, hizo reservas sobre su carácter retroactivo.

Lo primero es que no hubo unanimidad ni voluntad de los participantes para asumir la promoción de la sentencia. José González Espinosa y Rafael Peguero Méndez, del Partido de los Trabajadores Dominicanos y del Partido Popular Cristiano, incluso se manifestaron en contra de la desnacionalización de los domínico-haitianos y se quejaron de “mal manejo” de la situación. El representante de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, esbozó la posición radical de ese grupo en favor del TC, y Miguel Mejía, del Movimiento Izquierda Unida, se quejó de la ineficacia de la diplomacia dominicana para terminar sugiriendo un apoyo del bloque de partidos.

Lo del genocidio civil y la crítica evaluación del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS) de Washington, que considera que el país marcha en dirección a un régimen de partido único, consumieron gran parte de las más de tres horas y media que duró el encuentro y centraron las preocupaciones de Fernández. En ningún caso se concretó una respuesta colectiva.

Lo del Consejo de Migración

El comunicado tras la reunión el viernes del Consejo Nacional de Migración también fue expresión de prudencia gubernamental, al no pretender esta vez vincular el Plan de Regularización de Inmigrantes, que se viene discutiendo desde hace dos años, con la desnacionalización de los domínico-haitianos, como han hecho algunos.

De forma escueta se informó el plan que sería proclamado próximamente por decreto presidencial, que conllevaría una primera etapa para programar, presupuestar y organizar su implementación, y luego documentar y regular la entrada y permanencia en el país de los trabajadores inmigrantes, mayoritariamente haitianos.

La idea del plan ha tenido respaldo generalizado de organizaciones sociales, incluso las que trabajan en defensa de los derechos humanos, aunque una primera propuesta de la Dirección General de Migración fue criticada por los costos que conllevaba. Ese organismo puso en práctica su plan a partir de abril del 2012 y en año y medio sólo logró regularizar a 205 obreros. Migración comenzó cobrando 15 mil pesos sólo por emitir el carnet final, y aunque lo ha rebajado a 8 mil, aún ese y los demás costos que con- lleva lo han hecho inviable.

Organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Acnur han alentado el Plan de Regularización, comprometiendo ayuda. Pero se rumoró que no se sintieron satisfechos con que se vinculara un viejo apoyo a la circunstancia derivada de la sentencia del TC. Todas las agencias de las Naciones Unidas vinculadas han cuestionado las implicaciones de la desnacionalización masiva. Y se sabe que el PNUD propuso tres alternativas al gobierno, favoreciendo el reconocimiento de los derechos fundamentales, como el de la nacionalidad y evadiendo la apatridia, las cuales estarían siendo consideradas por el gobierno.

RD sigue quemándose en las evaluaciones

noviembre 17, 2013septiembre 27, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La República Dominicana sigue quemándose en la generalidad de las evaluaciones internacionales, con un balance devastador en la última semana en relación a seguridad ciudadana, homicidios, muertos por accidentes de tránsito, y en desvío del presupuesto nacional.

Pero lo más impactante fue el informe del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), con sede en Washington, que planteó que el país se encamina a un régimen unipartidista y que los niveles de corrupción ponen en peligro la estabilidad económica y la democracia dominicana.

Inseguridad ciudadana. En percepción de inseguridad la población dominicana alcanza el mayor nivel entre 18 países latinoamericanos, según un estudio presentado el martes en Nueva York por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que también resalta la alta proporción de homicidios que se registran en la sociedad dominicana.

Casi dos tercios de la población dominicana, 64.8 por ciento, percibe un deterioro de la seguridad ciudadana, por encima de naciones centroamericanas, de Venezuela, Brasil y otros donde desde hace décadas se ha registrado un persistente deterioro con altas tasas de homicidios, feminicidios y asaltos de bandas callejeras y de sicarios, a menudo ligados al narcotráfico. Después de los dominicanos, los venezolanos, brasileños y mexicanos son los que perciben mayor inseguridad, con proporciones de 58, 57 y 56 por ciento respectivamente.

El país encabeza también con 21.5 por ciento las poblaciones latinoamericanas que han sentido la necesidad de cambiar de barrio por temor a la delincuencia. La tasa de homicidios se duplicó en el país entre el año 2000 y el 2014, liderando la región, hasta alcanzar 26 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2010, aunque se redujo al 23 por ciento el año pasado.

Aunque este informe no lo indica, la RD también está entre los líderes de la región en proporción de asesinatos de mujeres, los llamados feminicidios. Lo mismo viene ocurriendo en muertes por accidentes automovilísticos, donde la Organización Mundial de la Salud coloca el país como segundo a nivel mundial, después de la isla Niue en el Pacífico, lo que fue recordado esta semana por el director de la Autoridad Metropolitana del Transporte al dar a luz pública un programa educativo para reducir los accidentes que están cobrando mil 500 vidas por año, la segunda causa de muerte en el país, después de las cardiovasculares.

Desvío del Presupuesto. Durante una conferencia dentro de un seminario auspiciado por la Cámara Americana de Comercio, el representante local del Banco Mundial dijo esta semana que la frecuencia de los sobornos y los desvíos presupuestarios son más elevados en esta nación que en todas las de América Latina.

Al establecer una conexión con la economía y la pobreza, el doctor McDonald Benjamín sostuvo que la corrupción es un impuesto regresivo, indicando que el pago de sobornos constituye una mayor proporción de los ingresos de las empresas medianas y pequeñas que de las grandes.

Aunque reconoció algunos avances, el funcionario internacional se quejó de poca efectividad en las políticas de competencia, lo que afecta la innovación y el crecimiento. Propugnó por una reducción de la discrecionalidad y mayor transparencia y rendición de cuentas.

El Banco Mundial, junto al Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unión Europea y las embajadas de los países desarrollados auspiciaron entre el 2010 y 2012 las Iniciativas Populares Anticorrupción con participación de altos representantes del sector público y de organizaciones sociales. Algunas de sus recomendaciones han sido implementadas pero otras, como el establecimiento de la cuenta única del tesoro, se han quedado rezagadas.

El presidente Danilo Medina se comprometió durante su campaña electoral a ejecutar la cuenta única en 100 días. Se dijo que entraría en vigencia en enero pasado, y aunque se han cerrado varios miles de las seis mil cuentas bancarias de todo el sector, la meta está lejos. La unificación de las cuentas promueve la transparencia y los controles y reduce la discrecionalidad en el desvío de los fondos públicos.

Actitud de resignación. En los últimos años la República Dominicana ha resultado achicharrada en las evaluaciones de instituciones internacionales multilaterales, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y a Educación, y de la Comisión Económica para América Latina, y de organismos no gubernamentales como Amnistía Internacional, Foro Económico Mundial, Transparencia Internacional y otros.

En corrupción, despilfarro y malversación de recursos públicos, al igual que en calidad de la educación e inversión en el sector, en desconfianza en la policía, y en mortalidad materno-infantil la República Dominicana ha liderado a nivel mundial, en los últimos cuatro o cinco escalones en evaluaciones de hasta 144 países. En competitividad y seguridad ciudadana, está por debajo de la media tanto en América Latina, como a nivel mundial.

La reacción frente a esas evaluaciones suele ser de rechazo por parte de los funcionarios y líderes políticos y sus voceros oficiales y oficiosos, especialmente cuando provienen de organizaciones no gubernamentales, a las que se suele atribuir un interés en “denostar al país”.

En la opinión pública y en amplios segmentos sociales se manifiesta resignación y una actitud de refugio y reafirmación en los deportes y el arte popular renglones en los que la nación es altamente competitiva, al punto de haber ganado el último torneo mundial de béisbol y de competir por los primeros lugares en volibol femenino.

Genera sus propios delincuentes. Frente a las pésimas evaluaciones internacionales la actitud de los sectores dominantes es de desdeño y búsqueda de chivos expiatorios. Muchos no quieren siquiera admitir que la sociedad dominicana genera sus propios delincuentes y apelan al recuro de atribuir el auge de la inseguridad a la deportación de miles de dominicanos desde Estados Unidos.

En su edición del pasado fin de semana, el periódico católico Camino mete en un solo paquete a unos 31 mil deportados de Estados Unidos, 3 mil 323 este año, considerando que vinieron graduados en el crimen y la maldad y que su presencia ensombrece aún más la inseguridad ciudadana.

El editorialista no sabe que la mayoría son convictos y/o acusados de delitos menores, incluyendo riñas callejeras y familiares y hasta violaciones a las leyes de tránsito y falsificación de documentos personales y que sólo una ínfima minoría ha incurrido en el país en actividades delincuenciales.

Entrevistado al respecto esta semana el Director Nacional de Prisiones, Tomás Holguín, sostuvo por Teleantillas que de 25 mil 445 internos en la red de 47 cárceles y adentros de correcciones, “apenas ciento y pico” son repatriados. Para llegar al 1 por ciento deberían totalizar 254. Las estadísticas y estudios académicos habían sepultado el argumento de que los repatriados tienen alta incidencia en la delincuencia nacional. Es lamentable que esta ve lo haya revivido un periódico de tantos aciertos como Camino, que debería reparar el daño hecho a ese segmento poblacional, al que se deben abrir la puertas para su reinserción social, aún a quienes cumplieron penas por delitos mayores.

Partido único y corrupción

Lo más impactante de la semana fue la publicación del informe del Centro de Estrategia y Estudios Internacionales (CSIS, en inglés) de Washington, que planteó que “las instituciones democráticas de la República Dominicana están siendo crecientemente amenazadas por el dominio de un solo partido”, lo que podría conducir a un “estado unipartidista”.

El CSIS es una entidad centrista conservadora que integra a personalidades de los dos partidos estadounidenses dominantes y sus evaluaciones suelen tener mucho peso en la opinión pública norteamericana. El diario El País, el más influyente de habla hispana, dedicó una página a reseñar el informe, resaltando su conexión de la corrupción con la institucionalidad democrática.

“La corrupción en la República Dominicana es un mal endémico que en la última década se ha extendido de manera preocupante a todos los estratos de la administración pública, una circunstancia que de enquistarse podría amenazar las bases democráticas del país caribeño, de acuerdo con las conclusiones del estudio del prestigioso CSIS”, resume el diario español.

El informe señala el caos en los partidos de oposición, centrándose en el Revolucionario Dominicano, dividido desde que apoyó una reforma constitucional que puso todos los poderes públicos en manos del dominante Partido de la Liberación Dominicana. Pondera el apuntalamiento de una inmensa red clientelar “con implicaciones que inciden en el detrimento de la economía”, sin dejar de referirse a la debilidad y dependencia del poder judicial, y su incidencia en el auge del narcotráfico.

La JCE deja mal parado al Tribunal Constitucional

noviembre 10, 2013septiembre 27, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Si en ocho días se podía determinar la cantidad de extranjeros en el registro civil dominicano, no se explica por qué la Junta Central Electoral (JCE) dejó que pasaran años de especulaciones al respecto, pudiendo haber evitado o reducido el escándalo generado por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).

El descubrimiento de que sólo hay 36 mil personas de origen haitiano en el registro civil, y apenas 13 mil 672 irregularmente inscritos, también destroza dos décadas de alarmas que llegaron a estimar hasta en 700 mil los cedulados y habilitados para votar, lo que incentivó el ultranacionalismo y antihaitianismo.

Impresionante velocidad. En su quinta decisión, la sentencia 168-13 del TC otorgó un plazo de un año y prorrogable a dos, para que la JCE realizara “una auditoría minuciosa de los libros registros de nacimiento” del 21 de junio de 1929 a la fecha “para identificar e integrar en una lista a todos los extranjeros inscritos. Luego de consignar en una segunda lista los inscritos sin haber llenado los requisitos constitucionales, para finalmente transferirlos a nuevos libros y que se regularicen como extranjeros.

Luego el Consejo Nacional de Migración dio otro plazo, esta vez de 30 días, para que la JCE evaluara “el impacto de la sentencia”. Pero no contaron con la astucia y la velocidad de las tropas de Roberto Rosario, las que en 8 días de intensa labor revisaron 55 mil 542 de los 56 mil 564 libros de registros de nacimiento de todo el país. Quedó apenas el 2 por ciento que por su nivel de deterioro, o porque desaparecieron, no han podido ser inventariados.

Esa labor la realizaron 250 técnicos a razón de 30 libros por día cada uno en jornadas de 8 horas, según el informe emitido el jueves, el cual no precisa el promedio de folios o actas por libro. Cuando se contrató la tecnología para digitar todo el registro, se dijo que una quinta parte de los libros estaban desaparecidos o dañados, y que hasta 1970 los libros contenían entre 400 y 500 folios, y desde entonces entre 100 y 200.

Si sólo verificaron los correspondientes a las personas vivas, y se olvidaron de los nacidos desde 1929 que han muerto, según el censo del 2010, serían 9 millones 445 mil 285, que divididos entre los 55 mil 542 libros de registros inventariados, da un promedio de 170 por libro. Multiplicados por 30, quiere decir que cada técnico revisó, “minuciosamente” como le ordenaron, 5 mil 100 actas por día, 637 por hora y 10.6 por minuto. Una verdadera proeza si las actas son manuscritas, y hay que verificar el declarante, si era nacional o extranjero y consignar con qué documento hizo la declaración.

Sólo 36 mil haitianos. De acuerdo al inventario de la JCE, en el registro nacional entre 1929 y 2013 sólo hay 53 mil 847 extranjeros, de los cuales apenas 36 mil 326 son de origen haitiano, el 67 por ciento. Los restantes 17 mil 521 son de otras 116 nacionalidades, 2,508 norteamericanos, 2,002 espanoles y 1,311 ingleses, que serían los cocolos.

Como 22 mil 689, el 63 por ciento de los de origen haitiano, fueron declarados con cédulas de por lo menos uno de los padres, viene a resultar que los candidatos a ser desnacionalizados serían los 13 mil 672 restantes, cifra muy inferior a todos los estimados que se habían hecho. Se queda por debajo hasta de los 19 mil 15 de origen haitiano que arrojó el inventario que realizó la dirección de oficialías de la propia JCE bajo la coordinación de su entonces titular José Angel Aquino, presentado al pleno en febrero pasado, la que totalizaba 22 mil 678 extranjeros. Pero esta evaluación sólo abarcaba hasta 1982.

Hasta la sentencia del TC, los afectados por el genocidio civil iniciado por la JCE en el 2007 eran estimados en miles o cuando mucho decenas de miles. Pero ese tribunal fundado en los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes realizada durante el 2012 por la Oficina Nacional de Estadísticas, con auspicios de las Naciones Unidas y la Unión Europea, los elevó a más de 668 mil, al sumar sin mayor ponderación los inmigrantes haitianos, estimados en 458 mil 233 a los descendientes de haitianos nacidos en el país que fueron estimados en 209 mil 912.

En su párrafo 1.1.3, refiriéndose a la recurrente en amparo Juliana Deguis, el TC sostuvo que ella es sólo una de ese total “por lo que el problema que ahora nos ocupa no sólo le atañe a ella, sino también a otra cantidad de inmigrantes y sus descendientes los cuales constituyen el 6.87 por ciento de la población que habita el territorio nacional”. Según el inventario de la JCE presentado el jueves todos los de origen extranjeros en el registro civil sólo alcanzan al 0.57 por ciento de la población, los de origen haitiano al 0.38 por ciento y de estos los inscritos irregularmente son el 0.14 por ciento de la población nacional.

13 mil es genocidio civil. La cifra de 13 mil 672 posibles afectados por la sentencia del TC reduce la magnitud del escándalo, pero sigue constituyendo un genocidio civil al despojársele de la nacionalidad que se les había otorgado. La condena del 2005 al Estado dominicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue por haberse negado a inscribir como ciudadanas a sólo dos descendientes de haitianos. Y 48 afectados por la decisión de la JCE han buscado amparo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha celebrado al menos dos audiencias en relación a estos, la última el 12 de mayo pasado.

Obviando las interrogantes que deja la velocidad con que la JCE ha hecho el “inventario minucioso” que le encomendó el TC, y su posible subestimación buscando contener el escándalo internacional, si se acepta que los afectados son sólo 13 mil y pico, es menos comprensible que se hayan agotado años persiguiendo a estos, en vez de haber concentrado la atención en reducir y regular los 458 mil inmigrantes que estimó la encuesta de la ONE.

Visto en otra perspectiva, al ser mucho menos de lo que se creía la proporción de la población afectada por la sentencia del TC, eso debería facilitar la solución humanitaria” que planteó el presidente Danilo Medina, y que hasta ahora no ha concitado apoyo ni siquiera de los funcionarios de su gobierno y de los dirigentes de su partido que casi a unanimidad han adoptado el discurso ultranacionalista, con las excepciones de la diputada Minou Tavárez Mirabal y Rafael Camilo.

Que duerman tranquilos. Mientras tanto, como el inventario publicado por la JCE reduce a una proporción insignificante los nacionales de origen haitiano inscritos en el registro civil dominicano, deberían dormir tranquilos los que durante las últimas décadas entraron en pánico, pretendiendo que un día los vecinos determinarían los presidentes dominicanos.

Para las elecciones de 1994 y 1996 se hizo campaña política sobre los hasta 700 mil haitianos que supuestamente estaban dotados de cédulas y en el padrón electoral. Aunque esa grosera manipulación se redujo tras la muerte en 1998 del doctor José Francisco Pena Gómez, de ascendencia haitiana, ha sido pretexto para que muchos apoyen el despojo de la nacionalidad a los descendientes de haitianos que ya habían sido inscritos y que ahora resulta que son apenas el 0.38 por ciento de la población nacional.

Al deshacerse el mito del peligro haitiano con la nacionalidad, tal vez las autoridades y una opinión pública poco analítica de las reales dimensiones de la inmigración haitiana, puedan concentrarse en limitar y regular el tráfico humano por la frontera, incentivado por quienes hacen fortuna con el desorden y la inmigración masiva que desvalora el masiva que desvalora el trabajo.

RD bajo generalizada crítica internacional

noviembre 3, 2013septiembre 27, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Las reacciones mundiales a la sentencia del Tribunal Constitucional que justifica el genocidio civil iniciado en el 2007, indican un claro riesgo de condena y aislamiento internacional para la República Dominicana que podría alcanzar dimensiones económicas.

Aunque el Gobierno dominicano inició “una ofensiva” encaminada a justificar el despojo de la nacionalidad a millares de personas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) lo proclamó como un asunto de derechos humanos a ser decidido por la Corte Interamericana y citó un precedente de condena.

Aislada en la OEA. Aunque la generalidad de los diarios dominicanos hizo un esfuerzo por reducir el efecto de la sesión del Consejo Permanente de la OEA celebrada el martes 29, los que la vieron por Internet pudieron advertir que fue devastadora para la República Dominicana, aunque sus representantes trataron de justificar la posición del Gobierno tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que priva de la nacionalidad a los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en el país a partir de 1929, a los que durante más de ochenta años se les reconoció y registró como dominicanos.

La sesión fue convocada a instancias de varios de los 15 países que integran la Comunidad del Caribe (Caricom), la mayoría de los cuales hicieron uso de la palabra para rechazar enérgicamente la sentencia del TC que afectaría a decenas de miles de dominicanos de ascendencia extranjera, en su mayoría de haitianos, incluyendo a los descendientes de inmigrantes del Caribe inglés, conocidos aquí como cocolos.

Varios oradores dominicanos hicieron esfuerzo por explicar la sentencia y su aplicación, encabezados por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, quien dio seguridades de que el Estado “no va a permitir que se vulneren los derechos fundamentales de personas que están amparadas por nuestras leyes”. Pero esta y otras afirmaciones quedaron sin sentido, ya que la sentencia y los que la aplican se basan en que los ciudadanos afectados no estaban amparados por la Constitución ni las leyes, a pesar de que recibieron la nacionalidad.

Un secretario contundente. El secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, fue contundente en su discurso al afirmar que “Está clarito: nadie puede verse privado de su nacionalidad, y por lo tanto hay un problema de derechos humanos”. Pero precisó que “también tenemos un problema institucional”, porque “esta sentencia ha sido dictada por una Corte Constitucional de un Estado en virtud de su propio ordenamiento jurídico interno”, para afirmar a continuación: “yo creo que eso se enfrenta a través del sistema de derechos humanos, y por tanto, este tema es propiamente competencia de la Comisión y de la Corte” de Derechos Humanos.

Insulza citó el rechazo de la Comisión Interamericana a la sentencia del tribunal y recordó también que la Corte ya dictaminó en un caso similar, refiriéndose al de las niñas Jean y Bosico, descendientes de haitianos, donde sentó jurisprudencia ordenando su inscripción como ciudadanas dominicanas.

La intervención del presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, no parece que pueda ayudar la causa del país, pues llegó al extremo de objetar las opiniones de quienes no han leído el texto completo de la sentencia, incluyendo al secretario general y dijo que el país no perdería tiempo respondiendo esas críticas. Solo Nicaragua y El Salvador avalaron la posición dominicana, pero en las intervenciones de los representantes de Estados Unidos, México, Canadá, y aún de Venezuela, predominó la defensa de los derechos humanos. El peso de los 15 países de Caricom en la OEA es muy fuerte, pues son casi la mitad de los miembros, y pocos quieren verse con ese bloque en contra.

Un clamor generalizado. El debate en la OEA-Washington contribuyó a expandir el conflicto por el continente y el mundo, siendo recogido por los principales periódicos y cadenas de televisión y contribuyendo al rechazo generalizado del genocidio civil dominicano.

Esta semana fueron significativas las condenas expresadas en un comunicado firmado por 19 legisladores del Congreso de Estados Unidos, así como por el Black Caucus que integra otros 43 congresistas. En carta al presidente Danilo Medina, los diputados encabezados por Joseph Kennedy III, sostienen que la sentencia “podría resultar en una crisis humanitaria sin precedente que afectaría profundamente la estabilidad de la región”. El influyente Caucus Negro consideró que la apatridia de los dominicanos de ascendencia haitiana “debe ser considerada como una amenaza para el progreso y la estabilidad regionales”.

Desde que se conoció la sentencia a fines de septiembre, decenas de organizaciones, personalidades y medios de comunicación la han rechazado por implicar violación al principio jurídico internacional de no retroactividad de la ley y por considerar “personas en tránsito” a quienes se quedan por décadas en un país.

Se destaca la posición del Centro Robert Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, de Washington, cuyo director, Santiago Cantón, dijo que RD ha ignorado el derecho internacional, y sometió un recurso de “Amigos de la Corte” sobre el caso de Benito Tide Méndez contra RD.

Organismos y periódicos. Entre los organismos internacionales que han rechazado la sentencia se cuentan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que opera como procuraduría general de la Corte, y las agencias de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, para Refugiados y Migrantes (Acnur), y para la Infancia y la Adolescencia (Unicef).

Periódicos como El País de España y BBC-Mundo de Gran Bretaña han dedicado dobles reportajes al conflicto. The New York Times, Le Monde, Página 12 de Argentina, y muchos otros, al igual que cadenas de televisión, se han ocupado del caso enfatizando el rechazo al genocidio civil. El más radical ha sido el diario The Boston Globe, que en un editorial el 15 de octubre planteó que la comunidad internacional debe presionar al Gobierno dominicano para evitar que 200 mil personas queden sin nacionalidad. Agregó que Estados Unidos, como mayor socio comercial de RD “debe examinar las presiones que pueden aplicarse”.

Entre las personalidades que han rechazado el genocidio civil se cuentan el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, junto a las Madres de la Plaza de Mayo, de Buenos Aires y 14 organizaciones argentinas. También las destacadas escritoras y escritores norteamericanos de ascendencia dominicana como Julia Alvarez, Rhina Espaillat, Junot Díaz y Silvio Torres Saillant.

Evitar o reducir los riegos. Aunque la Unión Europea no ha fijado posición, por su delegación en el país se sabe que ha rechazado el genocidio civil desde que la JCE lo inició en el 2007. Lo mismo que el Departamento de Estado de Estados Unidos, y de ambos se esperan pronunciamientos en defensa de los derechos humanos, lo que podría elevar los riesgos a que se expone el país desafiando principios fundamentales de la comunidad internacional, a nombre de una soberanía ya limitada por tratados internacionales.

La relación con Haití, adonde los dominicanos exportan por unos 1,500 millones de dólares anuales, ya está afectada, y los países del Caricom ya están cuestionando la solicitud de ingreso del Gobierno dominicano. Dominan el Cariforo, del que RD es miembro, e influyen sobre la Unión Europea a través del Acuerdo Caribe-Pacífico, por donde podrían generarse problemas al comercio y el turismo dominicanos.

Todos los caminos conducen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y su jurisprudencia, como señaló el secretario general de la OEA, quien planteó que “no hay forma de resolver el conflicto sin reconocer el derecho de los dominicanos de ascendencia haitiana. Pero dejó abierta una puerta a la negociación con el Gobierno dominicano y la oportunidad sería cuando venga al país la comisión investigadora que se anunció en la sesión del Consejo Permanente.

El jurista Francisco Alvarez Valdez, dirigente de Participación Ciudadana, señaló en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio que el Gobierno puede solucionar el problema solicitando una opinión consultiva a la Corte, como forma de evadir una condena. Para eso tendría que asumir que el dictamen le será desfavorable y que la prolongación del escándalo no ayuda a un país con economía dependiente del turismo, del financiamiento externo, de las remesas de millón y medio de emigrantes, y del comercio.

La opinión consultiva, prevista en los artículos 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el 72 en el Reglamento de la Corte, al igual que una sentencia, sería vinculante para el Estado, pero aparecería como iniciativa propia.

Hay quienes creen que la Corte tomará años para decidir a favor de los desnacionalizados, porque ignoran que el artículo 63.2 de la Convención Americana establece que “En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”. Y ya la Comisión ha recibido casos de despojo de la nacionalidad y se pronunció contra la sentencia del TC. El Gobierno de Danilo Medina debe escoger el camino más racional.

Organizaciones contra la desnacionalización
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes
Comunidad Económica del Caribe
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Adolescencia
Amnistía Internacional
Consejo Latinoamericano de Iglesias
Asociación para el Estudio de la Diáspora Mundial Africana (ASWAD)
Centro Robert Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
Clínica de Derechos Humanos Universidad de Columbia
Clínica de Derechos Humanos Universidad de Miami
Clínica de Derechos Humanos Universidad de Santa Clara
Black Caucus de 43 miembros del Congreso de los EUA
19 legisladores del Congreso de los EUA
Servicio Jesuita a Refugiados en EUA
14 organizaciones argentinas, encabezadas por Adolfo Pérez Esquivel
Federación Mundial de la Diáspora Haitiana
10 organizaciones sociales de Haití

Han preferido el desorden para explotar inmigrantes

octubre 27, 2013septiembre 27, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Informe especial. La regularización de haitianos en RD. Por enésima vez el Gobierno inició esta semana un proyecto para regular la inmigración dispuesta hace décadas por leyes, decretos y acuerdos pero jamás ejecutada por la prevalencia de intereses empresariales y hasta de organismos estatales que han preferido el desorden para disponer a su antojo de una mano de obra incondicional.

El propósito expresado en la reunión del Consejo Nacional de Migración, presidido por el presidente Danilo Medina, comienza mal motivado fundamentalmente en el interés de despojar de la nacionalidad a 244 mil descendientes de extranjeros nacidos en el país, en vez de centrarse en 524 mil inmigrantes indocumentados.

Polémica motivación. Con algarabía, reunido en el Palacio Nacional, bajo la conducción del presidente Danilo Medina, el Consejo Nacional de Migración instituido en la Ley General de Migración 285-04, pareció cobrar vida por vez primera casi una década después y replantea un Plan Nacional de Regularización que en año y medio apenas ha formalizado a 210 inmigrantes.

El Gobierno tendría una oportunidad de revivir su consigna electoral de “hacer lo que nunca se ha hecho”, que en este caso sería aplicar una sentencia inconstitucional e inhumana que despojaría de la nacionalidad por lo menos a los 244 mil 151 descendientes de extranjeros, 209 mil 912 (86 por ciento) de ascendencia haitiana, que residen en el país, según estimó este año la Oficina Nacional de Estadística.

Hay quienes temen que el nuevo intento de regulación sea tan fallido como los anteriores al centrarse en la persecución de los descendientes de extranjeros nacidos y reconocidos como dominicanos durante ocho décadas en vez de poner su atención en los 524 mil 632 inmigrantes, de los cuales 458 mil 233 (87 por ciento), serían haitianos, según la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes de abril pasado.

Aunque parezca irónico el plan de regularización podría ser reenfocado cuando el asedio internacional por la barbaridad del genocidio civil, que este martes se traslada al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, obligue al Gobierno a rectificar o que lo disponga la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según lo que se informó al final de la reunión del Consejo de Migración, integrado por una docena de ministros y altos funcionarios, el Presidente mantiene una puerta abierta a la “solución humana” del problema, por lo que busca “una respuesta coherente y humanitaria”. Con esto puede relacionarse el encargo a la Junta Central Electoral para que en plazo de diez días informe del “impacto de la sentencia sobre los extranjeros inscritos en el sistema registral”. Debería informar también sobre la viabilidad de identificarlos entre millones de actas retroactivamente hasta 1929, y de ubicarlos para anularles registro y cédulas con 25 por ciento de los libros desaparecidos.

Plan de regularización. La reunión del martes decidió elaborar, en plazo de 60 días, el Plan de Regularización de Extranjeros, aunque en julio del año pasado la Dirección General de Migración sometió un proyecto a consideración del entonces presidente Leonel Fernández, tras haber comenzado por decisión administrativa, a registrar trabajadores inmigrantes en abril del 2012.

El proyecto de Migración, elaborado en virtud de la Ley de Migración del 2004, contiene 89 artículos, con una extensa y redundante presentación de 26 páginas. Parece que ahora tendrá que ser modificado, a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional que pone en primer plano la situación de los desnacionalizados.

En la primera página de su introducción el proyecto de Plan Nacional de Regularización indica que “concierne exclusivamente a extranjeros con estatus migratorio irregular que se encuentren en la República Dominicana, y su finalidad es la de crear un espacio de oportunidad de regularización a aquellos extranjeros que se acojan a sus condiciones, requisitos y procedimientos”.

La Ley de Migración fue objeto de un largo proceso de discusión durante una década, hasta su promulgación por el presidente Hipólito Mejía en vísperas de su salida del Gobierno en agosto del 2004. Pese a los reclamos, su Reglamento 631-11 vino a ser promulgado más de siete años después por el presidente Leonel Fernández el 19 de octubre del 2011.

Sólo 210 regularizados. Con prisa, en base al reglamento de la ley, Migración dio un plazo público a las empresas agropecuarias y de la construcción para que a partir de abril del 2012 se abstuvieran de emplear inmigrantes indocumentados y se acogieran a un plan de regularización. Pero desde el principio los términos fueron considerados impracticables por las organizaciones empresariales, especialmente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi).

Año y medio después, apenas 210 trabajadores agrícolas han recibido el carnet de regularización, según informe de la Dirección de Prensa de Migración publicado el 24 de octubre por el Diario Libre. Fuentes de la JAD indican que casi todos los regularizados son de una sola empresa, la bananera Plantaciones del Norte, de capital extranjero, que puede invertir una suma considerable para acogerse al reclamo y cumplir requisitos de los países de destino de sus exportaciones. Otros 500 estarían en proceso, estos de otra empresa también extranjera, que gestiona el Ingenio Barahona.

La JAD ha estimado que las condiciones económicas para la regularización son tan onerosas que no las pueden pagar los jornaleros haitianos y apenas una parte de las 258 empresas agroindustriales y 200 pecuarias, siendo imposible para unos 10 mil pequeños y medianos productores del sector que emplean entre 10 y 20 jornaleros haitianos, una alta proporción del total. Lo mismo ha sostenido la Acoprovi sobre sus miembros.

Un buen negocio. A mediados del 2012, como quedó impreso en nuestro análisis “Habrá que aterrizar el Reglamento de Migración”, se estimó que la regularización de cada jornalero haitiano costaría entre 20 y 30 mil pesos, es decir entre 500 y 750 dólares de entonces. Migración estableció una tarifa de 15 mil pesos, que luego reduciría a 12 hasta dejarlo ahora en 8,500 pesos, pagaderos en efectivo a ese organismo, sólo por emitir el carnet final. A los indocumentados en el país se les obligaba a volver a Haití para iniciar el proceso. Entre 5 y 15 mil pesos adicionales se irían en legalizar acta de nacimiento, obtener certificado médico, pasaporte y visa, traducción y legalización de documentos. El pasaporte haitiano costaba 80 dólares y la visa dominicana en teoría 90 dólares, pero los consulados en Haití cobraban hasta 200.

Un agravante total para las empresas es que el Plan de Regularización les obligaba a pagar una fianza por cada trabajador temporal contratado, que sería ejecutada si al final del contrato no entregaban el jornalero a Migración para su repatriación. Eso sólo sería posible si las empresas establecieran un campo de concentración vigilado en cada finca o construcción. Ya era demasiado con que pagaran el costo de carnetizar un inmigrante que en cualquier momento podría desaparecer.

Eso puede ser un buen negocio para la Dirección de Migración y los consulados dominicanos en Haití, pero absolutamente impracticable. Convertía el interés de regularizar en una maraña de requisitos y recaudaciones que por cierto no entrarían a la Tesorería Nacional, sino que quedaban como “recursos propios” del organismo, que de regulador pasaba a recaudador.

Preferirían el desorden. Son muchos los intentos de regularizar la inmigración haitiana a lo largo de un siglo. Desde los implementados por la tiranía de Trujillo, hasta la actual etapa democrática. Pero siempre parece prevalecer el “dejar hacer, dejar pasar” que ha creado tantas fortunas de funcionarios civiles y militares, de políticos y traficantes.

Fue el Consejo Estatal del Azúcar el que durante décadas contrató miles de haitianos para el corte y tiro de la caña, especialmente en los doce años de Balaguer, parte de los cuales se irían quedando en el país. Los gobiernos de Antonio Guzmán y Jorge Blanco siguieron los contratos. Por cierto que correspondió al doctor Milton Ray Guevara, secretario sin cartera de Guzmán y ahora presidente del Tribunal Constitucional, negociar con Duvalier una renovación del negocio de los braceros haitianos.

Mientras denunciaba la “invasión haitiana” el gobierno de Joaquín Balaguer reclutaba en Haití obreros para abrir las zanjas para la ampliación del acueducto de Santo Domingo en los años noventa, y el de Fernández para el metro y hasta para la remodelación del edificio de la Cancillería. Una vez se escuchó al ingeniero Diandino Peña decir que si querían terminar la ampliación de la Cancillería antes de una cumbre regional, tenía que utilizar haitianos. Lo mismo dijo luego sobre la conclusión del metro de Santo Domingo.

Las industrias privadas de la caña y el azúcar y de la construcción también se han nutrido históricamente de una mano de obra incondicional, incapacitada para reclamar y más barata que la nacional. Los dominicanos que se han ido hasta en yola para Puerto Rico dominan allí el mercado laboral de la construcción, que aquí han venido dejando en manos de los haitianos.

La convicción general es que tanto en el sector estatal como en el privado han preferido mantener el desorden migratorio, antes que pagar las consecuencias de la regularización. Ahora confunden pretendiendo que la inmigración ilegal se controlará despojando de la nacionalidad a los nacidos en el país hasta hace 80 años. Para agravar antes de solucionar el desorden.

Intentos de regularizar la inmigración

14 de abril de 1939
Ley de Migración No. 95.
12 de mayo de 1939
Reglamento 279 de la Ley de Migración.
22 de diciembre de 1966
En vigor el Acuerdo sobre Contratación de Obreros Temporales Haitianos entre RD y Haití.
28 de marzo de 1987
Decreto 152-87 Sobre Apertura de la Frontera Domínico-Haitiana.
15 de Octubre de 1990
Decreto 417-90 que dispone la “Regularización Migratoria de Jornaleros de Nacionalidad Haitiana.
13 de Junio de 1991
Decreto 233-91 dispone la repatriación de todos los trabajadores extranjeros menores de 16 años y mayores de 60 que trabajan en la caña de azúcar.
19 de Junio de 1998
En vigor el Memorandum de Entendimiento para Asuntos Migratorios. Gobiernos de RD y Haití.
23 de Febrero del 2000
Declaración Sobre Condiciones de Contratación de Trabajadores. Gobiernos de RD y Haití.
15 de Agosto del 2004
Ley General de Migración 285-04.
19 de Octubre del 2011
Reglamento 631-11 de la Ley General de Migración.

Danilo debe frenar el genocidio civil

octubre 6, 2013septiembre 27, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El camino más expedito para conjurar la el genocidio civil avalado por el Tribunal Constitucional (TC) antes que el país sufra nuevas condenas internacionales es una ley que reivindique la Constitución vigente, y reconozca la nacionalidad dominicana a todos los que la recibieron antes del 26 de enero del 2010.

Por de pronto la sentencia 168-13 del TC ya perdió la opinión pública nacional e internacional con un contundente rechazo al “tránsito de décadas” y al efecto retroactivo que viola un precepto fundamental de carácter universal, sobre todo en materia de un derecho básico como el de la nacionalidad.

244 mil serían afectados. La sentencia que desconoce a los dominicanos de ascendencia haitiana contiene en sí misma elementos que la condenan al zafacón de la historia, como el dislate de declarar en tránsito a decenas de miles de descendientes de inmigrantes de hasta 84 años y ordenar un rastreo desde 1929, lo que incluirá a los miles asesinados por la guardia trujillista en 1937, cosa que esta semana recordó BBC Mundo en un extenso reporte, y de disponer el despojo retroactivo de su nacionalidad, en violación de la Constitución de la República en su artículo 110, sino también de un principio básico del derecho internacional. El reglamento de Migración 279 de 1939 limitaba el tránsito a 10 días.

Asumiendo el antihaitianismo de grupos ultranacionalistas, a 11 de los 13 jueces del TC se les fue la mano en otros aspectos, por los cuales su dictamen ha tenido el rechazo casi absoluto de los expertos en derecho constitucional e internacional y de las ciencias sociales. Se cogieron para sí una instancia que reconocían facultad de otro tribunal, juzgaron sin escucharla a la señora Juliana Deguis Pierre que lo que les pedía era amparo y extendieron la condena a 244 mil personas que integrarían un apartheid.

La misma sentencia exagera las víctimas de la limpieza racial que dispone, cuando en su numeral 1.13 interpreta los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes publicada en abril por la Oficina Nacional de Estadística, que estima en 458 mil los nacidos en Haití y en 244,151 sus descendientes nacidos en República Dominicana. Sin el menor rigor, igualan las dos categorías, para elevar su total a 668,145, y sostener que la recurrente señora Deguis es solo una del total “por lo que el problema que ahora nos ocupa no solo le atañe a ella, sino también a otra cantidad de inmigrantes haitianos y sus descendientes los cuales constituyen el 6.87 por ciento de la población que habita el territorio nacional”.

Según el censo, los nacidos aquí son el 2.04 por ciento de la población nacional, y solo esos pueden equipararse a Juliana Deguis, porque como ella reclaman la nacionalidad.

La Constitución del 2010. Para negar la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados fue que en la Constitución del 2010 se modificó lo relativo a quiénes son dominicanos, artículo 18.

En las anteriores, donde imperaba el jus soli, solo se excluía a los hijos de diplomáticos y extranjeros en tránsito. Se excluye ahora también a los hijos de quienes “residan ilegalmente en territorio dominicano”.

Como ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que el tránsito debe ser por un período razonable, no por décadas, y como el artículo 110 de la Constitución declara que “la ley solo dispone y se aplica para el porvenir”, la Sentencia del TC ha sido considerada inconstitucional por casi todos los expertos constitucionalistas.

Hasta el expresidente Leonel Fernández rechazó la retroactividad esta semana en declaraciones a periodistas en Nueva York.

Según publicó el digital 7días.com, el líder peledeísta dijo que si la sentencia es de aplicación retroactiva creará un problema con personas “que han tenido la impresión de ser dominicanos y en algún momento hasta tuvieron la documentación dominicana”.
Agregó que “lo que tiene que verse… es si tiene efecto retroactivo o solamente rige para el futuro. Si se interpreta simple y llanamente como para regir en el futuro, no hay discusión…”.

Un apartheid imposible. En la globalización actual no será posible que florezca un apartheid que de entrada pudiera afectar a 244 mil personas y en el futuro a toda su descendencia. Ellos no se irán y resistirán el despojo de la nacionalidad, prefiriendo “hasta la muerte” como dijo la joven petromacorisana Altagracia Yan en una rueda de prensa esta semana.

Resulta imposible imaginar a decenas de miles de personas sin poder acceder a una identidad, a un empleo, ni a la seguridad social, sin derecho a casarse ni divorciarse, ni inscribirse en una escuela o universidad.

Las autoridades tendrían que pasar años notificando anulaciones de actas. Será impracticable también el inventario hasta 1929 buscando descendientes de inmigrantes indocumentados.

El dictamen del TC divide la sociedad dominicana, porque una proporción muy considerable, legitima el despojo, confundiendo los derechos adquiridos de los nacidos en el país con la creciente inmigración de haitianos, promovida por intereses empresariales y del mismo Estado que se garantizan un excedente de mano de obra, lo que abarata el costo del trabajo.

Cuando la Junta Central Electoral (JCE) contrató en el 2005 para automatizar todo el registro civil, se pudo comprobar que el 22 por ciento de los folios estaban deteriorados y otro porcentaje desaparecido.

Hasta 1993 se obtenía la cédula de identidad sin acta de nacimiento y el 25 por ciento de los que han dado sus datos biométricos carecían del acta, sostiene una fuente del organismo.

El presidente Medina. Se creyó que el TC tenía la llave para poner fin al genocidio civil iniciado en el 2007 por la JCE pero su dictamen avalándolo y multiplicándolo, obligará a la búsqueda de una “solución pragmática”, como la propuesta a principio de año por el doctor José Angel Aquino, titular del organismo estatal, quien llegó a presentar un proyecto de ley para reconocer la nacionalidad a unos 22 mil afectados por la resolución de la JCE a partir de 1982. Tres de los cinco miembros de la JCE lo rechazaron.

En las actuales circunstancias el presidente Danilo Medina sería el más indicado para tomar la iniciativa legislativa, tanto para evitar el apartheid como para economizar descrédito internacional, que en el exterior no podrá ser desvinculado de su gobierno. Más aún cuando su director de Migración, José Ricardo Taveras, ha llegado al extremo de alentar públicamente manifestaciones antihaitianas.

El mandatario podría motivar su proyecto aún en razones humanitarias, como borrón y cuenta nueva, reivindicando el artículo 18, numeral 2 de la Constitución que dice que “son dominicanos y dominicanas quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”. Haría justicia y ganaría reconocimiento, ya que esos ciudadanos no se adjudicaron un derecho, sino que les fue reconocido por el Estado cuando los inscribieron como dominicanos. Y tendría mayor legitimidad para hacer centrar la acción del Estado en limitar la inmigración actual en vez de andar mirando hacia atrás.