La bienvenida al 10 millones

26_07_2015 HOY_DOMINGO_260715_ Opinión11 A

Como a todos nos gustan los “números redondos”, debemos prepararnos para dentro de cinco semanas dar la bienvenida al o la bebé que completará los 10 millones de habitantes que tendrá la República Dominicana a partir de septiembre, según los estimados dados a conocer esta semana por los ejecutivos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El conocimiento de esta novedad nos permitió saber y celebrar que uno de los mayores éxitos que ha tenido el país en las últimas décadas es haber reducido a la tercera parte la tasa de incremento poblacional que tenía todavía en la década de los 70, que estaba en 3.5 por ciento. El director de Censos de la ONE, doctor Francisco Cáceres Ureña, sostuvo que con aquella tasa de crecimiento la población dominicana hubiese pasado ya de 19 millones de personas.

Imagínese cómo sería la vida y el tamaño de los problemas dominicanos si tuviéramos hoy el doble de población. Afortunadamente también ha caído la tasa poblacional en Haití, que ya registra 10 millones y medio de habitantes, porque al ritmo de los 70 ya esta isla de apenas 77 mil kilómetros cuadrados tendría 40 millones de habitantes, seguramente con la mayor densidad poblacional del mundo.

El avance hay que agradecerlo al mejoramiento de los niveles de educación, a la mayor incorporación de las mujeres a las actividades económicas modernas y a su acceso a los métodos anticonceptivos, así como a la labor de difusión y concienciación de medios de comunicación e instituciones educativas.

Debería servir de lección a la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas que persisten en vivir en la prehistoria, oponiéndose al uso de los métodos para planificar la familia. Nadie le puede criticar su derecho a predicar a sus fieles para que corran el albur del “método del ritmo” que científicamente se ha demostrado altamente vulnerable. Aunque las investigaciones indican que más del 80 por ciento de los creyentes apelan también a mecanismos artificiales para prevenir el embarazo indeseado.

Pero resulta absolutamente inaceptable que la Iglesia estigmatice a las instituciones y personas, del ámbito público o privado, que optan por los métodos que la ciencia ha creado para determinar cuándo y en qué cantidad deben tenerse los hijos. El chantaje religioso ha perdido efecto en todo el mundo, pero en nuestro país todavía se le rinde culto, hasta el punto de que todavía se discute si procede la educación sexual en las escuelas, y los programas gubernamentales de expendio de medicamentos en los sectores populares, aún no incluyen los preservativos de la natalidad.

A la luz del resultado celebrado, las iglesias deberían desagraviar a instituciones como la Asociación Dominicana pro Bienestar de la Familia, calumniada durante años por sus programas de educación y suministro de preservativos en proyectos integrales de atención materna.

El o la bebé que completará los 10 millones de habitantes del país debe ser bien recibida con una renovación del esfuerzo por construir un habitáculo donde todas las personas puedan alcanzar niveles adecuados de desarrollo. Aunque sería lamentable que tuviera por madre a una niña, porque todavía el 17 por ciento de las menores son madres y el 22 por ciento han quedado alguna vez embarazadas.

Estos datos deberían motivar a los religiosos a reflexionar sobre la realidad social y a aceptar que el Estado tiene la obligación de ofrecer toda la información y educación necesaria para que los pobres y de menores autonomías educativas puedan planificar su familia. Se impone la educación sobre sexualidad y reproducción en las escuelas públicas y privadas.

 

La regularización de inmigrantes desafía al Gobierno y la sociedad

Por Juan Bolívar Díaz

Tras un cuarto de siglo de amenazas de regular la inmigración, en su inmensa mayoría de haitianos, el Gobierno del presidente Danilo Medina afronta el desafío al poner en vigencia desde mañana lunes el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Inmigratoria Irregular, establecido en el decreto 327-13.

El plan regulatorio de inmigrantes ha tenido general acogida por cuanto responde a una racionalidad pero necesitará de la cooperación de todos los sectores sociales para superar los intereses de traficantes y empleadores que han preferido una abundante mano de obra incondicional que degrada los salarios.

Sin ninguna oposición. El plan regulatorio de la inmigración arranca sin ninguna oposición. El Gobierno logró instituir normas racionales y humanas tomando en consideración los tratados internacionales sobre migraciones y derechos humanos, y en consulta con organismos nacionales e internacionales.

El decreto del 29 de noviembre contempla la gratuidad de la regulación, dejando atrás los planes que había intentado ejecutar la Dirección General de Migración con costos tan elevados que los condenaba al fracaso, como ocurrió con el puesto en vigencia en el 2012 que a casi dos años apenas logró el registro de unos 200 trabajadores temporales.

Las inscripciones comenzarán en 12 gobernaciones provinciales y nueve locales de la Junta Central Electoral, en las jurisdicciones de mayor concentración de inmigrantes, como el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Romana y La Altagracia, según el informe presentado el miércoles por el Ministro de Interior y Policía, a quien se le ha otorgado el principal protagonismo ejecutivo.

El plan arranca con la aprobación de las organizaciones sociales que defienden los derechos humanos de los inmigrantes, tanto a nivel local como internacional. El Centro Bonó de los jesuitas, y la representación del Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han expresado su decisión de colaborar para el éxito del programa.

El Centro Bonó, cabeza institucional de la solidaridad con los descendientes de inmigrantes nacidos en el país que habían sido desnacionalizados, consideró el Plan de Regularización de Inmigrantes como “una medida histórica” que llena un vacío normativo, aunque advirtió que genera nuevos desafíos a tomar en cuenta.

18 meses sin deportaciones. El decreto presidencial establece un programa a desarrollarse en 18 meses, a partir de su emisión en noviembre, período en el cual no habrá deportaciones para evitar que los inmigrantes indocumentados se sientan amenazados. Pero los que no se acojan al programa serán deportados una vez concluya el plazo.

Los convocados deberán inscribirse en un “registro de evaluación”, aportando sus documentos de identidad de los países de origen y sus datos personales. Los que no tengan documentación podrán llenar la solicitud y aportar datos personales, que serán validados si entregan la documentación posteriormente, pero hasta el 28 de febrero de 2015.

Los ejes básicos para la evaluación, según el decreto 327, serán el tiempo de radicación en el país, los vínculos con la sociedad dominicana, las condiciones laborales y socioeconómicas y la regularización individual o por familia. La radicación podrá ser sustentada con pruebas del pago de salarios, certificación de nómina laboral, carné de empresas, hijos nacidos y declarados en el país y domicilio, con certificación de instituciones sociales, como iglesias y juntas de vecinos, contratos de alquiler y recibos de pago de servicios, certificados de estudios y otros..

El Ministerio de Interior tendrá un plazo de 45 días para responder a la solicitud, aunque el decreto indica que puede ser prorrogable sin especificar tiempo. Los rechazados tendrán derecho a solicitar una revisión ante el mismo ministerio, que en tal caso adoptará una decisión definitiva.

Que impere la racionalidad. El Plan de Regularización es un desafío a la eficiencia y la racionalidad, buscando normalizar el futuro, partiendo de la realidad de que actividades como la agricultura y la construcción no pueden ya prescindir de la mano de obra haitiana. Lo fundamental es limitarla, racionalizando la realidad. A este ni a ningún Gobierno le resultaría fácil deportar inmigrantes en masa. La eficiencia tiene que manifestarse en controles fronterizos que reduzcan los flujos.

Es necesario trocar el discurso despectivo y el desconocimiento de derechos humanos por la eficiencia en el manejo de la inmigración, la que nunca se ha manifestado, a pesar de que desde 1990 se proclamaba la ejecución de un Plan de Regularización. Así lo dispuso el Decreto 417-90 del presidente Joaquín Balaguer y lo reiteró la Ley de Migración 285-04 promulgada por el presidente Hipólito Mejía en el 2004, que dispuso un reglamento en plazo de seis meses.

Aunque el discurso antihaitiano se impuso desde los años noventa y tomó mayor auge en lo que va de siglo, con los más duros nacionalistas al frente del Consejo Nacional de Fronteras, de la Dirección General de Migración y de la Junta Central Electoral, el presidente Leonel Fernández agotó sus últimos 8 años de Gobierno para al final promulgar el reglamento migratorio. Según la ENI, el 62 por ciento de los inmigrantes habían llegado al país entre el 2006 y 2012, en el período de Gobierno de Fernández. Y vale recordar que esa encuesta la hizo la ONE con el auspicio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ambos organismos dirigidos por funcionarios del mismo Gobierno, que la pusieron en circulación en el Palacio Nacional antes de concluir la gestión de Fernández.

El Plan de Regularización a iniciarse mañana podría ser el aspecto positivo de la controversial sentencia 168/13 emitida por el Tribunal Constitucional en septiembre pasado, que lo dispuso una vez más. La revocación de la desnacionalización de los dominicanos de ascendencia extranjera mediante la Ley 169-14 tiene como contraparte compensatoria la puesta en vigencia del programa regulatorio de inmigrantes.

El Gobierno del presidente Medina podría anotarse un éxito extraordinario si la regularización sale adelante, y honraría su lema de “hacer lo que nunca se ha hecho” y en una materia fundamental. Sobre todo si se evitan los excesos y se gana el reconocimiento de los organismos de derechos humanos. Para ello tiene que evadir el discurso ultranacionalista.

Más de medio millón

Atendiendo a los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), ejecutada en el 2012 por la Oficina Nacional de Estadística, la población convocada al registro sería de 524, 632 personas, de las cuales el 87 por ciento, 458,233 personas, era de nacionalidad haitiana. Le seguían 13 ,514 de Estados Unidos, 6,720 de España, 4416 de Puerto Rico, y 4 ,040 de Italia. Por encima de tres mil se encuentran los chinos, franceses, venezolanos, cubanos, colombianos y alemanes. En total hay inmigrantes de 60 países.

Los mayores problemas los confrontarán los de origen haitiano, que son los más pobres, vinculados en alta proporción a labores agrícolas (36 por ciento), a la industria de la construcción (26 por ciento), al comercio (17 por ciento) y a hoteles y restaurantes (10 por ciento).

Aunque es generalizado el criterio de que la mayoría de los inmigrantes haitianos carecen de documentos, la ENI indicó lo contrario: 93 por ciento dijo tener actas de nacimiento de su país, 52 por ciento cédula y el 38 por ciento pasaporte haitiano.

Factores como la extrema pobreza, el aislamiento y la desconfianza podrían determinar que una proporción no solicite su regularización para optar por la residencia temporal o permanente y eventualmente por la naturalización. Los más carenciados necesitarán la asistencia que han ofrecido organismos internacionales como ACNUR y de las organizaciones sociales dominicanas. El reto para la sociedad es entender que lo conveniente es la regularización y documentación de los inmigrantes como paso fundamental para reducir y controlar la afluencia, más que expulsar a los que ya están radicados, sobre todo si pueden justificar una actividad laboral.

 

La JCE deja mal parado al Tribunal Constitucional

Por Juan Bolívar Díaz

Si en ocho días se podía determinar la cantidad de extranjeros en el registro civil dominicano, no se explica por qué la Junta Central Electoral (JCE) dejó que pasaran años de especulaciones al respecto, pudiendo haber evitado o reducido el escándalo generado por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).

El descubrimiento de que sólo hay 36 mil personas de origen haitiano en el registro civil, y apenas 13 mil 672 irregularmente inscritos, también destroza dos décadas de alarmas que llegaron a estimar hasta en 700 mil los cedulados y habilitados para votar, lo que incentivó el ultranacionalismo y antihaitianismo.

Impresionante velocidad. En su quinta decisión, la sentencia 168-13 del TC otorgó un plazo de un año y prorrogable a dos, para que la JCE realizara “una auditoría minuciosa de los libros registros de nacimiento” del 21 de junio de 1929 a la fecha “para identificar e integrar en una lista a todos los extranjeros inscritos. Luego de consignar en una segunda lista los inscritos sin haber llenado los requisitos constitucionales, para finalmente transferirlos a nuevos libros y que se regularicen como extranjeros.

Luego el Consejo Nacional de Migración dio otro plazo, esta vez de 30 días, para que la JCE evaluara “el impacto de la sentencia”. Pero no contaron con la astucia y la velocidad de las tropas de Roberto Rosario, las que en 8 días de intensa labor revisaron 55 mil 542 de los 56 mil 564 libros de registros de nacimiento de todo el país. Quedó apenas el 2 por ciento que por su nivel de deterioro, o porque desaparecieron, no han podido ser inventariados.

Esa labor la realizaron 250 técnicos a razón de 30 libros por día cada uno en jornadas de 8 horas, según el informe emitido el jueves, el cual no precisa el promedio de folios o actas por libro. Cuando se contrató la tecnología para digitar todo el registro, se dijo que una quinta parte de los libros estaban desaparecidos o dañados, y que hasta 1970 los libros contenían entre 400 y 500 folios, y desde entonces entre 100 y 200.

Si sólo verificaron los correspondientes a las personas vivas, y se olvidaron de los nacidos desde 1929 que han muerto, según el censo del 2010, serían 9 millones 445 mil 285, que divididos entre los 55 mil 542 libros de registros inventariados, da un promedio de 170 por libro. Multiplicados por 30, quiere decir que cada técnico revisó, “minuciosamente” como le ordenaron, 5 mil 100 actas por día, 637 por hora y 10.6 por minuto. Una verdadera proeza si las actas son manuscritas, y hay que verificar el declarante, si era nacional o extranjero y consignar con qué documento hizo la declaración.

Sólo 36 mil haitianos. De acuerdo al inventario de la JCE, en el registro nacional entre 1929 y 2013 sólo hay 53 mil 847 extranjeros, de los cuales apenas 36 mil 326 son de origen haitiano, el 67 por ciento. Los restantes 17 mil 521 son de otras 116 nacionalidades, 2,508 norteamericanos, 2,002 espanoles y 1,311 ingleses, que serían los cocolos.

Como 22 mil 689, el 63 por ciento de los de origen haitiano, fueron declarados con cédulas de por lo menos uno de los padres, viene a resultar que los candidatos a ser desnacionalizados serían los 13 mil 672 restantes, cifra muy inferior a todos los estimados que se habían hecho. Se queda por debajo hasta de los 19 mil 15 de origen haitiano que arrojó el inventario que realizó la dirección de oficialías de la propia JCE bajo la coordinación de su entonces titular José Angel Aquino, presentado al pleno en febrero pasado, la que totalizaba 22 mil 678 extranjeros. Pero esta evaluación sólo abarcaba hasta 1982.

Hasta la sentencia del TC, los afectados por el genocidio civil iniciado por la JCE en el 2007 eran estimados en miles o cuando mucho decenas de miles. Pero ese tribunal fundado en los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes realizada durante el 2012 por la Oficina Nacional de Estadísticas, con auspicios de las Naciones Unidas y la Unión Europea, los elevó a más de 668 mil, al sumar sin mayor ponderación los inmigrantes haitianos, estimados en 458 mil 233 a los descendientes de haitianos nacidos en el país que fueron estimados en 209 mil 912.

En su párrafo 1.1.3, refiriéndose a la recurrente en amparo Juliana Deguis, el TC sostuvo que ella es sólo una de ese total “por lo que el problema que ahora nos ocupa no sólo le atañe a ella, sino también a otra cantidad de inmigrantes y sus descendientes los cuales constituyen el 6.87 por ciento de la población que habita el territorio nacional”. Según el inventario de la JCE presentado el jueves todos los de origen extranjeros en el registro civil sólo alcanzan al 0.57 por ciento de la población, los de origen haitiano al 0.38 por ciento y de estos los inscritos irregularmente son el 0.14 por ciento de la población nacional.

13 mil es genocidio civil. La cifra de 13 mil 672 posibles afectados por la sentencia del TC reduce la magnitud del escándalo, pero sigue constituyendo un genocidio civil al despojársele de la nacionalidad que se les había otorgado. La condena del 2005 al Estado dominicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue por haberse negado a inscribir como ciudadanas a sólo dos descendientes de haitianos. Y 48 afectados por la decisión de la JCE han buscado amparo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha celebrado al menos dos audiencias en relación a estos, la última el 12 de mayo pasado.

Obviando las interrogantes que deja la velocidad con que la JCE ha hecho el “inventario minucioso” que le encomendó el TC, y su posible subestimación buscando contener el escándalo internacional, si se acepta que los afectados son sólo 13 mil y pico, es menos comprensible que se hayan agotado años persiguiendo a estos, en vez de haber concentrado la atención en reducir y regular los 458 mil inmigrantes que estimó la encuesta de la ONE.

Visto en otra perspectiva, al ser mucho menos de lo que se creía la proporción de la población afectada por la sentencia del TC, eso debería facilitar la solución humanitaria” que planteó el presidente Danilo Medina, y que hasta ahora no ha concitado apoyo ni siquiera de los funcionarios de su gobierno y de los dirigentes de su partido que casi a unanimidad han adoptado el discurso ultranacionalista, con las excepciones de la diputada Minou Tavárez Mirabal y Rafael Camilo.

Que duerman tranquilos. Mientras tanto, como el inventario publicado por la JCE reduce a una proporción insignificante los nacionales de origen haitiano inscritos en el registro civil dominicano, deberían dormir tranquilos los que durante las últimas décadas entraron en pánico, pretendiendo que un día los vecinos determinarían los presidentes dominicanos.

Para las elecciones de 1994 y 1996 se hizo campaña política sobre los hasta 700 mil haitianos que supuestamente estaban dotados de cédulas y en el padrón electoral. Aunque esa grosera manipulación se redujo tras la muerte en 1998 del doctor José Francisco Pena Gómez, de ascendencia haitiana, ha sido pretexto para que muchos apoyen el despojo de la nacionalidad a los descendientes de haitianos que ya habían sido inscritos y que ahora resulta que son apenas el 0.38 por ciento de la población nacional.

Al deshacerse el mito del peligro haitiano con la nacionalidad, tal vez las autoridades y una opinión pública poco analítica de las reales dimensiones de la inmigración haitiana, puedan concentrarse en limitar y regular el tráfico humano por la frontera, incentivado por quienes hacen fortuna con el desorden y la inmigración masiva que desvalora el masiva que desvalora el trabajo.

 

RD país de emigrantes más que de inmigrantes

Por Juan Bolívar Díaz

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La Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2012), publicada esta semana por el gobierno dominicano demuestra que se ha exagerado la inmigración haitiana, equivalente al 4.7 por ciento de la población, por lo que este es netamente un país de emigrantes, con más del 15 por ciento de los nacionales en el exterior.

Los resultados de esta rigurosa investigación deberán contribuir a establecer políticas inmigratorias eficientes y justas, incluyendo la regulación de los inmigrantes temporales y de los de ascendencia extranjera, especialmente de los haitianos sometidos a un régimen de ghetto o apartheid.

Base para política migratoria. En pleno Palacio Nacional y por boca del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, se anunciaron los resultados de la ENI-2012, llamados a constituir una base importante para las políticas migratorias del país.

Allí estaban también representantes de la Unión Europea y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), que auspiciaron la investigación, cuya muestra abarcó 63 mil viviendas y lugares visitados, con 20 mil 499 entrevistas completas entre el 31 de julio y el 30 de septiembre del 2011.

En la presentación, el director de la ONE, Pablo Tactuk, plantea que el estudio ha generado información, “a través de la cual, por primera vez en la historia nacional, será posible proporcionar informaciones acerca del volumen real de personas nacidas en el extranjero y residentes en el país”.

La representante del UNFPA, Sonia Vásquez  dice  que sus resultados permitirán tomar decisiones que orienten las políticas públicas de manera más certera y se encaminen a propiciar un desarrollo armónico al servicio del bienestar y el respeto a los derechos humanos que, sin distinción, corresponden a cada uno de los habitantes  de esta parte de la isla”.

La encuesta revela estadísticas sobre las características y forma de vida de los inmigrantes, incluyendo condiciones de educación, salud, seguridad social, ubicación geográfica, documentación y empleo. Contrario a lo que se creía el 92.6 por ciento de los haitianos dice tener actas nacimiento, el 51.9 cédula de identidad y el 37.8 por ciento pasaportes emitidos en Haití.

De los datos se puede  interpretar que la inmigración haitiana tiene alta movilidad. El 22.8 por ciento dijo haber venido dos o más veces, el 32.3 por ciento planea regresar a su nación. Un alto 82.7 por ciento llegó después del año 2000, con 38.6 entre el 2010 y 2012 cuando el flujo se elevó tras el terremoto que destruyó su país. El 35.7 por ciento trabaja en el sector agropecuario, 25.9 en la construcción, 16.5 en el comercio y 10.4 por ciento en otros servicios. Los datos deberán contribuir a establecer limitaciones a nuevos inmigrantes y a la regularización de los ya internados.

Los domínico-haitianos. La encuesta permite una aproximación a los descendientes de haitianos en el país, 209 mil 912, que no llegan a la mitad de los domínico-americanos en Estados Unidos. Arroja una dimensión del ghetto o apartheid que está generando ya el despojo de las actas de nacimiento a millares de ellos y otras discriminaciones como la negativa a emitirles cédulas de identidad. Los datos muestran las condiciones de pobreza, de educación y vida en general de los descendientes de haitianos, mejor que los nacidos en Haití, pero peor que la de los demás descendientes de extranjeros.

Debe tenerse en cuenta que el 25.6 por ciento de los descendientes de haitianos tienen actas de nacimiento del país de sus padres, y 23.5 por ciento tienen cédula dominicana, lo que implica que unos serían unos 109 mil los nacidos en el país con problemas de identificación.

Los resultados de esta encuesta deberían provocar una mayor racionalidad del debate sobre “el problema haitiano” a partir de datos de origen técnico confiable y ejecutado por personal especializado, que desmitifican una serie de presunciones subjetivas, en particular una mayor aceptación de ese 2.1 por ciento de  domínico-haitianos, un de las centenares de mezclas de nacionalidades aceptadas en el mundo. Para ellos tiene que haber políticas de inclusión, no de exclusión, puesto que se quedarán aquí para siempre y sus descendientes no pueden ser condenados al ostracismo en su propia tierra.

La cuantificación de los domínico-haitianos pone en situación más difícil la política de desnacionalización que ejecuta la Junta Central Electoral con efecto retroactivo, cuya denuncia se incrementa semana tras semana tanto en el país como en los ámbitos internacionales, y que según fuentes confiables podría generar restricciones de importaciones agrícolas en países de la Unión Europea.

Región de alta migración. La proporción de inmigrantes en la República Dominicana, 5.4 por ciento de la población nacional, y 7.9 por ciento si se incluyen sus descendientes en el país, está por encima del promedio mundial, que es de 3.1 por ciento, con 214 millones, y de la región latinoamericana y caribeña que es del 3.3 por ciento, según las cifras que maneja la representante del UNFPA.

La emigración dominicana es proporcionalmente de las más altas del mundo y del continente, sobrepasando el 15 por ciento de la población nacional, estimada en 9 millones 716 mil 940 personas. Sólo en Estados Unidos se han cuantificado sobre 900 mil, y más de un millón 400 mil incluyendo los descendientes,  según el censo federal del 2010. En Puerto Rico se estimaron en 68 mil residentes legales, pero se cree que los ilegales podrían ser otros tantos, para unos 140 mil, aunque allí se exagera hasta 300 mil. En Europa hay más de 200 mil dominicanos, sólo en España se estiman en 160 mil.

Decenas de miles de dominicanos están regados por el mundo, incluyendo a naciones tan lejanas como Australia y Japón. En Venezuela se llegaron a censar 50 mil, y en algunas islas del Caribe, como las Antillas Holandesas (Aruba, Curazao y San Martin) los inmigrantes dominicanos alcanzan hasta el 12 por ciento de la población.

Haití tiene alrededor del 20 por ciento de su población, en el exterior, más de 2 millones, en primer lugar en Estados Unidos, más los 458 mil registrados ahora aquí y decenas de miles en Canadá y Francia. En los últimos años se están extendiendo a Brasil, Perú, Venezuela y otras naciones sudamericanas.

El Caribe, por su proximidad a Norte América, es de las regiones de más alta migración del mundo. Sólo en Estados la población de origen puertorriqueño, 4.6 millones de personas, supera la de la isla, 3.7 millones, y los cubanos 1.7 millones, según el censo federal del 2010. Los de origen mexicano, 31 millones, representan el 28 por ciento de la población residente en México.-

524 mil 632 inmigrantes

Los resultados arrojados por la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) causaron sorpresa general por las cifras tan exageradas que se han manejado en los últimos años sobre la inmigración extranjera, de hasta un millón y medio de haitianos.

Los residentes extranjeros son 524 mil 632, de los cuales 458 mil 233,  el 87 por ciento, nacieron en Haití. Los restantes 66 mil 399 proceden de Estados Unidos, España, Puerto Rico, Italia, China y otras naciones. 53.9 son jóvenes entre 20 y 34 años.

La segunda mayoría de inmigrantes es de nacidos en Estados Unidos, con 13 mil 514, de los cuales una parte deben ser descendientes de dominicanos. Los nacidos en España son 6 mil 720, siguiendo los 4 mil 416 de Puerto Rico, 4 mil 40 italianos, 3 mil 643 de China y 3 mil 599 franceses. De Venezuela, Cuba y Colombia han llegado 3 mil 434, 3 mil 145 y 2 mil 738 personas respectivamente.

Contando la población descendiente de extranjeros, nacida en el país, la encuesta totaliza 244 mil 151 personas, de los cuales 209 mil 912 son de origen haitiano y los restantes 34 mil 239 de otras nacionalidades.

Los inmigrantes y sus descendientes nacidos en el país totalizan 768 mil 783 personas, de los cuales los de origen haitiano son 668 mil 145, cifra que sigue muy por debajo de las cantidades que se manejan en el debate público sobre la inmigración proveniente del vecino país.

 

Racionalidad en toda inversión

Por Juan Bolívar Díaz
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 Aunque el presidente Danilo Medina e importantes sectores sociales están entusiasmados con la construcción de una nueva carretera para unir las regiones norte y sur del país, una obra de esa magnitud no debería iniciarse sin estudios serios sobre sus costos económicos, ecológicos y sociales y sin ser sometida a la criba de una absoluta racionalidad que determine si es prioritaria o corresponde a otra etapa del desarrollo nacional.

 Nadie debe oponerse por capricho a una legítima aspiración de importantes sectores que lucen convencidos de la prioridad de esa obra, pero tampoco sus promotores deben rechazar una ponderación fría y objetiva de su procedencia, sobre todo si se presentan alternativas de menores costos económicos y ecológicos.

 Es cierto que aquí como en todo el mundo hay ecologistas a ultranza que no entienden que todo desarrollo, toda infraestructura vial, urbanística, industrial o mineral, conlleva un costo para la naturaleza. Pero no son los criterios ecologistas los que han predominado aquí ni en el mundo, razón por la cual estamos matando la tierra.

 Sobran en el país las inversiones irracionales o inoportunas, que fueron objeto de rechazo, no porque fueran malas en sí mismas, sino porque no se correspondían con la etapa de desarrollo nacional. Como muestras tenemos el Metro de Santo Domingo, la mayor inversión de nuestra historia, utilizado por 50 mil personas diariamente, el medio por ciento de la población nacional. Ahí está el aeropuerto internacional de Barahona, que dos décadas después apenas recibe un par de avionetas por día. En Santo Domingo tenemos bulevares y parques donde no se para ni se sienta nadie de día o de noche.

 Un ejemplo de carretera costosa y de escasa utilidad podría ser la que une a Barahona con San Juan de la Maguana, que atraviesa una sierra fundamental, y se puede recorrer completa sin encontrar un solo vehículo en sentido inverso. En la región tienen  pendientes múltiples otras obras más beneficiosas para la mayoría.

 La carretera para unir más directamente a Santiago con San Juan ha sido manoseada durante décadas y aplazada una y otra vez por los costos que implica. Dicen que ahora unos 350 millones de dólares, pero algunos especialistas la elevan hasta 500 millones, con el agravante de que cortaría tres grandes parques nacionales del principal sistema montañoso de la isla y podría afectar fuentes hidrológicas fundamentales.

 Aún con esos costos no se le debe descartar absolutamente, pero también hay que justificarla en términos de utilidad, y midiendo la diferencia que implicaría otras opciones presentadas como la vía Jarabacoa-Constanza-Padre las Casas, cuya habilitación total tendría un costo mucho menor. Y el tiempo mayor de desplazamiento se justifica en el menor costo económico-ecológico.  Lo que no se puede justificar es que haya gente impulsada por la ventaja de desplazarse de norte a sur para recorridos turísticos o visitas familiares, cuando en ambas regiones y a lo largo de la ruta hay tantas obras de desarrollo por emprender, algunas que llevan décadas en construcción, como la circunvalación de Santiago.  Esa carretera implica una nueva herida a la cordillera central,  que a la vuelta de dos o tres décadas desangrará importantes reservas naturales con la construcción de cientos de casas campestres para ricos, decenas de caminos y acometidas y una gran devastación forestal.  Se afirma que hay quienes están invirtiendo en los predios implicados para hacer nuevos y grandes negocios inmobiliarios.

 Hay que volver a recordar que la CEPAL estimó hace poco en 42 por ciento la pobreza en el país, que la última encuesta Enhogar de la ONE estableció que apenas el 44 por ciento de nuestras viviendas tienen agua corriente, que nuestras ciudades no tienen alcantarillados sanitarios y que la carencia de energía eléctrica lacera el alma nacional y sus capacidades productivas. Es racionalidad lo que nos falta. Ojalá el presidente Danilo Medina dé otro palo y la subordine a la escala de prioridades.