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El derrame del Gobernador

by Juan Bolívar Diaz Santana | 2 Comments

Por Juan Bolívar Díaz

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El gobernador del Banco Central (BC) entregó esta semana el informe de la economía nacional correspondiente al 2016, proclamando un robusto crecimiento del 6.6 por ciento del producto interno bruto (PBI), por tercer año consecutivo el más alto de toda América Latina y uno de los más altos del mundo.

El licenciado Héctor Valdez Albizu ha tenido la suerte de informar de alto crecimiento en todos los años que le ha tocado estar en la gobernación del BC, que ya suman casi dos décadas, con un intervalo de cuatro años, precisamente cuando se produjo la descomunal quiebra bancaria que contrajo el crecimiento durante un par de años.

Ese crecimiento ha sido constante durante casi seis décadas, ya que hace diez años el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sostuvo que la República Dominicana era el país de la región con mayor crecimiento en 50 años, aunque a la vez el que menos lo había aprovechado para traducirlo en desarrollo humano.

Según las estadísticas que maneja el BC, el crecimiento del año pasado repercutió en la creación de casi 150 mil nuevos empleos, y en una reducción del desempleo abierto del 7.3 al 7.1 por ciento en relación al año anterior, con una inflación menor al 2 por ciento. Son cifras que deberían motivar júbilo y despertar optimismo.

Pero el gobernador mismo es consciente de que son muchos los que mantienen escepticismo sobre el desarrollo económico dominicano, por los precarios niveles de vida de la mayoría de la población, que todavía sufre carencias de servicios elementales como agua potable, energía eléctrica, salubridad y seguridad, con un transporte desastroso, precariedad de viviendas, y todavía una educación de bajísima calidad.

No lo resaltaron los medios informativos, pero Valdez Albizu volvió a quejarse del absurdo de un alto crecimiento que no se derrama, lo que resulta incontrovertible por el bajísimo nivel del salario. Ya hace un par de años que el funcionario sostuvo que el poder adquisitivo de los asalariados se mantenía a nivel del 1991, es decir de un cuarto de siglo.

El jueves el funcionario se manifestó consternado porque el promedio de los salarios privados es de 9 mil pesos mensuales, mientras el costo de la canasta básica del quintil uno de la población, el más bajo, supera los 13 mil pesos. Es decir 31 por ciento por debajo del ingreso. Volvió a urgir a que se supere esa grave injusticia. Hace año y medio dijo que los gobernantes le habían recomendado que no hablara de eso.

Las estadísticas que registra el boletín trimestral de la Superintendencia de Pensiones son dramáticas. A septiembre pasado el salario general promedio era 9 mil 865 pesos. El 35.6 por ciento de los empleados formales, que son los que están en el sistema de seguridad social, tiene un salario menor del promedio, y otro 31 por ciento está entre uno y dos salarios promedios, es decir que recibe entre 9 mil 855 y 19 mil 710 pesos. Mientras 2.9 por ciento ganan más de 8 salarios promedio.

En otras palabras, que dos terceras partes de los asalariados formales reciben una paga que no alcanza los 20 mil pesos, cuando el promedio de las canastas familiares supera los 28 mil 773 pesos. Y la situación es peor para la gran mayoría de los trabajadores informales, que constituyen el 56 por ciento de la población laboral.

La injusticia no sólo apunta a la voracidad empresarial, sino a la grotesca desigualdad del salario del sector público, donde todavía el mínimo es de 5 mil 117 pesos, incluyendo a casi cien mil pensionados, y peor en los ayuntamientos, conviviendo con sueldos de cientos de miles de pesos y múltiples privilegios.

Si ese nivel de crecimiento es real, vale preguntarse a dónde se va, si tiene relación con nuestra extrema corrupción, y cuándo se producirá el derrame reclamado tan insistentemente por el gobernador Valdez Albizu.

Un Pacto Político Social para un real Pacto Fiscal

by Juan Bolívar Diaz Santana | 3 Comments

Por Juan Bolívar Díaz
Dibujo

La experiencia del 2012 cuando este Gobierno impuso una simple reforma tributaria, en vez del Pacto Fiscal a que se comprometió en principio, debería ser suficiente para que los sectores empresariales, sociales y políticos comprendieran la necesidad de una firme compactación que equilibre el poder absoluto y rescate la institucionalidad democrática.

El liderazgo del empresariado organizado, economistas e importantes sectores sociales han planteado con mucha claridad los alcances del Pacto Fiscal que se impone, pero hay dudas de que comprendan que solo pueden salir adelante con un gran concierto que implique las energías que en años pasados impulsaron importantes avances institucionales.
Correctivos ineludibles

El Gobierno, el empresariado, las élites sociales, los economistas y el liderazgo social saben que, como han advertido organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la economía nacional va por el camino de la insostenibilidad, que se aproxima al límite de los déficits fiscales cubiertos con enorme endeudamiento y que hay que corregir el rumbo en búsqueda de un crecimiento más sano y un equilibro social que garantice productividad, fortalecimiento institucional y seguridad general.

Todos saben también que una vez más el interés electoral disparó el déficit fiscal, proyectándose que superará los 75 mil millones de pesos presupuestados para el año, tanto que el empresarial Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles lo estima al doble, unos 150 mil millones de pesos, que obligaría a buscar financiamiento adicional de por lo menos 1,500 millones de dólares.

El apremio llevó al ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, a pedir concentración en el pregonado Pacto Fiscal, y a la directora de Proindustria, Alexandra Izquierdo, a sugerir una reforma tributaria “transitoria”, consciente de que para que sea fiscal integral se requerirá mucho tiempo de transacciones.

Con un ingreso fiscal que quedará en unos 15 mil millones de pesos menos de lo presupuestado, el Gobierno está urgido de una reforma que le permita elaborar un presupuesto realista para el 2017, afrontando problemas de financiamiento para proyectos fundamentales como las plantas de carbón, en las que desde hace cuatro años cifra sus expectativas de afrontar la crisis energética, y de recursos para emprender programas integrales que mitiguen la abrumadora inseguridad ciudadana.

Reclamado Pacto Fiscal. Como ahora hace cuatro años, al inicio de este Gobierno se expresaba un consenso sobre la necesidad del Pacto Fiscal, pero ante las primeras dificultades y también apremiado por un enorme déficit, el Gobierno optó por el camino tradicional, con la complicidad del liderazgo empresarial, marginando a los sectores sociales representados en el Consejo Económico y Social e ignorando a la oposición política que acababa de obtener 49 por ciento de los votos.

Las principales organizaciones empresariales, encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, Asociación de Industriales de Herrera, la de Jóvenes Empresarios y múltiples sectoriales y regionales, han reformulado sus reclamos del Pacto Fiscal en términos contundentes, rechazando la prisa e incluso condicionándolo a la previa aprobación del Pacto Eléctrico que se discute hace dos años.

El CONEP lo fundamenta en racionalizar el gasto público, la Ley de Responsabilidad Fiscal, y reorientación del sistema tributario para la promoción de la producción y la exportación.

Rafael Blanco Canto, presidente del CONEP, dijo a HOY esta semana que realizan esfuerzos por unificar posiciones del sector empresarial, como hicieron para el Pacto Eléctrico, pero al mismo tiempo expresó temor de que los empresarios “busquen su acomodo de manera particular”, por lo que llamó al consenso para evitar que el Gobierno imponga otra reforma o simple parche tributario.

La fortaleza Institucional. Bien concretos y abarcadores han sido los dirigentes de la Asociación de Industrias, al reclamar límite a los déficits fiscales y desactivación de la “bomba del endeudamiento”, reconociendo la necesidad de reducir la evasión fiscal. Su presidente, Campos de Moya, ha señalado iniciativas para el desarrollo institucional y la competitividad, incluyendo la transparencia y cumplimiento de compromisos constitucionales fundamentales para la institucionalidad democrática de la nación, recordando que en agosto hay que renovar la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas.

Al respecto, el 9 de junio Campos de Moya precisó cinco iniciativas: leyes de Partidos y Electoral que iguale el terreno para todos; una Ley Tributaria y Fiscal que rompa las distorsiones que ponen a unos a pagar más y a otros menos, que incluya el control del gasto público y definición del tamaño del Estado; Ley de Pleno Empleo que ayude a regularizar a los informales y garantice seguridad social y pensiones para todos; la despolitización de los órganos estatales, incluyendo la judicatura y la Policía; y prioridades en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Economistas como Alfonso Abreu, Germania Montás, Nelson Suárez y Ernesto Selman, coincidieron esta semana en HOY en defender el Pacto Fiscal, que eleve equitativamente las contribuciones, pero con control del gasto, eliminación de los déficits y limitación del endeudamiento, que ya ronda 24 mil millones de dólares en el Gobierno central, más unos 11 mil millones de dólares del Banco Central, 8 veces la del año 2000.

Concierto político-social. Ningún Gobierno cede parte de su poder a menos que se vea obligado, y menos cuando lo acaba de multiplicar como ocurrió en las elecciones de mayo pasado. El partido gobernante ha demostrado gran capacidad para imponerse hasta por encima de su propio ordenamiento constitucional y legal, o evadiendo las legislaciones fundamentales para la institucionalidad democrática.

Eso incluye múltiples planteamientos constitucionales y casi una veintena de leyes aprobadas en el período 2000-12 para el control financiero y la transparencia de la gestión pública.

Solo una fuerte concertación social, como la que se orquestó para hacer cumplir la ley que destina el 4 por ciento del PIB a la educación, para sancionar los fraudes bancarios, y en los noventa para mejorar el sistema electoral y la justicia, podría lograr una reforma fiscal que contenga el despilfarro, la malversación y la corrupción pública y que ponga límites al uso clientelar del presupuesto, con el cumplimiento de las normativas.

Los senadores acaban de apropiarse el 10 por ciento del presupuesto del Congreso para aumentar la cobertura de su propio y privilegiado plan de pensiones.

La oposición política está también desafiada a reclamar el valor del 38 por ciento de la votación que obtuvo contra todo el Estado en mayo pasado, condicionando el reconocimiento de la legitimidad del Gobierno a que se abstenga al Estado social y democrático de derecho, con las urgentes reformas políticas, institucionales y fiscales, y que proscriba el partidarismo en los organismos estatales.

El Partido Revolucionario Moderno debe reactualizar su planteamiento de la campaña electoral de revisión de unas 7 mil cuentas estatales para ahorrar hasta 70 mil millones de pesos anuales.

RD:CRECIMIENTO ECONÓMICO excluyente durante 60 años

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Con un crecimiento económico del 7 por ciento en el 2015, certificado esta semana por el gobernador del Banco Central (BC), el país lideró el continente y alcanzó a India y China, pero fundado en un insostenible endeudamiento estatal, que acaparó gran proporción del ahorro nacional, en detrimento de los sectores productivos.

Son ya 60 años de crecimiento económico del país, concentrado y excluyente, con niveles salariales de absoluta pobreza, como reconoció el gobernador Héctor Valdez Albizu, y basado en la construcción estatal de alta rentabilidad política en una sociedad de bajos niveles educativos y de conciencia sobre derechos.

Calidad del crecimiento. Escrito antes del informe del BC, la página de los jueves del financista Alejandro Fernández, Argentarium, de esta semana, desmonta la calidad del crecimiento económico dominicano, al analizar cómo se distribuyó el ahorro nacional durante el 2015. Para preguntar “¿qué economía es la que tenemos, donde el crédito a los tres sectores productivos fundamentales de la economía solo recibe RD$4.3 mil millones del ahorro nacional en todo un año?”.

Fernández contrasta que para consumos, vehículos y viviendas el financiamiento nacional fuera 12 veces mayor, RD$50.9 mil millones, y para financiar las operaciones del Gobierno y del mismo BC se destinaron nada menos que RD$83.2 mil millones, para concluir en que el sector productivo apenas alcanzó el 5 por ciento del ahorro nacional, con el sector agropecuario cayendo en casi tres mil millones de pesos, profundizándose el desequilibrio en relación a los años anteriores. Que en el 2015 el financiamiento al Gobierno aumentó 90 por ciento, mientras el privado solo 12 por ciento, cuando agricultores e industriales fueron afectados por sequía y restricciones comerciales.

En otras palabras, que el crecimiento no está fundamentado en la producción nacional, sino en una inversión pública financiada por endeudamiento, mismo que llevó ya la deuda del sector público no financiero a casi 24 mil millones de dólares, sin contabilizar la oculta, y a unos 35 mil millones de dólares la consolidada del Estado, incluyendo la del BC, que ronda los 10 mil millones de dólares. Ya Participación Ciudadana ha documentado que en el 2015 montó los 3,700 millones de dólares, y que para este año podría llegar a cinco mil millones.

Gran iniquidad salarial. Por segunda vez en menos de seis meses, el gobernador Valdez Albizu ha llamado la atención sobre la inequidad e iniquidad de los salarios en un país que registra tan alto crecimiento económico, lo que reactualiza la pregunta de para quién. Y esta vez fue más dramático al plantear que “la única forma de derramar el crecimiento es mejorando los salarios. Lo he planteado en más de 20 ocasiones, y me han mandado a callar la boca, de todos los lados”.

Las cuentas del BC revelan que los salarios mínimos nacionales no alcanzan, -ni siquiera en las grandes empresas- para cubrir el costo de la canasta básica del quintil más bajo de la sociedad, es decir del más pobre, que se calcula en 13 mil 22 pesos. El mayor salario mínimo es de 12,873, pero el de las medianas empresas es de 8,850 y en las pequeñas 7,843. En el Gobierno el mínimo apenas llega a 5,117, para un promedio nacional del salario mínimo de 7,500 pesos. Representa solo el 58 por ciento del costo de la canasta básica inferior y el 27 por ciento del costo promedio de la canasta familiar nacional promedio.

Es relevante que dos de los sectores productivos mayores en ingresos de divisas y empleos, como el turístico y zonas francas, mantengan salarios mínimos de RD$8,040 y 7,220 pesos, lo que condena a largas jornadas laborales o doble empleo para que gran proporción de sus empleados puedan cubrir el costo de la canasta de los más pobres.

Pero no se crea que la inequidad afecta solo a los salarios mínimos, es que el 85 por ciento de los asalariados formales dominicanos no alcanzan a cubrir los 28,221 pesos del costo promedio de la canasta familiar, y más del 60 por ciento no se topan con lo necesario para pagar la canasta familiar del segundo quintil más bajo, calculada por el BC en 18 mil 128 pesos.
60 años de concentración

Fue en el 2005 que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo documentó que la República Dominicana era uno de los países de más alto y sostenido crecimiento económico del mundo durante el último medio siglo, pero al mismo tiempo el que “más ha desaprovechado el crecimiento para traducirlo en desarrollo humano”. Pues ha pasado otra década y van 60 años sin que las políticas públicas y la inversión empresarial hayan generado mayor equidad.

El crecimiento del PIB en RD durante la última década promedia entre sobre 5 por ciento, más 6 entre 2005 y 2007, para caer al 3 y 1 en 2008-09, repuntando al 8.3 en el 2010. Se redujo de nuevo a 2.8 y 2,6 en 2011-12 y repunta al 4.8, 7.3 y 7 por ciento en los últimos tres años. En el período las grandes economías del mundo han volado bajo. En el 2015 Estados unidos crece 2 por ciento y Alemania poco más del uno por ciento. Japón lucha por salir de la recesión lo mismo que el conjunto de la Unión Europea.

Responsabilidad política. Lo que agrava la iniquidad en el país es la miseria de las políticas sociales, que derraman boronas en subsidios que apenas alcanzan para estabilizar la pobreza, concentrando la inversión en edificaciones y vías públicas que benefician básicamente a los sectores altos y medios y son caldos de cultivo de la corrupción para el enriquecimiento rápido. Las deficiencias de la inversión en los servicios de salud, educación, energía, transporte, vivienda, agua potable, seguridad y salarios públicos son factores fundamentales de mantenimiento de la inequidad social.

Las carencias educativas de las mayorías, que incluyen la ignorancia sobre lo que son los derechos humanos y el desarrollo, han permitido que los gobernantes mantengan políticas de inversión faraónica, exhibibles a corto plazo, como forma de mantener el poder y adquirir aureola de grandes constructores. Por ello la nación sigue ocupando los más bajos escalones en las evaluaciones de la competitividad internacional de transparencia y pulcritud administrativa, así como en los índices de desarrollo humano.

Alcanza a India y China

El 7 por ciento del crecimiento económico del 2015 es el mayor del continente y de los más altos del mundo, al nivel de India y China, las economías de mayor auge en la última década, aunque en progresiva reducción, que el año pasado apenas alcanzaron esa cifra. Solo países de poco peso mundial sobrepasaron el 8 por ciento, como Papúa Nueva Guinea (líder con 19), Turkmenistán, Etiopía y Myanmar sobre el 8 por ciento.

Fue positivo que tal crecimiento dominicano se alcanzó con inflación menor del 3 por ciento y relativa estabilidad cambiaria, con elevación de las reservas líquidas de divisas reducción del déficit de cuenta corriente, gracias a una disminución de 1,300 millones de dólares fruto de la caída de los precios del petróleo.

Lo negativo es que ese nivel de crecimiento no fue determinado por los sectores productivos y generadoras de más empleo, como el manufacturero y el agropecuario, con 5 por ciento o menos, con caída del 13 por ciento en las exportaciones, sino básicamente por la inversión pública derivada de un financiamiento de unos 3 mil 700 millones de dólares que impulsaron la construcción en 18 por ciento, el comercio y la intermediación financiera en 9 y la enseñanza en 8.6 por ciento.

El informe presentado por Valdez Albizu no incluyó el crecimiento del endeudamiento público, ni el del Banco Central, al cual el Gobierno no entregó los intereses que dispone la ley de recapitalización de esa entidad, ni se refirió al déficit fiscal, que nuevamente sobrepasó los 80 mil millones de pesos, sin que se pueda precisar por los atrasos del Gobierno en pagar a los suplidores de energía, de bienes y servicios, a los contratistas de obras y hasta de la alimentación escolar.

La clase media dominicana con alto nivel de pobreza

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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La propaganda gubernamental, incrementada por el proyecto de reelección total, proclama la reducción de la pobreza al 26 por ciento basado en una metodología que sólo toma en cuenta los niveles mínimos de ingresos, ignorando otras factores no monetarios como las condiciones generales de vida, y particularmente la calidad de los servicios.

Pero aún en los niveles del ingreso, esa conclusión entra en contradicción hasta con estudios recientes del Banco Central y múltiples diagnósticos públicos y privados sobre el empleo, así como con el último informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que en enero estimó la pobreza dominicana en 40.7 por ciento.

Gran caída de la pobreza
El Ministerio de Economía sorprendió al país la semana pasada cuando hizo público un estudio sobre “Evolución de la población de la RD por estratos de ingresos en 2005-2015″, basado únicamente en una metodología del Banco Mundial para analizar los niveles de salarios e ignorando otros factores, como las condiciones generales de vida, aunque hace décadas el crecimiento económico y la pobreza no se miden por las simples estadísticas del ingreso per cápita y los indicadores monetarios que diluyen las extremas desigualdades.

La principal conclusión del informe oficial es que, atendiendo a los niveles de ingreso, ya la sociedad dominicana es mayoritariamente de clase media, con un ingreso por persona en una franja demasiado amplia, de 10 a 50 dólares diarios. O sea que quien recibe 10 mil 278 pesos al mes es tan clase media como el de 51 mil 390 pesos.

Pero lo más fabuloso es que el documento plantea que entre septiembre del 2012 y marzo del 2015, es decir en dos años y medio, la población pobre se redujo del 34.6 al 25.9 es decir en 8.7 puntos porcentuales. Y que en casi la misma proporción se incrementó la clase media que habría pasado del 20.7 al 28.9 por ciento. Esas cifras representan una reducción anual de la pobreza de 3.48 puntos porcentuales, sin duda un récord mundial.

Danilo para siempre
Si esas conclusiones fueran ciertas, y ojalá, al presidente Danilo Medina no sólo se le debería elegir para otro período de gobierno, sino para dos, porque en 75 meses habrá desaparecido por completo la pobreza que durante siglos ha agobiado a la sociedad dominicana, y que hasta ahora la dejan en los últimos escalones del desarrollo humano en el continente. Y como en los tiempos del benefactor de la patria, el generalísimo Trujillo, tendría justificación la proclama de Danilo siempre.

Ese cálculo debe ser hermano gemelo del informe publicado en abril por la dirección del Fondo de Desarrollo Agropecuario, según el cual con un desembolso de 1,812 millones de pesos, de 2,273 millones comprometidos en ese sector por las “visitas sorpresas del presidente”, se habían creado 150,383 empleos, 44 mil 511 directos y 105 mil 872 indirectos. Eso implica que se generó un empleo por cada 12 mil pesos invertidos, lo que significa que con mil millones de dólares, de los 35 mil millones que ya debe el Estado, se habría erradicado el 14.5 por ciento de pleno desempleo y otro tanto de subempleo, y el país estaría formando parte del primer mundo, superando a los europeos, con pleno empleo.

El tremendo optimismo en la reducción de la pobreza nacional contrasta con innumerables informes de los últimos años del mismo Banco Mundial, de la CEPAL, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, y de instituciones nacionales como el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias y el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles sobre la calidad del empleo, todavía más de la mitad informal, los niveles salariales y las condiciones de los servicios básicos.

Contradice al Banco Central
Esas conclusiones contradicen hasta los estimados del Banco Central, que ahora debería ser reivindicado por quienes le acusan sistemáticamente de maquillar las estadísticas. Este mismo mes, el gobernador Héctor Valdez Albizu sostuvo en una conferencia que el salario real dominicano se encuentra en el mismo poder adquisitivo del 1991, es decir, de hace 24 años, casi un cuarto de siglo y seis períodos gubernamentales. Y se quejaba de que genera pobreza y delincuencia, contrastando que sin embargo la productividad se había elevado en el período en 65.5 por ciento. Eso es dramática concentración del ingreso, que desvirtúa las estimaciones per cápita.

En la “Primera Encuesta de Crecimiento Económico y Financiero de RD 2014″, publicada en noviembre, el mismo Banco Central sostuvo que el 59.7 por ciento de los hogares (no de las personas) recibe ingresos de 18 mil pesos o menos, situando el ingreso promedio por hogares en 19 mil 409 pesos. Eso cuando el mismo BC calcula el promedio del costo de la canasta familiar al 2015 en 27 mil 968 pesos, lo que significa que la mayoría sólo alcanza a cubrir el 69 por ciento de las necesidades básicas.
El ingreso promedio de los hogares sólo cubre el costo de la canasta familiar de los dos quintiles más pobres de los cinco en que se estratifica la población. El más bajo es de 12 mil 756 pesos mensuales, y el siguiente de 18 mil 230. Ya el tercero, de 22 mil 373 pesos, rebasa el promedio del costo.

El último informe de la CEPAL
Para hablar de pobreza la metodología de la CEPAL, con medio siglo de crédito, es mucho más creíble que la del simple nivel salarial, pues evalúa el empleo, la protección social, servicios y sobre todo el rezago educativo, en lo que el Foro Económico Mundial deja al país entre los últimos diez al evaluar 144 países. Se refiere al “núcleo de indicadores de carencias críticas en las condiciones de vida correspondientes al método clásico de las necesidades básicas insatisfechas”, como explica en su “Panorama Social de América Latina 2014″, publicado en enero pasado.

Ese informe estima la pobreza dominicana en 40.7 por ciento, con 20.2 por ciento de indigentes, cuando los promedios latinoamericanos son de 28 y 20 por ciento. El país está entre los tres peores de los 17 evaluados, en una región que se tomó 34 años, entre 1980 y 2014, para reducir la pobreza promedio en 12 puntos, apenas un tercio más de lo que se atribuye el gobierno dominicano en 30 meses. Entre 2013 y 2014 la CEPAL reconoce disminución de la pobreza, pero sólo de 0.5 por ciento, del 41.2 al 40.7 por ciento.

Los límites del espacio no permiten citar otros estudios de los últimos años donde se revela lo que está a la vista de todos, la dramática pobreza de la familia dominicana, al mismo tiempo que el país registra un alto crecimiento económico, contradicción explicable en la concentración del ingreso, la corrupción y la mala calidad del gasto público.-

 

Se afianza la oposición al Gobierno del PLD

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
tema

La ofensiva opositora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se afianzó esta semana con un documento en el que sustenta cuestionamientos a una de las esencias propagandísticas del Gobierno del presidente Danilo Medina, las “visitas sorpresa”, con un cumplimiento de apenas 11 por ciento de los compromisos contraídos para la región Sur.

El PRM encara el desafío de elegir gran proporción de sus candidaturas de forma democrática, como hizo con la presidencial, y seguir conformando su Convergencia en base a acuerdos programáticos, en contraposición al reparto antidemocrático y las pujas por ventajas individuales que caracterizan el amplio frente oficialista.

Gran desafío al Gobierno

La evaluación del resultado de las visitas sorpresa del presidente Medina a las diez provincias de la región Sur, presentada esta semana por el Frente Agropecuario del PRM constituye un desafío al Gobierno que ha explotado propagandísticamente al máximo ese programa desde su comienzo, por los datos en que está fundamentada y el pobre resultado registrado, con un cumplimiento de promesas de apenas 11 por ciento.

A partir de San Cristóbal y Peravia, y abarcando todas las provincias del Sur-Suroeste, el documento identifica cada visita presidencial, fecha, las comunidades y entidades beneficiarias, las instituciones oficiales responsabilizadas, los montos y objetivos comprometidos y luego indica el nivel de cumplimiento, que en 51 casos es cero, aunque en 38 alcanza el cien por ciento. La mayoría con ejecución parcial en proporciones que van del 1 al 98 por ciento. Llama la atención que en algunos casos se asegura que se hicieron erogaciones, pero los beneficiarios niegan haber recibido las partidas.

El resumen general establece que el presidente Medina se comprometió a apoyar pequeños proyectos de desarrollo agropecuario sureños con un total de 166 promesas, de las cuales apenas 18 han sido cumplidas, para un 10.84 por ciento.

 De 22,371 millones de pesos comprometidos, apenas se han erogado 3,030 millones, para un 13.55 por ciento, quedando pendientes 19,340 millones de pesos.

La investigación fue realizada del 1 al 15 de agosto. El agrónomo Leonardo Faña, director de la campaña del sector agropecuario del PRM, sostiene que el Gobierno instrumenta los órganos agropecuarios del Estado y que redujo el presupuesto al Ministerio de Agricultura de 11,500 millones en el 2013 a 8 mil millones de pesos en el 2015.

Sobre los combustibles

En las dos últimas semanas de agosto el PRM realizó ruedas de prensa para denunciar que el Gobierno no aplica los precios de paridad de los combustibles en el mercado local en relación al costo del petróleo en el mercado internacional, acusándolo de estar cobrando impuestos ilegales.

La Comisión Económica perremeísta sostuvo que el Gobierno sobrecargó los precios de los combustibles recaudando en exceso 1,084 millones de pesos entre el 22 y el 28 de agosto, y 892 millones de pesos para la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre.

Presentó los cálculos de lo que deberían costar los diversos combustibles, en relación a los que predominaban en el 2008 con cotizaciones similares a las de ahora tanto del petróleo como de los productos refinados en el mercado internacional.

Encabezada por el economista Arturo Martínez Moya, quien fuera secretario de Industria y Comercio, en el último Gobierno de Balaguer y presidente de la Refinería de Petróleo en el de Hipólito Mejía, la Comisión Económica del PRM debe saber de lo que habla. Sostiene que mientras en Centroamérica las gasolinas cuestan 156 y 170 pesos el galón, en el país 184 y 202 pesos, lo que representa un 20 por ciento más cara. Resaltan las dificultades de competencia de las empresas dominicanas y reclaman precio justo en beneficio de empresarios, transportistas y usuarios.

Muchos dominicanos no entienden por qué la gasolina premium costaba 100 pesos el galón, según la resolución de la Secretaría de Industria del 27 de agosto del 2004, cuando el precio del petróleo de referencia para el país promedió 41.51 dólares el barril, y en agosto del 2015 se vendía a 202 pesos, con el petróleo alrededor de 45 dólares, como estaba el viernes. La tasa de cambio en agosto 2004 estaba en 39.54 pesos, y ahora en 45.20. Las diferencias alrededor del 10 por ciento, no justifican la duplicación del precio.

El tema del endeudamiento

El sostenido endeudamiento externo e interno es otro de los temas con que la oposición está enfrentando al Gobierno. Y ahí han entrado en escena economistas tan reconocidos como Miguel Ceara Hatton, quien dirige la Comisión de Políticas Públicas del PRM; Eduardo Tejera, y el exgobernador del Banco Central Guillermo Caram, y Jimmy García Saviñón, provenientes de la disensión del Partido Reformista. Caram sostiene que el endeudamiento del Gobierno es ya insostenible. García Saviñón escribió que Medina tomó prestados 5,342.9 millones de pesos en sus primeros 29 meses, a un ritmo de 184.24 millones de dólares mensuales y 6.14 por día.

La Comisión Económica del PRM sostuvo a finales de julio que “el pueblo ha pagado la enorme deuda pública acumulada por los gobiernos del PLD con seis reformas tributarias, recursos que en su mayor parte destinaron al financiamiento de gastos corrientes y campañas electorales”. Que aumentaron el endeudamiento público en 15 mil millones de dólares en los últimos diez años, con un incremento del 232 por ciento, de 6,822 millones en el 2005 a 22,635 millones de dólares en marzo pasado.

Cuando le suman las deudas del Banco Central, Banco Agrícola, Banco de la Vivienda, con los generadores eléctricos de casi mil millones de dólares, y mediante financiamiento a constructores gubernamentales, los perremeístas llevan el total de la deuda estatal a 36,672 millones de dólares, alrededor del 55 por ciento del producto bruto interno.

Si se divide esa suma entre 10 millones de dominicanos, significa que cada uno, incluso los más pobres, deben actualmente 3,667 dólares, es decir 165,391 pesos.

Respuesta del Gobierno

Hasta ahora la estrategia gubernamental parece ser ignorar las persistentes denuncias y demandas de la oposición, especialmente del PRM, con perspectivas de encabezar un frente electoral bipolarizador y que esta semana concurrió ante el Ministerio de Obras Públicas para reclamar, amparándose en la ley de libre acceso a la información, todo lo concerniente al escandaloso contrato de concesión de la carretera Santo Domingo-Samaná, con costos de peaje desproporcionados y subsidio estatal, donde se denuncia corrupción.

La tendencia ha sido atribuir cada denuncia al simple interés de la campaña electoral, lo que no deja de ser cierto, pero resulta insuficiente cuando la ofensiva es sistemática y documentada.

 Se deja la respuesta al inmenso aparato comunicativo del Gobierno y a la propaganda, o se incentiva a terceros a responder, como ocurrió esta semana con un directivo de la Asociación de Distribuidores de Gas que salió a justificar los precios de los combustibles.

Para los estrategas del Gobierno, responder al PRM es importantizarlo, investirlo como interlocutor. El PLD ha navegado en los últimos años con una pobre oposición, desde que en el 2009 comenzaron las negociaciones que han subordinado el Partido Revolucionario Dominicano al interés gubernamental.

Con escandalosa influencia sobre los medios de comunicación y una alta proporción de los periodistas y comentaristas, la propaganda oficial es la mejor respuesta a los cuestionamientos.

Importante reto del PRM

Colocado en las encuestas y la percepción general como principal opción de oposición, el PRM enfrenta un escenario muy difícil, pues a pesar de sus documentadas denuncias, tiene poco espacio en los medios de comunicación. Por lo menos está demostrando que reúne profesionales y técnicos capaces de cuestionar las políticas gubernamentales y dirigentes políticos decididos a enfrentar al PLD.

El candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, ha tomado un discurso bien fundamentado, coherente con sus técnicos, pero se cree que le falta impactar más en la emocionalidad social. Su discurso de aceptación de la candidatura en junio, y las respuestas que ha dado a los planteamientos del presidente Danilo Medina, lo han proyectado en el debate. A mediados de agosto presentó los lineamientos básicos de su programa de Gobierno, sometiéndolos a consideración de la sociedad política y civil. Y se trata de un documento ponderado.

Abinader y el PRM avanzan cerrando acuerdos para fortalecer su Convergencia, hace dos semanas con Dominicanos por el Cambio que preside Eduardo Estrella, y este domingo con el Frente Amplio que postulaba a Fidel Santana, con el mérito de basarlos en planteamientos programáticos, evadiendo la discusión de simple reparto que caracteriza el proyecto reeleccionista del presidente Medina. Les falta pasar la prueba de la elección de las candidaturas provinciales y municipales. Se dicen conscientes de que si utilizan consultas y mecanismos democráticos, y renuevan la oferta, se anotarán importantes éxitos.

 

2014 con mejoría económica y descalabro institucional

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
28_12_2014 HOY_DOMINGO_281214_ El País13 A

Con crecimiento económico cercano al 7 por ciento del producto interno bruto (PIB), inflación y devaluación alrededor del 3 por ciento y mejoría en la balanza de pagos, el 2014 puede calificarse de bueno en términos económicos, aunque se ratifican altos déficits, fuerte endeudamiento e inequidad en la distribución del ingreso.

Pero el año fue pésimo para la institucionalidad democrática, con el descalabro de la oposición política y el descrédito de las altas cortes y el Congreso Nacional bajo absoluto control político, configurando una crisis del Estado de derecho, manteniendo la impunidad y ratificando la exclusión económica y social de las decenas de miles desnacionalizados.

El crecimiento económico. Con crecimiento económico sobre el 6 por ciento, el doble del promedio latinoamericano, baja inflación y devaluación del 3 por ciento y mejoría en el histórico déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, el Gobierno del presidente Danilo Medina puede reclamar un importante éxito en el 2014, aunque relativizado por un nuevo déficit fiscal de alrededor del 3 por ciento del PIB.

Por séptimo año consecutivo el país acumula déficit fiscal, financiado con un persistente endeudamiento que el Fondo Monetario Internacional sitúa en el 50 por ciento del PIB al concluir 2014, año en que los ingresos fiscales fueron consumidos por el gasto corriente sobre el 85 por ciento de la ejecución presupuestaria.

La pobre inversión de capital se basa en un endeudamiento interno y externo que ha llevado la deuda del Estado sobre los 32 mil millones de dólares, triplicada en la última década, cuando solo el déficit cuasi-fiscal del Banco Central pasó de RD$101,966 millones a RD$346,589 millones.

El año concluye con devaluación por debajo de lo proyectado y con un control significativo de la inflación, pero sin que pudiera revertirse el deterioro del poder adquisitivo de los empleados públicos y privados, que ha convertido el país en líder regional en crecimiento excluyente certificado por el Banco Mundial.

Una encuesta del Banco Central reveló en noviembre que el 60 por ciento de los hogares recibe menos de 18 mil pesos mensuales, muy por debajo del costo promedio de la canasta familiar.

Aunque todavía no alcanzará el 4 por ciento del PIB debe acreditarse al Gobierno el esfuerzo por lograr esa meta legal y de amplio reclamo nacional.

El experto fiscal José Rijo documenta que, al igual que en 2013, pasará del 3.5 por ciento, aunque excesivamente concentrada en la construcción de aulas.

También se le acredita una mejoría en la calidad de la inversión, aunque sin reducción del gasto clientelar y del reparto del Estado.

Descrédito institucional. El 2014 registró un marcado deterioro del Estado de derecho en el país, evidenciándose más que nunca el entramado de poder casi absoluto que configuró el expresidente Leonel Fernández cuando tras promulgar la Constitución del 2010 colocó a una mayoría de incondicionales en las llamadas altas cortes de justicia, y a través de ellas en gran parte del aparato judicial así como del Ministerio Público.

El liderazgo lo llevó el Tribunal Superior Electoral con repetidas sentencias a favor del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, socio de Fernández en la repartición de ese y otros organismos, utilizando artificios jurídicos hasta para validar un conato de convención que concluyó en un tiroteo cuando un candidato contestatario pretendió ejercer el voto. No hubo sufragio en casi todo el país, pero Vargas Maldonado queda como presidente del dividido Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que recibe más de 18 millones de pesos mensuales del Presupuesto Nacional.

El Tribunal Constitucional quedó en medio de la calle con la sentencia que desconoció la adscripción del país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quince años después que se produjera, desconociendo la Convención Americana de Derechos Humanos, contradiciendo su propia ley orgánica y olvidando tres sentencias que había dictado basadas en jurisprudencia del organismo continental. También ignoró que el Estado se había defendido en cuatro procesos judiciales ante esa corte y hasta un acuerdo de colaboración que había firmado con la misma institución.

Descalabro político. La definitiva división del PRD, el más antiguo partido político dominicano, marcó el descalabro de la oposición política, fruto de la escasa cultura democrática, de las luchas grupales y la desvalorización de la política, aunque también con el auspicio de un importante sector del partido de Gobierno, que cifra su expectativa de predominio hasta el 2044, según reiterado planteamiento de su líder Leonel Fernández.

Aunque lo que las encuestas marcan como mayoría perredeísta constituyó el Partido Revolucionario Moderno y paralelamente se propuso una “Convergencia” de múltiples grupos políticos y sociales, el año concluye en la nebulosa con evidentes dificultades para encontrar un método de escogencia de su candidatura presidencial, lo que diluye sus posibilidades y distrae su atención de los problemas y las expectativas nacionales.

Mientras la oposición política se dispersa, en el PLD por lo menos cinco dirigentes se mantienen en campaña por la candidatura presidencial para el 2016, incluyendo al expresidente Fernández, y otros centenares también gastan fortunas de dudoso origen promoviéndose desde ya para legisladores o funcionarios municipales, sin que ninguna autoridad establezca orden ni límites.

Fue relevante el surgimiento de una abierta lucha por el predominio en el PLD entre los seguidores de Fernández, que luchan por volver al poder, y los del presidente Medina, algunos de los cuales quisieran abrir espacio a una nueva reforma constitucional para posibilitar la repostulación del mandatario, lo que luce difícil, a menos que el expresidente se vea obligado a declinar, presionado por los escándalos de corrupción que le salpican.

Limitados logros sociales. La sociedad civil no ha logrado compactar fuerzas suficientes para contener la corrupción, que se registra cada vez más como gran preocupación. Pero se hizo presente en algunas campañas, lo mismo que en la lucha por la preservación de la loma Miranda y celebró la decisión judicial que revocó el fraudulento reparto de la bahía de Las Aguilas.

Luchó por la restitución de los derechos de los desnacionalizados por la JCE y la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, y acogió la transacción de la Ley 169-14, que en mayo planteó devolver sus documentos a los descendientes de extranjeros que habían sido reconocidos como dominicanos, pero la JCE mantiene la discriminación y la exclusión, evadiendo el cumplimiento de la ley, sin que autoridad alguna le reclame.

El año se cierra con preocupaciones sobre el Estado de derecho, sin haberse disipado las incertidumbres provocadas por el asalto a la cárcel de Najayo, el intento de sabotaje a las torres eléctricas y el atentado en el Metro de Santo Domingo.

El Congreso Nacional

El Congreso Nacional no escapa al derrotero institucional. Pasó otro año burlándose de los reclamos de casi dos décadas por una Ley de Partidos que garantice la funcionalidad democrática y la transparencia de las organizaciones políticas. Con la introducción de un nuevo proyecto del PLD, se creyó que por lo menos este sería aprobado, pero trajo tales distorsiones a los varias veces consensuados, que ha resultado imposible convertirlo en ley.
Las cámaras legislativas, controladas absolutamente por el partido gobernante, ni siquiera han contemplado discutir otro proyecto fundamental, el de Ley Orgánica Electoral, que como el de partidos, fue presentado hace tres años por la Junta Central Electoral en atención a reformas incluidas en la Constitución hace casi 5 años.

La forma en que la Cámara de Diputados manejó las observaciones presidenciales al Código Penal, que procuraban excepciones a la penalización del aborto, se constituyó en otro desaguisado institucional. Violaron varios artículos de su reglamento interno y se volaron el Senado, enviando la ley modificada directamente al Poder Ejecutivo. Para colmo este promulgó el fundamental código, con modificaciones que nunca conoció el Senado, en clara e inexplicable violación de un aspecto básico del ordenamiento constitucional.

El año concluye sin que el Gobierno haya logrado los pactos fiscal y eléctrico que según la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, deberían estar en vigencia en enero próximo. Tampoco ha logrado poner en vigencia la Ley de Regularización Salarial del Estado, en medio del escándalo sobre la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque registra avances hacia la cuenta única del tesoro y en mayor transparencia de las compras y contrataciones, pero todavía el país registra los más altos niveles de corrupción e impunidad del continente.

 

Una gran oportunidad perdida

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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 Cuando la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se inclinó reverente ante el presidente Leonel Fernández, entonces en verdadero aprieto por el nunca esclarecido escándalo de los bonos por 130 millones de dólares entregados a la empresa Sun Land, se frustró y empezó a revertirse el más significativo esfuerzo de la sociedad dominicana por institucionalizar la justicia y dar plena vigencia al Poder Judicial.

 Fue obvio para todos que la mayoría de los integrantes de esa corte se rindió ante las presiones del Poder Ejecutivo en la persona del presidente Leonel Fernández, quien había violentado el orden constitucional al autorizar un endeudamiento internacional sin la aprobación del Congreso Nacional. Con la agravante de que el empréstito se hizo clandestinamente, que el dinero no ingresó al Banco Central y que nunca se ha podido documentar convincentemente el destino que se le dio.

 En cualquier país de mediana intensidad democrática, ese escándalo hubiese con- llevado el procesamiento judicial de los responsables y probablemente la pérdida de los cargos que ocupaban. Desde luego que en ninguna nación donde funcionen las instituciones de la democracia podría producirse un fraude tan obvio y de esa magnitud y grosería.

 Para exonerar de responsabilidad al presidente Fernández y a su subalterno Félix Bautista, esa SCJ tuvo que renegar de su propia jurisprudencia, restringiendo la concepción de “parte interesada” que había consagrado y mantenido desde su sentencia del 8 de agosto de 1998 que declaró inconstitucional una limitación legal de la inamovilidad de los jueces, acogiendo una instancia de un grupo de organizaciones de la sociedad civil.

En el caso Sun Land, la SCJ declaró inadmisible la instancia de inconstitucionalidad negando esa facultad a un grupo de ciudadanos y al Partido Revolucionario Dominicano que recurrieron en sendos documentos del 15 y 18 de octubre del 2007. Tras más de un año, el 18 de diciembre de 2008, la corte restringió el derecho a los presidentes de las cámaras legislativas en base a la consideración de que solo le correspondía a ellos “siendo una potestad exclusiva del Senado de la República y de la Cámara de Diputados aprobar o no el préstamo a que se contraen las acciones en inconstitucionalidad en cuestión”.

Siempre se había considerado que aquella sentencia constituyó una prevaricación de los jueces supremos de la nación. Pero esta semana el país recibió la confesión del doctor Jorge Subero Isa, quien presidía la SCJ, de que “fue un crespón negro en la toga de los jueces”, que  al expediente Sun Land “se le dio una solución política”.

Es indiscutible que esa Suprema Corte tuvo múltiples realizaciones que implicaron importantes avances al saneamiento e independencia del Poder Judicial. Pero aquella claudicación ante el poder fue un lastre y abrió las puertas al retroceso, auspiciando que tras la reforma constitucional de 2010 el presidente Fernández se considerara sobre el bien y el mal, y constituyera una nueva Suprema Corte a su imagen y conveniencia personal, lo mismo que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, a partir del absoluto control del Consejo Nacional de la Magistratura.

Si hubo una corte que debió ser plenamente independiente del poder político fue la que presidió Subero Isa, entre otras razones porque sus integrantes no le debían el cargo al presidente de turno. Porque su elección fue fruto de un amplio consenso de las fuerzas políticas impulsado por las organizaciones más relevantes de la sociedad civil. Fue una gran oportunidad perdida para afianzar definitivamente la independencia de la justicia y la fortaleza institucional del Poder Judicial y para que ese colectivo judicial se inscribiera en las páginas gloriosas de la historia nacional.

Como tantas veces en la historia de la nación, esos jueces fueron incapaces de jugársela, con tres honorables excepciones, las de las magistradas Ana Rosa Bergés y Eglys Margarita Esmurdoc y el magistrado Julio Aníbal Suárez, a quienes el presidente Fernández cobró su osadía separándolos de la Suprema Corte de Justicia, tras la claudicación colectiva que lo instituyó intocable.

El infinito desorden de las pensiones

by Juan Bolívar Diaz Santana

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Desde hace años he venido denunciando las iniquidades e inequidades que se dan en las pensiones que paga el Estado, deplorando los persistentes privilegios y reclamando un mínimo de justicia para miles de maestros, enfermeras y trabajadores azucareros que tras décadas de trabajo mendigan en las calles por el derecho que les otorgan la Constitución y las leyes.

 En este mismo espacio el 30 de septiembre catalogaba como “Una casta de privilegiados” a los pensionados por la Superintendencia de Bancos hasta con 650 mil pesos mensuales, siguiendo una práctica instituida en numerosos organismos descentralizados y autónomos. También deploraba que cientos  de personas hayan sido pensionadas con asignaciones entre 25 y 50 mil pesos mensuales, sin haber trabajado para el Estado, muchos sin necesitarlas, como parte de la política de compra de lealtades, adhesiones o silencios, mientras el 87 por ciento de los jubilados estatales recibe el mínimo de 5 mil 117 pesos.

 En un artículo anterior, del 22 de julio, denunciaba la flagrante violación de la Ley 379-81 que establece el “Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Estado Dominicano para los Funcionarios y Empleados Públicos”, cuyo artículo 2 indica que “En ningún caso el monto de la pensión será menor al sueldo mínimo nacional vigente ni mayor a la cantidad que resulte de la suma de ocho de esos sueldos”. Con las expectativas del nuevo Gobierno concluía en “cuánto mérito acumularía Danilo Medina si le entra como a la conga a tantos privilegios, inequidades e iniquidades”.

 Durante años hemos denunciado cómo el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, Banco Central, Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras instituciones estatales buscaron diversos mecanismos, algunos sin fundamento legal, para establecer pensiones privilegiadas al margen de la universalidad que plantea la Ley 87-01 que creó el Sistema de Seguridad Social.

Esta legislación establece el principio de la solidaridad, mediante aportes individuales a un fondo para pensionar a indigentes, lo que evaden la mayor parte de los funcionarios públicos mejor pagados. El experto en administración Cándido Mercedes ha sostenido que si esos privilegiados hubiesen estado en el nuevo régimen de seguridad social el promedio de los aportes individuales no sería 17 mil 993 pesos, sino 21 mil 575, y los fondos acumulados casi duplicarían los 182,547 millones de pesos actuales.

El decreto 616-12 del presidente Medina ha dispuesto la suspensión de contribuciones estatales a los planes complementarios que se multiplicaron en organismos públicos, y la Superintendencia de Pensiones ha mostrado disposición a hacer valer las leyes, lo que constituye un aliento a la esperanza de rectificación.

  Pero las revelaciones de los últimos días no dejan dudas sobre el infinito desorden en que han devenido las pensiones públicas y la relativización de la ética. Ahora sabemos que muchos de los pensionados privilegiados, a veces previa liquidación no contemplada en la ley, siguen cobrándolas, aunque reciben un salario por funciones públicas, incluyendo a jueces de las altas cortes.

 El diputado peledeísta Francisco Matos amenazó  con revelar una lista de 380 funcionarios públicos que cobran sueldo y pensión. Pero personas bien informadas  afirman que pasan de diez mil y que hay quienes reciben tres sueldos públicos, porque cobrando en un cargo, están pensionados por la universidad estatal u otro organismo autónomo o descentralizado y en el Gobierno central.

 El presidente Medina debería completar la rectificación del decreto 616, disponiendo cruzar las nóminas estatales para eliminar las dobles pensiones y suspenderlas a quienes siguen cobrando al Estado, práctica no solo absurda e inmoral, sino también violatoria de la Ley de Función Pública y de la Ley 379-81 cuyo artículo 11 prohíbe más de una pensión y prescribe que  si un pensionado vuelve al servicio público tiene que dejar de cobrarla. También debe cumplirse el máximo de ocho salarios mínimos y suprimir todas las que se han otorgado a personas que no tienen derecho a la misma, salvo enfermos o discapacitados. Y que en cambio se conceda pensiones  a todos los que reúnen los requisitos y que las andan mendigando. Es justicia lo que se pide.

2011: un año de incertidumbres

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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El  2011 concluye con tantas incertidumbres como comenzó, primero  institucionales y políticas, y ahora en el orden económico sin que pueda asegurarse si el Gobierno quiere y puede mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), congelado en el último trimestre.

A pesar de altos déficits fiscal y en la cuenta corriente de la balanza de pagos, con un volátil escenario económico internacional y encarecimiento de las importaciones que agravan el déficit de balanza de pagos, el Gobierno logró mantener la estabilidad macroeconómica y el crecimiento gracias a un alto endeudamiento.

Fracaso del continuismo.  Durante todo el primer trimestre del año el país fue sometido a un fuerte estrés político-institucional cuando tomó cuerpo el intento de imponer una nueva repostulación del presidente Leonel Fernández a pesar de la prohibición incluida en la Constitución que él mismo había promulgado un año antes.

Una parte de los funcionarios del Gobierno y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y hasta la primera dama se manifestaron partidarios de otra reelección del doctor Fernández, mientras desarrollaban una movilización nacional en procura de dos millones de firmas para avalar el proyecto.

Paralelamente se desarrollaban acciones como la elección de un secretario general “provisional” de la Liga Municipal, la aprobación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura sin los dos tercios de los votos que manda la Constitución e intento de desconocer el límite de los 75 años para la elección de los miembros del nuevo Tribunal Constitucional, que configuraron un “relajamiento institucional para condicionar la sociedad a cualquier salto”.

El 14 de marzo aumentó la tensión cuando el Presidente se declaró “en reflexión” sobre la posibilidad de repostularse. El domingo 27 de marzo en un acto masivo recibió “más de dos millones 200 mil firmas” en libros encuadernados donde se le pedía que se postulara. Fue el 8 de abril cuando finalmente el mandatario anunció que declinaba la candidatura, aunque avalaba el argumento de los “ingenieros constitucionalistas” y algunos abogados de que podía optar por la reelección.

Para entonces ya se había lanzado la precandidatura presidencial del vicepresidente Rafael Alburquerque y el 10 de abril la de la primera dama Margarita Cedeño, tratando de crear una alternativa a la de Danilo Medina que había corrido casi solo. En medio de tensiones intrapartidarias  ella pronunciaría un dramático discurso de declinatoria al final del mes. Y Alburquerque apoyaría a Medina antes de que éste fuera finalmente electo candidato presidencial el 26 de junio, poniendo fin a las incertidumbres. Predominó la voluntad democrática en el partido gobernante.

 Intensa movilización social.  Por encima de las profundas insatisfacciones expresadas en las encuestas y recogidas por los medios de comunicación, especialmente por el desempleo, elevación del costo de la vida, la corrupción generalizada y el incremento del narcotráfico y la inseguridad, la sociedad dominicana protagonizó este año intensas luchas que incluyeron marchas, protestas y un paro casi general de actividades en junio.

Lo más relevante del año ha sido la amplia movilización social en reclamo del cumplimiento del mandato legal y ahora también constitucional de destinar el 4%  del Producto Interno Bruto a la educación. La incorporación de grupos juveniles y segmentos de clases medias y altas a las manifestaciones constituyó un aliento para los que promueven un mayor sentido de ciudadanía como contrapeso el pragmatismo salvaje en que ha devenido la actividad política.

Una Coalición por la Independencia de la Justicia concertó también a numerosas entidades de diversos estamentos sociales en los reclamos porque se elijan los jueces de la Suprema Corte y los nuevos tribunales Constitucional y Superior Electoral en función de la integridad y la capacidad y no por simple conveniencia política. También hubo grupos que se movilizaron contra la delincuencia y la corrupción, aunque los órganos del ministerio público no produjeron ni un solo proceso judicial y ni siquiera parecieron preocuparse por las denuncias de malversación que se produjeron casi cada semana, incluso en auditorías de la Cámara de Cuentas.

La movilización más exitosa del año fue la que en el primer trimestre logró hacer respetar la Constitución, reivindicando el carácter de las leyes orgánicas y poniendo freno a los intentos continuistas que amenazaron hasta la integridad del partido de gobierno y sobre todo la institucionalidad democrática nacional. El empresariado, las iglesias, las instituciones que luchan por la vigencia de la democracia y el fortalecimiento institucional, así como gran parte de los medios de comunicación constituyeron un sólido valladar social.

El mayor éxito del Gobierno.  El Gobierno ratificó su éxito en mantener la estabilidad macroeconómica con un crecimiento del producto bruto proyectado al 4.5%, en el promedio regional, inflación del 8% e ínfima devaluación, pero continuando el endeudamiento interno y externo que ha duplicado la deuda dominicana en 7 años.

Crece la convicción de que esa pista se está agotando. En este 2011 por primera vez hubo que dedicar más del 50% del monto de los ingresos fiscales al servicio de la deuda.

El déficit fiscal que a finales de septiembre el Banco  Central cuantificó en más de 35 mil millones de pesos, volverá a sobre pasar los 50 mil millones, por cuarto año consecutivo. Aunque en junio hubo que hacer una rectificación fiscal poco ortodoxa para buscar unos 12 mil millones de pesos. Peso a ello las recaudaciones quedaron por debajo de lo presupuestado en diez mil millones de pesos. Mientras el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se proyecta sobre los 5 mil millones de dólares, un diez por ciento del PIB.

A lo largo del año siguieron siendo intensos los cuestionamientos a la política de inversiones y el gasto social a lo que se atribuye que la población no perciba los beneficios del crecimiento económico, mientras devastadoras evaluaciones internacionales dejaban al país en absoluto descrédito, como las de competitividad del Foro Económico Mundial que lo declaró campeón mundial en malversación de los recursos públicos y en confianza en la Policía, entre 142 naciones evaluadas.

El año concluye con gran incertidumbre sobre la suerte de la institucionalidad democrática y la estabilidad económica en medio de una nueva dispendiosa campaña electoral que se vaticina con ribetes de arrebatos por la incursión de todo el Gobierno en la promoción de su candidatura para cuyo triunfo ya el propio presidente Fernández tuvo la osadía de anunciar que invertiría 40 mil millones de pesos.

El acuerdo con el FMI ha quedado frisado. El Gobierno no ha pasado con éxito ninguna de las evaluaciones trimestrales desde su firma en el 2009, y desde septiembre no ha podido presentar una nueva carta de intención para reanudarlo, mientras adelantaba venta de bonos por 250 millones de dólares con cargo al presupuesto de 2012 de por sí sobrevaluado, convertía en deuda una línea de crédito de 210 millones de dólares en el Banco de Reservas y elevaba sobre esa cifra su deuda con los generadores eléctricos.

Economistas, empresarios, comunicadores y hasta el gobernador del Banco  Central han dejado constancia de la conveniencia de reanudar el acuerdo con el FMI, con la esperanza de que pueda moderar el vaticinado desguañangue de la economía nacional en aras de la prolongación en el Gobierno.

Resucitó y llegó papá

El mayor partido de la oposición, el Revolucionario Dominicano (PRD) también fue sometido a fuertes tensiones en el proceso de elección de su candidato presidencial para los comicios de 2012, lo que culminó temprano el 6 de marzo con la resurrección política del expresidente Hipólito Mejía, quien fuera derrotado de forma aplastante en el 2004 cuando intentó la reelección en medio de una devastadora crisis financiera.

Al grito de “llegó papá”, el agrónomo Mejía logró una victoria que muy pocos creían posible al comienzo del año, superando por 7 puntos al presidente del partido blanco Miguel Vargas  Maldonado, el cual había sido candidato para la elección del 2008. La elección de Mejía fue más sorpresiva por cuanto su contendiente controlaba los cargos ejecutivos del partido, su Comisión Política y gran parte de los legisladores, alcaldes y dirigentes provinciales.

La elección generó grandes tensiones que sacudieron el PRD y sólo a regañadientes Vargas aceptó dos meses después que Mejía fuera proclamado candidato, y desde entonces mantiene una “presidencia institucional” del partido, sin participar en ninguna actividad de la campaña electoral y más bien proyectando una imagen de resentimiento sin límites en lo que parece un hecho sin precedentes en el mundo, aunque gran parte de quienes le promovieron han optado por la decisión partidaria.

Pero la resurrección del agrónomo Mejía no fue sólo en su partido, sino en el ámbito nacional, pues la generalidad de las encuestas, especialmente las más acreditadas, como la Gallup y la Penn Schoen-Berland lo han proyectado encabezando las preferencias electorales, bordeando el cincuenta por ciento. Para los analistas políticos él posicionamiento de Hipólito Mejía ha constituido “el retorno del año” como lo proclamaron los seis periodistas que participaron el viernes en el debate periodístico de fin del año de Teleantillas.

El paquetazo busca evitar una explosión

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El nuevo paquete impositivo y el aumento de la tarifa energética buscan evitar o por lo menos aplazar la explosión de un modelo económico que se tambalea por los persistentes déficits fiscales y de balanza de pagos, cuando se agota la pista del endeudamiento en que se ha sustentado el crecimiento de los últimos años, lo que hace fundamental rescatar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Incapaces de reducir gastos y malversaciones, los funcionarios han preferido pagar ahora el costo político para evitar un mayor deterioro y hasta una explosión de aquí a las elecciones de 2012, aunque ofenden la población al alegar que buscan invertir más en educación y al culpar al FMI por los tributos.

Gobierno en su laberinto.  El palo se veía venir después de tres años consecutivos con déficits fiscales que han sumado más de 160 mil millones de pesos y de la cuenta corriente de la balanza de pagos proyectado este año otra vez sobre 4 mil millones de dólares, agotándose la pista del endeudamiento en que se ha sustentado la estabilidad y el crecimiento económico de los últimos años.

Ya el Banco Central estimó sobre 16 mil millones de pesos el déficit fiscal en el primer trimestre de este año. Se proyectó en unos 65 mil millones de pesos.

Desde enero el FMI dejó en suspenso el acuerdo de 2009 con el Gobierno dominicano que no pasó las últimas dos revisiones y reclamó una nueva carta de intención con las correspondientes correcciones para reducir el déficit fiscal disparado  por encima de los niveles tolerables.

Mientras se maniobraba para la repostulación del presidente Leonel Fernández se le dio larga al asunto, pero cuando resultó infranqueable el muro constitucional, el Gobierno empezó a poner atención a la crisis. Se reconoció que el subsidio a la electricidad duplicaría los 350 millones de dólares programados para este año, aunque comenzó enero con un incremento tarifario del 11%.

La prueba de que no era ese el único factor perturbador es que la elevación de la tarifa en otro 8% tampoco resulta suficiente para conjurar la crisis. Viene entonces el paquete impositivo que según el Gobierno busca 9 mil 500 millones de pesos adicionales, pero que economistas y opositores políticos estiman muy superior, 25 mil millones de pesos, según el Partido Revolucionario Dominicano.

El mayor gravamen, que por sí solo aportaría alrededor de 8 mil millones de pesos, es el 1% a los activos financieros. Se plantea también elevar los impuestos a los dividendos de las inversiones, a la propiedad inmobiliaria, al telecable, las bancas de apuestas y los juegos telefónicos y de Internet y a los premios y ganancias en cualquier tipo de lotería.

Irritación generalizada.  Tal como se temía la irritación ante el alza tarifaria e impositiva es generalizada, incluyendo opositores y aliados políticos y los más diversos sectores sociales, empresariales, sindicales, y en la opinión pública que cuestionan el nivel y la calidad del gasto de un gobierno que se benefició de 4 reformas tributarias realizadas en el período 2004-07 y de créditos que triplicaron el presupuesto de 89 mil millones de pesos en el 2003 a 267 mil millones en el 2007, año en que tuvo un excedente de recaudaciones de 11 mil millones de pesos. El economista Carlos Despradel estimó que entre el 2004 y 2007 el gasto gubernamental se incrementó en 131%, con una inflación acumulada de 59%, para un crecimiento real del 72%.

Se le cuestiona al Gobierno que nunca ajusta el gasto corriente que crece sin freno hasta en medio de la crisis fiscal (los gastos de personal crecieron en 11.5%  en el primer trimestre según  el economista Nelson Suárez) y los niveles de dispendio y corrupción que han colocado el país como campeón mundial en favoritismo de los funcionarios públicos, en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, que incluye 139 naciones.

También en la posición 138 en “despilfarro en el gasto gubernamental”, y en la 134 en “desvío de los fondos públicos”. Mientras está en el escalón 133 en calidad de la educación.

Ya el Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la nación señaló la racionalización del gasto público y el desarrollo institucional como iniciativa fundamental para el Gobierno recobrar la confianza de la población.

Planteó controles sobre el patrimonio de los funcionarios, eliminación de barrilitos, subsidios y nominillas, así como limitar por ley el número y tamaño de los ministerios, de los viceministros, de las delegaciones diplomáticas y consulares y de las entidades gubernamentales en general. Pero el Presidente ha seguido designando paquetes de embajadores, vicecónsules y subsecretarios.

La anterior reforma tributaria fue acompañada de una ley de austeridad para el año 2007 que buscaba reducir el gasto corriente en 20%, lo que no se cumplió y terminó elevándose en 16%. El 17 de marzo pasado el presidente Fernández anunció un programa de austeridad para enfrentar el alza de los precios del petróleo y los alimentos, que incluía una reducción del 12% en el gasto del gobierno, exceptuando educación y salud, y un ahorro energético de al menos 10%. Su cumplimiento generaría este año más de los 9 mil 500 millones de pesos del paquete.

Un palo acechado.  Hasta la semana pasada los altos funcionarios del Gobierno seguían negando la posibilidad de mayores impuestos y atacaban a los dirigentes perredeístas que los denunciaban como inminentes.

Reconocían que ningún sector social estaba en condiciones de aceptarlo sumisamente. Y esta vez no fue precedido de consulta con los sectores productivos, como ocurrió a finales de 2005 y 2006, de lo que se quejó ahora la presidenta de la Asociación de Industrias, Ligia Bonetti.

Dos factores adicionales han contribuido al rechazo del paquete impositivo: que el Presidente adujera que buscaba “atender el ardoroso clamor social” que reclama mayor inversión en educación, lo que no asoma por ningún lado en el proyecto de ley, y que se pretenda echar la culpa al FMI, sin reconocer el exceso de gasto y ni siquiera volver a prometer combatir el dispendio y la corrupción.

Sólo el dispendio y la malversación, sino la corrupción,  pueden explicar que la cárcel recién inaugurada en Higüey costara 1,200 millones de pesos, cinco veces el valor de una similar construida por la Procuraduría General en Moca, abierta el año pasado, y que un estacionamiento de vehículos en la Universidad Autónoma, saliera por  mil millones de pesos sin tener que comprar el terreno.

Muy pocos están dispuestos a criticar el incremento de impuestos a las bancas de  apuestas, pero sí al resto  considerados inflacionarios cuando ya la inflación se proyecta en dos dígitos para este año. El sector empresarial resistirá por los problemas estructurales y de competitividad que enfrenta, particularmente el industrial, y por los incrementos del costo de la electricidad, de los combustibles y el transporte, del salario y la seguridad social, y por las repercusiones en las tasas de interés bancarias.

Palo si bogas y palo si no bogas.  No han faltado quienes atribuyan el paquete tributario a un supuesto interés en perjudicar a Danilo Medina el virtual candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Sin duda que la sola propuesta y aprobación tendrán costo político cuya dimensión será proporcional a los efectos secundarios de las medidas.

Pero el Gobierno se encontraba en una disyuntiva que en cualquier caso tendría consecuencias de dimensiones impredecibles si mantenía congelado el acuerdo con el FMI, porque el presupuesto de este año se volvería inmanejable y podría desestabilizarse la economía más cerca de las elecciones, con repercusiones catastróficas en términos electorales. El jefe de la misión del FMI, Alejandro Santos dijo el jueves que sin nuevos impuestos es difícil seguir adelante con la implementación del presupuesto de este año, y “se tendría que hacer un ajuste, incluso mayor, lo que empieza a ser bastante preocupante”.

Del acuerdo con el FMI depende que antes de marzo de 2012 se reciban unos mil 200 millones de dólares, equivalentes a unos 45 mil 200 millones de pesos, directamente de ese organismo o en financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial.

Esos créditos forman parte del presupuesto nacional de este año, lo mismo que la colocación de 500 millones de dólares en bonos soberanos, que se dificultaría sin el aval del Fondo Monetario.  El presupuesto de 2011 depende de un financiamiento externo e interno de 96 mil millones de pesos. El de 2010 implicó 120 mil millones.

En término de divisas esos 1,700 millones de dólares pueden ser decisivos para mantener una relativa estabilidad cambiaria (con el peso ya a 38 por dólar), dadas las presiones que tiene la cuenta corriente de la balanza de pagos, con un costo del petróleo y los alimentos que agrava el desequilibrio externo de la economía nacional, que este año generaría un déficit sobre los 4 mil millones de dólares, cercano al de 2008.

Con o sin paquete y más allá de la crisis internacional, el Gobierno es responsable y pagará el costo político del derroche que se inició en la campaña reeleccionista de 2008, con un festival de gastos y subsidios, y que se extendió por las elecciones de 2010, cuando los déficits fiscales batieron récords, pese a que en el 2009 el acuerdo con el FMI aportó dinero para gastar a manos llenas.   El mismo Danilo Medina y algunos de sus voceros congresionales han reconocido el costo político del paquete fiscal, del cual buscarán distanciarse para reducir su impacto, aunque no tanto como para ofender la susceptibilidad del sector hegemónico del Gobierno.