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La inmigración sacude a Europa

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
06_09_2015 HOY_DOMINGO_060915_ Opinión9 A

Europa, el viejo continente, la expresión primigenia de la llamada civilización occidental y cristiana, está sacudida y fuertemente dividida por una invasión de refugiados políticos y económicos en proporciones sin precedentes, realmente alarmantes, que constituyen una auténtica calamidad humana.

Oleadas de inmigrantes asiáticos y africanos desafían el mar en frágiles embarcaciones que naufragan una y otra vez, arrojando una carga de cadáveres sobre las playas. Ya 71 aparecieron asfixiados en un camión abandonado en una carretera de Austria. El cuerpo exánime de un niño de tres años, recogido por un guardia costero ha estremecido la conciencia de millones de europeos que no saben qué hacer con tanta calamidad.

Suman 351 mil los migrantes que han alcanzado territorio europeo en los primeros 8 meses del año, 60 por ciento superior al mismo período del 2014, de los cuales decenas de miles hubieron de ser salvados de los naufragios. Aunque dramáticamente otros 2,643 fueron rescatados cuando ya se habían ahogado en el portal europeo.

Dos terceras partes, 234 mil, han entrado por Grecia y casi el resto, 114 mil, por Italia. La mayoría quieren llegar a Alemania, la tierra prometida europea, lo que han logrado unos 300 mil, de los cuales 114 mil han solicitado refugio político, en un fuerte desafío para esa sociedad, donde grupos nacionalistas han protagonizado más de 300 ataques a hogares de acogida y centros de refugio. Aunque muchos más alemanes han mostrado sensibilidad y solidaridad con ayuda hasta excedente para los recién llegados.

El Gobierno alemán reclama, con justicia, que todos los países de la Unión Europea reciban proporciones de los inmigrantes, advirtiendo que peligran los acuerdos de libre tránsito y las esencias de la Unión Europea. La crisis llevó esta semana al cierre del euro túnel que une a Gran Bretaña con el continente, cuando oleadas humanas lo invadieron, buscando ensanchar esa alternativa. Estaciones de trenes y carreteras también han sido objeto de restricciones.

El drama es mayúsculo, como si los europeos estuvieran pagando las invasiones colonialistas, la dominación política, extracción de recursos y explotación esclavista que ejercieron por siglos sobre los países tercermundistas. O la creación de naciones artificiales, en alianzas con grupos dominantes que han monopolizado las riquezas locales.

Una gran parte de los que ahora asaltan la frontera del bienestar europeo son víctimas directas de las guerras y desestabilización que han sacudido en las últimas décadas a Irak, Afganistán, Siria, Líbano, Libia, Túnez, Medio Oriente, con armamentos, financiamiento, animación y participación directa europea y norteamericana. La tercera parte son mujeres, niños y niñas verdaderas víctimas de la violencia, incluida las últimas bárbaras expresiones del Ejército Islámico.

Media también un enorme tráfico con la pobreza de muchos otros países africanos, cuyos habitantes hacen lo que siempre ha hecho la humanidad, moverse en dirección al bienestar. Pero Europa naufraga con esa proporción de inmigrantes, nueva expresión de que un mundo tan desigual, violento y excluyente no ofrece garantía para nadie.

Estadistas y humanistas expresan preocupaciones, porque “la humanidad se estrella en las costas europeas”. El Papa advierte contra la tentación de “la globalización de la indiferencia”. No hay espacios para la xenofobia ni se concibe la expulsión de tan grandes contingentes humanos. Queda la necesidad de soluciones de fondo, compartidas, solidaridad humana, nuevas políticas que promuevan la paz y la inclusión y mayor inversión económica en el mundo de la pobreza.

 

El Gobierno busca salvar su Plan de Regularización

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Para salvar del fracaso su Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) el Gobierno se propone otorgar una estatus de “inmigrante regular provisional” a unos 220 mil que habrán iniciado el proceso al término del plazo el 16 de junio próximo, pero que no han podido cumplir los requerimientos económicos por renuencia de sus empleadores.

Atrapado en contradicciones y discursos xenofóbicos, el Gobierno se enfrentará al hecho de que más de la mitad de los inmigrantes indocumentados ni siquiera han podido iniciar su regularización, estimándose en más de 300 mil los que quedarían sujetos a la deportación muchas veces anunciada pero difícil de ejecutar en tan alta proporción.

Llegarían a unos 220 mil. Al iniciarse esta semana la cuenta regresiva del mes para cerrar las inscripciones al PNRE, 207 mil 424 inmigrantes habían acudido a 24 centros de registro para iniciar el proceso, complicado por sus múltiples requerimientos, y son apenas centenares los que han sido acreditados con un carnet, tan pocos que las autoridades han dejado de dar el dato.

El doctor Washington González, viceministro de Interior y Policía encargado del Plan, confía que al 16 de junio sumarán entre 215 y 220 mil personas en gran parte haitianas, lo que representaría 42 por ciento de los 530 mil estimados en la Encuesta Nacional de Inmigrantes concluida en el 2012, de los cuales 458 mil 233, el 87 por ciento, provenían de Haití. A estos habría que agregarle algunas decenas de miles más que llegaron después de la encuesta, y que a partir de octubre del 2011 no califican para ser regularizados, por lo que los “deportables” pudieran andar sobre los 350 mil.

Aunque se establecieron 24 centros de atención, el grueso ha acudido a los del gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y San Pedro de Macorís, de acuerdo a los datos que ofreció el funcionario por Teleantillas. Complicado, porque en estos centros se establecían cuotas por día y había que acudir de madrugada para conseguir turnos, que en muchas ocasiones tenían que comprar a traficantes. Otra limitación ha sido que al no llevar todos los documentos requeridos, el promedio ha tenido que acudir unas 5-6 veces. La falta de información a una población dispersa, con poco acceso a los medios de comunicación y escasos niveles de instrucción también ha complicado el proceso. Y aunque el Gobierno no cobra nada, los inmigrantes tienen que notarizar hasta las facturas de compras de electrodomésticos, y en muchos casos han tenido que “dar contribuciones”.

Pocos llenan los requisitos. El viceministro González reconoce que muy pocos de los solicitantes han podido completar los requisitos, especialmente las condiciones laborales y socio-económicas, que incluyen certificaciones de empleo, propiedades o contratos de alquiler de muebles o inmuebles y hasta cuentas bancarias. El 95 por ciento presentó por lo menos un documento de identidad, acta de nacimiento cédula o pasaporte, como establece el plan. Pero esa misma proporción no ha podido completar los requerimientos socio-económicos.

El problema principal ha sido la poca colaboración de los empleadores. Lo reconoció el funcionario, quien dijo que apenas en las últimas dos semanas los grandes empleadores agropecuarios y de la construcción habían mostrado interés en ayudar a regularizar sus empleados. Una excepción había sido el grupo Vicini, con dos ingenios en operación, que hasta contrató abogados para ayudar a sus trabajadores haitianos.

Desde que se abrieron las inscripciones en junio del año pasado, se viene advirtiendo que los empleadores agrícolas, de la construcción y hasta domésticos, se han negado a emitir constancia salarial. Pretextan que son trabajadores temporales, sin contratos laborales y por tanto de mucha movilidad.

Otro factor que ha dificultado el proceso es la cantidad de requisitos, por ejemplo cuentas bancarias que muy pocos braceros haitianos, de la construcción o domésticos podía abrir por carecer de documentación o por sus condiciones socio-económicas y hasta por desconocimiento de la lengua nacional.

Estatus provisional salvador. “Hay que buscar una solución” proclamó el viceministro González, consciente del bajo porcentaje de inmigrantes que ha podido presentar todo lo que se le demanda. Numerosos casos, como el de Iván Saint Fleur, presentado en la misma entrevista de Uno+Uno, son indicativos del exceso de requisitos. Testimonió que comenzó el proceso el año pasado con pasaporte y visa, acreditación de su empleador doméstico, testigos de su arraigo en el país, papel de buena conducta, contrato de alquiler de vivienda y otros menores, todo notarizado, y no ha podido ser acreditado después de siete viajes de madrugada a un centro de atención capitalino. Es obvio que la gran mayoría de los inmigrantes haitianos no pueden reunir todas esas condiciones.

Pero después de año y medio trabajando en el plan, habría que considerar un fracaso la mínima cantidad de inmigrantes que han completado el proceso, y no por falta de documentación, como se repite buscando un “chivo expiatorio”. De ahí la solución del carnet provisional, que tendrá una duración de dos años “para que completen requisitos”. Será una manera de prolongar el período original, sin admitirlo formalmente. Habrá que esperar para ver si los empleadores son obligados a colaborar. Es obvio que una gran mayoría prefiere la informalidad de una mano de obra abundante que, por indocumentada, carece de posibilidades de reclamar derechos y condiciones laborales, como horario, pago de horas extra, salarios mínimos, seguridad social y prestaciones.

No será suficiente. Además del estatus provisional a los 220 mil inscritos para que completen los requisitos, el Gobierno tendrá que ponderar qué hacer con unos 350 mil que ni siquiera pudieron comenzar. Seguirán culpando a las autoridades haitianas que no han podido responder todas las demandas de documentos. La embajada haitiana tenía pendiente unas 15 mil, pero entre los otros más de 300 mil puede haber de todo. La encuesta de Inmigrantes dijo que el 92 por ciento tiene algún documento. En los últimos meses estaban pidiéndoles hasta pasaporte, cuando el plan valida también actas de nacimiento y cédulas.

En esa inmensa mayoría predominan los jornaleros agrícolas, chiriperos y trabajadores domésticos que carecen de los miles de pesos que cuestan las notarizaciones de documentos, que no tienen un empleador fijo, y con esposas e hijos más difíciles de demostrar su arraigo en el país.

Haber dejado pasar tanto tiempo para regularizar los inmigrantes, lo que dispuso la ley de migración del 2004 del presidente Hipólito Mejía, fue una grave irresponsabilidad, pero mucho peor pudiera ser el autoengaño y no reconocer la complejidad del problema. Ninguna regulación de inmigrantes en el mundo ha implicado deportar más de la mitad.

 

No pienso morder silencio

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
JUAN BOLIVAR

Debo advertir que no pienso morder el silencio que me aconsejan, algunos de buena fe, para escapar del cerco de acoso, estigmatizaciones y amenazas en que me encuentro junto a otros colegas, por denunciar la corrupción y le iniquidad, por defender derechos humanos y promover relaciones de buena vecindad con los hermanos haitianos. Aunque confieso que por momentos quisiera largarme para la Patagonia, allá bien al sur del continente, donde vacacioné una vez y quedé con la ilusión de pasar unos meses, entre lagos y nevados infinitamente hermosos.

A veces la emoción me conduce a un bote salva vida individual. Pero la razón me dice que es un poco tarde con casi medio siglo en este angustioso oficio. Ya una vez lo abordé por un año, tras dos atentados que procuraban mi silencio eterno. Pero de eso van a cumplirse 45 años y entonces, en 1970, el terrorismo de Estado cobraba una víctima cada 28 horas. Ahora es diferente y albergo la esperanza de que no llegaremos al extremo del asesinato, aunque cada vez es más preocupante la necrófila consigna de “muerte a los traidores”, que grupos extremistas, algunos pagados por entidades gubernamentales, proclaman en plazas públicas y medios de comunicación.

Ya esta semana otro grupito, esta vez en San Francisco de Macorís, duplicó la lista de “traidores disfrazados de periodistas”, merecedores de la muerte. Además de este articulista y de Huchi Lora, Amelia Deschamps y Roberto Cavada, sumaron a Marino Zapete, Alicia Ortega, Fernando Hasbún y Edith Febles. Hay que relevar la responsabilidad de los dirigentes del Colegio de Periodistas y del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de esa ciudad que impidieron el uso de su local para pregonar exterminio.

El asesinato a golpes de un joven haitiano, posteriormente colgado en el parque Ercilia Pepín de Santiago, al día siguiente de que fanáticos encapuchados quemaran allí una bandera de Haití, profundiza las preocupaciones sobre las consecuencias de la siembra de odio y estigmatizaciones. Sin siquiera haber identificado a la víctima, ni a sus presuntos victimarios, la Policía atribuyó el crimen a otros dos haitianos con la supuesta intención de robarle. El Centro de Formación Agraria de Santiago (CEFASA), una institución religiosa, fue más rápida que la policía al identificar a la víctima el jueves como Claude Jean Harris, un pacífico limpiabotas de 22 años, que según su esposa se llevaba bien con todo el mundo.

Hay razones para temer que estemos ante la primera víctima mortal del discurso del odio puesto en marcha en las últimas semanas. Si era para robarle, no se explica que lo ataran de pies y manos y que luego de matarlo a golpes lo colgaran en una plaza pública, frente al principal hospital de Santiago, en una zona de mucho tráfico. Las preocupaciones son tan lógicas que el Jefe de la Policía Nacional acudió al escenario el jueves y dispuso que una comisión especial investigue a fondo.

El general Manuel Castro Castillo ya llevaba una semana investigando personalmente el asalto a la residencia del embajador de Haití, Fritz Cineas, ejecutado a media mañana, cuando un grupo de cinco personas golpeó al guardián, amordazó a la trabajadora doméstica y cargó con dos cajas fuertes. No se puede descartar el robo como móvil, pero vale la pregunta de si un solo policía es suficiente para esa residencia.

Debe asumirse que la actuación personal del jefe policial partió de la instancia superior del Gobierno. También porque el canciller Andrés Navarro dijo el jueves que aparentemente hay sectores empeñados en dañar las relaciones con Haití, cuando hace unos meses el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo proclamó una nueva era en los vínculos bilaterales. Y es posible que haya fragmentos sociales empeñados en marchitarlos.

Mientras los investigadores policiales esclarecen suficientemente esos acontecimientos recientes, sigue siendo un imperativo que toda la sociedad, dominicana, encabezada por sus máximas autoridades, y por sus orientadores espirituales, reclame con firmeza un alto al discurso necrófilo, de odios, estigmatizaciones y exclusiones.

 

Se encamina al fracaso el Plan de Regularización de Extranjeros

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
30_11_2014 HOY_DOMINGO_301114_ El País13 A

En los primeros diez días del proceso se recibieron 33 mil solicitudes, las filas eran considerables, pero seis meses después esa cifra apenas llegó a un poco más del triple.

La falta de colaboración de los empleadores y el exceso de requisitos que se exige a los interesados, están marcando el fracaso del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros decretado por el presidente Danilo Medina el 29 de noviembre de 2013 y que comenzó a ejecutarse hace 6 meses, el 2 de junio pasado.

Los apenas 107 carnés de inmigrantes emitidos en la primera mitad del plazo establecido, aunque más de 102 mil han solicitado su regularización aportando sus datos biométricos, representan una proporción muy baja de por lo menos 524 mil nacidos en el exterior registrados por la primera Encuesta Nacional de Inmigrantes.

Una bajísima proporción. Las estadísticas que maneja el viceministro de Interior y Policía Washington González, encargado de la implementación del Plan de Regularización de Extranjeros, indican un pobre resultado en la primera mitad del plazo establecido para solicitar la inclusión, que según dijo vence el 31 de mayo próximo.

Hay muchas diferencias en el estimado de inmigrantes irregulares en el país, pero la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), realizada en el 2012 por la Oficina Nacional de Estadística, registró 524,632 extranjeros en el país, de los cuales 458,233, el 87 por ciento, procedieron de Haití. Si se suman los ingresados en los últimos dos años, podrían llegar a 600 mil, de los que debe descontarse una pequeña proporción con estatus legal.

Los 102 mil 60 que según González habían iniciado el proceso de regularización al caer noviembre, representarían una proporción por debajo del 20 por ciento del total. Y los 107 carnés emitidos son apenas el 0.02%. Proyectados al año decretado para el programa de regularización, los solicitantes no representarían más del 40 por ciento del universo.

Pero la afluencia disminuye, ya que en los primeros diez días del proceso se recibieron 33 mil solicitudes, casi la tercera parte del total en los 6 meses que se cumplen este 2 de diciembre. Los carnés emitidos apenas alcanzan al 0.32 por ciento de los que acudieron hace más de 5 meses, cuya proyección al año implicaría un total fracaso. Con la agravante de que el artículo 12 del decreto 327-13 que estableció el plan especifica un límite hasta el 28 de febrero de 2015 para que los interesados acrediten su identidad.

Demasiados requisitos. Muchos siguen creyendo que el principal elemento que frena el proceso de regularización es la falta de documentos de identificación de los inmigrantes haitianos, la mayoría con algún documento según la ENI, pero en realidad la traba está en los excesivos requisitos para obtener el carné de inmigrantes y la falta de colaboración de los empleadores.

La identidad es el requisito fundamental y el artículo 12 señala que podrá acreditarse por uno de cinco tipos de documentos, aunque estén vencidos: a) pasaporte; b) documento de identidad del país de origen; c) acta de nacimiento; d) Para el solicitante que forme parte de un grupo familiar, acta de matrimonio, declaración de soltería o prueba de convivencia, según aplique; y e) un documento que pueda ser verificado como legítimo por la autoridad y que sirva para la identificación del extranjero solicitante.

Aunque el decreto especifica “por alguno” de esos documentos, en muchos centros se les pide todos, dificultando el registro. Lo mismo ocurre con los cuatro ejes básicos para la regularización establecidos en el artículo 14 del decreto, cada uno de los cuales señala 7 o más requisitos, pero indicando que bastan dos de ellos. Los ejes son 1) El tiempo de radicación de la persona extranjera en el país; 2) Los vínculos con la sociedad dominicana; 3) Las condiciones laborales y socio-económicas; y 4) La regularización de personas de manera individual o por familia.

En el eje 3 referido a las condiciones laborales y socio-económicas, hay 8 requisitos. En el séptimo se indica que el trabajo regular se acredita con un documento que pruebe pago de salarios, certificación de nómina, carné de empleado, o declaración jurada y notarizada del empleador. Especifica uno de ellos, pero en muchos casos se piden todos.

Dos ejemplos contundentes Para entender las dificultades del Plan de Regularización de los Extranjeros baste considerar dos casos específicos, el individual de un empleado en una torre de apartamentos de clase media y el otro un empleado en una residencia, con tres hijos, ambos haitianos residentes en la capital, con apoyo de sus empleadores que pocos podrán conseguir:

El individual es empleado ejemplar de una torre de apartamentos, donde la junta de vecinos responsables decidió avalarlo con la documentación y cubrir los costos. Lleva cuatro visitas al centro de registro y todavía no recibe su carné. Comenzó con su pasaporte visado. Presentó certificación de que trabaja y vive en la torre, acto de notoriedad sobre convivencia firmado por 7 testigos dominicanos, compulsa notarial, certificado de la Procuraduría de que no tiene expediente judicial, declaración jurada de ingresos, copias de cheques y recibos de salarios elegidos al azar de cada uno de los últimos cinco años. Todos esos documentos certificados y notarizados. En su última visita llevó copias de facturas de compra de electrodomésticos y del contrato de un celular de Claro, pero entonces le dijeron que también tiene que notarizarlas. Le piden una cuenta bancaria que no posee.

La situación es más compleja en el caso de un haitiano que lleva 20 años trabajando en la casa del excontralor general Bienvenido Brito y su esposa Maritza, personas de integridad reconocida, militantes católicos de toda la vida, que autorizaron citarlos. Desde que se anunció el plan se mostraron dispuestos a agotarlo y con su patrocinio, su empleado, vigilante y jardinero que también presta este servicio a los vecinos, lleva tres visitas y no avanza. También con pasaporte y visa. Sus empleadores certifican la vivienda que le construyeron en solar comprado en un barrio capitalino. Pero esta persona tiene tres hijos y por cada uno de ellos debe presentar un rosario de certificaciones. No consiguen copia de la constancia de nacimiento del hospital, que perdieron.

No quieren la regulación. La escasa o nula colaboración de los empleadores está contribuyendo al fracaso del Plan de Regularización de Extranjeros.

El viceministro Washing- ton González se ha quejado en televisión de que las asociaciones de productores no contribuyen, aunque les ha pedido colaboración. Productores agrícolas y constructores, así como administradores de condominios y empleadores individuales se niegan a proporcionar certificaciones a sus empleados. Prefieren el desorden de la oferta de mano de obra abundante, que despiden si no aceptan cualquier condición laboral, como horarios ilimitados, bajos salarios, y temen que la regularización los obligue a pagar la seguridad social.

Tampoco ayuda la histeria antihaitiana que se manifiesta a través de múltiples medios de comunicación, la que impide entender que la regularización de los que trabajan en el país es el primer paso si se quiere controlar el flujo inmigratorio. La desinformación y la resistencia es manifiesta en sectores que trafican con la inmigración irregular, aunque mantienen un discurso hipócrita, pretendiendo culpar de la masiva inmigración a quienes hablan de regulaciones y derechos. Hay también quienes creen que se puede recoger a tres o cuatrocientos mil y sacarlos del país.

El viceministro González, quien ha tomado su responsabilidad con seriedad y profesionalidad, reconoce los modestos resultados que registra el plan, pero se mantiene optimista de que el proceso podría acelerarse en la segunda mitad, sobre todo ahora que se está alcanzando el objetivo de llevar los centros de registro a todas las provincias.

El Gobierno de Haití tampoco ayuda eficientemente. Según informes la embajada ha tramitado más de 27 mil solicitudes de triple documentación -acta de nacimiento, cédula y pasaporte-, pero apenas han recibido unos cuatro mil.

En los organismos internacionales, como las agencias de las Naciones Unidas, y en las entidades nacionales, como el Centro Bonó, que buscan contribuir a la regularización, existe la convicción de que el plan tendrá que ser prorrogado y flexibilizado si se quiere evitar su fracaso. Lo están advirtiendo en privado, incluso a las autoridades.

 

 

El dilema de Danilo ante la Corte Interamericana

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
16_11_2014 HOY_DOMINGO_161114_ El País13 A

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucional el instrumento de ratificación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligaría al presidente Danilo Medina a someterla de nuevo al Congreso Nacional o cargar la responsabilidad de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos.

La denuncia de la Convención conlleva un año de preaviso, período en que seguirían surtiendo efecto violaciones de derechos humanos y no invalidaría las condenas emitidas por la CIDH, cuyo incumplimiento podría ser dilucidado en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y otros foros internacionales.

Una carga bien pesada. Es criterio generalizado entre especialistas en derecho constitucional y relaciones internacionales que la sentencia 256-14 del TC constituye una carga muy pesada para el Gobierno del presidente Medina, que ha consumido tiempo y energía durante los últimos 14 meses tratando de paliar la reprobación universal desde la emisión de la sentencia 168/13 que dejó sin nacionalidad a decenas de miles de dominicanos descendientes de inmigrantes irregulares, en gran proporción haitianos.

Entre septiembre de 2013 y mayo pasado el Gobierno tuvo que concentrar esfuerzos para afrontar las consecuencias de la sentencia que desconoció retroactiva mente hasta 1929 los registros de nacimiento de decenas de miles de personas, lo que generó un amplio rechazo internacional y una profunda división nacional. Durante ese período, el presidente Danilo Medina y sus principales colaboradores del Ministerio de la Presidencia tuvieron que emplearse a fondo para buscar “una salida humanitaria” a la masiva y grave exclusión.

La mayoría de los dirigentes del partido de Gobierno y de sus aliados parecieron ignorar la posición del mandatario y se sumaron a los planteamientos ultranacionalistas que reivindican una soberanía absoluta que los tratados internacionales han relativizado. Creyeron encontrarla en la aprobación y promulgación de la Ley 169-14 que devuelve la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes irregulares que no hayan incurrido en falsedad de escritura pero obligaba a inscribirse como extranjeros al segmento que nunca fue inscrito en el Registro Civil.

En medio de denuncias sobre incumplimiento de esta ley y acabando de ampliar el estrecho plazo que se otorgó a los nacidos en el país carentes de registro civil, el Gobierno se enfrentó a la sentencia condenatoria de la CIDH y al reactivo dictamen del TC que complica las relaciones exteriores del Estado dominicano, con grave responsabilidad sobre el presidente Medina, situación en la que el Gobierno no quería verse comprometido.

Serias consecuencias. Expertos, como Eduardo Jorge Prats, han sostenido que para denunciar la Convención se requiere una previa reforma constitucional, en virtud del artículo 74.3 de la Carta Magna que indica que “Los tratados, pactos y convenios relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado.

La denuncia conlleva muchos riesgos. El primero será afrontar un escenario internacional todavía más desfavorable que el que en el último año trajo al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al secretario general de las Naciones Unidas, al presidente de la Unión Europea y al vicepresidente de Estados Unidos, movidos por el interés de abrir a la nación espacio de reconciliación con el derecho internacional.

Baste advertir que esta semana se produjo un hecho tan inesperado como la declaración del Gobierno de Uruguay que deploró el intento de desconocer la CIDH “porque podría tener consecuencias jurídicas que debilitarían el compromiso de República Dominicana con el sistema interamericano de derechos humanos” y reafirmó la posición uruguaya de “firme respaldo” al mismo y a sus dos órganos fundamentales, la Comisión y la Corte Interamericanas.

Así como en el país han sido escasos los expertos que han defendido las sentencias del TC, en el exterior lo que puede esperarse es comunicados como el de esta semana de 52 organizaciones encabezadas por Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación Robert Kennedy y la Oficina para América Latina de la Conferencia Nacional de Iglesias de Estados Unidos. El Caucus Negro del Congreso estadounidense y un grupo de estados africanos han mantenido expectativa de que la desnacionalización masiva sea revocada, y se dice que prestos a declarar boicots contra la República Dominicana, bajo acusación de discriminación racial y apatridia. Todo lo que puede esperarse será dañino para la imagen de un país muy dependiente del turismo, remesas, la inversión y el crédito internacional. Situarse fuera del derecho internacional implica riesgos.

Mandarla al Congreso. Las demandas internas para que el Gobierno evite denunciar la Convención y convertirse en paria de los derechos humanos, incluyeron esta semana a 36 organizaciones, y no son muchas más por temor al chantaje nacionalista pero la preocupación abarca a importantes sectores empresariales.

Frenando el derrotero de simple rechazo de la sentencia de la CIDH, el canciller Andrés Navarro anunció al comenzar la semana que el Gobierno había decidido iniciar una serie de consultas con los expertos constitucionalistas y en derecho internacional. Se sabe que varios de los más acreditados han sido ya escuchados y que fuera de los militantes en los grupos nacionalistas, hay consenso sobre la “orfandad jurídica” de la sentencia del TC.

En un panel realizado el miércoles en Teleantillas, los juristas Carlos Salcedo, Francisco Alvarez Valdez, Naseff Perdomo y Fernanda Frías coincidieron en declarar vergonzosa y carente de argumento la sentencia. Ellos, como antes Jorge Prats y Flavio Darío Espinal, señalaron que una salida para el presidente Medina, sin contradecir la sentencia del TC, podría ser enviar al Congreso la declaración de adhesión a la CIDH solicitándole una nueva ratificación.

Eso no sería del agrado de los radicales nacionalistas, pero remitiría el debate a un escenario legítimo y pluripartidista y el presidente no cargaría él solo con la responsabilidad de denunciar el sistema de derechos humanos con argumentos risibles.

Consultar a la misma CIDH. El punto 22 del dispositivo de la reciente condena de la CIDH da un plazo de un año al Estado dominicano a partir de su notificación para “rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma”, por lo que el Gobierno no tiene que precipitar ninguna decisión.

Tiene derecho incluso a apelar a la misma corte acogiéndose al artículo 67 de la Convención, que aunque plantea que el fallo de la corte es definitivo e inapelable, “En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretaría a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la notificación del fallo”.

Con ratificar que se estudia la situación y pedir la consulta, que podría incluir la pregunta de si es posible desconocer la corte sin denunciar la Convención, se ganaría tiempo y el Gobierno podría desplegar una estrategia destinada a buscar apoyo para ver con frialdad las consecuencias de la ruptura y de un “ilícito internacional”, como lo calificó el exembajador ante la OEA Roberto Alvarez, que generaría por lo menos aislamiento.

Si en el ínterin se decide cumplir la Ley 169-14, entregando las actas de nacimiento retenidas ilegítimamente, podría fortalecerse la posición de que el Estado trata de evitar la apatridia. En organismos internacionales hay desconcierto porque a seis meses de promulgada esa ley apenas un puñado de los desnacionalizados han recibido sus documentos.

Para todo eso se precisa un mayor protagonismo presidencial, por ejemplo para persuadir a la Junta Central Electoral para que acate definitivamente la ley que dispone la entrega de las actas de nacimiento y cédulas a los hijos de inmigrantes irregulares que no hayan sido responsables de falsificación de documentos, que son la inmensa mayoría.

Si Danilo Medina quiere seguir gobernando sin contradecir a los ultranacionalistas, no tiene ninguna opción que no sea cargar con la responsabilidad histórica de denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos y dejar a la sociedad dominicana sin ese recurso.

LA CLAVE

Sobre la JCE

Se precisa un mayor protagonismo presidencial para persuadir a la Junta Central Electoral para que acate definitivamente la ley que dispone la entrega de las actas de nacimiento y cédulas a los hijos de inmigrantes irregulares que no hayan sido responsables de falsificación de documentos.

 

Sin callos en el alma

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
Nancy Toussaint

Nancy Toussaint

Su paso por Uno+Uno este viernes de comienzo de septiembre estremeció nuestro ánimo. Ella toda una belleza negra, animadora de los espectáculos artísticos de uno de los grandes hoteles turísticos de Bávaro, desesperada decidió romper el silencio y presentarse en público para reclamar su derecho. De la estirpe de Elena Lorac, la jovencita que en el 2012 hizo llorar a todos proclamando su dominicanidad y reclamando la entrega de sus documentos para acceder a la universidad, con la serenidad de Ana María Belique y la impresionante firmeza de Altagracia Yean, víctimas del trauma antihaitiano que encallece el alma de una parte considerable de los dominicanos.

El caso de Nancy Toussaint, como muchos otros, estremece a cualquiera que no haya permitido callos en el alma. Su madre, una haitiana con 42 años de residencia en el país, casada y divorciada de dominicano, logró registrar como ciudadanos a sus siete hijos. Nancy no sólo tiene su registro de nacimiento y ciudadanía, sino que además pudo sacar su cédula de identidad, pasaporte y viajar y regresar al único país que conoce y reclama. Y logró registrar y sacarle pasaporte a una hija de 12 años. Pero desde hace cuatro años atraviesa por el calvario que se le ha impuesto a miles de dominicanos descendientes de haitianos.

Aunque tiene toda la documentación nacional posible, ella lleva cuatro años luchando por conseguir una copia de su acta de nacimiento para renovar su pasaporte e irse a Italia, donde durante todo ese tiempo le ha esperado un novio que quiere matrimoniarse con ella para toda la vida, y que comienza a dudar si es verdad que no puede renovar el pasaporte, ya que hace un mes le entregaron la nueva cédula de identidad.

Ella siente remordimiento por no haberse sumado a los que han reclamado por todos los medios el reconocimiento de la nacionalidad que le otorgaron hace dos décadas, aunque se excusa en la circunstancia de estar trabajando en el extremo oriental del país. Sintió aliento cuando fue promulgada la ley 169-14 que reconoce la nacionalidad a los descendientes de extranjeros indocumentados nacidos en el país y que fueran declarados en el registro civil, con la excepción de aquellos que sean beneficiarios de alteración de documentos que le sea imputada directamente a ellos mismos. El artículo 2 de la Ley 169-14 establece que “La Junta Central Electoral procederá a regularizar y/o transcribir en los libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida”.

Esa ley no dispone auditoría ni investigación previa, como sí lo hizo la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Mes y medio después la JCE dijo al país que en solo diez días había hecho esa auditoría descubriendo que “solo hay 36 mil personas de origen haitiano en el registro civil y apenas 13,672 irregularmente inscritas” . No se entiende por qué casi cuatro meses después de la ley 169-14 apenas un puñado han recibido su documentación. Debe recordarse que la sentencia dispuso que a Juliana Deguís la JCE le entregaran su acta de nacimiento, y que procediera a pedir su anulación ante el tribunal correspondiente. La ley del “régimen especial” releva este trámite, haciendo ilegal y sádico seguir negando la documentación a quienes la requieren.

Nancy luce extenuada y desesperada. “Yo no tengo la culpa de ser hija de haitianos, aquí nací y soy dominicana. Me tienen atada de pies y manos. Me están arruinando la vida”, proclamó por televisión la joven treintañera. Ella tiene la “mala suerte” de llevar el apellido Toussaint, lo que recuerda a Louverture, el haitiano que a finales del siglo 18 fue artífice principal de la primera proscripción de la esclavitud en el mundo, cuyo significado es ignorado por muchos dominicanos.

Elena Lorac todavía lucha por su acta de nacimiento, reclamada tres veces después de la ley 169-14, Es una pena muy grande tanto sadismo institucionalizado, disfrazado de nacionalismo, y que no haya autoridad en capacidad de demandar el cumplimiento de la ley. Cualquiera se refugia de nuevo en el poeta León Felipe clamando: Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo.-

 

Un soberanismo irresponsable

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
Es irresponsable persistencia de al- gunos de que RD desafíe al mundo

No puede ser por ignorancia, sino por irresponsabilidad que algunos persistan en que la nación dominicana desafíe a todo el mundo globalizado, auspiciando graves y masivas violaciones de derechos humanos que contradicen principios filosóficos y jurisprudencias universales, y que están condenadas en múltiples tratados que el Estado dominicano suscribió soberanamente, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Aunque para muchos en este país, las leyes son apenas sugerencias y la Constitución “un simple pedazo de papel”, como acuñó Balaguer, es de rigor citar el numeral 3 del artículo 74 de nuestra Carta Magna que reza: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.

Las relaciones internacionales de hoy se rigen por muchos otros tratados, que ya superan el ámbito de los derechos humanos, y se refieren al comercio, el medio ambiente, la energía nuclear, la aviación y uso del espacio aéreo, los derechos de autor, las transferencias financieras y el tráfico de narcóticos. Se asume que todo Estado que los asume está obligado a cumplirlos, sin el menor pretexto de soberanía nacional.

Es que el concepto de soberanía nacional hace tiempo que fue desplazado, hasta para las grandes naciones, aunque algunas, como Estados Unidos, no han suscrito varios de esos tratados, para escapar de su cumplimiento. Por eso no pueden ser sancionados.

A veces ni siquiera los grandes y poderosos países son sometidos a sanciones por violaciones a preceptos de la convivencia internacional. En algunos casos resisten y salen relativamente indemnes, pero ese lujo no se lo pueden permitir la mayoría, con economías dependientes, como en el caso dominicano del turismo, remesas, el financiamiento, donaciones y acceso privilegiado a mercados como la Unión Europea.

Esta misma semana la Unión Europea discutía un paquete de sanciones a Rusia que involucrarían 10 mil millones de euros por estar auspiciando la fragmentación violenta de su vecina Ucrania. Los alegatos soberanos no serán suficientes para disuadir a los veintiocho países integrados en Europa.

En los últimos días se han multiplicado las críticas por las recientes visitas al país del vicepresidente de Estados Unidos, del secretario general de las Naciones Unidas y del presidente del Consejo de la Unión Europea, bajo el alegato de que vinieron a presionar al presidente Danilo Medina para que carguemos con Haití y todos sus problemas.

Es obvio que esas visitas no fueron turísticas ni simples coincidencias. Han sido parte de un esfuerzo concertado por ayudar al Gobierno dominicano a salirse de debajo de la patana en que la irresponsabilidad soberanista dejó al país tras la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, desafiante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de cuyas decisiones es compromisario el Estado dominicano por decisión soberana. Esos personajes han coincidido en apoyar los esfuerzos del Gobierno dominicano por encontrar una solución siquiera humanista, y a medias jurídica, al grave problema de derechos humanos.

Fue lo que en octubre pasado recomendó el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, cuando anunció la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de un sistema del cual somos también compromisarios, que vendría, como en efecto hizo, a ayudar a las autoridades nacionales a encontrar una salida del grave escándalo internacional que aquí algunos pretenden acallar con desaforados y trasnochados gritos soberanistas.

A lo mejor creen que este país tiene capacidad para desafiar a la OEA, la ONU, la Comisión y la Corte interamericanas de Derechos Humanos, a Estados Unidos y a la Unión Europea, para solo citar los más directamente involucrados en rechazar que este país de emigrantes e inmigrantes despoje de derechos a cientos de miles de personas nacidas en territorio nacional.

La mejor ayuda que se puede dar al Gobierno es incentivarlo a cumplir la ley que fue consensuada como solución, que la Junta Central Electoral y los ultranacionalistas aún regatean.

El presidente Medina, más que nadie, sabe que nuestro desprecio por la Constitución, las leyes y las normas no es aceptable en el mundo de hoy.

 

La JCE y los nacionalistas desafían la Ley 169-14

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
nacionalista jce

Retoman el discurso soberanista y dos meses después de la ley que reconoce la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes irregulares nacidos en el país, les siguen negando actas de nacimiento y los nacionalistas resisten una reglamentación

A dos meses de la aprobación unánime de la Ley 169-14 que reconoce la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes irregulares con actas de nacimiento la Junta Central Electoral (JCE) les sigue negando la entrega de sus documentos, mientras su presidente, Roberto Rosario, se suma a la renovación del discurso nacionalista.

Tras la proclama de “una nueva era en las relaciones domínico-haitianas” por el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, y ante la visita del secretario general de las Naciones Unidas, los nacionalistas desafían al Gobierno con su radical oposición al reglamento para los que tendrían opción a la naturalización.

Sadismo nacionalista. A punto de cumplirse dos meses de que el Congreso Nacional aprobara a unanimidad la Ley 169-14, tras una concertación para resolver un grave problema humano de repercusiones internacionales, originado en la polémica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la JCE sigue negando copias de actas de nacimiento y la emisión de cédulas a los descendientes de extranjeros indocumentados nacidos en el país.

Las entidades defensoras de los derechos humanos se preparan para lanzar una ofensiva en reclamo del cumplimiento de la ley, al cumplirse mañana lunes 21 dos meses de que fuera aprobada de urgencia por ambas cámaras legislativas, habiendo sido promulgada dos días después por el presidente Danilo Medina. A decenas de los beneficiarios de la legislación se les ha negado la expedición de actas en las oficialías del Estado Civil de las provincias del Este y de Santo Domingo y Barahona, donde se concentra una gran proporción de los descendientes de inmigrantes haitianos. A los peticionarios se les sigue diciendo que están bajo investigación o se les remite a la JCE.

Tanto el Centro Bonó, como el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, y las agrupaciones de los domínico-haitianos como el Movimiento Reconocido, Dominicano como Tú y la Red Jacques Viau prefirieron dar tiempo a que la JCE dispusiera la entrega de las actas, pero consideran que dos meses es suficiente para haber atendido el mandato legal.

El mandato de la ley. En su artículo 12 la Ley 169-14 dispuso elaborar, en un plazo no mayor de 60 días, un reglamento sobre sus capítulos II y III de la ley referentes a los hijos de indocumentados nacidos en el país pero que nunca fueron registrados como ciudadanos, a quienes se somete a un proceso de regularización, registrándose en el libro de extranjeros, con derecho a optar dos años después por la naturalización dominicana.

El capítulo I, el literal a de su artículo primero establece “un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril del 2007 inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de su inscripción”. El artículo 2 indica que la JCE “procederá a regularizar y/o transcribir en los libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal a del artículo anterior”, y que la JCE “los acreditará como nacionales dominicanos”.

El artículo 3 excluye del beneficio de la ley a los registros instrumentados con falsedad de escritura pública “siempre y cuando el hecho le sea imputable directamente al beneficiario”. El artículo 4 dispone que a aquellos que ya habían obtenido cédula de identidad y electoral se les dote de la misma con su numeración anterior, y que se otorgue a quienes no se les había expedido.

La ley no condiciona sus beneficios a ninguna investigación, asumiendo el mandato de la sentencia 168-13 de que la JCE debe expedir las copias de actas y proceder a pedir su nulidad ante un tribunal si corresponde, ahora sólo si el beneficiario participó en falsedad de escritura.

El discurso nacionalista. La lentitud en acatar el mandato legal es más relevante por la urgencia con que ambas cámaras legislativas aprobaron la iniciativa del gobierno del presidente Danilo Medina y por lo que se les ha reconocido casi a unanimidad. Todo lo que tendría que hacer la JCE es derogar su Resolución 17-07 de diciembre del 2007 que suspendió la entrega de las actas de nacimiento de los domínico-haitianos, con la excepción de los que se haya comprobado que falsificaron escrituras en beneficio propio. No hay justificación para que se siga mortificando a personas que llevan años procurando actas de nacimiento, cédulas y pasaportes, con un alto costo emocional, material y espiritual.

Contrasta que en vez de cumplir la ley, esta semana el doctor Roberto Rosario retomara el discurso nacionalista, denunciando lo que denominó “amenazas contra la identidad e independencia de la Patria en una extraña alianza de dos o tres dominicanos y algunos extranjeros”. Pese a ser tan pocos los supuestos amenazantes, el presidente de la JCE se quejó de que “la patria está débilmente defendida por los dominicanos”.

La radical oposición de la Fuerza Nacional Progresista al proyecto de reglamento de la ley elaborado por el Gobierno, acompañado de advertencias furibundas de recurrir al Tribunal Constitucional e intentos de chantaje contra el presidente Medina, es un indicador de que los ultranacionalistas no acaban de aceptar la transacción de la Ley 169-14. Llegan al extremo de considerar inconstitucional que el reglamento cree una unidad de ejecución del proceso de naturalización de los que no habían sido inscritos en el Registro Civil, ignorando la enorme cantidad de órganos ejecutivos y comisiones creados por decretos presidenciales.

La nueva era bilateral. Los nacionalistas aliados del partido de Gobierno, que controlan la Dirección General de Migración, el Consejo Nacional de Fronteras y la Comisión de Etica, además del nuevo Ministerio de Minería, han hostilizado abiertamente al Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, a quien han asimilado a los “traidores a la patria”. El furor creció a raíz de la proclamación de Montalvo el 10 de julio, de que “comienza una nueva era en las relaciones domínico-haitianas. Una era de entendimiento y cooperación mutua, que traerá más bienestar y más progreso a ambas naciones”.

Al hablar, a nombre del Gobierno dominicano en la última reunión entre autoridades de las dos naciones de la isla, Montalvo hizo un análisis a fondo de los desencuentros fruto de imágenes distorsionadas y falsas promovidas por viejas élites de ambos países interesadas en la confrontación. “Elites que siempre han temido que la colaboración y la solidaridad afectaran a sus privilegios y que, para impedirlo, han instrumentado los temores y los odios que nutren este desencuentro”.

Montalvo, considerado una especie de primer ministro del Gobierno, militante del partido gobernante, desde sus orígenes, hubo de recurrir a su líder fundador, el profesor Juan Bosch, para justificar el esfuerzo de entendimiento con Haití, recordando que “el odio es estéril, mientras que el amor y el respeto fructifican”.

 La visita de Ban Ki-moon. La visita al país del secretario general de la ONU esta semana también ofendió el sentimiento nacionalista y creó tanta confusión que el presidente del Senado le pidió que ese organismo ayude a controlar la “frágil frontera con Haití” para evitar el narcotráfico, trasiego de armas y otras acciones ilegales. Reinaldo Pared olvidó que esa es una responsabilidad de las Fuerzas Armadas dominicanas que tienen 54 mil miembros.

En realidad fue apenas un diputado no electo, de la familia propietaria de la FNP, quien tuvo expresiones descorteses para Ki-moon, pero con mucho eco en los medios de comunicación y en la red de comentaristas de radio y televisión que defienden los puntos de vista del partido gobernante y sus aliados.

El funcionario internacional tuvo múltiples expresiones de reconocimiento al Gobierno y al Congreso Nacional por los esfuerzos implícitos en la Ley 169-14, por el proceso de regularización de inmigrantes y por los avances en el diálogo con las autoridades de Haití, así como por la solidaridad dominicana tras el terremoto que devastó la vecina nación. Pero Ki-moon no podía dejar de expresar las preocupaciones de los organismos especializados de la organización mundial por los nacidos en el país a quienes se negó el derecho al registro civil y ahora se les declara extranjeros.

Como aquí todo es relativo, son muchos los que no entienden que para el mundo internacional tiene vigencia la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de las niñas Yan y Bosico, descendientes de haitianos, que dispuso su inscripción como dominicanas tras haber nacido en el país, bajo el planteamiento de que “los hijos no heredan la ilegalidad de los padres”, antes de que la Constitución estableciera que no son dominicanos los hijos de inmigrantes indocumentados.

Aunque la Ley 169-14 reconoce a los descendientes de extranjeros inscritos, declara extranjeros a los que no fueron registrados, lo que se da por hecho que no será validado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que eventualmente llegará hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión no se ha manifestado tras la promulgación de la ley.

 

El Plan de Regularización ha arrancado con éxito

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
Regularización

El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Inmigratoria Irregular ha arrancado con notable éxito de afluencia como lo indica el hecho de 33 mil solicitudes en los primeros diez días de ejecución, que han sobrepasado la limitada capacidad implementada, a ser ampliada progresivamente.

Todos los interesados en el control de la inmigración y en constructivas relaciones con Haití deben apoyar el programa dominicano, mientras se reclama una firme colaboración del Gobierno haitiano, dentro de un marco de entendimiento que reduzca la algarabía xenofóbica como la absurda propuesta de un muro en la frontera.

Una afluencia masiva. Los medios informativos han mostrado la masiva respuesta de los inmigrantes irregulares al llamado a registro del Gobierno dominicano, superando con creces la capacidad de atención implementada en el Distrito Nacional y una docena de provincias.

El director del plan, a cargo del Ministerio de Interior y Policía, Samir Santos, reveló que en los primeros diez días de labores, a partir del lunes 2, habían sido atendidas las solicitudes de 33 mil personas, de las cuales 7 mil presentaron toda la documentación requerida.

El decreto 327-13, que dispuso el plan, establece que aún sin disponer de todos los documentos requeridos, se puede formular la solicitud de regularización, con un plazo hasta el 28 de febrero para completarlos. Santos precisó esta semana que las peticiones serán recibidas hasta el 31 de mayo del 2015, con un año de ejecución.

Hasta el viernes se recibían solicitudes solo en un local del Distrito Nacional y en otro del municipio Santo Domingo Este, así como en las gobernaciones provinciales de cinco provincias del Este, otras cinco del Sur y dos del Norte, incluyendo Santiago. Están pendientes de abrirse oficinas en los municipios de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y posteriormente en otras provincias.

En la mayoría de las oficinas de atención, la afluencia superaba la capacidad implementada.

Los informes indican que en San Isidro y San Cristóbal las aglomeraciones eran mayúsculas hasta con 300 y 400 personas por día. En la primera solo podían recibir 40. Solo en La Romana había sido atendido un millar de inmigrantes al caer la segunda semana.

Desinformación y confusión. La lectura de los periódicos de la semana que concluye arroja una gran desinformación, sin contextualizar los acontecimientos relacionados con el programa de regularización, persistencia en magnificar el número de inmigrantes, intentos de descalificar hasta la colaboración de los agencias de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, así como al Gobierno de Haití, hasta de funcionarios ajenos al plan, como el presidente de la Junta Central Electoral.

La situación llevó al coordinar residente de las Naciones Unidas en el país, el español Lorenzo Jiménez de Luis, a solicitar que “dejen fluir el plan, sin especulaciones y valoraciones”, después que, junto a representantes de las diversas agencias de la organización mundial, entregara una comunicación al presidente Danilo Medina, en la que ofrecen colaboración y formulan recomendaciones, lo que reactivó el ultranacionalismo que llega al extremo de descalificar la colaboración internacional.

Hasta legisladores han pretendido ignorar que el Estado dominicano es compromisario y beneficiario histórico de las acciones de las diversas agencias de los organismos que conforman los sistemas de la ONU y la OEA. Aunque no ha habido programa ni reforma importante en el país en las últimas décadas sin la participación de esos organismos, llámense PNUD, Unicef, OPS, ACNUR, UNFPA, Banco Mundial, FMI, BID, CEPAL, o de la Unión Europea.

En los 90 el PNUD dirigió las reformas económicas, la OIT intervino en la laboral, y desde entonces en todas las comisiones y organismos estatales ha habido cooperación internacional.

El Fondo Monetario Internacional impulsó las reformas del sistema financiero y de las leyes de control y presupuesto.

Un programa de reforma y modernización del Congreso Nacional fue ejecutado con financiamiento de esos organismos y hasta las Iniciativas Participativas Anticorrupción, aprobadas en 2011, se debieron a la acción conjunta de las agencias internacionales.

Exageración del volumen. Si se partiera del estimado de inmigrantes irregulares más científico del que se dispone, las 33 mil solicitudes de regularización recibidas en 10 días, aún con los limitados centros de recepción, deberían ser consideradas un gran éxito y estimulados por la opinión pública, en vez de magnificar el volumen de los extranjeros.

Pero en numerosos sectores hay renuencia a aceptar los resultados de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) del 2012, que establece en 524,632 los inmigrantes irregulares, de ellos 458,233 llegados de Haití, aparte de 209,912 descendientes nacidos en el país. Se persiste en cuantificar los haitianos hasta en un millón y medio, una exageración generalizada como la de los dominicanos en Puerto Rico, donde la elevan hasta 400 y 500 mil, aunque los estimados censales y académicos arrojan entre 150 y 200 mil.

Esta semana legisladores y periódicos atribuyeron la ENI a las agencias de las Naciones Unidas, ignorando que fue realizada en el 2012 por la Oficina Nacional de Estadística y publicada el año pasado en el Palacio Nacional como un documento oficial del Estado. Aunque sí con asistencia técnica y financiera del Fondo de Población de la ONU y la Unión Europea. No se trató de una encuesta como las de opinión, con un universo de 1,200 personas. Abarcó 68,146 viviendas y 20,499 entrevistas en las provincias de mayor concentración de inmigrantes.

Tuvo planificación y ejecución científica y hasta que aparezca otra más perfecta, debería ser considerada como referencia obligada.

La ENI arroja datos importantes para dejar fluir el Plan de Regularización, como que el 93 por ciento de los inmigrantes haitianos tiene actas de nacimiento expedida en su país, el 52 por ciento una cédula de identidad y 38 por ciento pasaporte. Con el acta de nacimiento es suficiente para regularizarse.

La alta proporción con actas de nacimiento se podría explicar por el hecho de que en los últimos años la OEA ha colaborado en un programa de identificación en Haití que expidió más de medio millón de actas de nacimiento, y debe presumirse que los primeros interesados fueran los de vocación migratoria.

El muro de la vergüenza. Sectores importantes de la opinión pública siguen sin convencerse de los beneficios que se derivarían de la regularización de los inmigrantes, incluso como mecanismo de control.

Muchos ni siquiera quieren hacer conciencia de la importancia estratégica del entendimiento con Haití y de lo que representa su mercado para las exportaciones y otros negocios dominicanos. Tampoco de la dependencia de la mano de obra haitiana para la agricultura y la construcción.

Es relevante que tales actitudes se expresen aún en medios de comunicación propiedad de empresarios con intereses en el vecino país.

Solo eso explica el despliegue dado esta semana a la propuesta de un muro a lo largo de la frontera con Haití, tan absurdo que no tiene perspectiva de materialización, que solo sirve para revelar nuestras incapacidades de regulación y para afianzar la imagen internacional de xenofobia y racismo antihaitiano.

Un estimado de costos para que el muro pudiera ser algo efectivo, publicado por HOY el viernes, lo establece en 14,500 millones de pesos, y solo faltaría que pretendieran que lo financiaran organismos internacionales o que lo realizaran trabajadores haitianos como el pueblo de Boca de Cachón que acaba de construirse para albergar a los damnificados del lago Enriquillo.

Urge mayor racionalidad en todo lo referente a Haití, lo que debe comenzar con una concentración de voluntades para el éxito del Plan de Regularización de los inmigrantes.

Colaboración de Haití

Se está pidiendo que la traduzcan y Haití certifique las actas de nacimiento, lo que podría ser eliminado para el carné de trabajador temporal y residente provisional y dejado solo para los que opten por residencia definitiva y para la naturalización como ciudadanos. La foto y huellas digitales en el carné serían suficiente garantía de control interno en el país.

Los medios han revelado los altos costos que están imponiendo los consulados haitianos en el país para certificar actas y expedir y renovar pasaporte, lo que ha generado protestas de los inmigrantes que han ido a solicitar esos servicios.

Eso provocó la destemplada declaración del presidente de la Junta Central Electoral acusando al Gobierno de Haití de hacer negocio con el plan. Mejor se ubicó el ministro de Interior y Policía al reclamar la colaboración de las autoridades del vecino país.

No es sorprendente que los haitianos traten de sacar beneficios de los servicios consulares, como lo han hecho siempre, al igual que sus colegadas dominicanos que en los últimos años elevaron hasta 200 dólares las visas para los vecinos que visitan el país.

Pero en el Plan de Regularización no se justificaría más que el costo de trámite, aunque debería ser gratuito como ha decidido al Gobierno dominicano. Corresponderá a los mismos inmigrantes haitianos demandar enérgicamente una reducción de los costos, lo que debería disponer el presidente Michel Martelly, que esta semana reconoció los esfuerzos dominicanos al revocar la desnacionalización e iniciar la regularización.

 

La regularización de inmigrantes desafía al Gobierno y la sociedad

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Tras un cuarto de siglo de amenazas de regular la inmigración, en su inmensa mayoría de haitianos, el Gobierno del presidente Danilo Medina afronta el desafío al poner en vigencia desde mañana lunes el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Inmigratoria Irregular, establecido en el decreto 327-13.

El plan regulatorio de inmigrantes ha tenido general acogida por cuanto responde a una racionalidad pero necesitará de la cooperación de todos los sectores sociales para superar los intereses de traficantes y empleadores que han preferido una abundante mano de obra incondicional que degrada los salarios.

Sin ninguna oposición. El plan regulatorio de la inmigración arranca sin ninguna oposición. El Gobierno logró instituir normas racionales y humanas tomando en consideración los tratados internacionales sobre migraciones y derechos humanos, y en consulta con organismos nacionales e internacionales.

El decreto del 29 de noviembre contempla la gratuidad de la regulación, dejando atrás los planes que había intentado ejecutar la Dirección General de Migración con costos tan elevados que los condenaba al fracaso, como ocurrió con el puesto en vigencia en el 2012 que a casi dos años apenas logró el registro de unos 200 trabajadores temporales.

Las inscripciones comenzarán en 12 gobernaciones provinciales y nueve locales de la Junta Central Electoral, en las jurisdicciones de mayor concentración de inmigrantes, como el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Romana y La Altagracia, según el informe presentado el miércoles por el Ministro de Interior y Policía, a quien se le ha otorgado el principal protagonismo ejecutivo.

El plan arranca con la aprobación de las organizaciones sociales que defienden los derechos humanos de los inmigrantes, tanto a nivel local como internacional. El Centro Bonó de los jesuitas, y la representación del Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han expresado su decisión de colaborar para el éxito del programa.

El Centro Bonó, cabeza institucional de la solidaridad con los descendientes de inmigrantes nacidos en el país que habían sido desnacionalizados, consideró el Plan de Regularización de Inmigrantes como “una medida histórica” que llena un vacío normativo, aunque advirtió que genera nuevos desafíos a tomar en cuenta.

18 meses sin deportaciones. El decreto presidencial establece un programa a desarrollarse en 18 meses, a partir de su emisión en noviembre, período en el cual no habrá deportaciones para evitar que los inmigrantes indocumentados se sientan amenazados. Pero los que no se acojan al programa serán deportados una vez concluya el plazo.

Los convocados deberán inscribirse en un “registro de evaluación”, aportando sus documentos de identidad de los países de origen y sus datos personales. Los que no tengan documentación podrán llenar la solicitud y aportar datos personales, que serán validados si entregan la documentación posteriormente, pero hasta el 28 de febrero de 2015.

Los ejes básicos para la evaluación, según el decreto 327, serán el tiempo de radicación en el país, los vínculos con la sociedad dominicana, las condiciones laborales y socioeconómicas y la regularización individual o por familia. La radicación podrá ser sustentada con pruebas del pago de salarios, certificación de nómina laboral, carné de empresas, hijos nacidos y declarados en el país y domicilio, con certificación de instituciones sociales, como iglesias y juntas de vecinos, contratos de alquiler y recibos de pago de servicios, certificados de estudios y otros..

El Ministerio de Interior tendrá un plazo de 45 días para responder a la solicitud, aunque el decreto indica que puede ser prorrogable sin especificar tiempo. Los rechazados tendrán derecho a solicitar una revisión ante el mismo ministerio, que en tal caso adoptará una decisión definitiva.

Que impere la racionalidad. El Plan de Regularización es un desafío a la eficiencia y la racionalidad, buscando normalizar el futuro, partiendo de la realidad de que actividades como la agricultura y la construcción no pueden ya prescindir de la mano de obra haitiana. Lo fundamental es limitarla, racionalizando la realidad. A este ni a ningún Gobierno le resultaría fácil deportar inmigrantes en masa. La eficiencia tiene que manifestarse en controles fronterizos que reduzcan los flujos.

Es necesario trocar el discurso despectivo y el desconocimiento de derechos humanos por la eficiencia en el manejo de la inmigración, la que nunca se ha manifestado, a pesar de que desde 1990 se proclamaba la ejecución de un Plan de Regularización. Así lo dispuso el Decreto 417-90 del presidente Joaquín Balaguer y lo reiteró la Ley de Migración 285-04 promulgada por el presidente Hipólito Mejía en el 2004, que dispuso un reglamento en plazo de seis meses.

Aunque el discurso antihaitiano se impuso desde los años noventa y tomó mayor auge en lo que va de siglo, con los más duros nacionalistas al frente del Consejo Nacional de Fronteras, de la Dirección General de Migración y de la Junta Central Electoral, el presidente Leonel Fernández agotó sus últimos 8 años de Gobierno para al final promulgar el reglamento migratorio. Según la ENI, el 62 por ciento de los inmigrantes habían llegado al país entre el 2006 y 2012, en el período de Gobierno de Fernández. Y vale recordar que esa encuesta la hizo la ONE con el auspicio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ambos organismos dirigidos por funcionarios del mismo Gobierno, que la pusieron en circulación en el Palacio Nacional antes de concluir la gestión de Fernández.

El Plan de Regularización a iniciarse mañana podría ser el aspecto positivo de la controversial sentencia 168/13 emitida por el Tribunal Constitucional en septiembre pasado, que lo dispuso una vez más. La revocación de la desnacionalización de los dominicanos de ascendencia extranjera mediante la Ley 169-14 tiene como contraparte compensatoria la puesta en vigencia del programa regulatorio de inmigrantes.

El Gobierno del presidente Medina podría anotarse un éxito extraordinario si la regularización sale adelante, y honraría su lema de “hacer lo que nunca se ha hecho” y en una materia fundamental. Sobre todo si se evitan los excesos y se gana el reconocimiento de los organismos de derechos humanos. Para ello tiene que evadir el discurso ultranacionalista.

Más de medio millón

Atendiendo a los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), ejecutada en el 2012 por la Oficina Nacional de Estadística, la población convocada al registro sería de 524, 632 personas, de las cuales el 87 por ciento, 458,233 personas, era de nacionalidad haitiana. Le seguían 13 ,514 de Estados Unidos, 6,720 de España, 4416 de Puerto Rico, y 4 ,040 de Italia. Por encima de tres mil se encuentran los chinos, franceses, venezolanos, cubanos, colombianos y alemanes. En total hay inmigrantes de 60 países.

Los mayores problemas los confrontarán los de origen haitiano, que son los más pobres, vinculados en alta proporción a labores agrícolas (36 por ciento), a la industria de la construcción (26 por ciento), al comercio (17 por ciento) y a hoteles y restaurantes (10 por ciento).

Aunque es generalizado el criterio de que la mayoría de los inmigrantes haitianos carecen de documentos, la ENI indicó lo contrario: 93 por ciento dijo tener actas de nacimiento de su país, 52 por ciento cédula y el 38 por ciento pasaporte haitiano.

Factores como la extrema pobreza, el aislamiento y la desconfianza podrían determinar que una proporción no solicite su regularización para optar por la residencia temporal o permanente y eventualmente por la naturalización. Los más carenciados necesitarán la asistencia que han ofrecido organismos internacionales como ACNUR y de las organizaciones sociales dominicanas. El reto para la sociedad es entender que lo conveniente es la regularización y documentación de los inmigrantes como paso fundamental para reducir y controlar la afluencia, más que expulsar a los que ya están radicados, sobre todo si pueden justificar una actividad laboral.