Informe especial. La regularización de haitianos en RD. Por enésima vez el Gobierno inició esta semana un proyecto para regular la inmigración dispuesta hace décadas por leyes, decretos y acuerdos pero jamás ejecutada por la prevalencia de intereses empresariales y hasta de organismos estatales que han preferido el desorden para disponer a su antojo de una mano de obra incondicional.
El propósito expresado en la reunión del Consejo Nacional de Migración, presidido por el presidente Danilo Medina, comienza mal motivado fundamentalmente en el interés de despojar de la nacionalidad a 244 mil descendientes de extranjeros nacidos en el país, en vez de centrarse en 524 mil inmigrantes indocumentados.
Polémica motivación. Con algarabía, reunido en el Palacio Nacional, bajo la conducción del presidente Danilo Medina, el Consejo Nacional de Migración instituido en la Ley General de Migración 285-04, pareció cobrar vida por vez primera casi una década después y replantea un Plan Nacional de Regularización que en año y medio apenas ha formalizado a 210 inmigrantes.
El Gobierno tendría una oportunidad de revivir su consigna electoral de “hacer lo que nunca se ha hecho”, que en este caso sería aplicar una sentencia inconstitucional e inhumana que despojaría de la nacionalidad por lo menos a los 244 mil 151 descendientes de extranjeros, 209 mil 912 (86 por ciento) de ascendencia haitiana, que residen en el país, según estimó este año la Oficina Nacional de Estadística.
Hay quienes temen que el nuevo intento de regulación sea tan fallido como los anteriores al centrarse en la persecución de los descendientes de extranjeros nacidos y reconocidos como dominicanos durante ocho décadas en vez de poner su atención en los 524 mil 632 inmigrantes, de los cuales 458 mil 233 (87 por ciento), serían haitianos, según la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes de abril pasado.
Aunque parezca irónico el plan de regularización podría ser reenfocado cuando el asedio internacional por la barbaridad del genocidio civil, que este martes se traslada al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, obligue al Gobierno a rectificar o que lo disponga la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según lo que se informó al final de la reunión del Consejo de Migración, integrado por una docena de ministros y altos funcionarios, el Presidente mantiene una puerta abierta a la “solución humana” del problema, por lo que busca “una respuesta coherente y humanitaria”. Con esto puede relacionarse el encargo a la Junta Central Electoral para que en plazo de diez días informe del “impacto de la sentencia sobre los extranjeros inscritos en el sistema registral”. Debería informar también sobre la viabilidad de identificarlos entre millones de actas retroactivamente hasta 1929, y de ubicarlos para anularles registro y cédulas con 25 por ciento de los libros desaparecidos.
Plan de regularización. La reunión del martes decidió elaborar, en plazo de 60 días, el Plan de Regularización de Extranjeros, aunque en julio del año pasado la Dirección General de Migración sometió un proyecto a consideración del entonces presidente Leonel Fernández, tras haber comenzado por decisión administrativa, a registrar trabajadores inmigrantes en abril del 2012.
El proyecto de Migración, elaborado en virtud de la Ley de Migración del 2004, contiene 89 artículos, con una extensa y redundante presentación de 26 páginas. Parece que ahora tendrá que ser modificado, a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional que pone en primer plano la situación de los desnacionalizados.
En la primera página de su introducción el proyecto de Plan Nacional de Regularización indica que “concierne exclusivamente a extranjeros con estatus migratorio irregular que se encuentren en la República Dominicana, y su finalidad es la de crear un espacio de oportunidad de regularización a aquellos extranjeros que se acojan a sus condiciones, requisitos y procedimientos”.
La Ley de Migración fue objeto de un largo proceso de discusión durante una década, hasta su promulgación por el presidente Hipólito Mejía en vísperas de su salida del Gobierno en agosto del 2004. Pese a los reclamos, su Reglamento 631-11 vino a ser promulgado más de siete años después por el presidente Leonel Fernández el 19 de octubre del 2011.
Sólo 210 regularizados. Con prisa, en base al reglamento de la ley, Migración dio un plazo público a las empresas agropecuarias y de la construcción para que a partir de abril del 2012 se abstuvieran de emplear inmigrantes indocumentados y se acogieran a un plan de regularización. Pero desde el principio los términos fueron considerados impracticables por las organizaciones empresariales, especialmente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi).
Año y medio después, apenas 210 trabajadores agrícolas han recibido el carnet de regularización, según informe de la Dirección de Prensa de Migración publicado el 24 de octubre por el Diario Libre. Fuentes de la JAD indican que casi todos los regularizados son de una sola empresa, la bananera Plantaciones del Norte, de capital extranjero, que puede invertir una suma considerable para acogerse al reclamo y cumplir requisitos de los países de destino de sus exportaciones. Otros 500 estarían en proceso, estos de otra empresa también extranjera, que gestiona el Ingenio Barahona.
La JAD ha estimado que las condiciones económicas para la regularización son tan onerosas que no las pueden pagar los jornaleros haitianos y apenas una parte de las 258 empresas agroindustriales y 200 pecuarias, siendo imposible para unos 10 mil pequeños y medianos productores del sector que emplean entre 10 y 20 jornaleros haitianos, una alta proporción del total. Lo mismo ha sostenido la Acoprovi sobre sus miembros.
Un buen negocio. A mediados del 2012, como quedó impreso en nuestro análisis “Habrá que aterrizar el Reglamento de Migración”, se estimó que la regularización de cada jornalero haitiano costaría entre 20 y 30 mil pesos, es decir entre 500 y 750 dólares de entonces. Migración estableció una tarifa de 15 mil pesos, que luego reduciría a 12 hasta dejarlo ahora en 8,500 pesos, pagaderos en efectivo a ese organismo, sólo por emitir el carnet final. A los indocumentados en el país se les obligaba a volver a Haití para iniciar el proceso. Entre 5 y 15 mil pesos adicionales se irían en legalizar acta de nacimiento, obtener certificado médico, pasaporte y visa, traducción y legalización de documentos. El pasaporte haitiano costaba 80 dólares y la visa dominicana en teoría 90 dólares, pero los consulados en Haití cobraban hasta 200.
Un agravante total para las empresas es que el Plan de Regularización les obligaba a pagar una fianza por cada trabajador temporal contratado, que sería ejecutada si al final del contrato no entregaban el jornalero a Migración para su repatriación. Eso sólo sería posible si las empresas establecieran un campo de concentración vigilado en cada finca o construcción. Ya era demasiado con que pagaran el costo de carnetizar un inmigrante que en cualquier momento podría desaparecer.
Eso puede ser un buen negocio para la Dirección de Migración y los consulados dominicanos en Haití, pero absolutamente impracticable. Convertía el interés de regularizar en una maraña de requisitos y recaudaciones que por cierto no entrarían a la Tesorería Nacional, sino que quedaban como “recursos propios” del organismo, que de regulador pasaba a recaudador.
Preferirían el desorden. Son muchos los intentos de regularizar la inmigración haitiana a lo largo de un siglo. Desde los implementados por la tiranía de Trujillo, hasta la actual etapa democrática. Pero siempre parece prevalecer el “dejar hacer, dejar pasar” que ha creado tantas fortunas de funcionarios civiles y militares, de políticos y traficantes.
Fue el Consejo Estatal del Azúcar el que durante décadas contrató miles de haitianos para el corte y tiro de la caña, especialmente en los doce años de Balaguer, parte de los cuales se irían quedando en el país. Los gobiernos de Antonio Guzmán y Jorge Blanco siguieron los contratos. Por cierto que correspondió al doctor Milton Ray Guevara, secretario sin cartera de Guzmán y ahora presidente del Tribunal Constitucional, negociar con Duvalier una renovación del negocio de los braceros haitianos.
Mientras denunciaba la “invasión haitiana” el gobierno de Joaquín Balaguer reclutaba en Haití obreros para abrir las zanjas para la ampliación del acueducto de Santo Domingo en los años noventa, y el de Fernández para el metro y hasta para la remodelación del edificio de la Cancillería. Una vez se escuchó al ingeniero Diandino Peña decir que si querían terminar la ampliación de la Cancillería antes de una cumbre regional, tenía que utilizar haitianos. Lo mismo dijo luego sobre la conclusión del metro de Santo Domingo.
Las industrias privadas de la caña y el azúcar y de la construcción también se han nutrido históricamente de una mano de obra incondicional, incapacitada para reclamar y más barata que la nacional. Los dominicanos que se han ido hasta en yola para Puerto Rico dominan allí el mercado laboral de la construcción, que aquí han venido dejando en manos de los haitianos.
La convicción general es que tanto en el sector estatal como en el privado han preferido mantener el desorden migratorio, antes que pagar las consecuencias de la regularización. Ahora confunden pretendiendo que la inmigración ilegal se controlará despojando de la nacionalidad a los nacidos en el país hasta hace 80 años. Para agravar antes de solucionar el desorden.
Intentos de regularizar la inmigración
14 de abril de 1939
Ley de Migración No. 95.
12 de mayo de 1939
Reglamento 279 de la Ley de Migración.
22 de diciembre de 1966
En vigor el Acuerdo sobre Contratación de Obreros Temporales Haitianos entre RD y Haití.
28 de marzo de 1987
Decreto 152-87 Sobre Apertura de la Frontera Domínico-Haitiana.
15 de Octubre de 1990
Decreto 417-90 que dispone la “Regularización Migratoria de Jornaleros de Nacionalidad Haitiana.
13 de Junio de 1991
Decreto 233-91 dispone la repatriación de todos los trabajadores extranjeros menores de 16 años y mayores de 60 que trabajan en la caña de azúcar.
19 de Junio de 1998
En vigor el Memorandum de Entendimiento para Asuntos Migratorios. Gobiernos de RD y Haití.
23 de Febrero del 2000
Declaración Sobre Condiciones de Contratación de Trabajadores. Gobiernos de RD y Haití.
15 de Agosto del 2004
Ley General de Migración 285-04.
19 de Octubre del 2011
Reglamento 631-11 de la Ley General de Migración.
