RD sigue quemándose en las evaluaciones

Por Juan Bolívar Díaz

La República Dominicana sigue quemándose en la generalidad de las evaluaciones internacionales, con un balance devastador en la última semana en relación a seguridad ciudadana, homicidios, muertos por accidentes de tránsito, y en desvío del presupuesto nacional.

Pero lo más impactante fue el informe del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), con sede en Washington, que planteó que el país se encamina a un régimen unipartidista y que los niveles de corrupción ponen en peligro la estabilidad económica y la democracia dominicana.

Inseguridad ciudadana. En percepción de inseguridad la población dominicana alcanza el mayor nivel entre 18 países latinoamericanos, según un estudio presentado el martes en Nueva York por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que también resalta la alta proporción de homicidios que se registran en la sociedad dominicana.

Casi dos tercios de la población dominicana, 64.8 por ciento, percibe un deterioro de la seguridad ciudadana, por encima de naciones centroamericanas, de Venezuela, Brasil y otros donde desde hace décadas se ha registrado un persistente deterioro con altas tasas de homicidios, feminicidios y asaltos de bandas callejeras y de sicarios, a menudo ligados al narcotráfico. Después de los dominicanos, los venezolanos, brasileños y mexicanos son los que perciben mayor inseguridad, con proporciones de 58, 57 y 56 por ciento respectivamente.

El país encabeza también con 21.5 por ciento las poblaciones latinoamericanas que han sentido la necesidad de cambiar de barrio por temor a la delincuencia. La tasa de homicidios se duplicó en el país entre el año 2000 y el 2014, liderando la región, hasta alcanzar 26 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2010, aunque se redujo al 23 por ciento el año pasado.

Aunque este informe no lo indica, la RD también está entre los líderes de la región en proporción de asesinatos de mujeres, los llamados feminicidios. Lo mismo viene ocurriendo en muertes por accidentes automovilísticos, donde la Organización Mundial de la Salud coloca el país como segundo a nivel mundial, después de la isla Niue en el Pacífico, lo que fue recordado esta semana por el director de la Autoridad Metropolitana del Transporte al dar a luz pública un programa educativo para reducir los accidentes que están cobrando mil 500 vidas por año, la segunda causa de muerte en el país, después de las cardiovasculares.

Desvío del Presupuesto. Durante una conferencia dentro de un seminario auspiciado por la Cámara Americana de Comercio, el representante local del Banco Mundial dijo esta semana que la frecuencia de los sobornos y los desvíos presupuestarios son más elevados en esta nación que en todas las de América Latina.

Al establecer una conexión con la economía y la pobreza, el doctor McDonald Benjamín sostuvo que la corrupción es un impuesto regresivo, indicando que el pago de sobornos constituye una mayor proporción de los ingresos de las empresas medianas y pequeñas que de las grandes.

Aunque reconoció algunos avances, el funcionario internacional se quejó de poca efectividad en las políticas de competencia, lo que afecta la innovación y el crecimiento. Propugnó por una reducción de la discrecionalidad y mayor transparencia y rendición de cuentas.

El Banco Mundial, junto al Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unión Europea y las embajadas de los países desarrollados auspiciaron entre el 2010 y 2012 las Iniciativas Populares Anticorrupción con participación de altos representantes del sector público y de organizaciones sociales. Algunas de sus recomendaciones han sido implementadas pero otras, como el establecimiento de la cuenta única del tesoro, se han quedado rezagadas.

El presidente Danilo Medina se comprometió durante su campaña electoral a ejecutar la cuenta única en 100 días. Se dijo que entraría en vigencia en enero pasado, y aunque se han cerrado varios miles de las seis mil cuentas bancarias de todo el sector, la meta está lejos. La unificación de las cuentas promueve la transparencia y los controles y reduce la discrecionalidad en el desvío de los fondos públicos.

Actitud de resignación. En los últimos años la República Dominicana ha resultado achicharrada en las evaluaciones de instituciones internacionales multilaterales, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y a Educación, y de la Comisión Económica para América Latina, y de organismos no gubernamentales como Amnistía Internacional, Foro Económico Mundial, Transparencia Internacional y otros.

En corrupción, despilfarro y malversación de recursos públicos, al igual que en calidad de la educación e inversión en el sector, en desconfianza en la policía, y en mortalidad materno-infantil la República Dominicana ha liderado a nivel mundial, en los últimos cuatro o cinco escalones en evaluaciones de hasta 144 países. En competitividad y seguridad ciudadana, está por debajo de la media tanto en América Latina, como a nivel mundial.

La reacción frente a esas evaluaciones suele ser de rechazo por parte de los funcionarios y líderes políticos y sus voceros oficiales y oficiosos, especialmente cuando provienen de organizaciones no gubernamentales, a las que se suele atribuir un interés en “denostar al país”.

En la opinión pública y en amplios segmentos sociales se manifiesta resignación y una actitud de refugio y reafirmación en los deportes y el arte popular renglones en los que la nación es altamente competitiva, al punto de haber ganado el último torneo mundial de béisbol y de competir por los primeros lugares en volibol femenino.

Genera sus propios delincuentes. Frente a las pésimas evaluaciones internacionales la actitud de los sectores dominantes es de desdeño y búsqueda de chivos expiatorios. Muchos no quieren siquiera admitir que la sociedad dominicana genera sus propios delincuentes y apelan al recuro de atribuir el auge de la inseguridad a la deportación de miles de dominicanos desde Estados Unidos.

En su edición del pasado fin de semana, el periódico católico Camino mete en un solo paquete a unos 31 mil deportados de Estados Unidos, 3 mil 323 este año, considerando que vinieron graduados en el crimen y la maldad y que su presencia ensombrece aún más la inseguridad ciudadana.

El editorialista no sabe que la mayoría son convictos y/o acusados de delitos menores, incluyendo riñas callejeras y familiares y hasta violaciones a las leyes de tránsito y falsificación de documentos personales y que sólo una ínfima minoría ha incurrido en el país en actividades delincuenciales.

Entrevistado al respecto esta semana el Director Nacional de Prisiones, Tomás Holguín, sostuvo por Teleantillas que de 25 mil 445 internos en la red de 47 cárceles y adentros de correcciones, “apenas ciento y pico” son repatriados. Para llegar al 1 por ciento deberían totalizar 254. Las estadísticas y estudios académicos habían sepultado el argumento de que los repatriados tienen alta incidencia en la delincuencia nacional. Es lamentable que esta ve lo haya revivido un periódico de tantos aciertos como Camino, que debería reparar el daño hecho a ese segmento poblacional, al que se deben abrir la puertas para su reinserción social, aún a quienes cumplieron penas por delitos mayores.

Partido único y corrupción

Lo más impactante de la semana fue la publicación del informe del Centro de Estrategia y Estudios Internacionales (CSIS, en inglés) de Washington, que planteó que “las instituciones democráticas de la República Dominicana están siendo crecientemente amenazadas por el dominio de un solo partido”, lo que podría conducir a un “estado unipartidista”.

El CSIS es una entidad centrista conservadora que integra a personalidades de los dos partidos estadounidenses dominantes y sus evaluaciones suelen tener mucho peso en la opinión pública norteamericana. El diario El País, el más influyente de habla hispana, dedicó una página a reseñar el informe, resaltando su conexión de la corrupción con la institucionalidad democrática.

“La corrupción en la República Dominicana es un mal endémico que en la última década se ha extendido de manera preocupante a todos los estratos de la administración pública, una circunstancia que de enquistarse podría amenazar las bases democráticas del país caribeño, de acuerdo con las conclusiones del estudio del prestigioso CSIS”, resume el diario español.

El informe señala el caos en los partidos de oposición, centrándose en el Revolucionario Dominicano, dividido desde que apoyó una reforma constitucional que puso todos los poderes públicos en manos del dominante Partido de la Liberación Dominicana. Pondera el apuntalamiento de una inmensa red clientelar “con implicaciones que inciden en el detrimento de la economía”, sin dejar de referirse a la debilidad y dependencia del poder judicial, y su incidencia en el auge del narcotráfico.

 

Por el simple imperio de la ley

Por Juan Bolívar Díaz

Por múltiples razones, la designación de un nuevo jefe de la Policía Nacional (PN) esta semana fue acogida con alivio por la opinión pública nacional, especialmente porque abre nuevas posibilidades de que al fin se cumpla el principio Constitucional y el Código Procesal Penal que responsabilizan al Ministerio Público de la dirección de las investigaciones criminales.

Es obvio que la jefatura del general Rafael Guillermo Guzmán Fermín se había desbordado tanto que generaba una sistemática confrontación con la Procuraduría General de la República y los procuradores fiscales de todas las jurisdicciones. La confrontación había trascendido repetidas veces a los medios de comunicación desde hace mucho más de un año, y en los últimos meses arrastró preponderantemente a la Dirección Nacional de Control de Drogas en un descontrolado protagonismo en relevantes casos de narcotráfico, convertidos en una espantosa serie de intrigas, filtración de versiones tendenciosas y hasta contaminación de pruebas.

Las actuaciones policiales al margen del Ministerio Público fueron causa de sospechas de complicidades y hasta de sustracciones de cuerpos del delito, expuestas a los medios de comunicación social tanto en Santo Domingo como en Samaná. Consecuencia inmediata fue la degradación de la institucionalidad, el menoscabo de la función judicial y el disgusto inocultable de sus responsables. Era un secreto a voces que un número alarmante de funcionarios del Ministerio Público deseaban ser relevados de sus funciones, y hasta hubo uno que procuró un exilio dorado para salirse del foco de confrontación.

La decisión del Presidente de la República, aunque demasiado dilatada, viene a enderezar entuertos, por lo que debe ser acogida por todos los responsables y respaldada activamente por los preocupados por la creciente inseguridad y la desbordada impunidad.

Nadie puede ignorar que desde septiembre del 2004, hace casi seis años, entró en vigencia en el país un nuevo Código Procesal Penal que, siguiendo las corrientes institucionales internacionales, derivó al Ministerio Público la responsabilidad de dirigir las investigaciones criminales, señalando a la PN como un auxiliar de la justicia.

La flamante Constitución de la República proclamada el pasado 26 de enero, no deja el menor resquicio de dudas, pues su artículo 169 proclama que “El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación a implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige las investigaciones y ejerce la acción pública en representación de la sociedad”.

Si todavía alguien tiene dudas, debe remitirse al artículo 255 de la misma Constitución, donde se define la misión de la PN, afirmando que “es un cuerpo armado, técnico, profesional, de naturaleza policial, bajo la autoridad del Presidente de la República, obediente al poder civil, apartidista y sin facultad, en ningún caso, para deliberar”.

A continuación enumera sus funciones, especificando en el inciso 3: “Perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente”.

No hay dudas de que se trata de una institución subordinada al Ministerio Público, por lo que no caben interpretaciones de ningún jefe policial.

La etapa de una policía protagonista, en pugna con los poderes civiles, por encima de la ley, disponiendo a su antojo de bienes y vidas, debe quedar definitivamente superada.

No sólo por el imperativo de la Constitución  y de la ley, sino también por la plena vigencia de un Estado de Derecho, que implica el fiel cumplimiento de todas las prerrogativas a favor de la ciudadanía que proclaman esos textos y de los que la nación es compromisoria a nivel internacional.

Hay que celebrar el encuentro del nuevo jefe policial, general Juan José Polanco Gómez, con las autoridades del Ministerio Público, el reconocimiento de sus funciones y la promesa de acatamiento.

Pero también estar vigilantes para que nunca más se imponga el capricho por encima de los mandatos constitucionales y legales. Esta nación está demandando, pura y simplemente, el pleno respeto a la institucionalidad democrática, lo que en la autoritaria y medalaganaria tradición dominicana será en sí mismo una revolución prometedora de un nuevo paradigma de convivencia social y desarrollo humano.