La Calidad del gasto educativo

Por Juan Bolívar Díaz
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Hay que celebrar la pormenorizada evaluación del gasto en educación que entregó esta semana la Acción Empresarial por la Educación, conocida como EDUCA, que se suma a los monitoreos semestrales que viene realizando la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC), la cual involucra a numerosas entidades sociales preocupadas por el mejoramiento de la educación nacional.

El nuevo estudio demuestra que falta mucho camino por recorrer para alcanzar los objetivos por los cuales la sociedad dominicana luchó durante tres décadas porque nuestros gobiernos asumieran la responsabilidad de invertir mucho más recursos en el fundamento del progreso y la realización de los seres humanos y de las naciones, que es la educación.

Uno de los mayores éxitos de la sociedad civil organizada fue haber logrado que los candidatos presidenciales del proceso electoral del 2012 firmaran el compromiso de cumplir la ley general de educación de 1997, que dispone una inversión del 4 por ciento del Producto Bruto Interno para la educación preuniversitaria, lo que materializó el gobierno del presidente Danilo Medina, a partir del 2013.

Cuando se alcanzó el primer objetivo, ya el promedio del gasto en educación básica de la región latinoamericana rondaba el 5 por ciento del PIB, el doble de lo que registraba el país. Nos tomó 16 años lograr el cumplimiento de la Ley 66-97, que a su vez fue fruto de un consenso que costó mucha movilización y persistentes reclamos de las instituciones, los educadores y comunicadores más empoderados de su responsabilidad social. EDUCA estima que durante los años en que se evadió cumplir la ley, dejamos de invertir en educación el equivalente a 10 mil 569 millones de dólares.

Conviene recordarlo en estos días cuando grupos políticos, legisladores y comentaristas llegan al extremo de cuestionar el derecho de las organizaciones sociales a participar activamente en la búsqueda de consenso sobre las reformas electorales y los perfiles de competencia de sus árbitros y jueces que demanda la endeble institucionalidad democrática. Sin el activismo de los grupos sociales todavía estaríamos como en aquellos penosos años en que las escuelas eran hacinamientos de niños, con frecuencia sin siquiera tizas ni borradores, y los maestros sobrevivían en la más penosa pobreza.

El informe de EDUCA es un amplio documento que merece una lectura detenida, donde resalta el esfuerzo por relevar los efectos positivos de la inversión, con logros patentes en construcciones escolares, aunque todavía en la mitad de lo programado, en el mejoramiento de la condición salarial y del nivel profesional de los educadores, en la extensión del horario de las escuelas y en la oferta de alimentación y materiales educativos a la población escolar.

Pero la celebración de los avances no puede impedir que veamos las deficiencias que consigna el informe de EDUCA, que contiene serios cuestionamientos a la calidad del gasto educativo, advirtiendo que de mantenerse su tendencia se haría insostenible en apenas tres o cuatro años. La causa fundamental es la desproporcionada elevación del gasto en personal, especialmente del administrativo. Mientras en los últimos cinco años el personal docente aumentó en 27 por ciento, el administrativo lo hizo en 78 por ciento, con 33 mil 307 nuevos empleados, que elevaron la nómina de los no docentes en 148 por ciento.

El informe revela que el clientelismo halló en el 4 por ciento del PIB para la educación una nueva fuente de sustento. Es obvio que más escuelas y aulas requieren más maestros y asistentes administrativos, pero es desproporcionado que el personal secretarial y asistente creciera en 89 por ciento, los guardianes en 80 y los conserjes en 52 por ciento. Un buen indicio es que en la provincia Espaillat, de donde es quien fuera el ministro de Educación en esos años, con un joven hijo que gastó millones de pesos para ser diputado, fueran designados 938 conserjes, con crecimiento del 243 por ciento.

Lo menos que podría esperarse es que el nuevo ministro de Educación, Andrés Navarro, a quien se le acreditó la eliminación de un millar de botellas en su anterior cargo de Relaciones Exteriores, contenga y revoque el clientelismo en gasto educativo.

El gobierno atraviesa por su peor turbulencia

Por Juan Bolívar Díaz

DANILO EN BARAHONA

El camino de la reelección del presidente Danilo Medina luce empedrado de escollos, desde las persistentes confrontaciones internas, a las dificultades de concretar los pactos con los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), mientras el Revolucionario Moderno (PRM) aparece a la ofensiva.

Los episodios escandalosos y las protestas sociales y denuncias políticas permean la sociedad y se reflejan en todos los ámbitos, incluyendo los empresariales y religiosos, alarmados por la descomposición generada por la corrupción y la impunidad, sin que asomen soluciones a los grandes problemas nacionales.

Otra desafortunada semana

Esta semana, como en los últimos meses, los infortunios gubernamentales se multiplicaron tras una doble jornada en la que hasta el canciller apareció tratando de cazar los mosquitos después que cobraran un centenar de vidas en una epidemia de dengue por falta de políticas preventivas y deficiente cobertura.

El domingo dos altos oficiales policiales causaron escándalo cuando en actitud intimidatoria penetraron al local del Centro Bonó de los sacerdotes jesuitas para inspeccionar la asistencia a una asamblea de los grupos sociales que han puesto a la defensiva al gobierno reclamando sanción a la corrupción tras la dramática inmolación de un arquitecto que reveló un entramado mafioso de extorsión y corrupción. La respuesta fue la extensión de las protestas a varias ciudades del interior y a Nueva York.

Mientras “Poder Ciudadano” levantaba demandas judiciales contra los titulares del Ministerio de Interior y de la Policía Nacional por desconocer un amparo del Tribunal Contencioso Administrativo a su derecho a la protesta pública, numerosos informes periodísticos daban cuenta de que unos 28 altos oficiales militares estaban bajo investigación y suspensión por tráfico de drogas y armas. Un general, un coronel y otros cuatro oficiales ya fueron cancelados mediante orden 52-2015, pero ninguno enjuiciado.

La prolongada reunión del embajador de Estados Unidos con el Procurador General de la República, el discurso del dirigente empresarial Franklin Báez Brugal denunciando la corrupción y el envilecimiento de la sociedad dominicana, el reclamo del presidente de la Sociedad de Diarios de que el presidente Medina responda los cuestionamientos de la prensa, un informe sobre deficiencias en la construcción de escuelas, otro revelando que el 69 por ciento de los maestros graduados no pasaron un examen de aptitud, y la renuncia al partido oficial del artista Manuel Jiménez completan el rosario de infortunios de la semana.

El grito Franklin Báez Brugal    

El discurso de Franklin Báez Brugal en el almuerzo anual de la Asociación de Industrias no debió sorprender, pues repitió lo que hace tiempo sostiene en foros y en artículos de prensa, la descomposición social y política, la corrupción y la impunidad y la ineficiencia en enfrentar los graves problemas nacionales, como la pobreza y la desigualdad, la crisis de los servicios básicos, y las precariedades competitivas nacionales.

Lo novedoso fue que en el auditorio estaba el presidente Danilo Medina, quien hizo esfuerzo por disimular su disgusto ante las críticas, que no estaban dirigidas personalmente a él, pero le tocaban en su condición de líder político de un partido con 15 de los últimos 19 años en el poder, alto funcionario por muchos años y más de tres años de gobierno.

 Fue también significativa la decena de aplausos con los que la selecta concurrencia avaló las denuncias de la degradación del sistema político, la manipulación de la justicia y planteamientos como el de que “la democracia necesita pluralidad, controles y contrapesos”, o los reclamos para materializar los pactos eléctrico y fiscal que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.

Báez Brugal ponderó el esfuerzo “de grandes dimensiones” del presidente Medina al colocar la educación como la más importante prioridad, reconoció que el país tiene una economía abierta y diversificada con alto crecimiento económico, y proclamó que “en términos materiales hemos progresado mucho”. Pero también que “moralmente nos hemos envilecido”, que “hemos perdido el respeto por la vida ajena y la capacidad de asombro,” abordando entonces la corrupción de los políticos, sin dejar de reconocer que hay empresarios que se enriquecen evadiendo impuestos y narcotraficantes que han hecho fortuna y se pasean en todos los ambientes”.

Qué reclama Estados Unidos

El principal titular del Listín Diario del jueves no pudo ser más expresivo: “Procurador despacha por tres horas con el Embajador de Estados Unidos”, la tercera visita de James Brewster a Francisco Domínguez Brito en un año, pero nunca tan prolongada, dando razón para que en medios de comunicación se preguntara de qué hablaron.

 Al día siguiente Domínguez Brito sostuvo una reunión con el presidente Medina y luego informó que habló con el diplomático sobre proyectos de apoyo y de asuntos ligados al crimen organizado, del que dijo “hay que ser duros”, proclamando que “el sistema no puede darse el lujo de vivir estas situaciones que indudablemente estimulan la impunidad”.

Tal pronunciamiento llevó a algunos a pensar que el Procurador recurrirá en casación ante el pleno de la Suprema Corte el dictamen de no ha lugar a su expediente de corrupción contra el senador y dirigente peledeista Félix Bautista por manejos irregulares de 26 mil millones de pesos, como le han pedido instituciones y juristas después que dijera que no lo hará porque no cree en la máxima instancia judicial.

Como en visitas anteriores el embajador Brewster había dado público apoyo al Procurador en su enfrentamiento con Bautista, muchos relacionaron la del miércoles con esa decisión. También con la información, no desmentida por nadie, de que Estados Unidos le suprimió la visa al senador oficialista, y que habrían hecho lo mismo con otras figuras. Otros temas habrían sido el involucramiento de altos oficiales y políticos en el narcotráfico y la fuga de los dos pilotos franceses condenados por narcotráfico.

Cunde la preocupación

Articulistas y columnistas cercanos al régimen, y desde luego los críticos, recogen las preocupaciones por el derrotero en que va el gobierno y el proyecto reeleccionista del presidente Medina, y algunos llegan al extremo de verlos “bajo asedio” de la oposición y tratan de responsabilizar de ello al leonelismo y a sectores del propio grupo gobernante.

Se asegura que las diferencias entre los dos líderes peledeístas se han acentuado y que “ya se trata de un enfrentamiento personal”. Ha llamado la atención la ausencia del expresidente Leonel Fernández en las proclamaciones de candidatos que viene realizando Danilo Medina, mientras prosigue un fuerte rechazo a la repostulación total, del presidente, los legisladores y la mayoría de los alcaldes del PLD, aunque sin definirse si ocurrirá lo mismo con la vicepresidenta y esposa de Fernández, la doctora Margarita Cedeño.

La renuncia del canta-autor Manuel Jiménez a su militancia de 27 años en el PLD, en dirigida al fallecido fundador del partido, el profesor Juan Bosch, tras considerar que han renegado de los principios fundacionales, entre ellos la democracia interna, es clara expresión de los conflictos internos. Este anuncia su nominación por partidos de la oposición. Otro diputado Luisín Jiménez, anuncia también su separación del PLD, lo que amenazan con hacer otros en diversas jurisdicciones del país. En Santiago la lucha por la candidatura a la alcaldía está al rojo vivo entre leonelistas y danilistas, mientras la gobernadora Aura Toribio se retira diciendo que no tiene dinero para competir con el presidente de la Cámara de Diputados y el administrador de los comedores nacionales.

Negociaciones a la deriva

El presidente Medina tuvo mucha fortuna en conseguir apoyo de los bloques legislativos del PRD y el PRSC para su reforma constitucional que le permite repostularse, pero a casi medio año no ha podido cerrar los pactos que se anunciaron entonces para unificar sus candidaturas con las del PLD. El proceso se ha convertido en un mercado público de reclamos, ofertas y alegatos.

Por las declaraciones del secretario general Reinaldo Pared parece que los puestos no alcanzan para tanto y hace días se proclamó impotente, mientras Federico Antún sigue promoviendo su candidatura presidencial por el PRSC. Con Miguel Vargas, quien sí hizo pública su renuncia a la candidatura, las negociaciones han tenido la fortuna de incluir tres intrascendentes designaciones gubernamentales, una rechazada, incluyendo la de esta semana que envía de embajadora en Italia a Peggy Cabral, viuda de Francisco Peña Gómez.

Pero Vargas participa en actividades políticas del PLD y Medina, aunque sus alcaldes ignoran si finalmente irán en la alianza, porque los peledeistas quieren también los más importantes Santiago, Santo Domingo y San Cristóbal. En cuanto a los diputados, estos saben que con el voto preferencial tienen pocas posibilidades de ser reelectos aún si feran en boletas comunes, pero muchos creen que hicieron una buena negociación.

Emerge una oposición

Otro infortunio que ha tenido el proyecto reeleccionista es que en los últimos meses ha tenido una oposición más desafiante y eficaz, como no la había conocido en sus primeros años de gobierno, cuando el secuestro de la democracia interna en el PRD, sus luchas internas y división, los anularon y generaban el rechazo de la sociedad.

Ya nadie discute que el PRM ha logrado constituirse en la oposición que no había tenido el gobierno de Medina, polarizando con elaborados documentos sobre el presupuesto nacional, las “visitas sorpresas”, el endeudamiento, lineamientos de su programa de gobierno, y propuesta para un “gobierno eficiente en competitividad”. Esto ha mejorado notablemente la proyección de su candidato presidencial, quien ha tenido el firme respaldo del expresidente Hipólito Mejía, quien asumió con dignidad y concepto democrático su fracaso en la elección primaria que escogió a Luis Abinader, hasta ahora el único de seis aspirantes que la ganó en votación universal de los miembros de su partido.

 Por demás la formalización de las candidaturas presidenciales de Guillermo Moreno y Minou Tavárez Mirabal, con vigorosos discursos contestatarios, también contribuye al nuevo escenario de mayor competitividad electoral.-

Cuentas de un rosario de infortunios
* El suicidio que reveló corrupción y extorsión en la OISOE
* Descargo del senador y dirigente peledeísta Félix Bautista
* Fuga de los dos pilotos franceses condenados por narcotráfico
* Apresamiento de embajador en la ONU acusado de corrupción
* Centenar de muertos por dengue y denuncias sobre hospitales
* Dos muertos de hambre en cárcel de Higuey
*Más de una veintena de militares en tráfico de drogas y armas
* Denuncias de dos obispos sobre reingreso de haitianos deportados
* Denuncia de sobrevaluación en remodelación del hospital D. Contreras
* Piquete al presidente Medina en Nueva York
* Publicación del lujoso transporte “Danilo Home”
* Aumento del precio de los alimentos. Caso del plátano
* Pasan a la banca deuda a generadores por US$ 900 millones
* Semáforos apagados por falta de pago generan caos
* Predicadores denuncian corrupción en fiesta de Las Mercedes
* Respuesta a la Sociedad de Diarios: el presidente no está para hablar
* Libertad a síndico y regidor involucrados en asesinatos
* La denuncia del raso sobre los “salarios cebolla” en la Policía
* Discursos críticos de los empresarios
* Informe FLACSO sobre deficiencias en construcción de escuelas
* Desproporcionada represión a denunciantes de la corrupción

Desafíos para Danilo a mitad de gobierno

Por Juan Bolívar Díaz
Danilo Medina 2do año

El Gobierno de Danilo Medina llega a su primera mitad con alta aprobación por su mejoramiento de la inversión pública, especialmente en educación, por su austeridad, reducción de la corrupción y por mayor cercanía a la población, ayudado por la ausencia de oposición política.

Pero sin haber podido solventar los graves problemas de la pobreza, la energía eléctrica, la inseguridad ciudadana, la corrupción y la impunidad, enfrentará una difícil segunda mitad, limitado por las precariedades económicas y las luchas internas en su partido, precipitadas por la actitud presidencial de no enfrentarse con nadie.

Los mayores éxitos. El mayor éxito de la primera mitad del Gobierno del presidente Danilo Medina ha sido la reorientación de la limitada inversión pública (con apenas 5 por ciento en gasto de capital este año), especialmente su esfuerzo por cumplir la ley que destina el 4 por ciento del producto bruto interno para la educación, 15 años después de su promulgación.

Aunque todavía no ha alcanzado el 4 por ciento, el Gobierno se aproxima a la meta, muy concentrado en la construcción de aulas para viabilizar la extensión de la jornada escolar, relegando otros aspectos fundamentales como la formación de maestros. La concretación del Pacto por la Educación y una campaña por erradicar el analfabetismo han completado el crédito en el sector.

La atención a la pequeña y mediana empresa y productores agropecuarios, con el particular sello personal de las visitas presidenciales ha constituido otro éxito reconocido, aunque los 11 mil millones de pesos que han comprometido en dos años no llegan al 2 por ciento del presupuesto de gastos del 2014, y solo se han desembolsado unos 7 mil millones de pesos, apenas unos 163 millones de dólares.

Una política de austeridad, cercanía con la gente y humildad de Medina, en contraste con el boato y la malversación de su antecesor, han contribuido al alto porcentaje de aprobación, de hasta 80 por ciento, que ha registrado el Gobierno en las encuestas. La renegociación del contrato sobre la explotación de la mina de oro de Cotuí constituyó un hito en la popularidad del mandatario.

Se debe acreditar al Gobierno de Danilo Medina el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y la reducción del déficit que registran las finanzas públicas en los últimos siete años, aunque para ello ha tenido que continuar la política de alto endeudamiento, que según la Cámara de Cuentas se incrementó en 28 por ciento solo en 2013 y que este año prosigue espoleado por el pago de capital e intereses de la deuda vieja, los subsidios y transferencias y el gasto corriente.

Quemado en transparencia. El Gobierno de Medina ha hecho esfuerzos por mejorar la transparencia en las contrataciones, incluyendo veedores en organismos clave como el Ministerio de la Presidencia, pero aún está lejos de alcanzar las metas del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad suscrito en la campaña electoral por iniciativa del movimiento Participación Ciudadana y Transparencia Internacional. El segundo monitoreo, de julio pasado, lo quema con apenas 22 por ciento de cumplimiento, registrando retroceso en las informaciones de muchas páginas de Internet. No se ha logrado establecer la Cuenta Única del Tesoro ni se han eliminado organismos infuncionales ni duplicidades.

Se reconoce una reducción de la corrupción, pero con una manifiesta decisión de mantener la impunidad, sin combatir los conflictos de intereses, el clientelismo, el nepotismo, las nominillas y las decisiones en beneficio propio de los ejecutivos gubernamentales y especialmente en los organismos descentralizados y autónomos, en contradicción con los principios éticos que rigen la administración pública a la luz de la Ley de Función Pública.

Un fracaso total ha sido la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que no ha cumplido prácticamente ninguna de las 42 funciones que le atribuyó el decreto 486-12, que la creó. Ha ignorado el informe financiero que debe reclamar cada año a los funcionarios públicos obligados a declaración jurada de bienes. Su titular, Vincho Castillo, quedó descalificado con su ridícula declaración jurada de bienes donde excluyó gran parte de sus haberes. Nunca se conocieron tampoco los informes trimestrales sobre la aplicación de los decretos 499-12 y 262-13 que establecieron un plan de austeridad hasta diciembre de 2013.

El reparto del Estado. Pese a la buena intención de mejorar la administración pública, el Gobierno de Medina llega a su primera mitad manteniendo en general el reparto del Estado sobre el que fundamentó su predominio el presidente Leonel Fernández. Dos tercios de los organismos estatales conservan los mismos titulares, desde los ministerios, a las direcciones generales, hasta las cámaras legislativas y de las instituciones autónomas y descentralizadas. Se trata de un sistema de parcelación del Estado, donde los dirigentes del Comité Político del partido de Gobierno y sus aliados parecen inamovibles. Y desde luego, cada uno de ellos dispone de amplia discreción en las nóminas, niveles salariales y otros beneficios, con frecuentes escándalos públicos.

El presidente Medina parece haberse empeñado en no pelearse con nadie. Ni siquiera sustituyó o trasladó al embajador ante el Vaticano, quien incurrió en tres desaguisados diplomáticos públicos en una misma semana, llegando al extremo de discutir en la prensa recomendaciones privadas que le formulara la Cancillería.

En un país de tan arraigada cultura presidencialista, muchos confunden la liberalidad con debilidad y abusan. Eso puede explicar que dirigentes de su partido, de las cámaras legislativas y hasta ministros y directores generales subordinados lo dejaran prácticamente solo lidiando con la crisis internacional originada en la sentencia del Tribunal Constitucional que desnacionalizó a decenas de miles de personas.

Mientras el mandatario buscaba una salida humanitaria al escándalo, hasta subalternos directos y el liderazgo de su partido preferían sumarse al discurso excluyente de los seudo nacionalistas. Los impunes desafíos al reglamento de la Ley 169-14, que conjura el conflicto, tienen connotación de cuestionamiento al Presidente y a su Ministro de la Presidencia por parte de aliados y funcionarios gubernamentales.

Intereses corporativos. Si en la primera mitad de su período el presidente Medina no pudo sobreponerse a los intereses corporativos partidarios para hacer el Gobierno que quería y con los funcionarios que le fueran más leales, será casi imposible en la segunda mitad, sobre todo cuando ya la lucha por la candidatura presidencial del partido gobernante para el 2016 limita o determina las acciones gubernamentales. Fue un exceso permitir que funcionarios subalternos iniciaran una campaña electoral en el primer año de su gestión.

Los intereses corporativos han sido determinantes en que Danilo Medina produjera cambios formales significativos en el ejercicio presidencial, pero no de fondo en la gestión gubernamental, como parte de lo que “nunca se ha hecho”. Pretendió hacer tortillas sin romper huevos, y al final puede concluir con un “dry clean” para que se pueda vuelva a lo que antes se hizo.

Medina y sus asesores pueden reivindicar su gestión por el alto nivel de aprobación, que no es insólito, ya que los presidentes dominicanos llegan a la mitad del período con buena aceptación, incluyendo a Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. El declive comienza con la segunda mitad. Aunque Medina ha estado por encima del promedio, lo que en parte se atribuye al desguañangue de la oposición.

El surgimiento de una alternativa opositora y la lucha por la candidatura oficialista con todas sus consecuencias, y en un escenario económico precario, serán el gran desafío para Danilo Medina en la segunda mitad de su Gobierno, que inicia esta semana.

Los mayores fracasos

No haber logrado concretar los pactos Fiscal y Eléctrico, que junto al Educativo integran una trilogía básica de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se cuenta entre los fracasos de esta primera mitad de Gobierno. Escasa voluntad política, amarres partidarios y las urgencias por el enorme déficit fiscal que heredó, determinaron que el Gobierno arrancara con otra reforma tributaria, evadiendo comprometerse en un pacto fiscal de amplio espectro que implicaría restricción y reorientación del gasto.

Ha cifrado su ataque a la crisis energética en la construcción de dos grandes plantas de energía basadas en el carbón, el ingrediente de generación más contaminante y cuestionado, y aunque ha invertido en el terreno, llega a la mitad del período sin haber conseguido su financiamiento, por lo que será difícil concluirlas en este Gobierno.

El combate a la inseguridad ciudadana ha sido otro propósito de poco éxito, sin haberse materializado la “reforma integral de la Policía Nacional bajo el liderazgo del Ministerio de Interior y Policía”, como tampoco la “reestructuración y profesionalización” de las relaciones exteriores, planteadas en el discurso inaugural del presidente Medina.

Los resultados en el mejoramiento de la salud se corresponden con la pobre inversión que no alcanza al 2 por ciento del producto interno, absolutamente insuficiente. La positiva supresión de las cuotas por atención en los hospitales públicos no ha podido ser compensada, traduciéndose en precariedades, mientras la epidemia de la chikungunya sumió este año el sistema en crisis con lenta respuesta oficial.

 

2013: desmadre político y esfuerzo del Gobierno

Por Juan Bolívar Díaz

El año se salva por el esfuerzo por mejorar la gestión gubernamental, pero la política alcanzó niveles escandalosos con crisis en los partidos e inicio de campaña electoral en medio de un ambiente recesivo

El 2013 registró un deterioro del partidismo político, especialmente en la oposición perredeísta, con el país en camino a un régimen unipartidista que ha lanzado al partido gobernante a una precipitada campaña electoral cuando apenas se cumplía el primer año de la gestión del presidente Danilo Medina.

En medio de precariedades judiciales e institucionales resalta el esfuerzo por mejorar la prioridad y calidad del gasto y una gestión gubernamental más cercana a la población que logró reducir el enorme déficit fiscal heredado, pero a costa de una recesión económica y creciente endeudamiento.

Régimen unipartidista. Tal como advirtió en noviembre el Centro de Estudios Estratégicos de Washington, la República Dominicana pareció encaminarse este año que concluye a un régimen unipartidista, con el acentuado deterioro de la principal organización de oposición, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), víctima de su progresivo debilitamiento institucional.

El PRD permanece secuestrado por una minoría encarnada en un presidente, Miguel Vargas Maldonado, favorecido sin el menor rubor por las cortes que éste y el expresidente Leonel Fernández integraron tras el pacto político que suscribieron a título personal en 2009 para dar paso a la Constitución de 2010. El período de Vargas como presidente del partido blanco concluyó en julio, pese a lo cual la Junta Central Electoral ha seguido entregándole más de 18 millones de pesos mensuales del presupuesto de la nación, que son manejados sin la menor rendición de cuentas.

El PRD aparece frizado, encadenado, habiendo perdido la vitalidad de sus organismos de base y sectoriales, sin poder reunir sus máximos órganos de dirección y fraccionado de manera inexorable, lo que deja al país sin equilibrio político, más notable por la concentración de poderes en el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Es relevante que la mayoría perredeísta ha sido incapaz de hacer valer su fuerza para recuperar el control partidario, lo que se explica en el cansancio de una dirigencia que no se ha renovado oportunamente y da señales de agotamiento, inmersa también en el salvaje pragmatismo político que afecta al sistema partidista dominicano.

Sin la Ley de Partidos. Concluye otro año sin que el Congreso Nacional, bajo control peledeísta, conociera el proyecto de Ley de Partidos Políticos que se viene discutiendo y consensuando desde hace 15 años y que tampoco aprobaron los perredeístas cuando controlaron el Poder Legislativo entre 1998 y el 2006. El proyecto pretendería garantizar la democracia interna y la transparencia financiera en los partidos, así como establecer pautas regulatorias de las campañas electorales internas y nacionales, así como para evitar y sancionar los abusos de los recursos provenientes de actividades ilícitas, incluyendo el desvío de fondos estatales.

El proyecto de Ley de Partidos ha sido objeto de varios consensos entre representantes de los partidos y la sociedad civil y ha sido presentado una decena de veces a través de ambas cámaras legislativas. El Congreso tampoco ha dado paso al proyecto de Ley Orgánica Electoral que le sometió en el 2011 la Junta Central Electoral y que debe adaptar el régimen electoral a la Constitución promulgada en el 2010.

La agenda legislativa persistió en dejar pendientes otros proyectos vitales como el que integraría una nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, fundamental para enfrentar la agobiante inseguridad ciudadana, y el de una nueva ley para hacer efectiva la declaración jurada de bienes.

La crisis política es de tal dimensión que ni los escasos legisladores de oposición tomaron iniciativas significativas para renovar la agenda legislativa, dependiente absolutamente del partido gobernante. Solo el pequeño Partido Alianza País, presidido por Guillermo Moreno, asomó reclamando sanción a la corrupción, en intentos vanos, dada la falta de independencia del Ministerio Público y “las cortes de Leonel y Miguel”, una de las cuales dictaminó el escándalo internacional que despoja de la nacionalidad a decenas de miles de descendientes de extranjeros, en su mayoría haitianos.

Mejora la gestión pública. En términos políticos el 2013 se salva por el esfuerzo del presidente Danilo Medina en una gestión más escrupulosa, con prioridades en el gasto público, especialmente interesada en cumplir la ley que destina el 4 por ciento del producto interno bruto a la educación básica, y aunque factores fuera de control han impedido que se alcance la meta, la sociedad ha acreditado el esfuerzo.

En su evaluación de fin de año el movimiento Participación Ciudadana reconoció un avance en la transparencia en las contrataciones públicas, aunque sin combatir la corrupción ni establecer la cuenta única del tesoro y otras de las iniciativas participativas anticorrupción. Los avances tampoco han alcanzado a reducir el dispendio en las nóminas públicas ni el reparto de organismos estatales, especialmente autónomos donde el patrimonio público se convierte en particular.

El actual mandatario ha completado el primer tercio de su período, manteniendo un significativo acercamiento a la población, con austeridad en su equipo fundamental, poniendo atención a los pequeños y medianos productores. Su reivindicación de una mayor participación en los beneficios de la explotación de oro y plata por la Barrick contribuyó significativamente este año a la buena valoración que ha mantenido el presidente Medina.

Sin cambios importantes en el equipo gubernamental, el esfuerzo del mandatario parece contentarse con una diferenciación personal con su antecesor, obviando conflictos al interior de su partido, lo que va dejando espacio suficiente para que el expresidente Fernández reconstituya sus fuerzas con miras a un retorno al poder en el 2016.

Ambiente recesivo. Restringiendo el gasto para reducir el enorme hoyo fiscal que heredó y con las consecuencias de una reforma tributaria implementada este año, el Gobierno de Medina enfrentó en gran parte del año lo que el Centro Regional de Estrategias Económicas ha denominado “ambiente recesivo”. Gracias a un fuerte incremento del gasto en la segunda mitad del año, la economía terminará creciendo un 3%, insuficiente para reducir el desempleo, sobre todo al no haber reactivado el sector industrial, salvándose por el incremento de las exportaciones mineras.

El Gobierno puede reivindicar una tasa baja de inflación, alrededor del 5%, con devaluación del 7 por ciento, pero no así la carga del endeudamiento que para el próximo año compromete el 45 por ciento de los ingresos regulares.

El Banco Central situó el total de la deuda sobre 27 mil millones de dólares, aunque economistas independientes la consolidan por encima de los 30 mil millones de dólares, acercándose al 50% del producto bruto interno (PBI).

El año concluye sin que el Gobierno se haya abocado a dar curso a los pactos fiscal y eléctrico contemplados en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, aunque concentrándose en invertir en plantas generadoras de electricidad a base de carbón. Se le da crédito por haber iniciado las gestiones para el pacto por la calidad de la educación.

Auténticos “come solos”
Tras haberse engullido hace varios años al otrora poderoso partido de Joaquín Balaguer, el Reformista Social Cristiano, que al igual que otra docena de aliados del Gobierno disfruta de parcelas del Estado que son manejadas como auténticos patrimonios grupales, el PLD se ha ido convirtiendo en un auténtico “come solo” en la política y el ejercicio del poder. Por eso a principios de año su presidente Leonel Fernández proclamó que gobernarían otros 20 años, pero ya en diciembre lo extendió a 31 años más, hasta el 2044 para el bicentenario de la independencia nacional.

Como no tiene oposición, el PLD se lanzó este año a una desenfrenada carrera por la sucesión del presidente Medina, cuando este apenas agotaba su primer año de Gobierno. El propio Fernández proclamó en agosto que “el león” saldría a las calles y desde entonces sus más cercanos partidarios y financiadores se han lanzado a las provincias a crear movimientos de apoyo, especialmente a través de senadores y diputados que le deben cargos y riquezas al expresidente.

Esa circunstancia determinó que otros dirigentes peledeístas, como el secretario general Reinaldo Pared Pérez y los ministros Temístocles Montás y Francisco Javier García se lanzaran abiertamente en campaña, llenando calles y carreteras de propaganda política cuando todavía faltaban tres años para las elecciones.

Por otro lado, la decisión de aumentar en unos 140 los miembros del Comité Central del PLD y otra decena en su Comité Político, ha desatado otra campaña con un millar de aspirantes a esos puestos que se promueven por los más diversos medios de comunicación. El desmadre es visto como normal por los órganos que deberían regir las campañas electorales y los máximos responsables del Gobierno, sin que nadie pregunte o explique el origen de tanto recurso para promoción personal.

 

Educación sexual escolar

Por Juan Bolívar Díaz

Ya sabíamos por las evaluaciones de diversos organismos internacionales que la República Dominicana estaba entre los países latinoamericanos y del mundo que lideran ese renglón de la ignorancia que es el embarazo en las adolescentes, pero el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) nos acaba de ubicar entre las seis naciones líderes universales en tasas de infecciones de transmisión sexual en niñas de 15 a 19 años de edad.

Según el Estado de la Situación Mundial que acaba de publicar el UNFPA, el 21 por ciento de las niñas dominicanas de entre 15 y 19 años de edad han registrado infecciones de transmisión sexual, tasa que nos otorga el liderazgo mundial junto a Nicaragua, República del Congo, Ghana, Guinea y Costa de Marfil, países todos de los más pobres del mundo, entre otras razones por su bajísimo nivel educativo.

El informe aborda las consecuencias de orden personal, familiar, social, en el sistema de salud y económico del embarazo en adolescentes, que en el caso dominicano hace años que se sitúa por encima del 20 por ciento y que casi se duplica en la región sur, con alta concentración de pobreza. La provincia de Azua encabeza con un promedio de 37 por ciento de embarazo en las niñas entre 15 y 19 años. Los estudios llaman la atención de que en esa jurisdicción se registra analfabetismo en el 22 por ciento de la población, más del doble del promedio nacional de 10 por ciento.

Por donde quiera que se le observe, el problema se relaciona con los bajos niveles educativos. Casi la mitad de las niñas que quedan embarazadas no han pasado de la educación primaria. Son responsables de la alta tasa de mortalidad materno-infantil que registra el país, primera causa de muerte en mujeres entre 15 y 19 años, pese a la amplia cobertura hospitalaria que casi ha eliminado los nacimientos por comadronas.

Precisa el informe de la UNFPA que las adolescentes dominicanas “con nivel de instrucción básico presentan un porcentaje de embarazos siete veces mayor la de las que tienen nivel universitario”. Y que la “epidemia” afecta a las más pobres, sin educación y de las áreas rurales.

Todo lo indicado lleva directamente a la conclusión de que es urgente impartir educción sexual en el nivel primario de la escuela dominicana, sobre todo en las públicas, donde prevalece la pobreza. Se estima que apenas un 8 por ciento de los escolares dominicanos de ese nivel reciben educación sexual.

El UNFPA cita resultados preliminares de un estudio que cuantifica en 2 mil 100 millones de pesos anuales el costo de los embarazos en adolescentes “33 veces mayor a la inversión estimada anual del Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes”.

Hace muchos años que se discute la pertinencia de la educación sexual en las escuelas, pero las políticas estatales se han doblegado ante los prejuicios religiosos que alegan que la información y formación sexual en los primeros niveles induciría la población infantil a la actividad sexual. Aunque los estudios muestran que la sexualidad comienza muy temprano en el país.

He ahí un absurdo, uno de los casos en los que la educación tendría efectos perversos según los fundamentalistas moralistas, aunque a nivel mundial está sobradamente demostrado que el embarazo temprano, las enfermedades sexuales y muertes en niñas son proporcionales a la falta de conocimientos.

Todos los indicadores obligan a un cambio drástico de política educativa en el país para que niños y niñas tengan oportunidad de un ejercicio de mayor responsabilidad con sus cuerpos y sentimientos. Es cuestión de derecho humano. Ya es tiempo de que el salvaje pragmatismo político que cede al chantaje dé paso a política fundadas en la racionalidad.

 

Luces y sombras del gobierno de Leonel Fernández

Por Juan Bolívar Díaz

Los ocho años consecutivos de Gobierno de Leonel Fernández marcan una etapa de estabilidad y crecimiento económico, con un legado importante de construcciones, aunque financiadas con enorme endeudamiento, dejando déficits fiscal y de balanza comercial que cuestionan la sostenibilidad del modelo de desarrollo.

Las graves deficiencias en educación, energía y competitividad, junto al clientelismo, la corrupción, falta de transparencia y precariedades institucionales arrojan un balance decepcionante de la gestión de un líder que enarboló el discurso de la era de la información y la sociedad del conocimiento.

Las luces.  La estabilidad macroeconómica con crecimiento promedio anual del 8 por ciento del producto bruto interno y un significativo legado de construcciones han sido los mayores logros del Gobierno de ocho años que culmina la próxima semana.

Es generalizado el criterio de que el doctor Leonel Fernández se inscribió en la historia de los grandes constructores junto a Rafael Trujillo y Joaquín Balaguer, aunque con la diferencia de que lo hizo en base a un financiamiento que triplicó la deuda pública, de 7,900 a más de 24 mil millones de dólares y con déficits fiscales que en los últimos cinco años, incluyendo el actual, superan los 300 mil millones de pesos.

El sostenido crecimiento económico, con control de la inflación y la tasa cambiaria durante estos ocho años nadie se lo podrá discutir al presidente Fernández, como tampoco una extensa red de comunicación terrestre, que va desde dos líneas de Metro hasta múltiples elevados, pasos a desnivel, carreteras y puentes, así como edificaciones gubernamentales, de escuelas y hospitales.

También hay que acreditarle la aprobación de múltiples reformas institucionales, muchas de las cuales se cumplen  precariamente, y una nueva Constitución con rasgos contradictorios de modernidad y retrocesos, pero que le ha permitido, con la colaboración de opositores, acumular un enorme poder político que mantendría tras salir del Gobierno, gracias a su capacidad para atraerse adherentes en base al reparto de cargos y parcelas de poder en nuevos y viejos organismos estatales.

Importantes avances en la implementación del Sistema de Seguridad Social y la ampliación de las relaciones exteriores, con mayor presencia en los organismos internacionales, figuran también entre méritos que se reconocen a la gestión que finaliza, aunque con un costo excesivo y nada transparente  en más de 60 extensos viajes presidenciales por una treintena de naciones.

Las sombras.  Tras ocho años de Gobierno, el presidente Leonel Fernández deja al país como campeón mundial en malversación de los fondos públicos y corrupción, así como en declive en su capacidad competitiva, con escándalos de todos los calibres, entre los cuales resalta el contrato de 130 millones de dólares con la Sun Land, considerado el mayor de la historia nacional.

La corrupción y la falta de transparencia la  han certificado sistemáticamente organismos como Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, cuyo Indice de Competitividad 2011-12 coloca a la República en la posición 110 entre 142 naciones evaluadas, con descenso de 17 escalones desde el 93 que registró en  2007.

Con la última posición en “despilfarro en el gasto gubernamental” entre 142 países evaluados por el Foro, la 141 en “favoritismo de los funcionarios del Gobierno”, y la 140 en “desvíos de los fondos públicos”, se puede asumir que Dominicana es campeona mundial en corrupción. La “calidad del sistema educativo” está en el escalón 136, “educación matemática y científica” en el 139 y la “calidad de la educación primaria” desciende hasta el 140.

El reparto de los recursos públicos se hizo norma de Gobierno para mantener los militantes propios y atraerse a decenas de partidos y grupos  con la entrega de parcelas estatales, lo que a la vez debilitaba la institucionalidad del sistema de partidos y de muy diversas instituciones sociales.

Se desbordaron los altos salarios públicos, los barrilitos, cofrecitos, nominillas y repartos de todo género y el Presidente otorgó cientos de pensiones privilegiadas de 40 y 50 mil pesos a personas que no se las ganaron e incluso que no las necesitaban.

El Gobierno de Leonel Fernández acumuló la alarmante cantidad de 340 viceministros y subsecretarios, más de 300 generales militares y policiales y hasta diciembre pasado tenía una nómina de 1,163 personas designadas en cargos diplomáticos y consulares, muchas de las cuales no han sido acreditadas por los gobiernos donde fueron destinadas.

Graves interrogantes.  Tras ocho años consecutivos de crecimiento económico, el presidente Fernández deja al 41% de la población en niveles de pobreza, 10% en la indigencia, según fue certificado la semana pasada, y con un millón 840 mil tarjetas para acceder a programas de asistencia social y subsidios, el mayor de los cuales es de 700 pesos mensuales, (una libra de arroz por día), que no estimulan a nadie a salir de la pobreza, pero mantienen clientelas y subordinación.

El legado del doctor Fernández de un déficit fiscal que este año superará los 100 mil millones de pesos, y los déficits de la cuenta corriente de la balanza de pagos, sobre 4 mil millones de dólares anuales, y de la balanza comercial que promedia 8,600 millones de dólares anuales en el último cuatrienio, representan serios interrogantes a la sostenibilidad económica del país, especialmente cuando se extiende la crisis económica internacional.

De ahí los reclamos de los sectores productivos que se quejan de una política económica que ha sacrificado la productividad nacional, con energía insuficiente y cara y escasa educación, con serias dificultades de competitividad hasta con Centroamérica y que privilegia las importaciones, acentuando el desnivel con casi todos los países del intercambio nacional.

La convicción del sector empresarial y de los analistas de la economía es que el modelo de desarrollo nacional, que no genera empleos de calidad, con 57 por ciento de informales, está agotado y  pone bajo interrogantes la sostenibilidad del país en la medida en que se agota la capacidad de endeudamiento.

Es relevante que el doctor Fernández será el primer presidente dominicano que entrega el poder a un sucesor del mismo partido, pero hasta en sus últimos días se ha empeñado en gastar más de lo percibido, en su empeño por inaugurar obras aunque no estén concluidas, dejando un desorden financiero que dificultará el arranque del nuevo Gobierno y lo obligarán a exponer su popularidad con una dramática reforma que esta vez no podrá ser solo tributaria, sino fiscal e integral.

Grandes cuestionamientos. La baja inversión en educación, apenas por encima del 2 por ciento del PIB, contrariando la Constitución, la ley, el sentir nacional y hasta sus propios planteamientos, es el mayor cuestionamiento de una gestión que se benefició de 6 reformas tributarias que junto al endeudamiento le permitieron triplicar el presupuesto nacional, que pasó de 139 mil millones de pesos en 2004 a los 511 mil millones destinados para el 2012. El mandatario que habla de la sociedad del conocimiento prefirió seguir la tradición de autoerigirse un pedestal del visible cemento y el asfalto, reproduciendo a los dos caudillos que dominaron el escenario nacional del siglo pasado.

La calidad del gasto, sin respetar prioridades, con enormes dispendios, escasa transparencia  y generalizada corrupción, es de los baldones que se le enrostran al presidente Fernández, beneficiario él mismo con su Fundación Global de prácticas de tráfico de influencia condenadas en todas las democracias.

Una desmesurada elevación del gasto corriente ha determinado que la inversión pública dependa hasta en un 90 por ciento del financiamiento. La nómina pública creció un 63 por ciento, al pasar de 400 mil a 653 mil personas.

Desde el discurso de juramentación en  2004 se prometió resolver la grave crisis energética con la instalación de megaplantas de carbón y la conversión de  otras a gas natural para abaratar el servicio, así como con la renegociación de los contratos onerosos con generadores, recapitalizar las distribuidoras y conjurar el robo y las pérdidas de energía para reducir el subsidio gubernamental que hace 8 años promediaba 25 millones de dólares anuales y que, al contrario, se ha multiplicado 40 veces, ya que en el último cuatrienio ronda los mil millones de dólares por año.

Igualmente escasa ha sido la inversión en mejorar la capacidad de la Policía Nacional para combatir la creciente criminalidad y el narcotráfico que generaron grandes escándalos y cada vez más involucraron a los propios agentes del orden y a militares.

Con rasos ganando 5 mil pesos, sargentos de 8 mil, tenientes de 10 mil y coroneles de 20 mil pesos, nadie debe sorprenderse de la ineficiencia policial y el consiguiente incremento de la inseguridad pública.

 

Otra burla a la voluntad popular

Por Juan Bolívar Díaz
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El monitoreo del presupuesto destinado a educación que realiza una coalición de instituciones sociales demuestra que el Gobierno volvió a burlarse de forma múltiple de la voluntad popular clara y contundentemente expresada en favor del cumplimiento de la Ley General de Educación 66-97 que destina al sector un mínimo anual del 4 por ciento del producto interno bruto, que desde el 2010 pasó a ser un mandato constitucional en virtud del numeral 10 del artículo 63 de la nueva carta fundamental.

Según un boletín del Foro Socioeducativo, integrado por tres universidades y otras reputadas instituciones, el Gobierno solo ejecutó el 85.2 por ciento del presupuesto que había asignado al Ministerio de Educación, quedándose con 6 mil 788 millones de pesos, el 14.8 por ciento de los 45,835.6 millones que debió entregarle.

Como hubo de admitir la ministra de Educación, Josefina Pimentel, el recorte afectó los planes y programas diseñados por esa cartera en el marco del Plan Decenal de Educación 2008-18, elaborado por los técnicos de este mismo Gobierno, tras amplias consultas con las entidades sociales del sector. Era lógico ya que el 89 por ciento del presupuesto ejecutado se fue en gastos corrientes, en gran proporción inevitable.

Además de la burla a la Constitución y la Ley 66-97, ambas promulgadas por el presidente Leonel Fernández, se violó también la Ley 236-11 que en septiembre pasado aumentó en 4,300 millones de pesos el presupuesto de Educación, atendiendo al compromiso que contrajo el mandatario a finales del 2010 con los sectores que desde ese año realizaron una intensa y extensa campaña por el aumento de la inversión en educación. Pero además de no entregar la partida adicional, el Gobierno se quedó con 2 mil 478.5 millones del presupuesto originalmente aprobado.

Se trata también de una inmensa burla al amplio movimiento social de los últimos dos años que reclama mayor inversión en educación como fundamento del desarrollo, que según las encuestas ha obtenido hasta el 90 por ciento de aprobación de la población. Se burla también el consenso al respecto de la llamada Cumbre de las Fuerzas Vivas, celebrada con bombos y platillos en el 2009, así como del Foro Presidencial por la Excelencia de la Educación que auspició el presidente Fernández entre el 2005 y 2006.

El consenso para la priorización del gasto en educación proviene del primer Plan Decenal de Educación puesto en vigor a partir del 1992  y formó parte de los acuerdos del Diálogo Nacional auspiciado entre 1997 y 98, en el primer Gobierno del ilustrado doctor Leonel Fernández, que desde entonces lo ha hecho parte de su discurso.

La sustracción del dinero que correspondía a educación dejó en apenas 1.82 por ciento del PIB lo destinado al sector en el 2011, en reducción en relación al año anterior,  menos de la mitad de lo que establece la ley y casi la tercera parte del 5.5 por ciento del PIB al que se comprometió el presidente Fernández en la última Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estados celebrada en Argentina en diciembre del 2010. Proporción ratificada meses después en una cumbre centroamericana por el vicepresidente Rafael Alburquerque en representación del Gobierno dominicano.

La grosería es más grave y hasta irritante porque desde los últimos meses del año pasado el Gobierno dispuso mayores recursos para programas viales, que además de ser su gran prioridad, constituyen una inversión de clara connotación electoral, dentro del marco de lo anunciado en Nueva York por el presidente Fernández en septiembre.

En la Coalición por una Educación Digna, que ha promovido tan hermosas jornadas de lucha por el cumplimiento de la ley, deben de estar contando los días para que acabe este Gobierno burlesco y cínico.

 

Metas fundamentales para el 2012

Juan Bolívar Díaz
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Como al comenzar un año hacemos propósitos de enmienda y nos trazamos metas y proyectos, el momento es propicio para que rebasemos el ámbito individual y formulemos también objetivos fundamentales para el conjunto social dominicano. Y que lo hagamos con firme voluntad de cambiar, de transformar nuestras miserias en virtudes, nuestras carencias en logros específicos, nuestras debilidades en energías, para superar atrasos ancestrales.

Debemos ser conscientes de que las bases fundamentales de la nación fuerte, próspera, justa y equitativa se van a ir edificando grado a grado, a lo largo de muchos años, con un gran concierto colectivo que habremos de orquestar, superando nuestras pequeñas individualidades. También que para alcanzarlo tendremos que ir ganando muchas pequeñas batallas, de lo poco a lo mucho.

Esta nación requiere una gran revolución social fruto de energías positivas y constructivas, fundada en el imperio de la ley, en el cumplimiento de las normas que nos hemos dado como sociedad, partiendo de la intimidad familiar, en las calles y carreteras, en las escuelas y los centros laborales, hasta alcanzar la amplia diversidad del tejido social.

Para alcanzar esa dimensión el primer objetivo que deberíamos imponernos este año es superar el terrible pesimismo que paraliza tantas energías, convencernos de que como pueblo podemos crear una nueva sociedad, que no nos caerá del cielo, sino que tendremos  que construirla ladrillo a ladrillo, armonizando la diversidad de intereses y promoviendo los talentos de todos.

La responsabilidad recae especialmente en las nuevas generaciones de dominicanos y dominicanas que tienen que partir de la realidad de que este es el único país en donde no somos extranjeros, que los aviones y las yolas no alcanzan para todos, sobre todo cuando progresivamente se cierran las puertas de inmigración.

A los miles que hemos mandado a estudiar al extranjero hay que reclamarles que vengan a fajarse aquí con humildad y espíritu constructivo.

Rechacemos la resignación y gritemos con fuerzas que podemos cambiar, que vamos a comenzar por transformar la educación, como prioridad fundamental, sin aceptar pasivamente que nos falten 29 mil 954 aulas y que solo podemos construir un diez por ciento durante este año, como nos informaba HOY el jueves 5, en la misma edición que daba cuenta que el gobierno no sabe qué hacer con los 180 apartamentos de lujo que edificó en un sector de clase alta.

Este año tenemos que dar saltos a una nueva cultura de ahorro, estableciendo valladares al dispendio y la corrupción para superar la vergüenza de ser campeones mundiales en malversación de los recursos públicos.

Es fundamental para contener la creciente delincuencia y criminalidad que genera inseguridad social.

Este año nos daremos un nuevo gobierno y aunque las propuestas no nos convenzan, alguna de ellas predominará y será la oportunidad para que desde ahora todos exijamos rectificaciones, con un clamor tan intenso y apabullante que no pueda ser ignorado sin que se fracture profundamente el tejido político.

Es fundamental que reconozcamos que no sólo han fallado nuestros políticos, sino todos los sectores sociales, por comisión o por omisión, por complicidad o por indiferencia, por oportunismo o por cobardía.

Año nuevo, vida nueva. Tenemos la oportunidad de empezarla. Ojalá que una gran proporción se decida. ¡Dios mío!

 

Sinceridad, señor Presidente

Por Juan Bolívar Díaz

Al presidente Leonel Fernández le está haciendo falta un amigo sincero que le recomiende un poco de humildad y honradez intelectual al enfrentar la indeclinable  demanda nacional de priorizar la inversión en educación como fundamento del desarrollo, para que no siga ofendiendo hasta a sus propios colaboradores como ocurrió el jueves durante un acto de graduación celebrado en el Palacio Nacional.

El mandatario sostuvo que “en un debate serio sobre la educación primero hay que decirle qué se enseña, cómo se enseña y para qué se enseña, y luego hablar del resto”, es decir de la inversión, insistiendo en querer poner la carreta delante de los bueyes y desconociendo el sabio adagio popular de que el dinero no lo es todo, pero sin él estamos condenados a la pobreza.

Habría que comenzar preguntándole cuantos años más necesita en la presidencia de la nación para hacer que le respondan esas preguntas, y en quiénes confió para que durante más de una década  respondieran cuestiones tan vitales para la “sociedad del conocimiento del siglo 21” que él tanto ha ponderado. ¿Tal vez otros 12 años? Y si no encontró colaboradores capaces de darle esas respuestas, su trascendencia demandaba que saliera a buscarlas, aunque tuviera que autodesignarse ministro de Educación.

Pero no es cierto que esas preguntas y muchas otras no hayan tenido respuestas, tantas que hay que preocuparse por la memoria del primer mandatario. Se le ha olvidado que desde el Diálogo Nacional en su primera gestión, hasta la Cumbre de las Fuerzas Vivas en el 2009, la inversión y la calidad de la educación han sido la prioridad 1-A de  gran parte de la sociedad organizada y de los educadores.

El diagnóstico y las soluciones al retraso educativo quedaron expuestas ya en el primer plan decenal de Educación 1992-02, empujado por la sociedad dominicana durante la gestión de la doctora Jackeline Malagón. Cuando ese plan concluyó, técnicos bajo la regencia de la doctora Milagros Ortiz Bosch diseñaron otro, desechado cuando  Fernández volvió al poder en el 2004 y designó a la doctora Alejandrina Germán como secretaria de Educación, quien procedió a hacer aprobar y poner en vigencia su propio  Plan Decenal de Educación 2008-2018.

Debe recordarse que, como los dos anteriores, ese nuevo plan educativo fue precedido por una amplia consulta que abarcó el período 2005-06 a partir del llamado Foro Presidencial por la Excelencia de la Educación Dominicana, cuyo lanzamiento y conclusiones fueron proclamadas por el presidente Fernández y recogidas en un elegante folleto. Las consultas abarcaron a cientos de organizaciones sociales de todo género y a miles de educadores y personalidades.

El libro del Plan Decenal contiene una lista de cientos de “Personalidades y Organizaciones Participantes”, comenzando por los 24 integrantes de la “Comisión Institucional” para su elaboración, que incluye a los mejores técnicos  colaboradores del presidente Fernández, entre ellos la actual ministra Josefina Pimentel, a 28 integrantes del Consejo Nacional de Educación, 6 consultores y 7 exsecretarios de Educación.

Entre las instituciones participantes en las consultas están las universidades, organismos internacionales, entidades estatales, partidos políticos, iglesias, asociaciones empresariales, profesionales, sociales, sindicales y medios de comunicación, incluyendo las de la diáspora dominicana en Estados Unidos y Europa.

Si el Plan Decenal no respondiera las preguntas básicas, el presidente Fernández debiera concluir que equivocó el país que ha gobernado. Pero ese programa es abarcador sobre los ingredientes imprescindibles para una educación de calidad, incluyendo un capítulo 8 sobre financiamiento, el cual proclama que para lograr sus objetivos y metas “se requiere una inversión sostenida y comprometida por parte del Estado, que alcance en el 2012 el 4.09 por ciento del PIB o el 20.46 por ciento del gasto público total”.

El problema del presidente Fernández es de sinceridad. Quedaría mejor si reconoce que su discurso y acción han andado divorciados y que él ha preferido invertir en cemento. El 47 por ciento de la inversión pública del 2012 se irá en obras viales.

Hay que levantar alternativas

Por Juan Bolívar Díaz
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Ahora que en el mundo soplan vientos renovadores que barren con anacrónicas estructuras políticas, hay que alentar las esperanzas y expectativas de cambios profundos que den  contenido social y económico y fortalezcan la endeble institucionalidad democrática nacional.

La generalidad de nuestros cientistas sociales viene diagnosticando la instauración en el país de una plutocracia cada vez más corrompida que malversa y dispendia una proporción excesivamente grande del ingreso nacional para reproducir una  dominación política de la que se sienten orgullosos y seguros, bajo la convicción de que la sociedad dominicana no tiene reales alternativas.

Cada vez es más perceptible que entre las opciones políticas predominantes, las  que han dominado el escenario nacional en el último medio siglo, no hay diferencias significativas, que cada vez se asemejan más y lo único que los separa es la ambición de controlar la mayor cuota de poder, instrumentando y pervirtiendo todas las instituciones.

Predomina en el liderazgo político la convicción de que el pueblo es ignorante y se vende por una cajita o una fundita, si no por una tarjeta electrónica que da acceso a unos cientos de pesos que sólo sirven para afianzar la pobreza.

A una parte de las capas medias se le asimila a las nóminas y nominillas del Gobierno central, de las instituciones autónomas y de los municipios, comprando silencios y complicidades.

Mientras tanto, la pobreza y la indigencia no tienen remisión con la reafirmación de la ignorancia y la insalubridad, del hacinamiento y las carencias de servicios fundamentales como el transporte,  el agua potable, la energía y hasta los alcantarillados, pluviales y sanitarios.

De nada han valido cincuenta años de pregonado crecimiento económico cuando no hemos podido superar problemas como el de los apagones, cuando el promedio nacional de educación anda todavía por el sexto grado de primaria, cuando mantenemos altas tasas de analfabetismo y desempleo, cuando el 56 por ciento del empleo es informal y el 85 por ciento de los asalariados formales perciben salarios por debajo del costo promedio de la canasta familiar.

Tanta pobreza y atraso sólo puede tener explicación en la rapacidad con que la clase política ha conducido el país, viviendo de espaldas a los reclamos sociales, auto erigiéndose monumentos de piedra y cemento en vez de sembrar la simiente del desarrollo humano.

Por todo ello hay que recibir con esperanzas el llamado formulado esta semana por una docena de agrupamientos políticos alternativos para desarrollar un proceso innovador que converja en un movimiento que se plantee la búsqueda del poder para cambiar el rumbo del país, combatiendo la corrupción, el clientelismo y el engaño.

La tarea no es nada fácil y ha sido planteada en muchas ocasiones sin alcanzar siquiera a asustar al liderazgo político nacional. Pero esta vez está precedido de la emergencia de movimientos fuertemente contestatarios y masivos como los que se manifestaron contra la cementera en el área de influencia de Los Haitises y en el reclamo del cuatro por ciento para la educación.

Es cierto que hay amplias masas alienadas y dependientes de las migajas que dejan caer los responsables del despilfarro. Pero también hay enormes reservas en la sociedad dominicana que se manifiestan en infinidad de grupos dispersos por todo el país y necesitados de un detonante que los potencie. Para ello se requiere no solo determinación, sino también inteligencia, innovación y diferenciación en la forma de concebir y realizar la política.