Correlación entre corrupción, relajo institucional y pobreza

Por Juan Bolívar Díaz
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La alarma se disparó esta semana cuando se conoció el último informe de la prestigiosa Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que deja al país con la mayor tasa regional de indigencia (20 por ciento) y 41 por ciento en la pobreza, pese a figurar entre los de más alto crecimiento económico de las últimas décadas.

Sin embargo, está diagnosticado, y lo ratificó aquí esta semana el experto internacional Daniel Kauffmann, que hay una estrecha correlación entre los niveles de pobreza, corrupción e impunidad que por demás se reproducen en la delincuencia de todo género y nivel, incluyendo el narcotráfico.

Liderando la indigencia. En realidad las tasas de pobreza e indigencia en RD que presenta el documento “Panorama Social de América Latina 2014″, publicado el lunes 26, se mantienen similares al anterior, la diferencia es que el país aparece como líder porque otros, como Paraguay, registraron avances significativos, y no se midió a Haití, Guatemala y Honduras, con los que competimos históricamente. Sólo registran datos de 12 países de AL, sin los de Argentina y México, siempre mejor situados, ni los de Bolivia, donde el informe anterior había reducido la pobreza e indigencia a tasas de 36 y 19 por ciento.

El problema no es sólo que RD aparece liderando la pobreza y la indigencia, con tasas de 40.7 y 20.2, sino que supera con mucho el promedio latinoamericano, de 28.1 y 11.7 por ciento.

El resultado objetivo es que la pobreza nacional supera el promedio en 45 por ciento y la indigencia casi en 73 por ciento. Paraguay está casi empatado con tasas de 40.7 y 19.2, pero con notable avance positivo, ya que en el informe anterior registraba 49.6 y 28 por ciento de pobreza e indigencia. Otro que recibe crédito es El Salvador, donde la pobreza cayó del de 45 a 41 y la indigencia de13.5 a 12.5 por ciento.

La CEPAL, un organismo del sistema de Naciones Unidas, tiene prestigio en la región desde los años sesenta. Pero su diagnóstico no difiere de los que en el último año ofrecieron otras instituciones internacionales como el Banco Mundial y Oxfam-Intermón, y en años anteriores el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.

Una grave contradicción. Lo que más llama la atención de los analistas es que el país mantenga tales niveles de pobreza e indigencia, pese al alto crecimiento económico que registra en los últimos 60 años, como han venido diagnosticando estudios nacionales e internacionales. Lo hizo el PNUD hace justo una década, cuando sostuvo que RD era de los países del mundo de mayor crecimiento en el anterior medio siglo, pero al mismo tiempo el que más lo había desaprovechado para traducirlo en desarrollo humano.

Baste señalar el contraste del nuevo informe de la CEPAL con el ofrecido pocos días antes por el Banco Central dominicano, que estimó en 7.5 por ciento la tasa de crecimiento del PIB en 2014, cuando el promedio latinoamericano del organismo regional fue apenas de 2.7 por ciento, casi la tercera parte.

El crecimiento económico dominicano de la última década es estimado en 5.5. En ambos casos liderando la región.

La generalidad de los análisis escarban en la distribución del ingreso, pero habría que buscar también en la artificialidad del crecimiento económico, basado en gran proporción en endeudamiento estatal, nacional e internacional, sector financiero y no financiero, que se multiplicó seis veces en lo que va de siglo, con un derroche enorme, y gasto corriente que ya consume el 85 por ciento. Con una deuda estatal consolidada de unos 34 mil millones de dólares, que incluye la del Banco Central, cada dominicano que nace ya debe 3 mil 400 dólares, más de 150 mil pesos.

Los diagnósticos nacionales. La unidad nacional del PNUD, diagnosticó suficientemente la pobreza y la desigualdad prevalecientes, pero también lo han hecho instituciones públicas. El mejor indicador, de los recientes, es la Primera Encuesta de Cultura Económica y Financiera, presentada en noviembre por el Banco Central, donde se registra que casi tres quintas partes de los hogares dominicanos tiene ingresos mensuales menores de 18 mil pesos, con un ingreso promedio nacional de 19 mil 409 pesos, cuando el costo promedio de la canasta familiar nacional se estima en 27 mil 887, y en 36 mil 697 a nivel de la capital.

Un indicador indiscutible es el de la Tesorería de la Seguridad Social, que registra el 70 por ciento de los afiliados con salarios mensuales menores de 20 mil pesos. Y hay que tomar en cuenta que los asegurados son los trabajadores formales, con mayor nivel promedio de ingresos. En 2013 el FMI diagnosticó que el salario real se había reducido en 27 por ciento desde comienzo del siglo. Otro indicador de pobreza es que todavía el 45 por ciento de los asalariados estatales ganan el salario mínimo público de 5,117 pesos, suma que recibe también el 85 por ciento de los pensionados.

Con todos esos datos y un 26 por ciento de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, la pobreza real puede ser todavía mayor que la diagnosticada por la CEPAL. Y si no es así, hay que atribuirlo a que una proporción considerable de los dominicanos y dominicanas tienen dos o más empleos o actividades económicas para sobrevivir, lo que se traduce en jornadas laborales de 12 y 14 horas. Así se “estabiliza” la pobreza, al reducirse la capacidad de estudio y entrenamiento, de esparcimiento y de convivencia familiar y social.

Corrosión institucional. Esta misma semana, durante una charla en el aniversario del telediario El Día, el experto internacional Daniel Kaufmann presentó un mapa continental de la corrupción, proyectado en pantalla gigante en el auditorio del Banco Central, en el que aparecían cuatro países teñidos de rojo, por su alto nivel de corrupción: RD, Venezuela, Paraguay y El Salvador. El orador sostiene que en “algunas naciones de la región la corrupción se ha convertido en sistémica o endémica”.

Kaufmann resaltó la necesidad de la transparencia, pero precisando que no es suficiente si no hay voluntad política, sanciones y participación social y si las instituciones no funcionan. En realidad el proceso de la corrupción termina en la corrosión de la justicia, el Congreso, los organismos de control, partidos políticos y otros sectores, que es lo que viene ocurriendo en el país. El reparto clientelar se expande por el cuerpo social anestesiándolo, y junto al rentismo consumen una proporción de lo que Chile, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador y hasta Bolivia vienen invirtiendo en los últimos años.

Con la impunidad se minan las instituciones y el efecto demostración reproduce hacia todos los sectores la corrupción que se ejerce desde el gobierno del Estado. La justificación de la riqueza fácil lleva a todo género de delincuencia y al narcotráfico que termina penetrando Fuerzas Armadas, cuerpos policiales y la política misma, convirtiendo a RD en uno de los mayores puentes del narcotráfico internacional. El círculo vicioso concluye en el deterioro democrático que diagnosticó en diciembre un estudio de la Fundación Konrad Adenauer.

 

 

 

En el límite del endeudamiento

Por Juan Bolívar Díaz
endeudamiento

Tres expertos del Banco Mundial se han sumado al Fondo Monetario Internacional y a numerosos economistas y empresarios dominicanos que vienen advirtiendo que la pista del endeudamiento se le está acabando al Estado dominicano y que de no producirse una significativa desaceleración nos dirigimos al precipicio de una nueva crisis financiera con cargo a la pobreza de las mayorías.

HOY del viernes 15, página 1 y 13-B da cuenta de un estudio, publicado y distribuido por el Banco Mundial, donde tras señalar que la deuda estatal consolidada representa ya el 48 por ciento del producto interno bruto (PIB), y que sólo la del sector público no financiero se duplicó entre el 2007 y 2014, pasando de un 18 al 36 por ciento del PIB, advierte sobre las consecuencias que implica para la sostenibilidad financiera.

“Es importante asegurarse de que la deuda pública permanece en una senda sostenible, dado que altos niveles de deuda podrían dañar las perspectivas de crecimiento, incrementar la volatilidad macroeconómica y, finalmente, provocr una crisis fiscal, que afectaría de manera negativa a los pobres”, sostienen los expertos Aleksandra Iwulska, Javier Eduardo Báez y Alan Fuchs.

Advertencias similares se encuentran en los últimos tres informes del FMI sobre la economía dominicana, al extremo de que en marzo pasado el jefe de misión del organismo, Przemek Gajdecka, consideró necesario informar que sus técnicos y los del gobierno dominicano “estudian estrategias sostenibles para manejar el incremento de la deuda”. Las recomendaciones están plasmadas en los últimos informes: equilibrar las finanzas, desacelerando el endeudamiento, ampliar la base impositiva, eliminar exenciones fiscales, reducir el subsidio a la electricidad y mejorar el gasto público.

Para escurrir el bulto y proseguir la carrera desenfrenada del endeudamiento el Gobierno dejó sin efecto su acuerdo con el FMI desde fines del 2011, y hace dos meses el organismo cerró su oficina en el país y retiró a su representante delegado, el economista mexicano Mario Dehesa.

El actual Gobierno recibió unas finanzas públicas comprometidas por los enormes déficits fiscales generados por el desparpajo del gasto, los sueños de prolongación política y los complejos de grandeza y tiene el mérito de algunas rectificaciones, pero ha proseguido la carrera del endeudamiento mientras el cuerpo aguante y con cargo al futuro.

Por el clientelismo y el reparto comprador de conciencias, el Gobierno ha evadido el ajuste del gasto público, y aunque materializó una reforma tributaria, sus ingresos apenas le alcanzan para invertir un 5 por ciento en gastos de capital. La Cámara de Cuentas certificó un crecimiento de la deuda pública del 28 por ciento sólo en el 2013. De acuerdo a los reportes de la Dirección General de Contabilidad y del Sistema de Información de Gestión Financiera, citados por el experto José Rijo Presbot, entre septiembre del 2012 y julio del 2014 el Gobierno recibió financiamiento por 351 mil 650 millones de pesos (más de 8 mil cien millones de dólares), de los que tuvo que destinar el 52 por ciento a pago de deuda exterior. Y sólo en la primera legislatura de este año (febrero-julio), el Congreso Nacional aprobó nuevos financiamientos por 202 mil 647 millones de pesos, unos 4 mil 700 millones de dólares.

Las perspectivas generan legítima preocupación, porque los políticos no quieren pagar el costo de equilibrar las finanzas, achicando el subsidio eléctrico, cobrando a los que roban energía, ni reducir las exenciones y el gasto, y se ha abusado tanto del recurso de la simple reforma tributaria, que cada vez será más difícil lograr mayores ingresos fiscales. El pacto fiscal de la Estrategia Nacional de Desarrollo parece una quimera, mientras haya que mantener decenas de miles de clientes cobrando del Estado, con altísimos niveles salariales y desproporcionadas pensiones en las cúpulas.

La advertencia del precipicio al que se dirige el país está reiterada. Que los que guarden silencio, por miedo o conveniencia, después no aleguen ignorancia. Lo lamentable es que luego querrán cobrarle el costo del desastre a la mayoría que trabaja y chiripea para sobrevivir.

 

Tendrán que reformular el pliego

Por Juan Bolívar Díaz

Todo parece indicar que las organizaciones empresariales tendrán que reformular y moderar consistentemente su pliego de reclamos, si quieren conseguir algunas de sus demandas que parecen razonables, como la reducción del costo de la prestación de cesantía que para pequeñas y medianas empresas puede constituirse en insostenible, pero ni eso conseguirán si no reconocen la vulnerabilidad de los empleados y de un modelo económico social que concentra excesivamente el ingreso.

Desde que integró el año pasado una comisión oficial multisectorial para conocer y recomendar sobre las demandas de reformas al régimen laboral, el Gobierno las condicionó al consenso entre empleadores y trabajadores. Y recientemente el presidente Danilo Medina lo ratificó tajantemente, lo que obliga a un mayor esfuerzo de concertación si se quiere conseguir algo del amplio pliego de reclamos empresariales.

No está descaminado el Gobierno sobre los reclamos empresariales, pues no hay razón que justifique abandonar la búsqueda de consenso y los acuerdos obrero-patronales y gubernamentales sobre los que durante años se edificó el Código de Trabajo, a principio de los noventa y la ley que en el 2001 instituyó el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Como la democracia, el consenso representa dificultades y hasta lentitud en las decisiones. Siempre ha sido más fácil la imposición que la concertación. Pero nadie renuncia voluntariamente a los avances o derechos adquiridos durante años sino en un proceso de racionalidad e intercambio de concesiones.

Desde que se conocieron las demandas empresariales, algunos consideramos que eran tan excesivas que parecía que habían seguido el equivocado modelo sindical de pedir mucho para conseguir poco. Por ejemplo, cada discusión de aumento salarial comienza con demandas del 50 y 60 por ciento para quedar en 10 o 15 por ciento.

El primer error de los empresarios es que no han logrado aclarar suficientemente si sus promesas de no afectar conquistas establecidas, implica que las reformas que reclaman solo se aplicarán a las contrataciones laborales futuras, como se debe asumir, dada la irretroactividad de la ley.

En segundo lugar el pliego parece inspirado en lo ocurrido en naciones desarrolladas donde se ha hecho pagar a los trabajadores el costo de la crisis estructural del capitalismo y de la voracidad de los ejecutivos y magnates financieros. Pero el nivel del bienestar social alcanzado en algunos países permite reducciones sin agravar demasiado las condiciones de vida de la población.

La cuestión es diferente en países de tanta desigualdad, como la República Dominicana, donde tres cuartas partes de los asalariados no reciben lo equivalente al costo promedio de la canasta familiar, y donde más de medio siglo de crecimiento económico no han logrado una reducción significativa de la pobreza, por la concentración del ingreso, como lo han documentado los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y recientemente del Banco Mundial.

Por ejemplo, es una torpeza plantear el aumento de la jornada laboral de 44 a 48 horas semanales, reduciendo conquistas de principios del siglo pasado.

Mucho menos viable en un país donde una alta proporción de los empleados tienen un segundo trabajo, formal o informal, con jornadas diarias totales que alcanzan hasta las 16 horas.

Los empresarios tienen cierta razón en cuanto a la cesantía que es una carga que casi duplica el costo de sus aportes a las pensiones y que, en muchos casos, quiebra empresarios, sobre todo pequeños y medianos, e incentiva la informalidad y las evasiones. ¿A cambio de más aporte al sistema de pensiones o un seguro de desempleo?

También tienen razón en que en muchos sectores, el agropecuario y la construcción por ejemplo, es impracticable la cuota de 20 por ciento de extranjeros, y debe ser racionalizada. Pero que abandonen la extensión del horario diurno hasta las 10 de la noche y el trabajo sin límites los fines de semana.

 

RD sigue quemándose en las evaluaciones

Por Juan Bolívar Díaz

La República Dominicana sigue quemándose en la generalidad de las evaluaciones internacionales, con un balance devastador en la última semana en relación a seguridad ciudadana, homicidios, muertos por accidentes de tránsito, y en desvío del presupuesto nacional.

Pero lo más impactante fue el informe del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), con sede en Washington, que planteó que el país se encamina a un régimen unipartidista y que los niveles de corrupción ponen en peligro la estabilidad económica y la democracia dominicana.

Inseguridad ciudadana. En percepción de inseguridad la población dominicana alcanza el mayor nivel entre 18 países latinoamericanos, según un estudio presentado el martes en Nueva York por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que también resalta la alta proporción de homicidios que se registran en la sociedad dominicana.

Casi dos tercios de la población dominicana, 64.8 por ciento, percibe un deterioro de la seguridad ciudadana, por encima de naciones centroamericanas, de Venezuela, Brasil y otros donde desde hace décadas se ha registrado un persistente deterioro con altas tasas de homicidios, feminicidios y asaltos de bandas callejeras y de sicarios, a menudo ligados al narcotráfico. Después de los dominicanos, los venezolanos, brasileños y mexicanos son los que perciben mayor inseguridad, con proporciones de 58, 57 y 56 por ciento respectivamente.

El país encabeza también con 21.5 por ciento las poblaciones latinoamericanas que han sentido la necesidad de cambiar de barrio por temor a la delincuencia. La tasa de homicidios se duplicó en el país entre el año 2000 y el 2014, liderando la región, hasta alcanzar 26 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2010, aunque se redujo al 23 por ciento el año pasado.

Aunque este informe no lo indica, la RD también está entre los líderes de la región en proporción de asesinatos de mujeres, los llamados feminicidios. Lo mismo viene ocurriendo en muertes por accidentes automovilísticos, donde la Organización Mundial de la Salud coloca el país como segundo a nivel mundial, después de la isla Niue en el Pacífico, lo que fue recordado esta semana por el director de la Autoridad Metropolitana del Transporte al dar a luz pública un programa educativo para reducir los accidentes que están cobrando mil 500 vidas por año, la segunda causa de muerte en el país, después de las cardiovasculares.

Desvío del Presupuesto. Durante una conferencia dentro de un seminario auspiciado por la Cámara Americana de Comercio, el representante local del Banco Mundial dijo esta semana que la frecuencia de los sobornos y los desvíos presupuestarios son más elevados en esta nación que en todas las de América Latina.

Al establecer una conexión con la economía y la pobreza, el doctor McDonald Benjamín sostuvo que la corrupción es un impuesto regresivo, indicando que el pago de sobornos constituye una mayor proporción de los ingresos de las empresas medianas y pequeñas que de las grandes.

Aunque reconoció algunos avances, el funcionario internacional se quejó de poca efectividad en las políticas de competencia, lo que afecta la innovación y el crecimiento. Propugnó por una reducción de la discrecionalidad y mayor transparencia y rendición de cuentas.

El Banco Mundial, junto al Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unión Europea y las embajadas de los países desarrollados auspiciaron entre el 2010 y 2012 las Iniciativas Populares Anticorrupción con participación de altos representantes del sector público y de organizaciones sociales. Algunas de sus recomendaciones han sido implementadas pero otras, como el establecimiento de la cuenta única del tesoro, se han quedado rezagadas.

El presidente Danilo Medina se comprometió durante su campaña electoral a ejecutar la cuenta única en 100 días. Se dijo que entraría en vigencia en enero pasado, y aunque se han cerrado varios miles de las seis mil cuentas bancarias de todo el sector, la meta está lejos. La unificación de las cuentas promueve la transparencia y los controles y reduce la discrecionalidad en el desvío de los fondos públicos.

Actitud de resignación. En los últimos años la República Dominicana ha resultado achicharrada en las evaluaciones de instituciones internacionales multilaterales, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y a Educación, y de la Comisión Económica para América Latina, y de organismos no gubernamentales como Amnistía Internacional, Foro Económico Mundial, Transparencia Internacional y otros.

En corrupción, despilfarro y malversación de recursos públicos, al igual que en calidad de la educación e inversión en el sector, en desconfianza en la policía, y en mortalidad materno-infantil la República Dominicana ha liderado a nivel mundial, en los últimos cuatro o cinco escalones en evaluaciones de hasta 144 países. En competitividad y seguridad ciudadana, está por debajo de la media tanto en América Latina, como a nivel mundial.

La reacción frente a esas evaluaciones suele ser de rechazo por parte de los funcionarios y líderes políticos y sus voceros oficiales y oficiosos, especialmente cuando provienen de organizaciones no gubernamentales, a las que se suele atribuir un interés en “denostar al país”.

En la opinión pública y en amplios segmentos sociales se manifiesta resignación y una actitud de refugio y reafirmación en los deportes y el arte popular renglones en los que la nación es altamente competitiva, al punto de haber ganado el último torneo mundial de béisbol y de competir por los primeros lugares en volibol femenino.

Genera sus propios delincuentes. Frente a las pésimas evaluaciones internacionales la actitud de los sectores dominantes es de desdeño y búsqueda de chivos expiatorios. Muchos no quieren siquiera admitir que la sociedad dominicana genera sus propios delincuentes y apelan al recuro de atribuir el auge de la inseguridad a la deportación de miles de dominicanos desde Estados Unidos.

En su edición del pasado fin de semana, el periódico católico Camino mete en un solo paquete a unos 31 mil deportados de Estados Unidos, 3 mil 323 este año, considerando que vinieron graduados en el crimen y la maldad y que su presencia ensombrece aún más la inseguridad ciudadana.

El editorialista no sabe que la mayoría son convictos y/o acusados de delitos menores, incluyendo riñas callejeras y familiares y hasta violaciones a las leyes de tránsito y falsificación de documentos personales y que sólo una ínfima minoría ha incurrido en el país en actividades delincuenciales.

Entrevistado al respecto esta semana el Director Nacional de Prisiones, Tomás Holguín, sostuvo por Teleantillas que de 25 mil 445 internos en la red de 47 cárceles y adentros de correcciones, “apenas ciento y pico” son repatriados. Para llegar al 1 por ciento deberían totalizar 254. Las estadísticas y estudios académicos habían sepultado el argumento de que los repatriados tienen alta incidencia en la delincuencia nacional. Es lamentable que esta ve lo haya revivido un periódico de tantos aciertos como Camino, que debería reparar el daño hecho a ese segmento poblacional, al que se deben abrir la puertas para su reinserción social, aún a quienes cumplieron penas por delitos mayores.

Partido único y corrupción

Lo más impactante de la semana fue la publicación del informe del Centro de Estrategia y Estudios Internacionales (CSIS, en inglés) de Washington, que planteó que “las instituciones democráticas de la República Dominicana están siendo crecientemente amenazadas por el dominio de un solo partido”, lo que podría conducir a un “estado unipartidista”.

El CSIS es una entidad centrista conservadora que integra a personalidades de los dos partidos estadounidenses dominantes y sus evaluaciones suelen tener mucho peso en la opinión pública norteamericana. El diario El País, el más influyente de habla hispana, dedicó una página a reseñar el informe, resaltando su conexión de la corrupción con la institucionalidad democrática.

“La corrupción en la República Dominicana es un mal endémico que en la última década se ha extendido de manera preocupante a todos los estratos de la administración pública, una circunstancia que de enquistarse podría amenazar las bases democráticas del país caribeño, de acuerdo con las conclusiones del estudio del prestigioso CSIS”, resume el diario español.

El informe señala el caos en los partidos de oposición, centrándose en el Revolucionario Dominicano, dividido desde que apoyó una reforma constitucional que puso todos los poderes públicos en manos del dominante Partido de la Liberación Dominicana. Pondera el apuntalamiento de una inmensa red clientelar “con implicaciones que inciden en el detrimento de la economía”, sin dejar de referirse a la debilidad y dependencia del poder judicial, y su incidencia en el auge del narcotráfico.

 

Una oportunidad para Leonel

Por Juan Bolívar Díaz

Ahora que el presidente Leonel Fernández ha aclarado que no tuvo intención de negar la existencia de un grave problema de corrupción en su discurso en el acto de proclamación de las Iniciativas Participativas Anticorrupción (IPAC), merece que se le dé una oportunidad para demostrar que la participación del Gobierno en ese proyecto no es un simple aguaje disimulador.

La precisión, si no rectificación, rescata el esfuerzo auspiciado por el Gobierno mismo, por una docena de organismos internacionales y numerosas instituciones sociales para prevenir y reducir la corrupción, promoviendo la transparencia y fortaleciendo las instituciones encargadas de perseguir todo género de malversación.

Ya extrañaba el discurso del doctor Fernández, donde reducía la corrupción a casos aislados de individuos, puesto que él mismo fue de los primeros en denunciar sus escandalosos niveles, cuando en su campaña electoral de 1996 proclamó que su costo alcanzaba  los 30 mil millones de pesos anuales, superior al presupuesto de gastos del Gobierno.

Y desde entonces es que el dispendio y el robo de  los bienes públicos se han multiplicado a sus anchas, como indican las denuncias públicas, las fortunas de los políticos y funcionarios y las evaluaciones internacionales.

 Pero lo relevante ahora es concentrar la atención en las propuestas de anticorrupción proclamadas esta semana para instaurar un régimen de transparencia y reducir la corrupción, que no han sido fruto tan sólo de la sociedad civil y los organismos internacionales, sino también de las preocupaciones de algunos altos funcionarios, de los mejores del Gobierno, como los ministros de la Presidencia, César Pina Toribio; de Economía, TemístoclesMontás, y de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, comprometidos a darle seguimiento.

El documento final del consenso recoge 43 recomendaciones. Si bien es cierto que una parte de ellas están encaminadas a promover el cumplimiento de leyes claves como las que deben regir las compras y contrataciones,  la de función pública y la de libre acceso a la información, también hay novedades importantes para la transparencia y la persecución del pillaje público.

No es lo principal, pero sí significativo que el presidente Fernández puede comenzar a demostrar su apoyo a las IPAC, convocando un acto público para proclamar el 2011 como “Año de la Transparencia y de la Rendición de Cuentas”, como se propone.

Pero como eso es muy fácil, tiene que aterrizar con otras como ordenar a la Contraloría General “no autorizar libramientos de pagos que no cumplan con la Ley de Compras y Contrataciones”, transferir a la DGCP la administración y control del portal Compras Dominicanas”, publicación inmediata de la ejecución presupuestaria, y muy especialmente la recomendación de implementar la “Cuenta Única del Tesoro” para el manejo de los ingresos y egresos de todas las instituciones del Estado, en lugar de las miles que hay y que facilitan la sustracción de lo público.

Otras de las IPAC fáciles son la creación de un índice de Costos y Catálogos de Precios de la Construcción, de un Sistema Único y Global de Suministros para el sector Salud y fortalecimiento de  Promese/CAL, (previsto en el decreto 991-00), así como la creación de un Mecanismo de Monitoreo Social Permanente para las Compras y Contrataciones Públicas, el Mecanismo participativo para Concertar y Monitorizar  Propuestas, y diversas campañas de concienciación ciudadana.

Tiene el presidente una gran agenda pendiente, ahora que ha reconocido el problema de la corrupción, y comenzar a dar ejemplo de transparencia, por ejemplo colocando en Internet los ingresos y egresos de su propia fundación.

Y no le costará mucho, porque el Banco Mundial, BID, la Unión Europea, la USAID y varias agencias de la ONU se han comprometido a aportar más de 15 millones de dólares para cubrir gastos.  Manos a la obra, Presidente!

 

Un nuevo desafío anti-corrupción

Por Juan Bolívar Díaz

Al pasar balance esta semana en San Salvador al cumplimiento de  la Declaración de Guatemala para una Región Libre de Corrupción adoptada hace cuatro años quedó evidente que el gobierno dominicano no ha cumplido los compromisos que contrajo junto a los países de América Central y Panamá.

La voluntad de lucha contra la corrupción tendrá un nuevo desafío este mes cuando se adopten unas treinta iniciativas específicas para combatir ese flagelo pactadas con representantes de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil dominicana en diez mesas de trabajo tras varios meses de trabajo.

Las iniciativas APAC.  La voluntad del gobierno para combatir la creciente  corrupción administrativa tendrá un nuevo desafío a partir del 20 de octubre cuando se oficialicen las propuestas consensuadas con representantes de los organismos internacionales y de la sociedad civil, en lo que se ha denominado como Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC).

El proyecto comenzó en julio del 2009 cuando el presidente Leonel Fernández invitó a representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Banco Mundial a participar en una reunión en el Palacio Nacional donde se abordaría el problema de la corrupción. Hubo otras dos reuniones en septiembre y diciembre.

En el último encuentro el presidente Fernández pidió a los organismos internacionales que ayudaran al gobierno a establecer un programa para combatir la  corrupción, lo que fue aceptado, aún cuando algunos lo veían como un recurso del gobierno para ganar tiempo, puesto que ya el país tiene numerosas normativas legales que de ser respetadas aumentarían la transparencia y reducirían el margen para malversar recursos.

Las organizaciones sociales fueron invitadas a participar de la concertación, lo que algunas recibieron con poco entusiasmo, por la convicción de que “no  faltan normativas,  sino voluntad política”. Participaron el Consejo Nacional de la Empresa Pública, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica y, con limitado entusiasmo, Participación Ciudadana.

El PNUD no participó del proyecto, pero sí lo hicieron una docena de instituciones internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, la Organización de Estados Americanos, Unicef, Organización Panamericana de la Salud, la Cooperación Española  y representantes diplomáticos de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y España.

Por el gobierno dominicano participan los ministerios de la Presidencia y de Economía, la Procuraduría y la Contraloría General, el Departamento de Prevención de la Corrupción, la Cámara de Cuentas, y la Comisión Nacional de Etica. Los ministros César Pina Toribio y Temístocles Montás, y el doctor Vincho Castillo han sido parte del comité organizador.

Las recomendaciones.  Durante varios meses los delegados ponderaron propuestas específicas en diez mesas de trabajo referentes a sistemas transversales, compras y contrataciones, servicio civil, gestión financiera, normativas de transparencia y acceso ciudadano a la información. Aprobaron 33 acciones específicas que pueden resumirse en 26, las que serán proclamadas en una sesión conjunta convocada para el próximo 20 de octubre en curso. Se pueden hallar en la página web de la representación nacional del Banco Mundial.

Aunque la gran mayoría de las propuestas giran en torno al cumplimiento de leyes, reglamentos y decretos vigentes, hay algunas que son innovadoras, como la que dispone la implementación de una “Cuenta Única del Tesoro”, a través de la cual tendrían que hacerse todos los pagos de las instituciones del Estado. Se estimó que hasta ahora hay unas 6 mil cuentas y que muchas entidades estatales tienen varias, lo que permite diluir los controles.

Otra recomendación es la “publicación inmediata” de toda la información sobre la ejecución presupuestaria del gobierno a través de la página en Internet de la Dirección General de Presupuesto. Se propone la creación de un “Sistema de Monitoreo” que permita apoyar la gestión y seguimiento de los contratos de obras del Estado, y  la creación de un “Órgano Rector” de la Ley sobre Libre Acceso a la Información Pública.

Numerosas resoluciones se refieren al cumplimiento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones”, a la Ley 41-08 de la Función Pública, a la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública y su Reglamento 130-05 y al Decreto 211-10 sobre el Sistema de Control de Evaluaciones.

Una resolución dispone “unificar la compra de medicamentos de las instituciones estatales” a través de PROMESE-CAL, ponderando los beneficios que ha acumulado esta entidad, aunque no cita el Decreto 991-00 del presidente Hipólito Mejía que lo dispuso hace diez años, y que ni su gobierno ni el actual han cumplido.

Esta semana Roby Senderowitsch, representante en el país del  Banco Mundial, habló dos veces sobre el tema, ayer en HOY, y el miércoles en Uno más Uno de Teleantillas, donde sostuvo que todo dependerá de la voluntad del gobierno y que incluso los organismos internacionales disponen de los recursos económicos que pueda demandar la implementación de las IPAC.

Inacción gubernamental.  La malversación de los recursos públicos es el gran baldón del gobierno del presidente Fernández, tanto en las evaluaciones nacionales como internacionales. Las denuncias se suceden semana tras semana y las últimas encuestas Gallup-HOY han mostrado una abrumadora percepción de que la corrupción crece a niveles alarmantes. En la última, publicada a principios de julio pasado, el 86 por ciento de los encuestados señaló que hay corrupción en el gobierno, un 60 por ciento la estimó mayor que antes  y un 26 por ciento igual, mientras sólo un 13 por ciento consideraba que ha disminuido.

En las evaluaciones internacionales la República Dominicana queda en los últimos escalones en materia de transparencia y corrupción. En el Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial 2010-11, ocupa la peor posición, entre 139 países evaluados, en favoritismo en las decisiones gubernamentales; la penúltima en despilfarro del gasto público; y la 136 en desvío de fondos. Lo peor es la sensación de impunidad y la convicción de que los políticos utilizan la corrupción como una herramienta de enriquecimiento personal, para ganar adeptos y  mantenerse en el poder.

Las denuncias de corrupción se refieren a violaciones de las normativas vigentes,  sobrevaluación de obras y de todo género de adquisiciones, a menudo a favor de familiares y relacionados, pago de nominillas a militantes políticos y familiares, conflictos de intereses entre funcionarios públicos y empresas o servicios propios y de relacionados, y recepción de comisiones por trámites diversos.

El mayor escándalo de corrupción registrado en el país es la venta internacional de pagarés por 130 millones de dólares, a través de la empresa Sun Land, a partir del 2005, sin la correspondiente aprobación del Congreso, para financiar obras que nunca se ejecutaron, sin que se haya aclarado el destino de esa suma ni cómo se cubrió la deuda contraída.

Declaración de Guatemala

El martes y miércoles pasado sesionó en San Salvador el “Primer Foro de América Central y República Dominicana Sobre Transparencia”, convocado con auspicio de Transparencia Internacional, para dar seguimiento a la “Declaración de Guatemala por una Región Libre de corrupción”, firmada el 16 de noviembre del 2006 por los presidentes y jefes de gobierno de los cinco países centroamericanos y Panamá. Aunque fue invitado, el presidente Fernández no asistió, pero su gobierno se comprometió con la firma del embajador adscrito a la cancillería Luis Manuel Piantini.

Todos los compromisarios de la Declaración de Guatemala llevaron informes sobre las ejecuciones del cuatrienio transcurrido, pero no así los  representantes dominicanos. Allí estuvieron Hotoniel Bonilla del DPCA, Pablo del Rosario, vicepresidente de la Cámara de Cuentas, y Miguel Suazo, de la Comisión Nacional de  Ética. También asistieron la periodista Alicia Ortega, especialmente invitada, la Alianza Dominicana contra la Corrupción y el movimiento cívico Participación Ciudadana, enlace en el país de Transparencia Internacional, cuyos delegados, Miriam Díaz Santana y José Ceballos, sí presentaron un informe relevando el incumplimiento de los objetivos de la Declaración por parte del gobierno dominicano.

El informe de PC sostuvo que el gobierno dominicano ha ignorado por completo los  compromisos contraídos en Guatemala que no han pasado de “un acto protocolar”. Un  documento de más de 40 páginas analiza los niveles de cumplimiento de las normativas anticorrupción del Estado Dominicano, citando diversas evaluaciones, para concluir en que en su mayor parte no se cumplen o solo se observan a medias.