El camino más expedito para conjurar la el genocidio civil avalado por el Tribunal Constitucional (TC) antes que el país sufra nuevas condenas internacionales es una ley que reivindique la Constitución vigente, y reconozca la nacionalidad dominicana a todos los que la recibieron antes del 26 de enero del 2010.
Por de pronto la sentencia 168-13 del TC ya perdió la opinión pública nacional e internacional con un contundente rechazo al “tránsito de décadas” y al efecto retroactivo que viola un precepto fundamental de carácter universal, sobre todo en materia de un derecho básico como el de la nacionalidad.
244 mil serían afectados. La sentencia que desconoce a los dominicanos de ascendencia haitiana contiene en sí misma elementos que la condenan al zafacón de la historia, como el dislate de declarar en tránsito a decenas de miles de descendientes de inmigrantes de hasta 84 años y ordenar un rastreo desde 1929, lo que incluirá a los miles asesinados por la guardia trujillista en 1937, cosa que esta semana recordó BBC Mundo en un extenso reporte, y de disponer el despojo retroactivo de su nacionalidad, en violación de la Constitución de la República en su artículo 110, sino también de un principio básico del derecho internacional. El reglamento de Migración 279 de 1939 limitaba el tránsito a 10 días.
Asumiendo el antihaitianismo de grupos ultranacionalistas, a 11 de los 13 jueces del TC se les fue la mano en otros aspectos, por los cuales su dictamen ha tenido el rechazo casi absoluto de los expertos en derecho constitucional e internacional y de las ciencias sociales. Se cogieron para sí una instancia que reconocían facultad de otro tribunal, juzgaron sin escucharla a la señora Juliana Deguis Pierre que lo que les pedía era amparo y extendieron la condena a 244 mil personas que integrarían un apartheid.
La misma sentencia exagera las víctimas de la limpieza racial que dispone, cuando en su numeral 1.13 interpreta los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes publicada en abril por la Oficina Nacional de Estadística, que estima en 458 mil los nacidos en Haití y en 244,151 sus descendientes nacidos en República Dominicana. Sin el menor rigor, igualan las dos categorías, para elevar su total a 668,145, y sostener que la recurrente señora Deguis es solo una del total “por lo que el problema que ahora nos ocupa no solo le atañe a ella, sino también a otra cantidad de inmigrantes haitianos y sus descendientes los cuales constituyen el 6.87 por ciento de la población que habita el territorio nacional”.
Según el censo, los nacidos aquí son el 2.04 por ciento de la población nacional, y solo esos pueden equipararse a Juliana Deguis, porque como ella reclaman la nacionalidad.
La Constitución del 2010. Para negar la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados fue que en la Constitución del 2010 se modificó lo relativo a quiénes son dominicanos, artículo 18.
En las anteriores, donde imperaba el jus soli, solo se excluía a los hijos de diplomáticos y extranjeros en tránsito. Se excluye ahora también a los hijos de quienes “residan ilegalmente en territorio dominicano”.
Como ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que el tránsito debe ser por un período razonable, no por décadas, y como el artículo 110 de la Constitución declara que “la ley solo dispone y se aplica para el porvenir”, la Sentencia del TC ha sido considerada inconstitucional por casi todos los expertos constitucionalistas.
Hasta el expresidente Leonel Fernández rechazó la retroactividad esta semana en declaraciones a periodistas en Nueva York.
Según publicó el digital 7días.com, el líder peledeísta dijo que si la sentencia es de aplicación retroactiva creará un problema con personas “que han tenido la impresión de ser dominicanos y en algún momento hasta tuvieron la documentación dominicana”.
Agregó que “lo que tiene que verse… es si tiene efecto retroactivo o solamente rige para el futuro. Si se interpreta simple y llanamente como para regir en el futuro, no hay discusión…”.
Un apartheid imposible. En la globalización actual no será posible que florezca un apartheid que de entrada pudiera afectar a 244 mil personas y en el futuro a toda su descendencia. Ellos no se irán y resistirán el despojo de la nacionalidad, prefiriendo “hasta la muerte” como dijo la joven petromacorisana Altagracia Yan en una rueda de prensa esta semana.
Resulta imposible imaginar a decenas de miles de personas sin poder acceder a una identidad, a un empleo, ni a la seguridad social, sin derecho a casarse ni divorciarse, ni inscribirse en una escuela o universidad.
Las autoridades tendrían que pasar años notificando anulaciones de actas. Será impracticable también el inventario hasta 1929 buscando descendientes de inmigrantes indocumentados.
El dictamen del TC divide la sociedad dominicana, porque una proporción muy considerable, legitima el despojo, confundiendo los derechos adquiridos de los nacidos en el país con la creciente inmigración de haitianos, promovida por intereses empresariales y del mismo Estado que se garantizan un excedente de mano de obra, lo que abarata el costo del trabajo.
Cuando la Junta Central Electoral (JCE) contrató en el 2005 para automatizar todo el registro civil, se pudo comprobar que el 22 por ciento de los folios estaban deteriorados y otro porcentaje desaparecido.
Hasta 1993 se obtenía la cédula de identidad sin acta de nacimiento y el 25 por ciento de los que han dado sus datos biométricos carecían del acta, sostiene una fuente del organismo.
El presidente Medina. Se creyó que el TC tenía la llave para poner fin al genocidio civil iniciado en el 2007 por la JCE pero su dictamen avalándolo y multiplicándolo, obligará a la búsqueda de una “solución pragmática”, como la propuesta a principio de año por el doctor José Angel Aquino, titular del organismo estatal, quien llegó a presentar un proyecto de ley para reconocer la nacionalidad a unos 22 mil afectados por la resolución de la JCE a partir de 1982. Tres de los cinco miembros de la JCE lo rechazaron.
En las actuales circunstancias el presidente Danilo Medina sería el más indicado para tomar la iniciativa legislativa, tanto para evitar el apartheid como para economizar descrédito internacional, que en el exterior no podrá ser desvinculado de su gobierno. Más aún cuando su director de Migración, José Ricardo Taveras, ha llegado al extremo de alentar públicamente manifestaciones antihaitianas.
El mandatario podría motivar su proyecto aún en razones humanitarias, como borrón y cuenta nueva, reivindicando el artículo 18, numeral 2 de la Constitución que dice que “son dominicanos y dominicanas quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”. Haría justicia y ganaría reconocimiento, ya que esos ciudadanos no se adjudicaron un derecho, sino que les fue reconocido por el Estado cuando los inscribieron como dominicanos. Y tendría mayor legitimidad para hacer centrar la acción del Estado en limitar la inmigración actual en vez de andar mirando hacia atrás.