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PC: un cuarto de siglo después

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

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Hace ya 25 años que un grupo de profesionales sin militancia partidista, mujeres y hombres, iniciamos un proceso de reflexión sobre las miserias institucionales, políticas, sociales y económicas del país, convencidos de que nuestras responsabilidades iban más allá de la satisfacción de necesidades, lo que ya nos habíamos garantizado por el trabajo.

Primero fueron reflexiones derivadas de la experiencia que nos dejó la participación en una comisión de verificación de los resultados de las elecciones generales de 1990, manchadas por el abuso del poder, fraudes y manipulaciones que caracterizaron los procesos electorales en los que Joaquín Balaguer se impuso como presidente. No se pudieron reunir las pruebas tangibles del fraude, aunque los indicios saltaban por doquier y con abstención del 40%. Balaguer “ganó” con 35% del sufragio, equivalente al 20% del padrón electoral. Juan Bosch recibió 34%, J. F Peña Gómez 23 y Jacobo Majluta el 7%.

Las reflexiones se fueron transformando en consultas a grupos capitalinos y de Santiago, luego en encuentros en los que se discutieron las reformas fundamentales que requería la sociedad dominicana, especialmente para borrar el pasado de imposiciones caudillistas, y culminarían casi dos años después en la creación del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), impulsado por unas doscientas personas vinculadas a entidades académicas y organizaciones sociales. .

Los pesimistas y los manipuladores no le daban ni un año de existencia y apostaban a que sería un partido político para buscar posiciones en el Estado. PC inició el 31 de octubre su vigésimo cuarto año de existencia sin tregua, sin haber pasado ninguna crisis institucional y sin haber quebrado su naturaleza apartidista y pluralista.

La supervivencia y éxito de PC, con amplio reconocimiento nacional e internacional, se deben en primer lugar a la coherencia con las prácticas democráticas, con operatividad de sus organismos y estatutos, y en segundo lugar a la honestidad, dedicación e integridad de sus dirigentes y militantes que han ofrendado su tiempo en aras de la institucionalidad democrática, de la educación para la ciudadanía, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y de la concertación social y política.

Aunque la maledicencia de los objetores ha pretendido que los dirigentes del movimiento cívico recibimos paga de organismos internacionales, es lo contrario, pues siempre hemos pagado cuotas mensuales y aportes coyunturales, y dispuesto de nuestros automóviles, sin reclamar combustibles ni dietas en los viajes por todo el país. Sólo un limitado personal técnico y administrativo es remunerado, y estatutariamente no forma parte de los organismos decisivos, integrados sólo por voluntarios.

PC ha desarrollado decenas de proyectos educativos, de investigaciones, participativos, de publicaciones, servicios como sus 9 Casas Comunitarias de Justicia, o su docena de observaciones electorales, incluidos conteos rápidos de asombrosa rigurosidad técnica y acierto, que involucraron a más de 60 mil ciudadanos, mayoritariamente jóvenes.

El movimiento cívico no fue concebido para convertirse en una organización de masas, y desde el principio se autodefinió como un órgano de presión, concertación y vinculación con los poderes públicos y políticos, y la sociedad civil para promover la institucionalidad democrática y la participación social.

PC ha recibido mucho apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, de la Unión Europea, Banco Mundial, BID, OEA, Instituto Nacional Demócrata de EU, del gobierno de Canadá, del Reino Unido, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su CAPEL. Ha sostenido acuerdos con organismos y comisiones estatales, como el Congreso, la Suprema Corte, Procuraduría y Contraloría, JCE, Cámara de Cuentas, ayuntamientos, y con los partidos políticos. Sus auditorías e informes están en la internet.
Reconocimiento a sus fundadores, a sus dirigentes y técnicos, a sus colaboradores y voluntarios que siguen soñando mientras caminan, con la convicción de que es posible una mejor nación dominicana.

A Goyito García Castro lo matan por combatir crímenes políticos

by Juan Bolívar Diaz Santana | 4 Comments

Por Juan Bolívar Díaz
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Los represores del régimen balaguerista supieron muy pronto que fui yo quien entrevistó a Toribio Peña Jáquez, tras el desembarco del grupo de Francisco Caamaño en 1973, por lo que me persiguieron en esos días, y Goyito García Castro no pudo oponerse a la publicación, como se ha escrito, pues se enteró cuando ya estaba en prensa.

Cuando lo mataron, García Castro llevaba más de tres años denunciando los desmanes y crímenes de la banda terrorista auspiciada por el sector más duro del balaguerismo militar policíaco y terminó siendo víctima de la lucha de poderes entre los grupos que encabezaban los generales Enrique Pérez y Pérez y Neit Nivar Seijas.

Un persistente equívoco. Al evocar al brillante periodista Gregorio García Castro (Goyito), en el 43 aniversario de su asesinato, el colega Chichí de Jesús Reyes (HOY del lunes 28 de marzo) incurre en el persistente error de vincular ese vil crimen con la publicación de la entrevista que hice a Toribio Peña Jáquez, miembro del núcleo guerrillero encabezado por la figura histórica de Francisco Caamaño Deñó, que desembarcó por Playa Caracoles, Ocoa, al comenzar febrero de ese año para combatir la cuasi dictadura de Joaquín Balaguer.

Peña Jáquez contaría cómo quedó extraviado en la oscuridad del desembarco y optó por venir a Santo Domingo, donde halló protección. A través de él los líderes de la izquierda y del Partido Revolucionario Dominicano supieron de la imprevista llegada al país del heroico Caamaño y sus ocho valientes compañeros para lo que en dos semanas concluiría en una inmolación, excepto Hamlet Hermann y Claudio Caamaño, que lograron sobrevivir hasta su reciente muerte este año.

Al día siguiente ya el aparato represivo del Gobierno sabía que uno de los guerrilleros había llegado a la capital, creyéndose erróneamente que Caamaño lo había enviado para procurar respaldo, por lo que arrancó una intensa búsqueda, con allanamientos y encarcelamiento de opositores, aunque no tuvieran vínculos ni compromisos con el líder de la revolución constitucionalista. Hasta Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, que no tenían compromiso con el foco guerrillero, tuvieron que ocultarse para no ser encarcelados.

Entrevista casi suicida. Como reportero investigador que trabajaba en Ultima Hora y que tenía amplias relaciones con la oposición al régimen, emprendí también la búsqueda de Toribio para entrevistarlo, lo que vino a ocurrir diez días después de sellada la suerte de la insurrección con el asesinato de Caamaño, tras ser capturado herido el 16 de febrero. Solo el director del periódico, Virgilio Alcántara, y Aníbal de Castro, entonces asistente de Goyito en la jefatura de redacción, fueron enterados del proyecto. Se preocuparon por mi seguridad, pero compartieron su valor periodístico, más aún cuando todavía hasta Bosch discutía en público si era cierta la presencia de Caamaño o si lo habían traído ya muerto.

Fue la entrevista más difícil, casi suicida, de mi vida profesional. Y no la hubiese realizado de haber sabido con anticipación que se haría dentro un automóvil dando vueltas por una ciudad militarizada con miles de soldados y policías buscando al entrevistado. Me citaron para recogerme en la calle Wenceslao Alvarez. Raúl Pérez Peña al volante de su Lada me invitó a ocupar el otro asiento delantero y noté que en el trasero iban dos hombres.

Creía que nos dirigíamos al refugio del guerrillero hasta que el Bacho Pérez me dijo que empezara la entrevista pues quien iba detrás de mí era Peña Jáquez. Al voltearme reconocí al técnico que arreglaba los teletipos cuando comencé como director de Prensa de Radio HIN en 1968. Grabamos durante más de una hora, cruzándonos varias veces con patrullas militares y policiales en vehículos artillados con ametralladoras. Luego sabría que Peña Jáquez y su acompañante del asiento trasero portaban armas y granadas.

Moisés Pellerano opuesto. Con Alcántara y De Castro analizamos el rico material periodístico. Despejaba todas las dudas sobre la incursión de Caamaño, con lujo de detalles sobre la travesía, el desafortunado desembarco y los planes guerrilleros. Toribio, a quien el genio titulador de Goyito bautizaría como “el guerrillero sin montaña”, sostuvo que el cadáver mostrado a la prensa no era de Francis Caamaño, dejando alguna confusión. Por elemental discreción no informamos a nadie más, ni siquiera a Goyito, pese a ser el jefe de la Redacción. Decidimos no involucrarlo precisamente porque ya arrastraba múltiples amenazas y tensiones a causa de sus opiniones en su columna En un Tris y en su programa diario televisivo.

De manera que García Castro no tuvo oportunidad de oponerse a la publicación, de la entrevista, como se ha dicho. Y los tres sabíamos que él hubiese sido el más decidido partidario de realizarla. Aunque es cierto que él dijo en la redacción que seguramente se la atribuirían. Quien se opuso fue el presidente de la editora, Moisés Pellerano, que solo accedió con la incierta versión de que el guerrillero había venido a la redacción.

El sábado 3 de marzo salió, sin firma, la extensa entrevista en varias páginas de Ultima Hora, incluyéndose fotografías del equipo del guerrillero sobre el piso de la redacción, en una de las mayores tiradas del periodismo nacional. Con el material ya en proceso fue que enteramos a Goyito y a otros compañeros y acordamos “hacernos invisibles” hasta el lunes para evadir cualquier represalia.

El gancho en que no caí. Tres días después ya los aparatos represivos sabían quién había hecho la entrevista, y alguien me lo advirtió. Me allanaron la casa dos veces en una semana, y para mediados de marzo, a la medianoche respondí una llamada telefónica de una fina mujer que quería hablar con mi madre, llamándola por su nombre familiar “doña Juanita”. Me extrañó que una amiga llamara a mamá a esa hora, lo que le informé a la interlocutora que me instaló amable conversación, hasta que le pregunté si le podía ayudar en algo. Como quien no quiere la cosa dijo que quería avisarle a Juanita que le había dejado un paquete en la galería. Ya entonces empecé a despertar y le pregunté cuál de las amigas era que hablaba. Una de las vecinas, dijo. Y cuando le requerí cuál de las vecinas, cortó la llamada.

Al llegar al periódico aquella mañana, al primero que conté la ocurrencia fue a Goyito, quien celebró que no cayera en “ese gancho mortal”. Yo vivía muy alerta desde que tres años antes, el 19 de marzo de 1970, en la misma casa, en la calle Trinitaria a una cuadra del Palacio Nacional, me desperté con la explosión de mi primer carrito. Casi me explota el alma la trágica noche del 28 de marzo, cuando tras el asesinato de Goyito concluimos en que lo llamaron invitándolo a ir hacia su carro estacionado en la Mercedes, donde lo acribillaron. Solo él quedaba en la redacción, donde yo lo había dejado junto a César Medina a las 8:00 cuando mi novia me fue a buscar para llevarme hasta casa, de donde no salía en las noches. Cuando me despedí Goyito me dijo “cuídate que te están velando”.

A las 8.30 Goyito no se iba todavía. Dejó su bolígrafo en el escritorio, el saco sobre el respaldo de su asiento, la redacción abierta, aunque el último en salir le ponía llave, y le dijo al policía que cuidaba el Listín Diario en la acera del frente, que le echara un ojo a la puerta pues regresaría de inmediato. He vivido hilvanando hipótesis sobre el gancho que movió a un periodista tan astuto.

Los méritos de Goyito. Goyito tenía suficientes méritos para ganarse la persecución de los duros del balaguerismo. No atendió las advertencias de muerte porque creía que pesaría su antigua amistad con Balaguer, a quien ayudó a fundar el Partido Reformista en Nueva York en 1964. Aunque él había buscado distancia política tras la salida de Ultima Hora en 1970, criticando los crímenes y la represión del régimen, en especial al grupo terrorista parapolicial La Banda, cuya paternidad se atribuyó al grupo militar que encabezaba el general Enrique Pérez y Pérez.

En sus últimos años Goyito militó en la defensa de los derechos de asesinados, perseguidos, presos o exiliados. Como mantuvo la amistad con el general Nivar Seijas, cabeza del otro grupo que se disputaba la hegemonía policíaco-militar del régimen, pudo haber sido víctima de esa lucha de poderes. Balaguer designaría precisamente a Nivar como jefe de la Policía para que investigara el asesinato de Goyito.

¡García Castro hizo “suficientes méritos” para generar animadversión, incluyendo la personalización del liderazgo de los grupos más radicales de la represión. Solo hay que revisar sus últimas seis columnas “En un Tris”, hasta la del día de su muerte, para encontrar más méritos que el de haber publicado un relato de un hecho que ya era historia y no entrañaba peligro, dos semanas después de muerto Caamaño y liquidado su proyecto.

Y dejo constancia de que Goyito fue un extraordinario periodista, sensible, solidario y valiente en la defensa de principios, un incansable trabajador, amable con todos. Disfrutábamos de su compañía. A mí me protegió siempre, aconsejándome y, a veces, quitando mi nombre de trabajos que creía peligrosos para mi seguridad.

No fue Balaguer quien se burló de Peña

by Juan Bolívar Diaz Santana | 6 Comments

Por Juan Bolívar Díaz

José francisco peña gómez
Una crónica periodística atribuyó a Monseñor Agripino Núñez Collado haber dicho, durante un homenaje que se le rindió en Santiago a fines de noviembre, que el presidente Joaquín Balaguer se burló de José Francisco Peña Gómez cuando buscando salida a la crisis derivada del fraude electoral de 1994 le propuso dividir el período de gobierno a dos años para cada uno, y que el líder perredeísta había aceptado. Me causó pena leer que el auditorio, que incluía al presidente Danilo Medina, rió de la anécdota.

Tal vez se esté citando erróneamente el testimonio del exrector de la Universidad Católica Madre y Maestra, quien sin duda fue un testigo excepcional de aquellas tensas negociaciones, porque aunque en verdad, el caudillo reformista intentó burlarse de su interlocutor con aquella absurda propuesta, no lo logró, ya que Peña la rechazó.

A las 5 de la madrugada del 10 de agosto de 1994, cuando me preparaba para enfrentarme a la teleaudiencia de Uno+Uno, por Teleantillas, recibí una llamada de Peña Gómez, que a esa hora quería hacerme una confidencia. Pasé por su casa apresuradamente para enterarme de la propuesta que le había formulado el caudillo reformista la noche anterior en la reunión que sostuvieron en la Biblioteca Nacional. Tuve la impresión de que más que por informarme, él buscaba escuchar mi opinión, como periodista y a la vez dirigente de Participación Ciudadana, que defendíamos la institucionalidad democrática.

Tras escuchar la propuesta de que Balaguer gobernaría los primeros dos años y Peña la mitad siguiente del período, le pregunté cuál había sido su respuesta y respondió que pidió tiempo para pensarlo y concertaron una nueva reunión a las 11 de esa mañana donde él respondería. Contó que había discutido la propuesta hasta entrada esa madrugada con los dirigentes de su partido y aliados, y estaban divididos. Él amaneció ponderándolo.

Como pidió mi opinión, con la franqueza que me caracteriza, comencé preguntándole a quién creía él que la Asamblea Nacional investiría presidente, para decirle que ese era el “dardo de los partos” de Balaguer, que era un absurdo tan carente de base institucional que nadie defendería, que los Vincho y otros balagueristas lo objetarían ante la Suprema Corte y que sería declarado inconstitucional, dejándolo en ridículo.

Gracias a la oposición radical de su asesor, el historiador Hugo Tolentino, y de Fafa Taveras, y a las reservas expresadas por Hatuey de Camps, según pude constatar luego, Peña Gómez rechazó la burla de Balaguer cuando volvieron a reunirse esa mañana. Acordaron en cambio una reforma constitucional para convocar nuevas elecciones en 18 meses, prohibir la reelección consecutiva, establecer el Consejo Nacional de la Magistratura y la doble nacionalidad, todo lo cual anunciaron en un acto a las 5 de la tarde en el Palacio Nacional, con respaldo del Partido de la Liberación Dominicana, a través de un discurso allí mismo de su secretario general Lidio Cadet.

Quienes sí se burlaron de Peña Gómez fueron los que a las 9 de la noche del mismo día lo pusieron a firmar un “Pacto por la Democracia”, que incluía varias cláusulas no contempladas en el acuerdo de la tarde, como el establecimiento del 50 por ciento de los votos para ser presidente y los colegios electorales cerrados.

En mi libro “Trauma Electoral”, con doble edición en 1996, recojo todos los detalles de aquellas negociaciones. Incluyendo que Peña Gómez no quería ir al acto nocturno del Palacio pero Agripino le rogó que asistiera, y que cuando advirtió las diferencias con lo pactado con Balaguer, le dijeron que ese texto estaba escrito antes del acuerdo y que sería enmendado. Con 40 horas sin dormir, allí sí que Peña Gómez se dejó burlar. Y luego en la reforma constitucional, cuando en vez de 18 meses los peledeístas le regalaron 24 al rey de las farsas electorales para ellos ganar méritos y tiempo con miras al poder que lograrían en 1996, partiendo del 12 por ciento que obtuvieron en 1994.

Cuando a las 6 de la tarde de parte de Monseñor Núñez invitaron a Participación Ciudadana a asistir a la firma del pacto a las 9 de la noche en el Palacio, a unanimidad decidimos que no nos prestaríamos a esa burla, ya que conocíamos el texto que alteraba el acuerdo anunciado por radio y televisión a las 5 de la tarde.

Este país necesita renovación

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Son muchos los que no han entendido mi renuncia a la dirección de Informaciones de Teleantillas, y no han faltado quienes piensen que estoy muy enfermo, que le estoy huyendo a la persistente campaña de estigmatización y odio de los últimos tiempos o que ha sido una fórmula elegante de evadir un despido. Nada de eso es cierto.

Desde que cumplí un cuarto de siglo en ese cargo, hace tres años, presenté mi renuncia, fundamentada en que yo necesitaba emprender nuevos proyectos que me renovaran, que incluyen unas memorias de ya casi medio siglo de ejercicio periodístico. Y al mismo tiempo expresaba mi convicción de que a la empresa misma le convenía una renovación, pues sentía que yo estaba cayendo víctima de la rutina, la terrible pátina del tiempo.

No puedo ocultar que también me mueve la necesidad de reducir mis horas de compromiso laboral, después de 56 años de trabajo, la mitad de ellos en Teleantillas, porque tengo derecho a viajar un poco más por el mundo, lo que ha sido mi único lujo, antes de que se me acabe de hacer tarde.

También me ha movido la convicción de que todos estamos llamados a abrir espacio a otros, a no pretender eternizarnos en un cargo. El hecho de que no ha habido garantía de una pensión digna para la inmensa mayoría de los trabajadores, públicos y privados, ha contribuido a la generalización del criterio de que hay que trabajar hasta la muerte.

La cuestión es más complicada cuando se trata del liderazgo, de cargos y posiciones que dan distinción o poder económico o social. Ahí, generalmente, hay garantías de recursos para solventar los gastos de la vejez. Pero no queremos desprendernos de las posiciones, no damos paso a las nuevas generaciones, nos hacemos los eternos e imprescindibles. De eso no se libra el liderazgo político, el sindical, religioso, empresarial, deportivo o social. Baste observar el liderazgo sindical, o cómo nuestras mayores glorias del béisbol -Juan Marichal, Pedro Martínez, Sammy Sosa o Manny Ramírez- a diferencia de Mariano Rivera o Derek Jeter, no se retiraron, hasta que nadie quiso contratarlos.

Hace pocas semanas cuando le pregunté por televisión a Hipólito Mejía por qué persistía en buscar una nueva candidatura presidencial, con tan alta tasa de rechazo en las encuestas, tras haber sido presidente hace 15 años, y perder dos elecciones consecutivas. Su respuesta fue que Balaguer y Bosch se postularon hasta la muerte. Le dije que también Santana, Báez, Lilís, Horacio Vásquez y Trujillo, y que Leonel iba por el mismo camino. Ya en otra ocasión el mismo personaje me había dicho que yo también me mantenía indefinidamente en un cargo. Le di la razón, aunque le advertí que ya lo estaba dejando.

Aquí se ha hecho un principio fundamental el predicamento de que el poder no se cede, y hay quienes lo profesan como mandato constitucional. Peor aún, está arraigado en la cultura del dominicano, aún de los que nunca han tenido poder alguno, que cultivan el presidencialismo, del que reciben migajas clientelares. Los liderazgos insustituibles son fruto del atraso social, del analfabetismo integral que afecta a la mitad de la población, de la hipoteca de la dignidad y la autoestima.

Busquemos por todo el mundo a ver si encontramos otro Leonel que con tres períodos de gobierno anda sin rumbo buscando un cuarto. O si aparece un Hipólito pretendiendo una tercera postulación tras dos fracasos consecutivos.

Este país necesita urgentemente una renovación de su liderazgo. Yo empecé a dar el ejemplo, y espero no detenerme. Ya lo he advertido, tampoco envejeceré ante las cámaras de televisión. Confío en que otros me relevarán hasta con mayor éxito. Como nos legó Machado: “Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar”.

 

El empinado camino de la concertación

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
TEMA DE HOY

Crece en el país la convicción sobre la necesidad de concertación para constituir un amplio frente que detenga el proceso de monopolización del poder, por lo menos con una nueva composición del Congreso Nacional sino puede producir una alternabilidad a los últimos tres períodos de gobierno, llamados a prolongarse por siete más.

Guillermo Moreno acaba de proponer una mesa de concertación sobre bases bastante parecidas a la plataforma de la Convergencia por un Mejor País, por lo que nadie entiende las razones por las que no se materializa, a no ser el predominio de la vocación individualista prevaleciente en los sectores progresistas y de izquierda.

El diálogo de Guillermo. El jurista Guillermo Moreno, líder del partido Alianza País, y una de las reservas éticas de la política nacional, acaba de proponer una “mesa de diálogo y concertación política” para dar fundamento programático a la concertación o convergencia planteada por otros para cambiar el curso político, económico y social del país. Comparte el criterio de que por el monopolio del poder prevaleciente, “ningún sector político, por sí solo, puede desplazar el partido gobernante y su proyecto de perpetuación en el poder”, que el presidente del PLD, Leonel Fernández ha proyectado por lo menos hasta el 2044.

Moreno sostiene que “Al partido gobernante nadie le podrá derrotar en el terreno del clientelismo y de las prácticas políticas tradicionales. No se le va a derrotar por el número de siglas que se sumen en acuerdos de cúpulas o por proclamas o programas formales de los que luego nadie se acuerda y mucho menos respetan”.

La condición esencial para participar en el diálogo que propicia “es que haya identidad en la necesidad de un cambio político para producir un cambio de rumbo”. Precisa que la mesa “tiene que avanzar para producir a la brevedad posible un acuerdo de mínimos que vaya construyendo puentes de conexión e identidad con y desde la ciudadanía”. Que se debe concertar la ampliación de los derechos a una educación de calidad, a la salud, la seguridad social, el trabajo decente, el salario justo, el transporte seguro, a la vivienda y la alimentación.

Guillermo Moreno deja bien claro que la concertación no puede ser “para un desplazamiento puro y simple del partido gobernante, sin asumir expresamente el cambio de modelo y comprometerse a hacer las reformas y transformaciones que le den un nuevo rumbo al país”.

Ni tanto ni tan poco. Cualquier concertación que aspire a capitalizar el descontento político de amplio espectro tendría que partir de una base de reformas que contenga el deterioro económico, político y social, que reivindique la institucionalidad democrática y se comprometa muy concretamente a desmontar la parcelación y reparto del Estado, el clientelismo, la corrupción y la impunidad, y plantee el imperio de la ley.

No puede ser una lista de propósitos generales, sino una enunciación programática que, por ejemplo, implique el compromiso de todos sus candidatos a eliminar los barrilitos, cofrecitos, nominillas, sueldos y pensiones privilegiadas que llegan a implicar hasta dos cientas veces el salario mínimo estatal, limitación de los vicecónsules, embajadores y altos cargos y organismos gubernamentales parasitarios.

Sin pretender una revolución socialista ni un proyecto autoritario al estilo venezolano, la Concertación o Convergencia debe programar la reducción de la pobreza y una mejor distribución del ingreso al estilo brasileño, refundar la República en el cumplimiento de la Constitución y las leyes y en el fortalecimiento de las instituciones, como el Poder Legislativo, con reformas que reencausen los partidos políticos y desmonten la manipulación de los órganos judiciales, el ministerio público y los organismos de control.

No pueden ser unas cuantas páginas apresuradamente hilvanadas, pero tampoco un ampuloso programa que distraiga la oposición mientras los aspirantes a la continuidad saturan la ciudadanía de propaganda, con un aparato mediático que genera fatalismo y resignación. El concierto no puede ser determinado por una sola fuerza, por más masas que aporte, pero tampoco se puede ignorar la realidad de la diversidad.

Liderazgo y candidatos. Lo primero que requiere todo proceso de concertación es de líderes en capacidad de dirigirlo, sobreponiendo los intereses personales y grupales para armonizar el conjunto y generar una sinergia que cree nuevas ilusiones más allá del entorno partidario en amplios segmentos sociales insatisfechos, abstencionistas o resignados ante el deterioro de la política partidista y del ejercicio gubernamental.

La Convergencia podría contar con múltiples aspirantes a candidaturas en todos los niveles, pero para escogerlas es fundamental un liderazgo con autoridad moral y en disposición a dar ejemplo de renunciamiento. El antecedente a tener en cuenta sería el del frente que venció a Balaguer en 1978, bajo el liderazgo de Francisco Peña Gómez. El poder del peledeísmo en el poder es tan apabullante como el que encarnaba Balaguer en su período gubernamental 1966-78, que el PRD solo no hubiese podido relevarlo.

Sólo después de pasar por un diálogo como el propuesto por Moreno, convocando a todas las fuerzas políticas y sectores interesados, con bases programáticas para el cambio de rumbo, deberían discutirse candidaturas de Convergencia. Para politólogos como Rosario Espinal la escogencia de la candidatura presidencial no puede implicar una larga campaña ni luchas que frustrarían la concertación y generarían incertidumbres y desconfianzas.

Algunos favorecen una consulta popular con el padrón de electores, exceptuando a los militantes de los partidos del frente gobernante. Hay quienes plantean una “encuesta jumbo científica” primero con todos los aspirantes y si nadie logra más del 50 por ciento, una segunda rápido con los dos preferidos. Los 32 candidatos a senadores deberían escogerse por consenso del liderazgo del frente opositor, incluyendo a representantes de cada partido y a personas relevantes de los diversos ámbitos sociales, mientras para diputados y cargos municipales debería imperar la votación democrática de las jurisdicciones, guardando la cuota propuesta del 25 por ciento para representación de las minorías.

Fraguar esa concertación no luce fácil. El desafío es fuerte para los que quieren una opción alternativa, favorecida en los más diversos sectores nacionales, unos por cansancio de la gestión peledeísta de tres períodos consecutivos y cuatro de los últimos cinco, y otros por temor al regreso del doctor Leonel Fernández, por el poder que concentra, por el desastre fiscal y la corrupción en que dejó el país y las dudas de que pueda gobernar sin repetirlos.-

 Bastantes coincidencias

Tras esos planteamientos se debe asumir una respuesta pública de los sectores que promueven la Convergencia por un Mejor País, dada la coincidencia con la agenda programática que ésta proclamó en su asamblea del 6 de julio, cuando llamó a concertar un cambio político “que no sólo desplace la corporación PLD del poder en el 2016, sino que produzca una transformación profunda del modelo económico, del sistema político y de la sociedad dominicana”.

No sobran las advertencias de ambas partes, puesto que el pragmatismo político que se ha apoderado del sistema partidista lleva a muchos a una simple disputa por alcanzar el poder para reproducir, como ha ocurrido tantas veces en el pasado reciente, los modelos excluyentes, conservadores, corruptores y personalistas que han marcado la historia nacional desde la fundación de la República.

La plataforma de la Convergencia fue proclamada por ocho agrupaciones políticas, una de las cuales, el Frente Amplio, ya es la conjunción de otras tantas de la izquierda que se conformó para las elecciones del 2012. Entre los convergentes está el Parido Revolucionario Mayoritario (PRM), constituido por los principales líderes y dirigentes nacionales del dividido Partido Revolucionario Dominicano, lo que aportaría perspectivas de masas a un frente opositor, pero también podría transportar la vocación divisionista y los vicios del viejo sistema de partidos que muchos quieren desplazar.

Con el agravante de que los agrupamientos de la izquierda y personalidades progresistas no han sido inmunes a las prácticas seudo democráticas, los individualismos y la renuencia al concierto, como se ha demostrado en los intentos de concertación para las dos anteriores elecciones presidenciales. Para la última, Alianza País que postulaba a Guillermo Moreno, el Frente Amplio, con Julián Serulle, Alianza Por la Democracia, que llevó a Max Puig, Dominicanos por el Cambio, postulando a Eduardo Estrella, y el Partido Democrático Independiente, con Ismael Reyes, pasaron más de un año barajando una concertación que al final fracasó. Sólo Moreno pasó del 1 por ciento en la votación del 2012, con 62 mil 290 votos, 1.37 por ciento.

 

El PRSC no ha podido vivir fuera del gobierno

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
escudo prsc

El anuncio del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) de que se desliga de la alianza con el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para tratar de recuperar el poder en las elecciones generales del 2016 agarró desapercibida a la opinión pública nacional.

Pero al mantenerse como funcionarios ejecutivos de una decena de organismos estatales, con miles de empleos, botellas y canonjías, generan escepticismo y burlas, porque ya anunciaron lo mismo antes de los últimos comicios. Al parecer quienes gobernaron 22 años, 1966-78 y 1986-96, no pueden vivir fuera del presupuesto nacional.

Un anuncio sorpresivo. La segunda mitad del año comenzó con un anuncio que cogió fuera de base a la opinión pública. El 1 de julio la máxima dirección del PRSC, encabezada por su presidente Federico (Quique) Antún, gerente general del estatal Banco Nacional de la Vivienda (BNV), anunciaba que esa organización trillará su propio camino, con candidaturas propias en las elecciones generales del 2016.

Antún dio lectura a la “Declaración de Restauración de la Independencia Política del Partido Reformista Social Cristiano” contentiva de interesantes propósitos políticos y una convocatoria a los diversos sectores nacionales a cerrar filas en un proyecto sustentado en las enseñanzas de los gobiernos de Joaquín Balaguer para presentar “candidaturas propias y viables” en el 2016.

“Proclamamos nuestra decisión de corregir los errores del pasado y asumir con humildad el indeclinable compromiso de construir un partido renovado para un nuevo comienzo de cambios y transformaciones de la República Dominicana”, indica el documento, fruto de una reunión del Directorio Presidencial del PRSC celebrada el 21 de junio en San José de las Matas.

Se quedan en el gobierno. La decisión fue recibida con escepticismo y hasta burlas en la opinión pública, porque pretende el rescate de un partido desarticulado, sin organismos operativos, ni en la base ni en la superestructura y manteniendo sus altos dirigentes en cargos del gobierno del partido del que pretenden distanciarse. Y también porque en coyunturas anteriores el mismo propósito ha quedado en el papel.

Al respecto en uno de sus últimos párrafos la “Declaración de restauración de la independencia política” dice que “Conscientes de que Joaquín Balaguer visualizaba el Estado y el Gobierno como expresión inclusiva de todos los ciudadanos y que el servicio público no es ámbito exclusivo de un sector partidario, entendemos el que algunos compatriotas ofrezcan su concurso en posiciones de gobierno. Sin embargo, eso en nada compromete nuestra independencia ni el compromiso ineludible de volver a gobernar el país”.

Reformistas como el exgobernador del Banco Central Guillermo Caram, recibieron el anuncio con optimismo y comprensión de que no se rompa con el gobierno del presidente Medina, aunque abandonen la alianza con el PLD, pero advirtiendo que “esto es una cuestión de honor”, aludiendo al compromiso contraído en el Congreso Joaquín Balaguer (noviembre 2010-febrero 2011), que acordó llevar candidaturas propias para el 2012, lo que luego fue evadido por la dirección encarnada en el ingeniero Carlos Morales Troncoso, canciller de la República desde el 2004.

Antún bajo cuestionamiento. La directiva del PRSC no sólo tiene a Antún como funcionario gubernamental, sino también al primer vicepresidente Luis Bogaert y al secretario de Organización Miguel Bogaert, familiares políticos de Morales Troncoso y funcionarios de la Cancillería. La segunda vicepresidencia es de la embajadora Rafaela Alburquerque y el secretario de Asuntos Internacionales Marino Berigüete es embajador en Paraguay.

Quique Antún, en períodos anteriores contratista del Estado, tiene la gerencia del BNV desde el 2010, período en el que se acentuaron las pérdidas que ya venía registrando en las anteriores administraciones, también de políticos, de Joaquín Gerónimo y Leonardo Matos Berrido. El Banco está ahora intervenido por la Superintendencia de Bancos. Se le pretende transformar en Banco de Exportaciones. Antún dijo que había presentado su renuncia, pero el Presidente le pidió completar la transformación.

Entre tanto, Humberto Salazar circuló documentos reveladores de que a fines del año pasado 54 altos funcionarios del BNV recibieron fondos de pensiones por un total de 180 millones 238 mil 496 pesos, provenientes de un remanente de 106 millones de pesos que había quedado del viejo plan de pensiones disuelto en el 2002 por la Ley de Seguridad Social, después que se devolvieron sus aportes a los empleados, a los que se sumaron “préstamos no reembolsables” del BNV por 58 millones de pesos. De esa manera se cerraba un nuevo “Plan Complementario de Pensiones” creado en la gestión de Antún, pero que hubo que disolver el año pasado cuando el gobierno prohibió esas prácticas a raíz del escándalo por las pensiones que se dieron en la Superintendencia de Bancos. Los beneficiarios de este último cotizaron por menos de 3 años.

Antún aceptó que recibió 12.3 millones de pesos como pensión, cuando tenía 3 años en el banco y aunque sigue de gerente. Otros funcionarios reformistas como el contralor Frank Nicolás y el subgerente José Román recibieron 6.3 y 10.6 millones de pesos. El subgerente general Administrativo y de Finanzas Roberto Payano fue el más beneficiado, con 13.1 millones de pesos.

Una alianza bien cara. Las dificultades para que el PRSC recupere su independencia del PLD están determinadas por los amplios beneficios que derivan de su alianza, bien cara para el presupuesto nacional, ya que implica cientos de altos cargos y millares de puestos para sus partidarios, familiares y asociados.

Además del BNV, los reformistas controlan el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se estima en 800 los empleados por la gestión de Morales, la inoperante Liga Municipal Dominicana, donde también hay cientos de empleados de la actual gestión de Johnny Jones y la anterior de Amable Aristy Castro. También el Instituto Postal Dominicano, ProIndustria, la Comisión Aeroportuaria y la Comisión para Reforma del Sector Salud, además del Consejo Nacional de Drogas y el Consejo de la Generadora Hidroeléctrica. Reformistas son los embajadores en Taiwán, Paraguay, Honduras y Nicaragua, además de varios adscritos a la Cancillería.

La destacada dirigente reformista Licelotte Marte de Barrios fue electa para presidir la Cámara de Cuentas de la República y Zoila Martínez como Defensora del Pueblo. Otros, como César Féliz y Féliz y Víctor Gómez Bergés fueron designados en la Junta Central Electoral y la Suprema Corte de Justicia.

Tras la muerte de Balaguer, quien nunca se preocupó por institucionalizar su partido para que le sobreviviera, los reformistas han sido funcionarios de los gobiernos de Hipólito Mejía y de Leonel Fernández. Ya en 1996 se aliaron al PLD para la segunda vuelta. El PRSC se alió al PRD para los comicios legislativos y municipales del 2006, gracias a lo cual consiguieron 4 senadores, 22 diputados y 28 sindicaturas. Cambiaron para el PLD en el 2010, excepto en la provincia Altagracia, donde Aristy Castro reafirmó su predominio, con resultados más modestos.

En el 2012 se aliaron desde la primera vuelta con el PLD, aportando el 5.8 por ciento de los votos. En el 2004 y 2008 llevaron candidatura presidencial propia y quedaron por debajo del 5 por ciento. Al igual que los dos partidos mayoritarios, el PRSC recibirá este año como subsidio estatal unos 220 millones de pesos, 0.25 por ciento de los ingresos fiscales, Para el año de las elecciones serán 0.50 por ciento, más de 500 millones de pesos.

“Chantaje al gobierno”

Quien reaccionó con hostilidad fue Humberto Salazar, dirigente reformista que para los comicios del 2012 fue de los más firmes partidarios de la alianza PRSC-PLD, quien califica el anuncio de ahora como un “intento de chantaje al Gobierno”, asegurando que no renunciará a sus puestos ninguno de los altos dirigentes reformistas. Lo dice por la experiencia de la anterior elección, cuando él presentó una carta de renuncia condicionada a que lo hicieran todos.

En realidad, el doctor Salazar, quien lleva años como coordinador de la Comisión Presidencial para la Reforma del Sector Salud, ya no cree que el PRSC pueda recuperarse, porque sus organismos son hace tiempo infuncionales y su dirección no se renueva desde 1993: “El PRSC murió con Balaguer en el 2002”.

Como en los otros dos partidos dominantes, los organismos del PRSC están hipertrofiados: El Directorio Central Ejecutivo con más de 2 mil, la Comisión Ejecutiva, 501, una Comisión Política de 201 y el Directorio Presidencial 50, con cuatro vacantes, según las cuentas de Salazar.

Quique Antún asumió la presidencia del partido en enero pasado fruto de una “plancha de consenso presentada a último momento por su antecesor, el canciller Morales Troncoso, a una asamblea nacional ordinaria, por lo que Amable Aristy y José Hazim declinaron, aunque juntos parecían dominar la asamblea. Entonces se dijo que Antún llegaba con la bendición del presidente Danilo Medina.

 

Han preferido el desorden para explotar inmigrantes

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Informe especial. La regularización de haitianos en RD. Por enésima vez el Gobierno inició esta semana un proyecto para regular la inmigración dispuesta hace décadas por leyes, decretos y acuerdos pero jamás ejecutada por la prevalencia de intereses empresariales y hasta de organismos estatales que han preferido el desorden para disponer a su antojo de una mano de obra incondicional.

El propósito expresado en la reunión del Consejo Nacional de Migración, presidido por el presidente Danilo Medina, comienza mal motivado fundamentalmente en el interés de despojar de la nacionalidad a 244 mil descendientes de extranjeros nacidos en el país, en vez de centrarse en 524 mil inmigrantes indocumentados.

Polémica motivación. Con algarabía, reunido en el Palacio Nacional, bajo la conducción del presidente Danilo Medina, el Consejo Nacional de Migración instituido en la Ley General de Migración 285-04, pareció cobrar vida por vez primera casi una década después y replantea un Plan Nacional de Regularización que en año y medio apenas ha formalizado a 210 inmigrantes.

El Gobierno tendría una oportunidad de revivir su consigna electoral de “hacer lo que nunca se ha hecho”, que en este caso sería aplicar una sentencia inconstitucional e inhumana que despojaría de la nacionalidad por lo menos a los 244 mil 151 descendientes de extranjeros, 209 mil 912 (86 por ciento) de ascendencia haitiana, que residen en el país, según estimó este año la Oficina Nacional de Estadística.

Hay quienes temen que el nuevo intento de regulación sea tan fallido como los anteriores al centrarse en la persecución de los descendientes de extranjeros nacidos y reconocidos como dominicanos durante ocho décadas en vez de poner su atención en los 524 mil 632 inmigrantes, de los cuales 458 mil 233 (87 por ciento), serían haitianos, según la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes de abril pasado.

Aunque parezca irónico el plan de regularización podría ser reenfocado cuando el asedio internacional por la barbaridad del genocidio civil, que este martes se traslada al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, obligue al Gobierno a rectificar o que lo disponga la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según lo que se informó al final de la reunión del Consejo de Migración, integrado por una docena de ministros y altos funcionarios, el Presidente mantiene una puerta abierta a la “solución humana” del problema, por lo que busca “una respuesta coherente y humanitaria”. Con esto puede relacionarse el encargo a la Junta Central Electoral para que en plazo de diez días informe del “impacto de la sentencia sobre los extranjeros inscritos en el sistema registral”. Debería informar también sobre la viabilidad de identificarlos entre millones de actas retroactivamente hasta 1929, y de ubicarlos para anularles registro y cédulas con 25 por ciento de los libros desaparecidos.

Plan de regularización. La reunión del martes decidió elaborar, en plazo de 60 días, el Plan de Regularización de Extranjeros, aunque en julio del año pasado la Dirección General de Migración sometió un proyecto a consideración del entonces presidente Leonel Fernández, tras haber comenzado por decisión administrativa, a registrar trabajadores inmigrantes en abril del 2012.

El proyecto de Migración, elaborado en virtud de la Ley de Migración del 2004, contiene 89 artículos, con una extensa y redundante presentación de 26 páginas. Parece que ahora tendrá que ser modificado, a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional que pone en primer plano la situación de los desnacionalizados.

En la primera página de su introducción el proyecto de Plan Nacional de Regularización indica que “concierne exclusivamente a extranjeros con estatus migratorio irregular que se encuentren en la República Dominicana, y su finalidad es la de crear un espacio de oportunidad de regularización a aquellos extranjeros que se acojan a sus condiciones, requisitos y procedimientos”.

La Ley de Migración fue objeto de un largo proceso de discusión durante una década, hasta su promulgación por el presidente Hipólito Mejía en vísperas de su salida del Gobierno en agosto del 2004. Pese a los reclamos, su Reglamento 631-11 vino a ser promulgado más de siete años después por el presidente Leonel Fernández el 19 de octubre del 2011.

Sólo 210 regularizados. Con prisa, en base al reglamento de la ley, Migración dio un plazo público a las empresas agropecuarias y de la construcción para que a partir de abril del 2012 se abstuvieran de emplear inmigrantes indocumentados y se acogieran a un plan de regularización. Pero desde el principio los términos fueron considerados impracticables por las organizaciones empresariales, especialmente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi).

Año y medio después, apenas 210 trabajadores agrícolas han recibido el carnet de regularización, según informe de la Dirección de Prensa de Migración publicado el 24 de octubre por el Diario Libre. Fuentes de la JAD indican que casi todos los regularizados son de una sola empresa, la bananera Plantaciones del Norte, de capital extranjero, que puede invertir una suma considerable para acogerse al reclamo y cumplir requisitos de los países de destino de sus exportaciones. Otros 500 estarían en proceso, estos de otra empresa también extranjera, que gestiona el Ingenio Barahona.

La JAD ha estimado que las condiciones económicas para la regularización son tan onerosas que no las pueden pagar los jornaleros haitianos y apenas una parte de las 258 empresas agroindustriales y 200 pecuarias, siendo imposible para unos 10 mil pequeños y medianos productores del sector que emplean entre 10 y 20 jornaleros haitianos, una alta proporción del total. Lo mismo ha sostenido la Acoprovi sobre sus miembros.

Un buen negocio. A mediados del 2012, como quedó impreso en nuestro análisis “Habrá que aterrizar el Reglamento de Migración”, se estimó que la regularización de cada jornalero haitiano costaría entre 20 y 30 mil pesos, es decir entre 500 y 750 dólares de entonces. Migración estableció una tarifa de 15 mil pesos, que luego reduciría a 12 hasta dejarlo ahora en 8,500 pesos, pagaderos en efectivo a ese organismo, sólo por emitir el carnet final. A los indocumentados en el país se les obligaba a volver a Haití para iniciar el proceso. Entre 5 y 15 mil pesos adicionales se irían en legalizar acta de nacimiento, obtener certificado médico, pasaporte y visa, traducción y legalización de documentos. El pasaporte haitiano costaba 80 dólares y la visa dominicana en teoría 90 dólares, pero los consulados en Haití cobraban hasta 200.

Un agravante total para las empresas es que el Plan de Regularización les obligaba a pagar una fianza por cada trabajador temporal contratado, que sería ejecutada si al final del contrato no entregaban el jornalero a Migración para su repatriación. Eso sólo sería posible si las empresas establecieran un campo de concentración vigilado en cada finca o construcción. Ya era demasiado con que pagaran el costo de carnetizar un inmigrante que en cualquier momento podría desaparecer.

Eso puede ser un buen negocio para la Dirección de Migración y los consulados dominicanos en Haití, pero absolutamente impracticable. Convertía el interés de regularizar en una maraña de requisitos y recaudaciones que por cierto no entrarían a la Tesorería Nacional, sino que quedaban como “recursos propios” del organismo, que de regulador pasaba a recaudador.

Preferirían el desorden. Son muchos los intentos de regularizar la inmigración haitiana a lo largo de un siglo. Desde los implementados por la tiranía de Trujillo, hasta la actual etapa democrática. Pero siempre parece prevalecer el “dejar hacer, dejar pasar” que ha creado tantas fortunas de funcionarios civiles y militares, de políticos y traficantes.

Fue el Consejo Estatal del Azúcar el que durante décadas contrató miles de haitianos para el corte y tiro de la caña, especialmente en los doce años de Balaguer, parte de los cuales se irían quedando en el país. Los gobiernos de Antonio Guzmán y Jorge Blanco siguieron los contratos. Por cierto que correspondió al doctor Milton Ray Guevara, secretario sin cartera de Guzmán y ahora presidente del Tribunal Constitucional, negociar con Duvalier una renovación del negocio de los braceros haitianos.

Mientras denunciaba la “invasión haitiana” el gobierno de Joaquín Balaguer reclutaba en Haití obreros para abrir las zanjas para la ampliación del acueducto de Santo Domingo en los años noventa, y el de Fernández para el metro y hasta para la remodelación del edificio de la Cancillería. Una vez se escuchó al ingeniero Diandino Peña decir que si querían terminar la ampliación de la Cancillería antes de una cumbre regional, tenía que utilizar haitianos. Lo mismo dijo luego sobre la conclusión del metro de Santo Domingo.

Las industrias privadas de la caña y el azúcar y de la construcción también se han nutrido históricamente de una mano de obra incondicional, incapacitada para reclamar y más barata que la nacional. Los dominicanos que se han ido hasta en yola para Puerto Rico dominan allí el mercado laboral de la construcción, que aquí han venido dejando en manos de los haitianos.

La convicción general es que tanto en el sector estatal como en el privado han preferido mantener el desorden migratorio, antes que pagar las consecuencias de la regularización. Ahora confunden pretendiendo que la inmigración ilegal se controlará despojando de la nacionalidad a los nacidos en el país hasta hace 80 años. Para agravar antes de solucionar el desorden.

Intentos de regularizar la inmigración

14 de abril de 1939
Ley de Migración No. 95.
12 de mayo de 1939
Reglamento 279 de la Ley de Migración.
22 de diciembre de 1966
En vigor el Acuerdo sobre Contratación de Obreros Temporales Haitianos entre RD y Haití.
28 de marzo de 1987
Decreto 152-87 Sobre Apertura de la Frontera Domínico-Haitiana.
15 de Octubre de 1990
Decreto 417-90 que dispone la “Regularización Migratoria de Jornaleros de Nacionalidad Haitiana.
13 de Junio de 1991
Decreto 233-91 dispone la repatriación de todos los trabajadores extranjeros menores de 16 años y mayores de 60 que trabajan en la caña de azúcar.
19 de Junio de 1998
En vigor el Memorandum de Entendimiento para Asuntos Migratorios. Gobiernos de RD y Haití.
23 de Febrero del 2000
Declaración Sobre Condiciones de Contratación de Trabajadores. Gobiernos de RD y Haití.
15 de Agosto del 2004
Ley General de Migración 285-04.
19 de Octubre del 2011
Reglamento 631-11 de la Ley General de Migración.

 

Traumas del alma dominicana

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Los estudiosos de la cultura y el comportamiento psicosocial deberían insistir en desentrañar más a fondo los traumas y atavismos que atan el alma de los dominicanos y que les impiden desplegar las energías necesarias para desarrollarse como nación y crear mejores condiciones de vida para todos. Porque hay carencias y actitudes que resultan inconcebibles y que se repiten a lo largo de nuestra historia.

Entre los mayores atavismos que deberá superar esta sociedad están la disposición a aceptar la imposición, la violencia, el autoritarismo, el despojo y hasta el crimen como sinónimo de autoridad, a pesar de todos los códigos  que hemos adoptado, y la propensión a un caudillo dominante que imponga el orden que no podemos lograr aunque aceptemos teóricamente los preceptos democráticos y los derechos inalienables.

A esa subordinación ante lo despótico y el autoritarismo más rampante ha contribuido uno de los orígenes religiosos más atrasados, que durante siglos despreció no solo las reformas, sino que ha persistido en una interpretación verticalista del cristianismo, que en teoría predica la democracia, pero la niega firme y persistentemente en sus propias estructuras.

La Iglesia Católica, a la que se adscribe la mayoría de los dominicanos, aunque muy circunstancial y superficialmente, cultiva y vende una cultura de subordinación, como si el Jesús de Galilea preferiría la autocracia y la imposición si viniese al mundo de hoy. Sus discípulos originales establecieron una iglesia verticalista porque en su época ni asomaban los conceptos democráticos y participativos, pese a que fue la doctrina de su maestro la que sentó las primeras bases.

La imposición de la cruz mediante la espada del conquistador tuvo su mayor expresión en esta isla, donde en cuatro o cinco décadas fue exterminada la población aborigen, pese a lo pacifista y resignada que fue. Una corriente “doctrinal” nos indujo a venerar la Virgen de las Mercedes dizque porque ella apareció en el “Santo Cerro” de La Vega, en defensa del codicioso y exterminador conquistador, al extremo de que “devolvía a los mismos indios”, las flechas que estos disparaban a los invasores en defensa de sus vidas y propiedades. Todavía nuestra Constitución establece el Día de las Mercedes como fiesta nacional inamovible.

La historia nacional es un solo rosario de caudillos, desplazados por breves períodos cuando las carencias culturales impuestas y sostenidas nos han impedido imponer el imperio de la Constitución, de las leyes y de los principios de convivencia. Entonces caemos en la garata y la algarabía, dando justificativos para que se siga predicando la necesidad de hombres fuertes que piensen y actúen por todos, sin la menor transparencia, mediante el engaño y la mentira, subordinando las instituciones y destruyendo las organizaciones para perpetuarse en el poder.

Por eso a las pocas semanas de fundada la República el padre de la patria tuvo que huir del país, donde jamás pudo vivir, y varios de sus compañeros fundadores fueron fusilados. Meses después Pedro Santana envió a San Cristóbal sus macheteros para imponer su reelección en la primera Constitución. Santana,  Báez y Lilís se impusieron durante la segunda mitad del siglo 19. Y el 20 fue de Horacio, de la intervención americana, de Trujillo, Balaguer y el 21 es ahora de Leonel, cuyo pronto retorno ya se perfila, aunque dejara desguañangada la economía nacional.

Por contraposición al caudillismo, es aleccionador que los dos mayores civilistas de la historia gubernamental dominicana, Ulises Francisco Espaillat y Juan Bosch, solo pudieran gobernar durante siete meses, uno en el siglo 19 y el otro en el 20.

Nuestros siete grandes caudillos, que han gobernado dos tercios de la historia de la República han sido grandes sembradores de infraestructuras, pero negadores de la educación, que es el ascensor que nos permitirá superar tan ignominiosos niveles de subordinación. Ojalá que el presidente Danilo Medina, quien no tiene facha caudillista, comprenda que con las arcas vacías que le dejó el caudillo de turno no podrá adscribirse a los sembradores de cemento y persista en la educación para ver si comienza la transformación del alma dominicana.

 

¿Cuáles cinturones apretarán?

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

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Todos deberíamos convenir con el presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en cuanto a que ha llegado la hora de apretarnos el cinturón, dada la magnitud que ha alcanzado el déficit fiscal del gobierno, impulsado por el desguañangue que tuvieron que realizar para conservar el poder en las elecciones de mayo pasado.

Ese desguañangue prosiguió en el período de transición por el desbordamiento del gasto y del reparto realizado por el presidente Leonel Fernández, que en su competencia por superar a Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer como gran constructor de obras físicas, abusó hasta del dinero de los hospitales públicos para dar la pintura final a todo lo que era posible, aunque a gran parte de las obras le faltaren terminación interior y equipos para ser operadas.

Es impresionante también la magnitud del crecimiento de las nóminas del Estado en los últimos 20 meses del gobierno de Fernández, no sólo por vía del empleo, sino también con 20 mil 313 pensiones, una parte de las cuales fueron repartidas selectivamente con niveles de 25 a 50 mil pesos, aunque el 80 por ciento de los pensionados del Estado sólo reciben 5 mil 100 pesos mensuales. Una gran inversión de Leonel Fernández para abonar su eterna ambición de poder y reinar tanto o más tiempo que Trujillo o Balaguer.

El licenciado Reinaldo Pared Pérez debería comenzar por detallar cuáles cinturones cree él que deben ser los primeros en ser apretados. Si los de esa masa del 80 por ciento de la población que tiene salarios por debajo de 20 mil pesos mensuales, que a duras penas cubren el costo de la canasta básica, o los de los privilegiados que derrochan ofendiendo a los más pobres.

Daría un gran ejemplo el dirigente político y legislativo si comienza por plantear la eliminación de los barrilitos y cofrecitos de senadores y diputados para reducir su costo individual de 23.8 millones de pesos por año. Sólo con la eliminación del Fondo para asistencia social de los senadores (que no corresponde a la función legislativa) se ahorrarían 229 millones de pesos anuales, y si le suman los cofrecitos de los diputados y sus asignaciones para regalos navideños, por inicio del año escolar y las festividades de las madres y el amor, la reducción anual pasaría de los 500 millones de pesos.

El cinturón debería apretarse también, para ejemplificar y comenzar,  a todas los beneficiarios de pensiones privilegiadas, a los sueldos ofensivos que superen los 300 mil pesos, de todo el Estado sin excepciones, como están haciendo los gobiernos no sólo de España, Portugal y Grecia, donde el desmadre económico es insostenible, sino también en Italia y hasta en Francia, la segunda locomotora de la Unión Europea.

Como no hay partido de oposición en capacidad de poner freno al desbordamiento del gasto gubernamental y estatal, corresponde a las organizaciones de la Sociedad Civil endurecer su resistencia, fortalecer una gran coalición por la decencia política y económica, y tomarle la palabra al presidente del Senado.

Sí, que se planten con los “Principios Orientadores del Pacto Fiscal”, aprobados por el Consejo Económico Social, y comiencen exigiendo que los administradores de la cosa pública sean los primeros en apretarse el cinturón, pero sin amortiguadores, no sólo con medidas cosméticas, reduciendo siquiera un diez por ciento al inmenso huacal de 777 mil asalariados y pensionados del Estado.

Como parece que el presidente Danilo Medina está realmente empeñado en rectificar barbaridades, un endurecimiento de la Sociedad Civil organizada, incluyendo el alto empresariado y las iglesias, pudiera ayudarlo a establecer límites. Este es el momento y la coyuntura propicia para obligar a los políticos a rectificar. Si simplemente se les da más recursos, la fiesta proseguirá. Estamos hartos de que prometan austeridad, como han hecho con cada reforma tributaria. Que cese definitivamente la malversación de nuestras contribuciones y comencemos a enjuiciar a los mayores corruptos.

 

Luces y sombras del gobierno de Leonel Fernández

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Los ocho años consecutivos de Gobierno de Leonel Fernández marcan una etapa de estabilidad y crecimiento económico, con un legado importante de construcciones, aunque financiadas con enorme endeudamiento, dejando déficits fiscal y de balanza comercial que cuestionan la sostenibilidad del modelo de desarrollo.

Las graves deficiencias en educación, energía y competitividad, junto al clientelismo, la corrupción, falta de transparencia y precariedades institucionales arrojan un balance decepcionante de la gestión de un líder que enarboló el discurso de la era de la información y la sociedad del conocimiento.

Las luces.  La estabilidad macroeconómica con crecimiento promedio anual del 8 por ciento del producto bruto interno y un significativo legado de construcciones han sido los mayores logros del Gobierno de ocho años que culmina la próxima semana.

Es generalizado el criterio de que el doctor Leonel Fernández se inscribió en la historia de los grandes constructores junto a Rafael Trujillo y Joaquín Balaguer, aunque con la diferencia de que lo hizo en base a un financiamiento que triplicó la deuda pública, de 7,900 a más de 24 mil millones de dólares y con déficits fiscales que en los últimos cinco años, incluyendo el actual, superan los 300 mil millones de pesos.

El sostenido crecimiento económico, con control de la inflación y la tasa cambiaria durante estos ocho años nadie se lo podrá discutir al presidente Fernández, como tampoco una extensa red de comunicación terrestre, que va desde dos líneas de Metro hasta múltiples elevados, pasos a desnivel, carreteras y puentes, así como edificaciones gubernamentales, de escuelas y hospitales.

También hay que acreditarle la aprobación de múltiples reformas institucionales, muchas de las cuales se cumplen  precariamente, y una nueva Constitución con rasgos contradictorios de modernidad y retrocesos, pero que le ha permitido, con la colaboración de opositores, acumular un enorme poder político que mantendría tras salir del Gobierno, gracias a su capacidad para atraerse adherentes en base al reparto de cargos y parcelas de poder en nuevos y viejos organismos estatales.

Importantes avances en la implementación del Sistema de Seguridad Social y la ampliación de las relaciones exteriores, con mayor presencia en los organismos internacionales, figuran también entre méritos que se reconocen a la gestión que finaliza, aunque con un costo excesivo y nada transparente  en más de 60 extensos viajes presidenciales por una treintena de naciones.

Las sombras.  Tras ocho años de Gobierno, el presidente Leonel Fernández deja al país como campeón mundial en malversación de los fondos públicos y corrupción, así como en declive en su capacidad competitiva, con escándalos de todos los calibres, entre los cuales resalta el contrato de 130 millones de dólares con la Sun Land, considerado el mayor de la historia nacional.

La corrupción y la falta de transparencia la  han certificado sistemáticamente organismos como Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, cuyo Indice de Competitividad 2011-12 coloca a la República en la posición 110 entre 142 naciones evaluadas, con descenso de 17 escalones desde el 93 que registró en  2007.

Con la última posición en “despilfarro en el gasto gubernamental” entre 142 países evaluados por el Foro, la 141 en “favoritismo de los funcionarios del Gobierno”, y la 140 en “desvíos de los fondos públicos”, se puede asumir que Dominicana es campeona mundial en corrupción. La “calidad del sistema educativo” está en el escalón 136, “educación matemática y científica” en el 139 y la “calidad de la educación primaria” desciende hasta el 140.

El reparto de los recursos públicos se hizo norma de Gobierno para mantener los militantes propios y atraerse a decenas de partidos y grupos  con la entrega de parcelas estatales, lo que a la vez debilitaba la institucionalidad del sistema de partidos y de muy diversas instituciones sociales.

Se desbordaron los altos salarios públicos, los barrilitos, cofrecitos, nominillas y repartos de todo género y el Presidente otorgó cientos de pensiones privilegiadas de 40 y 50 mil pesos a personas que no se las ganaron e incluso que no las necesitaban.

El Gobierno de Leonel Fernández acumuló la alarmante cantidad de 340 viceministros y subsecretarios, más de 300 generales militares y policiales y hasta diciembre pasado tenía una nómina de 1,163 personas designadas en cargos diplomáticos y consulares, muchas de las cuales no han sido acreditadas por los gobiernos donde fueron destinadas.

Graves interrogantes.  Tras ocho años consecutivos de crecimiento económico, el presidente Fernández deja al 41% de la población en niveles de pobreza, 10% en la indigencia, según fue certificado la semana pasada, y con un millón 840 mil tarjetas para acceder a programas de asistencia social y subsidios, el mayor de los cuales es de 700 pesos mensuales, (una libra de arroz por día), que no estimulan a nadie a salir de la pobreza, pero mantienen clientelas y subordinación.

El legado del doctor Fernández de un déficit fiscal que este año superará los 100 mil millones de pesos, y los déficits de la cuenta corriente de la balanza de pagos, sobre 4 mil millones de dólares anuales, y de la balanza comercial que promedia 8,600 millones de dólares anuales en el último cuatrienio, representan serios interrogantes a la sostenibilidad económica del país, especialmente cuando se extiende la crisis económica internacional.

De ahí los reclamos de los sectores productivos que se quejan de una política económica que ha sacrificado la productividad nacional, con energía insuficiente y cara y escasa educación, con serias dificultades de competitividad hasta con Centroamérica y que privilegia las importaciones, acentuando el desnivel con casi todos los países del intercambio nacional.

La convicción del sector empresarial y de los analistas de la economía es que el modelo de desarrollo nacional, que no genera empleos de calidad, con 57 por ciento de informales, está agotado y  pone bajo interrogantes la sostenibilidad del país en la medida en que se agota la capacidad de endeudamiento.

Es relevante que el doctor Fernández será el primer presidente dominicano que entrega el poder a un sucesor del mismo partido, pero hasta en sus últimos días se ha empeñado en gastar más de lo percibido, en su empeño por inaugurar obras aunque no estén concluidas, dejando un desorden financiero que dificultará el arranque del nuevo Gobierno y lo obligarán a exponer su popularidad con una dramática reforma que esta vez no podrá ser solo tributaria, sino fiscal e integral.

Grandes cuestionamientos. La baja inversión en educación, apenas por encima del 2 por ciento del PIB, contrariando la Constitución, la ley, el sentir nacional y hasta sus propios planteamientos, es el mayor cuestionamiento de una gestión que se benefició de 6 reformas tributarias que junto al endeudamiento le permitieron triplicar el presupuesto nacional, que pasó de 139 mil millones de pesos en 2004 a los 511 mil millones destinados para el 2012. El mandatario que habla de la sociedad del conocimiento prefirió seguir la tradición de autoerigirse un pedestal del visible cemento y el asfalto, reproduciendo a los dos caudillos que dominaron el escenario nacional del siglo pasado.

La calidad del gasto, sin respetar prioridades, con enormes dispendios, escasa transparencia  y generalizada corrupción, es de los baldones que se le enrostran al presidente Fernández, beneficiario él mismo con su Fundación Global de prácticas de tráfico de influencia condenadas en todas las democracias.

Una desmesurada elevación del gasto corriente ha determinado que la inversión pública dependa hasta en un 90 por ciento del financiamiento. La nómina pública creció un 63 por ciento, al pasar de 400 mil a 653 mil personas.

Desde el discurso de juramentación en  2004 se prometió resolver la grave crisis energética con la instalación de megaplantas de carbón y la conversión de  otras a gas natural para abaratar el servicio, así como con la renegociación de los contratos onerosos con generadores, recapitalizar las distribuidoras y conjurar el robo y las pérdidas de energía para reducir el subsidio gubernamental que hace 8 años promediaba 25 millones de dólares anuales y que, al contrario, se ha multiplicado 40 veces, ya que en el último cuatrienio ronda los mil millones de dólares por año.

Igualmente escasa ha sido la inversión en mejorar la capacidad de la Policía Nacional para combatir la creciente criminalidad y el narcotráfico que generaron grandes escándalos y cada vez más involucraron a los propios agentes del orden y a militares.

Con rasos ganando 5 mil pesos, sargentos de 8 mil, tenientes de 10 mil y coroneles de 20 mil pesos, nadie debe sorprenderse de la ineficiencia policial y el consiguiente incremento de la inseguridad pública.