2013: desmadre político y esfuerzo del Gobierno

Por Juan Bolívar Díaz

El año se salva por el esfuerzo por mejorar la gestión gubernamental, pero la política alcanzó niveles escandalosos con crisis en los partidos e inicio de campaña electoral en medio de un ambiente recesivo

El 2013 registró un deterioro del partidismo político, especialmente en la oposición perredeísta, con el país en camino a un régimen unipartidista que ha lanzado al partido gobernante a una precipitada campaña electoral cuando apenas se cumplía el primer año de la gestión del presidente Danilo Medina.

En medio de precariedades judiciales e institucionales resalta el esfuerzo por mejorar la prioridad y calidad del gasto y una gestión gubernamental más cercana a la población que logró reducir el enorme déficit fiscal heredado, pero a costa de una recesión económica y creciente endeudamiento.

Régimen unipartidista. Tal como advirtió en noviembre el Centro de Estudios Estratégicos de Washington, la República Dominicana pareció encaminarse este año que concluye a un régimen unipartidista, con el acentuado deterioro de la principal organización de oposición, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), víctima de su progresivo debilitamiento institucional.

El PRD permanece secuestrado por una minoría encarnada en un presidente, Miguel Vargas Maldonado, favorecido sin el menor rubor por las cortes que éste y el expresidente Leonel Fernández integraron tras el pacto político que suscribieron a título personal en 2009 para dar paso a la Constitución de 2010. El período de Vargas como presidente del partido blanco concluyó en julio, pese a lo cual la Junta Central Electoral ha seguido entregándole más de 18 millones de pesos mensuales del presupuesto de la nación, que son manejados sin la menor rendición de cuentas.

El PRD aparece frizado, encadenado, habiendo perdido la vitalidad de sus organismos de base y sectoriales, sin poder reunir sus máximos órganos de dirección y fraccionado de manera inexorable, lo que deja al país sin equilibrio político, más notable por la concentración de poderes en el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Es relevante que la mayoría perredeísta ha sido incapaz de hacer valer su fuerza para recuperar el control partidario, lo que se explica en el cansancio de una dirigencia que no se ha renovado oportunamente y da señales de agotamiento, inmersa también en el salvaje pragmatismo político que afecta al sistema partidista dominicano.

Sin la Ley de Partidos. Concluye otro año sin que el Congreso Nacional, bajo control peledeísta, conociera el proyecto de Ley de Partidos Políticos que se viene discutiendo y consensuando desde hace 15 años y que tampoco aprobaron los perredeístas cuando controlaron el Poder Legislativo entre 1998 y el 2006. El proyecto pretendería garantizar la democracia interna y la transparencia financiera en los partidos, así como establecer pautas regulatorias de las campañas electorales internas y nacionales, así como para evitar y sancionar los abusos de los recursos provenientes de actividades ilícitas, incluyendo el desvío de fondos estatales.

El proyecto de Ley de Partidos ha sido objeto de varios consensos entre representantes de los partidos y la sociedad civil y ha sido presentado una decena de veces a través de ambas cámaras legislativas. El Congreso tampoco ha dado paso al proyecto de Ley Orgánica Electoral que le sometió en el 2011 la Junta Central Electoral y que debe adaptar el régimen electoral a la Constitución promulgada en el 2010.

La agenda legislativa persistió en dejar pendientes otros proyectos vitales como el que integraría una nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, fundamental para enfrentar la agobiante inseguridad ciudadana, y el de una nueva ley para hacer efectiva la declaración jurada de bienes.

La crisis política es de tal dimensión que ni los escasos legisladores de oposición tomaron iniciativas significativas para renovar la agenda legislativa, dependiente absolutamente del partido gobernante. Solo el pequeño Partido Alianza País, presidido por Guillermo Moreno, asomó reclamando sanción a la corrupción, en intentos vanos, dada la falta de independencia del Ministerio Público y “las cortes de Leonel y Miguel”, una de las cuales dictaminó el escándalo internacional que despoja de la nacionalidad a decenas de miles de descendientes de extranjeros, en su mayoría haitianos.

Mejora la gestión pública. En términos políticos el 2013 se salva por el esfuerzo del presidente Danilo Medina en una gestión más escrupulosa, con prioridades en el gasto público, especialmente interesada en cumplir la ley que destina el 4 por ciento del producto interno bruto a la educación básica, y aunque factores fuera de control han impedido que se alcance la meta, la sociedad ha acreditado el esfuerzo.

En su evaluación de fin de año el movimiento Participación Ciudadana reconoció un avance en la transparencia en las contrataciones públicas, aunque sin combatir la corrupción ni establecer la cuenta única del tesoro y otras de las iniciativas participativas anticorrupción. Los avances tampoco han alcanzado a reducir el dispendio en las nóminas públicas ni el reparto de organismos estatales, especialmente autónomos donde el patrimonio público se convierte en particular.

El actual mandatario ha completado el primer tercio de su período, manteniendo un significativo acercamiento a la población, con austeridad en su equipo fundamental, poniendo atención a los pequeños y medianos productores. Su reivindicación de una mayor participación en los beneficios de la explotación de oro y plata por la Barrick contribuyó significativamente este año a la buena valoración que ha mantenido el presidente Medina.

Sin cambios importantes en el equipo gubernamental, el esfuerzo del mandatario parece contentarse con una diferenciación personal con su antecesor, obviando conflictos al interior de su partido, lo que va dejando espacio suficiente para que el expresidente Fernández reconstituya sus fuerzas con miras a un retorno al poder en el 2016.

Ambiente recesivo. Restringiendo el gasto para reducir el enorme hoyo fiscal que heredó y con las consecuencias de una reforma tributaria implementada este año, el Gobierno de Medina enfrentó en gran parte del año lo que el Centro Regional de Estrategias Económicas ha denominado “ambiente recesivo”. Gracias a un fuerte incremento del gasto en la segunda mitad del año, la economía terminará creciendo un 3%, insuficiente para reducir el desempleo, sobre todo al no haber reactivado el sector industrial, salvándose por el incremento de las exportaciones mineras.

El Gobierno puede reivindicar una tasa baja de inflación, alrededor del 5%, con devaluación del 7 por ciento, pero no así la carga del endeudamiento que para el próximo año compromete el 45 por ciento de los ingresos regulares.

El Banco Central situó el total de la deuda sobre 27 mil millones de dólares, aunque economistas independientes la consolidan por encima de los 30 mil millones de dólares, acercándose al 50% del producto bruto interno (PBI).

El año concluye sin que el Gobierno se haya abocado a dar curso a los pactos fiscal y eléctrico contemplados en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, aunque concentrándose en invertir en plantas generadoras de electricidad a base de carbón. Se le da crédito por haber iniciado las gestiones para el pacto por la calidad de la educación.

Auténticos “come solos”
Tras haberse engullido hace varios años al otrora poderoso partido de Joaquín Balaguer, el Reformista Social Cristiano, que al igual que otra docena de aliados del Gobierno disfruta de parcelas del Estado que son manejadas como auténticos patrimonios grupales, el PLD se ha ido convirtiendo en un auténtico “come solo” en la política y el ejercicio del poder. Por eso a principios de año su presidente Leonel Fernández proclamó que gobernarían otros 20 años, pero ya en diciembre lo extendió a 31 años más, hasta el 2044 para el bicentenario de la independencia nacional.

Como no tiene oposición, el PLD se lanzó este año a una desenfrenada carrera por la sucesión del presidente Medina, cuando este apenas agotaba su primer año de Gobierno. El propio Fernández proclamó en agosto que “el león” saldría a las calles y desde entonces sus más cercanos partidarios y financiadores se han lanzado a las provincias a crear movimientos de apoyo, especialmente a través de senadores y diputados que le deben cargos y riquezas al expresidente.

Esa circunstancia determinó que otros dirigentes peledeístas, como el secretario general Reinaldo Pared Pérez y los ministros Temístocles Montás y Francisco Javier García se lanzaran abiertamente en campaña, llenando calles y carreteras de propaganda política cuando todavía faltaban tres años para las elecciones.

Por otro lado, la decisión de aumentar en unos 140 los miembros del Comité Central del PLD y otra decena en su Comité Político, ha desatado otra campaña con un millar de aspirantes a esos puestos que se promueven por los más diversos medios de comunicación. El desmadre es visto como normal por los órganos que deberían regir las campañas electorales y los máximos responsables del Gobierno, sin que nadie pregunte o explique el origen de tanto recurso para promoción personal.

 

El PLD: 40 años después muy lejos de sus orígenes

Por Juan Bolívar Díaz

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) arriba esta semana a su cuadragésimo aniversario convertido en una poderosa maquinaria de poder político, electoral y económico, cada vez más alejada de los objetivos con que lo concibió su fundador, el profesor Juan Bosch.

Con un proyecto de dominación política proyectado para las próximas tres décadas por su reconstructor ideológico, Leonel Fernández, el PLD pasa por momentos de gran tensión por la emergencia de nuevos actores que le disputan la primacía a partir del fuerte apoyo popular que recibe el presidente Danilo Medina.

Gran maquinaria política. El PLD alcanza su cuadragésimo aniversario convertido en una maquinaria de poder político y económico, que ha vencido en las últimas cinco elecciones nacionales y controla a su antojo todos los poderes del Estado, y cuyo predominio es proyectado hasta por más de tres décadas por su refundador ideológico, el expresidente de la República Leonel Fernández, quien el 14 de julio pasado dijo que gobernaría por otros 20 años, pero esta semana lo proyectó hasta más allá del 2044.

Aunque tanto optimismo no cuenta con las grandes insatisfacciones que prevalecen en una población con 42% de pobreza, desde el punto de vista de maquinarias electorales no parece descabellado, ya que el partido morado ha desarrollado una enorme capacidad para comprar todo lo que se mueve en el mercado con políticas clientelistas y repartos del patrimonio público que le han asegurado una alianza de hasta 14 partidos políticos.

Dejando atrás su andamiaje ideológico fundacional, el PLD se abanderó con las posiciones conservadoras para desplazar al Partido Reformista Social Cristiano que las había encarnado durante tres décadas, y terminó absorbiendo gran parte de su liderazgo y cuadros medios, gracias a un reparto de cargos públicos y organismos estatales. Y las habilidades políticas han alentado la división en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), secuestrado por una minoría encarnada en el empresario Miguel Vargas Maldonado, quien tras perder las elecciones presidenciales del 2008 firmó un pacto político con el entonces presidente Leonel Fernández, único beneficiario del mismo.

Bajo la égida de Fernández, el PLD también neutralizó a gran parte del liderazgo sindical, y segmentos del empresariado, de la intelectualidad y los organismos profesionales y sociales, y creó un enorme entramado comunicacional con el desbordamiento de empleos de altos salarios, becas, contratos y pensiones privilegiadas, mientras en los niveles bajos repartía más de dos millones de tarjetas para diversos “programas para combatir la pobreza”, a costa de déficits fiscales por 400 mil millones de pesos y duplicación de la deuda del Estado en los últimos seis años.

 Un ejemplo ilustrativo. Un ejemplo de la degeneración ideológica del partido que quiso tener Juan Bosch se encuentra en la política de desnacionalización de decenas de miles de descendientes de extranjeros nacidos en el país, en su mayoría de haitianos, donde han asumido la posición nazi-fascista del vinchismo, a costa de un segmento muy pobre.

La confusión es tan grave que aunque sus dos máximos líderes, el presidente Danilo Medina y Leonel Fernández, cuestionaron el carácter retroactivo de la sentencia del Tribunal Constitucional, los presidentes de las cámaras legislativas, casi todos los dirigentes del partido y hasta los funcionarios del Gobierno, se asimilaron más bien a la posición de la minoría ultranacionalista.

Es increíble que casi nadie reivindicara la posición del presidente Medina, quien poco después de la sentencia se reunió con representantes de las víctimas, y les pidió excusas por los sufrimientos que les han causado, planteando que se trata de un problema humano al que debían buscar solución. El inmenso andamiaje mediático peledeísta asumió las posiciones más radicales.

En la medida en que se han convencido que buena parte del país y todo el mundo externo rechaza el genocidio civil, con la amenaza de condenas internacionales, tanto el presidente Medina como Fernández favorecen una solución, pero aparentemente no encuentran un bajadero, presionados por sus aliados y propios voceros. Con la agravante de que la relación entre los dos líderes parece cada vez más conflictiva y se señalan responsables de haber metido al Gobierno en una pendiente resbaladiza.

Muy parecido al PRD. El PLD se va pareciendo cada vez más al PRD que era su negación. Tras su derrota electoral en el 2000, decidieron transformarlo en partido de masas, suprimir los círculos de estudio y hacer incompatibles los cargos en el Gobierno con la dirección del partido, pero eso fue suprimido tan pronto recuperaron el poder en 2004.

Los organismos se han tornado inoperantes. La Comisión Política sesiona esporádicamente, y ni eso ocurre con el Comité Central. Los comités intermedios y de base prácticamente han desaparecido, lo mismo que la revista teórica Política y el periódico Vanguardia del Pueblo, que en los años de esplendor tenían que vender hasta los dirigentes nacionales.

En 2012 debieron elegir nuevos directivos de los dos organismos superiores, pero se auto prolongaron el período legitimándolo con un plebiscito. Ahora con su octavo congreso nacional compensarán ampliando la Comisión Política de 26 a 36 miembros, y el Comité Central de 400 a 556

La parcela del poder en beneficio de los miembros de los dos organismos superiores como de los aliados electorales es tan fundamental que la mayoría permanece en los mismos cargos, y aún 16 meses después del cambio presidencial del año pasado, pocos han sido movidos y menos dejados fuera del tren gubernamental.

Tensiones en el PLD. El PLD pasó por numerosas crisis antes de llegar al poder, como las que produjeron la expulsión de sus secretarios generales Tonito Abréu y Rafael Alburquerque y de los hermanos Fiallo al principio de los ochenta, y la de Max Puig, Nélsida Marmolejos, Onofre Rojas y otros en 1991. Ese año el mismo Bosch llegó a anunciar su renuncia al partido, considerando que sus líderes habían devenido tan ambiciosos y grupales como los perredeístas. Lo convencieron para que se quedara.

Durante los años de Gobierno, la criticidad ha sido una especie en extinción, pero las tensiones van en aumento entre seguidores del presidente Medina y los de Fernández, sobre todo en la medida en que se han impulsado algunos cambios, prioridades, mayor transparencia y austeridad, cuando se denunció el contrato con la Barrick Gold y se modificaron contratos de obras públicas

Como se da por hecho que Leonel Fernández aspirará de nuevo a la presidencia, él mismo dijo a mediados de año que “el león salía para las calles”, y los senadores Félix Bautista y José Rafael Vargas ya lo han proclamado y empezado a crear comités de apoyo, otros dirigentes y funcionarios como Temístocles Montás y Francisco Javier, se han lanzado en abierta campaña por la candidatura. Se abrió así una lucha por la sucesión cuando faltaban 3 años para las elecciones y el Gobierno apenas despuntaba, generando tensiones que harán mella en la gestión de Gobierno y en la disciplina partidista. De ahí planteamientos como el del senador Euclides Sánchez, quien favorece una nueva reforma constitucional para abrir puerta a la reelección de Danilo Medina, algo casi imposible por la fuerza de Fernández en el Congreso y el partido.

Bosch sufriría un infarto
Si el éxito político se mide siguiendo el planteamiento del profesor Bosch en 1962, cuando dijo que “un buen político es el que sabe mantenerse en el poder”, el PLD ha cumplido su misión a partir de 1996 cuando alcanzó el poder a los 23 años de fundado, la primera vez que llevó de candidato presidencial a Leonel Fernández y no a su líder-fundador para entonces casi vencido por el implacable paso del tiempo.

Sin embargo, cuando Bosch abandona el PRD para fundar el PLD, lo hace porque su pensamiento político había evolucionado, nutriéndose del marxismo para plantear un programa de liberación nacional. Fernández reconoció en artículo del 29 de julio en el Listín Diario que el partido creado en 1973 era “una organización política de naturaleza progresista, popular y moderna, cuyo objetivo es completar la obra de Juan Pablo Duarte y los trinitarios, mediante el fortalecimiento de la democracia, la libertad, la justicia, la inclusión social, la equidad de género, la protección del medio ambiente, la solidaridad, la paz y la defensa de la identidad nacional”.

Bajo esos postulados es que Bosch abandona el PRD para fundar el PLD convencido de que sus líderes solo buscaban cargos y riquezas, aunque apenas habían pasado 7 meses en el Gobierno, bajo su jerarquía. Por esa razón son muchos los observadores que creen que le daría un infarto si volviera a vivir y viera el boato y la riqueza acumuladas por gran parte del liderazgo peledeísta, y que sus fundamentos ideológicos coinciden hoy más con el balaguerismo y el vinchismo que proclamó Fernández, mientras persisten los graves problemas de pobreza, educación, salud, electricidad, empleo, agua potable y alcantarillado y de exclusión social. Son cada vez menos los peledeístas dispuestos a honrar el lema de “servir al partido para servir al pueblo”.

 

Hay que mantener el voto preferencial

Por Juan Bolívar Díaz

El Senado debe seguir la pauta trazada por los diputados que en septiembre aprobaron un proyecto de ley ratificando la institución democrática del voto preferencial que la Junta Central Electoral (JCE) propuso eliminar lo que aumentaría el poder de las cúpulas partidarias y reduciría la independencia del Poder Legislativo.

En vez de restringir el derecho a elegir y ser electo, debería ser ampliado separando la elección de los diputados de los senadores y de los regidores de los alcaldes concomitantemente con una ley que fortalezca la democracia interna de los partidos y evite la imposición del dinero sobre la voluntad democrática.

Proyecto congelado. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de una ley que ratifica el voto preferencial que rigió en las tres últimas elecciones legislativas, el 11 de septiembre pasado, las cúpulas de los partidos dominantes hacen esfuerzo por evitar su ratificación por parte del Senado de la República.

Tanto el doctor Leonel Fernández como el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), se han manifestado públicamente contra el voto preferencial. El primero tiene notable influencia sobre gran parte de los 31 senadores de su partido. El otro es el reformista Amable Aristy Castro, mientras el PRD no tiene representación en esa cámara. Fernández y Vargas prefieren las listas cerradas con las que aumentan los poderes de quienes inscriben las candidaturas, al reservarse el orden en que aparecen los diputados, garantizando la elección a los primeros.

Entre los diputados, que favorecieron el proyecto abrumadoramente al aprobarlo en dos lecturas consecutivas con votación de131 a 11 y 121 a 14, se teme que los senadores atiendan la opinión de las cúpulas. Uno de los argumentos para bloquear la pieza ha sido que esa materia debe incluirse en la Ley de Partidos que se viene debatiendo desde 1998 y que ha ingresado infructíferamente una decena de veces a la agenda legislativa.

Como los actuales diputados fueron electos por el voto preferencial, y la mayoría prefiere mantener un sistema de elección que les garantizó su escogencia, lo que muchos, sobre todo los más independientes, creen que no hubiese ocurrido de haber dependido del orden de colocación en las boletas, como establecía el sistema tradicional. Distinto es el caso de los senadores, ya que muchos de ellos fueron señalados por la dirección partidaria.

Principales objeciones. En octubre del 2010, tras la última elección congresual y municipal, separadas de la presidencial, mediante su resolución 74-20l0, la JCE dejó sin efecto su resolución 05 del 2001 que había instituido el voto preferencial como resultado de un amplio consenso político-social que implicó la Reforma de la Ley Electoral 275-97, aprobada en diciembre del 2001. El órgano de administración electoral consideró que “no había tiempo” para implementarla en los comicios del 2002 por lo que se dejó para el 2004, y evadió aplicarlo para los regidores, como se había aprobado.

La eliminación del voto preferencial no fue fruto del consenso como su instauración, pero la mayoría de la JCE recogió las objeciones que le venían haciendo los líderes políticos, agregándole el hecho de que resulta más trabajoso el cómputo y que muchos gerentes de los colegios electorales no lograron cuadrar los resultados del escrutinio, evidenciándose las carencias matemáticas de los dominicanos.

Las mayores objeciones han sido que el voto preferencial origina competencias y divisiones al interior de los partidos, y favorece a los candidatos con mayor poder económico que sacan ventajas de la publicidad y arrancan con más anticipación, y encarece las campañas de los partidos. También que el preferencial impide garantizar la cuota femenina y la de los aliados.

En el 2010 tras la última elección congresual, la Cámara Contenciosa de la JCE fue apoderada de una treintena de impugnaciones por candidatos a diputados de los mismos partidos, incluyendo la repetida denuncia de que algunos “invertían” en delegados a las mesas para obtener votos fraudulentos.

Esencia de la democracia. La esencia de la democracia es que el elector tenga oportunidad de elegir directamente, no a través de listados cerrados determinados a conveniencia de los líderes partidarios. El preferencial se instauró junto a las circunscripciones en la reforma a la ley electoral de 1997. Su artículo 79 expresa su esencia democrática: “Las elecciones nacionales para elegir diputados y regidores se harán mediante circunscripciones electorales con el objeto de garantizar que los ciudadanos que resulten electos en las elecciones generales del año 2002 y subsiguientes sean una verdadera representación del sector de los habitantes que los elijan”.

Se dejó en manos de la JCE reglamentar el voto por circunscripciones y preferencial y se mantuvo el arrastre del senador por la elección de los diputados. Desde entonces las organizaciones sociales abogaron porque tanto la boleta legislativa como la municipal permitieran al elector votar separadamente por el senador y los diputados como por el síndico, ahora alcalde, y los regidores, lo que sería más democrático.

Al no depender del lugar en que los coloquen en las boletas, tanto los diputados como los regidores tendrían más posibilidades de independencia, de ser más fieles a sus electores que a las directrices de un sistema partidario donde no predominan las ideologías ni los proyectos de bien común.

Ahora que las elecciones congresuales y municipales volverán a realizarse en el mismo año que las presidenciales, con pocas semanas de diferencia, sería más democrático mantener el voto preferencial al menos para los diputados a fin de reducir los efectos del arrastre del voto por los candidatos a la presidencia y dejar un mayor margen de independencia a la cámara baja.

Falta reglamentación. Es cierto que tal como ha operado en el país el voto preferencial genera efectos secundarios no deseados, como los antes señalados. Pero todos se pueden controlar mediante reglamentación, que es lo que no quieren los líderes políticos. Tienen razón también en considerar que esa materia debe ser parte de la ley de partidos, pero ésta no acaba de ser aprobada. El primer proyecto de Ley de Partidos fue fruto de un amplio consenso entre líderes políticos y sociales en el marco de la Comisión para Reforma y Modernización del Estado en el primer gobierno del doctor Fernández Reyna (l996-00), a quien le fue entregado en 1999.

Durante el gobierno perredeísta de Hipólito Mejía (2000-04), esa Comisión, rebautizada como Consejo Nacional para Reforma del Estado, volvió a consensuar la ley de partidos. El PRD mantuvo mayoría en las cámaras legislativas hasta el 2006, desde cuando la tiene el PLD, pero ninguno ha aprobado la ley, aunque ha sido objeto del pacto del 2005 entre Leonel Fernández y Vargas Maldonado, y de un compromiso firmado en la campaña electoral del 2012 que prometía aprobarla en seis meses.

Para garantizar un buen desempeño del voto preferencial sería preciso limitar el tiempo de campañas y la inversión, que los candidatos a diputados no puedan promoverse individualmente en la prensa, radio y televisión, sino directamente y sólo en su circunscripción.

No es cierto que la eliminación del voto preferencial reduzca el clientelismo ni las marrullerías al interior de los partidos. Del mismo se llegó a registrar más de una lista por partido, porque había un tráfico de influencia por los primeros lugares. La eliminación de los barrilitos y cofrecitos sería también esencial para garantizar igualdad democrática, más ahora cuando los actuales legisladores habrán estado seis años recibiendo financiamiento para promoverse, en detrimento de quienes se presenten como alternativa.

Retroceden las reformas

El voto preferencial fue parte del proceso de reformas políticas e institucionales con que avanzó la nación en los años noventa hasta el 2002, cuando el PRD y Mejía anularon la prohibición de la reelección presidencial establecida en la Constitución de 1994 para reducir los abusos del patrimonio público en aras del continuismo.

La reforma constitucional del 94 también incluyó la separación de las elecciones, el voto de los residentes en el exterior, la doble nacionalidad y la mayoría del 50 por ciento para elegir al presidente.

La reforma de la ley electoral incluyó la cuota mínima del 33 por ciento de las postulaciones para la mujer, y el financiamiento estatal a los partidos políticos y las consultas de la JCE a los partidos como elemento necesario para sus decisiones.

Hubo un largo proceso de seminarios y consultas entre los sectores políticos y sociales, donde se fraguaron las reformas políticas, como también las sociales, incluyendo el código laboral y la ley de seguridad social. Varias de esas reformas han sido revocadas y algunas, como las de partido y participación social, no se han materializado, por clara resistencia del liderazgo político que ha impuesto un pragmatismo salvaje con el clientelismo, la manipulación electoral y la corrupción.

 

Más éxitos políticos que económicos para Danilo

Por Juan Bolívar Díaz
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El presidente Danilo Medina ha logrado más éxitos políticos que económicos al agotar su primer cuarto de gestión gubernamental con un sello personal que le ha generado amplia aprobación popular, beneficiándose de la ausencia de oposición externa pero limitado por un escaso margen de maniobra al interior de su partido.

Imponiendo disciplina fiscal y relativa austeridad, con mayor prioridad en el gasto y cercanía a la población, el mandatario logró evadir el costo político de la reforma tributaria impuesta por los déficits heredados, pero no así el de una reducción del crecimiento económico que arroja sombras sobre el futuro inmediato.

    Mayor racionalidad política.  Desde su discurso de juramentación, su decreto de austeridad y un código de ética gubernamental, el licenciado Danilo Medina tuvo el acierto político de diferenciarse de la gestión precedente del líder de su partido Leonel Fernández, proyectando una imagen de mayor racionalidad política.

La prioridad que ha dado a la inversión en educación y salud, atención a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los productores agropecuarios, y a las demandas de la población, constituyen factores claves de la aprobación que ha tenido Danilo Medina en este primer año de gobierno, entre el 71 y el 81 por ciento en las dos últimas encuestas Gallup-HOY y en otras mediciones.

El mayor éxito ha sido haber proyectado una imagen personal de austeridad, de modestia y cercanía con la gente que contrastan con la aparatosidad, grandiosidad y boato que signaron la gestión de su antecesor y compañero de partido. El respeto por el tiempo de los demás, el desplazamiento con mínima seguridad y escasas comitivas han determinado que hasta sus viajes al exterior, uno por mes, hayan registrado aprobación.

Aunque es posible que al finalizar 2013 no se haya alcanzado la meta del 4 por ciento del producto bruto interno para educación, por la lentitud en la construcción de escuelas que concentró excesivamente la inversión en el sector, no se percibe engaño ni evasión. La eliminación de las cuotas de recuperación en los  hospitales públicos y un gran esfuerzo por mejorar la calidad de sus servicios, son partes fundamentales de una gestión más comprometida con el bienestar de  las mayorías.

La atención del Gobierno a las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), a los productores agropecuarios, con el semanal acercamiento del propio presidente Medina, convencido de que son la base de un desarrollo más equilibrado, han sido factores de crédito a una gestión que trata de cumplir normativas legales.

Otros éxitos notables.  El mayor éxito del gobierno de Medina puede haber sido la disciplina que ha reducido el déficit fiscal de 8.5 del PIB registrado el año pasado en todo el Estado a alrededor del 1 por ciento en la primera mitad del 2013, y aunque ha evadido sancionar la corrupción que hizo metástasis en el cuerpo social dominicano la percepción general ha sido de mucho mayor transparencia y menor corrupción en los ámbitos gubernamentales.

No ha sido posible evaluar los resultados del Decreto de austeridad 499-12, entre otros factores porque no se ha cumplido  su artículo 13 que encarga al Contralor General velar por sus alcances y emitir “informes trimestrales financieros institucionales”. Pese a ello se percibe que ha tenido efectos positivos con la reducción de la malversación y el dispendio escandaloso de los últimos años.

Hay que acreditarle que redujera las iniquidades del contrato para la explotación del oro de Cotuí, cuya materialización está pendiente del sometimiento al Congreso Nacional, sin que todavía se pueda precisar el monto adicional a recibir, ya que el precio del metal ha caído en 290 dólares en relación a los 1,600 dólares la onza de los que se partió para la renegociación. Es el hecho de mayor aprobación.

Menos conocido porque no han querido enrostrárselo a los antecesores, pero igualmente rectificatorio, han sido la renegociación de la concesión vial a Dovicon que economizaría al Estado unos 70  millones de dólares anuales, durante tres décadas, y renegociaciones de otros contratos como los de la carretera Ocoa-Piedra Blanca y la circunvalación de La Romana y el bulevar del Este-Miches que implican ahorro de unos 240 millones de dólares.

El presidente demostró apertura a los reclamos de la sociedad cuando anuló su autorización para negociar con usurpadores de terrenos estatales en Bahía de las Águilas, así como en la suspensión de la explotación de ferroníquel en la loma de Miranda.

 Otros déficits gubernamentales.  En la lista de los déficits del Gobierno de Medina hay que colocar la ausencia de esfuerzos por concretar sus metas fundamentales de los tres pactos sociales previstos en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo: el educativo, el fiscal y el eléctrico, aunque en el primero haya avanzado por el costado de la inversión. El segundo sufrió un revés con la imposición de otra reforma tributaria al no poder concertar en el Consejo Económico y Social que reclamaba una drástica reducción del gasto corriente. El tercero no ha sido ni tocado cuando este año el subsidio a la electricidad, programado en unos mil millones de dólares, se acercará a los 1,500 millones, según informó el mes pasado el Ministro de Industria y Comercio.

Amarrado por el clientelismo y la repartición de botellas el Gobierno no ha podido siquiera dar el golpe de reducir el oneroso cuerpo diplomático, con cientos de funcionarios, incluyendo consulares, que cobran en dólares sin trabajar. Limitó a seis los subsecretarios o viceministros, pero casi todos quedaron en sus mismos puestos con otra denominación.

Pero el mayor déficit del Gobierno ha sido no haber procesado a nadie por los múltiples escándalos de corrupción del gobierno anterior, tendiendo un manto de impunidad, con los procuradores fiscales rehuyendo hasta investigar las denuncias que han incluido al propio expresidenrte Fernández.

Lo peor es que los amarres al interior del partido de gobierno han impedido al presidente Medina establecer un equipo gubernamental  más diferenciado del que heredó, lo cual ha dejado insatisfacción y le ha limitado la renovación que es normal en el mundo  en los cambios de gobierno, aún del mismo partido.

Desafíos a la vista.  El Gobierno comienza su segundo año con una situación económica crítica y un grito generalizado por la desaceleración del crecimiento económico y el incremento del desempleo, y agotando sus posibilidades de endeudamiento, mientras se reduce la inversión extranjera.

Se beneficia de la ausencia de oposición política, con el desguañangue del Partido Revolucionario Dominicano y la domesticación del Partido Reformista Social Cristiano, lo cual deja espacio a un mayor protagonismo de las minorías políticas y las fuerzas sociales contestatarias que incrementarían sus movilizaciones y protestas.

A su vez la falta de oposición externa genera mayores tensiones internas en el PLD donde ya proliferan los aspirantes a la candidatura presidencial. El liderazgo del partido se diversifica con el fortalecimiento de las posiciones del presidente Medina, mientras el ex presidente Fernández y sus fieles no cesan en sus preparativos para el retorno, lo que obliga a otros a destapar temprano otras aspiraciones y asoman los pronunciamientos continuistas con una Constitución que prohíbe la reelección seguida.

La reconocida financiera internacional JP Morgan advirtió esta semana que el ex presidente  Fernández “sigue siendo una figura muy poderosa dentro del gobernante Partido de la Liberación Dominicana y muchos expertos locales creen que su ambición de buscar un nuevo mandato presidencial en el 2016, podría socavar la capacidad de Medina paras movilizar el apoyo a su programa de reformas”.

El pobre resultado económico

El bajo crecimiento económico en la primera mitad de este año es el mayor revés de la gestión de Medina, derivado directamente del paquete fiscal que implementó para revertir en gran medida el déficit fiscal que heredó de los últimos 8 meses de su antecesor, que el Fondo Monetario Internacional estimó en 8.5 por ciento del PIB, cerca de 200 mil millones de pesos, incluyendo todos los órganos del Estado. El informe del Banco Central sobre los resultados del primer semestre del 2013 indica un crecimiento de apenas 1.6 por ciento, poco más de la mitad del 3 por ciento que se proyectó para el año. Resalta que ese tímido crecimiento ha sido motorizado básicamente por un incremento del 223 por ciento de la minería y del 9 por ciento de la intermediación financiera, con caídas significativas de los sectores claves: industria, agropecuaria, construcción, comercio y hasta del turismo, éste por primera vez en más de tres décadas de sistemático crecimiento.

Aunque el peso ha tenido una devaluación del 4 por ciento en los 12 meses, las autoridades han podido controlar la inflación, con un déficit presupuestario de 70 mil  300 millones de pesos este año, la estabilidad sigue dependiendo, al igual que en el quinquenio anterior, de un extraordinario endeudamiento que eleva la carga de la deuda pública al  45 por ciento del PIB, según los cálculos del reputado economista Carlos Despradel, quien estima que al final del 2013 la deuda total del Estado, externa e interna, financiera y no financiera, habrá pasado en un año de 25 mil a 30 mil millones de dólares.

Con una inversión de apenas 15 por ciento de su gasto total, y un nuevo incremento del gasto corriente, alrededor del cinco por ciento, y vistos los altísimos déficits en el comercio exterior y la cuenta corriente, la gestión económica del Estado sigue muy lejos de despertar optimismo, y lo que se advierte es su progresiva insostenibilidad.

 

Los perredeístas se aferran a una difícil reunificación

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque quedó sellada la división con la constitución de dos comités ejecutivos esta semana, dirigentes de ambos sectores en conflicto se aferran a la posibilidad de un entendimiento que rescate la unidad del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), conscientes de que separados van al ostracismo político.

La persistencia en mantener las expulsiones y suspensiones de cuatro dirigentes, encabezados por el  expresidente Hipólito Mejia, abortó un proyecto de acuerdo que iniciaría el proceso de convención para elegir nuevos dirigentes en el cual se daría mayoría al sector de Miguel Vargas Maldonado en la Comisión Organizadora.

  Un regalo envenenado.  Los contactos para evitar la división definitiva del PRD se iniciaron una semana antes de constituirse los dos comités ejecutivos que ahora se disputan la representación de la organización. Según lo que se ha podido establecer, esta vez partieron del sector que lidera Miguel Vargas Maldonado. Los primeros contactos los realizó el profesor Aníbal García Duvergé y luego el general retirado Miguel Soto Jiménez.

Escogieron como interlocutores a integrantes de la “Tercera Fuerza”, que tiene como principal figura a Luis Abinader, a través de Guido Gómez Mazara, Tony Peña Guaba, Neney Cabrera, y Eligio Jáquez. Dicen que García Duvergé expresaba preocupación por la división del partido. Los terceristas mostraron disposición a la búsqueda de una fórmula que auspiciara la reunificación.

La primera propuesta fue llevar a Gómez Mazara de secretario general, lo que ya había sido formulado públicamente hace dos semanas por un columnista del Listín Diario y funcionario diplomático. A Peña Guaba le ofrecieron la secretaría de Organización. En ambos casos a ser presentados y electos en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que convocaría Vargas.

Gómez Mazara rechazó “muy cortésmente” la propuesta, consciente de que implicaba un intento de dividir a los terceristas de los otros sectores perredeístas adversarios de Vargas. Lo mismo hizo luego Peña Guaba, pero ambos insistieron en que  podían proseguir explorando caminos de entendimiento. Las fuentes aseguran que en una segunda etapa Peña rehusó también la secretaría general.

Luis Abinader dijo el viernes en un comunicado que se mantuvo al tanto de las conversaciones, y autorizó a Peña Guaba a representarlo, coherente con su posición de favorecer cualquier esfuerzo “para lograr un acuerdo entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas”, pero que nunca se reunió con Vargas Maldonado como le atribuyeron a éste.  Enteró al expresidente Mejía de los contactos y éste también los favoreció.

La fórmula fracasada.   En conversaciones de varios días se concretó una fórmula de seis puntos presentada el miércoles 31 de agosto: Convención Nacional para elegir nuevos dirigentes del partido el 23 de febrero del 2014; elección de una Comisión Nacional Organizadora integrada por 15 miembros, de los cuales 9 serían del sector Vargas y 6 de Mejía y los terceristas; a más tardar el 30 de noviembre quedaría establecido el padrón nacional de militantes electores; que las próximas autoridades serían las responsables de organizar posteriormente la convención para elegir los candidatos a las elecciones generales del 2016; y que las expulsiones y suspensiones se podrían revisar en una segunda etapa. Llegaron a contactar a Monseñor Agripino Núñez para que obrara de mediador. Vargas pidió que llamaran al Cardenal López Rodríguez.

Entre los terceristas predominaba la disposición a aceptar los términos propuestos en su mayoría por el sector de Vargas, entendiendo que la Comisión Organizadora asumiría la dirección del partido, “como es tradicional y dado que el período de elección del presidente ya venció”,  pero no lograron especificarlo en el proyecto de acuerdo y el otro sector insistía en que el período de Vargas concluye en febrero, aunque en realidad fue juramentado por cuatro años el 19 de julio del 2009.

A media tarde del miércoles, en víspera de las dos convocatorias del CEN, se reunieron de urgencia los contradictores de Vargas. Abinader llevó la propuesta, ante la cual Hipólito Mejía respondió que “no seré obstáculo” pero no pueden contar con mi participación”. El rechazo fue absoluto de parte del otro expulsado, el expresidente en funciones del PRD, Andrés Bautista, y de los suspendidos el exsecretario general Orlando Jorge Mera y la exsecretaria de Organización Geanilda Vásquez, aunque esta  dijo que ella estaría dispuesta hasta a renunciar posteriormente, pero no podía aceptar un acuerdo que la mantuviera como expulsada.

El rechazo más enérgico fue expresado por Enmanuel Esquea, quien dijo que sería “una claudicación y una indignidad”, originando un incidente con Peña Guaba, quien se consideró ofendido. Milagros Ortiz Bosch, Fello Suberví y otros se sumaron al rechazo. Abinader precisó, en su comunicado, que el intento fracasó “porque los representantes del sector mayoritario del PRD no estuvieron de acuerdo con aceptar las expulsiones dispuestas por el grupo de Vargas”.

¡Acuerdo con exclusiones?  Los terceristas que acogían la propuesta de Vargas están convencidos de que este no tiene la menor fuerza partidaria para ganar una convención (hablan de 8 y 10 por ciento lo más aduciendo encuestas) aunque controlen la Comisión Organizadora, lo que implica una subestimación de la ventaja del 9 a 6 para imponerse en el proceso, y más aún contando con la última instancia  de las cortes electorales fruto del pacto de Vargas con el expresidente Leonel Fernández.

Si bien ese optimismo podría ser discutible, luce imposible un acuerdo que mantenga las expulsiones y suspensiones. Y como dijo Esquea, parecería hasta indigno y claudicante. Con el agravante de que fortalecería el sector de Vargas y le daría impulso para otras imposiciones, o para entorpecer  el proceso y prolongar la agonía elevando su costo político y al final dejándolos sin tiempo para levantar otra opción.  Hasta fuera del PRD es difícil de concebir un acuerdo duradero y que rescate la democracia interna manteniendo expulsados y suspendidos por un tribunal parcial al expresidente de la República y último candidato presidencial que sacó 47 por ciento de los votos batallando contra todo el poder del Estado y la disensión interna, y a los tres mayores dirigentes del partido después de Vargas: Bautista, Jorge Mera y Geanilda Vásquez.

A menos que los expulsados y suspendidos fueran masoquistas, la fórmula era inviable y su sola consideración por los terceristas, tendía a debilitarlos, a separarlos de Mejía y a fortalecer las imposiciones de Vargas quien subordina todo acuerdo a que le den la próxima candidatura presidencial. Este no consiguió la separación con el rechazo de Guido Gómez y Peña Guaba a aceptarle dos cargos directivos importantes, pero sembró cizañas entre sus contradictores, anotándose un triunfo parcial.

Abinader, quien parece avanzar entre los perredeístas cansados de la  confrontación, “reiteró su posición” de que “estoy y estaré siempre en contra de la expulsión de Hipólito Mejía y de los otros dirigentes meritorios del partido”, pero también cree que la solución de la crisis pasa por “la celebración de una convención democrática, una sola convención en que participen todos los perredeístas”. Eso es imposible manteniendo expulsiones y suspensiones unilaterales que son esencia de la crisis que se busca superar. Es obvio que el deseo de mantener la unidad partidaria es fuerte en los terceristas, pero el sector de Vargas oferta poco al altar del entendimiento.

Divididos pero aferrados al PRD.  El primero de agosto marcó la división formal del PRD, la más significativa tras la renuncia del profesor Juan Bosch y la fundación del Partido de la Liberación Dominicana en 1973.  Pero aquella vez la franquicia quedó en manos de un líder de la dimensión de José Francisco Peña Gómez, que fue capaz de mantener la mayoría.

Aunque se eligieron dos comités ejecutivos paralelos, nadie tiene duda que el Tribunal Superior Electoral, donde Vargas Maldonado tiene representación y aliados, seguirá como hasta ahora dictaminando a su favor, como hizo y reiteró recientemente al negarse a contactar 600 exclusiones en el listado de miembros del CEN perredeísta.

Eso determina que sus contradictores estén más dispuestos a pactar algún entendimiento, y probablemente persistirán intentando salvar la unidad del partido luchando desde dentro. Pero corren el riesgo de dividir sus fuerzas, por lo cual las expulsiones y suspensiones seguirán siendo punto crítico.  Su preocupación obedece a la voluntad de la mayoría de los perredeístas que rechazan la división, pero tropiezan  con los sectores que buscan negocio económico y político con el desguañangue de uno de los partidos fundamentales del sistema político, el más votado en la última elección.

Pero en ambos sectores hay quienes saben que separados no alcanzarán más que algunos diputados y regidores en la próxima elección. Vargas contaría con la franquicia PRD, pero partiría de una minoría claramente indicada en las encuestas, que tuvo que apelar al Gobierno para que la fuerza pública le garantizara celebrar la reunión de su CEN, y que mantiene una casa nacional sitiada por hombres armados, mientras el otro sector sesionaba sin protección.

Para cualquier observador era fácil contactar que una gran mayoría de los dirigentes nacionales del PRD y de los militantes conocidos estuvo en la reunión del CEN convocado por los expulsados y suspendidos, pero quienes han sido ineficientes en hacer valer su fuerza en términos políticos.

La fuerza de Vargas sigue radicando en las cortes, pero si sus contradictores resisten, la división será profunda y le será difícil salir adelante y reconstituir una instancia política en capacidad de hacer efectiva oposición y disputar el poder al continuismo peledeísta. La prolongación de la lucha ya satura el cansancio nacional frente a sus carencias. Tiene otra ventaja: es mandante único frente a múltiples cabezas.

Los intentos de revertir la división iniciada en la convención del 2011 siguen y seguirán, pero cada vez con menos perspectivas porque no hay clara intención de dar paso a la expresión democrática, por ejemplo constituyendo  una Comisión Nacional Organizadora de la Convención equilibrada con dirigentes razonables o de consenso.-

 

Fallo del Tribunal Electoral abona la división del PRD

Por Juan Bolívar Díaz

Contrario a lo que dice su último dictamen en la crisis del principal partido opositor, el Tribunal Superior Electoral (TSE) fue apoderado de los documentos, certificados por la Junta Central Electoral (JCE), que permiten comprobar la sustitución de unos 629 dirigentes y la inclusión adicional de otros 300, para totalizar 929.

La clara negación de justicia profundiza el desguañangue del PRD, alienta las confrontaciones y remite a los afectados a protestas que podrían generar graves actos de violencia y una ingobernabilidad partidaria que anularía  esa formación política, conduciendo a un régimen unipartidista.

 La tremenda corte. En la madrugada del martes 16 el TSE  rechazó la solicitud de amparo a sus derechos ciudadanos elevada originalmente por 69 dirigentes perredeístas, a los cuales se adhirieron posteriormente poco más de un centenar.  La declaró “inadmisible por resultar notoriamente improcedente”, bajo el argumento fundamental de que “por los medios de prueba aportados, este Tribunal no ha podido comprobar la condición de miembros del Comité Ejecutivo Nacional de dichos accionantes y en consecuencia no se ha probado la violación de los derechos fundamentales alegados”.

Por lo que se discutió en  audiencia y recogió la prensa, la JCE se declaró incapacitada para certificar la lista de miembros del CEN perredeísta electos en la convención nacional  del 2010 por un período de cuatro años y que en marzo del 2012 rigió la elección de los candidatos a diputados del exterior en los comicios del 2012 y la aprobación del programa de gobierno, y que dio facultad al candidato presidencial  Hipólito Mejía para pactar alianzas.

En la primera audiencia del recurso, el TSE resolvió formular dos peticiones, a la JCE y al presidente del PRD Miguel Vargas. Pero en  el primer caso incurrió en dos  “errores”, al pedir “los resultados de la XXVII Convención Nacional Ordinaria del PRD, celebrada el 27 de septiembre del 2009, especificando los nombres, número de cédula y el cargo de todos los candidatos que resultaron electos por el voto directo en la indicada convención”

Pero resulta que aunque la Convención comenzó en el 2009, se extendió hasta el 2010 y fue en febrero de este año que fueron electos los miembros del CEN. Y además una buena proporción de los mismos no son electos por “voto directo”, sino que lo son “de oficio”, por ser legisladores y alcaldes, expresidentes de la República y del partido, y una cuota de los vicepresidentes y subsecretarios generales son propuestos por el presidente a ratificación de la Comisión Política.

Donde no se equivocó el Tribunal fue en la petición al presidente del partido, a quien le precisaron el listado “de todas las personas que en la actualidad ostentan la calidad de miembros del CEN”. La actualidad son los que Vargas Maldonado registró en la JCE el 18 de mayo y el primero de junio del 2012, sin el concurso del secretario general como indican los estatutos.

El TSE sí tenía los electos. Por los términos equívocos en la solicitud, la JCE pudo sacar el bulto al conflicto. Parecía una nueva demostración de parcialidad de un tribunal cuyos integrantes se los repartieron el expresidente Leonel Fernández y Vargas Maldonado. Pero al día siguiente quedó evidente que ese fallo es un escándalo mayúsculo, que en cualquier país de mediana intensidad democrática tendría consecuencias.

El doctor Enmanuel Esquea, dirigente perredeísta y principal abogado de los recurrentes, mostró por Teleantillas que el Tribunal sí tenía el listado completo de los integrantes del CEN electos en el 2010 y que sesionaron en el 2012, incluido como anexo por los peticionarios del amparo. Mostró el listado, con fotos, nombres y cédulas del CEN del 2010, con el sello de recibido de la JCE en la primera página,  selladas todas las páginas, y al final la certificación sellada del secretario general del organismo, Ramón Hilario Espiñeira, que reza; “La presente es copia fiel y conforme a su original, al cual me remito, la que expido, firmo y sello, recibido en la Secretaría General en fecha 19 de marzo del 2012”. Agrega que fue emitida el 22 de abril del 2013.

Es obvio que los jueces pudieron comparar la lista oficial registrada en la JCE en marzo del 2012, con 2005 miembros, con las introducidas el 18 de mayo y el 1 de junio del mismo año, con 2007 y 2307 miembros, para comprobar si hay sustituidos e incluidos. Porque los impetrantes del amparo los presentaron debidamente certificados por la JCE. Sería la primera vez que un tribunal desconoce una certificación oficial.

El documento aportado al TSE, el Acta de la reunión ordinaria del CEN del 4 de marzo del 2012, podía ayudar a los jueces a establecer la realidad, puesto que la JCE certificó que el quórum fue de 1156 de los 2007 integrantes del organismo. El tribunal desoyó a los abogados que pidieron atención a los documentos presentados y que compareciera Vargas Maldonado, bajo el increíble argumento de que “sus declaraciones no aportarían valor probatorio alguno”.

 Más leña al fuego.  Es obvio que la decisión del TSE constituyó una negativa de justicia que se inscribe en la dirección de terminar de desguañangar al principal partido de la oposición que parece irrevocablemente dividido.

Al negar tan arbitrariamente el acceso a la justicia a los recurrentes, en vez de ser un factor de conciliación, el tribunal toma posición y echa más leña al fuego en que se consume una de las organizaciones fundamento del sistema político dominicano. Y al declarar inadmisible el recurso, no se pronuncia sobre el fondo, que es si los recurrentes son o no miembros del principal órgano directivo del PRD, bajo el falso argumento de que no se ha podido comprobar.

Después de la experiencia de enero pasado, cuando cientos de militantes perredeístas irrumpieron en una reunión del CEN convocada por Vargas Maldonado, se generalizan los temores de que rebrote la violencia en el nuevo intento por reunir el organismo con las exclusiones. Los que alegan la exclusión y todos los que cuestionan a Vargas Maldonado han reiterado que se harán presentes donde quiera que lo convoquen.

Por de pronto, el tremendo fallo generó reacciones duras como las del expresidente Hipólito Mejia de que no les están dejando más alternativa que “tomar las calles”, es decir, recurrir a protestas, mientras prometen endurecer la oposición al Gobierno. Se agudizan las acusaciones de que el líder del partido gobernante, Leonel Fernández, contribuye al incendio en interés de destrozar el PRD, y empiezan a responsabilizar también al presidente Medina.

La crisis del PRD es más significativa por la desmovilización que afecta al Partido Reformista Social Cristiano, tercera organización del sistema político, despersonalizado y virtualmente absorbido por el partido de gobierno.

Para qué descuartizan el PRD

Negado a dar pasos conciliatorios que restablezcan la unidad del PRD, o permitan una expresión democrática de sus militantes, teniendo  como fuerza principal el apoyo de los tribunales que constituyó con el líder del PLD, Vargas Maldonado parece no importarle ninguna consecuencia.  Para la opinión pública, y así lo han marcado las encuestas,  es obvio que sólo controla una minoría de ese partido. Y no se sabe si su resentimiento es mayor con Hipólito Mejía o con la gran mayoría de los dirigentes nacionales que lo apoyaron hasta el 2011.

Por eso tiene a la casa nacional del PRD bajo secuestro y busca el auxilio de la fuerza pública para hacer una reunión allí, ya que los hoteles y salones de reuniones se niegan a acogerlo para evitarse riesgos.

La situación se complicará aún más dado que este viernes 19 de julio  se cumplió el plazo de cuatro años por el que fue juramentado como presidente del PRD, lo que también está certificado por la JCE y se puede encontrar en los periódicos de esos días. Es posible que ahora es cuando comience la parte más peligrosa y crítica de la  confrontación, porque la mayoría de los perredeístas está perdiendo las tenues esperanzas de reunificación y muchos parecen dispuestos a tomar posición.

Al final lo que quedaría del partido más antiguo del país pueden ser apenas cenizas, lo que dejaría espacio para que surja una opción alternativa que cierre posibilidades aún al que se quede con la franquicia, sea por decisión legítima de la mayoría o por imposición con la colaboración de fuerzas externas.

Los sectores más duros del PLD y sus millonarios voceros tienen razón para  alentar el desguañangue del partido blanco. Por de pronto está incapacitado para hacer la mínima oposición y su descrédito va en ascenso. Como telón de fondo está la falta de democracia y las debilidades institucionales de los partidos dominicanos que históricamente se debaten entre el caudillismo autoritario y la anarquía.

 

Vargas se ratifica como propietario del PRD

Por Juan Bolívar Díaz

El último round de la lucha interna en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) evidencia que su presidente, Miguel Vargas Maldonado,  mantendrá el secuestro de sus organismos y está dispuesto a descuartizarlo, a menos que la mayoría se comprometa a erigirlo candidato presidencial para los comicios del 2016.

Malversado su capital político, con escaso apoyo y cuestionada legitimidad, el ingeniero empresario persigue recuperar y rentabilizar su inmensa inversión económica en la política, por lo cual no tiene el mínimo interés en que se solucione la crisis que mantiene maniatado al principal partido de oposición.

El extremo de la ambición.  Ha quedado transparente en el intercambio de comunicaciones que  marca la ruptura del último intento de diálogo para solucionar la crisis del PRD, iniciado con una reunión entre Miguel Vargas e Hipólito Mejía el 2 de mayo, la extrema ambición del primero, quien condiciona cualquier acuerdo a que le garanticen la candidatura presidencial para el 2016, la mitad de las candidaturas legislativas y municipales y un año de prórroga en la presidencia del partido, que concluye el 19 de julio próximo.

Esas condiciones las rechazó el expresidente de la República Hipólito Mejía en carta dirigida a Vargas con fecha 17 de junio, indicando que fueron presentadas verbalmente por su delegado Eduardo Jorge Prats al secretario general Orlando Jorge Mera, estos dos convertidos en intermediarios a raíz de una segunda reunión Vargas-Mejía el 4 de junio en la residencia del eminente neurocirujano José Joaquín Puello.

Al responder la carta de Mejía, en un extenso documento escrito del  23 de junio, Vargas confirma sus condiciones, indicando que en la primera reunión, celebrada en casa del general (r) Miguel Soto Jiménez “no formulé una propuesta de acuerdo, sino más bien, que se arribó de forma preliminar al acuerdo en sí, con el total consentimiento de las partes, bajo la premisa de que el ex Presidente Mejía a su decir público, no aspiraría a ningún cargo de ser amnistiado en el PRD y que apoyaría mi candidatura reservando la eventual candidatura vicepresidencial para su hija, la señora Carolina Mejía”… “También se acordó una cuota para su sector en la dirigencia del Partido, garantizado en un proceso convencional transparente y ejemplarizante”.

 Acuerdo preliminar no obliga.  Aún si en la reunión del  2 de mayo hubiese habido un acuerdo preliminar, verbal, sin testigos, sin contar con el resto del partido, incluyendo a los demás dirigentes y a grupos que tienen otras posiciones, como el que encabeza Luis Abinader, el Foro Renovador o la “Tercera Fuerza”, no había obligación y cualquiera de las dos partes podía luego formalizar condiciones y modificaciones, como ocurre a diario en todo tipo de actividad humana, sin que ello implique romper diálogo o negociación.

Una carta pública de Mejía a Vargas fechada el 8 de mayo, seis días después del encuentro inicial, ayuda a entender que si hubo algún acuerdo fue seguir explorando caminos de entendimiento. Lamenta que el presidente del partido no quiso que dos días después se conmemorara unificadamente el aniversario de la muerte del líder Peña Gómez, pese a lo cual le proponía “la formación de una Comisión de seis personas (tres que tú elijas y la nuestra por tres que representan la institucionalidad) con el fin de que preparen el Protocolo que nos permita discutir y definir la hoja de ruta y la agenda, de acuerdo con los Estatutos, y solucionar la crisis que vive el partido”…Si hubiese habido un preacuerdo tan generoso con él, Vargas debió aceptar ambas propuestas.

En otra carta a Vargas, el 28 de mayo, una semana antes de la reunión en casa de Puello, en el interés de “asegurar que el próximo encuentro que celebremos tenga resultados positivos”, Mejía planteó una agenda de cinco puntos: línea de oposición al Gobierno, cronograma y hoja de ruta para la Convención Nacional Ordinaria que elegiría nuevos directivos, posición ante los proyectos de leyes de Partidos y Electoral, reencuentro de todas las autoridades partidarias electas en la convención del 2009, y reunión de la Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para aprobar.

La realidad es que sistemáticamente Mejía, como la generalidad del liderazgo perredeísta, ha reclamado la convocatoria de los organismos del partido para buscar soluciones democráticas y unitarias, lo que el presidente del partido ha evadido.

  Reacciones contradictorias.  Las expectativas de reunificación  que acariciaban los perredeístas se esfuman  luego que su presidente diera por roto el diálogo, acusando a Mejía de haber “malogrado el preacuerdo”. El 26 de junio comunicó a la Junta Central Electoral (JCE)  que “hemos iniciado los trabajos con el objetivo de celebrar nuestra Convención Nacional a partir del mes de febrero del año 2014”, sin señalar una fecha fija. Dice que antes convocará el CEN para actualizar la lista de militantes y dirigentes, reestructurar los organismos de dirección y designar la comisión organizadora de la convención.

Esa fue su respuesta a la solicitud de 90 miembros de la Comisión Política que el 20 de junio, amparados en el artículo 34 de sus Estatutos, le solicitaron reunir  ese organismo para aprobar la línea de oposición al Gobierno y convocar el CEN “para la celebración de la Convención Ordinaria del partido en el 2013”.

Es obvio que Vargas persiste en ignorar que fue juramentado para un período de 4 años que inició el 19 de julio del 2009, como ha certificado la JCE, por lo que vence en tres semanas, y que él solo, sin aprobación de ningún organismo, no puede  prolongarse legítimamente como presidente del PRD. Ha argumentado que puede hacerlo por haber atravesado por un “período de ingobernabilidad partidaria”.

Descuartizar el buey blanco.  Más allá del aparato mediático que controla el expresidente Leonel Fernández, que sistemáticamente promueve y defiende al presidente del PRD, la percepción general es que éste ha malversado su capital político en la alianza con el líder peledeísta iniciada con el pacto que suscribieron en el 2009 y una serie de errores  políticos que le llevaron a perder la candidatura presidencial del 2012.

El escaso apoyo de Vargas en el electorado en general y entre quienes se confiesan perredeístas, ha sido registrado en múltiples encuestas, relevantemente en las dos últimas de Gallup-HOY y en la Penn Schoen Bertland. En la última Gallup, de abril pasado, solo el 9 por ciento de los perredeístas lo favorecía como próximo candidato presidencial, mientras a Luis Abinader lo apoyaba el 41 por ciento y el 35 por ciento a Hipólito Mejía. El 50 por ciento lo responsabilizaba individualmente de la crisis de su partido y solo 6 por ciento a Mejía. El 40 por ciento a ambos por igual.

Vargas es consciente de sus dificultades, razón por la cual evade cualquier consulta democrática, especialmente una convención con el voto universal. Busca ganar tiempo remitiendo la convención ordinaria para una fecha imprecisa del año próximo, que luego puede ser el 2015. Administrando sin rendir cuentas el subsidio del presupuesto nacional, de unos 20  millones mensuales, y contando con respaldo en “las cortes de Leonel”, espera mejorar su posición si es quien escoge entre los miles que aspirarán a ser postulados a los cargos legislativos y municipales para el 2016.

En esa perspectiva al PRD le espera una división que le desacreditaría aún más ante el electorado y reduciría sus posibilidades electorales. Mientras más tarde, menos posibilidades de las partes para restaurar la fuerza electoral del partido. Vargas no ha podido siquiera reconciliarse con casi todos los dirigentes perredeístas que lo apoyaron en la lucha por la candidatura del 2012, y por el contrario ha expulsado  al presidente en funciones Andrés Bautista, y supendido al secretario general Orlando Jorge, y a la secretaria de Organización Geanilda Vásquez.

Se ven muy reducidas sus posibilidades de reunificar la mayoría del PRD para llevarlo al poder y el camino que lleva lo conduce a descuartizar el viejo buey blanco, pero mientras tanto él y algunos de sus seguidores se benefician del presupuesto nacional y de algunos contratos y favores que les dejó el gobierno de Leonel Fernández, quien cifra en la división del PRD sus posibilidades de volver a ser candidato de su partido y retornar al poder.

Subestimación e insulto

El confuso párrafo antes citado indica que Vargas subestima la inteligencia de Mejía e insulta a la comunidad perredeísta, a los que han mediado en la crisis de ese partido, y a toda la sociedad, que reclama respeto a los procedimientos democráticos.

Sostiene que “no formulé una propuesta de acuerdo”, para seguido decir que “se arribó de forma preliminar al acuerdo en sí”, sin nada escrito, en una conversación entre dos, sin testigo de lo hablado. Si él no formuló la propuesta, hay que deducir que quien lo hizo fue Mejía. En un diálogo que desde el día siguiente éste dijo que había sido un simple “romper el hielo” y que a solas no duró 30 minutos. Según la versión, Mejía fue a claudicar ante un contradictor al que acusa de haberle hecho perder la presidencia de la nación, de aliado al presidente del partido de gobierno, después de dos años de graves confrontaciones, incluido que Vargas se negó a reunirse con el candidato presidencial, con múltiples agravios de ambas partes, enfrentamiento violento en el local nacional del PRD y negativa sistemática a convocar los organismos partidarios.

Según Vargas, Mejía virtualmente se retiraba, pues “no aspiraría a ningún cargo de ser amnistiado en el PRD”, lo único que obtendría Mejía con ese “preacuerdo” , además del perdón, era “la eventual candidatura vicepresidencial para su hija”, aunque “también se acordó una cuota para su sector en la dirigencia del partido”, no en las candidaturas legislativas y municipales, y de ganar el gobierno “una serie de cargos en la administración pública”.

El presidente perredeísta citó como testigos a los mediadores. Soto Jiménez dijo que esas fueron las condiciones de Vargas para el diálogo y que éste le dijo que Mejía las había aceptado. El doctor Puello ha preferido reservarse como mediador, pero al ser preguntado dijo que “delante de mí no ha habido algo que pudiéramos llamar acuerdos, sino propuestas y contradicciones”.

 

El PRD no logra salir de su calvario

Por Juan Bolívar Díaz
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Las expectativas de inicio de un diálogo que pudiera conducir a la reunificación del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), derivadas del reciente encuentro entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas, parecieron esfumarse justo al conmemorarse el decimoquinto aniversario de la muerte de su líder José Francisco Peña Gómez.

Sólo el rescate de los procedimientos democráticos para elegir nuevos dirigentes podría permitir al PRD superar su prolongado calvario, pero su presidente sigue boicoteando todos los intentos de mediación y solución, persistiendo en su empeño de concertar afuera e imponerse dentro.

Esperanza que se esfuma. El encuentro verificado el viernes 3 de mayo entre el presidente del PRD Miguel Vargas Maldonado y el expresidente de la República Hipólito Mejía despertó expectativas de reunificación entre diversos sectores de ese partido, pero parecieron esfumarse en apenas una semana al conmemorarse el decimoquinto aniversario de la muerte de su líder José Francisco Peña Gómez.

Al conocerse del encuentro la reacción inicial fue de incredulidad y sorpresa, pues ni en la campaña electoral del año pasado se logró reunir a esos dirigentes políticos, a pesar de múltiples mediaciones, hasta de familiares. Se dio por hecho un cambio de actitud y se comenzaron a trazar rutas para el restablecimiento de la unidad, aunque algunos advertían que no avalarían “acuerdos de aposento”, y que cualquier solución tendría que incluir a todos los sectores, con aval de los organismos partidarios.

La proximidad del aniversario de la desaparición de Peña Gómez alentó las expectativas de que se aprovechara la ocasión para, invocando al líder histórico, realizar una conmemoración unitaria que empujara un compromiso de concertación. Por canales de mediación se propuso restablecer la presencia de todos en una misa conmemorativa, como se hizo hasta el 2010.

La misa unitaria era, para los más eufóricos, una manera de demostrar que se iniciaba una nueva etapa de entendimiento entre los perredeístas. Para los incrédulos y desconfiados era poner a prueba la disposición de los dos protagonistas más allá del encuentro celebrado bajo la sombra del general retirado Miguel Soto Jiménez y el médico José Joaquín Puello.

Un José Joaquín Puello. En la euforia que siguió al encuentro Vargas-Mejía, sectores perredeístas llegaron a plantearse la posibilidad de escoger una nueva dirección plural, presidida por alguien aceptable para todos y que no aspire a la candidatura presidencial, llegándose a identificar al neurocirujano José Joaquín Puello, sin excluir a otros como el también médico Jesús Feris Iglesias.

El doctor Puello fue candidato vicepresidencial del PRD en el 2008 en la boleta que llevó de candidato presidencial a Vargas Maldonado, justamente por su integridad y su carácter conciliador y afable y por su pluralidad y ascendiente en diversos sectores nacionales. Respaldó a Vargas en la lucha por la candidatura presidencial del 2012, pero terminó aceptando y respaldando a Mejía, aunque se ha mantenido entre quienes han mediado para subsanar los conflictos derivados de la lucha interna.

Se afirma que el doctor Puello sería aceptable para los mayores protagonistas de la confrontación perredeísta, pero también para Luis Abinader, quien busca afianzar su propia identidad y camino, aunque se teme que pudiera producir disgusto en algún legítimo  aspirante a la presidencia del partido, pero que terminaría en consenso en aras de la unidad.

Varios dirigentes perredeístas consultados se mostraron partidarios de un presidente de consenso, aunque algunos reconocen que es una tarea muy difícil y requeriría una dedicación de tiempo completo, sobre todo cuando se les recordó que personas de la integridad e independencia de Hugo Tolentino, Milagros Ortiz, Enmanuel Esquea y Quico Tabar terminaron siendo impugnados por Miguel Vargas como árbitros en la convención que desató la crisis con la elección de Hipólito Mejía para candidato presidencial del 2012.

El tiempo apremia. En las tertulias políticas se discutió intensamente sobre las causas que determinaron la reciente reunión Vargas-Mejía. Unos la creen resultado de la última encuesta Gallup-HOY que mostró a Abinader como primera opción para la próxima candidatura presidencial con 26 por ciento en el electorado y 41 por ciento entre los que se identificaron como perredeístas, atribuido en parte al cansancio de la pugnacidad entre los dos últimos candidatos presidenciales del PRD.

Vargas con 9 por ciento de las preferencias de los perredeístas, luce muy rezagado, y aunque Mejía registró un 35 por ciento, “ya fue presidente y lleva dos intentos de regreso frustrados y frustratorios”. Una de sus defensoras dijo que, a diferencia de Vargas y Abinader, él no ha dicho que aspira a la candidatura del 2016 y que si lo proclama sube.

Otra explicación de la reunión es el reconocimiento mutuo de que el tiempo apremia y de que en julio termina el período para el que Vargas fue electo presidente del partido. Se reconoce que Mejía siempre ha estado abierto al diálogo, y que lo demostró cuando en la campaña fue al local del partido, anunciando su interés de reunirse con Vargas, lo mismo que al almuerzo con que los hermanos de éste intentaron juntarlos dos semanas antes de los comicios del año pasado.

Se atribuye también la reunión al convencimiento de ambos de que se les puede hacer tarde para relanzar el partido blanco, con 21.7 por ciento de preferencias en la última encuesta Gallup. Y no faltan quienes plantean que Vargas busca ganar tiempo, desconcentrando a sus contradictores que han venido celebrando masivas asambleas partidarias en todas las provincias, lo que él ha limitado a dos o tres, por el alto rechazo de la militancia perredeísta que lo señala como mayor responsable de la crisis.

El presidente del PRD administrará este año unos 225 millones de  pesos del presupuesto nacional, lo que le implica una ventaja significativa para el proselitismo interno y atraerse adherentes, sobre todo si logra mantener la facultad para registrar candidaturas para el 2016, cuando millares de perredeístas aspirarán a todos los cargos electivos.

Rescate de la democracia. El rescate del PRD pasa necesariamente por el restablecimiento de los procedimientos democráticos, porque aunque los principales protagonistas de sus luchas internas se pongan de acuerdo en un procedimiento, cuando llegue la hora de escoger candidato volverán a dividirse, a menos que acepten los principios básicos de la democracia que en los partidos tienen expresión en los organismos de dirección.

Ese rescate luce tan difícil como el de los principios ideológicos que durante décadas dieron vigencia al perredeísmo y le permitieron sobrepasar numerosas crisis y divisiones. Pero las ambiciones y los intereses individuales han predominado, con expresiones de clientelismo. Los que aún creen en los principios socialdemócratas que animaron al PRD no tienen recursos económicos para competir con los empresarios de la política.

Mientras tanto, el PRD sigue en proceso de desgaste acelerado, incapacitado para ejercer su responsabilidad como primera fuerza política de oposición, por lo que la sociedad se va acostumbrando a vivir sin contar con esa fuerza predominante por más  de medio siglo. Sus principales dirigentes han lucido errantes buscando favores y acuerdos con otras fuerzas políticas, especialmente con contrincantes del partido gobernante, pero negados a dialogar entre ellos mismos.

Un balde de agua fría

Por una carta conciliatoria de Hipólito Mejía a Miguel Vargas del miércoles 8, se supo que éste rechazaba “lo ideal” de celebrar la misa con la presencia de todo el liderazgo partidista.

El expresidente mostró resignación, indicando que no debía ocurrir nada que dañara la memoria de Peña ni el proceso iniciado con el encuentro del día 3, y propuso la integración de una comisión de tres representantes de cada uno de los dos sectores enfrentados para preparar el protocolo que “permita discutir y definir la hoja de ruta y la agenda, de acuerdo con los Estatutos, y solucionar la crisis que vive actualmente el partido, lo que es exigido a gritos por la mayoría de los dominicanos, especialmente los perredeístas”.

Vargas terminó de echar un balde de agua fría al entusiasmo perredeísta cuando el jueves, respondiendo a los reporteros sobre la solicitud de Mejía, dijo que “nosotros no vamos a discutir nada al margen de lo que son los organismos del PRD, porque así es como se fortalece la democracia, donde prevalezca la posición de la mayoría”. Se ignora si alguno de los mediadores habrá podido rescatar la ruta de entendimiento, explicándole a Vargas que la propuesta busca explorar caminos de entendimiento que democráticamente tendrían que desembocar en los organismos máximos del partido que hace tiempo no funcionan.

Uno de los dirigentes consultados expresó su convicción de que los mediadores deberán proseguir una tarea en la que han fracasado numerosos mediadores desde que se originó la crisis tras los resultados de la convención que el 6 de marzo del 2011 escogió a Hipólito Mejía candidato presidencial para el 2012. Todos los intentos, incluyendo los impulsados por familiares y los que han involucrado a personalidades religiosas, han tropezado con la renuencia de Vargas a aceptar un diálogo. Los otros sectores, incluyendo a Mejía, siempre han mostrado disposición.

 

Avanza Abinader y se hunde Leonel

Por Juan Bolívar Díaz
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En el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) estaría emergiendo un nuevo liderazgo encarnado en el economista y empresario Luis Abinader, que se coloca por encima de Hipólito Mejía y de Miguel Vargas Maldonado, de acuerdo a los resultados de la encuesta Gallup-HOY publicada esta semana.

También resultó relevante el fortalecimiento del liderazgo del presidente Danilo Medina, quien mantiene muy alta aprobación mientras continúa en declive el del expresidente Leonel Fernández, cuyas preferencias electorales de cara al 2016 han caído al 11 por ciento.

Alta valoración de Danilo.  Aunque declinó en relación a enero, la valoración del presidente Danilo Medina en la última encuesta Gallup-HOY sigue siendo muy elevada, generando un 71 por ciento de satisfacción con sólo 15 por ciento de insatisfechos. En la de enero la aprobación de la gestión del mandatario alcanzó  el 81 por ciento con 16 por ciento de desaprobación. Con tan alta deuda social acumulada y 8 años seguidos de dominio de su partido, más el grave déficit fiscal heredado, es difícil que el presidente pueda mantener tan altas tasas de aprobación.

Cuando se preguntó sobre el desempeño presidencial de Medina en relación a la expectativa que se tenía, el 70 por ciento dijo que se maneja mejor de lo esperado, casi 10 puntos más que el 60.5 por ciento registrado en enero. La valoración de la gestión en educación se eleva hasta el 82 por ciento, atribuible al acatamiento del clamor nacional por el cumplimiento de la ley que dispone el 4 por ciento del producto bruto para la educación preuniversitaria.

La gestión en el apoyo a la agropecuaria alcanza aprobación del 75 por ciento, 74 en la economía y el 70 por ciento en salud. Se quema en inseguridad ciudadana, combate al narcotráfico, la corrupción y el costo de la vida, con puntuación descendente entre 54 y 46 por ciento.

Los ingredientes de la personalidad del presidente Medina resaltan en su valoración, muy superior al 55 por ciento que se manifiesta satisfecho con su gobierno en general y con el 27 por ciento que expresó insatisfacción. En la opinión pública se sigue apreciando el sello de modestia, austeridad, humildad y cercanía con la gente en el desempeño público del mandatario, sobre todo en contraste con el boato, la majestad y el triunfalismo que rodeaba a su antecesor.

Margarita sigue en alta. Resalta también la alta proporción de simpatía que sigue registrando la doctora Margarita Cedeño de Fernández, colocada en el segundo lugar de preferencias para la próxima candidatura presidencial del partido morado, entre todos los encuestados, con 23.5 por ciento, y liderando entre  los confesos peledeístas con 31 por ciento. Le siguen Jaime David Fernández con 4 por ciento en los dos niveles y José Tomás Pérez con 4 y 2 por ciento respectivamente.

La abogada comenzó su acumulación popular cuando, como primera dama, manejó personalmente un presupuesto anual que alcanzó hasta 800 millones de pesos, superior a los de los ministerios de la Mujer, la Juventud y Deportes juntos, y con contribuciones de otros organismos estatales que le permitieron realizar una intensa labor de asistencialismo social, socorriendo personalmente a grupos y personas necesitadas o en condiciones de precariedad. Ahora como vicepresidenta tiene a su cargo el gabinete que maneja los subsidios sociales del gobierno.

Desde luego que la doctora Cedeño ha puesto un gran empeño y su simpatía personal para emerger como figura presidenciable por encima de la caída en que se encuentra la popularidad de su esposo. Ya en la anterior Gallup-HOY registraba una alta tasa de opinión favorable, 75 por ciento, y desfavorable de apenas 17 por ciento, sólo superada por el presidente Medina. Sin embargo, a la pregunta sobre los políticos más admirados en la encuesta de abril, sólo fue señalada por el 0.5 por ciento, lo que pudiera ser un indicador de que se le aprecia más como asistencialista que como política. Pero eso no la descalificaría como potencial candidata presidencial.

Relevante para el PRD

La emergencia de Luis Abinader como nuevo líderperredeísta, situándose con mayores simpatías que el expresidente Hipólito Mejía y el presidente titular de su partido, Miguel Vargas Maldonado, puede ser el hallazgo más relevante de la encuesta Gallup-HOY publicada esta semana.

Abinader obtuvo el mayor porcentaje para candidato presidencial de todos los partidos de cara a las aún distantes elecciones del 2016, y para la candidatura del PRD supera a Mejía y Vargas en las preferencias del electorado en general y de los que se dicen miembros o simpatizantes del partido blanco.

Entre todos los encuestados el economista obtiene 26 por ciento de las preferencias, mientras Vargas registraba el 20 y Mejía el 18 por ciento. Entre quienes se confesaron perredeístas, Abinader consiguió la opinión favorable del 41 por ciento, en tanto que Hipólito se mantuvo bien situado con el 35 por ciento, mientras Vargas Maldonado apenas conseguía el 9 por ciento.

El resultado es concordante con un sentimiento que se expresa cada vez más abiertamente entre dirigentes del PRD de que sería necesaria la emergencia de un líder y un candidato alternativo para superar la crisis del principal partido de oposición, de la que se responsabiliza en mayor medida a Vargas Maldonado, y en segundo lugar a Mejía.

Ya en la anterior encuesta, (18-21 de enero pasado) Abinader encabezaba a los perredeístas en opiniones favorables, con 37 por ciento, y una tasa de rechazo de 29 por ciento. Mejía y Vargas registraban opiniones favorables del 28 y 20 por ciento, respectivamente, con elevadas tasas de rechazo del 63 y 65 por ciento.

Tremenda caída de Leonel

En medio de acusaciones e intentos de ser procesado por el enorme déficit fiscal de unos 200 mil millones de pesos del año pasado y por presunto tráfico de influencia en beneficio de su Fundación Global, la popularidad del expresidente Leonel Fernández se hunde progresivamente y no solo en el universo de los encuestados, sino incluso entre quienes se manifiestan miembros o simpatizantes de su partido.

A la pregunta de quién debería ostentar la candidatura presidencial del PLD para la elección del 2016, apenas el 11 por ciento del total señaló a Fernández, proporción que apenas subía al 16 por ciento entre sus propios partidarios.

Aunque no se incluía el nombre de Danilo Medina en las opciones, por estar prohíbida la reelección consecutiva, el 25 por ciento de los encuestados y el 28 por ciento de los que se consideran peledeístas, lo señalaron en el renglón “o tros”, lo que sugiere un desplazamiento hacia él, por lo menos coyuntural, en el liderazgo popular del PLD.

El indicador más fuerte de la caída de la popularidad de Leonel en esta Gallup-HOY se registró cuando se preguntó por los políticos más admirados y sólo el 3.2 por ciento lo señalaron, muy lejos del 30 por ciento marcado por Joaquín Balaguer, el 18.4 de Francisco Peña Gómez y el 18 por ciento de Juan Bosch. También lo superaron Antonio Guzmán y Danilo Medina, con 6 y 3.5 por ciento, respectivamente.

Caída asombrosa tras 8 años consecutivos de gobierno y 12 de los últimos 16. A pesar de una activa red de más de 2 mil “Comunicadores con Leonel”, beneficiados en las nóminas y con la publicidad del Estado, en los medios se percibe un progresivo declive de la popularidad del ex mandatario. Ya en la Gallup de enero registró opinión desfavorable del 52.3 por ciento y favorable de sólo 37.5 por ciento.

Sigue el rechazo a Miguel

Luis Abinader, quien tuvo un buen desempeño como candidato vicepresidencial perredeísta el año pasado, se estaría beneficiando del cansancio general, y en especial de sus compañeros de partido, con la crisis que mantiene al PRD al borde de la división, percibida por muchos como una irremediable confrontación entre Vargas y Mejía, que se inició en marzo del 2011 cuando el presidente del partido perdió la candidatura presidencial para el 2012 a manos del expresidente.

Desde entonces Mejía ha estado abierto a varios intentos de mediación mientras Vargas los ha evadido.

Ahora, del 11 al 15 de abril en curso, cuando se preguntó a los encuestados que se consideraron perredeístas quién es responsable de la crisis del PRD, el 40 por ciento dijo que tanto Miguel comoHipólito, el 50 por ciento individualizó a Vargas y sólo el 6 por ciento a Mejía.

En enero las respuestas a la misma pregunta habían arrojado un resultado parecido, 34 por ciento a ambos, y 54 y 9 por ciento respectivamente. En el universo de los encuestados a Miguel le va menos mal. La mitad cree que ambos son por igual responsables, un 23 por ciento lo culpa a él y 16 por ciento a Hipólito.

En enero la diferencia de culpabilidad era de cuatro puntos, 20 a 16 por ciento del universo. Como consecuencia de su crisis, que lo incapacita para asumir un sólido rol de oposición política, el PRD se mantiene en una de sus más bajas tasas de preferencia en su historial de 74 años, de 22.4 por ciento que registró en enero cayó ahora a 21.7, mientras el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ascendió del 51.7 al 53.2 por ciento de las preferencias.

A la pregunta de cuál sería la vía para superar la crisis, el 57 por ciento dijo que una convención nacional, en enero fue el 64 por ciento.

 

El congreso del PLD agudiza las tensiones

Por Juan Bolívar Díaz
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La proximidad del inicio del Octavo Congreso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha agudizado las tensiones entre quienes aspiran a una renovación dirigencial con miras a la candidatura presidencial del 2016 y los leonelistas que entienden que debe volver quien les ha permitido disfrutar del poder durante 12 años.

Entre seguidores y voceadores del expresidente Leonel Fernández no se oculta la inconformidad con la gestión de Danilo Medina y su sello de austeridad y moderación y buscan mediatizar una renovación pendiente de cargos gubernamentales que daría más independencia y protagonismo partidario al actual mandatario.

Almeyda lanza dardos

Cinco días después Franklin Almeyda, también fundador del PLD, cuestionó a Jiménez por haber descalificado a Fernández, y reivindicó al expresidente como virtual candidato, al sostener que la unidad alrededor de éste y de Medina es lo que les garantiza retener el poder en 2016. El exministro de Interior y Policía del pasado Gobierno, y uno de los pocos altos dirigentes sin cargo gubernamental ahora, atacó directamente al ministro de la Presidencia de Medina, Gustavo Montalvo, a quien acusó de pretender reducir la presencia del PLD en el Gobierno y de rodearse de gente de la sociedad civil, advirtiendo que los peledeístas pelearán para no dejarse desplazar.

También se quejó de que gente del gobierno asume que en el pasado régimen no se hizo nada, afirmando que el programa de seguridad ciudadana anunciado por el actual gobierno es el mismo que él impulsó en el pasado. Según Almeyda elementos que rodean a Montalvo forman parte de una especie de conjura para debilitar al PLD, en la que incluyó al Consejo Nacional de la Empresa Privada, el movimiento Participación Ciudadana y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Los “infiltrados” de la sociedad civil a que alude Almeyda son viceministros, asesores y directores que como Antonio Isa Conde, Ramón Tejada Holguín, Luis Henry Molina y Pedro Luis Castellanos integraron el equipo técnico del sector externo que apoyó a Danilo Medina en la campaña electoral y del que formaron parte también varios empresarios, pero ninguno dirigente del CONEP, entre ellos el Ministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y el Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.

Ya en el gobierno Medina integró como asesores económicos a Nelson Suárez e Isidoro Santana. Una dirigente peledeísta confió que estos dos “han causado irritación porque fueron muy críticos de la política económica del gobierno de Leonel e ideólogos  del Foro Ciudadano y del Centro Juan Montalvo de los jesuitas”.

Amarante dispara la alarma

La rapidez y contundencia con que Carlos Amarante Baret, uno de los peledeistas que apoyó a Medina cuando los leonelistas le cerraron el paso para el 2008 y también cuando lo intentaron para el 2012, respondió al día siguiente a Almeyda, disparó la alarma en el partido. No se anduvo con diplomacia ni medias tintas en una declaración escrita de 14 párrafos que él mismo distribuyó a los medios informativos.

Amarante, actual director del Instituto Dominicano de  Telecomunicaciones, no se limitó a defender a Montalvo, sino que acusó a Almeyda de “confrontar al Presidente de la República”, emplazándolo a dar la cara en la reunión que esa noche sostendría el Comité Político del partido. Y, más aún, advirtió que si Franklin decide llevar a cabo una línea de denuncias contra el régimen, “vamos a movilizar a las bases para defender el gobierno de Danilo Medina, que es del Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados”.

Temístocles, Felucho, Almeyda y Amarante tienen en común que son de los 26 integrantes del Comité Político, que en su reunión del martes 16 pidió un alto al fuego y hasta decidió reunirse cada quincena para que se puedan debatir allí, en familia, las diferencias que han creado tensiones.

Irrumpen otros actores

Por primera vez se reportó que hubo peledeístas con carteles al frente del local donde sesionaba el máximo organismo ejecutivo. Y desde las bases partidarias saltaron  al escenario público otros protagonistas, cuando 53 presidentes de comités intermedios, miembros y exmiembros del Comité Central anunciaron una propuesta conjunta de reformas estatutarias, luego de haber sopesado la Constitución, varias leyes adjetivas y los anteproyectos de leyes de partido que reposan en el Congreso Nacional.

Dijeron que también sopesaron los estatutos, la declaración de principios del partido, y que luego de haber “estudiado la teoría boschista” decidieron formular su propuesta de reformas “retomando los principios que nos dieron origen”. Expresaron esperanzas de que la mayoría de los delegados aprueben sus propuestas y que luego no se repitan “las flagrantes violaciones” de que fueron objeto resoluciones de anteriores congresos.

El grupo que tuvo como vocero público al secretario de Medio Ambiente del PLD, Paíno Abréu, plantea que no se abulte la matrícula del Comité Central como se ha propuesto al Congreso. En cambio el dirigente intermedio Jimmy García se quejó de que no se propone elegir los integrantes del Comité Político y el Comité Central, que se auto prolongaron su período apelando a la ratificación de un plebiscito en el 2011, junto a la elección del candidato presidencial, reprobado por el 30 por ciento.

No han dado tregua

Las tensiones en el PLD se originan en que Leonel Fernández y sus seguidores no han dado tregua y se han mantenido moviéndose para garantizarse el retorno al poder en el 2016, mediatizando los esfuerzos de Danilo Medina por imprimir su propio sello al gobierno, y porque seguidores del mandatario no han olvidado las afrentas e intentos de aniquilamiento que sufrieron.

A diferencia de lo que es normal, ejemplos de México y Brasil, donde los presidentes salientes, aún del mismo partido, se inhiben algún tiempo, Leonel Fernández parece haber seguido el camino de su amigo Alvaro Uribe, cuyo prolongado protagonismo lo ha llevado a confrontar el gobierno de Juan Manuel Santos. El dominicano se ha mantenido pronunciando discursos, incluso en vísperas de los de Medina, como ocurrió a los cien días y antes del informe presidencial del 27 de febrero cuando en una asamblea de dirigentes del PLD y en mítin ante el Altar de la Patria, pronunció discursos de corte electoral adelantando que su partido “gobernará durante 20 años” y después que “será una fábrica de presidentes”.

Eso mientras el 25 de febrero, Diario Libre recogía el anuncio del alcalde capitalino Roberto Salcedo, de que “estoy trabajando para que Leonel vuelva a la Presidencia en el 2016”. Y la inmensa maquinaria mediática montada por Fernández no ha cesado de promoverlo y darlo como candidato seguro en el 16, sin economizar críticas abiertas y sutiles e intentos de chantaje al gobierno de Medina.

Hasta se burlan de Danilo

Los leonelistas se han burlado “de la austeridad de Danilo”. Se quejaron de que transparentara el inmenso hoyo fiscal que le heredaron, de que no reprimieran las manifestaciones y “juicios populares” contra Leonel, de su rectificación del reparto de Bahía de las Aguilas, de su denuncia del infame contrato con la Barrick Gold, de que no reprimieran las manifestaciones y hasta de que recibiera en el Palacio Nacional a Hipólito Mejía, quien obtuvo el 47 por ciento de los votos en mayo pasado. Además del Ministro de la Presidencia, también han denunciado agriamente la gestión del  Procurador General y de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional y hasta la del ministro de Economía, a quien algunos tratan de “traidor”.

Ese protagonismo y abiertas provocaciones han causado escozor entre danilistas e independientes, algunos incluso se quejan “de la paciencia” con que el presidente se ha conducido, otros reclaman las remociones de funcionarios ejecutivos, diplomáticos, militares y policiales que esperaban al inicio del gobierno y que luego se voceaba que vendría el 27 de febrero. La incesante promoción de Fernández, a quien atribuyen “buscarse distinciones en el exterior para reafirmarse en el interior”, es lo que ha movilizado a quienes creen en la renovación del liderazgo y los candidato.

Un excelente observador cercano al presidente sintetizó la situación, expresando su convicción de que “la sangre no llegará al río, porque todos los sectores se necesitan”, pero también advirtió que las tensiones aumentan en la medida en que los peledeístas perciben que ningún partido amenaza su reinado. “La falta de oposición externa desplaza las luchas a lo interno del PLD”.