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2013: desmadre político y esfuerzo del Gobierno

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El año se salva por el esfuerzo por mejorar la gestión gubernamental, pero la política alcanzó niveles escandalosos con crisis en los partidos e inicio de campaña electoral en medio de un ambiente recesivo

El 2013 registró un deterioro del partidismo político, especialmente en la oposición perredeísta, con el país en camino a un régimen unipartidista que ha lanzado al partido gobernante a una precipitada campaña electoral cuando apenas se cumplía el primer año de la gestión del presidente Danilo Medina.

En medio de precariedades judiciales e institucionales resalta el esfuerzo por mejorar la prioridad y calidad del gasto y una gestión gubernamental más cercana a la población que logró reducir el enorme déficit fiscal heredado, pero a costa de una recesión económica y creciente endeudamiento.

Régimen unipartidista. Tal como advirtió en noviembre el Centro de Estudios Estratégicos de Washington, la República Dominicana pareció encaminarse este año que concluye a un régimen unipartidista, con el acentuado deterioro de la principal organización de oposición, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), víctima de su progresivo debilitamiento institucional.

El PRD permanece secuestrado por una minoría encarnada en un presidente, Miguel Vargas Maldonado, favorecido sin el menor rubor por las cortes que éste y el expresidente Leonel Fernández integraron tras el pacto político que suscribieron a título personal en 2009 para dar paso a la Constitución de 2010. El período de Vargas como presidente del partido blanco concluyó en julio, pese a lo cual la Junta Central Electoral ha seguido entregándole más de 18 millones de pesos mensuales del presupuesto de la nación, que son manejados sin la menor rendición de cuentas.

El PRD aparece frizado, encadenado, habiendo perdido la vitalidad de sus organismos de base y sectoriales, sin poder reunir sus máximos órganos de dirección y fraccionado de manera inexorable, lo que deja al país sin equilibrio político, más notable por la concentración de poderes en el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Es relevante que la mayoría perredeísta ha sido incapaz de hacer valer su fuerza para recuperar el control partidario, lo que se explica en el cansancio de una dirigencia que no se ha renovado oportunamente y da señales de agotamiento, inmersa también en el salvaje pragmatismo político que afecta al sistema partidista dominicano.

Sin la Ley de Partidos. Concluye otro año sin que el Congreso Nacional, bajo control peledeísta, conociera el proyecto de Ley de Partidos Políticos que se viene discutiendo y consensuando desde hace 15 años y que tampoco aprobaron los perredeístas cuando controlaron el Poder Legislativo entre 1998 y el 2006. El proyecto pretendería garantizar la democracia interna y la transparencia financiera en los partidos, así como establecer pautas regulatorias de las campañas electorales internas y nacionales, así como para evitar y sancionar los abusos de los recursos provenientes de actividades ilícitas, incluyendo el desvío de fondos estatales.

El proyecto de Ley de Partidos ha sido objeto de varios consensos entre representantes de los partidos y la sociedad civil y ha sido presentado una decena de veces a través de ambas cámaras legislativas. El Congreso tampoco ha dado paso al proyecto de Ley Orgánica Electoral que le sometió en el 2011 la Junta Central Electoral y que debe adaptar el régimen electoral a la Constitución promulgada en el 2010.

La agenda legislativa persistió en dejar pendientes otros proyectos vitales como el que integraría una nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, fundamental para enfrentar la agobiante inseguridad ciudadana, y el de una nueva ley para hacer efectiva la declaración jurada de bienes.

La crisis política es de tal dimensión que ni los escasos legisladores de oposición tomaron iniciativas significativas para renovar la agenda legislativa, dependiente absolutamente del partido gobernante. Solo el pequeño Partido Alianza País, presidido por Guillermo Moreno, asomó reclamando sanción a la corrupción, en intentos vanos, dada la falta de independencia del Ministerio Público y “las cortes de Leonel y Miguel”, una de las cuales dictaminó el escándalo internacional que despoja de la nacionalidad a decenas de miles de descendientes de extranjeros, en su mayoría haitianos.

Mejora la gestión pública. En términos políticos el 2013 se salva por el esfuerzo del presidente Danilo Medina en una gestión más escrupulosa, con prioridades en el gasto público, especialmente interesada en cumplir la ley que destina el 4 por ciento del producto interno bruto a la educación básica, y aunque factores fuera de control han impedido que se alcance la meta, la sociedad ha acreditado el esfuerzo.

En su evaluación de fin de año el movimiento Participación Ciudadana reconoció un avance en la transparencia en las contrataciones públicas, aunque sin combatir la corrupción ni establecer la cuenta única del tesoro y otras de las iniciativas participativas anticorrupción. Los avances tampoco han alcanzado a reducir el dispendio en las nóminas públicas ni el reparto de organismos estatales, especialmente autónomos donde el patrimonio público se convierte en particular.

El actual mandatario ha completado el primer tercio de su período, manteniendo un significativo acercamiento a la población, con austeridad en su equipo fundamental, poniendo atención a los pequeños y medianos productores. Su reivindicación de una mayor participación en los beneficios de la explotación de oro y plata por la Barrick contribuyó significativamente este año a la buena valoración que ha mantenido el presidente Medina.

Sin cambios importantes en el equipo gubernamental, el esfuerzo del mandatario parece contentarse con una diferenciación personal con su antecesor, obviando conflictos al interior de su partido, lo que va dejando espacio suficiente para que el expresidente Fernández reconstituya sus fuerzas con miras a un retorno al poder en el 2016.

Ambiente recesivo. Restringiendo el gasto para reducir el enorme hoyo fiscal que heredó y con las consecuencias de una reforma tributaria implementada este año, el Gobierno de Medina enfrentó en gran parte del año lo que el Centro Regional de Estrategias Económicas ha denominado “ambiente recesivo”. Gracias a un fuerte incremento del gasto en la segunda mitad del año, la economía terminará creciendo un 3%, insuficiente para reducir el desempleo, sobre todo al no haber reactivado el sector industrial, salvándose por el incremento de las exportaciones mineras.

El Gobierno puede reivindicar una tasa baja de inflación, alrededor del 5%, con devaluación del 7 por ciento, pero no así la carga del endeudamiento que para el próximo año compromete el 45 por ciento de los ingresos regulares.

El Banco Central situó el total de la deuda sobre 27 mil millones de dólares, aunque economistas independientes la consolidan por encima de los 30 mil millones de dólares, acercándose al 50% del producto bruto interno (PBI).

El año concluye sin que el Gobierno se haya abocado a dar curso a los pactos fiscal y eléctrico contemplados en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, aunque concentrándose en invertir en plantas generadoras de electricidad a base de carbón. Se le da crédito por haber iniciado las gestiones para el pacto por la calidad de la educación.

Auténticos “come solos”
Tras haberse engullido hace varios años al otrora poderoso partido de Joaquín Balaguer, el Reformista Social Cristiano, que al igual que otra docena de aliados del Gobierno disfruta de parcelas del Estado que son manejadas como auténticos patrimonios grupales, el PLD se ha ido convirtiendo en un auténtico “come solo” en la política y el ejercicio del poder. Por eso a principios de año su presidente Leonel Fernández proclamó que gobernarían otros 20 años, pero ya en diciembre lo extendió a 31 años más, hasta el 2044 para el bicentenario de la independencia nacional.

Como no tiene oposición, el PLD se lanzó este año a una desenfrenada carrera por la sucesión del presidente Medina, cuando este apenas agotaba su primer año de Gobierno. El propio Fernández proclamó en agosto que “el león” saldría a las calles y desde entonces sus más cercanos partidarios y financiadores se han lanzado a las provincias a crear movimientos de apoyo, especialmente a través de senadores y diputados que le deben cargos y riquezas al expresidente.

Esa circunstancia determinó que otros dirigentes peledeístas, como el secretario general Reinaldo Pared Pérez y los ministros Temístocles Montás y Francisco Javier García se lanzaran abiertamente en campaña, llenando calles y carreteras de propaganda política cuando todavía faltaban tres años para las elecciones.

Por otro lado, la decisión de aumentar en unos 140 los miembros del Comité Central del PLD y otra decena en su Comité Político, ha desatado otra campaña con un millar de aspirantes a esos puestos que se promueven por los más diversos medios de comunicación. El desmadre es visto como normal por los órganos que deberían regir las campañas electorales y los máximos responsables del Gobierno, sin que nadie pregunte o explique el origen de tanto recurso para promoción personal.

 

Se impone la solidaridad

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Desde la primera lectura a la penosa sentencia con que el Tribunal Constitucional decreta un apartheid o gueto que conformarían cientos de miles de dominicanos y dominicanas de diversas ascendencias, especialmente haitiana, consideré que terminará resolviendo a corto plazo la situación que desde hace seis años afecta a miles de personas.

El dictamen viola tantos preceptos de la Constitución dominicana, como de los códigos del derecho internacional, que no dejará espacio a la indiferencia. Toda persona con un mínimo de sensibilidad tendrá que reaccionar y muchos militarán en la solidaridad que ha comenzado a manifestarse con las víctimas de esta “limpieza étnica”, que afectaría también a descendientes de chinos, árabes, judíos y de muchas otras nacionalidades, que hace tiempo son parte de la dominicanidad.

Un cable de la agencia española Efe daba cuenta de cómo la sentencia de marras ha dividido a los dominicanos desatando amplias manifestaciones de solidaridad. Ha sido relevante que casi todos los expertos en derecho constitucional, como destacados juristas han coincidido en señalar que el dictamen viola principios constitucionales y universales fundamentales que la hacen insostenible, por lo que está destinada a ser revertida tan pronto sea dilucidada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que está adscrito el Estado Dominicano desde que en 1978 suscribió, con aprobación congresual, la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Como esa corte es parte de la Convención, bastaba con una declaración posterior que la reconociera, por parte del Congreso o del Poder Ejecutivo, que fue lo que hizo en 1999 el presidente Leonel Fernández. Si alguien quería redundancia, se puede encontrar en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional donde se ratifica que sus decisiones quedan subordinadas a la CIDH.

Al disponer una limpieza del registro civil retroactiva al 1929 para excluir de la ciudadanía a todos los hijos de extranjeros que estuvieran indocumentados al momento en que nacieron, dando cuenta la sentencia misma que podrían ser cientos de miles, quedó desafiada la sensibilidad de quienes creen en principios fundamentales, como la irretroactividad de la ley, consagrada en el artículo 110 de nuestra Constitución, la que, por demás, en su artículo 18.2 proclama dominicanos y dominicanas a “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.

La inmensa mayoría de la opinión pública sensata reconoce que sería ignominioso crear un apartheid de cientos de miles de personas nacidas y con décadas de vida en el país, que no se irán para ninguna parte, ni pueden irse sin pasaporte, en base a los prejuicios y sentimientos de odio que destilan algunos defensores a ultranza de la “pureza de la dominicanidad”, ignorando que este es un país de inmigrantes, donde los colonizadores no dejaron vivo uno solo de los nativos, y que al mismo tiempo somos una nación de emigrantes que ha mandado millón y medio de sus hijos al exterior, en su inmensa mayoría sin previa autorización para permanecer en múltiples países del mundo, en algunos con una saturación que crea tensiones.

Lo bueno del dictamen del Constitucional es que despeja las dudas: Ya no es si los hijos de indocumentados que nacen ahora en el país tienen derecho a la nacionalidad, cosa que niega claramente la Constitución del 2010, sino que se pretende despojar a cientos de miles que ya la tenían.

Hay que saludar la sensibilidad mostrada por el presidente Danilo Medina ante el grito desgarrante de los jóvenes descendientes de haitianos, que son los más afectados, y esperar que no se deje enmendar la plana ni chantajear. El prestigio de la nación está en juego y es preciso enmendar el despojo antes que nos lo imponga la CIDH, cuya sentencia del 2005 a favor de dos niñas de ascendencia haitiana no deja dudas. Mientras más rápido rectifiquemos mejor, porque el escándalo seguirá expandiéndose y quedará como el mayor despojo después del que decretó Hitler contra judíos, gitanos y otras minorías, en vísperas de la mayor matanza de la historia.

 

Danilo debe frenar el genocidio civil

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
Fallo TC

El camino más expedito para conjurar la el genocidio civil avalado por el Tribunal Constitucional (TC) antes que el país sufra nuevas condenas internacionales es una ley que reivindique la Constitución vigente, y reconozca la nacionalidad dominicana a todos los que la recibieron antes del 26 de enero del 2010.

Por de pronto la sentencia 168-13 del TC ya perdió la opinión pública nacional e internacional con un contundente rechazo al “tránsito de décadas” y al efecto retroactivo que viola un precepto fundamental de carácter universal, sobre todo en materia de un derecho básico como el de la nacionalidad.

244 mil serían afectados. La sentencia que desconoce a los dominicanos de ascendencia haitiana contiene en sí misma elementos que la condenan al zafacón de la historia, como el dislate de declarar en tránsito a decenas de miles de descendientes de inmigrantes de hasta 84 años y ordenar un rastreo desde 1929, lo que incluirá a los miles asesinados por la guardia trujillista en 1937, cosa que esta semana recordó BBC Mundo en un extenso reporte, y de disponer el despojo retroactivo de su nacionalidad, en violación de la Constitución de la República en su artículo 110, sino también de un principio básico del derecho internacional. El reglamento de Migración 279 de 1939 limitaba el tránsito a 10 días.

Asumiendo el antihaitianismo de grupos ultranacionalistas, a 11 de los 13 jueces del TC se les fue la mano en otros aspectos, por los cuales su dictamen ha tenido el rechazo casi absoluto de los expertos en derecho constitucional e internacional y de las ciencias sociales. Se cogieron para sí una instancia que reconocían facultad de otro tribunal, juzgaron sin escucharla a la señora Juliana Deguis Pierre que lo que les pedía era amparo y extendieron la condena a 244 mil personas que integrarían un apartheid.

La misma sentencia exagera las víctimas de la limpieza racial que dispone, cuando en su numeral 1.13 interpreta los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes publicada en abril por la Oficina Nacional de Estadística, que estima en 458 mil los nacidos en Haití y en 244,151 sus descendientes nacidos en República Dominicana. Sin el menor rigor, igualan las dos categorías, para elevar su total a 668,145, y sostener que la recurrente señora Deguis es solo una del total “por lo que el problema que ahora nos ocupa no solo le atañe a ella, sino también a otra cantidad de inmigrantes haitianos y sus descendientes los cuales constituyen el 6.87 por ciento de la población que habita el territorio nacional”.

Según el censo, los nacidos aquí son el 2.04 por ciento de la población nacional, y solo esos pueden equipararse a Juliana Deguis, porque como ella reclaman la nacionalidad.

La Constitución del 2010. Para negar la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados fue que en la Constitución del 2010 se modificó lo relativo a quiénes son dominicanos, artículo 18.

En las anteriores, donde imperaba el jus soli, solo se excluía a los hijos de diplomáticos y extranjeros en tránsito. Se excluye ahora también a los hijos de quienes “residan ilegalmente en territorio dominicano”.

Como ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que el tránsito debe ser por un período razonable, no por décadas, y como el artículo 110 de la Constitución declara que “la ley solo dispone y se aplica para el porvenir”, la Sentencia del TC ha sido considerada inconstitucional por casi todos los expertos constitucionalistas.

Hasta el expresidente Leonel Fernández rechazó la retroactividad esta semana en declaraciones a periodistas en Nueva York.

Según publicó el digital 7días.com, el líder peledeísta dijo que si la sentencia es de aplicación retroactiva creará un problema con personas “que han tenido la impresión de ser dominicanos y en algún momento hasta tuvieron la documentación dominicana”.
Agregó que “lo que tiene que verse… es si tiene efecto retroactivo o solamente rige para el futuro. Si se interpreta simple y llanamente como para regir en el futuro, no hay discusión…”.

Un apartheid imposible. En la globalización actual no será posible que florezca un apartheid que de entrada pudiera afectar a 244 mil personas y en el futuro a toda su descendencia. Ellos no se irán y resistirán el despojo de la nacionalidad, prefiriendo “hasta la muerte” como dijo la joven petromacorisana Altagracia Yan en una rueda de prensa esta semana.

Resulta imposible imaginar a decenas de miles de personas sin poder acceder a una identidad, a un empleo, ni a la seguridad social, sin derecho a casarse ni divorciarse, ni inscribirse en una escuela o universidad.

Las autoridades tendrían que pasar años notificando anulaciones de actas. Será impracticable también el inventario hasta 1929 buscando descendientes de inmigrantes indocumentados.

El dictamen del TC divide la sociedad dominicana, porque una proporción muy considerable, legitima el despojo, confundiendo los derechos adquiridos de los nacidos en el país con la creciente inmigración de haitianos, promovida por intereses empresariales y del mismo Estado que se garantizan un excedente de mano de obra, lo que abarata el costo del trabajo.

Cuando la Junta Central Electoral (JCE) contrató en el 2005 para automatizar todo el registro civil, se pudo comprobar que el 22 por ciento de los folios estaban deteriorados y otro porcentaje desaparecido.

Hasta 1993 se obtenía la cédula de identidad sin acta de nacimiento y el 25 por ciento de los que han dado sus datos biométricos carecían del acta, sostiene una fuente del organismo.

El presidente Medina. Se creyó que el TC tenía la llave para poner fin al genocidio civil iniciado en el 2007 por la JCE pero su dictamen avalándolo y multiplicándolo, obligará a la búsqueda de una “solución pragmática”, como la propuesta a principio de año por el doctor José Angel Aquino, titular del organismo estatal, quien llegó a presentar un proyecto de ley para reconocer la nacionalidad a unos 22 mil afectados por la resolución de la JCE a partir de 1982. Tres de los cinco miembros de la JCE lo rechazaron.

En las actuales circunstancias el presidente Danilo Medina sería el más indicado para tomar la iniciativa legislativa, tanto para evitar el apartheid como para economizar descrédito internacional, que en el exterior no podrá ser desvinculado de su gobierno. Más aún cuando su director de Migración, José Ricardo Taveras, ha llegado al extremo de alentar públicamente manifestaciones antihaitianas.

El mandatario podría motivar su proyecto aún en razones humanitarias, como borrón y cuenta nueva, reivindicando el artículo 18, numeral 2 de la Constitución que dice que “son dominicanos y dominicanas quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”. Haría justicia y ganaría reconocimiento, ya que esos ciudadanos no se adjudicaron un derecho, sino que les fue reconocido por el Estado cuando los inscribieron como dominicanos. Y tendría mayor legitimidad para hacer centrar la acción del Estado en limitar la inmigración actual en vez de andar mirando hacia atrás.

 

Liquidemos ese nuevo apartheid

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) se sumó esta semana a la denuncia del nuevo apartheid instituido por la Junta Central Electoral desde el 2007 al despojar de la nacionalidad dominicana a millares de descendientes de haitianos que durante décadas fueron declarados como tales al amparo del derecho del jus soli que rigió en las constituciones nacionales hasta la vigente, promulgada en el 2010.

Nunca hemos  podido entender ni asimilar la indiferencia de tantas instituciones, de dirigentes sociales, intelectuales, religiosos y personas de diferentes ámbitos preocupadas por las normas fundamentales de convivencia civilizada y partícipes del código universal de los derechos humanos, ante una decisión administrativa que declara muertos civiles a decenas de miles de seres humanos, y lo hace con efecto retroactivo, vulnerando una jurisprudencia y principio constitucional de carácter universal, recogido en todas las constituciones que han regido la nación dominicana desde su fundación.

La declaración de la Finjus, suscrita por su vicepresidente ejecutivo, el reconocido jurista Servio Tulio Castaños Guzmán, se refiere a la reciente decisión de la JCE de traspasar a la dirección de Migración los expedientes de 19 mil 15 casos de ciudadanos descendientes de haitianos supuestamente afectados de irregularidades. Expresa preocupación de que en vez de actuar de acuerdo con el orden constitucional vigente, la Junta Central Electoral “haya decidido convertir en un asunto de carácter migratorio lo que es un asunto de carácter registral., que de acuerdo con el artículo 212 de la Constitución, párrafo IV es de su competencia”.

 El comunicado coincide con el voto negativo razonado por el doctor Eddy Olivares, miembro titular de la JCE, en el carácter constitucional e ilegal de tal decisión, en virtud de que es a los tribunales del orden judicial a quienes compete decidir sobre la anulación o no de una declaración de nacimiento. Se refiere también al desacato de sentencias de amparo emitidas por jueces a los que han recurrido algunos de los afectados, individualmente y en grupos.

De ser ciertos esos desacatos denunciados, señala la Finjus, “estaríamos ante un grave atentado a la seguridad jurídica y el Estado de Derecho en la República Dominicana, pues nuestro ordenamiento jurídico sufriría graves lesiones si cualquier institución estatal o funcionario público, sin importar su rango o condición, toma decisiones de forma arbitraria que afecten los bienes jurídicos de las personas en desconocimiento de las leyes y la Constitución”.

Sería relevante determinar qué hará Migración con esos 19 mil expedientes. Si saldrá a recoger a todos esos ciudadanos, nacidos y criados en este país, durante décadas, que en su momento fueron admitidos como ciudadanos y dotados de cédulas y pasaportes, para deportarlos hacia algún territorio donde nunca han estado, o si simplemente los dejarán en un invernadero, como muertos civiles, en un nuevo tipo de apartheid que como considera la Finjus coloca al país en una situación de cuestionamiento ante organismos internacionales.

Que país tan contradictorio e insólito es el nuestro, que ha enviado a más de un millón de los suyos al exterior y reclama derechos para ellos, pero atropella a quienes han descendido de inmigrantes. Mientras en Estados Unidos las fuerzas políticas se ponen de acuerdo para dar un estatus legal a 12 ó 15 millones de inmigrantes ilegales, y hasta para garantizarles un acceso a la ciudadanía, aquí se la estamos revocando masivamente a millares que la tuvieron por décadas. Mientras el alcalde de Nueva York legisla para impedir la deportación de inmigrantes que no hayan violado las leyes, aquí ignoramos las normas legales y constitucionales que amparan a los ciudadanos cuyos padres llegaron sin un estatus migratorio definitivo.

Mantenemos la esperanza de que cada día se levanten nuevas voces para rechazar ese atropello que impide a miles acceder a escuelas y universidades, obtener una cédula de identidad o un pasaporte, contraer matrimonio o divorciarse, y  ejercer muchos otros actos de la vida civil. Pongamos pronto fin a este ignominioso apartheid e impidamos ghettos de muertos civiles al por mayor. Que nadie acalle su conciencia haciéndose el  desinformado. Ya no es si debemos o no dar la nacionalidad a los que han nacido en el país, es que se la estamos arrebatando a miles que ya la habían recibido.-

 

La Navidad es solidaridad

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Es muy probable que estas festividades navideñas sean “más frías” de lo que nos habíamos acostumbrado, debido al programa de austeridad impuesto por el gobierno del presidente Danilo Medina tras el desguañangue de las finanzas que heredó de su antecesor. La querella se escucha por diversos medios, con nostalgia del enorme reparto de canastas de bebidas y alimentos por miles de millones de pesos a que nos había acostumbrado el despilfarro de los fondos públicos.

Hay que dar crédito al gobierno por la considerable reducción de un gasto que beneficiaba a los funcionarios mismos y sus familiares y relacionados, a comunicadores y líderes políticos y sociales que no necesitan esas ofrendas para celebrar la Navidad, aunque se reconoce que una parte se redistribuía a personas de ingresos medios y bajos.

Se justifica que se haya mantenido el reparto de cajas navideñas a los sectores más pobres, aunque muchos quisiéramos ver llegado el día en que estas boronas no sean necesarias. Debemos celebrar que el presidente Medina no haya utilizado estos repartos como mecanismo clientelista y que dispusiera un gran esfuerzo organizativo para evitar las humillaciones y hasta atropellos del pasado.

El programa de austeridad de este año debe tener efectos positivos como, por ejemplo, que nos permita asumir la Navidad con menos despilfarro, con una reducción de las bebentinas y comilonas que dejan al desnudo las tremendas disparidades y exclusiones de la sociedad dominicana.

Las circunstancias lucen propicias para reivindicar el origen de la celebración  de la Navidad, que no es otro que el nacimiento del profeta de profetas, Jesús, el Cristo, el hijo de Dios, o el humilde rabit de Galilea, nacido entre los pobres, quien vivió en la pobreza y se rodeó de gente sencilla para predicar un evangelio de solidaridad.

Para los que tuvimos la suerte de nacer en un batey azucarero dominicano  resulta muy fácil entender el espíritu de la Navidad, que siempre ha sido reafirmación de la fraternidad, búsqueda de los más desamparados, compromiso en la lucha por la justicia y el plátano para todos.

En esta Navidad nuestra solidaridad vuela a juntarse con Elena Lorac, encantadora muchacha de 23 años que lucha porque le expidan una copia de su acta de nacimiento para estudiar educación en una Universidad, o con Luis Felipe Fortiñez,   a quien ahora se le niega su condición de dominicano después de 47 años  de haber nacido en esta tierra, donde descansa su abuela, una inmigrante haitiana de principios del siglo pasado. En esos dos excluidos encarnamos la solidaridad con miles de hombres y mujeres, de todas las edades, condenados por simple decisión administrativa a vivir en un nuevo apartheid.

La solidaridad de la Navidad se extiende también a millares de obreros cañeros que durante años han reclamado el derecho a la jubilación para la que cotizaron durante décadas, regando con sangre, sudor y lágrimas los campos cañeros en los que se fundó durante un siglo el progreso dominicano.

Llegue también nuestra solidaridad a los cientos de miles de muchachos y muchachas a quienes esta sociedad negó el derecho a una educación y un empleo que les permita desarrollarse como persona, constituir una familia en ambiente sano y ser parte del progreso y la modernidad que pregonamos en los cenáculos del bienestar.

Sí, esta celebración, esta Navidad es para la reflexión, para los encuentros y reencuentros, para la solidaridad y la fraternidad. Que la paz de la Navidad nos alcance a todos y se reproduzca con generosidad. Amén.