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¿Hasta dónde nos llevarán estos caminos?

by Juan Bolívar Diaz Santana | 4 Comments

Por Juan Bolívar Díaz
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La interrogante la formulaba el inolvidable periodista radiofónico Tomás Pujols Sanabia siempre al final de los incisivos comentarios con los que impugnaba el rumbo que llevaba el país en 1964 y los primeros meses del 65, y se recuerda en estos tiempos de una corrupción y descomposición tan descomunal, que nadie podía imaginar aún en los días del “Triunvirato de dos” que sólo era uno.

Aunque los escándalos se suceden con tanta velocidad que han ido mellando el alma nacional y la capacidad de asombro, muchos se sintieron alarmados esta semana con la revelación de que ya no sólo tenemos bandas de policías y militares, de políticos y funcionarios civiles, para la estafa, la extorsión, el sicariato y el narcotráfico, sino que también ya se integran con jueces, incluyendo un miembro del Consejo del Poder Judicial.

Los cargos están inscritos en una instancia de la Procuraduría General dirigida a los miembros del Consejo del Poder Judicial, que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con poder de detonación capaz de reducir el impacto del vencimiento del plazo que tenía el procurador Francisco Domínguez Brito para apelar el “no ha lugar” que beneficia al senador Félix Bautista, secretario de Organización del partido gobernante, acusado de corrupción en el manejo de nada menos que 26 mil millones de pesos.

Tratando de justificar una decisión a todas luces garantista de impunidad pactada en los altos niveles partidarios y del Gobierno, Domínguez Brito ha llegado hasta el cinismo, al plantear la inconcebible afirmación de que “no recurrir la sentencia es una forma de luchar”. Su obligación era llevar hasta las últimas consecuencias un expediente que él ratificó como “uno de los actos de corrupción más grandes de los últimos años”.

Son cínicos también los argumentos de Domínguez Brito de que no apelaba a la última instancia porque no le merece confianza, llegando a decir que “la mayoría de los jueces (de la SCJ) se pronunciaron y asumieron una posición a favor de los imputados”, algo absolutamente falso. Lo hicieron apenas 3 de los 17, mientras dos votaban por el enjuiciamiento de Bautista y compartes. Pero estos cinco, de la Cámara Penal, quedarían inhibidos ante la recurrencia y quedaban doce para decidir, incluyendo a su presidente. Si es alarmante la acusación al pleno de la SCJ, es peor que sus integrantes, incluyendo a su presidente, no la hayan rechazado de inmediato.

La posición del Procurador es burlesca cuando justo al liberar a Bautista de los graves cargos de corrupción bajo argumentos tan fatuos, apela al mismo presidente de la SCJ y los integrantes del Poder Judicial para que tomen cartas contra seis jueces a los que acusa de reunirse en lugares de diversión y casas de individuos “de dudosa reputación”, de dictámenes a favor de narcotraficantes con operaciones de decenas de millones de dólares, de invertir en la promoción de jueces, dejar en libertad un regidor procesado por sicariato, ordenar devolver 20 millones de dólares al narcotraficante procesado Arturo del Tiempo.

Tanto más burlesca porque uno de los seis jueces denunciados, aún no imputados por la Procuraduría, es nada menos que integrante del Consejo del Poder Judicial, por lo que tendría que ser juzgado, sino en primera, en última instancia, por la misma Suprema Corte, en la que dice no confiar.

Tal vez el Procurador esté convencido de que su denuncia calmará al persistente embajador de Estados Unidos que lo visita e insiste en denunciar la corrupción, pero consciente de que no pasará de la renuncia de un juez y la destitución de algún otro pasado de la raya, sin siquiera molestarse en someterlos a juicio, como han hecho recientemente con casi una treintena de oficiales militares y policiales, investigados por amparar operaciones de tráfico de cientos de kilos de cocaína por Barahona, Punta Cana y Samaná. Se les pone en retiro con sueldo y guarda-espaldas y que viva la impunidad total.
¡Ofrézcome Pujols Sanabia!, medio siglo después todavía se escucha tu grito: ¿Hasta dónde nos llevarán estos caminos?.

RD sigue quemándose en las evaluaciones

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La República Dominicana sigue quemándose en la generalidad de las evaluaciones internacionales, con un balance devastador en la última semana en relación a seguridad ciudadana, homicidios, muertos por accidentes de tránsito, y en desvío del presupuesto nacional.

Pero lo más impactante fue el informe del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), con sede en Washington, que planteó que el país se encamina a un régimen unipartidista y que los niveles de corrupción ponen en peligro la estabilidad económica y la democracia dominicana.

Inseguridad ciudadana. En percepción de inseguridad la población dominicana alcanza el mayor nivel entre 18 países latinoamericanos, según un estudio presentado el martes en Nueva York por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que también resalta la alta proporción de homicidios que se registran en la sociedad dominicana.

Casi dos tercios de la población dominicana, 64.8 por ciento, percibe un deterioro de la seguridad ciudadana, por encima de naciones centroamericanas, de Venezuela, Brasil y otros donde desde hace décadas se ha registrado un persistente deterioro con altas tasas de homicidios, feminicidios y asaltos de bandas callejeras y de sicarios, a menudo ligados al narcotráfico. Después de los dominicanos, los venezolanos, brasileños y mexicanos son los que perciben mayor inseguridad, con proporciones de 58, 57 y 56 por ciento respectivamente.

El país encabeza también con 21.5 por ciento las poblaciones latinoamericanas que han sentido la necesidad de cambiar de barrio por temor a la delincuencia. La tasa de homicidios se duplicó en el país entre el año 2000 y el 2014, liderando la región, hasta alcanzar 26 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2010, aunque se redujo al 23 por ciento el año pasado.

Aunque este informe no lo indica, la RD también está entre los líderes de la región en proporción de asesinatos de mujeres, los llamados feminicidios. Lo mismo viene ocurriendo en muertes por accidentes automovilísticos, donde la Organización Mundial de la Salud coloca el país como segundo a nivel mundial, después de la isla Niue en el Pacífico, lo que fue recordado esta semana por el director de la Autoridad Metropolitana del Transporte al dar a luz pública un programa educativo para reducir los accidentes que están cobrando mil 500 vidas por año, la segunda causa de muerte en el país, después de las cardiovasculares.

Desvío del Presupuesto. Durante una conferencia dentro de un seminario auspiciado por la Cámara Americana de Comercio, el representante local del Banco Mundial dijo esta semana que la frecuencia de los sobornos y los desvíos presupuestarios son más elevados en esta nación que en todas las de América Latina.

Al establecer una conexión con la economía y la pobreza, el doctor McDonald Benjamín sostuvo que la corrupción es un impuesto regresivo, indicando que el pago de sobornos constituye una mayor proporción de los ingresos de las empresas medianas y pequeñas que de las grandes.

Aunque reconoció algunos avances, el funcionario internacional se quejó de poca efectividad en las políticas de competencia, lo que afecta la innovación y el crecimiento. Propugnó por una reducción de la discrecionalidad y mayor transparencia y rendición de cuentas.

El Banco Mundial, junto al Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unión Europea y las embajadas de los países desarrollados auspiciaron entre el 2010 y 2012 las Iniciativas Populares Anticorrupción con participación de altos representantes del sector público y de organizaciones sociales. Algunas de sus recomendaciones han sido implementadas pero otras, como el establecimiento de la cuenta única del tesoro, se han quedado rezagadas.

El presidente Danilo Medina se comprometió durante su campaña electoral a ejecutar la cuenta única en 100 días. Se dijo que entraría en vigencia en enero pasado, y aunque se han cerrado varios miles de las seis mil cuentas bancarias de todo el sector, la meta está lejos. La unificación de las cuentas promueve la transparencia y los controles y reduce la discrecionalidad en el desvío de los fondos públicos.

Actitud de resignación. En los últimos años la República Dominicana ha resultado achicharrada en las evaluaciones de instituciones internacionales multilaterales, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y a Educación, y de la Comisión Económica para América Latina, y de organismos no gubernamentales como Amnistía Internacional, Foro Económico Mundial, Transparencia Internacional y otros.

En corrupción, despilfarro y malversación de recursos públicos, al igual que en calidad de la educación e inversión en el sector, en desconfianza en la policía, y en mortalidad materno-infantil la República Dominicana ha liderado a nivel mundial, en los últimos cuatro o cinco escalones en evaluaciones de hasta 144 países. En competitividad y seguridad ciudadana, está por debajo de la media tanto en América Latina, como a nivel mundial.

La reacción frente a esas evaluaciones suele ser de rechazo por parte de los funcionarios y líderes políticos y sus voceros oficiales y oficiosos, especialmente cuando provienen de organizaciones no gubernamentales, a las que se suele atribuir un interés en “denostar al país”.

En la opinión pública y en amplios segmentos sociales se manifiesta resignación y una actitud de refugio y reafirmación en los deportes y el arte popular renglones en los que la nación es altamente competitiva, al punto de haber ganado el último torneo mundial de béisbol y de competir por los primeros lugares en volibol femenino.

Genera sus propios delincuentes. Frente a las pésimas evaluaciones internacionales la actitud de los sectores dominantes es de desdeño y búsqueda de chivos expiatorios. Muchos no quieren siquiera admitir que la sociedad dominicana genera sus propios delincuentes y apelan al recuro de atribuir el auge de la inseguridad a la deportación de miles de dominicanos desde Estados Unidos.

En su edición del pasado fin de semana, el periódico católico Camino mete en un solo paquete a unos 31 mil deportados de Estados Unidos, 3 mil 323 este año, considerando que vinieron graduados en el crimen y la maldad y que su presencia ensombrece aún más la inseguridad ciudadana.

El editorialista no sabe que la mayoría son convictos y/o acusados de delitos menores, incluyendo riñas callejeras y familiares y hasta violaciones a las leyes de tránsito y falsificación de documentos personales y que sólo una ínfima minoría ha incurrido en el país en actividades delincuenciales.

Entrevistado al respecto esta semana el Director Nacional de Prisiones, Tomás Holguín, sostuvo por Teleantillas que de 25 mil 445 internos en la red de 47 cárceles y adentros de correcciones, “apenas ciento y pico” son repatriados. Para llegar al 1 por ciento deberían totalizar 254. Las estadísticas y estudios académicos habían sepultado el argumento de que los repatriados tienen alta incidencia en la delincuencia nacional. Es lamentable que esta ve lo haya revivido un periódico de tantos aciertos como Camino, que debería reparar el daño hecho a ese segmento poblacional, al que se deben abrir la puertas para su reinserción social, aún a quienes cumplieron penas por delitos mayores.

Partido único y corrupción

Lo más impactante de la semana fue la publicación del informe del Centro de Estrategia y Estudios Internacionales (CSIS, en inglés) de Washington, que planteó que “las instituciones democráticas de la República Dominicana están siendo crecientemente amenazadas por el dominio de un solo partido”, lo que podría conducir a un “estado unipartidista”.

El CSIS es una entidad centrista conservadora que integra a personalidades de los dos partidos estadounidenses dominantes y sus evaluaciones suelen tener mucho peso en la opinión pública norteamericana. El diario El País, el más influyente de habla hispana, dedicó una página a reseñar el informe, resaltando su conexión de la corrupción con la institucionalidad democrática.

“La corrupción en la República Dominicana es un mal endémico que en la última década se ha extendido de manera preocupante a todos los estratos de la administración pública, una circunstancia que de enquistarse podría amenazar las bases democráticas del país caribeño, de acuerdo con las conclusiones del estudio del prestigioso CSIS”, resume el diario español.

El informe señala el caos en los partidos de oposición, centrándose en el Revolucionario Dominicano, dividido desde que apoyó una reforma constitucional que puso todos los poderes públicos en manos del dominante Partido de la Liberación Dominicana. Pondera el apuntalamiento de una inmensa red clientelar “con implicaciones que inciden en el detrimento de la economía”, sin dejar de referirse a la debilidad y dependencia del poder judicial, y su incidencia en el auge del narcotráfico.

 

Una gran oportunidad perdida

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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 Cuando la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se inclinó reverente ante el presidente Leonel Fernández, entonces en verdadero aprieto por el nunca esclarecido escándalo de los bonos por 130 millones de dólares entregados a la empresa Sun Land, se frustró y empezó a revertirse el más significativo esfuerzo de la sociedad dominicana por institucionalizar la justicia y dar plena vigencia al Poder Judicial.

 Fue obvio para todos que la mayoría de los integrantes de esa corte se rindió ante las presiones del Poder Ejecutivo en la persona del presidente Leonel Fernández, quien había violentado el orden constitucional al autorizar un endeudamiento internacional sin la aprobación del Congreso Nacional. Con la agravante de que el empréstito se hizo clandestinamente, que el dinero no ingresó al Banco Central y que nunca se ha podido documentar convincentemente el destino que se le dio.

 En cualquier país de mediana intensidad democrática, ese escándalo hubiese con- llevado el procesamiento judicial de los responsables y probablemente la pérdida de los cargos que ocupaban. Desde luego que en ninguna nación donde funcionen las instituciones de la democracia podría producirse un fraude tan obvio y de esa magnitud y grosería.

 Para exonerar de responsabilidad al presidente Fernández y a su subalterno Félix Bautista, esa SCJ tuvo que renegar de su propia jurisprudencia, restringiendo la concepción de “parte interesada” que había consagrado y mantenido desde su sentencia del 8 de agosto de 1998 que declaró inconstitucional una limitación legal de la inamovilidad de los jueces, acogiendo una instancia de un grupo de organizaciones de la sociedad civil.

En el caso Sun Land, la SCJ declaró inadmisible la instancia de inconstitucionalidad negando esa facultad a un grupo de ciudadanos y al Partido Revolucionario Dominicano que recurrieron en sendos documentos del 15 y 18 de octubre del 2007. Tras más de un año, el 18 de diciembre de 2008, la corte restringió el derecho a los presidentes de las cámaras legislativas en base a la consideración de que solo le correspondía a ellos “siendo una potestad exclusiva del Senado de la República y de la Cámara de Diputados aprobar o no el préstamo a que se contraen las acciones en inconstitucionalidad en cuestión”.

Siempre se había considerado que aquella sentencia constituyó una prevaricación de los jueces supremos de la nación. Pero esta semana el país recibió la confesión del doctor Jorge Subero Isa, quien presidía la SCJ, de que “fue un crespón negro en la toga de los jueces”, que  al expediente Sun Land “se le dio una solución política”.

Es indiscutible que esa Suprema Corte tuvo múltiples realizaciones que implicaron importantes avances al saneamiento e independencia del Poder Judicial. Pero aquella claudicación ante el poder fue un lastre y abrió las puertas al retroceso, auspiciando que tras la reforma constitucional de 2010 el presidente Fernández se considerara sobre el bien y el mal, y constituyera una nueva Suprema Corte a su imagen y conveniencia personal, lo mismo que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, a partir del absoluto control del Consejo Nacional de la Magistratura.

Si hubo una corte que debió ser plenamente independiente del poder político fue la que presidió Subero Isa, entre otras razones porque sus integrantes no le debían el cargo al presidente de turno. Porque su elección fue fruto de un amplio consenso de las fuerzas políticas impulsado por las organizaciones más relevantes de la sociedad civil. Fue una gran oportunidad perdida para afianzar definitivamente la independencia de la justicia y la fortaleza institucional del Poder Judicial y para que ese colectivo judicial se inscribiera en las páginas gloriosas de la historia nacional.

Como tantas veces en la historia de la nación, esos jueces fueron incapaces de jugársela, con tres honorables excepciones, las de las magistradas Ana Rosa Bergés y Eglys Margarita Esmurdoc y el magistrado Julio Aníbal Suárez, a quienes el presidente Fernández cobró su osadía separándolos de la Suprema Corte de Justicia, tras la claudicación colectiva que lo instituyó intocable.

La vigilia de la Sociedad Civil

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Aunque con la ausencia de las grandes organizaciones empresariales y de las universidades, ochenta entidades de los más diversos sectores se han declarado en vigilia ante la inminencia de la reorganización del Poder Judicial y la puesta en vigencia de nuevos órganos institucionales.

Tras el proceso electoral piden la reactivación de las organizaciones sociales en reclamo de los cambios que urgen al país, incluidas  reformas políticas, control de la gestión pública, con mayor calidad del gasto, transparencia, freno al deterioro moral y lucha contra la  corrupción.

Piden movilización.  En un comunicado, ochenta entidades de los más diversos ámbitos sociales proclaman que “las organizaciones sociales necesitan reactivarse, predicar con el ejemplo, no reproducir los males que afectan a los partidos políticos, articularse mejor y emprender acciones conjuntas para lograr los cambios que con urgencia requiere nuestra sociedad”.

Plantean que en ese esfuerzo deben participar también los políticos y funcionarios públicos con verdadera preocupación por resolver los problemas nacionales, todos aquellos que hayan demostrado en la práctica un real compromiso con la institucionalidad democrática y el ejercicio ético de la función pública.

Tras una reflexión colectiva llegaron a la conclusión de que el reciente proceso electoral “ha puesto de manifiesto el notable deterioro partidario, expresado en prácticas antidemocráticas de los partidos en la elección de sus candidatos, enorme inequidad en la competencia proselitista, impunidad ante las violaciones de la Ley Electoral y los bochornosos actos de violencia, clientelismo, transfuguismo, falta de transparencia en el origen y destino de los excesivos fondos utilizados en la campaña, entre otros delitos y transgresiones”.

Los dirigentes sociales confiesan su decepción por el gran número de denuncias de fraudes e irregularidades, no sólo entre los diversos partidos, sino también en el seno de los mismos, aumentando la pérdida de confianza de la ciudadanía. “No es casual que en los principales centros urbanos, donde reside la población menos vulnerable al clientelismo, más de la mitad de los electores no acudiera a las urnas”, plantean.  Preocupados por la profundización del deterioro institucional y la falta de principios éticos en el ejercicio de la política y la administración del Estado, “se comprometen a intensificar la vigilancia sobre los poderes públicos a fin de promover que la política y la conducción del Estado se ejerzan con responsabilidad”.

Reestructuración institucional.   Las ochenta organizaciones exhortan a la ciudadanía y a la prensa nacional  a mantenerse muy vigilantes de los cambios institucionales que se derivan de la nueva Constitución, priorizando la integración del Consejo Nacional de la Magistratura, como organismo responsable de la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia a ser reestructurada, y de los nuevos órganos judiciales, como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.

Aunque el comunicado no lo dice, en muchos dirigentes sociales subyacen temores de que el control absoluto del Congreso Nacional y del Consejo Nacional de la Magistratura por parte del bloque gobernante genere una subordinación del Poder Judicial al interés político partidista, por lo que plantean que sus integrantes “deben seleccionarse en estricto cumplimiento de los criterios y requisitos establecidos en la Constitución, de manera que haya garantía de que actuarán con independencia e imparcialidad”.

Reclaman particular atención a la instauración del Tribunal Constitucional, “cuyas decisiones son definitivas e irrevocables” y porque “es la entidad que tendrá la responsabilidad de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales”.

El comunicado llama la atención sobre la elección del Defensor del Pueblo, que suponen que tendrá lugar tras dársele rango constitucional, después de ocho años de haberse aprobado la ley que lo instituye. Esperan que cuente con independencia y los recursos necesarios para cumplir su objetivo.

Se refieren también a la próxima reestructuración de la Junta Central Electoral y de la Cámara de Cuentas, de la que dicen que “debe mejorar substancialmente su desempeño como órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado”.

Los grandes ausentes.   La agenda denominada  “Más Movilización Ciudadana para Mejorar la Institucionalidad Democrática” fue objeto de la reflexión y planteamientos de decenas de entidades de todos los ámbitos sociales, incluidos  la Federación de Asociaciones Industriales y  la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, pero se echa de menos al Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, la Cámara Americana de Comercio y las asociaciones de industriales de Santiago.

También es notable la ausencia de las universidades, con la excepción del Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Tampoco aparecen las iglesias evangélicas que, al igual que las entidades cúpulas del empresariado, formaron parte de la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y del Foro Ciudadano, que en los finales de los noventa y hasta hace pocos años jugaron un papel relevante en la promoción de la institucionalidad democrática.

Mucho se ha especulado en los últimos dos o tres años sobre las razones que tuvo el alto empresariado para reducir su participación en las concertaciones sociales. Algunos la atribuyen a cansancio, otros a temores al poder político, otros a frustraciones de dirigentes y a predominio de los más conservadores.

Entre los sustentadores de la agenda hay múltiples entidades católicas, como la Confederación Dominicana de Religiosos, que congrega las órdenes religiosas, la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santo Domingo, el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, y el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo.

También las Hermanas Carmelitas de la Enseñanza, las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo, la Pastoral de Turismo de la Diócesis de San Pedro de Macorís y Radio Santa María y Radio Marién.

Del Frente sindical sólo firma el comunicado el Consejo de la Unidad Sindical.

El grueso son entidades como Participación Ciudadana, Fundación Justicia y Transparencia, Alianza Dominicana contra la Corrupción y el Comité pro Defensa de los Derechos Barriales.

También  Ciudad Alternativa, Colectiva Mujer y Salud, el Centro de Planificación y Acción Ecuménica y La Lucha.

Aparecen también decenas de organizaciones de productores agrícolas, barriales y entidades de base, incluidas juntas de vecinos.

Reformas políticas y transparencia

Las organizaciones de la sociedad civil proclaman la urgencia de “adoptar medidas para mejorar el sistema electoral, poner freno al derroche de recursos en actividades partidarias y adecentar el ejercicio de la política”. Plantean la necesidad de aprobar la ley de partidos que se debate desde hace una década, relegada por las ventajas derivadas de la falta de regulación y de la defectuosa aplicación de las disposiciones vigentes. También la ley de participación social para promover un mayor control sobre la gestión pública.

No pasan por alto los barrilitos y cofrecitos y las exoneraciones de vehículos en beneficio de los senadores y diputados, sosteniendo que “mientras los legisladores continúen apropiándose de recursos de manera ilegítima, el Congreso carecerá de autoridad para cumplir su rol de fiscalización del uso de los recursos del Presupuesto Nacional por parte de las demás instancias del Estado. Tampoco tendrá autoridad moral para aprobar nuevas cargas tributarias a la población o gravar bienes y servicios actualmente exentos”.   Tras pedir una mayor vigilancia ciudadana sobre el desempeño de los legisladores como de las autoridades municipales, exigen políticas y acciones destinadas a garantizar calidad y transparencia del gasto público y a convertir el presupuesto nacional en herramienta de desarrollo, con equidad y atención a las prioridades. También reclaman movilización para que no se difiera más el cumplimiento de la ley que hace 13 años establece un mínimo del 4 por ciento del producto bruto interno para la educación.

Así mismo llaman a combatir la corrupción y la impunidad, proclamando que “es urgente frenar el deterioro moral e institucional de las estructuras políticas y de los organismos del Estado”, ya que ambas estructuras exhiben una retroalimentación perversa, porque “la falta de democracia, las trampas, la corrupción y la ausencia de ética en los partidos, son conductas que la dirigencia de éstos llevan a las instituciones públicas y con los recursos materiales e institucionales del poder político impulsan el clientelismo, el favoritismo y las prácticas corruptas, como forma de fortalecer las estructuras partidarias”.