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La JCE debe esclarecer el nuevo padrón

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolivar Diaz

 

La Junta Central Electoral (JCE) debería hacer un esfuerzo para responder algunas inconsistencias registradas en el crecimiento del padrón electoral a regir en las elecciones generales de mayo próximo, que se consignan en el segundo informe de observación electoral del movimiento cívico Participación Ciudadana del pasado día 8.

No se encuentran explicaciones a la abrupta caída del crecimiento del total de los empadronados y en especial de los nuevos electores, en relación a los tres cuatrienios anteriores, como tampoco a la categoría de “ciudadanos con biométricos validados” que la JCE cifra en 207 mil 977.

Padrón con último ajuste. Al cierre del padrón electoral el pasado 16 de enero para los comicios de mayo, la JCE reportó un total de 6 millones 765 mil 136 inscritos, ajustados en otro informe del 11 de febrero, cuando suprimió 63 casos de doble inscripción, por lo que queda definitivamente en 6 millones 765 mil 073 electores, con ligera predominancia de las mujeres, el 50.84 por ciento, quedando los hombres en 49.16 por ciento.

Los electores dominicanos están registrados para votar en 15 mil 339 colegios o mesas electorales, ubicadas en 4 mil 158 recintos. Geográficamente hay una gran concentración, el 41.83 por ciento, en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y Santiago. Y alcanza a las dos terceras partes, 67.25 por ciento, cuando se le adicionan los 5.68 por ciento del exterior del país, el 5.52 y el 4.22 por ciento de las provincias San Cristóbal y La Vega. La mayor jurisdicción provincial es Santo Domingo que con 1 millón 397 mil 104 electores, el 20.85 casi duplica el DN, que tiene el 10.84 y a Santiago con el 10.34 por ciento, con 733 mil 486 y 699 mil 424 respectivamente.

Por municipios el mayor es el DN con sus 733 mil 486 electores, seguido de Santo Domingo Este con 592 mil 660 y Santiago que registra 489 mil 670. En orden descendiente siguen los Santo Domingo Norte y Oeste, La Vega, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, Los Alcarrizos y San Pedro de Macorís.

El 5.68 por ciento del padrón correspondiente a 26 países, se concentra en 71 por ciento en Estados Unidos y el 17 por ciento en España, seguidos de las Antillas Menores, Italia, Panamá, Suiza, Venezuela y Holanda, que registran el 11 por ciento, y los restantes 18 países no llegan entre todos al 2 por ciento.

Caídas en crecimientos. Ya lo habíamos advertido el 17 de enero en el artículo “El padrón electoral queda corto”, pero Participación Ciudadana lo contextualizó y formuló interrogantes: el crecimiento se redujo en términos significativos, tanto del total de habilitados para votar, como de los nuevos electores.

El total del padrón del 2016 sólo supera al del 2012, que fue de 6 millones 502 mil 968 electores, en 262 mil 168, es decir, en apenas 4.03 por ciento, cuando el incremento fue del 12.81 para el 2012, de16.02 en el 2008 y de 16.87 por ciento en el 2004, en todos los casos en relación a los cuatrienios anteriores, cuando fue de 717 mil, 796 mil y 738 mil electores adicionados.

Con sólo un 11 por ciento de crecimiento en el último cuatrienio, el padrón del 2016 hubiese tenido un incremento cercano a los anteriores, más de 715 mil, para totalizar sobre los 7 millones 218 mil electores, una diferencia sobre 511 mil.

Lo que más llama la atención es que los nuevos electores que registra la JCE apenas sumen esta vez 351 mil 044, menos de la mitad de los que se registraron en cada uno de los tres cuatrienios anteriores. Esta cifra se complica cuando un informe de la JCE del 28 de abril del 2015 ya registraba 662 mil 313 “nuevos electores”, lo que implica que se incrementaban en promedio de 220 mil por año, proporción congruente con los registros de los 12 años anteriores, lo que debió llevar los nuevos a unos 882 mil en mayo del 2016. El déficit en relación al actual sería entonces de 531mil.

Un renglón fantasma. El balance del padrón se complica todavía más porque en los informes de este año la JCE ha incluido un nuevo renglón, “ciudadanos con biométricos validados”, que suman 207 mil 977, y que no ha sido posible esclarecer. Dos miembros titulares de la JCE no han podido explicarlo y su dirección de comunicaciones de la JCE no ha respondido llamadas.

Se dijo que podrían ser parte del déficit de los nuevos electores, o de los que quisieron renovarla, y les tomaron las huellas y fotografía, pero no han vuelto a retirar las cédulas, en lugares donde no se entregaban de inmediato. Pero están contados en el padrón y la JCE había dicho que quedarían excluidos del mismo quienes no renovaran la cédula antes del cierre del plazo que venció el 16 de enero. Si así era con los que ya tenían cédula, con más razón deberían excluir a los nuevos solicitantes, o dejar a los otros también.

Por demás, se supone que a todo el que se otorgó una cédula, nueva o renovada, se le validaron previamente sus datos biométricos, razón por la que el renglón debería explicarse por sí mismo, sobre todo cuando esos más de 207 mil representan el 60 por ciento de los 351mil que figuran como “nuevos inscritos mayores de edad”. Y no es razonable que 6 de cada 10 jóvenes que solicitaron la cédula por primera vez se hayan desentendido de buscarla.

Se buscan explicaciones. Se ignora si alguno de los partidos ha registrado las abruptas reducciones del crecimiento del padrón electoral en general, y de los nuevos electores en particular, y si han pedido explicaciones a la JCE. El coordinador de Participación Ciudadana dijo que sí lo hicieron, pero hasta el viernes no habían recibido respuesta.

No hay razón demográfica que explique una reducción tan brusca de los nuevos electores. La tasa de crecimiento poblacional dominicana ha disminuido casi a la mitad en las últimas décadas, pero progresivamente, y como quiera aumentaba el padrón entre 13 y 17 por ciento en cada cuatrienio.

Es posible que una parte del déficit sea debido a un subregistro de los fallecimientos, que deberían ser más de los 26 mil 677 que excluyó la JCE del padrón desde el 2012. Los difuntos no podían renovar su cédula.

Otro factor que pudiera haber reducido las renovaciones de la cédula sería la emigración, pero esta no parece haber sido mayor que en los cuatrienios anteriores. Y por cierto que los empadronados fuera del país pasaron de 328 mil 649 a 384 mil 522, es decir con incremento de 55 mil 873, justo el 17 por ciento.

Excluidos y auto-excluidos.
Una parte del déficit del padrón pudiera constituirlo la población de origen haitiano a la que se ha privado de documentación, que no pudieron renovar la vieja cédula ni obtenerla al llegar a la edad reglamentaria en los últimos dos cuatrienio. La exclusión por parte de la JCE comenzó en el 2007.

Esa sería una razón para que el organismo no tenga interés en transparentar todo lo concerniente al padrón electoral, para reducir el escándalo internacional. Hace ya varios meses que se atribuye a un interés electoral la dilación en restituir la documentación a los 55 mil que la propia JCE identificó como beneficiarios de la ley 169-14 que enmienda parcialmente la sentencia que privó de la nacionalidad a decenas de miles de dominico-haitianos. Tanto el embajador norteamericano como el sistema de las Naciones Unidas habrían expresado preocupación al respecto, ante el presidente de la República y al de la JCE.

Parte del déficit sería la recurrente autoexclusión de una parte de la población dominicana indigente, alejada de las actividades ciudadanas y sin interés por obtener o renovar cédula de identidad, pero no puede ser mayor que en los cuatrienios anteriores.

Pero por encima de todo, lo que más urge aclaración de la JCE es la tremenda incongruencia entre su informe de abril del 2015 que cuantificaba los “nuevos electores” en 662 mil 313 y el último de este febrero que dice que los “nuevos inscritos mayores de edad” son 351 mil 044. Mucho ha avanzado el organismo rector de los comicios en la organización del registro electoral para que ahora deje sombras que pudieran generar conflictos y dudas.-

“De las tensiones a la concordia”

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

09_08_2015 HOY_DOMINGO_090815_ Opinión9 A

Como tuvo escasa difusión el documento emitido el 31 de julio por la Comisión Pastoral de Migrantes de la Conferencia del Episcopado Dominicano, que encabeza el obispo de Mao-Monte Cristi, monseñor Diómedes Espinal, vale reproducir sus párrafos fundamentales, asumiendo este llamado a la cordura como consecuencia de la exhortación del Papa Francisco a los obispos dominicanos para que sean solidarios con los sufrimientos de los inmigrantes haitianos y sus descendientes en el país, en especial de “quienes son privados de documentos o se les niega sus derechos básicos”:

“En el espectro actual de las tensiones Haití-RD convergen factores bilaterales y peligrosos factores extra-insulares. Sin obviar las responsabilidades propias de los dos (2) países que comparten la isla, la Comisión Nacional de Pastoral de Migrantes hace un llamado a la concordia, para que se retome el diálogo, en un clima de transparencia y respeto mutuo, ejerciendo la voluntad política de Estado que permita avanzar en el proceso iniciado con el PNRE=Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, y para dirimir cualquier dificultad que pudiera obstruir las relaciones de convivencia pacífica.

“Felicitamos los esfuerzos que han coadyuvado a la inscripción de 288,466 solicitudes de irregulares, 55,000 actas revalidadas que le devuelve su condición de dominicano y dominicana a igual número de nacidos y nacidas en RD. Nos congratulamos con el hecho de haberle concedido a una parte considerable de los cañeros su documento de residencia, y con la entrega de los carnets a los del PNRE.

“Reiteramos nuestra preocupación por la suerte de los miles -hijos e hijas de ascendencia haitiana-, nacidos y nacidas en RD, clasificados como grupo B (acorde a la Ley RD de Naturalización #169-14). Esta gente vulnerable, indefensa, empobrecida e indocumentada, espera por una solución justa, que le identifique como personas documentadas para la garantía de sus prerrogativas, con pleno ejercicio de ciudadanía.

“No se felicita la negligencia, indolencia e indiferencia de autoridades, sean estas haitianas o dominicanas, que dilatan y obstruyen el proceso de documentación para con los migrantes desprovistos de recursos y que confrontan dolorosos obstáculos, al momento de diligenciar sus papeles para inscribirse y completar sus expedientes.

“Ante el espectro crítico de las actuales tensiones entre los dos países (Haití-RD), a la luz de la palabra bíblico-profética del Profeta Baruc (Ba. 2,12-13; 3,9-11.14.20; 4,2-4) exhortamos y advertimos:

“1-Dotarse de Sabiduría para no encadenarse en prisiones estúpidas, saliendo de las tinieblas y caminar hacia la claridad de la luz, para que resplandezca la justicia social en toda la isla.

“2-Adoptar la prudencia que nos hace generosos en la buena vecindad, cuidando de no dejarnos provocar por intereses inconfesos de fuerzas foráneas que apuestan por la conflictividad y la enemistad de nuestros pueblos caribeños-hermanos.

“3-Evitar que una ceguera alienada ensordecida nos lleve a aventurar la ruta tenebrosa de una situación conflictiva bilateral de consecuencias imprevisibles (Pretexto-Caldo de Cultivo para los USA, que manipulan y saben usar crisis= los USA conflictos, los USA haitianos, los USA dominicanos, los USA Caribe…).

“4-Discernir, para aprender dónde está la fuerza y la inteligencia, de manera que en Haití y en Dominicana se llegue a proclamar: una nueva generación gozará de la luz del día y poblará la tierra, porque, de una vez por todas, recreados en la justicia social, todos los habitantes de la isla, con sus respectivos ordenamientos jurídicos justos, habrán alcanzado el ejercicio pleno de su dignidad. Así, entonces, toda persona migrante o no migrante, podrá saberse hijo e hija del Dios Padre que nos quiere vecinos-hermanos en nuestros respectivos países.

“5-Reinsistimos en retomar el diálogo bilateral fundado en la verdad y la justicia, no así, en falacias y mentiras. Y sobre todo, con auténtica voluntad política de Estado hacia la solución jurídica definitiva para los migrantes irregulares y los indocumentados nacidos en RD. Ejercer el diálogo comporta respeto corresponsable y capacidad soberana de autodeterminación. Así, a cada uno le toca ordenar su propia casa (sin injerencia foránea ni tutela externa).

 

En la hora de los hornos

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Concluido el plazo formal para que los inmigrantes irregulares se acogieran al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), el Gobierno y la sociedad dominicana se enfrentan a la hora de los hornos, en la que habrá que decidir si continúa por el rumbo equivocado de la emocionalidad y el patrioterismo o si enfrenta con racionalidad, inteligencia y sabiduría el problema de la masiva y excesiva inmigración haitiana.

Tras el cierre del plazo, el ministro de Interior informó que 288 mil 466 personas lograron iniciar el difícil proceso de la regularización, que en sus últimas dos semanas se degradó a lo indigno con tráfico y abusos contra pobres e indigentes que acudieron en tropel cuando se anunció que sólo atenderían a nuevos solicitantes y que se otorgarían plazos adicionales para que pudieran reunir los requisitos. En ese total se ha incluido a unos 20-25 mil pendientes de que el gobierno de Haití les provea documentos solicitados.

Después de un año las autoridades se convencieron de que tenían que flexibilizar las exigencias, cuando al comienzo de junio apenas el 1.8 por ciento (4 mil 308) de 239 mil 368 solicitantes habían podido llenar todos los requisitos. Al pasar balance se dieron cuenta que el 93 por ciento (222 mil 73) habían presentado documentos de identidad validados confirmando exactamente la proporción que según la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) 2012 dijo tener documentación.

Eso demuestra, contrario a lo pregonado, que la documentación no ha sido de los mayores obstáculos al PNRE, sino requisitos como constancia de vecinos y de empleo y pruebas de pagos de salarios que a pocos les han expedido; o contratos de alquiler, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, matrícula de vehículos y facturas de bienes muebles que nunca han tenido. Otra barrera ha sido el costo de certificaciones notarizadas, del transporte en promedio de diez visitas a las oficinas de registro y del tráfico con los turnos, lo que ha implicado un promedio de 8 mil pesos, que gran proporción no ha podido reunir.

A la hora de los hornos, tras meses anunciándose deportaciones con el entusiasmo del que prepara un festival, habrá que pasar balance para saber cuántos son los que serán devueltos para Haití. No serán el millón que calculan los más entusiastas, pero se logra una aproximación si se acepta el rigor profesional de la ENI realizada por la Oficina Nacional de Estadística, la cual arrojó 524 mil extranjeros, 458 mil 233 nacidos en Haití.

Pero eso era sólo hasta el 2012. Como la misma encuesta establecía que el 38.6 por ciento había llegado entre 2010 y 2012, el flujo crecía casi al 20 por ciento anual. A la mitad de esa tasa, conservadoramente, entre el 2012 y 2015 el total se habría incrementado en 30 por ciento, 137 mil 470 personas, para totalizar ahora 595 mil 703. Los inscritos al PNRE serían el 48 por ciento. Los “deportables”, que nadie discute el derecho soberano, los restantes 307 mil 237, el 52 por ciento del total, una cifra bastante respetable para las capacidades nacionales, para la producción agrícola, la construcción pública y privada y el servicio doméstico, y con potencial para constituirse en una inmensa crisis humanitaria generadora de disturbios que podrían descarrilar el frágil proceso electoral en que se encuentra la nación vecina. Menos estabilidad en Haití es un círculo vicioso que redunda en nuevos flujos de inmigrantes para República Dominicana.

El problema luce más complejo que el festival de deportaciones que algunos entusiastas han promovido. Y eso sin incluir los descendientes de los inmigrantes haitianos nacidos en el país durante cerca de un siglo, que según la misma encuesta serían otros 209 mil 912 personas. Convendría que a estos los dejaran en paz, para no generar apatridia y complicar más la situación a nivel internacional, porque en cuanto a estos sí se discute el derecho soberano a la deportación, sobre todo los que tenían registro de ciudadanía, beneficiados por la Ley 169-14, pero a quienes todavía no se les restituye su documentación.

Por demás urge revisar el PNRE para ver si todos sus requisitos son realistas y podrán ser cumplidos en los plazos de hasta dos años que se otorgará a los que iniciaron el proceso, según el acta de la reunión de los cancilleres de RD-Haití del 6 de junio. Si no se regulariza siquiera dos terceras partes de esos inmigrantes, será difícil revocar los excedentes y controlar nuevos flujos.

 

El Gobierno flexibiliza el Plan de Regularización

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

14_06_2015 HOY_DOMINGO_140615_ El País13 A

Al término del plazo para registrarse en el Programa Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), el Gobierno ha dispuesto otorgar un estatus migratorio regular al 1.8 por ciento de los que lo han solicitado, y provisional al 93 por ciento que habiendo presentado documento de identidad no ha podido completar los demás requisitos.

Otras flexibilizaciones que permitirían registrar unos 260 mil inmigrantes irregulares, alrededor del 50 por ciento de más de medio millón estimado, son aceptar como solicitantes del registro a entre 20 y 25 mil que esperan ser documentados por el Gobierno de Haití y beneficiar como inmigrantes regulares a 2,835 cañeros pensionados.

Armónica reunión en Haití. Durante una armónica reunión en Puerto Príncipe el sábado 6 de junio entre una delegación dominicana, encabezada por el canciller Andrés Navarro, y su homólogo haitiano Lener Renaud, se informó sobre la marcha del PNRE y las decisiones del Gobierno dominicano, que según el acta oficial dominicana fueron:

Hasta el día anterior, los inscritos en el plan totalizaban 239,368, más del 96 por ciento haitianos; 86,953 con pasaporte (36%), 78,425 con actas de nacimiento (33%) y 56,695 con cédula (24%). El total de los poseedores de por lo menos uno de los documentos de identidad requeridos para la regularización es de 222 mil, el 93 por ciento.

Se precisa que “únicamente el 1.8% de los extranjeros ha cumplido al presente con todos los requerimientos del Decreto 327-13″, a los cuales se les dará el estatus migratorio regular. Al resto, o sea el 98.2 %, “el Gobierno ha decidido otorgar diversos períodos de gracia para completar dicho proceso”.

A los que presentaron actas o cédula se les dará un permiso de estadía de un año, y a los que se registraron con pasaporte un permiso de dos años.

A unos 20-25 mil a quienes el Gobierno haitiano no ha entregado la documentación solicitada, se les reconocerá como iniciados en el plan si presentan el recibo provisional de solicitud expedido por la embajada de Haití con fecha de entrada al país.

El Gobierno anunció “estatus migratorio regular” para 2,835 nacionales haitianos pensionados tras décadas de trabajar en el país “a pesar de que no habían podido tener el documento de identidad regular de su país de origen”, y que a 7,986 haitianos que estudian en el país no se les cobrará la visa, ni impuestos de entrada o salida del país.

Verdadero círculo vicioso. Más allá del discurso nacionalista, está la realidad de si el país tiene capacidad para identificar y deportar a 300 mil personas, sin incurrir en graves violaciones de derechos y generar un tráfico no solo de ida, sino también de alta proporción que intentará retornar.

Sería un negocio redondo para los traficantes de personas de ambos lados de la frontera.

Hay dos grandes interrogantes, la primera si los sectores productivos dominicanos, -agropecuario, construcción y servicios- podrían soportar tal extracción de recursos laborales, y segundo, si la precaria estabilidad económico-política de Haití podría asimilar una deportación tan elevada sin graves sacudimientos políticos-sociales que generarían nuevos flujos migratorios hacia la República Dominicana.

A la vez el Gobierno está preso del discurso de deportación, que aunque ha bajado desde que “los Vinchos” se alejaron del presidente Danilo Medina, ha calado en su partido y buena proporción de la sociedad, que esperan su materialización sin tener a manos suficientes elementos de ponderación, que no los ofrece públicamente el Gobierno.

La falta de cooperación. Durante años “El Tema de hoy” reclamó el dilatado Reglamento de la Ley de Migración del 2004.

El 27 de octubre 2013, con el título “Han preferido el desorden para explotar inmigrantes”, se detallaron los numerosos fracasos en iniciar la regularización dispuesta por el Decreto 417 de 1990 y luego por la Ley 285 promulgada por el presidente Hipólito Mejía el 15 de agosto del 2004.

Al ponderar el inicio del PRNE, el 15 de junio del 2014, el Tema titulaba “El Plan de Regularización ha arrancado con éxito”.

Pero ya el pasado 30 de noviembre advertía que “Se encamina al fracaso el Plan de Regularización de Extranjeros”, y el 24 de mayo del 2015 se adelantaba que “El Gobierno busca salvar su Plan de Regularización”, que es lo que ha hecho ahora con la flexibilización anunciada. Con esos títulos y mediante cualquier buscador de Internet, se accede a los textos.

Durante todo el proceso se centraron las explicaciones de sus problemas en la falta de cooperación del Gobierno haitiano, lo que es cierto solo en parte, como lo demuestra el acta de la reunión de cancilleres al consignar que la embajada de Haití tiene pendiente de responder entre 20 y 25 mil solicitudes de documentos, 5 por ciento del total de inmigrantes.

Si únicamente el 1.8% de los solicitantes ha podido completar los requerimientos y el 93 por ciento ha presentado documentos de identidad válidos, es obvio que los tropiezos fundamentales hay que buscarlos en la falta de apoyo que ha tenido el PNRE por la incomprensión de que para que sea exitoso debería abarcar una alta proporción del universo, para hacer posible identificar y deportar los excedentes.

La escasa respuesta está determinada básicamente por exceso de requerimientos, la negativa de los empleadores a dar certificaciones de empleo, que la Procuraduría General, en contradicción con el decreto, reclamó hasta el mes pasado el pasaporte para emitir certificados de buena conducta, y por los elevados costos de las notarizaciones, del tráfico hasta con los turnos y de los 7 viajes de promedio que han tenido que realizar los que lograron inscribirse.

El pecado original. Es difícil encontrar quien niegue el derecho dominicano a limitar la abrumadora inmigración haitiana, por lo que el PNRE ha sido de unánime aprobación, nacional e internacional.

El problema es el pecado original: que después de décadas amenazando establecer controles, pasaron 9 años antes de que se pusiera en vigencia, la nueva Ley de Migración, que preveía la regularización.

Las autoridades prefirieron desatar una venganza sobre los que habían nacido en el país, primero negándoles administrativamente sus documentos y luego despojándoselos por la retroactiva y colectiva sentencia 168/13.

La Encuesta Nacional de Inmigrantes, con una muestra de 68,146 viviendas, realizada por la Oficina Nacional de Estadística, y avalada por el Gobierno, indica que el 80 por ciento de los extranjeros dijeron haber llegado al país en el período 2000-12, y el 62 por ciento entre el 2005 y 2012, justo mientras se libraba el combate contra los que habían nacido aquí durante décadas y habían sido reconocidos como dominicanos.

Es significativo que ese enorme flujo ocurriera justo cuando el grupo más nacionalista controlaba la Dirección de Migración y el Consejo Nacional de Fronteras e influía sobre el Ministerio de Interior, la Junta Central Electoral y hasta en la Presidencia de la nación. No hubiera sido lo mismo iniciar la regularización con 300 mil inmigrantes que ahora con alrededor de 600 mil.

Todo el que quiera que alguna vez se inicie un control de la inmigración debería apoyar el esfuerzo que hace el Gobierno al flexibilizar el plan, y reclamar que se extendiera otros 60 días, ahora que ya no se exige el pasaporte para el papel de buena conducta, lo que permitiría alcanzar una proporción mayor que viabilizara los controles.

Y centrarse en las mayores causas del limitado resultado, sobre todo en reclamar la cooperación de los empleadores que, en su mayoría, prefieren mano de obra excedente y sin derecho alguno.

Sobre las deportaciones

En la reunión, dice la relatoría, las autoridades dominicanas informaron que procederán a deportar después del 17 de junio a quienes no se acogieran al PNRE, “en función de las disposiciones legales del país y los compromisos internacionales en materia de los DDHH y la dignidad de cada persona”, en coordinación con la OIM y la ONU.

Se detallaron seis lugares de acogida y el protocolo de procedimiento. El canciller haitiano reconoció la soberanía dominicana, aunque expresó temor de que un alto volumen pueda sobrepasar la limitada capacidad de su país para asimilarlos y generar conflictos.

El problema es sumamente complejo si, atendiendo a los estimados, los sujetos a deportación podrían superar los 300 mil e implicar a nacidos en el país, incluso de los 53 mil que la Junta Central Electoral ya anunció que serán documentados como dominicanos, según la Ley 169-14, pero aún sin ejecución. Se añade un número indeterminado de los descendientes que estos no han podido declarar.

Se asume que la Encuesta Nacional de Inmigrantes del Gobierno dominicano 2012 arrojó 524 mil extranjeros, que de esos un 10% serían inmigrantes regulares, por lo que los indocumentados se reducirían a 472 mil. Pero si se les suma el flujo 2012-15 pueden alcanzar los 600 mil, ya que la encuesta dice que entre 2010-12 creció 36.8%.

 

¿Cómo resarcir tanto dolor?

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
31_05_2015 HOY_DOMINGO_310515_ Opinión13 A

Los “Resultados de la Auditoría al Registro Civil en los años 1929-2007″ presentados el martes 26 de mayo por la Junta Central Electoral (JCE), constituyen una confesión de la magnitud de la injusticia, de la iniquidad y crueldad desatada desde el 2007 contra decenas de miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia extranjera, en alto porcentaje de origen haitiano.

Es seguro que en medio de la crisis del partido de Gobierno ha pasado desapercibido un informe tan revelador de la magnitud y la injusticia del genocidio civil que puso en marcha la propia JCE a partir del 2007 cuando comenzó a negar la expedición de copias de las actas de nacimiento y la emisión de cédulas de identidad a miles de personas por su origen extranjero, por simple resolución administrativa y en flagrante violación de la Ley del Registro Civil, que restringe tal decisión a un dictamen judicial y en casos individuales.

El informe presentado por el presidente de la JCE, Roberto Rosario, se puede resumir en que atendiendo a la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional “inventariamos 116,506 libros, que tienen 1 millones 748,568 folios”… “De todas las especificaciones de actas, encontramos que 53,827 libros, que a su vez recogen 10 millones 321,799 folios, dieron lugar a expedientes de personas a revisar”, por lo que “Al final se pudo comprobar que del total de folios auditados, los hallazgos en el Registro Civil, que identificaban los expedientes, o las actas con posibles irregularidades, en el período establecido (1929-2007), apenas representaron el 0.58%, en tanto que el resto, el 99.42% no evidenció la inconsistencia de estos últimos”.

Con alborozo, el informe consigna que “El hecho de que alrededor de 53 mil expedientes que identifican personas hayan sido autorizados en su expedición y en su transcripción, de conformidad con la ley, demuestra el nivel de profesionalidad con que se manejó el personal de la JCE, libre de prejuicio y comprometido solo con el deber”. Se anuncia que a partir de esta misma semana esperaban completar el procedimiento burocrático para poner las actas a disposición de los afectados.

Para no dejar la menor duda de la barbaridad, el informe precisa que “apenas 132 expedientes de los trabajados darán lugar a un apoderamiento de la justicia”, porque no se correspondían con la ley o que son fruto de falsedad o alteración documental, como efectivamente instituye la Ley 659 del Registro Civil.

Todo lo indicado quiere decir que durante los últimos ocho años se les negó sus documentos a unas 53 mil personas bajo sospecha de que no les correspondía, a causa del fraude de 132. Es decir que la inconsistencia o ilegalidad del 0.58 por ciento privó durante tanto tiempo al 99.42 por ciento de los “sospechosos” de derechos tan fundamentales como a obtener actas de nacimiento, cédula de identidad y electoral, pasaporte para viajar fuera del país, a casarse o divorciarse, inscribirse en una universidad, realizar transacciones inmobiliarias y financieras y muchos otros actos de la vida civil.

Pero no vayan a creer que los afectados son solo esos 53 mil, porque un porcentaje de estos han tenido hijos que no han podido registrar en el lapso de 8 años. Nadie puede precisar cuántos serán, pero con dos per cápita ya estaríamos hablando de 159 mil personas afectadas, con la agravante de que ahora habrá que rescatar a los hijos de las listas de los “deportables” por no haber sido nunca inscritos como dominicanos, o del registro de extranjeros si se acogieron al Plan de Naturalización. A no ser que pretendamos dejar a los padres como dominicanos y a los hijos como extranjeros, lo que ya ha sido denunciado por muchos de los discriminados.

A cualquiera se le ocurriría preguntar por qué la JCE ignoró la Ley 169-14 y no fue transcribiendo las 53 mil actas en la medida en que comprobaba su procedencia, y esperó concluir el último folio, con miles de personas clamando por sus documentos. ¿Cómo ha sido posible tanta desidia y crueldad? ¿Por qué no se siguió el mandato de la Ley 659, lo que implicaba investigar primero y sancionar después a quienes procediera? ¿Cómo y quién resarcirá o indemnizará este inmenso dolor, daño, perjuicio y agravio colectivo?

 

El Gobierno busca salvar su Plan de Regularización

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Para salvar del fracaso su Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) el Gobierno se propone otorgar una estatus de “inmigrante regular provisional” a unos 220 mil que habrán iniciado el proceso al término del plazo el 16 de junio próximo, pero que no han podido cumplir los requerimientos económicos por renuencia de sus empleadores.

Atrapado en contradicciones y discursos xenofóbicos, el Gobierno se enfrentará al hecho de que más de la mitad de los inmigrantes indocumentados ni siquiera han podido iniciar su regularización, estimándose en más de 300 mil los que quedarían sujetos a la deportación muchas veces anunciada pero difícil de ejecutar en tan alta proporción.

Llegarían a unos 220 mil. Al iniciarse esta semana la cuenta regresiva del mes para cerrar las inscripciones al PNRE, 207 mil 424 inmigrantes habían acudido a 24 centros de registro para iniciar el proceso, complicado por sus múltiples requerimientos, y son apenas centenares los que han sido acreditados con un carnet, tan pocos que las autoridades han dejado de dar el dato.

El doctor Washington González, viceministro de Interior y Policía encargado del Plan, confía que al 16 de junio sumarán entre 215 y 220 mil personas en gran parte haitianas, lo que representaría 42 por ciento de los 530 mil estimados en la Encuesta Nacional de Inmigrantes concluida en el 2012, de los cuales 458 mil 233, el 87 por ciento, provenían de Haití. A estos habría que agregarle algunas decenas de miles más que llegaron después de la encuesta, y que a partir de octubre del 2011 no califican para ser regularizados, por lo que los “deportables” pudieran andar sobre los 350 mil.

Aunque se establecieron 24 centros de atención, el grueso ha acudido a los del gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y San Pedro de Macorís, de acuerdo a los datos que ofreció el funcionario por Teleantillas. Complicado, porque en estos centros se establecían cuotas por día y había que acudir de madrugada para conseguir turnos, que en muchas ocasiones tenían que comprar a traficantes. Otra limitación ha sido que al no llevar todos los documentos requeridos, el promedio ha tenido que acudir unas 5-6 veces. La falta de información a una población dispersa, con poco acceso a los medios de comunicación y escasos niveles de instrucción también ha complicado el proceso. Y aunque el Gobierno no cobra nada, los inmigrantes tienen que notarizar hasta las facturas de compras de electrodomésticos, y en muchos casos han tenido que “dar contribuciones”.

Pocos llenan los requisitos. El viceministro González reconoce que muy pocos de los solicitantes han podido completar los requisitos, especialmente las condiciones laborales y socio-económicas, que incluyen certificaciones de empleo, propiedades o contratos de alquiler de muebles o inmuebles y hasta cuentas bancarias. El 95 por ciento presentó por lo menos un documento de identidad, acta de nacimiento cédula o pasaporte, como establece el plan. Pero esa misma proporción no ha podido completar los requerimientos socio-económicos.

El problema principal ha sido la poca colaboración de los empleadores. Lo reconoció el funcionario, quien dijo que apenas en las últimas dos semanas los grandes empleadores agropecuarios y de la construcción habían mostrado interés en ayudar a regularizar sus empleados. Una excepción había sido el grupo Vicini, con dos ingenios en operación, que hasta contrató abogados para ayudar a sus trabajadores haitianos.

Desde que se abrieron las inscripciones en junio del año pasado, se viene advirtiendo que los empleadores agrícolas, de la construcción y hasta domésticos, se han negado a emitir constancia salarial. Pretextan que son trabajadores temporales, sin contratos laborales y por tanto de mucha movilidad.

Otro factor que ha dificultado el proceso es la cantidad de requisitos, por ejemplo cuentas bancarias que muy pocos braceros haitianos, de la construcción o domésticos podía abrir por carecer de documentación o por sus condiciones socio-económicas y hasta por desconocimiento de la lengua nacional.

Estatus provisional salvador. “Hay que buscar una solución” proclamó el viceministro González, consciente del bajo porcentaje de inmigrantes que ha podido presentar todo lo que se le demanda. Numerosos casos, como el de Iván Saint Fleur, presentado en la misma entrevista de Uno+Uno, son indicativos del exceso de requisitos. Testimonió que comenzó el proceso el año pasado con pasaporte y visa, acreditación de su empleador doméstico, testigos de su arraigo en el país, papel de buena conducta, contrato de alquiler de vivienda y otros menores, todo notarizado, y no ha podido ser acreditado después de siete viajes de madrugada a un centro de atención capitalino. Es obvio que la gran mayoría de los inmigrantes haitianos no pueden reunir todas esas condiciones.

Pero después de año y medio trabajando en el plan, habría que considerar un fracaso la mínima cantidad de inmigrantes que han completado el proceso, y no por falta de documentación, como se repite buscando un “chivo expiatorio”. De ahí la solución del carnet provisional, que tendrá una duración de dos años “para que completen requisitos”. Será una manera de prolongar el período original, sin admitirlo formalmente. Habrá que esperar para ver si los empleadores son obligados a colaborar. Es obvio que una gran mayoría prefiere la informalidad de una mano de obra abundante que, por indocumentada, carece de posibilidades de reclamar derechos y condiciones laborales, como horario, pago de horas extra, salarios mínimos, seguridad social y prestaciones.

No será suficiente. Además del estatus provisional a los 220 mil inscritos para que completen los requisitos, el Gobierno tendrá que ponderar qué hacer con unos 350 mil que ni siquiera pudieron comenzar. Seguirán culpando a las autoridades haitianas que no han podido responder todas las demandas de documentos. La embajada haitiana tenía pendiente unas 15 mil, pero entre los otros más de 300 mil puede haber de todo. La encuesta de Inmigrantes dijo que el 92 por ciento tiene algún documento. En los últimos meses estaban pidiéndoles hasta pasaporte, cuando el plan valida también actas de nacimiento y cédulas.

En esa inmensa mayoría predominan los jornaleros agrícolas, chiriperos y trabajadores domésticos que carecen de los miles de pesos que cuestan las notarizaciones de documentos, que no tienen un empleador fijo, y con esposas e hijos más difíciles de demostrar su arraigo en el país.

Haber dejado pasar tanto tiempo para regularizar los inmigrantes, lo que dispuso la ley de migración del 2004 del presidente Hipólito Mejía, fue una grave irresponsabilidad, pero mucho peor pudiera ser el autoengaño y no reconocer la complejidad del problema. Ninguna regulación de inmigrantes en el mundo ha implicado deportar más de la mitad.

 

Ofensiva de radicales haitianos abona el odio y la confrontación

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Las autoridades e instituciones nacionales y haitianas tienen que esforzarse en reducir el clima de confrontación que se viene incubando en la isla y que podría agravarse en las campañas electorales que ya tienen curso en las dos naciones donde históricamente caudillos y grupos políticos medran con la estigmatización del vecino.

En el país hace tiempo que se viene advirtiendo que el discurso del odio y la exclusión contra los inmigrantes haitianos y sus descendientes, que ya incluye a autoridades y comunicadores, generará violencia que hará imposible la cooperación a que están condenados dos países que comparten una pequeña isla.

Condena unánime y rápida. Como era de esperarse, la sociedad dominicana ha condenado rápida y unánimemente la agresiva y provocativa acción del núcleo vandálico que violó la jurisdicción del consulado dominicano en Puerto Príncipe, trepando a su techo y arriando la bandera nacional, que también fue quemada. Tal acción no sólo fue una ofensa a la nación dominicana, sino también un atropello al derecho internacional.

Por fortuna, las autoridades, el principal diario haitiano y los organizadores de una marcha pacífica que había precedido el vandalismo, condenaron de inmediato la acción, sin buscar ningún pretexto. Aunque queda establecer por qué no se previó mayor protección al consulado como se hizo con la embajada, en la circunstancia de una marcha que protestaba acciones dominicanas en perjuicio de haitianos. Esa escena de cuatro individuos, posando para fotógrafos sobre el techo del consulado, como si hubiesen escalado el monte Everest, parece una acción premeditada para agravar las relaciones bilaterales.

La marcha fue convocada por grupos de la sociedad civil haitiana que abogan por el entendimiento, y proclamaba la paz entre los dos pueblos, incluyendo el grupo 4 de diciembre, último esfuerzo en que se involucró el exembajador Guy Alexandre, poco antes de morir hace un año, en su papel de pregonero de la cooperación y la amistad en la isla. Entre los convocantes había personalidades reconocidas que fueron recibidas por el embajador dominicano Rubén Silié, con quien tuvieron un diálogo respetuoso y constructivo. Fue después de dispersada la marcha que un pequeño grupo montó la provocación en el consulado, como a un kilómetro de distancia.

El caso Henry Claude Jean. Lo ocurrido en Puerto Príncipe el 16 de febrero no sorprendió a quienes venían advirtiendo que el discurso del odio germinaría en grupos anti dominicanos del otro lado de la frontera. La marcha a la embajada dominicana era para pedir explicación sobre acontecimientos que les ofendían como el presumible linchamiento del joven haitiano Henry Claude Jean, ocurrida en Santiago el 11 de febrero, al día siguiente de que un grupo de encapuchados, entre gritos de guerra, quemara allí la bandera haitiana, lo que no fue condenado por ninguna autoridad. Allí también fue que un grupúsculo proclamó la necesidad de matar a 4 periodistas que consideran traidores a la patria por defender derechos de inmigrantes y sus descendientes.

El caso del limpiabotas Henry se convirtió en paradigmático, por las características de un crimen de odio y terror. Lo amarraron de pies y manos, le dieron muerte a palos y lo llevaron al parque Ercilia Pepín, donde lo colgaron de un árbol, frente al principal hospital regional y por donde pasa una ruta de transporte, lo que implica también un atrevido desafío. Por ello 150 personalidades haitianas escribieron al presidente del partido gobernante, Leonel Fernández, considerándolo principal beneficiario del anti haitianismo, pidiéndole que condenara el presunto linchamiento. Y 62 académicos y activistas dominicanos residentes en el exterior pidieron lo mismo al presidente de la República.

Desde el primer día la policía de Santiago “descubrió”, sin la menor evidencia, que Henry había sido víctima de otros dos haitianos para robarle, porque se había ganado dos mil pesos en una banca de apuestas, sin identificación ni testigo. Con eso la policía y varios periódicos pretendieron cerrar el caso, pero como eso era insostenible y hubo muchas repercusiones internacionales, la siguiente semana el Jefe de la Policía Nacional se trasladó a Santiago para asumir personalmente la investigación, de la que 18 días después no se publican resultados. No ha habido un rechazo firme de las autoridades al discurso del odio, la estigmatización y amenazas de muerte.

Ofensiva de año nuevo. Ha habido toda una ofensiva anti haitiana desde que arrancó el 2015, que incluye otro crimen por aclararse, el de Lujis Jhoset el 18 de febrero en Comendador, Elías Piña, y para colmo los dos policías, un militar y dos civiles que asaltaron la residencia del embajador de Haití en Santo Domingo el 5 de febrero, fueron libertados de inmediato por decisión de una jueza, pese a los agravantes de uso fraudulento de uniformes de una empresa estatal, porte de armas de fuego, golpes y amarre del único guardián, amordazamiento de la empleada doméstica y robo de dos cajas fuertes, luego incautadas por la policía, sin los 18 mil dólares que contenía. Ese hecho desbordó el ánimo del embajador Fritz Cineas y determinó su dimisión, sintiéndose acosado.

En enero hubo un grave incidente cuando pescadores haitianos desbordados apedrearon el consulado dominicano en Anse-APitre, cerca de Pedernales, después que militares dominicanos le incautaran embarcaciones, lo que se denunció como secuestro del personal dominicano, porque este cerró las puertas hasta que intervinieron autoridades. El Gobierno supo que no hubo secuestro y que el incidente fue en aguas haitianas, según confidencia de un funcionario y del senador por Pedernales. Esos pescadores denuncian frecuente extorsión por autoridades nacionales que les incautan hasta los motores de sus botes. Eso dejó claro que se aproximaban agresiones del otro lado de la frontera.

La vocería anti haitiana creció con la versión de que se habían construido viviendas para “un asentamiento de inmigrantes haitianos” en Sosúa, Puerto Plata, pero a más de un mes todavía se espera el informe de la Comisión del ministerio de Interior y del Congreso que fue a investigar el infundio. La realidad es que desde los años ochenta un ministerio evangélico ha construido 1,200 casitas para sustituir las barracas de los bateyes azucareros, en beneficio de los que allí vivían por décadas, dominicanos, dominico-haitianos y haitianos. Durante semanas estos inventos generaron un incremento de la prédica anti haitiana en los medios de comunicación, donde se pedía energía al Gobierno.

Hubo pruebas de deportaciones masivas de haitianos que buscaban acogerse a la regularización, en violación del decreto que la instituyó, como el centenar que eran llevados por monjas al centro de registro de San Juan de la Maguana. La valentía de las religiosas y del obispo Sergio Grullón, determinaron que al día siguiente se les dejara volver al país.

Chantajean al gobierno. Los grupos ultranacionalistas, que han ganado cada vez más espacio como aliados del PLD, no solo estigmatizan a los comunicadores que los contradicen, sino hasta al propio presidente Danilo Medina, a quien colocaron en la galería de “traidores a la patria” exhibida el viernes, Día de la Independencia, en el Altar de la Patria, donde acosaron y empujaron a defensores de derechos humanos. Ya el Día de Duarte, 26 de enero, se habían escuchado allí mismo gritos de “Danilo traidor”.

Es significativo que esos gritos salen de grupos en los que abundan empleados públicos, como en Santiago, y desde un grupo político aliado que acusa a funcionarios del Gobierno de servir al interés extranjero. Los ataques han sido más virulentos contra el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo y su equipo técnico, después que éste proclamara en una reunión bilateral con Haití el 10 de julio pasado, el comienzo de una nueva era en las relaciones bilaterales, considerando que “el odio es estéril, mientras que el amor y el respeto fructifican”.-

Fue positivo que el presidente Medina no buscara beneficio político con lo del consulado en su discurso del viernes, pero tendrá que hacer esfuerzos para frenar “lo que se aproxima”. Por ejemplo, impidiendo que en medio del vendaval su ministro de Interior y Policía piropeara a los vecinos diciendo que Haití es un estado fallido. Aunque lo fuera.

A ese esfuerzo tendrán que concurrir los periódicos y empresarios dominicanos que deben abandonar hipocresías y reconocer que no pueden prescindir de la mano de obra haitiana, aunque bajo regulaciones, y que los últimos datos disponibles indican que en la primera mitad del 2014 sus exportaciones formales hacia Haití sumaron 560 millones de dólares, y las importaciones 68.7 millones de dólares.-

No pienso morder silencio

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
JUAN BOLIVAR

Debo advertir que no pienso morder el silencio que me aconsejan, algunos de buena fe, para escapar del cerco de acoso, estigmatizaciones y amenazas en que me encuentro junto a otros colegas, por denunciar la corrupción y le iniquidad, por defender derechos humanos y promover relaciones de buena vecindad con los hermanos haitianos. Aunque confieso que por momentos quisiera largarme para la Patagonia, allá bien al sur del continente, donde vacacioné una vez y quedé con la ilusión de pasar unos meses, entre lagos y nevados infinitamente hermosos.

A veces la emoción me conduce a un bote salva vida individual. Pero la razón me dice que es un poco tarde con casi medio siglo en este angustioso oficio. Ya una vez lo abordé por un año, tras dos atentados que procuraban mi silencio eterno. Pero de eso van a cumplirse 45 años y entonces, en 1970, el terrorismo de Estado cobraba una víctima cada 28 horas. Ahora es diferente y albergo la esperanza de que no llegaremos al extremo del asesinato, aunque cada vez es más preocupante la necrófila consigna de “muerte a los traidores”, que grupos extremistas, algunos pagados por entidades gubernamentales, proclaman en plazas públicas y medios de comunicación.

Ya esta semana otro grupito, esta vez en San Francisco de Macorís, duplicó la lista de “traidores disfrazados de periodistas”, merecedores de la muerte. Además de este articulista y de Huchi Lora, Amelia Deschamps y Roberto Cavada, sumaron a Marino Zapete, Alicia Ortega, Fernando Hasbún y Edith Febles. Hay que relevar la responsabilidad de los dirigentes del Colegio de Periodistas y del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de esa ciudad que impidieron el uso de su local para pregonar exterminio.

El asesinato a golpes de un joven haitiano, posteriormente colgado en el parque Ercilia Pepín de Santiago, al día siguiente de que fanáticos encapuchados quemaran allí una bandera de Haití, profundiza las preocupaciones sobre las consecuencias de la siembra de odio y estigmatizaciones. Sin siquiera haber identificado a la víctima, ni a sus presuntos victimarios, la Policía atribuyó el crimen a otros dos haitianos con la supuesta intención de robarle. El Centro de Formación Agraria de Santiago (CEFASA), una institución religiosa, fue más rápida que la policía al identificar a la víctima el jueves como Claude Jean Harris, un pacífico limpiabotas de 22 años, que según su esposa se llevaba bien con todo el mundo.

Hay razones para temer que estemos ante la primera víctima mortal del discurso del odio puesto en marcha en las últimas semanas. Si era para robarle, no se explica que lo ataran de pies y manos y que luego de matarlo a golpes lo colgaran en una plaza pública, frente al principal hospital de Santiago, en una zona de mucho tráfico. Las preocupaciones son tan lógicas que el Jefe de la Policía Nacional acudió al escenario el jueves y dispuso que una comisión especial investigue a fondo.

El general Manuel Castro Castillo ya llevaba una semana investigando personalmente el asalto a la residencia del embajador de Haití, Fritz Cineas, ejecutado a media mañana, cuando un grupo de cinco personas golpeó al guardián, amordazó a la trabajadora doméstica y cargó con dos cajas fuertes. No se puede descartar el robo como móvil, pero vale la pregunta de si un solo policía es suficiente para esa residencia.

Debe asumirse que la actuación personal del jefe policial partió de la instancia superior del Gobierno. También porque el canciller Andrés Navarro dijo el jueves que aparentemente hay sectores empeñados en dañar las relaciones con Haití, cuando hace unos meses el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo proclamó una nueva era en los vínculos bilaterales. Y es posible que haya fragmentos sociales empeñados en marchitarlos.

Mientras los investigadores policiales esclarecen suficientemente esos acontecimientos recientes, sigue siendo un imperativo que toda la sociedad, dominicana, encabezada por sus máximas autoridades, y por sus orientadores espirituales, reclame con firmeza un alto al discurso necrófilo, de odios, estigmatizaciones y exclusiones.

 

Un llamado a parar la siembra de odios

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
08_02_2015 HOY_DOMINGO_080215_ El País12 A

Más que por temor a perder la vida, la denuncia de cuatro periodistas sobre incitaciones a matarlos, expresadas en plazas públicas y por medios de comunicación, es una apelación al Gobierno y a los sectores responsables para concertar un esfuerzo que detenga la siembra de odios y estigmatizaciones que podría generar una gran tragedia.

Es alentadora la respuesta de innumerables instituciones y organizaciones nacionales e internacionales que han enfrentado a minorías fanatizadas, planteando que lo que está en juego es el respeto a derechos fundamentales, a la libertad de expresión y a los principios básicos del orden democrático, pero preocupa el silencio de las autoridades.

Ofensiva sin precedente. El periódico HOY lo planteó en su editorial del martes: “Nunca en este país, ni siquiera en épocas de oscurantismo, el fanatismo había llegado al extremo de llamar pública y abiertamente a matar periodistas por estos defender sus criterios con el derecho y la libertad que les garantiza la Constitución”.

La incitación a matar a “los Huchi Lora, Roberto Cavada y Juan Bolívar Díaz”, pronunciada ante cámaras de televisión y en un acto público en ocasión de la festividad del natalicio del fundador de la República, fue una expresión más del fanatismo que se está cultivando a nombre de un extremo nacionalismo, que podría llevar a personas desequilibradas a actos que pueden desembocar no solo en agresiones y asesinatos sino en tragedia de graves repercusiones internacionales.

La agresiva campaña comenzó para la festividad de la Restauración de la República en 2013, cuando ante el Altar de la Patria un grupo encabezado por el escritor Manuel Núñez y la comentarista Consuelo Despradel gritó la consigna de “muerte a los traidores”, identificando a varios de los periodistas que han defendido derechos humanos.

Tres meses después se ordenó la impresión de tres millones de volantes en los que se caricaturizaba a Lora y Díaz, como supuestos traidores a la patria, los que una editora se negó a imprimir.

Se presentó a las autoridades judiciales copias de los volantes que serían lanzados desde el aire y la orden de impresión por 390 mil pesos de la empresa RB Publicidad.

Lo que motivó la denuncia del lunes 2 fue el paso que dieron los promotores de muerte al acosar a los periodistas Amelia Deschamps y Roberto Cavada, a quienes individuos siguieron en dos supermercados diferentes, insultándolos y advirtiéndole que los matarían lo mismo que a Huchi y Juan Bolívar.

Los verdaderos ideólogos. El principal ideólogo de la campaña de muerte es la Fuerza Nacional Progresista, un partido aliado al Gobierno que en la última elección le aportó 0.62 por ciento de los votos, en especial su diputado por herencia Vinicio Castillo Semán, quien a través de un programa diario de televisión, en un periódico digital y por las redes electrónicas difunde calumnias y estigmas contra los que consideran traidores a la patria.

Los Castillo son promotores de una denominada Red por la Defensa de la Soberanía Nacional y una Fundación por la Soberanía, cuyo fervor nacionalista se ha reproducido en algunos núcleos en el interior del país, como el Movimiento Patriótico Independiente (MPI), que convocó la manifestación del 25 de enero en un parque de Santiago a la que asistió una veintena de personas.

En un volante distribuido el viernes en Santiago cuando la procuradora fiscal interrogaba a Díaz Estrella, se sostiene que “la nación está siendo agredida con la complicidad del Gobierno traidor, cobarde y boschista de Danilo Medina”.

Formulan una mezcolanza, afirmando que el Gobierno está “guiado por los imperialismos yanqui y europeo, por la Iglesia Católica-Vaticano y demás sectas religiosas, y los gobiernos cubano, venezolano y argentino”, junto a los comunicadores dominicanos traidores a la patria.

También ante el Altar de la Patria el Día de Duarte, se escucharon gritos de “Danilo traidor a la patria” y de “muerte a los traidores”.

Díaz Estrella, quien arrastra una condena por homicidio involuntario en ejercicio de la medicina, es un viejo militante del Partido Comunista de la República Dominicana (Pacoredo) al igual que uno de sus abogados, Jorge Mora, y varios de sus miembros. Ese grupo político generó confrontaciones con otros de la izquierda con balance de varios muertos en la década del setenta.

Pero es significativo y preocupante que jerarcas de la categoría del presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, y el arzobispo cardenal López Rodríguez coincidan con los núcleos nacionalistas en denunciar una supuesta conspiración contra la soberanía nacional, como hicieron el Día de Duarte.

No al discurso del odio. Decenas de organismos nacionales e internacionales, partidos y dirigentes políticos, de periodistas, de derechos humanos, sindicales, religiosas y sociales de todo género se han manifestado en solidaridad con los periodistas amenazados, pero llama la atención el silencio de las autoridades y del partido de Gobierno y sus dirigentes.

El presidente Medina instruyó al Jefe de la Policía Nacional para investigar la denuncia y envió al ministro de Interior y policía y al titular de la Dirección Nacional de Investigaciones a ofrecer protección a los denunciantes.

El periodista Díaz agradeció ambos gestos, pero dijo que prefería ver al Presidente desautorizando y condenando las incitaciones públicas a matar y el discurso del odio, como han hecho recientemente la premier alemana Angela Merkel y el presidente de Francia Francois Hollande, antes y después del grave atentado terrorista de enero en París, rechazando firmemente los discursos del odio tanto de los fundamentalistas como de grupos ultranacionalistas que promueven la xenofobia.

Al igual que el Papa Francisco, esos mandatarios han defendido los derechos de los inmigrantes y sus descendientes y los aportes que hacen a sus economías. Merkel fue tan lejos como encabezar, junto al presidente alemán, Joachim Gauck, una manifestación contra los odios y exclusiones en la histórica Puerta de Brandeburgo el 13 de enero.

Enlutado por la docena de muertos en París, Hollande, empero, proclamó que “los musulmanes son las primeras víctimas del fanatismo”, desligándolos de responsabilidad en el terrorismo yihadista.

Entre las múltiples muestras de condenas a la incitación a matar periodistas dominicanos, resalta la del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) que gastó cientos de miles de pesos para publicar un enérgico comunicado en todos los diarios nacionales dándose por conmocionado por las incitaciones a matar periodistas.

Formuló un “llamado de alerta a las autoridades y la clase política para que pongan en marcha acciones que promuevan la concordia, la unión, la tolerancia y la fraternidad en nuestra sociedad, así como a interponer sus buenos oficios para que se depongan actitudes extremas”.

La fobia antihaitiana

La denuncia de los cuatro periodistas, Deschamps, Lora, Cavada y Díaz advierte de una ofensiva encaminada a callarlos y contra la libertad de prensa, promovida por un grupo político cuyos intereses y negocios ellos han afectado con denuncias como la frustrada estafa de terrenos estatales en Bahía de las Aguilas, los fraudes bancarios y el oneroso contrato de los rayos X para los puertos.

Pero no hay dudas que la fobia antihaitiana es una de sus más fuertes motivaciones, y de ahí los ataques a todos los periodistas, articulistas y dirigentes sociales que han rechazado la desnacionalización de los descendientes de inmigrantes irregulares que habían sido registrados como dominicanos. En las últimas semanas han puesto en Internet una “galería de mercenarios”, con las fotografías de diez de los dirigentes del Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas. Ahí también aparece Díaz y la antropóloga y comentarista de televisión Ana Selman, el director del Centro Bonó, Roque Félix, los economistas Miguel Ceara Hatton y Pavel Isa, el sacerdote Mario Serrano, el artista Víctor Víctor, la sindicalista Eulogia Familia, el sociólogo Wilfredo Lozano y el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez.

En un artículo publicado esta semana titulado “El masacre se pasa a pie; la masacre no”, Melvin Mañón rememora la matanza dominicana de haitianos en 1937 y sostiene que la fobia antihaitiana está promoviendo otra con una serie de acciones y saturación de odio a través de medios de comunicación. Y justo esta misma semana un guardián disparó hiriendo a seis haitianos que reclamaban salarios vencidos en una construcción estatal.

 

Un llamado a la ponderación

by Juan Bolívar Diaz Santana

 Por Juan Bolívar Díaz
11_01_2015 HOY_DOMINGO_110115_ Opinión9 A

No hubo secuestro de personal consular y militares dominicanos destacados en Anse-A Pitre, Haití, como tampoco es cierto que se hayan hecho asentamientos de inmigrantes haitianos en bateyes del desmantelado ingenio Montellano en Puerto Plata, como se ha denunciado reiterativamente en la primera semana de este año, alimentando el clima nacional de confrontación y exclusión que grupos radicales promueven cada vez con mayor entusiasmo.

Sí fue cierto que un grupo de haitianos disgustados por disposiciones de preservación del espacio marítimo dominicano, donde pescaban, en las proximidades de Pedernales, apedrearon el local del consulado, lo que obligó al personal a permanecer en su interior hasta que las autoridades locales les garantizaron su seguridad. Así lo informó al gobierno el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, general Carlos Manuel Aguirre Reyes. También lo reconoció el director de Migración, José Ricardo Taveras, un funcionario nada sospechoso de cordialidad con los haitianos. A pesar de ello múltiples comentaristas y medios informativos nacionales han seguido denunciando el supuesto secuestro, y algunos llegaron a reclamar acciones militares.

Sin duda hubo un incidente desagradable y peligroso, una actitud agresiva ante la cual la Cancillería nacional procedió con altura y ponderación, tramitando la correspondiente protesta y pidiendo las necesarias garantías, en un lenguaje diplomático evadiendo echar combustible sobre las pasiones bilaterales.

Lo del supuesto asentamiento de inmigrantes haitianos por parte de una entidad canadiense es absolutamente falso, como ha documentado el regidor reformista Juan Arismendy Medina, quien preside la Fundación Samaritana, responsable de haber construido unas 1,500 modestas viviendas escuelas y consultorios médicos en diez comunidades de extrema pobreza en ese municipio del que fuera síndico 1986-90.

El munícipe testimonió por Teleantillas, que todo comenzó en 1988 cuando un potentado empresario canadiense, que vino de turista, chocó con la extrema pobreza y se acercó a la Asamblea de Iglesia Cristiana de la que el señor Medina era animador. Otros contribuyentes canadienses se sumarían posteriormente a una obra de carácter humanitario. Fue aprobada por autoridades nacionales e incentivada por personas sensibles como el recordado Freddy Beras Goico. Reportajes en periódicos nacionales como el Listín Diario, y el canadiense Toronto Star dieron cuenta de la humanitaria renovación de bateyes y parajes abandonados tras el cierre del Ingenio Montellano. Algunas de las entregas de viviendas han sido reproducidas en Teleantillas y en periódicos digitales y en Youtube.

Como en todas las zonas cañeras del país, la decadencia de la industria azucarera dejó en la miseria y el mayor abandono a ciudadanos dominicanos, haitianos y dominico-haitianos. De las tres categorías han sido beneficiarios de las viviendas con costo promedio de 4 mil dólares.

Reportajes televisivos han mostrado que se trata de personas residentes en esos lugares por décadas, muchos de ellos mostrando sus cédulas de identidad, tarjetas del programa oficial Solidaridad y de Senasa.

No hay dudas que también se dieron viviendas a inmigrantes haitianos, pero de los que han trabajado y vivido allí por décadas y sus descendientes, al igual que ha ocurrido en los mínimos proyectos que en el pasado desarrolló en algunos bateyes el Consejo Estatal del Azúcar, y muy recientemente el Consorcio Vicini, que ha invertido muchos millones de pesos para mejorar el rostro de los residentes en sus bateyes.

Por suerte las máximas autoridades nacionales han actuado con responsabilidad y no se han dejado arrastrar por los promotores de la confrontación. El vocero del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, habló con admirable inteligencia y serenidad llamando a la ponderación, especialmente a los responsables de la información y la orientación. Toman en cuenta la delicada situación política e institucional por la que atraviesa Haití, cuyo agravamiento en nada beneficiaría al país, al control migratorio, ni a los cada vez mayores intereses económicos de empresarios dominicanos, exportadores y constructores.-