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RD sigue quemándose en las evaluaciones

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La República Dominicana sigue quemándose en la generalidad de las evaluaciones internacionales, con un balance devastador en la última semana en relación a seguridad ciudadana, homicidios, muertos por accidentes de tránsito, y en desvío del presupuesto nacional.

Pero lo más impactante fue el informe del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), con sede en Washington, que planteó que el país se encamina a un régimen unipartidista y que los niveles de corrupción ponen en peligro la estabilidad económica y la democracia dominicana.

Inseguridad ciudadana. En percepción de inseguridad la población dominicana alcanza el mayor nivel entre 18 países latinoamericanos, según un estudio presentado el martes en Nueva York por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que también resalta la alta proporción de homicidios que se registran en la sociedad dominicana.

Casi dos tercios de la población dominicana, 64.8 por ciento, percibe un deterioro de la seguridad ciudadana, por encima de naciones centroamericanas, de Venezuela, Brasil y otros donde desde hace décadas se ha registrado un persistente deterioro con altas tasas de homicidios, feminicidios y asaltos de bandas callejeras y de sicarios, a menudo ligados al narcotráfico. Después de los dominicanos, los venezolanos, brasileños y mexicanos son los que perciben mayor inseguridad, con proporciones de 58, 57 y 56 por ciento respectivamente.

El país encabeza también con 21.5 por ciento las poblaciones latinoamericanas que han sentido la necesidad de cambiar de barrio por temor a la delincuencia. La tasa de homicidios se duplicó en el país entre el año 2000 y el 2014, liderando la región, hasta alcanzar 26 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2010, aunque se redujo al 23 por ciento el año pasado.

Aunque este informe no lo indica, la RD también está entre los líderes de la región en proporción de asesinatos de mujeres, los llamados feminicidios. Lo mismo viene ocurriendo en muertes por accidentes automovilísticos, donde la Organización Mundial de la Salud coloca el país como segundo a nivel mundial, después de la isla Niue en el Pacífico, lo que fue recordado esta semana por el director de la Autoridad Metropolitana del Transporte al dar a luz pública un programa educativo para reducir los accidentes que están cobrando mil 500 vidas por año, la segunda causa de muerte en el país, después de las cardiovasculares.

Desvío del Presupuesto. Durante una conferencia dentro de un seminario auspiciado por la Cámara Americana de Comercio, el representante local del Banco Mundial dijo esta semana que la frecuencia de los sobornos y los desvíos presupuestarios son más elevados en esta nación que en todas las de América Latina.

Al establecer una conexión con la economía y la pobreza, el doctor McDonald Benjamín sostuvo que la corrupción es un impuesto regresivo, indicando que el pago de sobornos constituye una mayor proporción de los ingresos de las empresas medianas y pequeñas que de las grandes.

Aunque reconoció algunos avances, el funcionario internacional se quejó de poca efectividad en las políticas de competencia, lo que afecta la innovación y el crecimiento. Propugnó por una reducción de la discrecionalidad y mayor transparencia y rendición de cuentas.

El Banco Mundial, junto al Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unión Europea y las embajadas de los países desarrollados auspiciaron entre el 2010 y 2012 las Iniciativas Populares Anticorrupción con participación de altos representantes del sector público y de organizaciones sociales. Algunas de sus recomendaciones han sido implementadas pero otras, como el establecimiento de la cuenta única del tesoro, se han quedado rezagadas.

El presidente Danilo Medina se comprometió durante su campaña electoral a ejecutar la cuenta única en 100 días. Se dijo que entraría en vigencia en enero pasado, y aunque se han cerrado varios miles de las seis mil cuentas bancarias de todo el sector, la meta está lejos. La unificación de las cuentas promueve la transparencia y los controles y reduce la discrecionalidad en el desvío de los fondos públicos.

Actitud de resignación. En los últimos años la República Dominicana ha resultado achicharrada en las evaluaciones de instituciones internacionales multilaterales, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y a Educación, y de la Comisión Económica para América Latina, y de organismos no gubernamentales como Amnistía Internacional, Foro Económico Mundial, Transparencia Internacional y otros.

En corrupción, despilfarro y malversación de recursos públicos, al igual que en calidad de la educación e inversión en el sector, en desconfianza en la policía, y en mortalidad materno-infantil la República Dominicana ha liderado a nivel mundial, en los últimos cuatro o cinco escalones en evaluaciones de hasta 144 países. En competitividad y seguridad ciudadana, está por debajo de la media tanto en América Latina, como a nivel mundial.

La reacción frente a esas evaluaciones suele ser de rechazo por parte de los funcionarios y líderes políticos y sus voceros oficiales y oficiosos, especialmente cuando provienen de organizaciones no gubernamentales, a las que se suele atribuir un interés en “denostar al país”.

En la opinión pública y en amplios segmentos sociales se manifiesta resignación y una actitud de refugio y reafirmación en los deportes y el arte popular renglones en los que la nación es altamente competitiva, al punto de haber ganado el último torneo mundial de béisbol y de competir por los primeros lugares en volibol femenino.

Genera sus propios delincuentes. Frente a las pésimas evaluaciones internacionales la actitud de los sectores dominantes es de desdeño y búsqueda de chivos expiatorios. Muchos no quieren siquiera admitir que la sociedad dominicana genera sus propios delincuentes y apelan al recuro de atribuir el auge de la inseguridad a la deportación de miles de dominicanos desde Estados Unidos.

En su edición del pasado fin de semana, el periódico católico Camino mete en un solo paquete a unos 31 mil deportados de Estados Unidos, 3 mil 323 este año, considerando que vinieron graduados en el crimen y la maldad y que su presencia ensombrece aún más la inseguridad ciudadana.

El editorialista no sabe que la mayoría son convictos y/o acusados de delitos menores, incluyendo riñas callejeras y familiares y hasta violaciones a las leyes de tránsito y falsificación de documentos personales y que sólo una ínfima minoría ha incurrido en el país en actividades delincuenciales.

Entrevistado al respecto esta semana el Director Nacional de Prisiones, Tomás Holguín, sostuvo por Teleantillas que de 25 mil 445 internos en la red de 47 cárceles y adentros de correcciones, “apenas ciento y pico” son repatriados. Para llegar al 1 por ciento deberían totalizar 254. Las estadísticas y estudios académicos habían sepultado el argumento de que los repatriados tienen alta incidencia en la delincuencia nacional. Es lamentable que esta ve lo haya revivido un periódico de tantos aciertos como Camino, que debería reparar el daño hecho a ese segmento poblacional, al que se deben abrir la puertas para su reinserción social, aún a quienes cumplieron penas por delitos mayores.

Partido único y corrupción

Lo más impactante de la semana fue la publicación del informe del Centro de Estrategia y Estudios Internacionales (CSIS, en inglés) de Washington, que planteó que “las instituciones democráticas de la República Dominicana están siendo crecientemente amenazadas por el dominio de un solo partido”, lo que podría conducir a un “estado unipartidista”.

El CSIS es una entidad centrista conservadora que integra a personalidades de los dos partidos estadounidenses dominantes y sus evaluaciones suelen tener mucho peso en la opinión pública norteamericana. El diario El País, el más influyente de habla hispana, dedicó una página a reseñar el informe, resaltando su conexión de la corrupción con la institucionalidad democrática.

“La corrupción en la República Dominicana es un mal endémico que en la última década se ha extendido de manera preocupante a todos los estratos de la administración pública, una circunstancia que de enquistarse podría amenazar las bases democráticas del país caribeño, de acuerdo con las conclusiones del estudio del prestigioso CSIS”, resume el diario español.

El informe señala el caos en los partidos de oposición, centrándose en el Revolucionario Dominicano, dividido desde que apoyó una reforma constitucional que puso todos los poderes públicos en manos del dominante Partido de la Liberación Dominicana. Pondera el apuntalamiento de una inmensa red clientelar “con implicaciones que inciden en el detrimento de la economía”, sin dejar de referirse a la debilidad y dependencia del poder judicial, y su incidencia en el auge del narcotráfico.

 

Se teme resultado electoral aplastante

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Entre analistas y observadores políticos predomina la percepción de que la alianza que encarna el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se encamina a una barrida electoral similar a la que protagonizó el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) cuando gobernaba en el 2002 y que repercutió en retroceso democrático.

El abuso de los recursos del Estado y un manifiesto empeño por acaparar todo el poder político por parte de un Gobierno cada vez más indiferente a los reclamos de la sociedad,  sumado a la debilidad de la oposición, generarían un deterioro de la precaria institucionalidad democrática nacional.

¿Cambios previsibles?

En otros escenarios electorales a una semana de la votación se pueden producir  cambios que alteren los vaticinios de las encuestas y los analistas, pero el panorama político dominicano luce estático y lo conservador domina hasta en el otrora combativo PRD, tanto que hay quienes creen que ni un grave escándalo gubernamental invertiría la tendencia. Como el partido blanco ha estado más concentrado en luchas internas que en el escenario nacional, evolucionando hacia posiciones más conservadoras, tratando de disputar los ámbitos del liderazgo del presidente Fernández, ha hecho poca oposición y no ha podido capitalizar los grandes escándalos que han sacudido al Gobierno en los últimos años, como los del narcotráfico y la corrupción. Por ejemplo, la denuncia periodística de corrupción en el Ministerio de Salud Pública del mes pasado ha sido ignorada tanto por el Gobierno como por los líderes perredeístas.

El partido blanco tampoco ha podido documentar suficientemente los excesos gubernamentales en la campaña electoral y la mayoría de las denuncias han salido de los medios informativos.

Por ejemplo, un reportaje de Teleantillas dio cuenta de que la candidata oficialista a alcaldesa de Santo Domingo Norte tiene 20 camiones recolectores de basura y dos repartidores de agua operando a su nombre en las calles, pero sus opositores ni siquiera han averiguado si esos equipos son gubernamentales o de alguna empresa privada y en qué condición son utilizados en la campaña electoral.

La ineficiencia ha acompañado las pocas denuncias efectistas del partido blanco, como las referentes a la participación de casi todos los altos funcionarios del Gobierno en la campaña electoral, pero no ha sido capaz, por ejemplo, de ejecutar una iniciativa jurídica amparándose en el numeral 18 del artículo 173 de la Ley Electoral, que sanciona con multa y hasta 2 años de prisión correccional a “los funcionarios administrativos o judiciales que se mezclaren en los actos electorales, usando de su influencia oficial para las elecciones”.

La ofensiva final

Por otro lado, los oficialistas han apabullado con la propaganda en los medios de comunicación, calles y  carreteras, demostrando que le sobran recursos.

Aunque ya el jueves su jefe de campaña, Francisco Javier García, se atribuyó la victoria en las 31 provincias y el DN, el uso masivo de recursos pareciera indicar que no están seguros. En esta última semana de campaña y hasta la votación del día 16,  las dos coaliciones dominantes desarrollarán su ofensiva final.

La del Gobierno es claro que estará fundada en su abundancia de recursos, con distribución masiva de alimentos, dinero   y bienes diversos en esa inmensa franja poblacional que integra la mitad del electorado, mientras el propio presidente Fernández proseguirá “juramentando” opositores e imponiendo su jerarquía y poder en las poblaciones más pobres, como hizo el pasado jueves en Sabana Grande de Boyá, Bayaguana y Monte Plata.

El PRD ha sido pobre hasta en propaganda, muy por debajo de la peledeísta, como si le faltaran recursos financieros.

Podrían haberlos ahorrado para la ofensiva final, incluso para competir en distribución y en incentivos para las horas antes y durante la votación, práctica que se ha afianzado en los últimos procesos comiciales.

Pero en ese terreno es bien difícil competir con los que usufructúan el poder.

Algunas candidaturas perredeístas pudieran beneficiarse del voto consciente al momento de la decisión. Especialmente la de Milagros Ortiz Bosch para la senaduría del DN, porque ella encarna al mismo tiempo el legado ideológico, popular y de ética política de Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez.

Una derrota de la doctora Ortiz Bosch en el DN, donde en los noventa llegó a obtener más del 60 por ciento de los sufragios, sería demostrativa del descalabro del perredeísmo histórico. Golpearía también a los que buscan reivindicar el predominio de los valores ideológicos y la honorabilidad de por vida en la política.

Peligroso derrotero

En diversos sectores, incluyendo empresariales y sociales, se teme del empeño peledeísta por acaparar todo el poder político, abusando de los recursos del Estado en detrimento de la institucionalidad democrática y convirtiendo la elección legislativa y municipal en un torneo del presidente de la República.

La preocupación es mayor cuando se conoce de un déficit fiscal de 18 mil millones de pesos en el primer trimestre del año, con incremento del gasto del 40 por ciento en contraste con el de los ingresos fiscales de apenas 6 por ciento y con un endeudamiento que está llegando a límites de insostenibilidad, lo que remite a nuevas reformas tributarias en un Gobierno que no conoce de austeridad y que  fundamenta su popularidad en el reparto del patrimonio público y en los subsidios.

Una barrida que acerque a los gobernantes a los dos tercios del Congreso repercutiría en el equilibrio democrático, sobre todo si ello implica el control absoluto del Consejo Nacional de la Magistratura y las posibilidades de imponer el nuevo Tribunal de Garantías Constitucionales y los órganos electorales, con un Presidente que considera que a un mandatario de amplio apoyo no se le debería impedir la continuidad.

Las preocupaciones crecen en la medida en que el presidente Fernández parece superar el modelo balaguerista de gobernar a espaldas de la sociedad, con escasa transparencia, como queda evidente en la construcción de la segunda línea del Metro capitalino y en la venta al Gobierno venezolano de la mitad de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo.

Ya supera a Balaguer en comportarse como “ciego y sordo”, pues no ofrece ruedas de prensa, con lo que rehúye responder sobre cuestionamientos, inquietudes y hasta graves denuncias, como las de corrupción y narcotráfico que han marchitado la imagen del Gobierno.

Todas esas y otras razones hubiesen desgastado a cualquier gobierno después de diez años en que han persistido los graves problemas energéticos y la escasa inversión en educación, salud y vivienda, pero para ello se precisa de una oposición que ofrezca una alternativa real o que por lo menos cree ilusiones de que la representa, y eso está ausente en las perspectivas actuales de la nación.

¿Todo está consumado?

Aunque ninguna de las encuestadoras acreditadas ha hecho una medición de las preferencias electorales a nivel nacional, cada vez es más generalizada la percepción de que la coalición de 15 partidos que encarna el PLD se encamina a una barrida en los comicios del próximo domingo.

Dos son los factores que determinan ese estado subjetivo de opinión: el despliegue sin precedente de los recursos del Estado en la campaña oficialista y la manifiesta incapacidad del dividido PRD para responder el desafío y crear siquiera una ilusión de alternativa real que catalice las insatisfacciones que genera la actual gestión gubernativa.

Sólo dos de las encuestadoras con tradición de crédito en el país han realizado investigaciones sobre preferencias en el actual proceso electoral, con resultados contradictorios y limitados al Distrito Nacional y las dos mayores provincias. Son los casos de la Penn and Shoen Bertland y el Centro de Investigación Económica del Cibao. Otras que trabajan para los partidos también arrojan resultados muy diversos y de estas han predominado las del oficialismo.

Pero más allá de la fiabilidad de las encuestas, factores subjetivos prevalecientes inclinan la balanza de un solo lado, aun para analistas tan acuciosos como Rosario Espinal y César Pérez, que  dan por hecho una holgada victoria de las candidaturas de la alianza peledeísta.

A ello contribuye la recolección de grupos políticos que el poder le ha permitido al presidente Leonel Fernández ir conformando desde el 2004, hasta constituir la mayor coalición electoral de la historia nacional, que ya en el 2008 sumó una docena. Esta vez tienen la adición del Partido Reformista Social Cristiano, que hace 4 años fue aliado al PRD y obtuvo el 10.96 por ciento del sufragio. Por menos de ese porcentaje se decidió la votación en 20 de las 31 provincias y en el Distrito Nacional. En las presidenciales del 2008 el 8 por ciento aportado por sus aliados le permitió al presidente Fernández reelegirse en primera vuelta con el 53 por ciento del total.

El PRCS atrapado y sin salida

by Juan Bolívar Diaz Santana

 

Por Juan Bolívar Díaz

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Sumido en un largo proceso de dispersión y reducción, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) hace el papelazo de su historia, mendigando una impúdica alianza con el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y tendrá que terminar aceptando migajas para no quedarse sin pito, sin flauta y sin qué tocar.

Los colorados no podrán conseguir mucho porque antes de negociar, ya se habían atado a un acuerdo con el partido morado que además lo necesita cada vez menos porque no sólo ha ido absorbiendo sus dirigentes y cuadros, sino también porque el presidente Leonel Fernández con un neo balaguerismo, ha asumido las posiciones conservadoras.

Penoso espectáculo.  No deja de ser penoso el espectáculo que protagoniza el PRSC en las últimas semanas, aferrándose como tabla de salvación a una alianza con el PLD en términos indignos de una entidad que fue fundamental en el sistema político dominicano, en las tres décadas que mediaron entre 1966 y 1996. Aunque para muchos no ha resultado sorpresa, porque su vigencia fue fundada en el caudillismo de Joaquín Balaguer y sus capacidades para mantenerse en el poder utilizando todos sus recursos, incluyendo el fraude electoral.  Sumido en un progresivo proceso de extinción llama la atención la torpeza negociadora de sus dirigentes. Es que tan pronto el presidente Fernández se reeligió en el 2008 y propuso una nueva Constitución al juramentarse en agosto de ese año, los reformistas se entregaron como aliados para los comicios de mayo próximo.

 Sin tener nada en las manos, el archipiélago grupal en que ha devenido el reformismo, dedicó sus energías a disputarse la primacía en la gracia del nuevo caudillo. Cada grupo quería ser el interlocutor válido del líder peledeísta, conformándose con fragmentos del pastel gubernamental y los más diversos privilegios que se reparten desde un poder todavía sin límites institucionales ni éticos.

 Comparsa de la reforma constitucional del presidente Fernández quedaron como insignificantes tras el pacto de éste con el dirigente perredeísta  Miguel Vargas Maldonado, y han llegado al momento de definir alianzas sin haber asegurado nada para el colectivo político, degradados por el 4 por ciento de los votos que obtuvieron en las presidenciales del 2008,  que les redujo en dos terceras partes el financiamiento del presupuesto nacional.

En manos de Leonel

Todos los indicios son que la suerte del PRSC depende casi exclusivamente del presidente Fernández, cuya astucia política en aras de su dominio nacional de largo alcance le aconseja no asfixiar definitivamente a grupos que ya tiene en sus bolsillos, consciente de que aún el 4 por ciento de los votos que cosecharon los reformistas en el 2008 puede ser decisivo en futuras coyunturas. Al fin de cuentas, hasta el presidente del Partido Reformista es un subordinado del mandatario en su condición de canciller del Gobierno.

Por eso el mandatario ha preferido otorgar al PRSC la tabla de salvación de la candidatura a síndico de Santiago, a la que los colorados han apostado como cuestión de vida o muerte, tal vez porque es lo más significativo de poder que les queda y donde la relativa popularidad del actual alcalde José Enrique Sued puede rememorar viejos dominios. Se dice que entre los 25 miembros del Comité Político del PLD, sólo José Tomás Pérez y Francisco Javier han acompañado a Fernández en favorecer la candidatura de Sued ahora dependiente de tres encuestas.

Los reformistas están conscientes de su debilidad y rezan para que los seguidores del presidente Fernández no lo hagan quedar mal en Santiago, porque más allá lucen bien feos para la foto del 16 de mayo. Si fallan en la segunda ciudad tendrán que buscarle alguna compensación. La reafirmación del bipartidismo y el voto preferencial por los diputados han reducido la representación de los partidos minoritarios en el Congreso desde el 2002.

¿Pueden irse solos? Durante la reunión de la Comisión Ejecutiva del PRSC celebrada el miércoles 10, hubo brotes de indignación, por el papelazo que juegan en las negociaciones con el PLD, tanto que algunos pedían irse solos y Ramón Pérez Martínez salió en algún momento para expresar su descontento ante reporteros, llegando a sugerir que deberían contemplar la posibilidad de negociar con el PRD. Eso lo publicó el periódico digital 7 días.

Aunque nada se puede descartar en el pragmatismo político dominicano, parece un poco tarde para que los reformistas vuelvan a cambiar su rumbo para acercarse al principal partido de la oposición, como ocurrió hace cuatro años. Para los comicios del 2006 el PRSC comenzó negociando una alianza con el PLD, pero rompieron en noviembre del 2005. El 5 de diciembre reformistas y perredeístas anunciaron su propósito de pacto.

La “Alianza Rosada” del 2006 resultó muy cuesta arriba y costó tres meses de negociaciones, siendo finalmente proclamada el 28 de febrero, al término del plazo para registrarla en la Junta Central Electoral. Aún así el PRD y el PRSC llevaron candidaturas separadas en tres provincias. El resultado arrojó un  buen negocio para los reformistas y vergüenza para los perredeístas, peor cuando de inmediato los primeros persistieron en buscar la cobija del presidente Fernández. Con esos antecedentes y a dos semanas del plazo, luce casi imposible una reedición de aquella alianza, lo que deja al PRSC con la única salida de participar solos, exponiéndose a un descalabro casi total. Sin duda que eso lo saben los peledeístas y por ello no están dispuestos a muchas concesiones. Como nunca en su historia, el gallo colorado luce atrapado y sin salida en la red de sus propias debilidades. Los reformistas no han podido asumir el papel de opositores a ninguno de los cuatro gobiernos que han seguido al final del imperio balaguerista en 1996, en esencia porque aparentemente no pueden vivir sin alguna porción de los privilegios del poder.

La decadencia reformista quedó de manifiesto en los comicios de 1996 cuando hasta el propio Balaguer traicionó la candidatura de su partido para dejarlo en un pírrico 13 por ciento, que se elevó al 17 por ciento en los congresuales y municipales del 98, para volver al 25 y 24 por ciento en el 2000 y 2002. Pero desde el 2004 cayeron en picada con un 9 por ciento, elevado al 11 dos años después para rematar en ese sepulturero 4.6 por ciento del 2008. Sin proyecto ni identidad propia, disperso en media docena de grupos, el PRSC escenifica una espectacular agonía, víctima también del bipartidismo que su propio  caudillo incentivó cuando prefirió a los peledeístas en detrimento de sus propios pupilos, haciendo honor al    viejo predicamento caudillista de que “detrás de mi el diluvio”.-

Difícil negociación

El PRSC y el PLD tienen todavía tiempo para alcanzar algún acuerdo para los comicios de mayo. Ya los colorados no tienen alternativa de acuerdo con la otra fuerza política nacional, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y tampoco pueden participar solos en los comicios porque corren el riesgo de esculpir su epitafio. El plazo para registrar alianzas concluye el 2 de marzo próximo, (setenta y cinco días antes de los comicios) pero las negociaciones de candidaturas pueden extenderse otros quince días, pues las mismas deben registrarse a más tardar 60 días antes de la votación.

El PRSC parte del supuesto de que no debe negociar para obtener menos de los 4 senadores, 28 síndicos y 22 diputados que obtuvo en las anteriores elecciones congresuales y municipales, aunque en el proceso ha perdido 3 de los cuatro senadores y al menos cinco diputados e igual número de síndicos que se han pasado a los dos partidos dominantes.

 Si parten de resultados de las encuestas, de las que dispone abundantemente el PLD, los reformistas no predominan hoy día más que en la provincia Altagracia, donde el caudillo regional Amable Aristy Castro sigue señoreando gracias a su gran capacidad de repartición. Lo mismo ocurre en casi todos los municipios, excepto Higüey y Santiago y uno que otro pequeño.

Como es lógico los peledeistas reivindican el derecho de encabezar  las candidaturas  en todas las jurisdicciones donde tienen mayoría, con el agravante de que tienen otra docena de partidos aliados, a los cuales tienen que garantizarles alguna representación, en la mayoría de los casos un síndico, y varios regidores y no más de dos diputados.

Es en las candidaturas a senador, síndico y regidor donde los reformistas pueden asegurar más, porque los diputados son más difícil de garantizar debido al voto preferencial, ya que en una alianza la mayoría peledeísta preferirá votar por sus compañeros de partido. Sólo se evitaría otorgando al PRSC todas las candidaturas a diputados de algunas circunscripciones.

 

La Ley de Partidos:otra burla política

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

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El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha dado larga al compromiso que hizo con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de aprobar el Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, con el obvio objetivo de que no pueda regir la campaña electoral para los comicios de mayo próximo.

A casi doce años de discusiones y consensos el sistema político sigue renuente a la aprobación de un código que establecería límites a la extensión y el financiamiento de las campañas, que promovería transparencia y sancionaría los abusos de los recursos del Estado.

Ya no hay tiempo

En los próximos ocho días la Junta Central Electoral tiene que publicar la proclama que da inicio a la campaña electoral para los comicios legislativos y municipales de mayo próximo y una vez más sin que se hayan dado los pasos legales para establecer límites al financiamiento y la propaganda electoral y sancionar el abuso de los recursos del Estado que se han venido reclamando hace más de una década.

Aunque las discusiones sobre la Ley de Partidos políticos datan de 1999 cuando la entonces Comisión para la Reforma y Modernización del Estado elaboró el primer proyecto, todavía el sistema partidista se muestra renuente a una reglamentación más estricta de las actividades de elección de candidatos y campañas electorales.

A partir del año 2000 la comisión, rebautizada como Consejo Nacional de Reforma del Estado, retomó el consenso con delegados de todos los partidos reconocidos y de numerosas instituciones sociales, reformulando un proyecto que llegó al Congreso por primera vez en el 2003 y desde entonces, con más o menos variantes, ha sido reintroducido unas siete veces, las últimas dos a principios del 2009 y en agosto pasado.

El proyecto de ley, reintroducido por el diputado Angel Acosta,  fue objeto de ingentes negociaciones en una amplia comisión  hasta ser aprobado por la Cámara de Diputados a principios de agosto del 2009, pocos días antes que concluyera la legislatura. Perimió al no ser conocido por el Senado, siendo reintroducido en la Cámara Baja poco después de iniciada la segunda legislatura del año pasado. Desde entonces los mismos legisladores que lo sancionaron en agosto le han dado largas. Por más prisa que ahora se den para aprobarlo en las dos cámaras a partir de la nueva legislatura que comienza el 27 de febrero, se tomaría el mes de marzo y ya la JCE no tendría tiempo para consensuar reglamentos para su aplicación.

Otro pacto violado

La aprobación de la Ley de Partidos fue incorporada al acuerdo pactado en mayo del 2009 por el presidente Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado mediante negociaciones realizadas entre comisionados de los dos partidos mayoritarios. El vicepresidente de la República Rafael Alburquerque, quien encabezó los negociadores del PLD, ha reconocido dos veces el compromiso.

A mediados de agosto la dirección del PRD llegó a anunciar que no cumplirían el acuerdo para viabilizar el proyecto de Constitución hasta que no fuera aprobado el proyecto de Ley de Partidos. Pero poco después Vargas Maldonado dio marcha atrás bajo la promesa del PLD de que tan pronto salieran de la Constitución, darían paso a la ley en octubre.

Pasaron cinco meses para que el Comité Político del partido de Gobierno se abocara a discutir el proyecto y en su última reunión esta semana lo dejó pendiente para otra sesión, mientras su secretario general Reinaldo Pared Pérez proclamaba que “de ninguna manera festinaremos un proyecto tan trascendental”, tratando de ignorar los años que lleva en debate y los numerosos consensos de que ha sido objeto, incluyendo el de la comisión de la Cámara de Diputados que lo aprobó el año pasado.

Es evidente que los peledeístas están burlando el pacto con el PRD, por lo menos dando larga para que de ser aprobada la ley no pueda ser aplicada en la campaña electoral próxima. Su posición se fortaleció esta semana cuando 21 partidos minoritarios pidieron que se aplace la aprobación de la ley para después de los comicios, o que por lo menos se introduzca un transitorio para que no se aplique este año el artículo que dejaría sin reconocimiento legal a los que no obtengan al menos el 2 por ciento de los votos en los comicios de mayo o consigan algún legislador. El Partido Reformista Social Cristiano, por separado, también pidió aplazar la legislación.

El interés del PRD

El PRD, que no hizo esfuerzo alguno por convertir en ley el proyecto en los 8 años en que tuvo la mayoría en el Congreso Nacional (1998-2006) lo declaró prioridad tras la experiencia de la campaña electoral del 2008 cuando el PLD utilizó todos los recursos del Estado para mantenerse en el poder.

Desde un año antes de esos comicios fue la Cámara Administrativa de la JCE la que puso interés en una reglamentación para acortar la campaña electoral y establecer límites a la propaganda, así como para hacer transparente el ingreso y los gastos de los partidos y candidatos. En el mismo tribunal electoral se dio larga al proyecto de reglamento hasta hacer imposible su aplicación. Muchas de las objeciones aducían que esa reglamentación tenía que hacerse mediante  ley.

El proyecto de ley de partidos ha sido favorecido por múltiples organizaciones sociales, algunas de las cuales, como Participación Ciudadana, plantearon que fuera objeto de la Cumbre celebrada a principios del 2009, pero el PRD no participó en esa ronda de negociaciones, desaprovechando la oportunidad de socializar el compromiso.

A punto de iniciarse la campaña electoral, los perredeístas lucen casi solos en el empeño por aprobar la ley de partidos, convencidos de que sus contrincantes volverán a abusar de los recursos del Estado. A ello atribuyen que el PLD no haya cumplido el compromiso de viabilizar la legislación. Los dos partidos mayoritarios se han alternado el interés por la legislación cuando están en la oposición.

Tímidos avances

El proyecto no es una panacea para perfeccionar el sistema político y afianzar la institucionalidad democrática, pero conlleva algunos avances, especialmente al establecer sanciones a las marrullerías electorales, incluyendo la posibilidad de suspender el financiamiento estatal a los partidos que abusen de los recursos del Estado o incurran en otras violaciones establecidas en su artículo 22.

El régimen de sanciones persigue llenar un vacío de la ley electoral estableciendo penalidades como la prisión correccional hasta de un año, multas que pueden ascender a 200 salarios mínimos e inhabilitación temporal para ser candidatos a quienes incurran en violaciones de la ley.

Establece límites el financiamiento de las personas individuales y obligaría a los partidos a transparentar sus ingresos y gastos, facultando a la JCE para realizar auditorías para determinar el uso de los recursos que reciben los partidos del Presupuesto Nacional, así como para establecer reglamentos de las campañas electorales.  Tiene también una serie de previsiones para evitar la monopolización de los medios de comunicación en las campañas electorales, así como para garantizar el acceso de todos los partidos y candidatos a los medios de comunicación, especialmente a los que son propiedad del Estado.  Contiene todo un capítulo destinado a garantizar la democracia interna de los partidos y a regular la selección de los dirigentes y de los candidatos a los cargos electivos.