El Constitucional ignora la Corte Interamericana

Por Juan Bolívar Díaz

El Tribunal Constitucional (TC) no solo negó amparo a una ciudadana que lo solicitaba, sino que la declaró no dominicana y se fue lejos al disponer un rastreo desde el 1929 (84 años) para despojar de la nacionalidad a nacidos e inscritos en el registro civil en por lo menos tres generaciones, si sus padres eran inmigrantes ilegales.

La sentencia, objetada por dos juezas y por varios expertos constitucionalistas, choca con el dictamen del 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vinculante para el Estado Dominicano, que rechaza que quienes residan por largo tiempo en el país estén en tránsito y que la ilegalidad sea heredada por los hijos.

Una sentencia histórica.  Tal como habían adelantado dos de sus integrantes, el TC evacuó una sentencia que hará historia como un adefesio jurídico que pretende el despojo de la nacionalidad a decenas de miles de personas que durante 8 décadas fueron registradas como dominicanas, al amparo de la Constitución y leyes vigentes.

La corte conoció una solicitud de amparo de la señora Juliana Deguis Pierre, nacida en Yamasá en 1984 (hace 29 años) y declarada por sus padres haitianos, a quien desde el 2008 la Junta Central Electoral (JCE) le niega copia de su acta de nacimiento con  la que pretendía obtener la cédula de identidad, declarándola no dominicana y dejándola como muerta civil, junto a varios miles de descendientes de haitianos.

Aunque en la misma sentencia se reconoce que el caso era competencia del Tribunal Contencioso Administrativo, y contrariando al menos 4 dictámenes propios en sus dos años de vigencia, el TC decidió conocer la instancia, “para garantizar el principio de economía procesal” pero sobrepasó la petición de la recurrente, no se pronunció sobre la legalidad o ilegalidad de la negativa de la copia del acta de nacimiento, y además dictaminó sobre la nacionalidad de millares de personas.

La corte reconoció implícitamente la ilegalidad de la retención del acta al disponer que la JCE emita el documento a la señora Pierre y al mismo tiempo lo remita “al tribunal correspondiente para que determine su  validez o nulidad”. Como la sentencia se fundamenta en que la recurrente es hija de “personas en tránsito”, categoría de todas las constituciones dominicanas desde 1929, ordena a la JCE realizar una auditoría  minuciosa de los libros del registro civil “para identificar e integrar en una lista documental” a todos los extranjeros desde ese año que  “se encuentran irregularmente inscritos por carecer de las condiciones instituidas por la Constitución. Ese listado deberá ser incorporado a los nuevos libros de registro de nacimiento de extranjeros”.

 Objeciones fundamentales. La sentencia fue firmada por once de los trece magistrados del Tribunal Constitucional que preside el jurista Milton Ray Guevara.  Las doctoras Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez dejaron por escrito sus objeciones en documentos de quince y treinta páginas respectivamente, donde rechazan el planteamiento fundamental de la mayoría, de que es inválido todo registro de nacimiento realizado por inmigrantes ilegales desde 1929.

Las dos magistradas se ampararon en la sentencia del 2005 emitida por la CIDH sosteniendo que son vinculantes para el Estado Dominicano. Bonilla planteó que de conformidad con los artículos 67 y 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “los estados partes reconocen que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son definitivos e inapelables y no pueden ser impugnados o revisados en el ámbito interno”.

Tanto las dos magistradas como los expertos en derecho constitucional rebaten la interpretación que hace la sentencia de los artículos constitucionales referente a la nacionalidad. Específicamente el planteamiento de que los trabajadores inmigrantes están en tránsito, recordando que hasta la Constitución del 2010 todos los textos constitucionales establecían que todos los nacidos en territorio nacional tenían derecho a la nacionalidad, con la excepción de los hijos de diplomáticos y personas en tránsito, lo que se interpretaba como de paso, no los que legal o ilegalmente se quedan en el territorio nacional.

Han objetado la sentencia los doctores Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez Gómez, Olivo Rodríguez  Huerta, Luis Gómez y Ramón Antonio Veras. La han respaldado el director general de Migración, así como por el cardenal Nicolás López Rodríguez y monseñor Agripino Núñez Collado. En cambio el obispo emérito de la iglesia Episcopal, Telésforo Isaac, la ha condenado en los términos más enérgicos.

La irretroactividad de la ley.  Todavía hay mucha confusión, pero de lo que trató la sentencia no es del derecho que tienen los descendientes de haitianos u otra nacionalidad, cuyos padres sean ilegales a ser declarados como dominicanos. Eso quedó proscrito en la Constitución del 2010, que en su artículo 18 numeral 3 estableció la restricción a los residentes ilegales.

De lo que se trata es de despojar de la nacionalidad a miles de personas descendientes de haitianos que fueron inscritos en el registro civil cuando bastaba haber  nacido en el país. Muchos de ellos tienen décadas de haber sido aceptados como dominicanos. Ellos no se inscribieron, sino que fueron inscritos, y en estricto derecho no se le puede aplicar retroactivamente la exclusión a los ilegales establecida en la Constitución del 2010, ni tampoco la ley de migración del 2004.

La Constitución del 2010 en su artículo 18 numeral 2 indica que son dominicanos y dominicanas  “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”. Y el artículo 110 establece que “La ley solo dispone y se aplica para el porvenir, no tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.

La Corte Interamericana.   En su sentencia del 2005 cuando conoció el caso de dos niñas descendientes de haitianos a las que el Estado se había negado a reconocer como dominicanas a pesar de que sus madres ya tenían cédula y documentación nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que fueran inscritas y compensadas por el Estado.

En su sentencia la CIDH dejó establecido que los hijos no pueden heredar la ilegalidad de sus padres. Textualmente indicó que “El estatus migratorio de una persona no se transmite a sus hijos”, y que  “La condición de nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad”.

Para deshacer el alegato que equipara como persona en tránsito a todos los inmigrantes, la CIDH recordó el propio Reglamento de Migración de la República Dominicana número 279 de 1939, que fija un máximo de 10 días para considerar transeúnte por el territorio nacional a un extranjero.

El argumento de que los inmigrantes residentes por largo tiempo en el país están en tránsito es rebatido por las dos magistradas que emitieron votos disidentes. Citan que la CIDH estableció que “Para considerar a una persona como transeúnte o en tránsito, independientemente de la clasificación que se utilice, el Estado debe respetar un limite temporal razonable, y ser coherente con el hecho de que un extranjero que desarrolla vínculos en un Estado no puede ser equiparado a un transeúnte o a una persona en tránsito”. La corte estableció además que “En un sistema de jus soli, sólo hace falta el hecho de que un niño o niña haya nacido en el territorio del Estado, y que la condición migratoria de sus padres no puede ser una condición para el otorgamiento de la nacionalidad, exigir la prueba de la misma, constituye una discriminación”.

Esta sentencia deja abierta la vía para que el caso sea llevado a la CIDH, que si ya dispuso dos inscripciones con más razón dictaminará contra el despojo de la ciudadanía a miles que hasta por ocho décadas se les había otorgado, y en momentos en que en Estados Unidos se busca legalizar, con opción a la ciudadanía, a 12 millones de inmigrantes ilegales, más de cien mil de ellos dominicanos. El proceso llevará tiempo, pero mientras tanto el genocidio civil seguirá penalizando a millares de personas, aunque cada vez será más rechazado en los ámbitos de los derechos humanos al ocurrir en un país que tiene en el exterior cerca de millón y medio de emigrantes.

Serán decenas de miles

Esa auditoría será una tarea bien difícil para realizarse en un año, prorrogable a dos, y tropezará con el hecho de que muchos libros de registro están desaparecidos o dañados. Tendrán que rastrear entre más de diez millones de personas, incluyendo los nacidos después del 1929 que han fallecido. Si sólo perseguirán intrusos haitianos, la tarea es menos difícil, buscando por apellidos de origen francés o patois. Los chinos e inglés serán menos. Los españoles no podrán ser detectados sin una lectura del acta para determinar los declarantes.

Uno de los méritos de la sentencia es que confirma el estimado de unos 20 mil  afectados por la resolución de la JCE cuando en su página 39 cita un cuadro que cuantifica en 16 mil 945 los expedientes remitidos por la Dirección de Inspectoría del organismo para investigación y en 4 mil 836 los investigados y devueltos. El estimado del doctor José Ángel Aquino sólo abarcaba los nacidos después de 1984. Desde 1929 serán decenas de miles, aunque muchos habría que buscarlos en los cementerios.

En miles de casos habrá tres y hasta cuatro generaciones de personas de un mismo tronco familiar “residentes ilegales”, que constituirían un verdadero apartheid que seguiría transmitiendo la ilegalidad a sus descendientes. Tendrán que decirle que ya no son dominicanos a personas hasta de 80 años que nacieron en el país, en una aplicación retroactiva de una nueva interpretación de la Constitución.

 

La seguridad social reta la concertación

Por Juan Bolívar Díaz
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A casi seis años de ser instaurado el sistema de salud del fundamental régimen contributivo hace agua por diversos flancos en medio de la incapacidad de sus rectores y actores para operar un gran acuerdo nacional fundado en la concertación de Gobierno, empresarios y trabajadores.

El Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), máximo órgano rector del sistema, ha devenido en una torre de babel zarandeada por intereses sectoriales y con escaso liderazgo de quienes tienen la misión de defender una de las mayores  conquistas de la sociedad dominicana.

Un limitado balance. Los rectores del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y sus actores sectoriales se sienten satisfechos con haber alcanzado una cobertura de salud del 52 por ciento de la población, con 2.9 millones de afiliados al régimen contributivo y 2.3 millones en el subsidiado, para un total de 5.2 millones de personas, pero la insatisfacción se generaliza en la población que cada vez tiene que pagar mayores cuotas adicionales para recibir una limitada cobertura de servicios médicos y de medicinas.

El mayor éxito del sistema parece ser la acumulación de 210 mil millones de pesos por las contribuciones de  empresarios y empleados para el  sistema de pensiones, pero su rentabilidad ha sido limitada, apenas por encima de la inflación acumulada en una década de implementación, en su mayor parte depositados en el sistema financiero cubriendo déficits del Banco Central. Tendrán que pasar muchos años aún para ver su eficiencia cuando los afiliados puedan comenzar a acceder a pensiones.

Por razones políticas los ejecutivos del SDSS con el Gobierno a la cabeza hicieron mucho énfasis en registrar una alta proporción de afiliados al seguro de salud mediante el régimen subsidiado.

Sin embargo, han ignorado el mandato legal de instituir el régimen mixto, (contributivo-subsidiado), a pesar de que en éste los beneficiarios estarían llamados a pagar una parte de su costo. Esa deficiencia conspira contra el 57 por ciento de la población que tiene un empleo informal.

Siempre se ha aducido que es más difícil implementar el régimen mixto, ya que en alta proporción sería de empleados independientes o de micro y pequeñas empresas, lo que es cierto si se compara con el contributivo que abarca a las medianas y grandes empresas, así como a las instituciones estatales y sociales. Pero la explicación se cae al comparársele con el régimen subsidiado, que es absolutamente individual y no paga.

  Ampliación del plan básico. Un proyecto de ampliación del Plan Básico de Salud, presentado al Consejo de la Seguridad Social el 8 de julio por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y la amenaza de la Asociación de Clínicas Privadas de suspender los servicios a todos los usuarios si no le elevan las tasas, han detonado nuevas tensiones en el sistema.

Ya provocó un agrio intercambio de cartas entre el superintendente Fernando Caamaño y la directora de la DIDA, Nélsida Marmolejos, originado en respectivas entrevistas en el telediario Uno+Uno.

El proyecto de la SISALRIL responde a dos resoluciones del CNSS de junio del 2012 y de abril pasado,  y propone 3,708 nuevos servicios, medicamentos y procedimientos quirúrgicos, pero para financiarlos plantea la indexación de la cápita por inflación acumulada de 8.08 por ciento, al mismo tiempo que una elevación de 418 pesos mensuales por afiliado, en tres etapas entre diciembre del 2013 y diciembre del 2014. Además un insignificante ajuste de 3.99 pesos mensuales por afiliado a la prima por accidentes de tránsito, que las aseguradoras están renuentes a cubrir.

En su entrevista por Teleantillas, y en una comunicación remitida a la presidenta del CNSS, Nélsida Marmolejos toma con poco entusiasmo la propuesta de Sisalril para ampliación de los servicios, argumentando que en muchos casos se trata de identificación de procedimientos que estaban cubiertos por paquetes. Centra su atención en el rechazo de la indexación de la cápita y de la elevación de los costos de los servicios y la prima de accidentes. Tiene razón en rechazar una elevación del 61 por ciento por los tres ajustes a la cápita actual de RD$788.58.

Caamaño auspicia el reajuste convencido de que sin el mismo no habrá expansión de los servicios, a menos que  se combata frontalmente (cosa que duda) la evasión y la elusión que practican muchos empresarios y organismos estatales, como ayuntamientos, lo que él tiene en serias dudas. Asegura que muchas empresas declaran salarios hasta por la mitad del promedio de unos 7 mil pesos de los salarios mínimos, mientras los altos salarios públicos y privados quedan fuera del sistema.

  Voluntad y liderazgo. El SDSS es definido como una inmensa torre de babel, demostrativa de la incapacidad de la sociedad dominicana para concertar en asuntos fundamentales. Un agudo conocedor del mismo lo definió así: el Gobierno pone la dirección, ministros, gerentes, los patronos tienen la tesorería, las aseguradoras cuentan con la SISALRIL, los bancos con los fondos de pensiones, y los sindicatos con la DIDA.

Es convicción general que después de Milton Ray Guevara, el primer presidente del CNSS, como ministro de trabajo, sus sucesores Ramón Fadul y la actual Maritza Hernández, han llegado al cargo con escaso conocimiento del sistema y menos voluntad política para liderarlo. El consejo ha devenido en un ente que no decide al no poder concertar, lo que es fundamental, ya que los tres sectores que lo integran, el público, los empresarios y los sindicatos tienen capacidad de veto.

La insostenibilidad financiera del sistema de salud está determinada por el pecado original de no haber implementado, como manda la ley, el nivel primario de atención, ni siquiera el Ministerio de Salud Pública ha centrado su atención en ese asunto primordial para reducir los costos. Las sociedades médicas resisten su implementación e imponen sus tarifas a través del copago.

 El silencio sindical. Todos los sectores saben del subregistro de salarios y las evasiones. Empresarios justifican lo primero alegando que se trata de empleados de medio tiempo o por hora, especialmente en zonas francas y turismo. Pero en cualquier caso, están cotizando hasta menos de la mitad pero hay que darle servicios iguales a quienes cotizan como empleados de tiempo completo.

En el fondo hay nostálgicos que todavía sueñan con un seguro estatal sin negociar con la salud, que nunca funcionó, que discuten la indexación por inflación que defienden en los salarios, y sectores empresariales que han maximizado sus beneficios y pretenden inflar el globo hasta los límites de la explosión, contando con que ningún gobierno va a cargar  con esa responsabilidad.

Y ahí están los sindicalistas, llamados a representar el interés de los trabajadores,  pero que han perdido hasta la voz de denuncia, con sus cuotas de cientos de empleos y financiamientos para actividades sindicales.

El mejor ejemplo de su irresponsabilidad fue cuando en diciembre del 2010 acordaron que el Consejo devolviera 9,995 millones de pesos del fondo de riesgos laborales. Ellos recibirían 60 millones de pesos para emplearlos en programas de capacitación, a los empresarios se les acreditaban RD$6,982 millones  y al Gobierno le devolvían RD$3,123 millones.

A instancia del Colegio Médico, un tribunal de amparo anuló meses después la resolución del CNSS, pero ya la voracidad de gasto del Gobierno de Leonel Fernández había dispuesto de su cuota y hasta ahora nadie ha reclamado la devolución.

Diagnósticos pesimistas

Los diagnósticos que se formulan coinciden en señalar que el Sistema de salud ha entrado en una etapa de insostenibilidad, que las aseguradoras estatales, Seguro Nacional de Salud (SENASA) Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y Seguro Nacional de Maestros,  están en quiebra técnica o en serias dificultades.

SENASA ha sido manejada con criterios de competitividad, pero en desventaja al cargar con los pensionados del Estado y ofertando una mayor cobertura de servicios que las aseguradoras privadas, El desastre lo constituye el IDSS que sigue siendo un patrimonio político que el gobierno entregó hace 9 años al doctor Sabino Báez.

La Ley que crea el SDSS, 87-01, otorgó un plazo de gracia de cinco años al IDSS para que pudiera transformarse en una eficiente administradora de riesgos y proveedora de servicios de salud en capacidad de competir con las de carácter privado. A pesar de haber partido con una alta proporción de afiliados y la más grande red de instalaciones y equipos fuera del ministerio de Salud, doce años después el Instituto languidece y si no ha desaparecido es por el subsidio  del Estado.

En el ámbito privado han desaparecido o se han fusionado con otras, media docena de las aseguradoras creadas originalmente, las últimas la SDS y La Colonial de Seguros asumida por la Universal de Seguros, una de las tres que van concentrando la población asegurada. Mientras fueron suspendidas aseguradoras de entidades autónomas del Estado, como a UASD.

Se denuncia una infinidad de maniobras para reducir el alcance de los servicios de salud, o dilatarlos, mientras la asignación de 2 mil pesos anuales como límite de cobertura de medicamentos, que siempre ha sido pírrica, es cada vez más insuficiente por el aumento sistemático de sus costos. Por su parte los médicos especialistas cada vez imponen mayores cuotas como copago por sus servicios. Todo ello genera una creciente insatisfacción de los usuarios que saturan de quejas la Dirección de Información y Defensa de los afiliados (DIDA), una de los ejes del sistema y probablemente el menos financiado.

 

Mejores perspectivas de relación con Haití

Por Juan Bolívar Díaz
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La reciente crisis en la relación domínico-haitiana originada en la veda a las exportaciones avícolas nacionales podría revertirse positivamente en la medida en que en el país  se va descubriendo que la vecina nación no es sólo una carga inmigratoria sino también un mercado de oportunidades.

Dominicanos y haitianos están desafiados a la negociación y el entendimiento superando prejuicios y resentimientos, y mientras más pronto lo logren mejor será para ambas partes que por separado enfrentan serias dificultades de competitividad en los mercados internacionales.

 Descubriendo a Haití.   Más allá de las pérdidas sufridas por los productores dominicanos de pollos y huevos, la veda impuesta por  las autoridades haitianas podría contribuir a que los dominicanos terminen de descubrir que Haití no es solamente una carga migratoria, sino también una gran oportunidad de negocios y coloquen como prioridad la consecución de importantes acuerdos acariciados durante décadas en materias fundamentales  de migración, comercio, medio ambiente, de salubridad e inversiones.

De golpe muchos dominicanos de estratos tan importantes como el empresarial y la comunicación pudieron darse cuenta de que los gestos prepotentes revestidos de derecho soberano no sólo pueden originarse al este de la frontera, sino también en el oeste, perjudicando intereses de la contraparte.

Más allá de la algarabía del rampante antihaitianismo, heredado de la tiranía de Trujillo y de su mejor discípulo Joaquín Balaguer como elemento de manipulación política, que resaltaba la decisión haitiana como un agravio intolerable, al extremo de que hasta legisladores exigieron el cierre de la frontera, se fue descubriendo que los productos avícolas representan apenas un 2 por ciento de las exportaciones formales dominicanas hacia Haití, con unos 18 millones de dólares al año. Aunque podría duplicarse en la informalidad de los mercados binacionales.

Consciente de la creciente importancia del mercado haitiano, el gobierno dominicano ha manejado el diferendo con serenidad e inteligencia, distanciándose de apasionados sembradores de discordias, y el propio presidente Danilo Medina se ha involucrado en gestiones para superarlo. En diálogo con el presidente Michel Martelly, habría de descubrir que lo sanitario fue un pretexto, y que el asunto apunta a recaudaciones aduanales por las exportaciones dominicanas a través de  los mercados binacionales que podrían ser limitados.

 Otras ventajas nacionales.  En el comercio informal de los mercados binacionales este país mantiene también una enorme ventaja, aunque menor, que se puede apreciar a simple vista, pero por sus características es difícil cuantificar. Hace unos cinco años en Dajabón se estimaba que el balance era de diez a 1. El año pasado se calculó que las exportaciones dominicanas por esos canales podría  oscilar entre 250 y 300 millones de dólares. El grueso son productos industriales, incluyendo de zonas francas,

Otros que han descubierto el mercado haitiano, sobre todo después del terremoto del 2010, son unas siete empresas constructoras dominicanas, que ejecutan obras viales, edificaciones y viviendas por cientos de millones de dólares, e incluso profesionales dominicanos de la ingeniería que han conseguido trabajo con empresas e instituciones haitianas y de otros países.

Se estima creciente también el número de empresarios nacionales que invierten en diferentes renglones de la economía haitiana, relevantemente el Grupo M, consorcio empresarial santiagués que preside Fernando Capellán, que desde el 2002 mantiene un inmenso parque de zona franca en Juana Méndez, la contraparte de Dajabón en el noroeste fronterizo, que emplea unas 6 mil 500 personas.

Empresas de transporte de cargas figuran entre las beneficiarias del mercado haitiano, sobre todo por la actual demanda de materiales para la reconstrucción tras la devastación telúrica. Una ventaja adicional proviene de unos 12 mil estudiantes haitianos, de clases medias y altas, que cursan estudios en  universidades dominicanas, representando cerca de 100 millones de dólares anuales.

Habría que sumar a los beneficiarios del intercambio comercial con Haití a miles de pequeños y medianos comerciantes, a los prestadores de todo género de servicios, incluyendo los operadores de  unas 800 habitaciones hoteleras en Dajabón. La vida en esta población y en Jimaní sería afectada dramáticamente si desaparecieran los mercados binacionales.

Mientras más rápido mejor.  Entre los empresarios más visionarios crece la convicción de que el país tiene que hacer mayores esfuerzos por institucionalizar y mejorar las relaciones de todo género con Haití, y que mientras más rápido ocurra será mejor para el interés nacional. Ven las ventajas de un mercado que duplica los 10 millones del país, más rentable en la medida en que se estabilice la situación política de Haití y se produzca crecimiento económico. El marco de entendimiento debe adelantarse a la incursión de capitales y exportadores más competitivos, señalándose la versión de que empresarios brasileños instalarían granjas avícolas que afectarían las exportaciones dominicanas.

Es obvio que con discriminaciones y prepotencias frente a los haitianos el país perderá oportunidades. Y en la medida en que Haití salga adelante reclamará más derechos y compensaciones a las ventajas comerciales dominicanas. La reactivación definitiva de la Comisión Mixta Bilateral que amaga desde su creación en 1996, es un paso fundamental. Pero tal como dijo aquí la semana pasada el visionario exembajador haitiano Guy Alexandre, tiene que renacer con una clara voluntad política del más alto  nivel para concretar  acuerdos en las claves materias comercial y migratoria.

El país tendrá que aterrizar un reglamento migratorio más respetuoso de la condición humana y la realidad haitiana, sin pretender convertir en fuente de recaudación el proceso de regularización de los trabajadores provenientes de Haití, a los que se obliga a salir del país para cobrarle hasta 8 mil pesos por una visa de reingreso, y Migración les impone una cuota de 9 mil pesos (llegó a requerir 15 mil) para su registro y autorización.

Compromiso social y político.  Tanto en Migración como en la cancillería dominicana prevalecen actitudes antihaitianas que dificultan el entendimiento. Contrastan con un embajador dominicano en Haití, como Rubén Silié, de amplia visión concertadora, y con una sociedad civil que progresivamente evoluciona en dirección al entendimiento, consciente de que no hay  manera de separar  los dos países.

De ahí el “Compromiso Social y Político por un Nuevo Modelo de Gestión de las Migraciones”, ampliamente consensuado y suscrito recientemente por unas 150 instituciones dominicanas, desde empresariales, religiosas, académicas, sindicales y sociales. Resalta que lo firmaron 8 organizaciones empresariales, como la Asociación de Industrias de la República, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, la Confederación Patronal Dominicana, las centrales sindicales y la Universidad Católica Madre y Maestra.

Las perspectivas apuntan a cambios significativos para lo cual el presidente Danilo Medina tendría que ignorar el chantaje político en que se sustenta el antihaitianismo y que hace un par de meses llegó al extremo de denunciar a la Universidad Madre y Maestra porque junto a la UNESCO, realizó un proyecto de acercamiento con periodistas de ambos lados de la isla. Se impone una nueva política estatal que supere irritaciones e iniquidades, como el insostenible genocidio civil de los dominicanos descendientes de haitianos. Eso permitiría demandar racionalidad y reducir también el antidominicanismo que se anida al oeste de la frontera.-

Balanza comercial de cien a uno

Este es un país tan especial que aunque tiene frente a Haití lo que puede ser la mayor ventaja comercial del mundo, en rango de 100 dólares exportados por cada uno importado, en sondeos populares de medios de comunicación predominaba el criterio de que por la veda a las exportaciones avícolas se debía cerrar la frontera, lo que denota una terrible manipulación, ignorancia o prejuicio.

Como consecuencia del debate generado, se puede esperar que muchos comentaristas e “interactivistas profesionales” se hayan enterado que en el 2011, último año completo disponible, las exportaciones formales de Dominicana  hacia Haití sumaron mil 13 millones de dólares, y las compras apenas 10 millones de dólares.

Más significativo es el crecimiento que han registrado las exportaciones dominicanas hacia el vecino país, que se duplicaron de 433.7 millones de dólares en el 2007 a 874.6 millones de dólares en el 2010, para alcanzar los 1013.8 millones en el 2011, crecimiento de 580.1 millones de dólares, 134 por ciento, en sólo cuatro años.

La ventaja del comercio con Haití, segundo mercado dominicano, es más significativo, si se tiene en cuenta el creciente déficit del país en su intercambio comercial con su primer socio, que es Estados Unidos, donde en el 2001 registró un déficit de 3,191.6 millones de dólares, fruto de importaciones por 7,346.2 y exportaciones de apenas 4,154.6 millones de dólares. Otro socio importante es China donde en el mismo 2011 RD tuvo un déficit de 648.9 millones de dólares, importaciones de 904.8 y exportaciones de apenas 255.9 millones de dólares.

La crisis avícola desnudó que la competitividad frente a Haití no es solo por la vecindad, sino por las características del vecino y por las dificultades dominicanas para competir en otros mercados más exigentes de calidad y precios.

 

El enorme fracaso del metro de SD

Por Juan Bolívar Díaz
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Las estadísticas oficiales demuestran la ineficiencia de la mayor inversión de la historia dominicana, la del metro de Santo Domingo, que ya con dos líneas en operación sólo atiende el 5.45 por ciento de la demanda de transporte y beneficia apenas al 2.45 por ciento de los habitantes de la urbe.

El sueño de niño del expresidente Leonel Fernández, cuyo costo real todavía se discute, aunque oficialmente casi 1,600 millones de dólares, beneficia apenas  a unas 81,696 personas como promedio diario, lo que no alcanza al 1 por ciento de la población nacional, con un subsidio que se estima entre 34 y 182 pesos por pasajero.

Beneficia al 2.45 por ciento.  El informe oficial del resultado del primer mes completo de operación de la doble línea del metro de Santo Domingo, 1 al 30 de abril pasado, arroja un promedio de apenas 163 mil 392  pasajeros por día, lo que al estimarse en ida y vuelta, representa que los beneficiarios de la costosa obra son tan solo 81 mil 696 personas, el 2.45 por ciento de los habitantes del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo donde opera, representando el 0.84 por ciento de la población nacional.

Un informe del ingeniero Ramón Leonel Carrasco, subdirector y responsable de acceso a la información de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte Terrestre (OPRET), establece que entre el 1 y el 30 de abril las dos líneas del metro transportaron 4 millones 901 mil 756 pasajeros, lo que en 30 días arroja un promedio diario de 163 mil 392 pasajeros y 81 mil 696 beneficiarios cuando se calcula en ida y vuelta. La primera línea, con 3 millones 167 mil 100 pasajes vendidos, registró casi dos terceras partes, 65 por ciento. La segunda línea, en su primer mes de operación, sólo movilizó 1 millón 734 mil 656 pasajeros.

Según el informe, los días laborables las dos líneas transportaron 3 millones 761,678 pasajeros, equivalente al 77 por ciento del total. En 22 días implica que el promedio de pasajeros por día de trabajo  fue de 170 mil 985, en los 4 sábados se redujo a 156 mil 614 y en igual número de domingos a un promedio de 128 mil 405.

5 por ciento de la demanda.

El  resultado del primer  mes de la doble línea representa apenas el 5.45 por  ciento de la demanda diaria de pasajes de la gran urbe, en base al estimado establecido en el “Diagnóstico del Transporte Urbano de la Ciudad de Santo Domingo”, 2012, que implica tanto el Distrito Nacional como la provincia que lo circunda, que fundamentó el Proyecto de Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que cursa en el Congreso Nacional.

El informe de abril implica que habrá que multiplicar la inversión en nuevas líneas para que el metro cubra una proporción significativa de la demanda de transporte de la urbe, siguiendo el diagnóstico, según el cual la población del DN y la provincia Santo Domingo, estimada en el 2012 en 3 millones 339,410 personas, tiene una demanda de 3 millones de viajes por día.

El fracaso de la doble línea como solución al caótico y primitivo sistema de transporte de Santo Domingo es dramático cuando se calcula que no llega siquiera a la mitad del 10.6 por ciento del total de los pasajeros que se mueven con gran indefensión en el llamado motoconcho. El diagnóstico estima que el 80.5 por ciento de la demanda de transporte la cubren 16 mil 500 “carros de concho” y 2 mil 800 micro y minibuses. 90 autobuses de empresas privadas mueven el 2 por ciento, y los 160 autobuses de la decadente Organización Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) el 3.6 por ciento, algo más que el 3.3 por ciento que cubría la línea 1 del metro.

Según el estudio, el ineficiente sistema de transporte urbano tenía 208 rutas, recorriendo en ida y vuelta mil 972 kilómetros, operada por 205 sindicatos (más bien gremios empresariales) organizados en 12 federaciones, generando una masa de dinero equivalente a 60 millones de pesos diarios, 1,200 al mes y 14 mil 400 millones anuales.

Frutos de la improvisación.  A 4 años del inicio de las operaciones del metro, cuya primera línea se inauguró el 29 de enero del 2009, y aún después de poner en operación la segunda en abril pasado, todavía no hay señales de que se vayan a establecer las llamadas rutas alimentadoras del sistema, en base a micro y autobuses que operarían con ticket de trasbordo, lo que implicaría elevar el costo y el subsidio del pasaje del metro, que se mantiene en 20 pesos. Desde el principio se habló de que se importarían unos 500 autobuses que todavía no aparecen.

Aunque entre ambas líneas cubren 27 kilómetros, con 30 estaciones de abordaje y descenso y un cruce para cambiar de dirección, faltarían múltiples conexiones para masificar el sistema subterráneo. La primera línea casi no origina pasajeros de sur a norte, beneficiando básicamente los suburbios norteños de Villa Mella, Sabana Perdida y Los Guarícanos, pero muy extendidos y distantes de las estaciones, y la segunda sale del kilómetro 9 de la autopista Duarte y muere en la calle 17, sin alcanzar a los barrios más poblados del este y el oeste de la ciudad.

Para los que viven cerca de las estaciones del metro y los que  pueden pagar otro transporte para alcanzarlas, el sistema representa un verdadero regalo, por costo, rapidez y confortabilidad, pero los alejados quedan excluidos por el calor local y sus limitados ingresos que no les permiten duplicar su pago, factores que hubiesen aflorado si el metro hubiese sido fruto de un estudio de factibilidad socio-económica. Desde que Leonel Fernández anunció su gran obra, se advirtió que para resolver el déficit de transporte seguro, implicaría múltiples líneas con un costo demasiado alto para la pobreza nacional, y se señalaron opciones de menor costo.

Exceso de optimismo.  Para justificar el improvisado inicio del metro en el 2005 se magnificaron los resultados esperados y se subestimaron los costos. De la primera línea su arquitecto, el ingeniero Diandino Peña, director de la OPREP, aseguró que se construiría por 326 millones de dólares y alcanzaría a transportar 175 mil pasajeros por día. Cuando se inauguró se informó oficialmente que costó más del doble, 750 millones de dólares, aunque siempre se ha asegurado que no se transparentó todo su costo. Un reporte confidencial (wikileaks) de la embajada de Estados Unidos, fechado el 16 de mayo del 2007, lo cifraba en 1,290 millones de dólares. El ingeniero Hamlet Hermann, experto en transporte, lo elevó hasta 1,584 millones de dólares, incluyendo el financiamiento.

Más de 4 años después la línea 1 del metro, con un promedio diario  de 105 mil 587 pasajeros, apenas ha alcanzado el 60 por ciento del estimado original, lo que todavía no se logra ni siquiera con los 163 mil 392 pasajes por día de las dos líneas.

Asumiendo que la segunda alcance a mover la misma cantidad de pasajeros que mueve la primera, el total por día subiría a 211 mil 140.  Con 105 mil 570 beneficiarios por día (ida y vuelta), todavía representaría el 3 por ciento de la población de la gran urbe, y el 7 por ciento de su demanda de transporte. Ese día la mayor inversión de la historia dominicana estará beneficiando al 1.09 por ciento de la población nacional de 9 millones 716 mil 940 personas.

ZOOM
Un gran lujo de pobre

Los resultados que arroja la operación del metro confirman lo que se temió desde el principio, que se trata de “un lujo de pobre”, del sueño que acarició Leonel Fernández cuando en su adolescencia vivió pobremente en Nueva York. Para él y sus devotos se trata de una muestra de la modernidad, del inicio de una obra trascendente, de la impronta de un gobernante.

Sin embargo, nada de eso tiene que ver con la eficiencia del transporte de la ciudad, cubierto por el metro en una proporción tan ínfima. Ni tampoco con una inversión oficial de 1,580 millones de dólares si a los 770 millones de la primera línea se le suman los 830 millones que, según se publicó en abril, ha costado la segunda. Sin adicionarle los intereses del financiamiento superior a mil millones de dólares.

Los más de 81 mil beneficiarios diarios de las dos líneas del metro son verdaderos privilegiados, pues el restante 99 por ciento de los dominicanos le están pagando un subsidio de por lo menos 34 pesos cada vez que entran al metro, según el dato aportado por la OPRET en febrero del 2011, que estimó sólo el costo operativo en 54 pesos por pasaje.

En un extenso artículo, al adicionarle el costo total del financiamiento, Hamlet Hermann calcula que el subsidio por pasaje en el 2011 alcanzó a 182 pesos. Son cifras que en cualquier país de mediana intensidad democrática, donde se transparente el uso del dinero público, ocasionaría una conmoción política y quedaría como un monumento al dispendio, la improvisación y la irresponsabilidad.

 

El genocidio civil sacude a la JCE

Por Juan Bolívar Díaz
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Nadie puede asegurar cuántos son los descendientes de extranjeros  que han sido víctimas del genocidio civil que desde el 2007 ejecuta la Junta Central Electoral (JCE), pero un inventario realizado en 168 oficialías del Estado Civil arroja 22,673 nacidos entre el 1982 y el 2010 que podrían ser afectados, 84 por ciento de origen haitiano.

El resultado de la investigación dispuesta por el Coordinador de la Comisión de Oficialías de la Junta Central Electoral, José Ángel Aquino, llevó a este miembro titular del organismo a plantear un proyecto de ley para solucionar el escándalo, lo que provocó el enojo de su presidente, Roberto Rosario, y un preocupante conflicto público.

De 67 nacionalidades.  Aunque el inventario de madres extranjeras no residentes que registraron hijos entre  1982 y  2010 implicó a personas de 67 nacionalidades, el 84 por ciento afecta a descendientes de haitianos, proporciones coherentes con las “más de 60 nacionalidades” y el 87 por ciento de origen haitiano, que arrojó la reciente Encuesta Nacional de Inmigrantes. De un total de 22,663 casos, los de ascendencia haitiana son 19,015.

La segunda mayoría es la estadounidense, con 521, el 2.29 por ciento,  y 470 de China para 2.07 por ciento. De Venezuela se registran 218, de España 198, de Holanda 117 y  de Cuba 101.

La mayor parte están en el Sureste, asiento fundamental de la industria azucarera que atrajo las primeras inmigraciones haitianas. Por provincia, La Romana encabeza con 7 mil 55, el 31 por ciento, seguida del Distrito Nacional, con 2,809, el 12 por ciento y San Pedro de Macorís con 2, 392 casos para un 10.5 por ciento. La Altagracia registra 1,986, el 9 por ciento, Monte Plata 1,528, el 7 por ciento y la provincia de Santo Domingo el 5 por ciento, con 1,071 casos.

El informe detalla los casos por municipios, lo que permite apreciar más claramente el influjo de los ingenios azucareros y que se trata de viejos inmigrantes, dada la decadencia de la producción azucarera en las últimas dos décadas. Resaltan los municipios cañeros como Guaymate, con 3,521 casos, casi igual que los 3,534 de La Romana. San Pedro de Macorís con 2,032, San Rafael del Yuma con  662, Bayaguana 884, Esperanza 847, El Seibo 810, Santo Domingo Este 789, Sabana Grande de Boyá 601, Higüey 324, Hato Mayor 269, Sosúa 214, y Bajos de Haina 183.

Alcances del inventario.  Ante las denuncias nacionales e internacionales sobre el creciente despojo de la nacionalidad, en el año 2010 el doctor José Angel Aquino, en su calidad de coordinador de la Comisión de Oficialías de la JCE, auspició un formulario a las 168 oficialías del Estado Civil para recabar información sobre el número de hijos que pudieran ser afectados por la Resolución 12-07, de diciembre de 2007 de la JCE, la cual ratificó la Circular 17 de su Cámara Administrativa, que el 17 de marzo de ese año prohibió a los oficiales civiles expedir copias de actas de nacimiento “relacionadas con padres extranjeros que no han probado su estatus legal de residencia”.

La circular 17, que inició el genocidio civil, fue emitida a espaldas del Pleno de la JCE, bajo la firma de Roberto Rosario que presidía la Cámara Administrativa, y con la aprobación de Aquino y del doctor César Francisco Féliz, miembros. Ante las múltiples protestas, la disposición fue llevada 9 meses después al Pleno que la ratificó a unanimidad, aunque poco después los miembros Aura Celeste Fernández y Eddy Olivares pidieron su derogación, en sendos documentos, por  considerarla inconstitucional e ilegal.

El 12 de diciembre de 2012 Aquino dirigió una comunicación a seis  funcionarios de la JCE, encabezados por la directora del Registro Civil, dando cuenta del inventario, que totalizó los 22,673 casos en disputa. Detalla que 12,914 de las inscripciones de hijos de madres extranjeras, más de la mitad, se hicieron sin documento alguno, 3,597 con pasaportes, 2,895 con fichas (del Consejo Estatal del Azúcar), 2,749 con cédulas, 496 con carné y 22 con seguro social. Recoge el nombre del inscrito, de la madre y el padre, con sus respectivas nacionalidades y documentos, si los tenían, fecha, así como número del libro, folio y acta.

Trasciende el conflicto.  La iniciativa de Aquino lo ha distanciado de la posición radical de Rosario, y lo ha acercado a la que sustentó solitario el miembro titular Eddy Olivares. Ambos rechazaron la decisión de enviar los 22,673 casos a Migración y han coincidido también en cuestionar aspectos fundamentales de los términos de condiciones para adquirir equipos, materiales y servicios para la emisión de una nueva cédula de identidad para la totalidad de la ciudadanía. Rosario cuenta con el apoyo de los magistrados Féliz y Altagracia Graciano de los Santos.

La confrontación se ha manifestado en los medios de comunicación y ante comisiones congresionales, originando la creación de una comisión de diputados para indagar el conflicto, en medio de alientos de los militantes del antihaitianismo que hace tiempo quieren la cabeza de Olivares, y ahora también la de Aquino.

Esta semana el Pleno de tres de la JCE rechazó que “se hayan presentado a nuestras instalaciones la cantidad de 22,673 personas a solicitar la expedición de actas de nacimiento y que las mismas se les hayan negado”. Dicen que ninguna dependencia de la JCE dispuso el inventario y que éste “ha sido únicamente responsabilidad” del magistrado  Aquino”, ignorando su  condición de coordinador de la Comisión de Oficialías y que al remitir el inventario a los magistrados, el 24 de abril, Aquino dijo que fue hecho por los oficiales del Estado Civil y los formularios “fueron revisados y remitidos a nuestro despacho por la Dra. Dolores A. Fernández Sánchez, Directora Nacional de Registro del Estado Civil”.   Aquino no ha dicho que los 22,673 casos se han presentado a solicitar copias de actas, sino que están expuestos a ser afectados.

  Cuántos son los excluidos.  Nadie ha podido precisar con certeza a cuántas personas de ascendencia extranjera, nacidas en el país y registradas como dominicanas se les ha negado copias de su acta de nacimiento desde que se emitió la Circular 17 en  2007, aunque se concuerda en que son miles. Menos se ha podido saber cuántos son los potencialmente expuestos, además de los 22,673 del inventario, ya que el mismo solo cuantificó a partir de 1982, y han aparecido afectados sobre 50 y hasta 60 años de edad, aunque como la generalidad es pobre, pocos son los que requieren una copia de su acta de nacimiento, teniendo cédula, después de los 40 años. Si para emitir la nueva cédula se requiere el acta de nacimiento, entonces serían varias decenas de miles los afectados. El comunicado del Pleno afirma que “solo se ha suspendido la expedición de 4,338 actas del estado civil, de las cuales solo unas 1,088 corresponden a casos de madres extranjeras no residentes, considerados irregulares o viciados”. Pero no indica cuántas están bajo investigación, sin suspensión formal, pero negadas de facto.

Ya el 16 de julio de 2008, en un “Comunicado a la Opinión Pública” que se incluye textualmente como Anexo IX.12 en el Volumen III del Informe Política Social: Capacidades y Derechos, de la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD, 2010, la JCE informó que tenía bajo investigación 9,028 expedientes que “afectan las actas del Estado Civil, de los cuales “3,115 actas de nacimiento investigadas en virtud de la Circular 17 emitida por la Cámara Administrativa de esta institución”. Una fuente bien informada de la propia JCE sostiene que casi cinco años después serían unos 7 mil a quienes se les ha negado la expedición de copias de sus actas de nacimiento.

Los propios grupos de solidaridad con los afectados por la desnacionalización tampoco han podido precisar cantidad. En  2011 el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes cuantificó 1,584 en un estudio que abarcó solo las comunidades de Don Juan y Quisqueya de San Pedro de Macorís, Monte Plata, Guaymate y Neiba.

Proyecto de solución
Aquino había sido, junto a Rosario, un fervoroso defensor de la Circular 17 y de la Resolución 12-07, pero el inventario y la magnitud de las denuncias, nacionales e internacionales, le hicieron consciente del alcance del genocidio civil. Debió considerar también que habrían otros miles inscritos antes de 1982, por lo que elaboró un “Anteproyecto de Ley sobre Registro de Nacimientos de Hijos (as) de Madres Extranjeras No Residentes en la República Dominicana”, con la esperanza de “contribuir a buscar una solución”, planteando que “Resulta imperiosa la necesidad de discutir propuestas e ideas que definan este tema de manera integral, tomando en cuenta su aspecto legal y humano, con el propósito de evitar la ocurrencia de casos de apatridia y garantizar el derecho a un nombre, identidad y nacionalidad de los afectados”.

El anteproyecto crearía un procedimiento para conceder la nacionalidad dominicana al titular de las actas de nacimiento suspendidas, previo aporte de documentos que demuestren sus vínculos con el país y que la JCE realice las investigaciones correspondientes. Es un híbrido con intención de resolver el conflicto, pero ha sido rechazado por los dominico-haitianos y sus defensores, bajo el criterio de que no se les puede conceder lo que ya habían obtenido por derecho, porque daría visos de legalidad al despojo de que han sido víctima y podría prestarse a discriminaciones.

En principio el anteproyecto  tuvo apoyo de la Comisión de Oficialías de la JCE, pero la oposición radical de Rosario logró que lo desestimaran, lo mismo que hizo el Pleno de la Junta en sesión del 21 de febrero pasado, que dispuso “Unico: Desestimar el Anteproyecto…y documentar los 22,673 casos de extranjeros que han sido identificados en los Libros Registros de nacimiento y remitirlos a la Dirección General de Migración, para que esta institución tome la decisión al respecto”, según reza la certificación escrita y firmada por el secretario general de la JCE, Hilario Espiñeira Ceballos.

 

RD país de emigrantes más que de inmigrantes

Por Juan Bolívar Díaz

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La Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2012), publicada esta semana por el gobierno dominicano demuestra que se ha exagerado la inmigración haitiana, equivalente al 4.7 por ciento de la población, por lo que este es netamente un país de emigrantes, con más del 15 por ciento de los nacionales en el exterior.

Los resultados de esta rigurosa investigación deberán contribuir a establecer políticas inmigratorias eficientes y justas, incluyendo la regulación de los inmigrantes temporales y de los de ascendencia extranjera, especialmente de los haitianos sometidos a un régimen de ghetto o apartheid.

Base para política migratoria. En pleno Palacio Nacional y por boca del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, se anunciaron los resultados de la ENI-2012, llamados a constituir una base importante para las políticas migratorias del país.

Allí estaban también representantes de la Unión Europea y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), que auspiciaron la investigación, cuya muestra abarcó 63 mil viviendas y lugares visitados, con 20 mil 499 entrevistas completas entre el 31 de julio y el 30 de septiembre del 2011.

En la presentación, el director de la ONE, Pablo Tactuk, plantea que el estudio ha generado información, “a través de la cual, por primera vez en la historia nacional, será posible proporcionar informaciones acerca del volumen real de personas nacidas en el extranjero y residentes en el país”.

La representante del UNFPA, Sonia Vásquez  dice  que sus resultados permitirán tomar decisiones que orienten las políticas públicas de manera más certera y se encaminen a propiciar un desarrollo armónico al servicio del bienestar y el respeto a los derechos humanos que, sin distinción, corresponden a cada uno de los habitantes  de esta parte de la isla”.

La encuesta revela estadísticas sobre las características y forma de vida de los inmigrantes, incluyendo condiciones de educación, salud, seguridad social, ubicación geográfica, documentación y empleo. Contrario a lo que se creía el 92.6 por ciento de los haitianos dice tener actas nacimiento, el 51.9 cédula de identidad y el 37.8 por ciento pasaportes emitidos en Haití.

De los datos se puede  interpretar que la inmigración haitiana tiene alta movilidad. El 22.8 por ciento dijo haber venido dos o más veces, el 32.3 por ciento planea regresar a su nación. Un alto 82.7 por ciento llegó después del año 2000, con 38.6 entre el 2010 y 2012 cuando el flujo se elevó tras el terremoto que destruyó su país. El 35.7 por ciento trabaja en el sector agropecuario, 25.9 en la construcción, 16.5 en el comercio y 10.4 por ciento en otros servicios. Los datos deberán contribuir a establecer limitaciones a nuevos inmigrantes y a la regularización de los ya internados.

Los domínico-haitianos. La encuesta permite una aproximación a los descendientes de haitianos en el país, 209 mil 912, que no llegan a la mitad de los domínico-americanos en Estados Unidos. Arroja una dimensión del ghetto o apartheid que está generando ya el despojo de las actas de nacimiento a millares de ellos y otras discriminaciones como la negativa a emitirles cédulas de identidad. Los datos muestran las condiciones de pobreza, de educación y vida en general de los descendientes de haitianos, mejor que los nacidos en Haití, pero peor que la de los demás descendientes de extranjeros.

Debe tenerse en cuenta que el 25.6 por ciento de los descendientes de haitianos tienen actas de nacimiento del país de sus padres, y 23.5 por ciento tienen cédula dominicana, lo que implica que unos serían unos 109 mil los nacidos en el país con problemas de identificación.

Los resultados de esta encuesta deberían provocar una mayor racionalidad del debate sobre “el problema haitiano” a partir de datos de origen técnico confiable y ejecutado por personal especializado, que desmitifican una serie de presunciones subjetivas, en particular una mayor aceptación de ese 2.1 por ciento de  domínico-haitianos, un de las centenares de mezclas de nacionalidades aceptadas en el mundo. Para ellos tiene que haber políticas de inclusión, no de exclusión, puesto que se quedarán aquí para siempre y sus descendientes no pueden ser condenados al ostracismo en su propia tierra.

La cuantificación de los domínico-haitianos pone en situación más difícil la política de desnacionalización que ejecuta la Junta Central Electoral con efecto retroactivo, cuya denuncia se incrementa semana tras semana tanto en el país como en los ámbitos internacionales, y que según fuentes confiables podría generar restricciones de importaciones agrícolas en países de la Unión Europea.

Región de alta migración. La proporción de inmigrantes en la República Dominicana, 5.4 por ciento de la población nacional, y 7.9 por ciento si se incluyen sus descendientes en el país, está por encima del promedio mundial, que es de 3.1 por ciento, con 214 millones, y de la región latinoamericana y caribeña que es del 3.3 por ciento, según las cifras que maneja la representante del UNFPA.

La emigración dominicana es proporcionalmente de las más altas del mundo y del continente, sobrepasando el 15 por ciento de la población nacional, estimada en 9 millones 716 mil 940 personas. Sólo en Estados Unidos se han cuantificado sobre 900 mil, y más de un millón 400 mil incluyendo los descendientes,  según el censo federal del 2010. En Puerto Rico se estimaron en 68 mil residentes legales, pero se cree que los ilegales podrían ser otros tantos, para unos 140 mil, aunque allí se exagera hasta 300 mil. En Europa hay más de 200 mil dominicanos, sólo en España se estiman en 160 mil.

Decenas de miles de dominicanos están regados por el mundo, incluyendo a naciones tan lejanas como Australia y Japón. En Venezuela se llegaron a censar 50 mil, y en algunas islas del Caribe, como las Antillas Holandesas (Aruba, Curazao y San Martin) los inmigrantes dominicanos alcanzan hasta el 12 por ciento de la población.

Haití tiene alrededor del 20 por ciento de su población, en el exterior, más de 2 millones, en primer lugar en Estados Unidos, más los 458 mil registrados ahora aquí y decenas de miles en Canadá y Francia. En los últimos años se están extendiendo a Brasil, Perú, Venezuela y otras naciones sudamericanas.

El Caribe, por su proximidad a Norte América, es de las regiones de más alta migración del mundo. Sólo en Estados la población de origen puertorriqueño, 4.6 millones de personas, supera la de la isla, 3.7 millones, y los cubanos 1.7 millones, según el censo federal del 2010. Los de origen mexicano, 31 millones, representan el 28 por ciento de la población residente en México.-

524 mil 632 inmigrantes

Los resultados arrojados por la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) causaron sorpresa general por las cifras tan exageradas que se han manejado en los últimos años sobre la inmigración extranjera, de hasta un millón y medio de haitianos.

Los residentes extranjeros son 524 mil 632, de los cuales 458 mil 233,  el 87 por ciento, nacieron en Haití. Los restantes 66 mil 399 proceden de Estados Unidos, España, Puerto Rico, Italia, China y otras naciones. 53.9 son jóvenes entre 20 y 34 años.

La segunda mayoría de inmigrantes es de nacidos en Estados Unidos, con 13 mil 514, de los cuales una parte deben ser descendientes de dominicanos. Los nacidos en España son 6 mil 720, siguiendo los 4 mil 416 de Puerto Rico, 4 mil 40 italianos, 3 mil 643 de China y 3 mil 599 franceses. De Venezuela, Cuba y Colombia han llegado 3 mil 434, 3 mil 145 y 2 mil 738 personas respectivamente.

Contando la población descendiente de extranjeros, nacida en el país, la encuesta totaliza 244 mil 151 personas, de los cuales 209 mil 912 son de origen haitiano y los restantes 34 mil 239 de otras nacionalidades.

Los inmigrantes y sus descendientes nacidos en el país totalizan 768 mil 783 personas, de los cuales los de origen haitiano son 668 mil 145, cifra que sigue muy por debajo de las cantidades que se manejan en el debate público sobre la inmigración proveniente del vecino país.

 

Subsidios “Alivian” la pobreza, sin combatirla

Por Juan Bolívar Díaz

Hasta septiembre del 2012 el Estado dominicano había destinado 40 mil 426 millones de pesos en ocho años de su programa “Progresando con Solidaridad”, con el objetivo de combatir la pobreza que afecta a más del 42 por ciento de la población, alcanzando a 2 millones 71 mil hogares.

Según las estadísticas oficiales los “subsidios sociales” alcanzan a 7 de los 10 millones de dominicanos y dominicanas, pero en proporciones tan bajas que no resuelven ninguna carencia y cuando mucho terminan estabilizando la pobreza y constituyendo una inmensa red clientelar.

Siete subsidios oficiales

Son siete los subsidios administrados por el Gabinete Social de la Presidencia de la República, hasta agosto bajo la coordinación del vicepresidente Rafael Alburquerque, y ahora de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Los tres primeros fueron “Comer es Primero”, el de mayor monto, y dos para incentivar la asistencia de los niños y niñas a las escuelas y a los que alcanzan la educación superior. Luego se sumaron los bonos para adquirir gas propano para hogares y choferes y otro para energía eléctrica. En los últimos tres años fue creado el “incentivo a la Policía Preventiva”. Todas las estadísticas citadas en este trabajo provienen de la página oficial del programa que hasta el viernes sólo llegaba a septiembre del 2012. Se accede en www.solidaridad.gov.do.

El más significativo de los 7 programas es Comer es Primero, que había consumido el 57 por ciento del total: 22 mil 931.3 millones de pesos. Fue también el primero en ser implementado por la administración del presidente Leonel Fernández a partir de octubre del 2004, aunque en la gestión del presidente Hipólito Mejía que le antecedió se inició un programa para incentivar el envío de los niños a las escuelas, pero la página oficial en Internet no da cuenta del mismo.

El segundo mayor subsidio es el destinado al uso del gas propano en los hogares, implementado a partir del 2008 cuando se dispararon los precios de los combustibles, el cual ha consumido 8 mil 171.8 millones de pesos, equivalentes al 20 por ciento del total. Empero el segundo más viejo, desde el 2005, fue el de incentivo a la asistencia escolar, para el que se han destinado 3 mil 615.9 millones de pesos, 9 por ciento. Le siguen el Bonogas-Choferes, que ha consumido 2 mil 332.7 millones de pesos, 6 por ciento, y el Bonoluz, desde el 2009, con 2 mil 188.3 millones de pesos, el 5 por ciento.

Para incentivo a la educación superior se destinaron 626.6, y para la Policía Preventiva 559.4 millones de pesos, con el l.5 y 1.3 por ciento respectivamente.

Son apenas migajas

De los 7 programas el único que tiene un monto significativo por persona es el Bonogas Choferes, pero es a la vez el que alcanza al menor número de beneficiarios, sólo 15 mil 921. Con base en los primeros 9 meses del 2012, último período incluido en la página oficial de Internet, los choferes recibieron 484.8 millones de pesos, para un total individual de 30 mil 452 pesos, 3 mil 384 pesos mensuales. Con todo trabajando 25 días del mes apenas representa 135 pesos por jornada, con los cuales pueden comprar galón y medío de gas y dos tercios de galón de gasolina corriente o gasoil.

El programa más emblemático y en el que más se invierte, Comer es Primero, recibió en los 9 meses indicados 3 mil 768.5 millones que al repartirse entre 612 mil 688 beneficiarios, tocó a 6 mil 151 pesos, sólo 683 promedio mensual. Se supone destinado a ayudar a la alimentación de una familia, pero esa suma apenas alcanza para comprar una libra de arroz por día a precio promedio de 22 pesos. Nadie se atrevería a creer que eso ayuda a una familia a combatir la pobreza, apenas una migaja para que no se mueran los que viven en la indigencia.

El programa que alcanza a mayor número de hogares, unos 766 mil 186, el bonogas, implicó en 9 meses 1,556.6 millones de pesos, apenas 226 mensuales por familia, con lo que a 98 pesos el galón, compran poquito más de 2 galones que les permitirían cocinar alimentos mínimos por un par de semanas.

Pero lo que es verdaderamente ridículo es pretender que con 288 pesos mensuales se estimula a un niño a asistir a la escuela, pues eso no alcanza para comprarle una camiseta, un plátano por día o cuatro litros de leche al mes. Son 211 mil 778 las asignaciones.

El Bonoluz alcanza a 499 mil 107 hogares, que en los 9 meses erogó 1,366.6 millones de pesos,2 mil 738 por unidad, para 338 pesos al mes, con lo que apenas se paga el consumo de bombillas. Los incentivos a la educación superior alcanzan a 27 mil 361 estudiantes con asignación, 420 pesos mensuales con lo que pagarían su transporte de 8 días cuando mucho. El incentivo a los policías representó 744 pesos por mes, unas 20 libras de habichuelas al mes.

¿El 70% de la población?

Las estadísticas oficiales plantean que los 4 programas dirigidos a la familia, sin contar los de choferes policías y universitarios, alcanzan a 2 millones 71 mil 105 hogares, y a un total de 7 millones 7 mil 456 personas, lo que representaría el 70 por ciento de la población nacional, de unos 10 millones. Ello indica que se ha pretendido abarcar a más del 42 por ciento de la población que según el informe de este año de la CEPAL vive en la pobreza.

En Comer es Primero el millón 624 mil 304 de beneficiarios en 606 022 hogares, representa 2.68 por familia, pero en bonogas los 2 millones 348 mil 341 beneficiarios en 757 mil 566 hogares, da a 3.09 por familia. Con cualquiera de las dos proporciones por hogar, si se le suman los más de 700 mil empleados y pensionados de todo el Estado, implicaría que 9 de cada diez dominicanos y dominicanas reciben alguna transferencia estatal, lo que parece un absurdo.

Sin embargo, esa proporción habría que reducirla, probablemente a la mitad, ya que en la práctica la mayoría de las familias reciben transferencias de por lo menos dos de los programas. De cualquier forma, lo que implican esas cifras es que Progresando con Solidaridad es una amplia red de reparto, con más criterio de clientelismo político y amortización de las insatisfacciones sociales que interés real de ayudar a las familias a superar el estado de pobreza, ratificando el dicho popular de que quien mucho abarca poco aprieta.

El programa de Bonogas Choferes tiene la clara intencionalidad de mediatizar a un sector determinante en las protestas sociales, por su incidencia en las tradicionales paralizaciones de ciudades. El de la Policía Preventiva es todavía menos justificable, puesto que lo corr4espondiente sería elevarles swus míseros salarios y asignaciones para dieta.

Programas bajo evaluación

Todo el programa Progresando con Solidaridad está bajo evaluación del gobierno del presidente Danilo Medina, según fuentes informadas. Desde que inició en agosto se contempla elevar las asignaciones, pero el déficit fiscal recibido lo ha impedido. Con todo pretender en lo inmediato aumentar 25 pesos promedio al de Comer es Primero.

En organismos internacionales que, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo, han colaborado en la financiación y planificación de los programas, se reconoce su fracaso en cuanto no han cumplido el objetivo fundamental de impulsar la superación de la pobreza y porque no se ha dado seguimiento para ver si los beneficiarios cumplen su contrapartida, por ejemplo de enviar los hijos a la escuela. Lo mismo piensan funcionarios gubernamentales, por ejemplo del Ministerio de Economía, pero nadie quiere evaluarlos públicamente. Menos los políticos que con esas dádivas pretenden descargar sus malas conciencias.

A falta de pan, casabe, decía un consultado, señalando que nacionales y extranjeros conscientes de la ineficiencia de esa inversión, tranquilizan sus conciencias con el argumento de que por lo menos palian el hambre de los más pobres. En países como México y Brasil, donde se originaron esos programas, las asignaciones alcanzan hasta medio salario mínimo por familia, mientras aquí andan por la décima parte.

Se reconoce que en conjunto las emisiones de tarjetas para las transferencias han tenido ribetes de clientelismo político, e incluso Participación Ciudadana registró en los últimos procesos electorales que en algunos barrios los activistas políticos han utilizado los listados de los beneficiarios de subsidios para acarrearlos a las mesas de votación y tratar de influir su decisión.

Los más de 40 mil millones de pesos destinados a esos programas hubiesen servido para construir las aulas que faltan y mejorar los servicios hospitalarios. Pero habrían tenido meno efecto político.-

Tensa negociación Gobierno-Barrick

Por Juan Bolívar Díaz

El Gobierno y la minera Barrick Gold han seguido negociando tras el enérgico reclamo del presidente Danilo Medina de una mayor participación inmediata en los beneficios de las exportaciones de oro y plata provenientes de la mina de Pueblo Viejo, Cotuí, aunque la oferta empresarial parece muy distante de la expectativa.

En un clima de exacerbación nacionalista el Gobierno elevó su ofensiva con la retención del último embarque de oro y plata, buscando forzar un “acuerdo amigable”, consciente de que los términos del contrato no le son favorables en el escenario de un arbitraje internacional que podría resultar de la imposición legislativa planteada.

La “solución amigable”.  Tras el virtual ultimátum público contenido en el  discurso del presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional el 27 de febrero reclamando una mayor participación inmediata en los beneficios de las exportaciones de oro y plata, las conversaciones entre el Gobierno y la minera Barrick Gold han proseguido, como antes,  bajo rigurosa confidencialidad, con ofertas de transacción sin modificar el contrato, pero hasta ahora lejanas de las expectativas gubernamentales.

Apenas horas después del reclamo presidencial, la Barrick emitió un documento en el que confirmaba que “hemos sostenido acercamientos amigables con el Estado dominicano”. El presidente Medina había reclamado una renegociación del contrato, y dijo que tras decenas de reuniones se estaba llegando al límite de la paciencia.

En una carta del presidente de la minera, el exdiplomático estadounidense Manuel Rocha, precisó que en once reuniones “nuestra empresa propuso varias fórmulas fiscales al Estado”, pero todas fueron descartadas. Fragmentos de esa carta fueron publicados esta semana por el periodista Marino Zapete y reproducidos por Acento.com. La Barrick confirmó luego la misiva, aunque rechazando que contuviera términos ofensivos para el primer mandatario, como se había comentado.

La empresa prefiere hablar en términos de acuerdo amigable, lo que quedó de manifiesto cuando el 4 de marzo su gerente de Comunicaciones, Jorge Esteva, dijo a la periodista Alicia Ortega que la renegociación del contrato “no está sobre la mesa”, reiterando la disposición al diálogo para “buscar alternativas para contribuir a paliar el déficit del Estado”, señalando que “no entendemos la necesidad de una renegociación”, llegando a expresar esperanzas de que “estén considerando las consecuencias” de la imposición del impuesto adicional que había planteado el presidente Medina apenas cinco días antes.

La fórmula de Balaguer.  El Gobierno sigue buscando el acuerdo amigable poniendo la máxima presión a la Barrick en un ambiente de exacerbación de sentimientos nacionalistas estimulados entre legisladores, dirigentes políticos y sociales y a través de la inmensa maquinaria mediática progubernamental.

El presidente de la Cámara de Diputados Abel Martínez se expresa en términos radicales, asegurando que no permitirán afrentas; el ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas habló de “tumbar guaraguaos y halcones”; el diputado Luis Jiménez pidió militarizar la mina, y el diputado Juan Hubieres, auto denominado “comandante rebelde”, reclama nacionalizarla.

Comentaristas han hablado de comprar la empresa, sin considerar su valor, aparte de los cuatro mil millones de dólares invertidos.

Por su parte, una comisión de la Cámara de Diputados encargada de estudiar el contrato con la Barrick ya “pudo identificar violaciones a varias disposiciones constitucionales, a la Ley 146 sobre Minería y a la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00”, que lo invalidarían.

En tanto 161 intelectuales y artistas daban pleno apoyo al Presidente de la nación y, sin la menor alusión a los responsables nacionales, denuncian “inmorales manipulaciones utilizadas por las voraces empresas multinacionales para acordar los abusivos y lesivos contratos que les permiten explotar los recursos naturales…cuyos términos resultan manifiestamente ilegales”.

En ese contexto, que sectores empresariales empiezan a temer como expresión de “populismo político”, fue que decidieron desempolvar “el librito de Balaguer”, quien en su momento instruyó a su director de Aduanas para que dificultara las exportaciones de ferroníquel de la Falconbridge, presionando una revisión del contrato que las amparaba, y logró el objetivo.  Para el lunes 18 estaba programada una reunión bilateral, pero poco antes Aduanas retuvo el embarque 20 de la Barrick desde el miércoles 13 hasta el mismo lunes 18 y adujo irregularidades en el manifiesto de exportación y el viernes 22 hizo un registro minucioso del siguiente.

Una carta de la Barrick al director de Aduanas sostiene que el embarque retenido, valorado en 11.6 millones de dólares, siguió el procedimiento normal y que el “error” contenido en el manifiesto que señalaba una procedencia de Estados Unidos fue generado por un nuevo código arancelario que le había proporcionado el organismo estatal. Con despliegue de prensa se verificó el cargamento y se llegó a acusar a la empresa de violaciones a las leyes aduanales y se informó que sería multada con 972 millones de pesos, el doble del valor del embarque. Eso alimentó el clima de rechazo a la empresa, a la que, sin embargo, le autorizaron el embarque sin formalizarle violación ni multa.

Tras mostrar públicamente sus cartas respectivas, ambas partes continuaron las exploraciones de fórmulas, conscientes de que no les conviene jugar a la confrontación de facto. Pero en fuentes gubernamentales se dice que las propuestas de la empresa han seguido “muy lejos” de las expectativas del Gobierno que quiere multiplicar más de diez veces los 56 millones de dólares anuales que según dijo el presidente Medina recibiría en los primeros tres años de exportaciones, hasta que la Barrick recupere su inversión de 4 mil millones de dólares, pero solo habría recibido oferta de una duplicación.

Ofertas insatisfactorias

Se trata de versiones extraoficiales por el nivel de confidencia de las conversaciones y lo delicada de la situación.

 Por el Gobierno preside las negociaciones el ministro de la Presidencia y hombre de total confianza del Presidente, Gustavo Montalvo, renuente a las entrevistas y confidencias periodísticas y Rocha se manifiesta más aferrado a la prudencia diplomática que cuando representaba en el país los intereses de Estados Unidos como ministro consejero de su embajada.

Montalvo rompió su silencio el jueves 21 de este mes, informando que el Gobierno aceptó la mediación del exembajador en Estados Unidos Derek Hudson Burney, enviado por el Gobierno de Canadá, sembrando la expectativa de que “muy pronto” pudiera haber anuncios acerca de las conversaciones.

El problema de la oferta de Barrick es que no solo se queda corta en las expectativas gubernamentales. Medina dijo en su discurso que había rechazado la oferta de “adelantar el pago de impuestos futuros”, que corresponderían a próximas administraciones. Luego habló de establecer por ley un impuesto al excedente de precios de los metales en relación a los que predominaban cuando se contrató con la Barrick. Pero a continuación añadió que ese impuesto “operaría como un crédito para el pago del impuesto de participación sobre las utilidades netas (PUN) de 28.75 por ciento”, lo que vendría a ser lo mismo.

La diferencia parece ser que la oferta de la empresa incluye cobrar intereses, es decir que solo garantizaría un préstamo.

Las ventajas de Barrick

   Es obvio que el Gobierno trata de arrinconar a la Barick Gold para obtener mucho mayores recursos que los pactados en un contrato excesivamente generoso que contiene un rosario de exenciones impositivas y condiciona el pago del impuesto sobre la renta y de participación en las utilidades a que la empresa recupere la inversión y obtenga rentabilidad mayor del 10 por ciento.

Pero como la Barrick tiene  contratos de operaciones mineras en múltiples países tratará a toda costa de evadir “concesiones forzadas” que puedan replicarse en otras partes.

Un exceso de presión puede generar un clima de perturbación grande que implique más de lo que la empresa pueda conceder y se convierta en un boomerang si al final lo logrado no se corresponde con el escándalo. Eso es relevante porque para el Gobierno no es un trillo seguro la imposición por ley del impuesto al precio tope, que con- llevaría el riesgo de que la empresa apele al arbitraje internacional.

El mismo contrato en su acápite 16.5 prevé que cualquier disputa entre las partes será “irrevocablemente” resuelta y “de manera definitiva” mediante el “Arbitraje bajo las Reglas de la Cámara de Comercio Internacional”, estableciendo que la decisión será “final y definitiva”. Al extremo de especificar que “Los árbitros no tendrán poderes de un amigable componedor o la autoridad para decidir el caso basado en el principio de equidad, sino que deberán basar su decisión en la Ley que rige este Acuerdo”.

El acápite 8 es redundante en plantear exenciones impositivas en beneficio de la empresa minera, excepto el 25 por ciento de la renta,  la participación del 28.75 por ciento de las utilidades netas de las operaciones, y el 3.2 por ciento del retorno neto de fundición que es lo que empieza a pagar desde la primera exportación. Indica que “serán los únicos gravámenes, tributos, impuestos, tasas, contribuciones, derechos y aranceles de cualquier tipo, incluyendo contribuciones municipales los cuales deberá pagar”.

El 8.3% le viene como anillo al dedo, al establecer que “no se pagará ningún impuesto mínimo”, que “no realizará pagos de anticipos de Impuesto sobre la Renta u otros impuestos, como tampoco impuestos por importaciones. Indica que a excepción de los impuestos relacionados con la nómina “no estará sujeta a otros tributos, incluyendo nuevos impuestos, tasas, contribuciones, derechos aranceles, tarifas, entre otros”.

Más complaciente no podía ser el contrato negociado por el Gobierno del líder del partido en el poder  y aprobado por casi los mismos congresistas que ahora buscan modificarlo cuando apenas comienzan las exportaciones. Esta semana circuló en Internet el discurso del presidente Leonel Fernández cuando visitó la mina en febrero del 2012 y ponderó el contrato definiéndolo como “modélico a nivel internacional”.

 

Urge la suspensión del genocidio civil

Por Juan Bolívar Díaz

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a conocer esta semana en Washington las denuncias contra el Estado dominicano por negarse  a expedir copias de sus actas de nacimiento a miles de nacionales de ascendencia haitiana, lo que condenó el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Lo que se ha denominado como genocidio civil contra miles de personas tiene un agravante en la reciente decisión de la Junta Central Electoral, que traspasó a la Dirección de Migración 19 mil 15 expedientes de personas que ha considerado de forma retroactiva que no tenían derecho a la nacionalidad dominicana.

Otra vez en Washington

Una vez más la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sesionó en su sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, el martes 12 de marzo, para conocer una solicitud de amparo incoada por 48 de los miles de ciudadanos dominicanos a quienes desde el 2007 la Junta Central Electoral reusa expedirles copias de sus actas de nacimiento porque sus padres no tenían residencia legal cuando los declararon hace hasta más de medio siglo.

Agobiado por las críticas y condenas internacionales el Estado, en la persona del embajador dominicano ante la OEA, doctor Roberto Saladín, pidió a la CIDH que no convoque más audiencias sobre esta temática considerando que “ha sido suficientemente debatido en más de cinco oportunidades”. La última audiencia había sido el 24 de octubre del 2011. Los impetrantes constituyen una alianza de unas 35 organizaciones y grupos defensores de derechos humanos, de entidades religiosas y de personas afectadas, incluyendo instituciones de Estados Unidos y Europa.

La intervención del embajador Saladín fue contestada por Rosa María Ortiz, una paraguaya relatora de la CIDH que visitó el país en febrero, así como por el señor Felipe González, quienes expresaron que “la desnacionalización de dominicanos de ascendencia haitiana ha empeorado” y denunciaron hostigamiento a los grupos que reclaman sus derechos. Justo la noche antes de lo audiencia el padre Mario Serrano, del Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes, y un grupo que hacía vigilia frente a la JCE reclamando sus actas de nacimiento, fueron detenidos una hora por la Policía,

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Las audiencias de la CIDH pretenden conciliar conflictos por ejercicio de derechos humanos. El organismo formula recomendaciones y en ocasiones llega a solicitar a los estados miembros del Sistema Interamericano la adopción de medidas cautelares hasta que un expediente sea conocido en todos los órganos judiciales nacionales, para poder traducirlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que opera como la última instancia de los países que, como República Dominicana, han reconocido esa jurisdicción.

No habrá escapatoria

Al país le esperan múltiples condenas de organismos de derechos humanos, incluso de la Corte Interamericana cuando finalmente le llegue el expediente, por la decisión de la JCE del 2007 que prohíbe emitir copias de actas de nacimiento a ciudadanos dominicanos cuyos padres no tenían residencia legal cuando los registraron. Hace poco tiempo, de manera confidencial, un funcionario del sistema interamericano alentó a persistir en recomendar a las autoridades que rectifiquen esa práctica.

Con amplio conocimiento de causa, se refirió al hecho de que la Constitución proclamada en enero del 2010, modificó el jus solis justo para crear un nuevo marco jurídico en el que la nacionalidad pasa a ser un derecho de origen sanguíneo, no de suelo, pero especificó que “en ninguna instancia de derecho internacional se aceptará que pueda aplicarse retroactivamente”. Entre los 19 mil casos registrados hay personas con más de medio siglo de nacidas en el país, y declaradas como dominicanas, que viven aquí. La mayoría son pobres que nunca han salido del país, jóvenes, porque son los que más necesitan copias de sus actas de nacimiento para fines escolares, obtener cédula o pasaporte, casarse o divorciarse. Estos, a su vez están impedidos de declarar a los hijos que les están naciendo. Los mayores que tienen cédulas de identidad y viven en la pobreza, no son afectados porque casi nunca necesitan acta de nacimiento.

El funcionario internacional recordó que ya en octubre del 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que el Estado inscribiera como ciudadanas a las niñas Yean y Bósico, tras considerar que les correspondía. Dio por indudable que con más razón dictaminará a favor de quienes ya habían sido inscritos como dominicanos al amparo de los mismos preceptos constitucionales y legales que favorecían a las dos menores descendientes de haitianas pero declaradas dominicanas. 

Otra condena de la ONU

Es relevante que hasta hace poco los reclamos internacionales eran para que el  Estado dominicano reconociera a los descendientes de haitianos nacidos en el país, ahora es para que no despoje de la nacionalidad a quienes ya había reconocido. Los sistemas jurídicos son lentos y pasarán varios años antes de que un expediente de esta naturaleza llegue a la Corte Interamericana. Pero una condena no sólo será una nueva humillación internacional, sino que podría conllevar reparaciones y dar paso a demandas previstas en el sistema constitucional y legal.

Pero mientras tanto habrá que prepararse para seguir recibiendo sanciones de organismos internacionales como la contenida en un documento del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial que exhortó a restituir sus documentos de identidad a los descendientes de haitianos a quienes “les han sido confiscados, anulados o destruidos”.

El documento se refiere a audiencias celebradas por el organismo en febrero pasado con participación del director de Migración, de un embajador ante la ONU y dos legisladores dominicanos, quienes defendieron o explicaron el asunto como decisión migratoria soberana y no de nacionalidad. Pero el Comité responde que “el alcance de soberanía nacional en materia de nacionalidad tiene sus límites en el respeto a a los derechos humanos, específicamente en el principio de no discriminación”.

Diplomáticos dominicanos se han visto en verdaderos apuros al tener que defender ante colegas una causa tan absurda como la aplicación retroactiva de una normativa en materia tan sensible como el derecho a una nacionalidad que condena a los afectados a vivir segregados civil y jurídicamente en el medio donde han nacido y se han reproducido y del que no podrían escapar por carecer de recursos para emigrar e iniciar una nueva identidad. Entre los afectados dominicanos ya ha habido intentos de suicidios y jóvenes que han perdido oportunidades de trabajo y becas de estudios.

La JCE saca el bulto

El empecinamiento del ahora presidente de la JCE, Roberto Rosario, desde que presidía la desaparecida Cámara Administrativa de la institución que adoptó la resolución 12-07 restringiendo la expedición de copias de sus actas a los ciudadanos de ascendencia haitiana, ha metido el país en un callejón sin salida en los ámbitos del derecho internacional.

Consciente de la insostenibilidad de sus argumentos pretenden confundir alegando cuestiones migratorias en un conflicto de nacionalidad. Por eso en octubre del 2011, en vísperas de la anterior audiencia temática de la CIDH se puso a la directora del Registro Civil a emitir una circular autorizando a entregar copias de sus actas a los ciudadanos bajo investigación “hasta tanto el pleno de la  JCE determine si las mismas son válidas… y proceda a suspenderlas provisionalmente, a demandar su nulidad ante un tribunal o a reconocer su regularidad”. Esa circular, que después de la audiencia fue ignorada,  implicaba una rectificación, al reconocer el imperio del artículo 31 de la Ley 659 Sobre Actos del Estado Civil. De hecho varios jueces ya han dictado resoluciones disponiendo entregas de las actas, pero la JCE las ha apelado e ignorado.

El 21 de febrero pasado, por decisión de tres a dos votos, el pleno de la JCE quiso sacar el bulto al problema remitiendo a la dirección de Migración 19 mil 15 expedientes de “personas con situaciones especiales” para que sean depuradas al amparo del artículo 9 de la Ley de Migración. En un voto disidente razonado”, el miembro titular Eddy Olivares Ortega calificó de inconstitucional e ilegal esa resolución en virtud de que ese artículo se refiere a materia migratoria y no a registros del estado civil y porque el organismo no puede delegar sus facultades constitucionales.

Olivares ratificó la posición que desde la emisión de la circular 12-07 ha sostenido junto a la doctora Aura Celeste Fernández. Ex titular de la JCE,  de que se ese organismo carece de facultad para anular actas de nacimiento debidamente registradas. Volvió a citar el artículo 45 del Código Civil y el 31 de la Ley 659 que establecen que “Cualquier persona podrá pedir copia de las actas sentadas en los registros del Estado Civil. Estas copias libradas conforme a los registros legalizados por el juez de paz de la jurisdicción o por el que haga sus veces se tendrán por fehacientes mientras no sea declarada la falsedad de dichas actas”.  Citó también jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que las actas debidamente asentadas  por los oficiales del estado civil “constituyen documentos con enunciaciones de carácter irrefragable hasta inscripción en falsedad”.

Más allá de cualquier alegato, es relevante la persistencia en crear un cementerio de muertos civiles en el país con miles de almas en pena y la indiferencia generalizada ante un atropello a un derecho fundamental de miles de personas.-

 

La Barrick deberá transar con Danilo

Por Juan Bolívar Díaz
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Los términos radicales del presidente Danilo Medina sobre la inequidad del contrato que ampara la nueva explotación minera del oro y la plata de Pueblo Viejo, Cotuí, obligan a la empresa minera a una transacción que eleve de inmediato los beneficios del Estado.

Tras las expectativas alentadas y el respaldo recibido, el gobierno dominicano no podrá salir con las manos vacías, y aunque amenaza con una ley para gravar el sobreprecio del oro, tendrá que preferir una transacción que mantenga el clima adecuado a la inversión y al crédito extranjero que reclama el sector empresarial.

La gran sorpresa

Se contempló la posibilidad de que el presidente Danilo Medina aprovechara la oportunidad de su primer informe anual y la festividad de la independencia nacional para plantear la procedencia de una revisión del contrato con la Barrick Pueblo Viejo para la explotación del oro y la plata de Cotuí, pero nadie esperaba una formulación tan enérgica y contundente que le generaría un respaldo tan amplio como el que ha tenido de inmediato.

En sectores empresariales se teme que el paquete tributario que cobró todo su vigor en febrero haya generado recesión, con reducción de las ventas y en el crédito, y por consiguiente que las recaudaciones fiscales estén por debajo de lo estimado, lo que estarían compeliendo al gobierno a buscar mayores recursos. Las exportaciones de oro y plata con precios alrededor de 1,600 y 29 dólares la onza al comenzar la semana, era una fuente apreciable.

No se había informado oficialmente, pero se sabía que funcionarios del gobierno estaban en conversaciones con los ejecutivos de la Barrick buscando una renegociación del contrato, y que la empresa “no estaba fácil”. A la vista pública sostenía una intensa campaña de promoción y autodefensa que habría provocado la ofensiva presidencial. No había mejor escenario que el de la Asamblea Nacional el 27 de febrero.

El licenciado Medina decidió lanzarse a la ofensiva después de “decenas de reuniones…sin que se haya logrado convencer a la empresa sobre la necesidad y la urgencia de hacer las correcciones necesarias al esquema actual de distribución de los ingresos entre la empresa y el Estado dominicano, derivada de la explotación del oro”.

La inequidad es tan grande que proliferaban los gritos de indignación incentivados por el gobierno y particularmente en el Congreso Nacional. Sobre esa ola se montaría Medina buscando forzar una renegociación.

Argumentos contundentes

Cuatro son los argumentos fundamentales en los que el presidente Medina fundamenta la necesidad de la renegociación. El primero es contundente: bajo el actual contrato, sobre un precio promedio de 1,700 dólares la onza de oro y de 28 la de plata, y con un monto estimado de exportaciones anuales por 1,753 millones de dólares, en lo inmediato el Estado apenas recibiría 56 millones de dólares, equivalente al 3 por ciento. Segundo: cuando la Barrick compró los derechos de la Placer Dome sobre la mina, creyó legítima una renegociación y el Estado accedió. Tercero: que desde entonces, el oro ha subido de 555 dólares por onza, a un promedio  de 1,700 dólares, reflejando importantes cambios en el mercado. Y cuarto: que las renegociaciones e impuestos sobre ganancia son comunes en el mundo, señalando múltiples países.

El hecho de que el precio del oro en la actualidad triplique el que promediaba cuando en el 2009 se renegoció el contrato con la Barrick opera a favor de una nueva revisión, ahora para beneficiar al dueño de la mina. Con los actuales niveles de precio, estimando que en los dos primeros años la empresa obtendría ingresos netos de 2,600 millones de dólares, casi recuperaría el monto de su inversión en ese periodo mientras el Estado “estaría recibiendo migajas”, según planteó el mandatario.

Como la Barrick afirma que su inversión ha sido de 4 mil millones de dólares, la recuperaría realmente en tres años. Son 1,400 millones de dólares más de los 2,600 millones que estimó cuando renegoció el contrato, según la empresa por “encarecimiento de equipos, materiales y del petróleo”. Con los precios que entonces tenían los metales, un tercio de los actuales, necesitaban de seis a ocho años para amortiguar una inversión que sería requerida progresivamente a lo largo de tres años.

En ese escenario, la Barrick no tiene por qué empeñarse en cubrirla ahora en tres años y bien puede reprogramar su amortización, lo que registraría beneficios netos inmediatos y permitiría adelantar el pago del 25 por ciento de impuesto sobre la renta y el 28.75  por ciento de participación en las utilidades para el Estado y la proporción correspondientes a los inversionistas. Los siete bancos prestatarios norteamericanos y canadienses harían buen negocio recibiendo sus intereses, los que se cargarían a mediano plazo no sólo a renta de la empresa sino también a la del Estado.

La mejor solución visible

La mejor solución visible es la renegociación. El camino del impuesto al sobreprecio mediante una ley podría ser justiciero, pero sin duda sería más conflictivo porque afectaría “el clima de inversiones y la imagen internacional del país” que el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y embajadores influyentes han recordado a propósito del discurso presidencial.

La Barrick reaccionó de inmediato planteando que “la seguridad jurídica es fundamental para alcanzar la meta de generar beneficios compartidos” y confirmó que “hemos tenido acercamientos amigables con el Estado dominicano en los cuales se han analizado las inquietudes derivadas del contrato, sin dejar de señalar las limitaciones que tenemos, debido a compromisos que hemos asumido con las instituciones que financian el proyecto”. Y ratificó “disposición al diálogo”.

Los mismos legisladores que aprobaron el contrato del 2009 en términos tan desventajosos, sin leerlo porque así lo quiso el presidente Fernández, levantarían las dos manos ahora para modificarlo, si se lo pide el presidente Medina, pero eso crearía un nuevo escenario político, con el alto empresariado en la acera del frente, temeroso de otros “cambios de las reglas del juego”, en términos impositivos y especialmente frente a los contratos de los generadores eléctricos, pendientes también  de revisión. Se cree que empresarios influyentes en el país tienen acciones en la mina y otros hacen buenos negocios con su explotación.

La Barrick se iría al arbitraje internacional, amparada en el desconocimiento de un contrato, lo que implicaría riesgo para el Estado, que en el pasado ha perdido varias veces y nunca ha ganado en ese escenario. Con las exportaciones detenidas se atrasaría la amortización de la deuda y ambas partes perderían mientras pasen meses y tal vez uno o dos años para un dictamen, y la economía nacional se vería afectada por elevación de los riesgos de inversión y dificultades y costos de financiamientos internacionales que acentuarían los déficits internos y externos que amenazan la estabilidad.

Una situación dramática

Es obvio que los ejecutivos de la Barrick subestimaron el clamor nacional contra los términos de un contrato absolutamente inequitativo en una materia tan sensible como el oro, tal vez porque los había pactado con el líder del mismo partido de gobierno. Es probable que asesores y empresarios nacionales le aconsejaran mantener una posición tan inflexible sin presentar alguna alternativa viable más allá de adelantar el pago de impuestos futuros. Uno que otro analista le advirtieron fríamente que deberían transar, teniendo en cuenta que el nuevo gobierno no permitiría que todo su período transcurriera con migajas de las exportaciones de oro y plata y en medio de tantos déficits heredados.

Acabando de ratificar su popularidad con la revocación de la negociación con los usurpadores de los terrenos estatales de Bahía de las Aguilas, el presidente Medina decidió jugarse una partida dramática con expresiones de ultimátum como “último llamado”, que “el oro es del pueblo dominicano y de nadie más” y que “sólo podrá ser extraído, procesado y exportado si las condiciones de distribución de los ingresos generados por la explotación de este recurso no renovable son justas y favorables para las dominicanas y dominicanos”.

Tras esos términos, capitalizando y potenciando el sentimiento nacional, el gobierno no puede salir con migajas. Ahora la Barrick tendría que conceder más que si hubiese negociado en la etapa confidencial. Debe asumirse que Danilo Medina midió los riesgos antes de lanzarse “manos a la obra”. Antes cualquier concesión era ganancia, ahora necesita algo substancial en proporción a sus planteamientos, pues su prestigio se juega en el país y dentro de su propio partido donde están los responsables de una negociación tan desventajosa que se conformaban casi sólo con la inversión, que ha sido de apenas 1,400 millones de dólares, según las propias cuentas de la Barrick, porque en su mayoría se quedó fuera en compra de equipos, materiales y servicios.

El grito de inaceptable con que Danilo Medina selló su discurso ante la Asamblea Nacional retumba en todo el país y tendrá que ser recogido por la Barrick Pueblo Viejo que no podría realizar la explotación minera con la hostilidad del gobierno y de casi todos los sectores nacionales. Ni aún si fuera favorecida en un arbitraje internacional. Porque no es sólo un conflicto legal, sino de legitimidad y justicia, y porque tiene un margen de beneficio tan amplio que puede reducirlo y seguir haciendo un negocio fabuloso.-