Nuevo año, grandes retos. El nuevo año vuelve a poner a prueba la institucionalidad democrática, la nueva Constitución y la contención de la crisis económica, el narcotráfico y la corrupción.
El año que comienza pondrá una vez más a prueba la institucionalidad democrática nacional, no sólo con la celebración de una elección legislativa y municipal, sino también por los cambios que implica la proclamación de una nueva Constitución que conlleva la creación de dos nuevos tribunales especiales y una tentativa de reestructuración judicial.
La superación de la crisis económica que ha afectado al país en los últimos 18 meses, la contención del desbordado narcotráfico que carcome el aparato de seguridad del Estado y de la galopante corrupción son señaladas también entre los desafíos fundamentales para el nuevo año.
Elección por 6 años
El 2010 nace marcado por el activismo político que consumirá las energías nacionales durante su primera mitad con una campaña proselitista que esta vez será más intensa, feroz y costosa, dado que por primera vez serán electos legisladores y autoridades municipales por un período que la nueva Constitución ha extendido a 6 años, a fin de unificar en un mismo año todas las elecciones nacionales a partir de 2016.
Una considerable proporción de los actuales senadores, diputados, síndicos y regidores buscarán repostularse por una reeleccción, lo que acentuaría el recurrente abuso de los recursos estatales en las campañas electorales que, en la elección presidencial del 2008, alcanzó niveles de verdadero escándalo político.
Los analistas políticos consideran que los avances logrados en los últimos años en el sistema electoral no estarán en juego, pero sí la transparencia en el elevado gasto de los partidos políticos y sus candidatos, incluyendo el financiamiento derivado de la corrupción e incluso del alarmante incremento del narcotráfico y el lavado de dinero.
El desbordamiento del gasto gubernamental, como también es tradición en las campañas electorales, podría generar déficit fiscal con repercusiones sobre la economía nacional, como ocurrió en la última elección presidencial, cuando el gobierno multiplicó los subsidios a la energía, los combustibles, la harina, el pollo y hasta al empleo en las zonas francas.
Los dos partidos mayoritarios consumirán las primeras semanas del año en la conclusión de la escogencia de sus candidatos, especialmente los que serán nominados por las cúpulas partidarias que, en esta ocasión, es una proporción sin precedentes, pues en el caso del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) alcanza al 50 por ciento. El gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tendrá una tarea agobiante para cerrar su pacto con una docena de partidos que esta vez incluye al Reformista Social Cristiano (PRSC), tercera fuerza política en decadencia pero con grandes expectativas en una alianza que tendrá que ser registrada a más tardar al concluir febrero. Para una veintena de pequeños agrupamientos la elección de candidatos no representa mayores traumas.
La primera prueba
Enero será suficiente para determinar si el PLD cuenta con la voluntad requerida para aprobar el proyecto de ley de partidos políticos, en el que la débil oposición perredeísta cifra expectativas de que pueda constituirse en un muro de contención para los abusos de los recursos del Estado en la campaña electoral.
La dirigencia del PRD ha insistido en que la aprobación del proyecto que regularía las campañas electorales y su financiamiento, instituyendo sanciones, es parte de los acuerdos logrados con una comisión designada por el presidente Leonel Fernández, que fue clave en el apoyo del principal partido de oposición a su proyecto de nueva Constitución. En septiembre se dijo que el proyecto de ley de partidos sería aprobado en octubre, tan pronto los legisladores terminaran de aprobar la Constitución, lo que no ha ocurrido tres meses después.
Si transcurre el primer mes sin que los oficialistas sancionen el proyecto de ley de partidos, podrá darse por hecho que la misma no regulará la campaña electoral de este año, dejando las manos libres para el abuso de los recursos del Estado, lo que volvería a constituirse en la principal debilidad de los procesos electorales dominicanos.
El incumplimiento de lo que los perredeístas consideran un compromiso generaría amarguras y agriaría la campaña electoral, impulsando al PRD a reocupar el espacio de oposición que abandonó en mayo del año pasado, cuando el ingeniero Miguel Vargas Maldonado pactó con el presidente Fernández para apoyar su proyecto de Constitución.
La nueva Constitución
La proclamación de la nueva Constitución está programada para el 26 de este enero, sin que se prevea dificultad en su concreción. Esta Constitución conlleva la elección de los integrantes de los nuevos Tribunal de Garantías Constitucionales y Tribunal Nacional Electoral por parte de un Consejo Nacional de la Magistratura, ampliado para garantizar al Poder Ejecutivo al menos la mitad de los votos. También se prevé que el primer mandatario apadrine una reestructuración de la Suprema Corte de Justicia, aprovechando la circunstancia de sustitución de la tercera parte de sus integrantes por haber cumplido la edad reglamentaria para el retiro. Ahí habrá otra prueba para la capacidad concertadora del liderazgo nacional.
El control de los dos nuevos tribunales y de la Suprema Corte formarían parte de un proyecto de dominación de largo alcance del presidente Fernández, el cual se vería fortalecido si su partido logra una significativa victoria electoral en mayo, después de año y medio de crisis económica y pese al desgaste de 6 años consecutivos en el poder en los que la corrupción ha descalabrado el crédito de los gobernantes.
En la agenda gubernamental de comienzos de este año tiene que estar forzosamente la gravedad que ha alcanzado el narcotráfico, sobre todo por el involucramiento cada vez más alarmante de altos oficiales responsables de los organismos de seguridad del Estado, como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas. Para muchos analistas la gravedad de la situación obliga a un ahora o nunca para comenzar a revocarla. Una mayor efectividad en la contención de la delincuencia en todas sus expresiones, incluyendo relevantemente la corrupción oficial, figura también entre las expectativas citadas por líderes sociales y políticos.
Para el fortalecimiento del Estado de Derechos es fundamental que el gobierno detenga su política de ejecución de presuntos delincuentes a la vez que muestre una firme decisión de aplicar el paquete de recientes reformas legales, como la de Migración, llamada a contener la inmigración haitiana que exacerba el antihaitianismo.
Nuevo modelo económico. Las expectativas generales no son sólo de una superación de la crisis económica que acentuó las dificultades de los sectores productivos tradicionales y el consiguiente desempleo, sino especialmente de un nuevo modelo de desarrollo económico y una contención del creciente endeudamiento que obligaría a nuevas cargas tributarias.
El nuevo modelo ha sido invocado en estos días por la asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, que enfatizan en la necesidad de incentivar las actividades productivas, en especial la exportadora. Según esta última entidad Esto implica que las políticas macroeconómicas, fiscal y monetaria se modifiquen y coordinen para que vayan en apoyo directo de estas actividades, pues de esto depende también la creación de empleos de calidad en el sector formal, en vez del empleo informal, desprovisto de protección social, que es el único que ha estado creciendo. Ambas entidades enfatizan en superar las precariedades energéticas e instaurar un régimen de austeridad y prioridades riguroso en la inversión pública.
El Foro Ciudadano y el Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo han demandado un presupuesto más enfocado a superar la pobreza, reformas para una mejor distribución del ingreso, austeridad en el gasto y mayor inversión en sectores clave para el desarrollo humano: educación, salud, seguridad social y vivienda.
Al analizar el presupuesto aprobado para este 2010 esos sectores y destacados economistas enfatizan que sigue la sustracción de recursos que, de acuerdo a leyes especiales, deberían ir a educación y a los cabildos, que es deficitario y con altísimo componente de financiamiento que alcanza al 31% de los 379 mil millones presupuestados. De éstos, 80 mil 916 millones serán fuentes internacionales y 35 mil 48 millones nacionales. A una tasa de 36, el endeudamiento en dólares proyectado para 2010 equivale a 3 mil 222 millones. El gobierno podría comenzar a responder los reclamos de nuevo modelo económico si logra aprobar definitivamente el Plan Nacional de Desarrollo que ha venido incubando la Secretaría de Economía, Planificación y Desarrollo puesto sobre el tapete para este año, pero que debió ser objeto de la segunda etapa de la Cumbre de las Fuerzas Vivas entre marzo y mayo pasado. Se duda que la campaña electoral deje espacio para una aprobación consciente y participativa de este plan que, en el mejor de los casos, quedaría relegado a la segunda mitad del año, cuando es casi seguro que venga otra reforma tributaria.
