En 16 años de Gobierno el PLD ha resuelto poco

Por Juan Bolívar Díaz
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Al cumplir 16 años de Gobierno, con un interregno de 4, la gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha tenido como mayor mérito la estabilidad y el crecimiento económico, basado en enorme endeudamiento, mal redistribuido y con gran corrupción, pero arroja un apreciable legado en infraestructuras viales, hospitalarias y escolares.

Sin embargo, no ha tenido éxito en reducir significativamente la pobreza, mejorar la calidad de la educación, de la salud o del transporte y seguridad vial, con fracaso en los servicios de electricidad, agua potable y seguridad ciudadana, mientras concentra el poder y debilita la institucionalidad democrática.

Grandes logros del PLD. El PLD ha gobernado el país en cuatro quintas partes de las dos décadas desde el final del Gobierno de Joaquín Balaguer en 1996, excepto el cuatrienio 2000-04, y su mayor éxito, reconocido por todos, ha sido la estabilidad económica, con crecimiento promedio de 6 por ciento del PIB, superior al regional.
Fue austero y mejoró la administración y la institucionalidad democrática en su primer período cuando no tenía mayoría congresual ni controlaba la justicia, pero involucionó esos logros desde el 2004.

Al cumplir 16 años de Gobierno el próximo 16 de agosto, incluyendo los últimos 12, a los peledeístas se les acredita un gran mejoramiento de la red de carreteras, elevados y túneles viales, con visible mejoramiento urbanístico, y muy especialmente la construcción y mejoramiento de unas 25 mil aulas, mérito de la lucha social y del presidente Danilo Medina, ya que su antecesor, Leonel Fernández, se negó sistemáticamente a cumplir la Ley de Educación de 1997 que dispone el 4 por ciento del PIB para el sector.

Hay avances en la inversión estatal en viviendas, con proyectos modelos como el de los 1,800 apartamentos de La Nueva Barquita y 560 de Boca de Cachón, en Jimaní, y en múltiples pequeños proyectos en toda la geografía nacional, pero muy lejos de cubrir el creciente déficit estimado entre 25 y 30 mil por año, cuando el Censo del 2010-12 lo estimó en un millón de viviendas, 45 por ciento por construir y la mayoría para mejorar. En el último cuatrienio se incentiva la construcción privada, como el proyecto de Ciudad Juan Bosch a punto de concluir las primeras mil, de 25 mil viviendas proyectadas, que se suman a cientos de torres de apartamentos en Santo Domingo y Santiago para sectores de altos ingresos, como efecto del crecimiento económico.

Mérito económico relativizado. El mérito del crecimiento y la estabilidad económica es relativo, pues ha descansado en enormes déficits fiscales que el experto José Rijo ha computado: 427 mil millones de pesos entre 2004 y 2012, y 372 mil en el período 2013-16, incluyendo 112 mil que proyecta para este año. Eso implica un total de 799 mil millones de pesos, en 12 años, 17 mil 755 millones de dólares, a una tasa de 45 pesos.

Los déficits de la gestión peledeísta han determinado un endeudamiento estatal consolidado que ya pasa de los 36 mil millones de dólares, 24 mil del Gobierno central, y que ha despertado la alerta del empresariado, sus centros analísticos como el CREES, y reiteradas advertencias de insostenibilidad por parte del Fondo Monetario Internacional, que en marzo la estimó en 48.5 por ciento del PIB, proyectándola al 49.5 para fin de este año.

El desmesurado incremento del gasto corriente, con la duplicación de la nómina pública en los últimos 12 años, la escasa austeridad y altos niveles de dispendio y corrupción, han sido relacionados con los déficits. José Rijo documenta que el gasto en 2016, que los subsidios pasaron de 52 mil a 156 mil millones de pesos, y los intereses de la deuda de 17 mil a 103 mil millones de pesos, todo en el mismo período.

Se acusa escasa inversión en promover la producción, la productividad y la competitividad, con estancamiento de las exportaciones y pérdidas en el intercambio con Estados Unidos y los países centroamericanos. El turismo y las remesas mantienen en pie la economía nacional.

Los servicios fundamentales. Se acredita al último Gobierno del PLD receptividad ante la demanda nacional de mayor inversión en educación, en principio demasiado concentrada en la construcción de aulas, pero solventando su grave déficit, y extendiendo la tanda educativa con alimentación a los estudiantes. Tomará su tiempo transformar la formación de los maestros y los currículos que empujan la calidad de una educación que se deterioró durante décadas.

La salud pública es otro grave déficit de los gobiernos peledeístas y ahí tampoco ha faltado inversión, igual en infraestructura física, con la exageración de haber emprendido al mismo tiempo la remodelación de unos 56 hospitales, sin suficientes recursos, por lo que la mayoría sigue en proceso, con precariedad de servicios y pérdidas de inversión después de hasta 6 y 7 años de iniciadas.

Las tasas de muertes maternas e infantiles, epidemias como el dengue, los alarmantes niveles de embarazos de adolescentes, y la baja proporción de inversión en salubridad dejan el país en los últimos escalones en las mediciones continentales.

El agua potable sigue sin llegar en tubería a la mitad de las viviendas, y una parte de los afortunados, no la reciben permanentemente. Mientras se ha permitido el deterioro de las cuencas de los ríos para subsidiar la industria pública y privada de la construcción.

La seguridad ciudadana sigue en picada, con dificultades para reformar a fondo los organismos de seguridad y las políticas preventivas de la delincuencia, y aunque la tasa de homicidios ha disminuido en los últimos años, la criminalidad general aumenta y la población demanda una mayor inversión y eficiencia para contenerla.

Grave des-institucionalización. Entre los peores resultados de la gestión peledeísta está el debilitamiento progresivo de la institucionalidad democrática, utilizando su control del Congreso, y con dos reformas constitucionales han afianzado un control total e instrumentalización de todos los organismos de la justicia, la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral.

La justicia, que en su primer período registró gran mejoría, ha sido partidarizada e inhabilitada para perseguir la corrupción, y el nuevo Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral utilizados para desarticulizar el sistema partidario, junto con el abuso de los recursos del poder, violentando o ignorando la propia Constitución y múltiples leyes, como las de control presupuestario, la de función pública, la de recapitalización del Banco Central, la de salarios públicos y las de transparencia. Y con repartos del Estado ha comprado lealtad o silencio en sectores empresariales, sindicales, sociales y comunicativos.

La posición que ocupa el país en las evaluaciones internacionales, como las de Transparencia Internacional y el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, justifican los recientes llamados del liderazgo empresarial y social para luchar por el rescate de la institucionalidad democrática.

El 2012 registra declive institucional y económico

Por Juan Bolívar Díaz
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El pragmatismo político salvaje se apoderó del país en este 2012 que concluye, debilitando la institucionalidad democrática, desintegrando los partidos y desguañangando la economía, dejando serias incógnitas sobre la sostenibilidad económica y el equilibrio social.

Heredero de grandes desequilibrios el presidente Danilo Medina lucha por restablecer la confianza en las instituciones, mientras nuevos actores sociales ocupan el vacío de liderazgo político opositor, generando un activismo que reivindica el protagonismo de la ciudadanía.

Un exitoso pragmatismo.  Un año de elecciones cobró alto costo en el debilitamiento de la institucionalidad democrática y con el desguañangue de la economía nacional, cuando el presidente Leonel Fernández superó su promesa de que invertiría 40 mil millones de pesos para que su partido se mantuviera gobernando, con una doble campaña, incluso después de los comicios del 20 de mayo, para abonar su regreso en el 2016.

La campaña electoral concluyó en los peores niveles de abuso del poder del Estado marcando una competencia desigual. El clientelismo,  la compra de voluntades y votos y el involucramiento de todo el gobierno superaron los  precedentes como lo certificaron seis informes de la observación electoral del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) y quedó patente en los medios de comunicación.

Hasta la diplomática misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó afirmando que “el Estado se convirtió finalmente en un actor electoral”, recomendando poner atención “al uso de recursos públicos y a la presencia de las más altas autoridades del gobierno y del partido gobernante en las campañas, cualquiera esta sea, a fin de asegurar la equidad en la contienda electoral”. Un extenso informe recomienda también que se “reglamente el acceso equitativo a los medios de comunicación en todos sus aspectos”, así como “el establecimiento de límites al gasto electoral, con miras a promover mecanismos de equidad en la contienda”.

Debilidades institucionales.  Las denuncias de corrupción, sin la menor investigación de unos órganos judiciales sin independencia ocuparon todo el año, proviniendo no sólo de los partidos y candidatos de oposición, sino también de medios de comunicación. Se documentó que el financiamiento político del poderoso senador Félix Bautista se extendió fuera del país hasta Haití y Perú con millones de dólares. Mientras el Foro Económico Mundial y Amnistía Internacional ratificaban al país como líder de la malversación, del favoritismo de los funcionarios públicos y en la falta de transparencia.

Un elemento que evidenció la extrema debilidad institucional dominicana fue la presencia del Procurador General de la República y del canciller en una rueda de prensa donde se acusó al jefe de seguridad del principal candidato opositor de conspirar contra el gobierno de Haití, en base a una grabación fruto del espionaje telefónico en violación de la Constitución y la ley. La denuncia fue desestimada por el ministerio público.

El Congreso Nacional actuó todo el año como sello gomígrafo del Gobierno, sin  cumplir su responsabilidad de fiscalización pero realizando tareas de asistencialismo social clientelista. Pese a que habría elección presidencial, no tuvieron interés en aprobar el proyecto de ley orgánica electoral elaborado por una misión de la OEA ni el de ley de partidos, consensuado durante más de una década. Tampoco el proyecto de  ley de regulación salarial, vetada por el presidente Fernández en su última jornada de gobierno, ni el de la urgente reforma de la Policía. Mientras, pasaba el onceavo año sin que dieran vigencia a la ley del Defensor Público.

Varios senadores oficialistas, encabezados por Charles Mariotti y Julio César Valentín, se hicieron conscientes de la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática y sometieron un paquete de siete proyectos de fiscalización y control, de racionalización del gasto público, de Cámara de Cuentas  y de integridad en la función pública, entre otros, sin haber obtenido mayor atención congresual.

Ningún órgano de control ni autoridad llamó la atención cuando el Presidente de la República y sus principales funcionarios económicos se volaron varios preceptos constitucionales y una docena de leyes normativas al incurrir en un déficit fiscal que multiplicó por nueve el autorizado en la ley del presupuesto del 2012.

Otros elementos críticos.  El debilitamiento institucional quedó al desnudo en el sexto informe del monitoreo de PC a los mandatos de la ley de libre acceso a la información pública donde diez organismos que en el 2001 registraron puntuación sobre 90 por ciento, cayeron entre 20 y 44 puntos. Entre ellos los ministerios de Salud, Educación y administración pública, el despacho de la Primera Dama y hasta la Suprema Corte de Justicia.

La crisis institucional quedó más evidente que nunca en los principales partidos de oposición, el Reformista Social Cristiano fragmentado y absorbido por los gobernantes, y el Revolucionario Dominicano, cuya candidatura presidencial fue debilitada desde su propia presidencia, cayendo en una virtual división, con secuestro de su casa nacional y de los organismos partidarios que no han podido ser reunidos.

 La fragmentación del partidismo tuvo dos expresiones, la adscripción de 18 partidos a las candidaturas de los dos mayoritarios y la incapacidad mostrada por cinco contestatarios que frustraron expectativas de una opción alternativa, terminando entre todos con el 2 por ciento del sufragio.

 Los cuestionamientos al estado de derecho y denuncias de corrupción se expresaron hasta por parte de embajadores, como los de Estados Unidos y Gran Bretaña, además de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos. Los reclamos de amparo por la exclusión de miles de descendientes de haitianos que ya habían sido reconocidos como dominicanos fueron acogidas por tribunales nacionales y llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Más de 300 muertos a manos de la Policía, en gran proporción ejecuciones sumarias, una de las cuales fue documentada en vídeo, y denuncias de torturas y de  redadas masivas que terminan  en extorsión, así como de espionaje y saqueo, dejaron mal parado el estado de derecho. En contraste la inseguridad ciudadana siguió en picada con una delincuencia y un narcotráfico cada vez más atrevidos y criminales.

   Desguañangue económico.  El costo de este año electoral devino en un escándalo mayúsculo cuando el gobierno de Danilo Medina cuantificó en 8 por ciento del PIB el déficit fiscal que heredó de su antecesor, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevaría a 8.5 por ciento, unos 204 mil millones de pesos. Sería el quinto año consecutivo de déficits fiscales pero esta vez cuadruplicando el promedio de 50 mil millones de pesos.

A pesar del desbordamiento del gasto público, cubierto con un endeudamiento que ya alcanza el 44 por ciento del PIB, la economía nacional siguió reduciendo su crecimiento, este año alrededor del 4 por ciento, con menor actividad privada, e impactando la posición externa del país, según el FMI, que sitúa el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en un 7 por ciento del PIB. Se proyecta a 4,286 millones de dólares, con un desbalance comercial de casi 9 mil millones de dólares. Según la evaluadora JP Morgan, la deuda del sector público no financiero creció en 2,200 millones de dólares, sumando casi 19 mil millones de dólares. La total pasó de 25 mil millones de dólares.

El agravante de reducción de la inversión extranjera y la pérdida de 800 millones de dólares en las reservas internacionales, “por debajo de las normas de referencia”, explican la devaluación de los últimos meses, a pesar del gran éxito de una inflación de apenas 3 por ciento.

Los niveles de los déficits y el peso del endeudamiento cuestionan la sostenibilidad económica del país y de su modelo de desarrollo, desafiando al Gobierno instaurado en agosto, que ha impuesto una reforma tributaria, cuyos beneficios y costosas repercusiones no se podrán apreciar hasta los primeros meses del próximo año.

 

2010: fuertes desafíos políticos y económicos

Por Juan Bolívar Díaz
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Nuevo año, grandes retos.  El nuevo año vuelve a poner a prueba la institucionalidad democrática, la nueva Constitución y la contención de la crisis económica, el narcotráfico y la corrupción.

El año que comienza pondrá una vez más a prueba la institucionalidad democrática nacional, no sólo con la celebración de una elección legislativa y municipal, sino también por los cambios que implica la proclamación de una nueva Constitución que conlleva la creación de dos nuevos tribunales especiales y una tentativa de reestructuración judicial.

La superación de la crisis económica que ha afectado al país en los últimos 18 meses, la contención del desbordado narcotráfico que carcome el aparato de seguridad del Estado y de la galopante corrupción son señaladas también entre los desafíos fundamentales para el nuevo año.

Elección por 6 años

El 2010 nace marcado por el activismo político que consumirá las energías nacionales durante su primera mitad con una campaña proselitista que esta vez será más intensa, feroz y costosa, dado que por primera vez serán electos legisladores y autoridades municipales por un período que la nueva Constitución ha extendido a 6 años, a fin de unificar en un mismo año todas las elecciones nacionales a partir de 2016.

Una considerable proporción de los actuales senadores, diputados, síndicos y regidores buscarán repostularse por una reeleccción, lo que acentuaría el recurrente abuso de los recursos estatales en las campañas electorales que, en la elección presidencial del 2008, alcanzó niveles de verdadero escándalo político.

Los analistas políticos consideran que los avances logrados en los últimos años en el sistema electoral no estarán en juego, pero sí la transparencia en el elevado gasto de los partidos políticos y sus candidatos, incluyendo el financiamiento derivado de la corrupción e incluso del alarmante incremento del narcotráfico y el lavado de dinero.

El desbordamiento del gasto gubernamental, como también es tradición en las campañas electorales, podría generar déficit fiscal con repercusiones sobre la economía nacional, como ocurrió en la última elección presidencial, cuando el gobierno multiplicó los subsidios a la energía, los combustibles, la harina, el pollo y hasta al empleo en las zonas francas.

Los dos partidos mayoritarios consumirán las primeras semanas del año en la conclusión de la escogencia de sus candidatos, especialmente los que serán nominados por las cúpulas partidarias que, en esta ocasión, es una proporción sin precedentes, pues en el caso del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) alcanza al 50 por ciento. El gobernante  Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tendrá una tarea agobiante para cerrar su pacto con una docena de  partidos que esta vez incluye al Reformista Social Cristiano (PRSC), tercera fuerza política en decadencia pero con grandes expectativas en una alianza que tendrá que ser registrada a más tardar al concluir febrero. Para  una veintena de pequeños agrupamientos la elección de candidatos no representa mayores traumas.

La primera prueba

Enero será suficiente para determinar si el PLD cuenta con la  voluntad requerida para aprobar el proyecto de ley de partidos políticos, en el que la débil oposición perredeísta cifra expectativas de que pueda constituirse en un muro de contención para los abusos de los recursos del Estado en la campaña electoral.

 La dirigencia del PRD ha insistido en que la aprobación del proyecto que regularía las campañas electorales y su financiamiento, instituyendo sanciones, es parte de los acuerdos logrados con una comisión designada por el presidente Leonel Fernández, que fue clave en el apoyo del principal partido de oposición a su proyecto de nueva Constitución. En septiembre se dijo que el proyecto de ley de partidos sería aprobado en octubre, tan pronto los legisladores terminaran de aprobar la Constitución, lo que no ha ocurrido tres meses después.

 Si transcurre el primer mes sin que los oficialistas sancionen el proyecto de ley de partidos, podrá darse por hecho que la misma no regulará la campaña electoral de este año, dejando las manos libres para el abuso de los recursos del Estado, lo que volvería a constituirse en la principal debilidad de los procesos electorales dominicanos.

 El incumplimiento de lo que los perredeístas consideran un compromiso generaría amarguras y agriaría la campaña electoral, impulsando al PRD a reocupar el espacio de oposición que abandonó en mayo del año pasado, cuando el ingeniero Miguel Vargas Maldonado pactó con el presidente Fernández para apoyar su proyecto de Constitución.

La nueva Constitución

La proclamación de la nueva Constitución está programada para el 26 de este enero, sin que se prevea dificultad en su concreción. Esta Constitución conlleva la elección de los integrantes de los nuevos Tribunal de Garantías Constitucionales y Tribunal Nacional Electoral por parte de un Consejo Nacional de la Magistratura, ampliado para garantizar al Poder Ejecutivo al menos la mitad de los votos.  También se prevé que el primer mandatario apadrine una reestructuración de la Suprema Corte de Justicia, aprovechando la circunstancia de sustitución de la tercera parte de sus integrantes por haber cumplido la edad reglamentaria para el retiro. Ahí habrá otra prueba para la capacidad concertadora del liderazgo nacional.

El control de los dos nuevos tribunales y de la Suprema Corte formarían parte de un proyecto de  dominación de largo alcance del presidente Fernández, el  cual se vería fortalecido si su partido logra una significativa victoria electoral en mayo, después de año y medio de crisis económica y pese al desgaste de 6 años consecutivos en el poder en los que la corrupción ha descalabrado el crédito de los gobernantes.

En la agenda gubernamental de comienzos de este año tiene que estar forzosamente la gravedad que ha alcanzado el narcotráfico, sobre todo por  el involucramiento cada vez más alarmante de altos oficiales responsables de los organismos de seguridad del Estado, como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas. Para muchos analistas la gravedad de la situación obliga a un “ahora o nunca” para comenzar a revocarla. Una mayor efectividad en la contención de la delincuencia en todas sus expresiones, incluyendo relevantemente la corrupción oficial, figura también entre las expectativas citadas por líderes sociales y políticos.

Para el fortalecimiento del Estado de Derechos es fundamental que el gobierno detenga su política de ejecución de presuntos delincuentes a la vez que muestre una firme decisión de aplicar el paquete de recientes reformas legales, como la de Migración, llamada a contener la inmigración haitiana que exacerba el antihaitianismo.

Nuevo modelo económico.  Las expectativas generales no son sólo de una superación de la crisis económica que  acentuó las dificultades de los sectores productivos tradicionales y el consiguiente desempleo, sino especialmente de un nuevo modelo de desarrollo económico y una contención del creciente endeudamiento que obligaría a nuevas cargas tributarias.

El nuevo modelo ha sido invocado en estos días por la asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, que enfatizan  en la necesidad de incentivar las actividades productivas, en  especial la exportadora. Según esta última entidad “Esto implica que las políticas macroeconómicas, fiscal y monetaria se modifiquen y coordinen para que vayan en apoyo directo de estas actividades, pues de esto depende también la creación de empleos de calidad en el sector formal, en vez del empleo informal, desprovisto de protección social, que es el único que ha estado creciendo”. Ambas entidades enfatizan  en superar las precariedades energéticas e instaurar un régimen de austeridad y prioridades riguroso en la inversión pública.

El Foro Ciudadano y el Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo han demandado un presupuesto más enfocado a  superar  la pobreza, reformas para una mejor distribución del ingreso, austeridad en el gasto y mayor inversión en  sectores clave para el desarrollo humano: educación, salud, seguridad social y vivienda.

Al analizar el presupuesto aprobado para este 2010 esos sectores y destacados economistas  enfatizan que sigue la sustracción de recursos que, de acuerdo a leyes especiales, deberían ir a educación y a los cabildos, que es deficitario y con altísimo componente de financiamiento que  alcanza al 31% de los 379 mil millones presupuestados. De éstos, 80 mil 916 millones serán  fuentes internacionales y 35 mil 48 millones nacionales. A una tasa de 36,  el endeudamiento en dólares   proyectado para  2010 equivale a 3 mil 222 millones.  El gobierno podría comenzar a responder los reclamos de nuevo modelo económico si logra aprobar definitivamente el Plan Nacional de Desarrollo que ha venido incubando la Secretaría de Economía, Planificación y Desarrollo puesto sobre el tapete para este año, pero que debió ser objeto de la segunda etapa de la Cumbre de las Fuerzas Vivas entre marzo y mayo pasado. Se duda que la campaña electoral deje espacio para una aprobación consciente y participativa de este plan que, en el mejor de los casos, quedaría relegado a la segunda mitad del año, cuando es casi seguro que venga otra reforma tributaria.

 

Hay que poner en crisis la crisis

Por Juan Bolívar Díaz

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Pocas veces hemos llegado a un nuevo año con tantas decepciones y  pesimismo colectivo, con tan pocas ilusiones, con verdadero derrotismo. Lo hemos percibido en las reuniones y festividades navideñas, en los saludos de fin y comienzo de año, en los augurios expresados. La desilusión es tan grande que para muchos es utópico pensar que en el 2010 podremos contener la profunda crisis nacional, que no es sólo económica, sino sobre todo social y moral.

La decepción de la política y de los políticos, de los gobernantes y los opositores,  toma vuelo día tras día, hasta un nivel que para algunos no tiene retorno. Es que la corrupción ha arrasado con las expectativas y cada vez son más los dominicanos y dominicanas que añoran el viejo liderazgo que tantos querían ver superado. El pragmatismo, el negocio de la política y la política de los negocios están llegando a una repugnante vulgaridad.

  Ese pragmatismo salvaje es el responsable de los niveles de corrupción del estamento político nacional, de la malversación de cada vez mayores proporciones del ingreso de este país tan pobre que todavía tiene un promedio educativo del séptimo grado de la primaria, donde la mayoría aún no tiene agua potable dentro de su vivienda, en alta proporción con piso de tierra y techo de zinc y yaguas.

Por ese pragmatismo todo el que llega al poder se convence de que la mejor inversión es aquella que se puede exhibir en obras materiales, razón por la cual estamos en  los últimos escalones  en cuanta medición de desarrollo humano se publica en el mundo, especialmente en educación, en malversación de los recursos públicos, en falta de transparencia y corrupción.

Esa vulgarización de la política transforma a muchos buenos ciudadanos y ciudadanas desde que deciden aspirar a un cargo público, y los convence de que el fin justifica los medios y hay que buscar dinero de donde sea, hipotecando su cabeza y su honor, abusando de los recursos del Estado o recurriendo a la lavandería de dinero ilícito. Porque hay que repartir para seguir degradando a las mayorías pobres, para mantenerlas inclinadas, arriesgando hasta la vida por una cajita paleadora del hambre de dos días.

Por ese terrible ejercicio político es que se multiplica la delincuencia en todas sus expresiones y cada vez más jóvenes tanto los muchachos pobres como los pobres encargados del orden público y la seguridad se convencen de que no hay razón para que ellos respeten las reglas del juego o se jueguen la vida cuidando de la sociedad de los satisfechos a cualquier precio.

Es lo que explica que el narcotráfico haya encontrado terreno tan fértil para crecer en todos los estamentos sociales y de manera tan alarmante en los aparatos de seguridad del Estado, creando la sensación de que estamos ante un derrotero tan inclinado que impide recuperar el equilibrio.

Ese pragmatismo asqueroso es lo que hace parecer utópico, iluso y hasta necio cualquier reclamo de cambio, de transparencia o de respeto a la ley y todo intento de organización social para promover el ejercicio de ciudadanía.

  Tenemos urgencia de cambiar ese panorama, para que la mayoría de los jóvenes vuelva a soñar con un país viable y no quieran abandonarlo por cualquier medio. Hay que  convencer a nuestros muchachos de que este es el único lugar del mundo donde no somos extranjeros. Es necesario incentivar los grupos juveniles que emergen proponiendo  una sociedad mejor organizada y más acogedora, donde volvamos a acatar el imperio de la ley.

Ojalá que las reflexiones del año nuevo nos lleven a la convicción de que debemos y podemos revertir el deterioro, tomando tan en serio estos 360 próximos días, como si fueran los últimos que nos tocara vivir, sin darle tregua a la crisis, poniéndola en crisis abandonando el pesimismo y trocando las frustraciones en esperanzas de un país mejor donde deje de ser utópico el sembrar sueños de respeto a la institucionalidad democrática, de justo desarrollo humano y de ética social y política.