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¿Hasta dónde nos llevarán estos caminos?

by Juan Bolívar Diaz Santana | 4 Comments

Por Juan Bolívar Díaz
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La interrogante la formulaba el inolvidable periodista radiofónico Tomás Pujols Sanabia siempre al final de los incisivos comentarios con los que impugnaba el rumbo que llevaba el país en 1964 y los primeros meses del 65, y se recuerda en estos tiempos de una corrupción y descomposición tan descomunal, que nadie podía imaginar aún en los días del “Triunvirato de dos” que sólo era uno.

Aunque los escándalos se suceden con tanta velocidad que han ido mellando el alma nacional y la capacidad de asombro, muchos se sintieron alarmados esta semana con la revelación de que ya no sólo tenemos bandas de policías y militares, de políticos y funcionarios civiles, para la estafa, la extorsión, el sicariato y el narcotráfico, sino que también ya se integran con jueces, incluyendo un miembro del Consejo del Poder Judicial.

Los cargos están inscritos en una instancia de la Procuraduría General dirigida a los miembros del Consejo del Poder Judicial, que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con poder de detonación capaz de reducir el impacto del vencimiento del plazo que tenía el procurador Francisco Domínguez Brito para apelar el “no ha lugar” que beneficia al senador Félix Bautista, secretario de Organización del partido gobernante, acusado de corrupción en el manejo de nada menos que 26 mil millones de pesos.

Tratando de justificar una decisión a todas luces garantista de impunidad pactada en los altos niveles partidarios y del Gobierno, Domínguez Brito ha llegado hasta el cinismo, al plantear la inconcebible afirmación de que “no recurrir la sentencia es una forma de luchar”. Su obligación era llevar hasta las últimas consecuencias un expediente que él ratificó como “uno de los actos de corrupción más grandes de los últimos años”.

Son cínicos también los argumentos de Domínguez Brito de que no apelaba a la última instancia porque no le merece confianza, llegando a decir que “la mayoría de los jueces (de la SCJ) se pronunciaron y asumieron una posición a favor de los imputados”, algo absolutamente falso. Lo hicieron apenas 3 de los 17, mientras dos votaban por el enjuiciamiento de Bautista y compartes. Pero estos cinco, de la Cámara Penal, quedarían inhibidos ante la recurrencia y quedaban doce para decidir, incluyendo a su presidente. Si es alarmante la acusación al pleno de la SCJ, es peor que sus integrantes, incluyendo a su presidente, no la hayan rechazado de inmediato.

La posición del Procurador es burlesca cuando justo al liberar a Bautista de los graves cargos de corrupción bajo argumentos tan fatuos, apela al mismo presidente de la SCJ y los integrantes del Poder Judicial para que tomen cartas contra seis jueces a los que acusa de reunirse en lugares de diversión y casas de individuos “de dudosa reputación”, de dictámenes a favor de narcotraficantes con operaciones de decenas de millones de dólares, de invertir en la promoción de jueces, dejar en libertad un regidor procesado por sicariato, ordenar devolver 20 millones de dólares al narcotraficante procesado Arturo del Tiempo.

Tanto más burlesca porque uno de los seis jueces denunciados, aún no imputados por la Procuraduría, es nada menos que integrante del Consejo del Poder Judicial, por lo que tendría que ser juzgado, sino en primera, en última instancia, por la misma Suprema Corte, en la que dice no confiar.

Tal vez el Procurador esté convencido de que su denuncia calmará al persistente embajador de Estados Unidos que lo visita e insiste en denunciar la corrupción, pero consciente de que no pasará de la renuncia de un juez y la destitución de algún otro pasado de la raya, sin siquiera molestarse en someterlos a juicio, como han hecho recientemente con casi una treintena de oficiales militares y policiales, investigados por amparar operaciones de tráfico de cientos de kilos de cocaína por Barahona, Punta Cana y Samaná. Se les pone en retiro con sueldo y guarda-espaldas y que viva la impunidad total.
¡Ofrézcome Pujols Sanabia!, medio siglo después todavía se escucha tu grito: ¿Hasta dónde nos llevarán estos caminos?.

La crisis no es sólo judicial, también del sistema político

by Juan Bolívar Diaz Santana

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La declaración del miércoles 8 del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Poder Judicial, Mariano Germán, es una expresión de la profunda crisis generada por el secuestro de ese estamento del Estado, de la crisis del sistema político y de la intensa lucha en el seno del partido gobernante de cara a las elecciones generales del próximo año.

Pretendiendo defender procedimientos, el más alto funcionario judicial enjuició y condenó personalmente al Procurador General de la República (PGR) Francisco Domínguez Brito y de paso estigmatizó a los amplios sectores sociales y políticos que expresan alarma por el nivel de impunidad y la complicidad con la corrupción.

No una simple reacción. Para contextualizar y analizar la declaración del doctor Mariano Germán, hay que advertir que fue previamente escrita y posteriormente distribuida a los medios informativos, lo que hace inexplicable que personalizara un conflicto inexistente entre él y el procurador Domínguez con términos descalificativos, impropios de quien por su investidura debe ser ejemplo de ponderación y serenidad.

Desde el inicio Germán monta un entramado para impugnar a Domínguez, al plantear que quienes ocupan altos puestos judiciales “sólo alcanzan niveles aceptables de éxito, si tienen fe, conocimiento y madurez, expresada esta última en actos de prudencia y sabiduría”. Sostiene que “Sólo quien no tiene fe en ella (la justicia) es capaz de ocasionarle daños, como lo ha hecho el Procurador General”. Sube de tono al sostener que el PGR “ha llegado al extremo de llamar a una desobediencia civil contra el Poder Judicial”, lo acusa de promover “el exacerbamiento social”, y concluye en que su actitud “ha sido inmadura, irreflexiva, irrespetuosa y propia del populismo judicial que lo caracteriza”.

advierte deterioro del estado de derecho

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
TEMA DE HOY

Cada vez es mayor la convicción de que la única ley que tiene plena vigencia en el país es la de la conveniencia política, de lo que no escapan ni siquiera las llamadas altas cortes que actúan como brazo político dejando bajo fuertes interrogantes al estado de derecho prevaleciente en el país.

Una serie de acontecimientos de los últimos meses dejan interrogantes a resolver, mientras se ignoran leyes aprobadas tras largas consultas y se manifiesta renuencia a aprobar otras como las orgánicas del régimen electoral y la de partidos políticos, fundamentales para el proceso electoral excesivamente adelantado.

Ley de la conveniencia. Una serie de acontecimientos del orden legislativo, judicial y ejecutivo parecen confirmar la convicción de que la única ley que se cumple plenamente en el país es la de la conveniencia política. Esta semana la Cámara de Cuentas de la República denunció que más de un centenar de altos funcionarios han hecho caso omiso a la nueva Ley 311-14 de agosto pasado sobre Declaración Jurada de Patrimonio, promovida durante años como mecanismo de prevención de la corrupción, y les otorgó un plazo de tres días para su cumplimiento. Prueba de la debilidad institucional es que la Cámara de Cuentas hubo de recibir apoyo de Unión Europea y el PNUD por 360 mil euros (unos 22 millones de pesos) para crear la plataforma de cumplimiento de la nueva ley, y que el embajador Alberto Navarro pidió al Congreso mayor esfuerzo para el objetivo de prevenir la corrupción.

Otra ley que no se cumple es la 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado, 15 meses después de ser promulgada el 6 de agosto del 2013, la cual establecía un plazo de seis meses para un proyecto de reglamentación en manos del Poder Ejecutivo desde principios de este año. Tampoco se ha cumplido la Ley 169-14 que dispuso entregar las actas de nacimiento a quienes fueron despojados por la sentencia 168-13 del TC.

Esta misma semana empezó a materializarse la convicción de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no dará paso al procesamiento del senador y secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana Félix Bautista, sometido por el Procurador General bajo graves cargos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y falsedad de documentos, entre otros. El juez Fran Soto levantó el bloqueo de inmuebles del multimillonario político que había impuesto la Procuraduría.

Mientras tanto la SCJ ratificó el encargo de jurisdicción a Soto y al juez Moscoso Segarra, este último encargado de instruir la procedencia del juicio, cuando ambos son reconocidos dirigentes del partido del cual Bautista ocupa el tercer cargo. Sólo el interés de dejar la decisión en manos de compañeros de partido puede explicar las selecciones dispuestas por el presidente de la corte, Mariano Germán, también del mismo partido, cuando en la Cámara Penal de esa corte hay por lo menos tres jueces que no tienen connotación partidista: Miriam Germán, Juan Hiroíto Reyes y Esther Agelán Casasnovas.

El Constitucional y la JCE. Otra decisión conflictiva se conoció esta semana, cuando se publicó el dictamen del TC que desliga a la Junta Central Electoral de la obligación de someter sus concursos y licitaciones a la jurisdicción de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, extremando su autonomía constitucional y en menosprecio de las leyes que rigen la materia. Resalta la rapidez con que el tribunal se ha pronunciado sobre una instancia, después que se reclamó a la JCE que transparentara la licitación del contrato de la nueva cédula, tras denuncias de favoritismo.

Si la JCE no tiene que rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos, lo mismo podrán aducir los poderes Legislativo y Judicial, la Cámara de Cuentas, el Tribunal Superior Electoral, el mismo TC y hasta los partidos políticos, que deberían ser considerados los organismos más autónomos de cuantos reciben fondos públicos, y los cuales también están obligados por varias leyes a rendir cuentas.

Mientras tanto la JCE, en abierto chantaje al Gobierno para que le asigne mayor presupuesto el año próximo, dijo que termina el 2014 con un déficit de cientos de millones de pesos, es decir que violó la ley de presupuesto, y llegó al extremo de anunciar que por falta de fondos aplaza para febrero el trabajo de verificación de las solicitudes de reconocimiento de ocho nuevos partidos. Entre estos está Alianza País, que encabeza Guillermo Moreno, la cual lleva año y medio en manos del organismo, lo que constituye un abuso de poder, porque así no pueden recibir financiamiento público y se les dificulta el privado, mientras los viejos partidos llevan meses en campaña electoral.

Todo lo que tendría que hacerse es despachar cuatro o cinco equipos de inspectores a las regiones del país para que verifiquen si esos partidos tienen los locales abiertos y contactar a sus dirigentes. El costo es de dietas y combustibles. Lo demás es realizar verificaciones, mediante muestreo, de los listados computarizados de miembros, para lo cual la JCE tiene empleados y recursos técnicos. El vocero del gobierno, Roberto Marchena, respondió que hay limitaciones y la JCE, como todo el Estado, debe someterse a austeridad.

Del régimen electoral. El interés de la mayoría legislativa oficialista de imponer su propio proyecto de ley de partidos, en detrimento de otros cinco previamente sometidos, incluso el de la JCE, y de múltiples consensos de 15 años, mantiene empantanada la aprobación de esa legislatura, mientras la campaña preelectoral se extiende por todo el país. Trascendió que persisten diferencias en una decena de aspectos fundamentales, como la transparencia del financiamiento, límites de gastos y de campañas y la pretensión de despojar de cargos electivos a quien renuncie al partido por el cual fue electo.

Mientras transcurre el tiempo ni siquiera se contempla otro proyecto de ley trascendente también en manos del Congreso, el que modifica el régimen electoral para conciliarlo con la Constitución promulgada hace casi cinco años y que debería regir para el próximo proceso electoral. Todavía la ley electoral marco de la JCE instituye dos cámaras y un pleno, lo que debió ser modificado hace tiempo por cuanto la nueva Constitución instituyó el Tribunal Superior Electoral como ente autónomo y separado de la Junta.

Hay quienes temen que se llegue al próximo proceso electoral sin renovar la ley electoral para aterrizar las facultades de normativa, control y sanciones atribuidas por la Constitución del 2010 a la JCE y el Tribunal Electoral. La situación actual se traduce en ventaja de quienes usufructúan el poder. Tanto esta como la ley de partidos son orgánicas por lo que requieren las dos terceras partes de los votos para su aprobación. Se le dificulta a la mayoría oficialista imponer sus criterios por lo que se cree que seguirán aplazándolas, sobre todo por la ausencia de una fuerza de oposición que presione por la institucionalidad democrática.

 

Una gran oportunidad perdida

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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 Cuando la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se inclinó reverente ante el presidente Leonel Fernández, entonces en verdadero aprieto por el nunca esclarecido escándalo de los bonos por 130 millones de dólares entregados a la empresa Sun Land, se frustró y empezó a revertirse el más significativo esfuerzo de la sociedad dominicana por institucionalizar la justicia y dar plena vigencia al Poder Judicial.

 Fue obvio para todos que la mayoría de los integrantes de esa corte se rindió ante las presiones del Poder Ejecutivo en la persona del presidente Leonel Fernández, quien había violentado el orden constitucional al autorizar un endeudamiento internacional sin la aprobación del Congreso Nacional. Con la agravante de que el empréstito se hizo clandestinamente, que el dinero no ingresó al Banco Central y que nunca se ha podido documentar convincentemente el destino que se le dio.

 En cualquier país de mediana intensidad democrática, ese escándalo hubiese con- llevado el procesamiento judicial de los responsables y probablemente la pérdida de los cargos que ocupaban. Desde luego que en ninguna nación donde funcionen las instituciones de la democracia podría producirse un fraude tan obvio y de esa magnitud y grosería.

 Para exonerar de responsabilidad al presidente Fernández y a su subalterno Félix Bautista, esa SCJ tuvo que renegar de su propia jurisprudencia, restringiendo la concepción de “parte interesada” que había consagrado y mantenido desde su sentencia del 8 de agosto de 1998 que declaró inconstitucional una limitación legal de la inamovilidad de los jueces, acogiendo una instancia de un grupo de organizaciones de la sociedad civil.

En el caso Sun Land, la SCJ declaró inadmisible la instancia de inconstitucionalidad negando esa facultad a un grupo de ciudadanos y al Partido Revolucionario Dominicano que recurrieron en sendos documentos del 15 y 18 de octubre del 2007. Tras más de un año, el 18 de diciembre de 2008, la corte restringió el derecho a los presidentes de las cámaras legislativas en base a la consideración de que solo le correspondía a ellos “siendo una potestad exclusiva del Senado de la República y de la Cámara de Diputados aprobar o no el préstamo a que se contraen las acciones en inconstitucionalidad en cuestión”.

Siempre se había considerado que aquella sentencia constituyó una prevaricación de los jueces supremos de la nación. Pero esta semana el país recibió la confesión del doctor Jorge Subero Isa, quien presidía la SCJ, de que “fue un crespón negro en la toga de los jueces”, que  al expediente Sun Land “se le dio una solución política”.

Es indiscutible que esa Suprema Corte tuvo múltiples realizaciones que implicaron importantes avances al saneamiento e independencia del Poder Judicial. Pero aquella claudicación ante el poder fue un lastre y abrió las puertas al retroceso, auspiciando que tras la reforma constitucional de 2010 el presidente Fernández se considerara sobre el bien y el mal, y constituyera una nueva Suprema Corte a su imagen y conveniencia personal, lo mismo que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, a partir del absoluto control del Consejo Nacional de la Magistratura.

Si hubo una corte que debió ser plenamente independiente del poder político fue la que presidió Subero Isa, entre otras razones porque sus integrantes no le debían el cargo al presidente de turno. Porque su elección fue fruto de un amplio consenso de las fuerzas políticas impulsado por las organizaciones más relevantes de la sociedad civil. Fue una gran oportunidad perdida para afianzar definitivamente la independencia de la justicia y la fortaleza institucional del Poder Judicial y para que ese colectivo judicial se inscribiera en las páginas gloriosas de la historia nacional.

Como tantas veces en la historia de la nación, esos jueces fueron incapaces de jugársela, con tres honorables excepciones, las de las magistradas Ana Rosa Bergés y Eglys Margarita Esmurdoc y el magistrado Julio Aníbal Suárez, a quienes el presidente Fernández cobró su osadía separándolos de la Suprema Corte de Justicia, tras la claudicación colectiva que lo instituyó intocable.

Vergonzoso aval del genocidio civil

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Tuve que leer hasta la última letra la sentencia de los cinco magistrados de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia sobre el recurso de casación interpuesto por uno de los dominicanos descendientes de haitianos a los que se les niega la expedición de copias de sus actas de nacimiento, para creer que pudieran avalar el genocidio civil que se viene practicando con miles de personas.

 Ese dictamen no sólo es un adefesio jurídico, como sostienen los abogados recurrentes, sino también un acto de extrema inhumanidad que desnacionaliza a miles de personas de todas las edades y las condena a un ghetto sin precedente, en violación a preceptos jurídicos universales como el de la irretroactividad de la ley y la Constitución.

Con el agravante de que remite el caso al escenario internacional a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la nación dominicana volverá a ser condenada.

Con un retraso de tres años y medio, inexcusable en un recurso de amparo sobre un asunto tan fundamental como el derecho a la identidad de un ciudadano, la corte rechaza el recurso de casación interpuesto por Emildo Bueno Oguis, nacido en Villa Altagracia, San Cristóbal, hace más de tres décadas sobre una sentencia del 30 de abril del 2008 del entonces denominado Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, que había avalado la decisión de la oficialía del Estado Civil de negarle la expedición de copia de su acta de nacimiento, atendiendo a una simple circular administrativa de la Junta Central Electoral.

 Irónicamente el dictamen encuentra al impetrante Bueno Oguis residiendo legalmente en los Estados Unidos, amparado en el pasaporte que legítimamente había obtenido con su documentación de dominicano.

Al parecer encontró más humanidad en las autoridades inmigratorias norteamericanas que le proporcionaron la residencia en base al pasaporte, ya que le resultó imposible presentar copia de su acta de nacimiento, para que pudiera reunirse con su familia.

 Para comprender la dimensión del abuso debe saberse que Bueno Oguis había obtenido copias de su acta de nacimiento una docena de veces para inscribirse en la educación primaria, secundaria y universitaria, para sacar su cédula personal de identidad y su pasaporte, para casarse y para otros actos legítimos de cualquier ciudadano.

Como él decenas de miles de descendientes de haitianos,  cuya inscripción como dominicanos era común pues se entendía que estaban amparados por la Constitución vigente y hasta por la ley de migración y su reglamento.

 Era tan obvio que esos actos del Estado Civil eran legítimos, que quienes en las últimas dos décadas empezaron a cuestionarlos, promovieron y consiguieron en el 2004 una modificación de la Ley de Migración para limitar el acceso a la nacionalidad de los descendientes de inmigrantes ilegales aunque nacieran en el país.

 Lo mismo restringieron el precepto del jus soli en la Constitución proclamada en enero del año pasado.

 Produce consternación la lectura de esa sentencia, donde los jueces supremos no aportan un solo argumento propio en una materia tan fundamental, limitándose a repetir los del Tribunal contencioso, avalando una aplicación retroactiva de la nueva ley de migración y de la Constitución del 2010 y evadiendo responder a cuatro de los cinco alegatos del recurso de  casación, como explicó por Teleantillas el reputado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, abogado de Bueno Oguis.

 Nadie ha negado que la Junta Central Electoral tenga facultad para adoptar decisiones en materia de su incumbencia ni para emitir circulares, como avala la sentencia.

Lo que se objeta es que asuma facultades que corresponden a los tribunales, como establece el artículo 31 de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil.

Esta sentencia abre las puertas de par en par para que los afectados recurran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya en el 2005 dictaminó disponiendo la inscripción de dos niñas descendientes de haitianos proclamando que los hijos no pueden heredar la ilegalidad de sus padres.

Con más razón en casos como el de Bueno Oguis con décadas de inscrito. Sólo nos esperan nuevas condenas y escarnios internacionales.

Retos para Leonel en este último año

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El Presidente Leonel Fernández ha iniciado el último año de su tercer período gubernamental con importantes retos económicos, institucionales y políticos, entre los que resaltan garantizar un proceso electoral democrático y mantener la estabilidad macroeconómica en medio de graves turbulencias nacionales e internacionales.

Sea que pueda o no retornar al poder, como partidarios y antagonistas le atribuyen, cuando concluya su actual gestión Fernández será el único mandatario dominicano y latinoamericano que habrá agotado tres períodos de gobierno mediante elecciones libres y formalidades democráticas.

Un año fundamental

Este octavo año de gobierno consecutivo y duodécimo en dos etapas, que inició Leonel Fernández el 16 de agosto será fundamental para el balance de su gestión, que todavía podría mejorar en aspectos donde se concentran las insatisfacciones y críticas o proseguir en la pendiente enjabonada que lo ha llevado a perder parte del amplio apoyo popular que le acompañó en los primeros tramos.

Estos próximos meses serán los más difíciles no sólo por el desgaste de su gobierno y liderazgo, sino también por el escenario de incertidumbres económicas internacionales de indudables repercusiones en el país, y por la acumulación de déficits fiscales y de balanza de pago, así como por el agotamiento y el peso del endeudamiento en que se ha fundamentado la estabilidad macroeconómica de los últimos 8 años.

El panorama es visto con pesimismo en los más diversos sectores sociales, donde se teme que el presidente vuelva a desbordar el gasto público en la próxima campaña electoral, como lo hizo en las del 2008 y 2010, ya sea por esforzarse en apoyar la candidatura de su partido, o concluir obras y repartos para abonar el camino de retorno al poder para el 2016, como esperan sus más fervorosos partidarios y le atribuyen sus opositores.

Para mantener la estabilidad macroeconómica, que es la mayor prenda de su doble período de gobierno, sin dejar una bomba de tiempo a su sucesor en medio de la crisis económica, Fernández tiene que atenerse a los límites establecidos en el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, independientemente del interés político.

 Por otro lado el mandatario está desafiado a apoyar institucionalmente la candidatura de su partido, más allá de su interés en perpetuarse en su liderazgo, pero también a garantizar un proceso electoral libre, equitativo y democrático, sin el abuso de los recursos del Estado de que se le acusó en las tres últimas elecciones generales.

Luces y sombras

Hay unanimidad en que el mayor éxito de la gestión de Fernández ha sido la estabilidad macroeconómica con alto crecimiento, aunque no se ha traducido en empleo de calidad ni en reducción de la pobreza, sino más bien en mantenimiento de la misma con programas asistencialistas que no inciden en desarrollo humano. Ese crecimiento es de poca sostenibilidad al fundarse en un enorme endeudamiento ya cercano al 40 por ciento del producto bruto. El presupuesto del 2010 se sustentó en financiamiento externo e interno por 121 mil 700 millones de pesos, y en el 2011 por 97 mil 200 millones de pesos.

Los ingresos nacionales sólo alcanzan para el gasto corriente. Y el déficit de la  cuenta corriente de la balanza de pagos fue el año pasado de más de 4 mil 400 millones de dólares, que este año se acercaría a los 5 mil millones, con políticas económicas que promueven más la importación que la producción y las exportaciones nacionales.

Esta gestión gubernamental podrá reivindicar una significativa cantidad de obras materiales, especialmente viales, como dos líneas de metro, elevados, puentes, extensiones universitarias y hospitales, aunque con excesiva concentración de la inversión pública en la capital y su entorno. También la promoción de importantes reformas jurídicas, constitucionales e institucionales, pero con muy limitado cumplimiento de las mismas, cuando no abierta violación.

Las mayores sombras se registran en la escasa inversión en educación, salud y real combate a la pobreza, corrupción sin límites, malversación y boato, inseguridad derivada de todo género de delincuencia, especialmente del narcotráfico, fracaso en superar la crisis energética, fomento del clientelismo y el rentismo como fundamento de la política y desprecio por los reclamos de la comunidad y la opinión pública. Se imputa al doctor Fernández haber cambiado el ideario de Juan Bosch por el de Joaquín Balaguer, como forma de prolongarse enel poder.

Quedan oportunidades

Es cada vez más generalizada la convicción de que la magia del discurso del doctor Fernández ha perdido poder de convicción, desgastada por las promesas incumplidas y el cúmulo de insatisfacciones económicas y sociales, las cuales tuvieron expresión en el paro general del mes pasado.

La imagen presidencial quedó deformada por los intentos de casi un año por abrir una brecha para colar otra repostulación presidencial en contradicción con la flamante Constitución del 2010, así como por los viajes mensuales del presidente por todas partes del mundo  exterior con amplias comitivas y excesiva vanidad, hasta el grado de la sobreestimación.Por más esfuerzos que se hagan

las insatisfacciones derivadas de los problemas estructurales ya no tienen remedio en un año, pero el presidente tendría oportunidad de recuperarse al menos parcialmente reconociendo la necesidad de mayor inversión en educación para el presupuesto del 2012, dando muestras efectivas de combate a la corrupción, con austeridad en el gasto público y esfuerzos visibles por la transparencia y el cumplimiento de las normas de compras y contrataciones.

Las mayores oportunidades estarían en el ámbito de lo institucional y democrático, creando un clima de civilizada competencia electoral, con absoluta prohibición de abusar de los recursos del Estado en la campaña electoral, y procediendo a una elección satisfactoria de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral.

Una gran contribución del presidente Fernández sería concluir la aprobación de la Estrategia Nacional de Desarrollo que lleva tres años de procesamiento y auspiciar la aprobación de la ley de partidos políticos y las reformas pendientes a la ley electoral, para todo lo cual es imprescindible un clima de entendimiento y concertación por lo menos con todo el sistema político partidista.

Un año puede alcanzar para contener el deterioro y el desgaste de 11 años de gobierno, y hasta para lograr alguna revocación, pero con políticas innovadoras que respondan a las demandas insatisfechas, no con demagogia como la del reciente mitin político de Gualey.

El gran éxito de Leonel

Al margen de que pueda o no retornar al poder en el futuro, el presidente Leonel Fernández puede terminar sus 12 años de gobierno con un gran éxito personal, ya que será el único en la historia dominicana y latinoamericana que haya logrado tres períodos de gobierno bajo formalidades democráticas, tanto en su elección como en la gestión.

En agosto del 2012, antes de cumplir 59 años de edad, Fernández Reyna se habrá inscrito en la historia nacional como el de más prolongado ejercicio democrático. Estará entre los siete gobernantes que han presidido la nación en dos terceras partes de sus 168 años y compartirá con Joaquín Balaguer el dominio, también de dos terceras partes, de los 50 años del período post Trujillo.

Las dos peores dictaduras de la historia nacional, las de Rafael Trujillo y Ulises Hereaux (Lilís) se extendieron por 31 y 14 años, para un total de 45. La cuasi dictadura de Joaquín Balaguer, agotó 22 años con 6 elecciones casi todas no democráticas y períodos de eclipse de las libertades fundamentales, lo mismo que los 13 años de Buenaventura Báez en cuatro períodos, los 12 de Pedro Santana y 8 de Horacio Vásquez, también en 3 etapas. Con los 12 de Fernández, serán 112 años de gobierno republicano, justo el 68 por ciento.

Como a ningún otro al líder del PLD le ha tocado gobernar con pluralidad de partidos, con amplia libertad de información y opinión a través de una inmensa red de  medios de comunicación, e incluso durante 6 años sin tener el control del Congreso Nacional, y con el Poder Judicial en la etapa más independiente de la historia nacional.

La repetición de gobernantes con pluralidad de períodos es de los factores por los que muchos no se atreven a afirmar que éste será el último del doctor Fernández, de cuya formación y herencia política se esperaba un mayor afianzamiento del proceso democrático, y más impulso al desarrollo humano, pero ha reproducido las políticas de siembra de cemento, de cultivo del clientelismo y de la corrupción en que se fundaron  los prolongados regímenes de Trujillo y Balaguer.

De política y políticos en la justicia

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Nunca he pretendido estigmatizar la política ni a los políticos. De la primera convengo con el patricio Juan Pablo Duarte en que es la ciencia más digna, después de la filosofía, de ocupar las inteligencias humanas. En cuanto a los políticos tengo mis preferencias que se podrían sintetizar en el más noble y visionario de los contemporáneos: Nelson Mandela.

 Con los políticos dominicanos me he llevado bastante bien, sin perder nunca la criticidad, dentro de una pluralidad y respeto a toda prueba. Pero hasta en mi profesión del periodismo y la comunicación siempre he disentido de quienes creen que no requiere ninguna norma, pues está objetivamente demostrado que toda actividad humana que no se regula tiende al desbordamiento, y se revierte contra el bien común. Y si una ha sido histórica y sistemáticamente pervertida es la de los políticos, sobre todo en naciones de gran debilidad institucional.

El tema se actualiza ahora que el Consejo Nacional de la Magistratura busca renovar la Suprema Corte de Justicia y elegir los jueces de los nuevos órganos judiciales instituidos por la Constitución del 2010: el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Son los máximos órganos del Poder Judicial, que por su naturaleza deben ser independientes de los otros poderes, el Legislativo y sobre todo el Ejecutivo. Si estos dos son en la democracia de naturaleza esencialmente política, el Judicial está concebido como independiente de todos los poderes.

 El artículo 151 de la Carta Magna no deja dudas: “Las y los jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles”… Su numeral 1 establece que “El servicio en el Poder Judicial es incompatible con cualquier otra función pública o privada, excepto la docente. Sus integrantes no podrán optar por ningún cargo público, ni participar en actividad político partidista”.

 Del cumplimiento de esos mandatos constitucionales es que se trata cuando se reclama que no lleven a las altas instancias judiciales a miembros de los órganos directivos de los partidos. El presidente de la Suprema Corte, Jorge Subero Isa, lo ha expresado diplomáticamente al decir que no teme a los políticos sino a la política en la justicia. Es decir que no se puede temer ni discriminar a alguien porque sea político, sino porque puede transportar la política a los tribunales. Sobre todo en un país donde la política lo invade todo. Tratando de acondicionarnos a la manipulación de la justicia, se ha impugnado al mismo magistrado Subero porque su elección, como la de otros, fue fruto de un acuerdo político en 1997.

El Consejo de la Magistratura era y es una instancia integrada mayoritariamente por políticos. No puede condenárseles porque concierten en función del interés nacional, pero sí que impongan sus mayorías mecánicas.

En 1997, como ahora, había actores políticos que querían imponer sus intereses grupales, pero el activismo positivo, la presión de una sociedad civil entonces en auge, obligó a la moderación, para lo cual fue fundamental la transparencia total en las evaluaciones y elección. Como corresponde a decisiones de tanta trascendencia, a puertas abiertas, como las del Congreso Nacional y los tribunales. En 1997 no hubo pureza, pero no pudieron predominar Amable Aristy ni Peguero Méndez, aunque podían sumarse otros dos votos para tener la mayoría. Lo que reforzó la minoría que representaban el presidente Fernández y Milagros Ortiz fue la transparencia. La televisión impidió una mayor exhibición de miserias ante la sociedad dominicana.

Subero Isa ni los demás jueces integrantes de Suprema Corte han actuado en favor de los intereses políticos que representaban Aristy y Peguero, quienes también lograron su cuota en el organismo. Pero tres cuartas partes fueron electos por sus méritos e independencia política, y toda la sociedad lo celebró como un éxito.

Ahora lo que deberíamos aspirar es a superar la elección de hace 14 años, no al retroceso, como algunos pretenden.

Mucho más ahora que también se eligen los jueces de otras dos instancias superiores y de trascendencia institucional.

Nueva oportunidad para el presidente LF

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El presidente Leonel Fernández tiene una buena oportunidad para mejorar la aprobación de su gestión, con la próxima elección de los jueces de los nuevos tribunales Constitucional (TC) y Superior Electoral (TSE) y  la renovación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en un proceso de más de un mes que se inicia el próximo jueves 11.

Con una mayoría absoluta en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el mandatario podría responder las expectativas de la opinión pública y las instituciones sociales de fortalecimiento institucional, repitiendo el éxito que alcanzó en 1997, o, por el contrario, imponer jueces a la medida de sus intereses políticos, como algunos temen.

Preciosa oportunidad.  Al doctor Fernández le correspondió estrenar el CNM en su primera elección de jueces supremos en 1997, en virtud de la reforma  constitucional de 1994, y ganó amplio crédito por lo que la opinión pública catalogó de transparente y equilibrada elección. Atendió los reclamos de un movimiento social con sesiones televisadas, que redujeron el margen de predominio de los intereses partidistas.

Pero entonces el mandatario sólo disponía de su propio voto en un organismo donde predominaba la oposición política. Ahora tiene garantizados cinco de los 8 votos, incluido el del procurador general, los presidentes de las dos cámaras legislativas y el segundo delegado del Senado, llevado a esa representación en desmedro del único senador electo en la boleta de otro partido. Si le fallare uno, con una votación empatada a cuatro, apelaría al voto decisorio establecido en la Ley Orgánica del CNM.

Las expectativas de una justa elección de los jueces superiores fueron  recogidas en términos dramáticos por el presidente de la SCJ, doctor Jorge Subero Isa, quien reaccionó a la convocatoria clamando porque “el proceso sea transparente, público y abierto. Que los buenos que se alijan se sepa que son buenos, pero que si se decide elegir a los mediocres, que la sociedad sepa y conozca que son mediocres”.

Empero, el presidente del Senado y secretario general del partido oficial, Reinaldo Pared Pérez, reaccionó proclamando que el presidente Fernández “es un hombre transparente en todo lo que hace”, y asegurando que la elección “no será afectada por intereses particulares”.

Por su parte el Ministro de la Presidencia, dirigente del PLD y reconocido jurista César Pina Toribio aludió a la experiencia del presidente Fernández en la elección de 1997 para reiterar que habrá transparencia, indicando que “ha dado muestras múltiples de gran equilibrio cuando se trata de hacer selecciones, pero fundamentalmente de propiciar la participación y el consenso”.

Para algunos observadores, el proceso es una oportunidad para que el doctor Fernández mejore la valoración de su gestión, que las encuestas vienen mostrando en picada.

Por lo menos un mes.  Si esta múltiple elección de jueces superiores se conduce con participación social, evaluaciones y ponderaciones, como la de 1997, conllevará al menos un mes, como está previsto en un proyecto de reglamento del CNM que circula sin autoría, aunque en los ámbitos de la sociedad civil se atribuye a legisladores oficialistas.

El artículo 1 del borrador indica el objetivo de regular el funcionamiento de este órgano, el procedimiento a seguir para la selección de los jueces y la evaluación de desempeño de los de la SCJ. El artículo 13 señala cinco pasos: convocatoria, identificación y preselección de postulantes, vistas públicas de evaluación, selección de jueces, y juramentación. En el 23 se indica el perfil con 16 condiciones profesionales, de integridad, temperamento, reputación, independencia y otras.

El proyecto, de 9 capítulos y 35 artículos, demandaría más de una semana para su estudio, ponderación y aprobación. Prevé un mecanismo que incluye un plazo de 10 días para que instituciones y personas presenten candidaturas con los correspondientes expedientes de acreditación,  luego una reunión del CNM para realizar una preselección de postulados, 5 días para hacerlos público y llamar a vistas públicas y televisadas de evaluación individual, que pudieran agotar varios días dependiendo de la cantidad de aspirantes. Y sólo después las sesiones necesarias para elegir los jueces de los tres organismos, las que serían “a puerta cerrada”.

El proyecto de reglamento ya ha sido analizado por los dirigentes y juristas que integran una “Coalición por la Transparencia en la elección de los jueces” encabezada por FINJUS, Asociación de Jóvenes Empresarios, Participación Ciudadana, Cámara Americana de Comercio y Confederación Patronal. Abogan, como lo hicieron en 1997, porque las deliberaciones y votaciones para elegir también sean televisadas, y preparan observaciones al borrador.

La experiencia de 1997.  En 1997 el CNM se estrenó con 7 miembros. Con el Congreso casi parejo en virtud del trauma electoral de 1994, el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido Revolucionario Dominicano disponían cada uno de dos delegados. Amable Aristy Castro y Francisco Féliz y Féliz por los primeros, y Milagros Ortiz Bosch y Rafael Peguero Méndez por el otro. Los reformistas contaban con un tercer voto, el del presidente de la SCJ Ernesto Contín Aybar. Amadeo Julián, el otro delegado y voz crítica del desprestigiado tribunal, se mantuvo independiente. Aspiraba a ser ratificado y tenía merecimientos pero al final fue víctima de la barrida total.

El presidente Fernández y la senadora Ortiz Bosch, fueron claves para la transparencia del proceso y el predominio de juristas independientes de los intereses partidistas y de reconocimiento profesional, con tres sesiones televisadas de vistas públicas y votación, a quienes tendió a sumarse el juez Julián. Peguero Méndez apareció más inclinado a coincidir con los reformistas buscando intercambios de patrocinados, y despertando a Contín Aybar cuando le tocaba votar.

En años de apogeo, la coalición de la sociedad civil tuvo un papel relevante, con una campaña que reclamó y obtuvo participación y transparencia. 48 organizaciones sociales presentaron candidaturas. Evaluaron a los 20 más votados en dos programas de dos horas cada uno realizados por Teleantillas, modelo que aceptó seguir el CNM para la elección que concluyó a la 1.50 de la madrugada del 3 de agosto.

Al final se logró que no fuera electo ningún dirigente político, como se pretendió. De los 16 jueces escogidos, 12 (el 75 por ciento) fueron de los promovidos por la sociedad civil, incluyendo los 6 electos a unanimidad y los 5 que obtuvieron 6 de los 7 votos del CNM. Cinco fueron mujeres, equivalentes al 31 por ciento.

El doctor Subero Isa, promovido originalmente por los reformistas para presidir la SCJ, fue aceptado por los perredeístas, mientras el presidente Fernández se abstuvo de votar por él. La sociedad civil no lo objetó, reconociéndole capacidad y honestidad. El doctor Bernardo Fernández Pichardo, quien aspiraba a presidir el tribunal, no aceptó ser un juez más y declinó su elección. La opinión pública celebró la elección de los jueces como esperanzadora para la institucionalidad de la justicia.

Trascendente coyuntura

Con la convocatoria del CNM para el día 11 se abre un proceso trascendente para la institucionalidad democrática nacional, ya que serán escogidos los 13 jueces que integrarán por primera vez el TC, los cinco para el TSE, y sus respectivos suplentes, instituidos en la Constitución del 2010. Al mismo tiempo será renovada por lo menos la mitad de la SCJ, para sustituir a dos titulares fallecidos y a seis que superan la edad límite de 75 años. Los otros ocho serían objeto de evaluación atendiendo al artículo 181 de la carta magna. El total a elegir será un mínimo de 31 y máximo 39 jueces.

La trascendencia de esta elección cobra mayor dimensión por tratarse de jueces inamovibles que en el caso de la SCJ serán evaluados a los 7 años, los del constitucional tendrán un único período de 9 años y los electorales por 4 años, y porque sobre ellos recaerá el control de la justicia, la interpretación de la Constitución de la República y la función contenciosa de los actos electorales.

Entre políticos opositores, juristas y líderes sociales se han venido expresando temores de que la concentración de poder en manos del presidente Fernández pueda trascender su mandato imponiendo jueces que respondan a sus intereses personales y partidistas, lo que podría originar por lo menos tensiones con un próximo presidente de la nación, aún de su propio partido.

Los temores fueron reiterados esta semana tras la convocatoria del CNM, por parte de comentaristas y, especialmente, de las instituciones sociales que promueven el fortalecimiento institucional y democrático. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), a través de su vicepresidente ejecutivo, doctor Servio Tulio Castaños, apeló a la responsabilidad del mandatario, indicando que “él tiene la oportunidad de catapultarse en este proceso, más aún cuando ya casi se retira del Gobierno”.

Duros desafíos institucionales

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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El recién iniciado año 2011 comporta serios desafíos a la institucionalidad democrática, a la fortaleza de los partidos y a la estabilidad macroeconómica nacional, determinados por el proyecto continuista del presidente Leonel Fernández, llamado a poner a prueba la Constitución de la República proclamada hace un año.

Los desafíos comenzarán este mismo primer mes con la aprobación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional  (TC) y la elección de sus jueces, así como los del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en la que serán relevados por lo menos siete de sus dieciséis integrantes.

Mal augurio inicial.   La primera prueba al orden institucional la representa la aprobación por la Cámara de Diputados de la ley orgánica del nuevo TC instituido por la Constitución proclamada hace un año, ya avalada por el Senado.

Como mal augurio inicial se puede señalar la división hasta en el seno del Gobierno y de la SCJ por las facultades del órgano de control de la constitucionalidad que ya fueron objeto de intensas polémicas en el proceso de aprobación de la carta magna.

A la luz del artículo 277 se creyó zanjado el debate con ganancia para la comisión de expertos constitucionalistas que redactó tanto el proyecto de Constitución como el de ley orgánica del TC. Según el mismo, “Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia”.

En el proyecto de ley orgánica del TC enviado al Congreso por el Presidente Fernández se mantenía la supremacía del mismo sobre las decisiones de la Suprema Corte en materia de constitucionalidad, pero ya en el Senado se le modificó en sentido contrario, originando una polémica encabezada por los constitucionalistas redactores, uno de los cuales, Olivo Rodríguez Huerta, quien defendía la autonomía de la SCJ, reconoce que su planteamiento fue desechado.

Concentración de poderes

Otra prueba inmediata para la institucionalidad democrática quedará definida cuando este mismo mes, atendiendo al plazo constitucional de un año, se reúna el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para elegir los jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral y para sustituir a siete de los 16 que integran la Suprema Corte, quienes sobrepasan el límite de 75 años de edad. Y podrían ser más, ya que el organismo está facultado para evaluar el desempeño de los jueces supremos. Según el artículo 180 de la Constitución, las tres cuartas partes deben provenir de la carrera judicial. La presión del plazo podría ser un pretexto para sancochar una elección que pudo haber comenzado con más anticipación.

Los jueces de los tres organismos  podrían ser clave en la “interpretación constitucional” que avalaría la posibilidad de una repostulación del mandatario pese a la prohibición de la reelección. Ya en diciembre pasado, el influyente senador Félix Bautista dijo en discurso público en Nueva York que “ocho de los trece jueces que integrarán el TC favorecen la reelección del presidente”

Independientemente de que el doctor Fernández pueda o no aspirar a seguir en la presidencia de la nación tras su actual período, tendrá la posibilidad de concentrar el control de todos los poderes del Estado cuando reúna el CNM, lo que no abona en beneficio del fortalecimiento institucional de la nación.

Controlando ya el partido mayoritario, el Poder Legislativo, la Cámara de  Cuentas, la Junta Central Electoral, y una millonaria fundación personal, el mandatario podría agregarse los nuevos tribunales (Constitucional y Electoral),  y la Suprema Corte de Justicia, dependiendo de la selección y la voluntad que ejerza una concentración sin precedente en el régimen democrático.

El CNM está integrado por 8 miembros. Al presidente se suma el Procurador General, los presidentes de las dos cámaras legislativas y el representante en el Senado del aliado Partido Reformista, con los que reúne la mayoría absoluta, que pudiera ser más amplia aún, dependiendo de la voluntad del presidente de la SCJ y otro juez de la misma que también son parte del Consejo. Un diputado del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD) será el octavo integrante.

De referendo y primarias.   La recolección de firmas para pedir un referendo que abra paso a la repostulación del presidente Leonel Fernández, en contradicción con el artículo 124 de su propia Constitución, que prohíbe la reelección presidencial, conlleva una carga grande de incertidumbres para la institucionalidad democrática nacional.

La cuestión es más delicada, puesto que el propio primer mandatario avaló el referendo en el almuerzo que sostuvo con un grupo de periodistas el 20 de diciembre pasado. Llamó la atención que entre los múltiples temas tratados fuera el de la reelección el que autorizara a ser publicado, afirmando que no propiciará una reforma constitucional para repostularse. Pero sugiriendo que pudiera bastar un referendo.

HOY lo citó diciendo que el referendo “es justamente la consulta al soberano, pero existe; no es cambiar la Constitución; no, cambiarla no. El referéndum está ahí”. Aunque justamente se encuentra instituido en el artículo 210 de la Constitución, no está concebido como un mecanismo supra constitucional. La consulta sería para ver si la mayoría ciudadana quiere una reforma de la constitución para permitir la reelección.

El mecanismo implicaría, primero, la aprobación de dos tercios de cada cámara legislativa, con lo que no cuenta el presidente en la de Diputados. En caso de lograrlo, vendría una campaña electoral y una votación. Y si gana la mayoría tendrían que convocar la Asamblea Revisora de la Constitución.

El complicado proceso implica riesgos institucionales y democráticos para el partido de gobierno, donde hay por lo menos una fuerte corriente alternativa representada en Danilo Medina y, desde luego, para la nación, incluyendo su estabilidad macroeconómica. Sería muy difícil salir adelante con ese proceso en un año de limitaciones presupuestarias y compromisos de reducir los déficits fiscales, incrementando las recaudaciones y el cobro de la energía. Difícilmente sobreviviría el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya en el 2010 tuvo que ser renegociado dos veces a causa de los excesos de gastos y de subsidios determinados por la campaña electoral.

El otro gran desafío a la institucionalidad democrática lo representan las elecciones primarias de los partidos mayoritarios. La primera, programada para el 6 de marzo, será la del PRD, la que, de resultar exitosa en el tiempo, las formalidades democráticas y la unidad interna lo fortalecerían como alternativa y dificultaría la opción continuista.

Si el PRD logra pasar la prueba presionaría al Partido de la Liberación Dominicana a guardar la democracia interna, cuidar más su unidad, y adelantar su elección primaria, lo que le restaría tiempo al complicado proceso del referendo y reforma constitucional. El fracaso del perredeísmo aumentaría la posibilidad de que se imponga una vez más el reeleccionismo, aún por encima de la Constitución.

¿Acuerdo inconstitucional?

El cambio en el proyecto de ley ha sido  denunciado como fruto de un acuerdo de último momento  del primer mandatario con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien desde que se planteó el tema en la reforma constitucional se opuso enérgicamente, aduciendo que esa formulación auguraba “un choque de trenes” y un caos jurídico. Si así fuere, se le quiere enmendar sobreponiendo la ley a la Constitución, en lo que ya se denuncia como  violatorio de la Carta Magna.

La polémica ha dividido públicamente al Procurador General de la República y el Procurador Fiscal del Distrito Nacional, a abogados vinculados como el ex procurador Mariano Germán, y aliados políticos como el diputado Pelegrín Castillo de la nueva posición del presidente Fernández, respaldado por su consultor jurídico y el ministro de la Presidencia.

Con el límite constitucional del 26 de enero para establecer el nuevo tribunal, al cumplirse el año de proclamada la nueva Constitución, podría producirse un tranque, ya que la Cámara de Diputados no cuenta con los dos tercios de votos para ratificar lo aprobado por el Senado, y entre los que disienten no sólo se cuenta el bloque del opositor Partido Revolucionario Dominicano, con cuatro más de la tercera parte de los votos, sino también miembros del propio partido de gobierno y aliados.

Por la cultura presidencialista, hay quienes creen que predominará el “acuerdo Leonel-Subero”, que obedecería al interés del mandatario en quedar en buenas con la SCJ, la que también tiene voz disidente al respecto en su vicepresidente, Rafael Luciano Pichardo. Tampoco sería sorprendente que se viole el plazo constitucional, como ha ocurrido con las leyes orgánicas y la integración de los nuevos Consejo del Poder Judicial y Consejo Superior del Ministerio Público que debieron entrar en vigencia a los seis meses. Mientras tanto he ahí la primera incertidumbre institucional del año.

 

La vigilia de la Sociedad Civil

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Aunque con la ausencia de las grandes organizaciones empresariales y de las universidades, ochenta entidades de los más diversos sectores se han declarado en vigilia ante la inminencia de la reorganización del Poder Judicial y la puesta en vigencia de nuevos órganos institucionales.

Tras el proceso electoral piden la reactivación de las organizaciones sociales en reclamo de los cambios que urgen al país, incluidas  reformas políticas, control de la gestión pública, con mayor calidad del gasto, transparencia, freno al deterioro moral y lucha contra la  corrupción.

Piden movilización.  En un comunicado, ochenta entidades de los más diversos ámbitos sociales proclaman que “las organizaciones sociales necesitan reactivarse, predicar con el ejemplo, no reproducir los males que afectan a los partidos políticos, articularse mejor y emprender acciones conjuntas para lograr los cambios que con urgencia requiere nuestra sociedad”.

Plantean que en ese esfuerzo deben participar también los políticos y funcionarios públicos con verdadera preocupación por resolver los problemas nacionales, todos aquellos que hayan demostrado en la práctica un real compromiso con la institucionalidad democrática y el ejercicio ético de la función pública.

Tras una reflexión colectiva llegaron a la conclusión de que el reciente proceso electoral “ha puesto de manifiesto el notable deterioro partidario, expresado en prácticas antidemocráticas de los partidos en la elección de sus candidatos, enorme inequidad en la competencia proselitista, impunidad ante las violaciones de la Ley Electoral y los bochornosos actos de violencia, clientelismo, transfuguismo, falta de transparencia en el origen y destino de los excesivos fondos utilizados en la campaña, entre otros delitos y transgresiones”.

Los dirigentes sociales confiesan su decepción por el gran número de denuncias de fraudes e irregularidades, no sólo entre los diversos partidos, sino también en el seno de los mismos, aumentando la pérdida de confianza de la ciudadanía. “No es casual que en los principales centros urbanos, donde reside la población menos vulnerable al clientelismo, más de la mitad de los electores no acudiera a las urnas”, plantean.  Preocupados por la profundización del deterioro institucional y la falta de principios éticos en el ejercicio de la política y la administración del Estado, “se comprometen a intensificar la vigilancia sobre los poderes públicos a fin de promover que la política y la conducción del Estado se ejerzan con responsabilidad”.

Reestructuración institucional.   Las ochenta organizaciones exhortan a la ciudadanía y a la prensa nacional  a mantenerse muy vigilantes de los cambios institucionales que se derivan de la nueva Constitución, priorizando la integración del Consejo Nacional de la Magistratura, como organismo responsable de la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia a ser reestructurada, y de los nuevos órganos judiciales, como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.

Aunque el comunicado no lo dice, en muchos dirigentes sociales subyacen temores de que el control absoluto del Congreso Nacional y del Consejo Nacional de la Magistratura por parte del bloque gobernante genere una subordinación del Poder Judicial al interés político partidista, por lo que plantean que sus integrantes “deben seleccionarse en estricto cumplimiento de los criterios y requisitos establecidos en la Constitución, de manera que haya garantía de que actuarán con independencia e imparcialidad”.

Reclaman particular atención a la instauración del Tribunal Constitucional, “cuyas decisiones son definitivas e irrevocables” y porque “es la entidad que tendrá la responsabilidad de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales”.

El comunicado llama la atención sobre la elección del Defensor del Pueblo, que suponen que tendrá lugar tras dársele rango constitucional, después de ocho años de haberse aprobado la ley que lo instituye. Esperan que cuente con independencia y los recursos necesarios para cumplir su objetivo.

Se refieren también a la próxima reestructuración de la Junta Central Electoral y de la Cámara de Cuentas, de la que dicen que “debe mejorar substancialmente su desempeño como órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado”.

Los grandes ausentes.   La agenda denominada  “Más Movilización Ciudadana para Mejorar la Institucionalidad Democrática” fue objeto de la reflexión y planteamientos de decenas de entidades de todos los ámbitos sociales, incluidos  la Federación de Asociaciones Industriales y  la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, pero se echa de menos al Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, la Cámara Americana de Comercio y las asociaciones de industriales de Santiago.

También es notable la ausencia de las universidades, con la excepción del Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Tampoco aparecen las iglesias evangélicas que, al igual que las entidades cúpulas del empresariado, formaron parte de la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y del Foro Ciudadano, que en los finales de los noventa y hasta hace pocos años jugaron un papel relevante en la promoción de la institucionalidad democrática.

Mucho se ha especulado en los últimos dos o tres años sobre las razones que tuvo el alto empresariado para reducir su participación en las concertaciones sociales. Algunos la atribuyen a cansancio, otros a temores al poder político, otros a frustraciones de dirigentes y a predominio de los más conservadores.

Entre los sustentadores de la agenda hay múltiples entidades católicas, como la Confederación Dominicana de Religiosos, que congrega las órdenes religiosas, la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santo Domingo, el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, y el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo.

También las Hermanas Carmelitas de la Enseñanza, las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo, la Pastoral de Turismo de la Diócesis de San Pedro de Macorís y Radio Santa María y Radio Marién.

Del Frente sindical sólo firma el comunicado el Consejo de la Unidad Sindical.

El grueso son entidades como Participación Ciudadana, Fundación Justicia y Transparencia, Alianza Dominicana contra la Corrupción y el Comité pro Defensa de los Derechos Barriales.

También  Ciudad Alternativa, Colectiva Mujer y Salud, el Centro de Planificación y Acción Ecuménica y La Lucha.

Aparecen también decenas de organizaciones de productores agrícolas, barriales y entidades de base, incluidas juntas de vecinos.

Reformas políticas y transparencia

Las organizaciones de la sociedad civil proclaman la urgencia de “adoptar medidas para mejorar el sistema electoral, poner freno al derroche de recursos en actividades partidarias y adecentar el ejercicio de la política”. Plantean la necesidad de aprobar la ley de partidos que se debate desde hace una década, relegada por las ventajas derivadas de la falta de regulación y de la defectuosa aplicación de las disposiciones vigentes. También la ley de participación social para promover un mayor control sobre la gestión pública.

No pasan por alto los barrilitos y cofrecitos y las exoneraciones de vehículos en beneficio de los senadores y diputados, sosteniendo que “mientras los legisladores continúen apropiándose de recursos de manera ilegítima, el Congreso carecerá de autoridad para cumplir su rol de fiscalización del uso de los recursos del Presupuesto Nacional por parte de las demás instancias del Estado. Tampoco tendrá autoridad moral para aprobar nuevas cargas tributarias a la población o gravar bienes y servicios actualmente exentos”.   Tras pedir una mayor vigilancia ciudadana sobre el desempeño de los legisladores como de las autoridades municipales, exigen políticas y acciones destinadas a garantizar calidad y transparencia del gasto público y a convertir el presupuesto nacional en herramienta de desarrollo, con equidad y atención a las prioridades. También reclaman movilización para que no se difiera más el cumplimiento de la ley que hace 13 años establece un mínimo del 4 por ciento del producto bruto interno para la educación.

Así mismo llaman a combatir la corrupción y la impunidad, proclamando que “es urgente frenar el deterioro moral e institucional de las estructuras políticas y de los organismos del Estado”, ya que ambas estructuras exhiben una retroalimentación perversa, porque “la falta de democracia, las trampas, la corrupción y la ausencia de ética en los partidos, son conductas que la dirigencia de éstos llevan a las instituciones públicas y con los recursos materiales e institucionales del poder político impulsan el clientelismo, el favoritismo y las prácticas corruptas, como forma de fortalecer las estructuras partidarias”.