¿Hasta dónde nos llevarán estos caminos?

Por Juan Bolívar Díaz
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La interrogante la formulaba el inolvidable periodista radiofónico Tomás Pujols Sanabia siempre al final de los incisivos comentarios con los que impugnaba el rumbo que llevaba el país en 1964 y los primeros meses del 65, y se recuerda en estos tiempos de una corrupción y descomposición tan descomunal, que nadie podía imaginar aún en los días del “Triunvirato de dos” que sólo era uno.

Aunque los escándalos se suceden con tanta velocidad que han ido mellando el alma nacional y la capacidad de asombro, muchos se sintieron alarmados esta semana con la revelación de que ya no sólo tenemos bandas de policías y militares, de políticos y funcionarios civiles, para la estafa, la extorsión, el sicariato y el narcotráfico, sino que también ya se integran con jueces, incluyendo un miembro del Consejo del Poder Judicial.

Los cargos están inscritos en una instancia de la Procuraduría General dirigida a los miembros del Consejo del Poder Judicial, que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con poder de detonación capaz de reducir el impacto del vencimiento del plazo que tenía el procurador Francisco Domínguez Brito para apelar el “no ha lugar” que beneficia al senador Félix Bautista, secretario de Organización del partido gobernante, acusado de corrupción en el manejo de nada menos que 26 mil millones de pesos.

Tratando de justificar una decisión a todas luces garantista de impunidad pactada en los altos niveles partidarios y del Gobierno, Domínguez Brito ha llegado hasta el cinismo, al plantear la inconcebible afirmación de que “no recurrir la sentencia es una forma de luchar”. Su obligación era llevar hasta las últimas consecuencias un expediente que él ratificó como “uno de los actos de corrupción más grandes de los últimos años”.

Son cínicos también los argumentos de Domínguez Brito de que no apelaba a la última instancia porque no le merece confianza, llegando a decir que “la mayoría de los jueces (de la SCJ) se pronunciaron y asumieron una posición a favor de los imputados”, algo absolutamente falso. Lo hicieron apenas 3 de los 17, mientras dos votaban por el enjuiciamiento de Bautista y compartes. Pero estos cinco, de la Cámara Penal, quedarían inhibidos ante la recurrencia y quedaban doce para decidir, incluyendo a su presidente. Si es alarmante la acusación al pleno de la SCJ, es peor que sus integrantes, incluyendo a su presidente, no la hayan rechazado de inmediato.

La posición del Procurador es burlesca cuando justo al liberar a Bautista de los graves cargos de corrupción bajo argumentos tan fatuos, apela al mismo presidente de la SCJ y los integrantes del Poder Judicial para que tomen cartas contra seis jueces a los que acusa de reunirse en lugares de diversión y casas de individuos “de dudosa reputación”, de dictámenes a favor de narcotraficantes con operaciones de decenas de millones de dólares, de invertir en la promoción de jueces, dejar en libertad un regidor procesado por sicariato, ordenar devolver 20 millones de dólares al narcotraficante procesado Arturo del Tiempo.

Tanto más burlesca porque uno de los seis jueces denunciados, aún no imputados por la Procuraduría, es nada menos que integrante del Consejo del Poder Judicial, por lo que tendría que ser juzgado, sino en primera, en última instancia, por la misma Suprema Corte, en la que dice no confiar.

Tal vez el Procurador esté convencido de que su denuncia calmará al persistente embajador de Estados Unidos que lo visita e insiste en denunciar la corrupción, pero consciente de que no pasará de la renuncia de un juez y la destitución de algún otro pasado de la raya, sin siquiera molestarse en someterlos a juicio, como han hecho recientemente con casi una treintena de oficiales militares y policiales, investigados por amparar operaciones de tráfico de cientos de kilos de cocaína por Barahona, Punta Cana y Samaná. Se les pone en retiro con sueldo y guarda-espaldas y que viva la impunidad total.
¡Ofrézcome Pujols Sanabia!, medio siglo después todavía se escucha tu grito: ¿Hasta dónde nos llevarán estos caminos?.

Monumento al emigrante heroico

Por Juan Bolívar Díaz

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Ni los economistas ni los comunicadores ni los políticos dominicanos han ponderado nunca suficientemente lo que han representado y siguen significando los aportes de los emigrantes dominicanos, alrededor de millón y medio que tuvieron que abandonar el país en el último medio siglo en búsqueda de empleos, capacitación y vida, de la esperanza que perdieron en sus posibilidades de desarrollo dentro de la geografía nacional.

A ellos se les ignora al ponderarse cuando el crecimiento y la estabilidad económica nacional de los últimos 60 años, y mucho más cuando se trata del progreso material, del relativo mejoramiento de las viviendas y de la urbanización, del progreso visible en las urbes dominicanas, aunque carezcamos de alcantarillas, y en calidad de servicios básicos, como agua potable, electricidad, educación y salubridad sigamos en la pre modernidad.

Sólo en generación de divisas, las remesas de los residentes en el exterior ascendieron el año pasado a 3 mil 488 millones de dólares, proyectándose sobre 4 mil millones para este 2015, ya que al cierre del tercer trimestre, el Banco Central las cuantificaba en 3 mil 734 millones de dólares. Si se les suma lo que esos emigrantes traen personalmente en regalos y efectivo y sus envíos de mercaderías y alimentos, es posible que alcancen el aporte del principal sector económico nacional, el turismo, que este año sobrepasará los 5 mil millones de dólares, 4 mil 280 en el 2014.

A diferencia del turismo, las remesas no reclaman nada incluido, ni alimentos ni bebidas, ni comisiones ni pagos en el exterior. Tampoco requieren inversiones ni costos financieros de infraestructuras. Son un aporte neto, democrático e inclusivo, que se desparrama por toda la geografía nacional, alcanzando a los segmentos más pobres, mejorando sus viviendas y condiciones de vida.

Sólo hay que pensar lo que hubiese sido de este país sin los más de 30 mil millones de dólares que han remesado en los últimos diez años los dominicanos y dominicanas que se fajan en el exterior, que trabajan horas extras a menudo en los peores empleos, para enviar sus remesas sin importar las oscilaciones de la economía internacional, aún cuando son adversas.

!Oh ironías de la vida! Aquellos que esta sociedad ha expulsado por no haberle podido proporcionar un empleo y calidad de vida, se han convertido en su tabla de salvación. Pero al mismo tiempo son ignorados a no ser por los políticos en campaña electoral que les requieren financiamiento y votos.

Para colmo, los funcionarios diplomáticos y consulares sólo los ven como fuente de explotación, cobrándoles altísimas tarifas para cualquier servicio. Y muchos de sus compatriotas los tratan con desdén, se burlan de sus nuevos ingredientes culturales, los catalogan como narcotraficantes y prostitutas y hasta los discriminan si se trata de alquilarles dentro de un condominio. No quiera nadie que le llamen dominicanyork o dominica-española.

Alguna vez tendremos que hacerle un monumento al emigrante heroico y reconocer que ellos son parte fundamental de la dominicanidad. Aún los que quedan atrapados fuera viviendo de añoranzas y nostalgias o acariciando hijos, nietos y bisnietos.

Los encontramos por todas partes del mundo, nos salen al abrazo en el Alto Manhattan, en la Gran Vía y en La Rambla, y hasta en los bares centroamericanos, las plazas del sur profundo o en el rincón menos esperado del mundo.

En diciembre, cuando vuelvan por decenas de miles a reencontrarse con los suyos y lo suyo, digámosles que somos la misma carne e idéntico espíritu, que valoramos a los emigrantes como lo más importante que hay sobre la tierra, los seres humanos.

La verdad os hará libres

Por Juan Bolívar Díaz
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Sin hipocresía hay que convenir en que las abundantes afirmaciones por radio y televisión del convicto narcotraficante Quirino Ernesto Paulino de que durante años financió las actividades políticas del expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Leonel Fernández, que por dos semanas han acaparado la atención pública, constituyen uno de los más grandes escándalos nacionales.

Nadie debería dar categoría de palabra de Dios a las declaraciones de un narcotraficante, que no oculta su rencor hacia el doctor Fernández, porque entiende que le dio la espalda al extraditarlo a Estados Unidos, donde llegó a un acuerdo con las autoridades judiciales para cumplir una condena benigna de diez años de prisión, tras admitir sus responsabilidades en el tráfico de toneladas de narcóticos, pero también por identificar cómplices, suplidores y beneficiarios.

Más aún no se puede considerar culpable a nadie que no haya sido juzgado por los tribunales de acuerdo con los derechos universales a la defensa. Y eso vale para Leonel Fernández, como para su estrecho colaborador Félix Bautista y para el exministro de las Fuerzas Armadas general Manuel Florentino Florentino y su esposa Margarita Gómez, los principales denunciados por Quirino Paulino en lo que describe minuciosamente como multimillonario financiamiento o inversión política.

Pero tampoco se debe descalificar de antemano el testimonio del narcotraficante por haber admitido los graves cargos que conllevaron juicio y condena. Porque en cualquier sociedad siquiera de mediana institucionalidad democrática los investigadores ponen atención a las confesiones y procuran establecer cómplices y beneficiarios de los delitos.

La sociedad dominicana está dividida ante el escándalo, razón suficiente para que las acusaciones sean aclaradas. Fernández debe una explicación más allá de considerar “de alto orgullo y satisfacción el hecho de que el narcotráfico transnacional, utilizando la alegada identidad de un reconocido convicto por narcotráfico, ponga en acción una campaña de descrédito contra mi persona”, por la firmeza con que cree haberlo enfrentado.

Para muchos la reacción del doctor Fernández ha sido insuficiente, al no haberse referido a los abundantes nexos que el señor Quirino Paulino dice haber tenido con él y su entorno. No tomó en cuenta la sensibilidad por un narcotráfico que ha implicado hasta a los organismos de seguridad del Estado, y que otros convictos recientes como Figueroa Agosto y Arturo del Tiempo tuvieron nexos y negocios en altas esferas políticas y sociales durante su Gobierno. También ignoró que el mobiliario del nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia fue hallado en un almacén de Quirino tras su detención en 2004, y que un wikileaks de la embajada norteamericana publicado lo vinculó con el general Florentino.

La gravedad de las denuncias demanda explicaciones de un líder político que se reconoce como “favorito frente a cualquier candidato opositor para salir airoso en los próximos comicios presidenciales”. El doctor Fernández desperdició la oportunidad de desmontar el cargo específico de Quirino Paulino de que regaló a su Fundación Global una planta eléctrica de 600 kilos comprada por siete millones de pesos. Bastaba certificar la factura de compra, fecha y el medio de pago e invitar a comprobar sus especificaciones, antes de que corriera el rumor, tal vez infundado, de que ha sido sacada del edificio.

Pero ahora que Quirino Paulino ha aparecido por televisión disipando las dudas de su identidad, y que ha mostrado su disposición a ser interrogado por las autoridades judiciales dominicanas, hay una oportunidad para que resplandezca la verdad. También se puede buscarla solicitando a las autoridades de Estados Unidos copias de los interrogatorios y del acuerdo que pactaron con el narcotraficante. Se impone por respeto a la sociedad dominicana, aún presumiendo la inocencia del doctor Fernández y demás denunciados. “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. (San Juan 8:32).

 

Víctima de la anomia social

Por Juan Bolívar Díaz
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Resultó traumática y lacerante esa fotografía de la joven cantante Martha Heredia, esposada como una fiera peligrosa, rodeada de agentes contra-narcóticos que la conducían ante un juez, después que le encontraran más de un kilo de heroína cuando intentaba viajar a Estados Unidos. A reservas de lo que determine la justicia, estamos ante la caída estrepitosa de una de las últimas figuras que han encarnado la reafirmación de los dominicanos y dominicanas.

Martha Heredia fue hace tres años un parto prodigioso de la cultura o la civilización  del espectáculo, tan bien configurada por Mario Vargas Llosa en su última obra. Tenía apenas 18 años cuando fue investida como representación del éxito nacional, gracias a que media población se dedicó a gastar dinero para llamar a un concurso-negocio internacional de poco arraigo. El 20 de diciembre del 2009 en este mismo espacio con el título “El fenómeno Martha Heredia”, sin negarle méritos a su arrojo,  estimamos que se debía a la necesidad de reafirmación en los ámbitos en que somos competitivos internacionalmente, la farándula y los deportes.

Ya se había iniciado el declive de nuestros beisbolistas y desde entonces se nos han caído tantos astros que el consumo ilegal de esteroides para aumentar el rendimiento se asocia demasiado en las Grandes Ligas de Béisbol con los peloteros dominicanos, víctimas de una cultura que exalta y hasta premia la vulneración de las normas sociales, de las leyes y hasta de la Constitución de la República.

Aquí cada vez más el éxito a cualquier precio y por encima de todo  es el supremo mandamiento nacional, ya sea en amplios ámbitos estatales, como empresariales, en los artísticos o deportivos. Ahí andan sueltos todos esos políticos-empresarios que han hecho inmensas fortunas con todo género de tráfico. Sabemos que los sueldos de los cientos de generales que tenemos apenas alcanzan para sostener una familia, pero celebramos que casi todos son millonarios.

Todos sabemos, sobran las pruebas y evidencias, que el narcotráfico ha penetrado a lo más profundo de las instituciones encargadas de combatirlo, y que sus  fortunas han financiado gobernantes y aspirantes a serlo. Pero nos hemos conformado con encarcelar y condenar a los agentes del menudeo y a los beneficiarios de pequeñas lavanderías. Como los fariseos, colamos los mosquitos y nos tragamos los camellos.

Esta es la sociedad donde se proclama que 16 años no han sido suficientes y que tomaría otros 40 o 50 más para que los jueces puedan anular la mayor estafa inmobiliaria de la historia republicana, aunque las pruebas están en manos del Ministerio Público y a vista de todo el que quiera ver. Pero podemos anular por simple disposición administrativa las actas de nacimiento otorgadas durante décadas a miles de ciudadanos y ciudadanas porque son de ascendencia haitiana. Y somos indiferentes.

El fenómeno Martha Heredia se ha trocado en trágica farsa, en espejo de una sociedad que lo está corrompiendo todo, donde hay que hacer fortuna rápida a cualquier precio y donde el cumplimiento de las normas, hasta las de tránsito, va quedando relegado a los pendejos o a los “idealistas”, que si protestan es “por envidia”, o “porque no son capaces de ser exitosos”, como proclamó un embajador de 40 mil dólares mensuales.

Martha Heredia subió a la cima por el ascensor del espectáculo y la chercha nacional, sin mayores esfuerzos, gracias a las condiciones naturales que la vida le dio. Pero era una adolescente y parece que tres años y dos meses después no había desarrollado la fortaleza necesaria para sobrevivir a las tentaciones del éxito.

Ella será ahora una víctima propiciatoria, para ejemplificar con una pobre muchacha de 22 años, probablemente más necesitada de asistencia sicosomática que de represión. Ya se ha advertido que podría ser condenada a una pena de entre diez y veinte años de cárcel, por solo un kilo de heroína. Habría tenido más probabilidad de éxito de haberse involucrado con cien o mil kilogramos.

Con Martha se nos caen múltiples estrellas y nos quedamos desolados, obligados a revisar nuestros paradigmas y nuestros parámetros del éxito. Mientras tanto elevemos una plegaria por esa jovencita que es de todos nosotros. Como escribió Ernesto Cardenal, en su Oración por Marilyn Monroe”, ella no hizo sino actuar según el script que le dimos, el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo”.

 

Logros y fracasos en los diez años de Leonel

Por Juan Bolívar Díaz

Al cumplir mañana 10 años de Gobierno, los últimos seis de forma consecutiva, el presidente Leonel Fernández se constituye en el quinto que por más tiempo ha gobernando la nación y entre ellos el más democrático pero, como ha sido tradición, con alto clientelismo y fundado en la siembra de varilla y cemento.

Se considera que la estabilidad y el crecimiento macroeconómico, la ampliación de las relaciones exteriores y la construcción de obras viales son sus mayores éxitos, pero que ha fracasado en las prioridades de educación, energía eléctrica, competitividad, seguridad pública, transparencia y combate a la corrupción y el narcotráfico.

Otro largo liderazgo.  Aunque llegó al poder con un partido que se ubicaba en la izquierda política y sin experiencia gubernativa, el doctor Leonel Fernández ha logrado construir un nuevo liderazgo nacional de esencia conservadora que se proyecta más allá del término de su tercer período de cuatro años en el 2012.

En una nación caracterizada por largos períodos de dictaduras y anarquía, Fernández comparte el récord de más duración en la presidencia con dos tiranos y dos dictadores. Rafael Leónidas Trujillo gobernó 31 años con mano de hierro, y su discípulo Joaquín Balaguer atemperó sus métodos para acumular 22 años de gestión, reinando ambos durante el siglo pasado. Y en el siglo 19 Buenaventura Báez y el tirano Ulises Heureaux gobernaron cada uno durante 14 años, el primero durante cinco períodos diferentes.

Fernández puede reclamar el mérito de haber sido el más democrático de los que más tiempo han gobernado el país, tanto en el origen de su poder, como por haber tenido que lidiar con los mecanismos de la democracia representativa y un sistema comunicativo mucho más libre y plural. Pero tentado por el recurrente providencialismo dominicano está por verse hasta qué nivel debilitará la institucionalidad democrática si cae definitivamente prisionero del continuismo y busca otra vetada reelección dentro de dos años.

Comparte con Trujillo y Balaguer la convicción de que el progreso se mide por la construcción de obras de amplia visibilidad, en desmedro de la inversión en desarrollo humano y la promoción de la competitividad y el fortalecimiento institucional,  utilizando la corrupción y el reparto de los bienes públicos como mecanismos políticos, con la ventaja de un discurso que pregona la modernidad con buena aceptación.

Las grandes debilidades. La mayor crítica a la gestión de diez años del presidente Fernández es su pobre escala de prioridades, que no haya cumplido la ley, consenso nacional y compromiso  propio reiterado de priorizar la inversión en educación como fundamento del desarrollo nacional, adhiriéndose a la política tradicional de siembra de cemento que se puede exhibir y genera tráficos y comisiones en beneficio de áulicos que lo proclaman imprescindible. En su segundo período de Gobierno (2004-08) con tres reformas tributarias elevó los ingresos fiscales en 150%, pero no pudo sacar al país de los últimos escalones mundiales en la inversión en educación, salud y vivienda.

El florecimiento de la corrupción en todas sus expresiones, con contrataciones escandalosas como las de la Sun Land, y el enriquecimiento de muchos de sus altos funcionarios en una gestión poco transparente y de escasa rendición de cuentas es de las grandes debilidades atribuidas a un líder que rinde culto a la sociedad del conocimiento y a las tecnologías de la comunicación.

La continuidad del desastre del servicio energético es otra de las grandes deficiencias que se cargan al régimen de una década, dada su contradicción con la modernidad pregonada y el peso que tiene en la persistente incapacidad competitiva de los productores nacionales, justo en el período en que la nación se insertó en la globalización con los tratados de libre comercio con Centroamérica, Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente los dos primeros que han elevado el déficit comercial de 70 a 317 millones y de 65 a 1,900 millones de dólares, respectivamente.

El auge del narcotráfico y la criminalidad en todas sus expresiones, que han invadido hasta los altos mandos de los organismos de seguridad, con repetidos escándalos es otro de los factores que han restado méritos a la gestión del doctor Fernández, a quien se le acusa de mostrar más interés en mediar en conflictos internacionales que en afrontar  las lacras que multiplican la inseguridad ciudadana.

Las bases del liderazgo. El liderazgo del presidente Fernández, ya con características mesiánicas, se ha fundado en una extraordinaria expansión del gasto, con repetidos déficits fiscales -a pesar de un gran incremento de los ingresos ordinarios- que se han conjurado con un costoso financiamiento que elevó la deuda del Estado en más de un 100% cuando pasó de 8,953 millones en 2004 a 18,613 millones de dólares al final de 2009. Al término de este año alcanzará los US$20,000 millones, equivalentes al 41.4% del PBI, según cálculos del reputado economista Carlos Despradel. La carga de la deuda ya representa 43% de los ingresos fiscales.

La ampliación de la nómina estatal, que alcanza medio millón de empleados, con un incremento del empleo público del 24% versus 8% en el privado en la última década, y con salarios y beneficios que en los altos niveles compiten con los de las grandes empresas, es otro de los fundamentos del régimen.

A eso hay que sumar los programas para mantener bajo control la pobreza que ya benefician a por lo menos 1,441,888 personas, incluyendo el subsidio al gas propano, aparte de la proliferación de nominillas y repartos en casi todos los órganos estatales para mantener satisfecha a una cada vez mayor proporción de activistas políticos.

La desarticulación social ha sido promovida incorporando líderes comunales, militantes de diversos partidos, artistas, periodistas e intelectuales a los beneficios estatales, al tiempo que se negocia directamente con grupos empresariales, particularmente algunos emergentes, que obtienen amplios beneficios de la expansión del gasto, las crecientes importaciones que cada año amplían los déficits  comercial y de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Pese a todos los factores adversos, agravados por la crisis económica internacional, el presidente Fernández llega a su década de Gobierno con bastante aceptación, que en parte se explica por la debilidad del liderazgo de oposición, pero con crecientes reclamos de un nuevo modelo económico que privilegie la competitividad productiva y las exportaciones, la austeridad y las prioridades en la inversión.

Algunos analistas creen que se le está acabando la pista del endeudamiento y la expansión del gasto y que afrontará serias dificultades económicas, institucionales y políticas si además despega definitivamente el avión del continuismo despreciando su propia y flamante Constitución antes de que termine de entrar en vigencia.

Los mayores logros

La opinión generalizada otorga a Fernández como mayor logro el haber mantenido un crecimiento macroeconómico apreciable, en promedio alrededor del 8%, con estabilidad cambiaria y de precios, lo que es más valorado por haber  iniciado su segundo período gubernamental tras la crisis financiera del 2003 que hundió la economía nacional.

También se le reconoce, especialmente en su primer período,  una cierta modernización de la administración pública que ha incluido reformas institucionales, aunque a menudo han sido dejadas en el papel subordinadas al interés político coyuntural. Comenzó rescatando la dignidad de los servidores públicos, relegados por sus antecesores, para lo cual hubo de elevar considerablemente los salarios, pero se acostumbró a un nivel de gasto corriente que supera el 75% del presupuesto nacional.

La inserción del país en el ámbito de las relaciones internacionales con la ampliación de vínculos hacia el mundo árabe y africano forma parte también de los haberes que muy pocos le discuten, aunque se le objeta su afición a la pasarela de los jefes de Estado, al ritmo de un viaje internacional por mes en los últimos seis años.

El doctor Fernández es el gobernante dominicano que más consultas, seminarios  y diálogos ha patrocinado y el más adicto a las consultorías, hasta constituir una inmensa biblioteca de estudios y resoluciones, pocas de ellas traducidas a realidades. Ello, junto a su amplia cultura política, elocuencia discursiva, carisma, carácter apacible y tolerante le han proyectado una imagen positiva y le han permitido afianzar un fuerte liderazgo.

Al término de su tercer período, dentro de dos años, dejará también una obra material apreciable, especialmente en infraestructura vial, casi dos líneas de un Metro construido con escasa transparencia y a contrapelo de la opinión pública, elevados y túneles que han cambiado la configuración de la ciudad capital aunque están lejos de haber mejorado su circulación vehicular y de haber tomado en cuenta a los peatones.

 

Justificada preocupación sobre la libre expresión

Por Juan Bolívar Díaz

La rapidez con que 180 comunicadores sociales se manifestaron contra el cierre del semanario Clave y de Clave Digital revela las crecientes preocupaciones por las presiones que cada vez con más frecuencia se vienen manifestando contra el ejercicio del periodismo investigativo y crítico, tendiendo a reducir su espacio libertario.

A nadie debe quedar dudas de que la desaparición de esos dos importantes medios no fue determinada por dificultades económicas, por las que pasan muchos otros, sino que son fruto de años de presiones para reducir las denuncias de la corrupción y la falta de transparencia, del narcotráfico y el recurrente autoritarismo.

Periodismo comprometido.  El hecho objetivo de que el cierre de los dos medios coincidiera con denuncias de presiones y amenazas hasta contra la integridad física de su director Fausto Rosario, revela que la decisión fue fruto de algo más que las dificultades económicas por las que atravesaba que, por cierto, son comunes a muchas otras empresas de la comunicación.

Las precariedades institucionales dominicanas han determinado que en las últimas décadas grupos económicos hayan optado por mantener medios de comunicación propios, como instrumentos para su autodefensa, para promover sus propios intereses y en algunos casos también para contribuir al fortalecimiento integral de la nación.

Cuando el Grupo Abrisa, encabezado por Abraham Hazoury se asoció con los emprendedores periodistas que durante un año habían sostenido el fenómeno del periodismo de Internet que fuera Clave Digital, sabía que no estaba haciendo una inversión rentable. Menos cuando comenzó a editar el semanario Clave y tampoco cuando adquirió una rotativa y comenzó a levantar un edificio para convertirlo en diario.

El contenido investigativo y peleador por las mejores causas del extraordinario grupo de periodistas y articulistas que levantaron Clave Digital constituyó a ese medio en un referente en su género. Fue su impacto lo que determinó el interés de los inversionistas que tal vez no previeron el nivel de dificultades que  les generaría. Sus investigaciones y denuncias sobre los fraudes bancarios que quebraron la economía nacional entre 2003 y 2004 y el seguimiento a sus procesos judiciales, las denuncias de corrupción y de la delincuencia en sus múltiples expresiones y el compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática generaron muchos enemigos abiertos y solapados.

Propietarios y directivos de los dos medios tuvieron que enfrentar más de una veintena de demandas judiciales aventureras, que en su mayor parte ni siquiera fueron aceptadas por los tribunales y otras llevaron muchos meses de comparecencias y diligencias judiciales, restando energías y generando temores. El objetivo era intimidar, sobre todo a  inversionistas con muchos negocios que perder. Todos los observadores del proceso dominicano saben que a consecuencia de ello en los últimos dos años esos medios fueron reduciendo su “atrevimiento”, se le escaseó la publicidad y disminuyó el entusiasmo de sus propietarios, conllevando reducción de personal.

Atrevida publicación

Si el cierre hubiese sido determinado por lo económico, sólo habría afectado el semanario impreso, que era lo más costoso, dejando el periódico digital original, o la empresa hubiese sido vendida, ya que ha trascendido que le interesaba a más de un inversionista, o su razón social hubiese sido ofertada a los periodistas fundadores para que preservaran Clave Digital.

El análisis de las circunstancias indica que la abrupta clausura fue determinada por la esencia de la edición 229 del pasado 29 de julio, que fue la publicación, con despliegue gráfico en primera página, del interrogatorio de autoridades investigativas a la joven Ruth Sánchez Vargas, novia del hijo del español Arturo del Tiempo, quien tenía grandes inversiones en el país, como la famosa torre Atiemar y sólidos nexos con autoridades civiles y policiales, pero tuvo la “mala fortuna” de ser  atrapado en Valencia con un cargamento de 1,120 kilos de cocaína. Otro similar había sido interceptado en el puerto dominicano de Boca Chica en noviembre pasado, dirigido al mismo destino y por la misma exportadora, pero aquí no hubo consecuencias, aunque en el primer momento se dijo que “habían peces gordos involucrados”. Obviamente tenían muchos pesos y euros.

El agravante del reportaje es que la joven interrogada confirmó lo que era un secreto a voces que los del Tiempo tenían “una estrecha relación” con el jefe de la Policía Nacional, general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, cuando ya se había publicado que entre los adquirientes de los apartamentos de la lujosa torre Atiemar, valorados entre uno y dos millones de dólares, figura su homónimo padre, quien también fuera comandante de la misma institución en los años setenta.

Tremenda coincidencia.  El editorial de la última edición del semanario publicada el jueves 5 explica el cierre en razones económicas, pero en su página dos un recuadro recoge las denuncias sobre la inseguridad de su director. Versiones extraoficiales aducen que las presiones a sus propietarios fueron graves.

Lo que sella el carácter del cierre de los Clave es que coincidió con confidencias de que la vida de su director estaba en peligro. Se le recomendó hasta irse del país cuando le confiaron que el intento de asesinato del médico Sergio Rafael Rojas Soriano baleado el martes 3 cuando caminaba en el perímetro del parque botánico “había sido un error” porque lo confundieron con él. Coincidencialmente Fausto Rosario también acostumbraba caminar, aunque dentro del parque, aproximadamente a la misma hora. Para colmo, la contextura física, la cabeza y el pelo de ambos guardan similitud. La misma versión fue confiada también a un veterano reportero de un diario, quien la transmitió oportunamente a través del autor de este trabajo.

No es fácil establecer la veracidad de la versión ni la fuente de origen en caso de que realmente se intentara matar a Rosario Adames. Los nexos de oficiales policiales y militares y personajes civiles con el narcotráfico y el crimen y las rivalidades y temores en el seno de los organismos de seguridad sugieren variadas hipótesis que fueron analizadas por Fausto, y sus colegas Fernando Hasbún, Jean Michel Caroit y Juan Bolívar Díaz, primero junto a otro núcleo de comunicadores y más tarde con el presidente Leonel Fernández en una reunión la noche del miércoles 4, que se extendió de 10.30 a 12.30 de la noche.

El mandatario respondió en cuestión de minutos una llamada telefónica pidiendo la cita y escuchó con atención intercambiando múltiples preocupaciones sobre la seguridad ciudadana. En la segunda mitad del encuentro hizo comparecer al propio Jefe de la Policía Nacional, a quien comprometió en la seguridad personal del periodista. El oficial coincidió en algunas de las hipótesis, dando “plenas seguridades” de que es consciente de que un crimen como ese “sería una locura” que lo afectaría a él y al Gobierno. También empeñó su esfuerzo en esclarecer el asesinato del doctor Rojas Soriano, lo que hasta ayer sábado seguía en el misterio, ya que no le robaron y hasta ahora no se explican las causas.

Justificada preocupación

La  preocupación y alerta que expresan periodistas y articulistas de gran diversidad de medios incluyendo directivos, se pueden dimensionar por el hecho de que en tres horas del jueves 180 de ellos firmaron una declaración que se transmitió por medios electrónicos para hacerla pública la tarde del jueves 5. Decenas más se adhirieron después de distribuida.

No sólo se deplora la desaparición de dos de los medios informativos que más han contribuido en los últimos años al periodismo de investigación y que deja en el desempleo a 102 personas, y la inseguridad que  afecta a Fausto Rosario, sino que también “se llama la atención de la opinión pública y las instituciones sociales, especialmente de las que agrupan a los comunicadores y medios de comunicación, para que rechacen con vigor todo género de presiones sobre el libre ejercicio de la libertad de expresión en todas sus manifestaciones”.

Las preocupaciones son mayores por una serie de acontecimientos de los últimos meses que han implicado el intento de  asesinato del abogado y comentarista televisivo Jordi Veras, amenazas contra periodistas como Marino Zapete, agresiones al equipo investigativo de Nuria Piera, la reciente aventurera intimación de alguacil contra los anunciantes de los programas de Alicia Ortega por un alto funcionario, así como cierre de programas y medios electrónicos y amenazas a los periodistas de provincia.

Se generaliza la convicción de que de lo que se trata es de reducir el contenido investigativo y las denuncias de la desbordada corrupción, la falta de transparencia, del narcotráfico y la delincuencia que incluso han alcanzado relevantemente a los organismos de seguridad del Estado, como ha quedado de manifiesto en los últimos dos años.

A nadie debe quedar dudas de que las presiones y acciones manifiestas impactan sobre la mayoría de los comunicadores, medios y propietarios tendiendo a reducir las dimensiones libertarias que han tenido en las últimas décadas.-

 

 

2010: fuertes desafíos políticos y económicos

Por Juan Bolívar Díaz
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Nuevo año, grandes retos.  El nuevo año vuelve a poner a prueba la institucionalidad democrática, la nueva Constitución y la contención de la crisis económica, el narcotráfico y la corrupción.

El año que comienza pondrá una vez más a prueba la institucionalidad democrática nacional, no sólo con la celebración de una elección legislativa y municipal, sino también por los cambios que implica la proclamación de una nueva Constitución que conlleva la creación de dos nuevos tribunales especiales y una tentativa de reestructuración judicial.

La superación de la crisis económica que ha afectado al país en los últimos 18 meses, la contención del desbordado narcotráfico que carcome el aparato de seguridad del Estado y de la galopante corrupción son señaladas también entre los desafíos fundamentales para el nuevo año.

Elección por 6 años

El 2010 nace marcado por el activismo político que consumirá las energías nacionales durante su primera mitad con una campaña proselitista que esta vez será más intensa, feroz y costosa, dado que por primera vez serán electos legisladores y autoridades municipales por un período que la nueva Constitución ha extendido a 6 años, a fin de unificar en un mismo año todas las elecciones nacionales a partir de 2016.

Una considerable proporción de los actuales senadores, diputados, síndicos y regidores buscarán repostularse por una reeleccción, lo que acentuaría el recurrente abuso de los recursos estatales en las campañas electorales que, en la elección presidencial del 2008, alcanzó niveles de verdadero escándalo político.

Los analistas políticos consideran que los avances logrados en los últimos años en el sistema electoral no estarán en juego, pero sí la transparencia en el elevado gasto de los partidos políticos y sus candidatos, incluyendo el financiamiento derivado de la corrupción e incluso del alarmante incremento del narcotráfico y el lavado de dinero.

El desbordamiento del gasto gubernamental, como también es tradición en las campañas electorales, podría generar déficit fiscal con repercusiones sobre la economía nacional, como ocurrió en la última elección presidencial, cuando el gobierno multiplicó los subsidios a la energía, los combustibles, la harina, el pollo y hasta al empleo en las zonas francas.

Los dos partidos mayoritarios consumirán las primeras semanas del año en la conclusión de la escogencia de sus candidatos, especialmente los que serán nominados por las cúpulas partidarias que, en esta ocasión, es una proporción sin precedentes, pues en el caso del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) alcanza al 50 por ciento. El gobernante  Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tendrá una tarea agobiante para cerrar su pacto con una docena de  partidos que esta vez incluye al Reformista Social Cristiano (PRSC), tercera fuerza política en decadencia pero con grandes expectativas en una alianza que tendrá que ser registrada a más tardar al concluir febrero. Para  una veintena de pequeños agrupamientos la elección de candidatos no representa mayores traumas.

La primera prueba

Enero será suficiente para determinar si el PLD cuenta con la  voluntad requerida para aprobar el proyecto de ley de partidos políticos, en el que la débil oposición perredeísta cifra expectativas de que pueda constituirse en un muro de contención para los abusos de los recursos del Estado en la campaña electoral.

 La dirigencia del PRD ha insistido en que la aprobación del proyecto que regularía las campañas electorales y su financiamiento, instituyendo sanciones, es parte de los acuerdos logrados con una comisión designada por el presidente Leonel Fernández, que fue clave en el apoyo del principal partido de oposición a su proyecto de nueva Constitución. En septiembre se dijo que el proyecto de ley de partidos sería aprobado en octubre, tan pronto los legisladores terminaran de aprobar la Constitución, lo que no ha ocurrido tres meses después.

 Si transcurre el primer mes sin que los oficialistas sancionen el proyecto de ley de partidos, podrá darse por hecho que la misma no regulará la campaña electoral de este año, dejando las manos libres para el abuso de los recursos del Estado, lo que volvería a constituirse en la principal debilidad de los procesos electorales dominicanos.

 El incumplimiento de lo que los perredeístas consideran un compromiso generaría amarguras y agriaría la campaña electoral, impulsando al PRD a reocupar el espacio de oposición que abandonó en mayo del año pasado, cuando el ingeniero Miguel Vargas Maldonado pactó con el presidente Fernández para apoyar su proyecto de Constitución.

La nueva Constitución

La proclamación de la nueva Constitución está programada para el 26 de este enero, sin que se prevea dificultad en su concreción. Esta Constitución conlleva la elección de los integrantes de los nuevos Tribunal de Garantías Constitucionales y Tribunal Nacional Electoral por parte de un Consejo Nacional de la Magistratura, ampliado para garantizar al Poder Ejecutivo al menos la mitad de los votos.  También se prevé que el primer mandatario apadrine una reestructuración de la Suprema Corte de Justicia, aprovechando la circunstancia de sustitución de la tercera parte de sus integrantes por haber cumplido la edad reglamentaria para el retiro. Ahí habrá otra prueba para la capacidad concertadora del liderazgo nacional.

El control de los dos nuevos tribunales y de la Suprema Corte formarían parte de un proyecto de  dominación de largo alcance del presidente Fernández, el  cual se vería fortalecido si su partido logra una significativa victoria electoral en mayo, después de año y medio de crisis económica y pese al desgaste de 6 años consecutivos en el poder en los que la corrupción ha descalabrado el crédito de los gobernantes.

En la agenda gubernamental de comienzos de este año tiene que estar forzosamente la gravedad que ha alcanzado el narcotráfico, sobre todo por  el involucramiento cada vez más alarmante de altos oficiales responsables de los organismos de seguridad del Estado, como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas. Para muchos analistas la gravedad de la situación obliga a un “ahora o nunca” para comenzar a revocarla. Una mayor efectividad en la contención de la delincuencia en todas sus expresiones, incluyendo relevantemente la corrupción oficial, figura también entre las expectativas citadas por líderes sociales y políticos.

Para el fortalecimiento del Estado de Derechos es fundamental que el gobierno detenga su política de ejecución de presuntos delincuentes a la vez que muestre una firme decisión de aplicar el paquete de recientes reformas legales, como la de Migración, llamada a contener la inmigración haitiana que exacerba el antihaitianismo.

Nuevo modelo económico.  Las expectativas generales no son sólo de una superación de la crisis económica que  acentuó las dificultades de los sectores productivos tradicionales y el consiguiente desempleo, sino especialmente de un nuevo modelo de desarrollo económico y una contención del creciente endeudamiento que obligaría a nuevas cargas tributarias.

El nuevo modelo ha sido invocado en estos días por la asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, que enfatizan  en la necesidad de incentivar las actividades productivas, en  especial la exportadora. Según esta última entidad “Esto implica que las políticas macroeconómicas, fiscal y monetaria se modifiquen y coordinen para que vayan en apoyo directo de estas actividades, pues de esto depende también la creación de empleos de calidad en el sector formal, en vez del empleo informal, desprovisto de protección social, que es el único que ha estado creciendo”. Ambas entidades enfatizan  en superar las precariedades energéticas e instaurar un régimen de austeridad y prioridades riguroso en la inversión pública.

El Foro Ciudadano y el Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo han demandado un presupuesto más enfocado a  superar  la pobreza, reformas para una mejor distribución del ingreso, austeridad en el gasto y mayor inversión en  sectores clave para el desarrollo humano: educación, salud, seguridad social y vivienda.

Al analizar el presupuesto aprobado para este 2010 esos sectores y destacados economistas  enfatizan que sigue la sustracción de recursos que, de acuerdo a leyes especiales, deberían ir a educación y a los cabildos, que es deficitario y con altísimo componente de financiamiento que  alcanza al 31% de los 379 mil millones presupuestados. De éstos, 80 mil 916 millones serán  fuentes internacionales y 35 mil 48 millones nacionales. A una tasa de 36,  el endeudamiento en dólares   proyectado para  2010 equivale a 3 mil 222 millones.  El gobierno podría comenzar a responder los reclamos de nuevo modelo económico si logra aprobar definitivamente el Plan Nacional de Desarrollo que ha venido incubando la Secretaría de Economía, Planificación y Desarrollo puesto sobre el tapete para este año, pero que debió ser objeto de la segunda etapa de la Cumbre de las Fuerzas Vivas entre marzo y mayo pasado. Se duda que la campaña electoral deje espacio para una aprobación consciente y participativa de este plan que, en el mejor de los casos, quedaría relegado a la segunda mitad del año, cuando es casi seguro que venga otra reforma tributaria.