Por Juan Bolívar Díaz

La decisión del Gobierno de elevar la carga impositiva, aun a costa de los sectores productivos, ha generado una fuerte preocupación en ámbitos sociales convencidos de que el crecimiento fundado en el gasto público por vía de mayores impuestos y endeudamiento está agotado, lo que obliga a implementar un nuevo  modelo de desarrollo económico.

Algunos sectores se plantean la conveniencia de rescatar la concertación social que entre 1994 y 2003 generó el Grupo de Apoyo a la Democracia, el Foro Ciudadano y la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad que dieron fuerza a la sociedad civil para motorizar reformas y contener los desbordamientos gubernamentales.

Confrontación a la vista. La decisión gubernamental de indexar la inflación de los últimos tres años en los impuestos a los combustibles y de unificar la administración, recaudación y fiscalización de los impuestos selectivos a los combustibles, suprimiendo exoneraciones, ha generado fuertes preocupaciones en los ámbitos empresariales, especialmente entre los industriales que hace tiempo vienen demandando un cambio de modelo económico que incentive la productividad y las exportaciones.

Tanto el empresariado, como la oposición política y economistas han planteado la revocación de las medidas, convencidos de que desatarán inflación y pondrán en mayores dificultades competitivas a los sectores productivos, especialmente el industrial y el turístico, además de los consumidores que tendrán que pagar más caros los combustibles, el transporte de pasajeros y de mercancías y la energía eléctrica. Y los efectos llevarían por dos vías: la indexación de los impuestos y la supresión de exoneraciones a los autogeneradores. Al turismo le tocaría también por el alza del combustible de los aviones. Aunque Bengoa se lanzó casi solo tras la búsqueda de recursos para paliar un déficit presupuestario que en la primera mitad del año supera en unos 25 mil millones de pesos los 47 mil millones que se habían contemplado como déficit para el 2010, es obvio que se trata de un proyecto de gobierno, avalado en la reunión del presidente Leonel Fernández con su equipo económico la noche del miércoles 21 en el Palacio Nacional.

El lunes de esta semana Bengoa pronunció un discurso por una cadena estatal de televisoras y posteriormente salieron en su auxilio los ministros de Economía e Industria y Comercio, así como el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, mientras el primer mandatario, como ya es habitual, guarda silencio. Ello dio margen para que el liderazgo empresarial apelara a él y consiguiera que se anunciara una “reunión de concertación” el lunes próximo, a lo que contribuyeron pronunciamientos del Asesor Industrial del Poder Ejecutivo Antonio Isa Conde y del mediador eclesiástico Agripino Núñez Collado.

Más allá de lo anunciado.  Pero por encima de lo anunciado hasta ahora, lo que más preocupa a los empresarios es el discurso contra los incentivos a la producción que enarbola el ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, como punta de lanza de una línea gubernamental que promueve la captación de recursos a cualquier precio con tal de mantener niveles insostenibles de gastos.

Un influyente dirigente empresarial explicaba el viernes que está en juego un problema estratégico y de poderes, ya que el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene en suspenso el acuerdo con el Gobierno dominicano, a consecuencia del desbordamiento del gasto durante la reciente campaña electoral.

Como no concibe la austeridad y está en una desenfrenada carrera por construir otra línea del Metro sin claro financiamiento ni transparencia, agotado el límite de financiamiento, no tiene otra opción que recurrir a los impuestos.

Esa línea de acción conduce a la supresión de incentivos a los  sectores productivos, incluyendo algunos de los instituidos en la “Ley de Proindustria”, la 392-07, que formó parte del Plan Nacional de Competitividad iniciado en marzo del 2007 como fruto de las negociaciones del empresariado con el Gobierno que viabilizaron la última reforma tributaria de finales del 2006. Esa concertación arrojó también una “Ley de Austeridad” promulgada el 28 de diciembre del 2006, que el Gobierno ignoró por completo.

El asesor Isa Conde llegó a decir la semana pasada que “Bengoa apuesta a subir las tasas, y nosotros a incrementar el producto” (semanario Clave del jueves 22) y esta semana varios medios recogieron su afirmación de que la modificación de la Ley de Proindustria “es un monumento a la mediocridad” y “un negocio de capar perros” ya que a su juicio no aumentará las recaudaciones.

La oposición a las medidas anunciadas se alimenta también de la convicción de que son apenas el inicio de una ofensiva, porque el déficit gubernamental demanda mucho mayores recursos, que incluirían extensión del ITBIS a productos y servicios de primera necesidad y supresión de incentivos y subsidios a la producción, que están en el discurso del FMI para los países en desarrollo, no para Estados Unidos y la Unión Europea, donde se mantienen altos subsidios y políticas proteccionistas para sectores productivos.

Poder político desbordado.  En sectores empresariales y sociales crece la convicción de que el poder político se ha desbordado en la última década mediante el incremento del gasto corriente y los subsidios improductivos de corte clientelistas que ya alcanzan a cerca de millón y medio de personas, además del aumento de una burocracia con salarios e incentivos que superan a los de la mayor parte del sector privado.

El presidente de la Asociación de Industrias, Manuel Díez Cabral, se quejó el 30 de junio de que mientras el empleo en la industria manufacturera caía en la última década un 23 por ciento, en la administración pública aumentaba un 24 por ciento. Los niveles de incremento del gasto corriente no se han detenido ni en los momentos más críticos de la crisis económica de los últimos dos años.

Entre abril del 2009 y el mismo mes del 2010 la nómina gubernamental creció en 23 mil 766 personas para un 15 por ciento. En el primer semestre de este año se elevó en 4.5 por ciento, según la encuesta del mercado de trabajo del Banco Central citada el jueves por Edwin Ruiz en el semanario Clave.

Un factor que dificulta que asomen planes de austeridad en el Gobierno es el desbordamiento del liderazgo del presidente Fernández y la predominancia política de su partido, apoyada con el gasto gubernamental que en las dos últimas elecciones ha implicado graves déficits fiscales.

Cuando ya se promueve abiertamente la continuidad del mandatario pese a los límites establecidos en la Constitución promulgada hace apenas seis meses, luce más incierto el tránsito por la austeridad que se han impuesto las naciones europeas.

Como el Gobierno no puede prescindir del acuerdo con el FMI, por sus graves repercusiones en la confianza, la inversión y el crédito, ni luce dispuesto a reducir sus gastos, y como está llegando al límite del endeudamiento, se teme que apelará con fuerza al incremento impositivo, sobre todo porque el ministro de Economía, Temístocles  Montás, dijo el jueves 29 que la presión tributaria ha bajado del 16 al 13 por ciento en los últimos dos años.

Plantear nuevos impuestos le está resultando difícil, ya que en la campaña electoral los dirigentes del área económica juraron que no se contemplaba otra reforma tributaria.

Y la cuestión se tornará más crítica este mes cuando tendrán que empezar a definir el proyecto de presupuesto para el 2011, que debería estar listo en septiembre.

Vuelta a la concertación

Por esas múltiples razones y el secretismo que impera en el Gobierno, y de cara a las profundas reformas del Poder Judicial instituidas en la nueva Constitución, algunos dirigentes sociales, incluyendo empresariales, plantean la conveniencia de rescatar instrumentos de concertación de la sociedad civil como el Foro Ciudadano y más específicamente la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad que tanto coadyuvó a contener los excesos continuistas del presidente Hipólito Mejía.

Las instituciones empresariales, con excepción de los Industriales de Herrera y la Federación de Asociaciones Industriales, igual que las entidades sindicales, protagonizaron una virtual retirada del Foro y la Coalición, instrumentos que podrían desatar presiones para contener el poder peledeísta en el Consejo Nacional de la Magistratura que en pocos meses deberá reestructurar la Suprema Corte de Justicia y constituir los nuevos tribunales Constitucional y Superior Electoral. El Congreso, bajo absoluto control del partido gobernante, también está llamado a escoger una nueva Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Los escenarios de concertación fueron debilitados por una política gubernamental de cooptación de cuadros dirigenciales abajo y en el medio, mientras arriba se repartían contratos y favores gubernamentales. Casi todo el liderazgo sindical y gran parte del popular, sectores intelectuales, dirigentes feministas y comunicadores fueron incorporados a la elástica nómina estatal. El resultado ha sido una gran desarticulación.

Lo relevante es que dirigentes empresariales que habían abandonado los escenarios de concertación social comienzan a darse cuenta de que hay que reconstituirlos como elemento de presión y contención, sobre todo teniendo en cuenta la debilidad de la oposición política partidista.