2010: Algunas luces y muchas sombras

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/577/460x390/0/E774BF6F-82FD-4538-955A-492766A70015.jpeg

El balance del 2010 tiene como principal rasgo positivo para el país un crecimiento económico sobre el 7 por ciento con estabilidad cambiaria y baja inflación, aunque con un alto nivel de endeudamiento y déficit fiscal que obligó a dos renegociaciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado en el 2009.

 Retrocesos políticos en unas elecciones manchadas por el clientelismo y el abuso de los recursos del Estado, y precariedades institucionales, con persistentes escándalos de corrupción y narcotráfico que involucraron a las fuerzas de seguridad, conforman el panorama negativo del año.

Lo más positivo.  El crecimiento económico con relativa estabilidad cambiaria y de precios volvió a ser el rasgo más positivo en el año que concluye, a lo que se suma el brillante desempeño del Gobierno y la sociedad dominicana ante la catástrofe telúrica de Haití y la buena gestión que hasta el momento ha limitado la expansión de la epidemia de cólera proveniente de la vecina y desafortunada nación.

 Es relevante que según el Banco Central (BC) el país concluye el 2010 con un crecimiento del producto bruto interno (PIB) del 7.8 por ciento, entre los cinco de mayor crecimiento en América Latina, marcando una recuperación en relación al 3.5 y el 5.3 por ciento registrados en los dos años anteriores.

 La tasa de cambio se movió ligeramente y la inflación concluye en 6 por ciento, con incremento de las exportaciones nacionales sobre el 52 por ciento, al pasar de 1,685 a 2,570 millones de dólares en relación al 2009.  Empero, las importaciones nacionales crecieron 2,435 millones de dólares (24.5 por ciento), casi similar al monto de las exportaciones.

Con un total importado por 14,738 millones de dólares, el déficit comercial se elevó a 9,808 millones de dólares, que siguió siendo saldado en gran parte por los ingresos del turismo, las remesas y la inversión extranjera, renglones todos que alcanzaron pequeños incrementos. Con todo el saldo negativo de la cuenta corriente de la balanza de pagos pasará de 4 mil millones de dólares, lo que vuelve a dejar interrogantes sobre la sostenibilidad de la economía nacional.

Retrocesos políticos.  En el ámbito político se registraron retrocesos y agravamientos de la crisis en la democracia interna de los partidos, recogidos ampliamente en el balance de fin de año del movimiento cívico Participación Ciudadana, incluyendo la reunificación de las elecciones en un mismo año instituida en la nueva Constitución y la supresión del voto preferencial en la elección de los diputados, con el beneplácito del liderazgo de los partidos.

Ambas decisiones en detrimento del derecho ciudadano a elegir y tendentes a fortalecer el presidencialismo y el poder de las cúpulas partidistas.

 Las elecciones congresuales y municipales quedaron manchadas por retrocesos desde la elección y registro de candidatos, pasando por la campaña electoral y hasta la votación y el procesamiento de los resultados.

La mayoría de las candidaturas fueron impuestas en detrimento de las convenciones y las elecciones primarias que se habían fortalecido en los comicios similares del 2002 y 2006.

 Decenas de candidaturas de los principales partidos tuvieron que ser enmendadas por la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral.

 La campaña electoral estuvo marcada por el transfuguismo, el clientelismo y el abuso de los recursos del Estado, con el presidente y todo el Gobierno empeñado en monopolizar el Senado, lo que finalmente logró no sin antes doblegar el arbitraje electoral que fue impotente para enmendar irregularidades puestas en evidencia que cambiaron el resultado por lo menos en la provincia de Pedernales.

  Posteriormente los integrantes del Comité Central del partido de Gobierno decidieron  auto-prolongarse por cinco años el período para el cual habían sido electos, mientras el principal partido de la oposición se desgastaba en evidentes debilidades institucionales y democráticas para iniciar el proceso de elección de su candidato presidencial para el 2012. Tan pronto concluyó la elección de mayo se inició el activismo para las presidenciales, evidenciando el alto costo de la política dominicana.

El continuismo endémico.  En el orden institucional hubo manifiestas debilidades, pese a la proclamación en enero de una nueva Constitución, que de inmediato empezó a ser “interpretada” para ignorar mandatos en la elección de la JCE antes de reformular su ley orgánica y establecer el Tribunal Electoral y en el mandato que dio rango constitucional a la ley que instituye el 4% del PIB para educación.

 En la elección de los integrantes de la JCE y la Cámara de Cuentas volvió a predominar el interés partidario en desmedro de la independencia y la eficiencia, con la agravante de que se burló a cientos de ciudadanos que se sometieron a evaluación para al final no ser tomados en cuenta.

 Pero la mayor debilidad institucional quedó de manifiesto en el movimiento que procura la repostulación del presidente de la República a pesar de que su propia y flamante Constitución lo prohibió tras un pacto político que él mismo protagonizó. Altos funcionarios del Estado desarrollan una costosa y ruidosa campaña generando incertidumbres y reviviendo el endémico continuismo que ha pesado sobre la institucionalidad democrática desde la fundación de la nación.

 Imposibilitado de realizar una nueva reforma fiscal, el Gobierno mostró disposición a violar el Estado de derecho para aumentar sus ingresos, violando la Ley de Promoción Industrial, aunque posteriormente quiso legalizar su decisión pactando con los empresarios “un acuerdo voluntario” por un año.

 Pero donde fueron más evidentes las precariedades institucionales fue en el alarmante involucramiento de las fuerzas de seguridad del Estado en actos delincuenciales de todo género, desde el narcotráfico al sicariato y la integración de bandas de asaltantes.

Entre los grandes escándalos estuvo el apresamiento en España de Arturo del Tiempo, tras el envío de miles de kilos de cocaína desde República Dominicana. Su torre Atiemar salpicó al Gobierno.

Mientras la Policía daba muerte hasta el 10 de diciembre a 478 delincuentes y supuestos delincuentes, en gran proporción verdaderas ejecuciones, según el Informe del 2010 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin que el cambio de su jefatura implicara una modificación de lo que ya es una política de Estado,  que para nada ha impedido que siga creciendo la inseguridad ciudadana.

 Semana tras semana se sucedieron las denuncias de corrupción en múltiples casos documentadas por los programas de investigación periodística, por lo que el Gobierno se vio precisado a pedir a los organismos internacionales que elaboraran un programa de lucha contra la corrupción.

 Tal vez el elemento más positivo del año fue el movimiento que encarnó la Coalición por una Educación Digna, que involucró a una alta proporción de la sociedad, incluyendo a las capas medias y medio-altas en la demanda de cumplimiento de la Ley 66-97 que instituye el 4 por ciento del PIB para la educación, ahora con rango constitucional, en virtud del numeral 10 del artículo 63 de la nueva Constitución.

 El hecho de que el Gobierno haya ignorado la demanda no le resta dimensión al movimiento que podría significar una reactivación de la sociedad civil en la lucha por el respeto a la institucionalidad democrática y la atención a las prioridades nacionales.

Grave endeudamiento

 Resulta evidente que la estabilidad macroeconómica se logró este año con un alto endeudamiento presupuestado para 116 mil millones de pesos, unos 3 mil 100 millones de dólares, elevando sobre 43 por ciento de los ingresos fiscales el peso de la redención de la deuda pública, el 36% del PIB, según el Banco Central.

Al final el endeudamiento podría superar lo presupuestado para el año, pues el Gobierno colocó bonos soberanos por 750 millones de dólares, 250 millones más de lo programado.

 Lo peor del desempeño económico es un fuerte déficit fiscal por tercer año consecutivo que según el Banco Central fue de 2.3 por ciento del PIB en el Gobierno central y 3.8 por ciento en todo el sector público, equivalentes a unos 46 mil millones y  76 mil millones de dólares respectivamente.

Economistas independientes y de la oposición lo estiman en mínimo de 56 mil millones, adicionando deudas ocultas del Gobierno central con suplidores, constructores de obras y entidades descentralizadas.

 El desequilibrio fiscal fue tan serio en la primera mitad del año, impulsado por el derroche en la campaña para las elecciones de mayo, que obligó a dos renegociaciones del acuerdo pactado con el Fondo Monetario Internacional en noviembre del 2009.

El Gobierno no pasó la primera revisión del acuerdo, por lo que en marzo tuvo que presentar una nueva carta de intención, lo que se repitió en octubre.

 En el primer semestre el Gobierno agotó el 95 por ciento del endeudamiento interno programado para todo el año, viéndose obligado luego a paralizar obras y reducir gastos, pese a lo cual en el último trimestre el ministro de hacienda dijo que apenas tenían dinero para salarios y gastos fijos.

 

 

Caen la popularidad del Gobierno y Leonel

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/572/460x390/0/CEC4F03A-73B8-4307-8A4B-EC71AD95515E.jpeg

La encuesta Gallup para HOY publicada esta semana marca una significativa caída de la aprobación del Gobierno y del presidente Leonel Fernández, cuya repostulación es rechazada por más de las dos terceras partes de los consultados, pero la  oposición política, considerada mala, no logra capitalizarla.

Resalta el crecimiento de Danilo Medina, quien por primera vez supera al primer mandatario y a la primera dama en la preferencia para la candidatura presidencial, aunque Fernández logra el 56 por ciento entre quienes se identifican con su Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En su peor momento.  Los resultados de esta encuesta son devastadores para la imagen del Gobierno, que parece atravesar por lo que podría ser su peor momento, comparable con  los finales de 1968, cuando fue sacudido por los indultos a Vivian Lubrano y a los condenados del Plan Renove, por un fuerte déficit fiscal, por la sentencia de la Suprema Corte sobre el caso Sun Land, la masacre de Paya y varios escándalos de corrupción.

Según la Gallup, el 80 por ciento de los encuestados considera que las cosas van mal en el país y que las condiciones de la economía son malas, mientras sólo un 6 por ciento las considera buena y 13 por ciento regular. Al medir las expectativas para el final de este período gubernamental, el 58 por ciento no abriga esperanza de mejoría, lo que sólo ocurre en el 15 por ciento, y el 22 por ciento opina que seguirá igual.

Cuando se preguntó por la situación de la economía personal o familiar, prevaleció también una opinión negativa, ya que el 61 por ciento la definió como mala, 26 por ciento regular y apenas el 13 por ciento como buena. El 88 por ciento considera muy alto y alto el endeudamiento del gobierno. El 48 por ciento ve el país estancado, el 19 en retroceso, y sólo el 30 por ciento progresando. El 57 por ciento considera mala o muy mala la gestión del gobierno ante los efectos de la crisis internacional sobre la economía nacional, y apenas el 22 por ciento la cree buena o muy buena.

La percepción sobre la corrupción gubernamental sigue en incremento, con 67 por ciento, dos tercios, estima que ahora es mayor, 20 puntos más que en julio del 2009 y 3 más que en noviembre del mismo año. Sólo el 12 por ciento considera que hay menos corrupción que antes. La opinión se torna peor en cuanto a la impunidad que es percibida en alto grado por el 80 por ciento. Sólo el 4 por ciento dice que casi no existe.

El Gobierno tampoco pasa la prueba en materia de seguridad, ya que el 61 por ciento considera inseguro vivir en el país, 12 puntos más que en noviembre del año pasado. En materia del narcotráfico es peor con un 75 por ciento, estimando que ha aumentado en el último año, y 11.5 por ciento que sigue igual, lo que el 59 por ciento atribuye a complicidad entre autoridades y narcotraficantes. El 70 por ciento considera ineficiente el combate al narcotráfico. Y cuando se preguntó sobre los principales problemas nacionales, el 54 por ciento señaló la delincuencia y el alto costo de la vida.

Un reclamo abrumador.  La encuesta Gallup-HOY vino a ratificar la percepción que dejó el “Lunes Amarillo por la Educación” de que una abrumadora mayoría respalda el reclamo de cumplimiento de la ley (ahora también mandato constitucional)  que destina el 4 por ciento del producto interno bruto al sector educativo. El 91 por ciento lo respaldó.

El apoyo a esa demanda se evidenció también cuando se preguntó las áreas que debe priorizar la inversión aún disponiendo de insuficientes recursos. El 68 por ciento señaló la educación, 62 por ciento la salud y apenas el  0.6 por ciento privilegió el Metro en que el gobierno de Fernández sigue concentrando su inversión. La encuesta  se realizó del 25 al 30 de noviembre en medio de la campaña de manifestaciones en reclamo del cumplimiento del 4 por ciento del PIB para la educación.

Esa demanda ha mellado la popularidad del Gobierno, por las contradicciones e incumplimientos de 13 años, ya que fue el presidente Fernández quien promulgó la Ley General de Educación en el 1997, estableciendo el mínimo a ser invertido en ese renglón, tras años de reclamos de la sociedad civil.

En enero del 2009 fue la principal demanda llevada a la Cumbre de las Fuerzas Vivas convocada por el presidente Fernández, donde se estableció un calendario de incremento que sería burlado por tercer año consecutivo con el proyecto de presupuesto para el 2011. El artículo 63 de la Constitución proclamada este año otorga rango constitucional al mandato de la ley 66-97.

El PRD no capitaliza el descontento.  La desaprobación de la gestión gubernamental del presidente Fernández se refleja en las preferencias por su partido de cara a las elecciones del 2012, que registra notable reducción, pero es relevante que no se refleja en un avance de los partidos de oposición, ni siquiera del Revolucionario Dominicano (PRD), que sigue siendo percibido como el principal.

 Cuando se preguntó a los encuestados por quién votaron en la elección presidencial anterior, el 61 por ciento dijo que por Leonel Fernández, pero sólo el 39 por ciento de los mismos dice que lo haría por su partido en el 2012. Un relevante 25 por ciento dice que no volvería a votar por el mismo partido que lo hizo en el 2008.

El 29 por ciento de los consultados dijo haber votado por Miguel Vargas Maldonado en la elección anterior, subiendo a 32 por ciento los que lo harían en el 2012 por el PRD,  lo que significa que éste sólo consigue tres puntos de los 22 que pierde el partido de gobierno. El Partido Reformista atrae 2 puntos, pasando al 4 por ciento. Los que dicen haberlo preferido hace dos años sólo representan el 2 por ciento de los encuestados. Es significativo que el 24 por ciento dice que no votaría por ninguno, o no sabe o no responde.

El poco crecimiento del PRD es coherente con la escasa aprobación que recibe cuando se pide evaluar la oposición que realiza al gobierno. El 51 por ciento la considera mala o muy mala, y sólo el 21 por ciento buena o muy buena. Otro 21 por ciento la estima regular. En la pregunta sobre el partido que más se identifica con el entrevistado, el PRD sigue bien atrás del PLD con 30.8 por ciento a 42.5 por ciento.

El escaso avance perredeísta se correspondería con el hecho de que desde los comicios del 2008 está inmerso en una fuerte lucha interna y sus dirigentes parecen dedicar más tiempo a los ataques  mutuos que a la oposición al gobierno, con poca atención a las luchas sociales y a los grandes problemas nacionales, y sin lograr una significativa diferenciación de los actuales gobernantes ni crear ilusiones de cambio.

Leonel no pasa la prueba

Esta es la encuesta en que el presidente Leonel Fernández ha quedado peor parado en los seis años consecutivos de gobierno, lo que pudiera atribuirse al desgaste del segundo período consecutivo y tercero en 14 años, y a la campaña por una nueva postulación, contrariando su propia y flamante Constitución. Sólo el 35 por ciento de  los encuestados aprueba la forma en que Fernández conduce el Gobierno, mientas un 45 por ciento la desaprueba, y el 19 por ciento se queda neutral.

El 77 por ciento cree que el mandatario está dispuesto a otra reforma constitucional para ser candidato, y de los que se identifican como peledeistas, el 78 por cierto la cree posible. Pero  sólo un tercio de los encuestados aprueba que el doctor Fernández sea candidato presidencial por tercera vez consecutiva, mientras 62 por ciento se expresó en contra. Un 80 por ciento percibe que el mandatario está interesado en continuar en el poder más allá del 2012 y apenas el 9 por ciento cree que no.

Es relevante que por primera vez en la serie de encuestas Gallup los consultados prefieren a Danilo Medina como candidato presidencial por encima del presidente Fernández, con puntuación de 36 a 28 por ciento. La crónica de HOY registró “un salto” de Medina de 20 puntos en relación a la encuesta de julio pasado, donde incluso había quedado por debajo de la primera dama Margarita Cedeño de Fernández, que ahora cayó a la mitad en las preferencias, del 25 al 12.4 por ciento.

Sin embargo, entre los encuestados que dijeron identificarse con el PLD, el presidente Fernández registra su  indiscutible liderazgo, siendo preferido por el 56 por ciento, más del doble del 22 por ciento que alcanza Medina. Este, sin embargo, se reafirma como relevo al ser preferido como candidato presidencial por el 49 por ciento en caso de que no lo sea el presidente Fernández. La doctora Cedeño queda en segundo lugar con el 26 por ciento.

 

Un duro desafío para el Gobierno

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/568/460x390/0/C79B9389-624B-4BD8-B02C-DE8CC2600657.jpeg

El informe presentado al presidente Leonel Fernández por una Comisión Internacional encabezada por el destacado intelectual y economista francés Jacques Attalí no pudo resultar más sorprendente al avalar las principales críticas y demandas que se formulan al Gobierno.

Las siete iniciativas, con 77 propuestas específicas, que constituyen el informe, ponen a prueba la voluntad política del presidente Fernández y su Gobierno para levantar las bases de sostenimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo que se viene diseñando desde el 2008.

Tremenda sorpresa.  Para quienes analizan el decurso del país resultó una sorpresa el Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana presentado el martes 23 al presidente Leonel Fernández por el destacado intelectual y economista francés Jacques Attalí, quien la presidió, porque avala gran parte de las críticas y demandas que se vienen formulando a la gestión del Estado.

Las 77 propuestas específicas, agrupadas en 7 amplias iniciativas y sus respectivas consideraciones, no hacen concesiones a las políticas estatales en un  documento encuadernado en 116 páginas que constituyen un fuerte desafío a la capacidad rectificatoria del gobierno del presidente Fernández.

La declaración escrita entregada a los reporteros que cubren el Palacio Nacional no recoge ni remotamente la contundencia del documento. Esta vez no puede haber chivo expiatorio ni podrán descalificar el informe como se intentó con el de “Política Social: Capacidades y Derechos” publicado a mediados de año por la Oficina Nacional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), elaborado a solicitud del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo también como parte de las consultas para la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Esta comisión fue integrada por iniciativa del propio presidente Fernández, quien solicitó a Attalí que la presidiera. La nota informativa entregada a los periodistas resalta la calidad y capacidad del economista, miembro honorario del Consejo de Estado de Francia, asesor especial del presidente Mitterrand entre 1981 y 1991, fundador del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y reputado por la revista Foreign Policy entre los primeros 100 intelectuales del mundo.

Los otros 6 integrantes internacionales de la comisión son economistas y expertos en desarrollo: Arnould Cyrille, Mathilde Lemoine, Jeffrey Owens, Mario Pezzini, Marc Stubbe y Ian Whitman.  Como contrapartida nacional tuvieron al economista Carlos Asilis, al empresario José Luis Corripio, el jurista Eduardo Jorge Prats, el sindicalista Pepe Abreu y la dirigente social Rosa Rita Alvarez. Un equipo técnico entrevistó a un centenar de personalidades dominicanas de diversos ámbitos.

Coincide con el PNUD.  El diagnóstico de la situación económica y social del país, presentado en la primera parte del documento coincide en líneas generales con los informes sobre desarrollo humano ofrecidos desde el 2005  por el PNUD, que resaltan el crecimiento económico dominicano del último medio siglo, pero con escasa redistribución social.

Se diagnostica una economía abierta pero vulnerable, desigualdades, desempleo  y pobreza persistentes, un sector informal preponderante, inseguridad y tráfico de drogas, impunidad, pérdida de confianza en las instituciones, clientelismo, un sector privado frágil con estructura económica poco productiva y una “cultura del no pago”.

En la segunda parte, el informe de la Comisión Attalí contiene 7 líneas de acción encaminadas a “favorecer y acelerar la ejecución de las medidas de la Estrategia Nacional de Desarrollo”, que fue la encomienda del presidente  Fernández.

La primera línea “devolver la confianza en las instituciones” es señalada  como “absolutamente prioritario”. Sostiene que “su implementación inmediata tiene que provocar un sobresalto de confianza en la población dominicana; debe ser acompañada de mensajes fuertes mostrando la voluntad de cambiar de paradigma y adoptar un modelo justo. Duradero y ambicioso”, siendo la base de las otras seis líneas.

Las líneas de acción 2, que identifican cómo suministrar servicios públicos de calidad; la 3, formar las generaciones futuras, y la 4, que es preparar el país para la competitividad internacional, deben iniciarse a partir del 2011 y tener resultados concretos entre el 2012 y 2014. Se busca restaurar un contrato social y liberar las energías colectivas creadoras. La línea 5, a implementarse tras las elecciones del 2012, busca los medios para financiar las reformas y los recursos fiscales para las otras dos.

Llama la atención que no ven posible elevar la presión fiscal, que la estima entre 13 y 15 por ciento del PIB, sin previamente cumplir las propuestas específicas que constituyen las cuatro primeras iniciativas. El incremento impositivo “requiere restablecer una relación de confianza entre la administración fiscal y los contribuyentes. ParA ello el Estado debe erigirse en modelo de virtud cívica y mostrar a sus ciudadanos que los fondos recolectados a través del sistema fiscal son dedicados a gastos considerados por la mayoría como útiles y beneficiosos”.

Se fueron al fondo.  Los comisionados del presidente Fernández se fueron hasta el fondo interpretando los persistentes reclamos de la sociedad dominicana como los de priorizar la inversión en educación y salud, reducir el dispendio y la malversación y profesionalizar la administración pública.

Señala que el estado casi se ha desvinculado de la educación y más de dos tercios de su costo lo cubren los mismos ciudadanos. Plantean la necesidad de destinar un mínimo del 4 por ciento del PIB a la educación primaria y secundaria y otro 1 por ciento a la superior.

La reforma de la Cámara de Cuentas, para hacerla más independiente y eficaz en su misión de control, la transparencia en la contratación pública y en el financiamiento de los partidos, una gestión presupuestal por resultados y eliminar prácticas como “el barrilito de los senadores” forman parte de las propuestas específicas. Igual limitar el número y tamaño de los ministerios, de los viceministros y las delegaciones diplomáticas, así como de comisiones infuncionales y refundir organismos múltiples con objetivos similares. Cuantifican los subsecretarios o viceministros en 320 y postulan que no deben ser más de cinco por ministerio, aunque algunos tienen más de 30. Señalan que la misión dominicana ante la ONU tiene 47 miembros, más que Brasil.

Otra demanda fundamental que recogen es la de imponer la realización de estudios de impacto económico social para las obras de infraestructura y fijar por ley sus prioridades. Las propuestas incluyen “luchar contra las violencias provocadas por las fuerzas del orden”, que se supone sean las ejecuciones policiales. Postulan  también combatir la sensación de impunidad reforzando el sistema judicial y desarrollar un plan de comunicación internacional para cambiar la imagen del país.

Las propuestas de la comisión que encabezó Jacques Attalí deben producir un sacudimiento en los ámbitos políticos del Gobierno y un convencimiento de que hay razones para el crecimiento de la insatisfacción, que no es asunto de simple percepción y que la sociedad quiere un cambio de modelo, no sólo económico, sino también político.

El desafío es particularmente relevante para el propio presidente Leonel Fernández, quien invirtió recursos en la contratación de una comisión internacional de altísimo nivel. Aunque a menos de dos años para finalizar un tercer período de Gobierno le resultará difícil producir cambios fundamentales que se han reclamado firmemente incluyendo a gestiones gubernamentales anteriores.-

 

Se advierte un eclipse de las ilusiones

Por Juan Bolívar Díaz

Importantes sectores de la sociedad dominicana, en especial de las clases medias, atraviesan por lo que se podría diagnosticar como grave desilusión de la política causada por las decepciones que provoca la gestión gubernamental de un partido y un presidente que se proyectaban como negación de las degeneraciones tradicionales.

En las tertulias se advierte un crecimiento de la insatisfacción pero también la convicción de que los demás partidos y líderes no representan una real alternativa sin que se advierta el liderazgo renovador que se esperaba con la desaparición de los tres que dominaron las últimas cuatro décadas del siglo pasado.

Percepción de corrupción.  En la medida en que corre el segundo período gubernamental consecutivo del presidente Leonel Fernández crece la percepción de que la corrupción se ha generalizado, ya a través de la apropiación individual de los bienes públicos, por la malversación, o mediante la distribución del patrimonio nacional en aras del afianzamiento y hasta desbordamiento del clientelismo.

Es difícil que transcurra una semana sin que no salte a la luz pública algún uso escandaloso de los fondos públicos, y aunque el Gobierno lo considera como falsa percepción, las encuestas vienen registrando hasta un 80 por ciento de la población que da por cierta una mayor corrupción.

Llama la atención que ya las denuncias de irregularidades, aprovechamiento del poder o repartición de lo estatal no perdonan ni a figuras que antes eran señaladas como paradigmas de los planteamientos boschistas de nítido y transparente manejo del Estado. Son los casos recientes del ministro de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez y del superintendente de Seguros Euclides Gutiérrez Félix. Con el agravante de que ahora guardan silencio y se niegan a responder cuestionamientos, convencidos de que ninguna sanción ni reprobación les alcanzará.

En ese sentido muchos de los funcionarios cuestionados en los últimos tiempos siguen el patrón de comportamiento impuesto por el propio presidente Fernández, quien evade sistemáticamente responder preguntas de los periodistas o referirse a los reclamos de la sociedad, como ha ocurrido, por ejemplo, con el que reivindica el mandato legal, ahora con rango constitucional, en virtud del inciso 10 del artículo 63 de la nueva carta magna, que dispone privilegiar la inversión en educación.

El creciente involucramiento de los órganos de seguridad del Estado en escándalos del narcotráfico, el sicariato y otras graves expresiones de la criminalidad han contribuido a la percepción generalizada de corrupción y degeneración.

Vuelve y vuelve.  En los círculos más críticos de las clases medias, incluyendo a profesionales y empresarios, la decepción abarca al propio presidente Fernández, por haber escogido el viejo camino del caudillismo continuista en aras del cual ha adoptado como prioridad la política trujillo-balaguerista de la siembra de varilla y cemento.

A pesar de que el Presupuesto Nacional ha pasado de 120 mil millones de pesos a casi 400 mil millones en los seis años de consecutiva gestión leonelista, con crecimiento económico promedio del 7 por ciento, la inversión en educación se mantiene a la mitad del mandato de la ley.

La decepción es mayor por cuanto el presidente sostiene un discurso modernista que proclama la era del conocimiento y la educación como fundamento del desarrollo, cuando él mismo podría ser un ejemplo de las potencialidades que desata la alta formación de los recursos humanos.

Tras diez años de gobierno de Fernández, con un período de interregno, tampoco obtiene mejores notas en la solución de problemas como la energía eléctrica, el combate a la corrupción y el narcotráfico, la seguridad ciudadana, la inmigración haitiana incontrolada y los niveles de pobreza que se mantienen sobre el 48 por ciento, como acaba de certificar el último informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Para la generalidad de los analistas políticos nacionales Leonel Fernández llegó al poder con todas las credenciales personales para superar el legado histórico caudillista clientelista  e imponer un estilo de gobierno más acorde con la modernidad, pero sobre todo en los últimos seis años se ha dedicado en cuerpo y alma a cultivar los  valores balagueristas como modelo de perpetuación política, cifrado especialmente en un asistencialismo que beneficia a casi millón y medio de personas. Para estabilizar, no para reducir la pobreza.

Sin alternativa a la vista.  Sin haber podido traducir al bienestar colectivo la estabilidad y el crecimiento económico que son sus mayores logros, el gobierno parece sufrir el desgaste del tiempo, sobreviviendo en base a un desproporcionado endeudamiento mientras los sectores productivos siguen perdiendo terreno en la  competitividad, lo que incuba inconformidad.

Pero las insatisfacciones no parecen traducirse en el fortalecimiento de una opción alternativa porque muchos de los críticos no la encuentran en los otros dos partidos que han dominado el escenario del casi medio siglo que ya dista de la liquidación de la tiranía trujillista, el Partido Reformista Social Cristiano fraccionado en seis o siete grupos que pugnan por los favores del Gobierno, y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) atrapado en su irrefrenable  lucha grupal que consume gran parte de sus energías y lo distancia de los sectores más críticos de las clases medias y alta.

La esperada emergencia de una nueva y real alternativa política sigue sin hacerse visible, a pesar de que en los últimos años emergieron grupos políticos en torno a personalidades como Hatuey de Camps, Eduardo Estrella y Guillermo Moreno, tras negar prácticas políticas de los partidos tradicionales.

Contrario a lo que ha ocurrido en América del Sur, donde han emergido o se afianzaron opciones de izquierda para acceder al gobierno, en la última década, aquí la evolución parece ser a posiciones más conservadoras, dejando atrás grupos contestatarios que casi desaparecen en alianzas primero con el PRD y ahora con el PLD.

El PRD sigue apareciendo como la más probable alternativa para los comicios presidenciales dentro de 18 meses, pero hay quienes creen que la enconada y aparentemente apretada lucha por la candidatura presidencial lo conducirlo sino a una división, por lo menos a enfrentamientos desgarradores generadores de rechazos y desconfianza.

Los perredeístas no han podido siquiera insistir en la aprobación del proyecto de ley de partidos políticos, pactado con el presidente Fernández para aprobarle su proyecto de Constitución, que reduciría el abuso de los recursos estatales en la próxima elección presidencial, los que ya viciaron los dos últimos comicios nacionales.

Más bien los grupos se disputan el favor gubernamental para alcanzar migajas en la repartición de los cargos que para nada cambiarán el dominio peledeísta en organismos como la Junta Central Electoral o la Cámara de Cuentas.

Siembra de frustraciones

Los problemas nacionales insolubles, el pragmatismo político de los partidos dominantes, con rangos de retroceso en el proceso democrático, las luchas políticas sin diferencias programáticas, las sistemáticas burlas de los consensos, la corrupción de la política y los políticos, y las debilidades institucionales conforman una carga que empuja a la indiferencia y la frustración de la ciudadanía.

La queja es profunda pero cargada de amargura en muchos ámbitos sociales, incluyendo las tertulias de grupos organizados de profesionales y empresarios, que no traducen su inconformidad a acciones concretas, porque no logran incubar ilusiones de alternativas. Los opositores se diferencian poco de los gobernantes.

En la sociedad dominicana parecen agotadas las energías renovadoras que impulsaron cambios institucionales y mejoramiento del proceso democrático en la década de los noventa. Algunos analistas lo explican en que durante gran parte del último medio siglo siempre hubo opciones alternativas que despertaban ilusiones en los segmentos sociales más críticos, ya fuera Juan Bosch o José Francisco Peña Gómez.

En la medida en que esos líderes se fueron agotando o desaparecían se creía que emergería un nuevo liderazgo renovador. Pero en vez de ello el pragmatismo y la corrupción parecen barrer con los valores de la política hasta provocar que ahora muchos añoren el viejo liderazgo pro positivo y motivador.

Y no faltan quienes consideran que el nuevo liderazgo político nacional es responsable de cierta reivindicación del caudillo Joaquín Balaguer, a quien declararon “Padre de la democracia”, y lo han convertido en una especie de carmelita descalzo por los niveles del boato, la malversación y la corrupción que se exhibe impunemente.

 

Un país en retroceso

Por Juan Bolívar Díaz

Importantes reformas democráticas han sido aniquiladas. Primero  se  puso fin a la separación de las elecciones, lo que augura el fortalecimiento del clientelismo y el arrastre. Luego sobrevino la repentina e inconsulta resolución de la JCE que elimina el  voto preferencial y reduce el poder de los votantes.

La repentina e inconsulta resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que elimina el voto preferencial en la elección de los diputados se inscribe en un proceso de revocación de las reformas democráticas que se dio la sociedad dominicana en las últimas dos décadas.

La decisión contradice el artículo 79 de la Ley Electoral, que en 1997 instituyó las circunscripciones electorales fruto de consensos entre el sistema partidista y organizaciones sociales con el objetivo de fortalecer el sistema de representación al otorgar al ciudadano la facultad de escoger a sus representantes.

Golpe sorpresivo.  A diferencia de cuando fue instituido el voto preferencial con una resolución del 2001, esta vez la JCE no realizó ninguna consulta ni vista pública previa. Fue la primera decisión adoptada por los cinco recién designados  integrantes  del organismo rector del sistema electoral que por efecto de la nueva Constitución de la República ya no tiene funciones contenciosas.

 Es obvio que los funcionarios electorales contaban con el beneplácito de las cúpulas dirigenciales de los partidos, pero parecieron asumir que la revocación no contaría con las simpatías de las instituciones sociales que defienden los derechos de la ciudadanía, en este caso a elegir sus representantes en el Congreso Nacional. No dieron oportunidad ni tiempo a que se formularan objeciones.

Hace varios años que diversos dirigentes políticos venían  reclamando la eliminación del voto preferencial aduciendo que el mismo lesionaba la unidad de los partidos porque sus candidatos competían entre sí por obtener el voto ciudadano. Adoptada la decisión, los  dos partidos mayoritarios expresaron su satisfacción a través de sus delegados políticos ante la JCE.

Los integrantes de la JCE anunciaron su resolución poco después de adoptarla en una reunión efectuada el viernes 29 de octubre, aduciendo que “el voto preferencial “afecta la democracia interna y pone en riesgo el sistema de partidos políticos”, sin la menor consideración por el derecho ciudadano a elegir. Dijeron que si algún sector político o legisladores estaban interesados en mantener el sistema podían introducir un proyecto de ley. A la ciudadanía no le reservaron ningún recurso para reivindicar  un derecho que estuvo vigente en las tres últimas elecciones legislativas.

Logro democrático.  El voto preferencial por los diputados quedó establecido en el 2001, aunque fue una consecuencia de la reforma a la Ley Electoral de 1997, que instituyó las circunscripciones buscando “acercar los electores a sus representantes”. Pero como la JCE adujo que no había tiempo para implementarlo en los comicios de 1998, se dispuso que entraría en vigor a partir de 2002.

 Fue parte de una oleada democrática que se inició en 1993 con la concertación de la Fundación Siglo 21, auspiciada por el Proyecto Iniciativas Democráticas con participación de todos los partidos reconocidos y consultas a la sociedad civil, y que un año después culminó en un consenso para reformas políticas e  institucionales.

Como consecuencia de la crisis política en que devinieron las elecciones de 1994 se produjo una reforma constitucional que prohibió la reelección presidencial, separó las elecciones  congresionales y municipales de las presidenciales e instituyó la  mayoría absoluta en la elección presidencial, la doble nacionalidad, el voto de los residentes en el exterior y el Consejo Nacional de la Magistratura.

En los escenarios de la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado, luego rebautizada como Consejo Nacional para la Reforma del Estado, incluyendo el diálogo nacional celebrado en 1997-98, se insistió en ampliar el derecho ciudadano a elegir a sus representantes al Congreso Nacional.

La reforma de 1997 estableció en el artículo 79 de la Ley Electoral que “Las elecciones nacionales para elegir diputados y regidores se harán mediante circunscripciones electorales con el objeto de garantizar que los ciudadanos que  resulten electos en las elecciones generales del 2002 y subsiguientes, sean una verdadera representación del sector de los habitantes que los eligen”.

Aunque en principio se dijo que también habría voto preferencial para la elección de los regidores, la JCE nunca lo implementó. Los partidos que lo aceptaron con renuencia en el caso de los diputados primero sostuvieron que “el pueblo no sabría utilizar la preferencia. Después comenzaron a descubrir que la competencia interna por las postulaciones creaba tensiones.

El poder a las cúpulas
Al protestar la eliminación del voto preferencial esta semana, el movimiento cívico Participación Ciudadana, que fue de sus promotores, adujo que esa decisión “violenta el espíritu del artículo 79 de la Ley Electoral” y reduce la participación democrática de la ciudadanía. Durante años esa organización  y otros sectores de la sociedad civil han reclamado que el derecho al voto se amplíe para permitir que los electores no solo tuvieran opción a elegir su diputado preferido, sino también para eliminar el arrastre del senador, separándolo de los diputados.

La eliminación del voto preferencial por los diputados devuelve a las cúpulas dirigenciales de los partidos el poder de determinar quiénes pueden salir diputados en sus respectivas boletas, por el orden en que son inscritos, lo que es una fuente de privilegios y fomento del clientelismo que hasta el 2002 generaba conflictos.

De esa forma los que encabezan las listas en las circunscripciones pueden darse por electos desde que son inscritos en la JCE mientras los relegados a los últimos puestos “quedan de adorno”.

La reapertura de esa fuente de poder de las cúpulas dirigenciales atenta contra el derecho de la ciudadanía a elegir, y de los candidatos a recibir un trato igualitario, pues su suerte queda en manos de quienes establecen el orden de las propuestas de candidaturas.

No hay dudas de que la competencia se desbordó entre candidatos a diputados de los mismos partidos y que los que disponen de mayores recursos tendían a imponerse. Pero eso se controla en las democracias avanzadas limitando la inversión de cada candidato y la extensión de las campañas. Hay países donde sólo se les permite la promoción directa entre sus  electores, vetando la propaganda a través de los medios de comunicación masiva, como prensa, radio y televisión, para impedir la imposición del dinero, bien o mal habido.

Una cadena de retrocesos

La eliminación del voto preferencial por los diputados se inscribe en un proceso de revocación de los avances democráticos que se habían registrado en el país en las  últimas dos décadas, que ha incluido la reunificación en un mismo año de las elecciones presidenciales, congresionales y municipales dispuesta en la nueva Constitución a partir del 2016.

Ambas regresiones están llamadas a reflejarse en fortalecimiento del clientelismo y del arrastre por parte de los candidatos presidenciales y, por consiguiente, en reducción de la pluralidad del Congreso,  en subordinación de los legisladores ante el Poder Ejecutivo y en incremento del presidencialismo.

En el proceso de reducción de la democracia se inscribe el hecho de que la mayoría de los candidatos al Congreso y los municipios en las elecciones de mayo pasado fueron señalados por las cúpulas partidarias, en detrimento del derecho de los militantes a elegir y ser elegidos, ya fuere por convenciones locales, o mediante la votación primaria que había ganado terreno en los últimos torneos electorales.

Si a ello se une la reciente decisión del Comité Central del partido de Gobierno de auto prorrogarse, ¡y por 5 años!, el mandato que recibieron de sus militantes, parece haber razones para sostener que está en marcha una regresión democrática.

Por lo pronto la última resolución de la JCE reduce la competitividad democrática y el derecho a disentir de las cúpulas partidarias que inscriben las candidaturas. Tras el registro de las candidaturas para los comicios de mayo pasado hubo decenas de denuncias de alteraciones de derechos obtenidos en los casos en que hubo convenciones o votación de las bases. Y la Cámara Contenciosa de la JCE tuvo que disponer numerosas enmiendas para hacer respetar la democracia interna de los partidos, lo que terminó de colmar la paciencia de las cúpulas dirigenciales y selló la suerte que acaba de correr el voto preferencial. Muerto el perro se acabó la rabia.

El cemento ha sido la prioridad nacional

Por Juan Bolívar Díaz

Pese al discurso de modernidad que caracteriza al presidente Leonel Fernández, el proyecto de Presupuesto para el 2011 vuelve a quedar rozando el 2 por ciento del producto interno bruto (PIB) para educación, 1.63 por ciento en las últimas cuatro décadas, que es menos de la tercera parte del 5.5 por ciento que invertirá este año la región latinoamericana.

Muchos no logran entender por qué los dominicanos no pueden alcanzar la meta del 4 por ciento del PIB para la educación que incluso se estableció por ley hace trece años, pero la explicación está en la predilección de los gobernantes por las construcciones buscando perpetuarse en cemento y piedra y en las comisiones que dejan.

Rezago presupuestario.  Con un presupuesto de gastos públicos de 390 mil 475 millones de pesos para el 2011, la nación apenas dispondrá de 41 mil 568 millones para el sector educativo, una vez más rezagado en relación a la Ley General de Educación. Esa partida es apenas el 10.6 por ciento del total y equivale a poquito menos del 2 por ciento del producto interno bruto estimado.

La Acción para la Educación (EDUCA) estimó la partida en 1.98 por ciento del PIB, en tanto que la ex presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores María Teresa Cabrera la dejaba en 1.95, absolutamente insuficiente para la demanda de recursos que deben destinarse a la educación para alcanzar las metas de competitividad nacional y comenzar a superar la pobreza que afecta a más de un tercio de la población.

El propio ministro de Educación, Melanio Paredes, ha dicho por segundo año seguido que lo destinado al sector impide cumplir las metas que se había trazado esa cartera. El año pasado dijo que “los programas de expansión y mejoramiento de la calidad de la enseñanza” no podrían ejecutarse por insuficiencia presupuestal y llegó a reclamar públicamente entre 4 y 6 mil millones de pesos adicionales que no le fueron asignados. Ahora dice que a pesar de un incremento de 4 mil 500 millones de pesos tendrá que “desacelerar la ejecución de los programas iniciados este año e incluso desistir del reajuste salarial a los docentes”.

Educa pegó el grito sosteniendo que el 1.98 por ciento del PIB para educación es violatorio de la Ley General de Educación 66-97, que establece un mínimo del 4 por ciento. Pero también del Plan Decenal 2008-18 elaborado por este Gobierno, así como de los acuerdos de la Cumbre por la Unidad Nacional celebrada a principios del 2009. Esta elaboró un calendario de incremento que llevaría la asignación del 2011 al 3.42 por ciento del PIB, lo que hubiese implicado 71 mil 797 millones de pesos, es decir 30 mil 229 millones más que lo consignado.

Pírrico promedio de 1.63% .  En un artículo publicado en HOY (página 14-B del 1 de octubre pasado), el ministro Paredes incluyó un gráfico indicativo de que entre 1970 y 2008 el promedio de la inversión nacional en educación fue apenas de 1.63 por ciento del PIB, el cual  ha variado muy poco ya que en los últimos dos años supera en muy poco el 2 por ciento.

El pico más bajo se registró en 1991 cuando la inversión quedó en 0.56 por ciento del producto bruto, siendo presidente de la nación el afamado intelectual Joaquín Balaguer, y el más alto, de 2.70 en el 2002 cuando lo era el agrónomo Hipólito Mejía. El “presidente agricultor” Antonio Guzmán había elevado el promedio al 2.43% en 1979. Entre 1987 y 92  se mantuvo por debajo de 1.50, originando un deterioro tan grande de la educación que generó una reacción nacional. Se consensuó el Plan Decenal de Educación 1992-02 y todo un movimiento que llevó al consenso de una inversión  mínima del 4% del PIB o del 16% del monto del Presupuesto, consignada en la Ley General de Educación.

La República Dominicana se sitúa en los últimos escalones en inversión en educación en el continente y en el mundo. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) estimó  el promedio de la región para este año en 5.1% del PIB, aunque uno de sus funcionarios dijo el mes pasado en Buenos Aires que podría llegar al 5.5. En cualquier caso la inversión nacional no alcanza el 40 por ciento del promedio regional.

En su primer período de gobierno, 1996-2000, el presidente Leonel Fernández logró elevar la inversión del 1.93 al 2.63 por ciento del PIB. Con la crisis financiera del 2003 descendió a 1.30, y en el período 2004-10 no ha pasado del 2.33 logrado el año pasado. El mandatario atribuyó reiteradamente al peso de la deuda externa la imposibilidad de destinar mayores recursos a la educación.

Si el argumento es válido las perspectivas son peores ya  que el endeudamiento estatal casi se ha duplicado en los últimos seis años, elevando la proporción de los ingresos que conlleva el pago de la deuda, 41 por ciento para el 2011.

Palacios y monumentos.  Lo que explica la contradicción entre crecimiento económico y educación es la vocación de constructores de los gobernantes, especialmente de los que más tiempo han gobernado el país en el último siglo, Rafael Leónidas Trujillo, Joaquín Balaguer y Leonel Fernández.

La cultura de lo monumental ha sido introvertida por la población y por eso se habla de palacios nacionales, de justicia, municipales y policiales aún en jurisdicciones de extrema pobreza. De lo que no hay dudas es que el país se ha “modernizado” en materia de urbanismo, desde las edificaciones públicas, las carreteras, aeropuertos, elevados y hasta un Metro, especialmente durante los gobiernos que menos han invertido en educación.

El gasto superfluo, de lo que se ve, sin prioridad, ha superado no sólo el de educación y salud, sino también el de energía eléctrica, acueductos y alcantarillados pluviales y sanitarios, constituyendo una cultura nacional. De ahí que muchas personas se compren un automóvil de lujo antes que una vivienda y que el país tenga un parque vehicular más caro que el de naciones ricas como Argentina, Chile o Uruguay.

La explicación hay que buscarla en la cultura política del continuismo en el poder. La inversión en obras materiales se puede exhibir en cuatro años y en educación requiere períodos más prolongados para demostrar sus frutos. Pero también las obras implican grandes tráficos en comisiones y sobreprecios que financian la costosa política nacional y explican la prosperidad de los agentes políticos.

 De nada han valido las leyes ni los consensos, los discursos y las promesas, por lo que dirigentes sociales se preguntan qué podrán hacer para convencer a los gobernantes de que la prioridad por la educación se demuestra primero que nada en los presupuestos, como planteó el ex presidente de España Felipe González, en el Congreso Iberoamericano de Educación recién celebrado en Buenos Aires.

Grave contradicción

El desprecio de los gobernantes dominicanos por la educación, especialmente de los más ilustrados, queda de manifiesto en el hecho de que mientras el país es el que menos recursos dedica a la formación de los recursos humanos, es al mismo tiempo el de mayor crecimiento económico en la región latinoamericana durante los últimos 50 años, como lo han resaltado los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Según la CEPAL, en las últimas cinco décadas la República Dominicana registró un crecimiento económico promedio de 5.4 por ciento, 59 por ciento superior al 3.4 por ciento de América Latina en el mismo período. Aún en la llamada “década perdida” de los años ochenta, que impactó en el país con los duros ajustes económicos impuestos por el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico dominicano más que duplicó el promedio de la región, con tasa de 2.64% contra 1.02%.

A todos los analistas llama poderosamente la atención que la inversión en educación entre 1970 y 2008 promedie 1.63 por ciento, apenas el 30 por ciento del crecimiento de la economía, lo que demuestra que el liderazgo del Estado ha despreciado todos los planteamientos de que la educación es la base del desarrollo, y lo que es peor, ha ignorado la experiencia de las naciones que han dado el salto al progreso, en todos los casos privilegiándola  con tasas de inversión del 5 al 10 por ciento de su producto bruto.

El resultado no ha podido ser más catastrófico, pues los dominicanos tienen todavía un promedio educativo del sexto año de primaria y el país aparece en los últimos escalones de las evaluaciones internacionales sobre calidad de la educación. En el reporte sobre Competitividad del Foro Económico Mundial 2010-11, publicado el mes pasado, el país ocupa la posición 137, de 139 países evaluados, en calidad de la educación primaria. Ninguna de las universidades dominicanas aparece entre las 200 mejores del continente en las evaluaciones internacionales.

 

Un nuevo desafío anti-corrupción

Por Juan Bolívar Díaz

Al pasar balance esta semana en San Salvador al cumplimiento de  la Declaración de Guatemala para una Región Libre de Corrupción adoptada hace cuatro años quedó evidente que el gobierno dominicano no ha cumplido los compromisos que contrajo junto a los países de América Central y Panamá.

La voluntad de lucha contra la corrupción tendrá un nuevo desafío este mes cuando se adopten unas treinta iniciativas específicas para combatir ese flagelo pactadas con representantes de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil dominicana en diez mesas de trabajo tras varios meses de trabajo.

Las iniciativas APAC.  La voluntad del gobierno para combatir la creciente  corrupción administrativa tendrá un nuevo desafío a partir del 20 de octubre cuando se oficialicen las propuestas consensuadas con representantes de los organismos internacionales y de la sociedad civil, en lo que se ha denominado como Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC).

El proyecto comenzó en julio del 2009 cuando el presidente Leonel Fernández invitó a representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Banco Mundial a participar en una reunión en el Palacio Nacional donde se abordaría el problema de la corrupción. Hubo otras dos reuniones en septiembre y diciembre.

En el último encuentro el presidente Fernández pidió a los organismos internacionales que ayudaran al gobierno a establecer un programa para combatir la  corrupción, lo que fue aceptado, aún cuando algunos lo veían como un recurso del gobierno para ganar tiempo, puesto que ya el país tiene numerosas normativas legales que de ser respetadas aumentarían la transparencia y reducirían el margen para malversar recursos.

Las organizaciones sociales fueron invitadas a participar de la concertación, lo que algunas recibieron con poco entusiasmo, por la convicción de que “no  faltan normativas,  sino voluntad política”. Participaron el Consejo Nacional de la Empresa Pública, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica y, con limitado entusiasmo, Participación Ciudadana.

El PNUD no participó del proyecto, pero sí lo hicieron una docena de instituciones internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, la Organización de Estados Americanos, Unicef, Organización Panamericana de la Salud, la Cooperación Española  y representantes diplomáticos de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y España.

Por el gobierno dominicano participan los ministerios de la Presidencia y de Economía, la Procuraduría y la Contraloría General, el Departamento de Prevención de la Corrupción, la Cámara de Cuentas, y la Comisión Nacional de Etica. Los ministros César Pina Toribio y Temístocles Montás, y el doctor Vincho Castillo han sido parte del comité organizador.

Las recomendaciones.  Durante varios meses los delegados ponderaron propuestas específicas en diez mesas de trabajo referentes a sistemas transversales, compras y contrataciones, servicio civil, gestión financiera, normativas de transparencia y acceso ciudadano a la información. Aprobaron 33 acciones específicas que pueden resumirse en 26, las que serán proclamadas en una sesión conjunta convocada para el próximo 20 de octubre en curso. Se pueden hallar en la página web de la representación nacional del Banco Mundial.

Aunque la gran mayoría de las propuestas giran en torno al cumplimiento de leyes, reglamentos y decretos vigentes, hay algunas que son innovadoras, como la que dispone la implementación de una “Cuenta Única del Tesoro”, a través de la cual tendrían que hacerse todos los pagos de las instituciones del Estado. Se estimó que hasta ahora hay unas 6 mil cuentas y que muchas entidades estatales tienen varias, lo que permite diluir los controles.

Otra recomendación es la “publicación inmediata” de toda la información sobre la ejecución presupuestaria del gobierno a través de la página en Internet de la Dirección General de Presupuesto. Se propone la creación de un “Sistema de Monitoreo” que permita apoyar la gestión y seguimiento de los contratos de obras del Estado, y  la creación de un “Órgano Rector” de la Ley sobre Libre Acceso a la Información Pública.

Numerosas resoluciones se refieren al cumplimiento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones”, a la Ley 41-08 de la Función Pública, a la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública y su Reglamento 130-05 y al Decreto 211-10 sobre el Sistema de Control de Evaluaciones.

Una resolución dispone “unificar la compra de medicamentos de las instituciones estatales” a través de PROMESE-CAL, ponderando los beneficios que ha acumulado esta entidad, aunque no cita el Decreto 991-00 del presidente Hipólito Mejía que lo dispuso hace diez años, y que ni su gobierno ni el actual han cumplido.

Esta semana Roby Senderowitsch, representante en el país del  Banco Mundial, habló dos veces sobre el tema, ayer en HOY, y el miércoles en Uno más Uno de Teleantillas, donde sostuvo que todo dependerá de la voluntad del gobierno y que incluso los organismos internacionales disponen de los recursos económicos que pueda demandar la implementación de las IPAC.

Inacción gubernamental.  La malversación de los recursos públicos es el gran baldón del gobierno del presidente Fernández, tanto en las evaluaciones nacionales como internacionales. Las denuncias se suceden semana tras semana y las últimas encuestas Gallup-HOY han mostrado una abrumadora percepción de que la corrupción crece a niveles alarmantes. En la última, publicada a principios de julio pasado, el 86 por ciento de los encuestados señaló que hay corrupción en el gobierno, un 60 por ciento la estimó mayor que antes  y un 26 por ciento igual, mientras sólo un 13 por ciento consideraba que ha disminuido.

En las evaluaciones internacionales la República Dominicana queda en los últimos escalones en materia de transparencia y corrupción. En el Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial 2010-11, ocupa la peor posición, entre 139 países evaluados, en favoritismo en las decisiones gubernamentales; la penúltima en despilfarro del gasto público; y la 136 en desvío de fondos. Lo peor es la sensación de impunidad y la convicción de que los políticos utilizan la corrupción como una herramienta de enriquecimiento personal, para ganar adeptos y  mantenerse en el poder.

Las denuncias de corrupción se refieren a violaciones de las normativas vigentes,  sobrevaluación de obras y de todo género de adquisiciones, a menudo a favor de familiares y relacionados, pago de nominillas a militantes políticos y familiares, conflictos de intereses entre funcionarios públicos y empresas o servicios propios y de relacionados, y recepción de comisiones por trámites diversos.

El mayor escándalo de corrupción registrado en el país es la venta internacional de pagarés por 130 millones de dólares, a través de la empresa Sun Land, a partir del 2005, sin la correspondiente aprobación del Congreso, para financiar obras que nunca se ejecutaron, sin que se haya aclarado el destino de esa suma ni cómo se cubrió la deuda contraída.

Declaración de Guatemala

El martes y miércoles pasado sesionó en San Salvador el “Primer Foro de América Central y República Dominicana Sobre Transparencia”, convocado con auspicio de Transparencia Internacional, para dar seguimiento a la “Declaración de Guatemala por una Región Libre de corrupción”, firmada el 16 de noviembre del 2006 por los presidentes y jefes de gobierno de los cinco países centroamericanos y Panamá. Aunque fue invitado, el presidente Fernández no asistió, pero su gobierno se comprometió con la firma del embajador adscrito a la cancillería Luis Manuel Piantini.

Todos los compromisarios de la Declaración de Guatemala llevaron informes sobre las ejecuciones del cuatrienio transcurrido, pero no así los  representantes dominicanos. Allí estuvieron Hotoniel Bonilla del DPCA, Pablo del Rosario, vicepresidente de la Cámara de Cuentas, y Miguel Suazo, de la Comisión Nacional de  Ética. También asistieron la periodista Alicia Ortega, especialmente invitada, la Alianza Dominicana contra la Corrupción y el movimiento cívico Participación Ciudadana, enlace en el país de Transparencia Internacional, cuyos delegados, Miriam Díaz Santana y José Ceballos, sí presentaron un informe relevando el incumplimiento de los objetivos de la Declaración por parte del gobierno dominicano.

El informe de PC sostuvo que el gobierno dominicano ha ignorado por completo los  compromisos contraídos en Guatemala que no han pasado de “un acto protocolar”. Un  documento de más de 40 páginas analiza los niveles de cumplimiento de las normativas anticorrupción del Estado Dominicano, citando diversas evaluaciones, para concluir en que en su mayor parte no se cumplen o solo se observan a medias.

 

Metas Educativas del Bicentenario

Por Juan Bolívar Díaz

Los Ministros de educación de Iberoamérica, tres mil educadores y medio centenar de periodistas concurrieron en tres eventos celebrados simultáneamente en Buenos Aires, donde quedaron ratificadas las Metas Educativas 2021 propuestas en ocasión de las celebraciones del bicentenario de la independencia latinoamericana.

Una vez más, estadistas, personalidades y educadores proclamaron que la estrategia fundamental para promover el desarrollo, salir de la pobreza y superar las exclusiones y las inequidades sociales es universalizar la educación en todos los niveles y que no basta declararlo prioritario, sino que hay que demostrarlo en los presupuestos.

Tres eventos simultáneos.  La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) convocó en la capital argentina tres eventos simultáneos, la Vigésima Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación, un Congreso de Educación y un Foro de Periodismo Educativo, con el objetivo de promover, ratificar y programar las “Metas 2021, la educación que queremos para la generación de los bicentenarios”.

Los ministros de los países americanos de habla hispana y portugués y de España y Portugal sesionaron el lunes 13 de septiembre ratificando las Metas Educativas a alcanzarse para el año 2021 que habían aprobado en Lisboa en abril del 2009 e identificaron una decena de programas de acciones específicas.

Los ministros decidieron elevar a la Vigésima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a celebrarse en Mar del Plata, Argentina en diciembre próximo, la aprobación de las Metas, así como sus resoluciones sobre los Programas de Acción Compartidos, el Fondo Solidario de Cooperación Educativa, el Instituto de Evaluación y Seguimiento de las Metas y el Consejo Asesor de las mismas. La República Dominicana estuvo representada por la Ministra de Educación Superior, doctor Ligia Amada Melo, y por una de los viceministros de Educación.

El Congreso fue el evento masivo que reunió a unos tres mil educadores, expertos y funcionarios del sector, así como representantes de cientos de organizaciones sociales y empresariales comprometidas con la educación y el desarrollo humano. Del 13 al 15 de septiembre conocieron decenas de ponencias y protagonizaron consensos para reforzar los programas que sustentarán las Metas Educativas para la próxima década. Una docena de dominicanos participó.

Durante los mismos días sesionó el Foro de Periodismo Educativo, con la participación de poco más de medio centenar de periodistas iberoamericanos, con el auspicio no sólo de la OEI sino también de la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y el diario El País, así como de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco. Conocieron de una docena de expertos la situación de la educación en Iberoamérica y de los programas que integrarán las Metas Educativas para el 2021. El autor de esta crónica fue invitado a participar por la República Dominicana.

Los fundamentos.  La declaración de Buenos Aires de los ministros de Educación iberoamericanos plantea que la educación es el instrumento decisivo para el desarrollo, la lucha contra la pobreza, la defensa de derechos fundamentales y la cohesión social, más aún cuando integra políticas inclusivas.

Proclama que el compromiso a favor de la educación y la inclusión, así como las políticas públicas en esta materia requiere el apoyo del conjunto de nuestras sociedades para hacer posible su universalización en condiciones de calidad y equidad. Y agrega que el programa de Metas para el 2021 contribuirá estratégicamente a hacer frente a los retos pendientes del siglo 20, especialmente en el campo de la alfabetización y educación básica de jóvenes y adultos, del acceso a la educación y la calidad de la enseñanza, y a los desafíos del siglo 21, especialmente en lo referente a la innovación, al desarrollo científico y tecnológico y a la incorporación a la sociedad de la información y del conocimiento.

La primera resolución reafirma que “la educación es un bien público y un derecho social que debe ser protegido y garantizado por todos los Estados iberoamericanos”, que el acceso equitativo y oportuno a una educación de calidad es esencial para toda la sociedad. Por ello resolvieron “Afrontar el desafío de la inclusión social avanzando en la implementación de estrategias educativas que contemplen la participación de los distintos sectores de la sociedad, la flexibilidad de los sistemas educativos, el  incremento de la inversión en educación, así como el desarrollo de herramientas que preparen a nuestros jóvenes para afrontar su incorporación al mundo del trabajo, de la ciudadanía, y de la convivencia humana, respetando la diversidad cultural, étnica y de género”.

En los presupuestos.  En sus intervenciones en el Congreso, tanto la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, como su ministro de Educación, Alberto Sileoni, el ex presidente de España Felipe González y el secretario general de la OEI, Alvaro Marcheti, y el encargado de la Secretaría General Iberoamericana, Enrique Iglesias,  formularon ardientes pronunciamientos a favor de una mayor inversión en educación como mecanismo fundamental para superar la pobreza y la exclusión que sufre la mitad de la población latinoamericana.

La presidenta Kirchner señaló que la meta de su Gobierno para el 2010 de invertir el 6 por ciento del producto bruto interno en educación había sido sobrepasada, alcanzando un 6.47 por ciento. Planteó que la inversión en educación debe dejar de ser un recurso de campañas electorales y discursos internacionales para convertirse en realidad cotidiana. El ministro Sileoni afirmó que la educación dejó de ser un tema sólo de los educadores para convertirse en preocupación general, pero advirtió que no basta proclamarla como prioritaria, porque “la prioridad que no se concreta en inversión no es prioridad”.

En una conferencia magistral en la clausura del Congreso, Felipe González proclamó que la educación es el mejor mecanismo de inclusión social, de regeneración del ingreso y de construcción de ciudadanía, señalando que “el éxito o el fracaso de América Latina dependerá de la cantidad y calidad del capital humano que podamos generar”. Al referirse a las promesas de prioridad a la educación que formulan los políticos latinoamericanos sostuvo que “la verdad de la verdad se expresa en los presupuestos”.

En la inauguración, Alvaro Marcheti, proclamó “la fuerza arrolladora de la educación”, considerando “el proyecto histórico de transformar la educación como el gran desafío ético y moral de nuestras sociedades. En tanto Enrique Iglesias planteó una educación para el progreso y el desarrollo, para mejores empleos y hasta para mejorar la democracia. También para una sociedad más justa, más tolerante y más creativa.

Promedio del 5.5% del PIB

Martín Hopenhayn, director de la división de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), situó en 5.5 por ciento el promedio de la inversión en educación para este año en los países latinoamericanos, lo que implica que la República Dominicana, ligeramente por encima del 2 por ciento, se queda en la mitad del promedio regional.

No faltaron quienes cantaran loas a las enormes posibilidades que abren las nuevas tecnologías informáticas, aunque otros les recordaron que todavía no llegan a la generalidad de las aulas públicas por la enorme disparidad entre la educación estatal, deficiente y reproductora de pobreza y exclusión y la que se imparte en los colegios privados de los sectores sociales de clase media alta y alta.

Cuando se habló de educación para la competitividad no se estaba pensando tan sólo en los escenarios internacionales, sino también en los propios entornos nacionales.

Se definió la educación pública como reproductora de pobreza. “Los pobres siguen  siendo pobres porque reciben mala educación”.

En el foro de periodismo educativo se reclamó a los periodistas y medios de comunicación una reeducación para que promuevan más crítica y firmemente el acceso igualitario de todos los ciudadanos y ciudadanas a una enseñanza de calidad que libere todas las potencialidades humanas.

 

Justificada preocupación sobre la libre expresión

Por Juan Bolívar Díaz

La rapidez con que 180 comunicadores sociales se manifestaron contra el cierre del semanario Clave y de Clave Digital revela las crecientes preocupaciones por las presiones que cada vez con más frecuencia se vienen manifestando contra el ejercicio del periodismo investigativo y crítico, tendiendo a reducir su espacio libertario.

A nadie debe quedar dudas de que la desaparición de esos dos importantes medios no fue determinada por dificultades económicas, por las que pasan muchos otros, sino que son fruto de años de presiones para reducir las denuncias de la corrupción y la falta de transparencia, del narcotráfico y el recurrente autoritarismo.

Periodismo comprometido.  El hecho objetivo de que el cierre de los dos medios coincidiera con denuncias de presiones y amenazas hasta contra la integridad física de su director Fausto Rosario, revela que la decisión fue fruto de algo más que las dificultades económicas por las que atravesaba que, por cierto, son comunes a muchas otras empresas de la comunicación.

Las precariedades institucionales dominicanas han determinado que en las últimas décadas grupos económicos hayan optado por mantener medios de comunicación propios, como instrumentos para su autodefensa, para promover sus propios intereses y en algunos casos también para contribuir al fortalecimiento integral de la nación.

Cuando el Grupo Abrisa, encabezado por Abraham Hazoury se asoció con los emprendedores periodistas que durante un año habían sostenido el fenómeno del periodismo de Internet que fuera Clave Digital, sabía que no estaba haciendo una inversión rentable. Menos cuando comenzó a editar el semanario Clave y tampoco cuando adquirió una rotativa y comenzó a levantar un edificio para convertirlo en diario.

El contenido investigativo y peleador por las mejores causas del extraordinario grupo de periodistas y articulistas que levantaron Clave Digital constituyó a ese medio en un referente en su género. Fue su impacto lo que determinó el interés de los inversionistas que tal vez no previeron el nivel de dificultades que  les generaría. Sus investigaciones y denuncias sobre los fraudes bancarios que quebraron la economía nacional entre 2003 y 2004 y el seguimiento a sus procesos judiciales, las denuncias de corrupción y de la delincuencia en sus múltiples expresiones y el compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática generaron muchos enemigos abiertos y solapados.

Propietarios y directivos de los dos medios tuvieron que enfrentar más de una veintena de demandas judiciales aventureras, que en su mayor parte ni siquiera fueron aceptadas por los tribunales y otras llevaron muchos meses de comparecencias y diligencias judiciales, restando energías y generando temores. El objetivo era intimidar, sobre todo a  inversionistas con muchos negocios que perder. Todos los observadores del proceso dominicano saben que a consecuencia de ello en los últimos dos años esos medios fueron reduciendo su “atrevimiento”, se le escaseó la publicidad y disminuyó el entusiasmo de sus propietarios, conllevando reducción de personal.

Atrevida publicación

Si el cierre hubiese sido determinado por lo económico, sólo habría afectado el semanario impreso, que era lo más costoso, dejando el periódico digital original, o la empresa hubiese sido vendida, ya que ha trascendido que le interesaba a más de un inversionista, o su razón social hubiese sido ofertada a los periodistas fundadores para que preservaran Clave Digital.

El análisis de las circunstancias indica que la abrupta clausura fue determinada por la esencia de la edición 229 del pasado 29 de julio, que fue la publicación, con despliegue gráfico en primera página, del interrogatorio de autoridades investigativas a la joven Ruth Sánchez Vargas, novia del hijo del español Arturo del Tiempo, quien tenía grandes inversiones en el país, como la famosa torre Atiemar y sólidos nexos con autoridades civiles y policiales, pero tuvo la “mala fortuna” de ser  atrapado en Valencia con un cargamento de 1,120 kilos de cocaína. Otro similar había sido interceptado en el puerto dominicano de Boca Chica en noviembre pasado, dirigido al mismo destino y por la misma exportadora, pero aquí no hubo consecuencias, aunque en el primer momento se dijo que “habían peces gordos involucrados”. Obviamente tenían muchos pesos y euros.

El agravante del reportaje es que la joven interrogada confirmó lo que era un secreto a voces que los del Tiempo tenían “una estrecha relación” con el jefe de la Policía Nacional, general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, cuando ya se había publicado que entre los adquirientes de los apartamentos de la lujosa torre Atiemar, valorados entre uno y dos millones de dólares, figura su homónimo padre, quien también fuera comandante de la misma institución en los años setenta.

Tremenda coincidencia.  El editorial de la última edición del semanario publicada el jueves 5 explica el cierre en razones económicas, pero en su página dos un recuadro recoge las denuncias sobre la inseguridad de su director. Versiones extraoficiales aducen que las presiones a sus propietarios fueron graves.

Lo que sella el carácter del cierre de los Clave es que coincidió con confidencias de que la vida de su director estaba en peligro. Se le recomendó hasta irse del país cuando le confiaron que el intento de asesinato del médico Sergio Rafael Rojas Soriano baleado el martes 3 cuando caminaba en el perímetro del parque botánico “había sido un error” porque lo confundieron con él. Coincidencialmente Fausto Rosario también acostumbraba caminar, aunque dentro del parque, aproximadamente a la misma hora. Para colmo, la contextura física, la cabeza y el pelo de ambos guardan similitud. La misma versión fue confiada también a un veterano reportero de un diario, quien la transmitió oportunamente a través del autor de este trabajo.

No es fácil establecer la veracidad de la versión ni la fuente de origen en caso de que realmente se intentara matar a Rosario Adames. Los nexos de oficiales policiales y militares y personajes civiles con el narcotráfico y el crimen y las rivalidades y temores en el seno de los organismos de seguridad sugieren variadas hipótesis que fueron analizadas por Fausto, y sus colegas Fernando Hasbún, Jean Michel Caroit y Juan Bolívar Díaz, primero junto a otro núcleo de comunicadores y más tarde con el presidente Leonel Fernández en una reunión la noche del miércoles 4, que se extendió de 10.30 a 12.30 de la noche.

El mandatario respondió en cuestión de minutos una llamada telefónica pidiendo la cita y escuchó con atención intercambiando múltiples preocupaciones sobre la seguridad ciudadana. En la segunda mitad del encuentro hizo comparecer al propio Jefe de la Policía Nacional, a quien comprometió en la seguridad personal del periodista. El oficial coincidió en algunas de las hipótesis, dando “plenas seguridades” de que es consciente de que un crimen como ese “sería una locura” que lo afectaría a él y al Gobierno. También empeñó su esfuerzo en esclarecer el asesinato del doctor Rojas Soriano, lo que hasta ayer sábado seguía en el misterio, ya que no le robaron y hasta ahora no se explican las causas.

Justificada preocupación

La  preocupación y alerta que expresan periodistas y articulistas de gran diversidad de medios incluyendo directivos, se pueden dimensionar por el hecho de que en tres horas del jueves 180 de ellos firmaron una declaración que se transmitió por medios electrónicos para hacerla pública la tarde del jueves 5. Decenas más se adhirieron después de distribuida.

No sólo se deplora la desaparición de dos de los medios informativos que más han contribuido en los últimos años al periodismo de investigación y que deja en el desempleo a 102 personas, y la inseguridad que  afecta a Fausto Rosario, sino que también “se llama la atención de la opinión pública y las instituciones sociales, especialmente de las que agrupan a los comunicadores y medios de comunicación, para que rechacen con vigor todo género de presiones sobre el libre ejercicio de la libertad de expresión en todas sus manifestaciones”.

Las preocupaciones son mayores por una serie de acontecimientos de los últimos meses que han implicado el intento de  asesinato del abogado y comentarista televisivo Jordi Veras, amenazas contra periodistas como Marino Zapete, agresiones al equipo investigativo de Nuria Piera, la reciente aventurera intimación de alguacil contra los anunciantes de los programas de Alicia Ortega por un alto funcionario, así como cierre de programas y medios electrónicos y amenazas a los periodistas de provincia.

Se generaliza la convicción de que de lo que se trata es de reducir el contenido investigativo y las denuncias de la desbordada corrupción, la falta de transparencia, del narcotráfico y la delincuencia que incluso han alcanzado relevantemente a los organismos de seguridad del Estado, como ha quedado de manifiesto en los últimos dos años.

A nadie debe quedar dudas de que las presiones y acciones manifiestas impactan sobre la mayoría de los comunicadores, medios y propietarios tendiendo a reducir las dimensiones libertarias que han tenido en las últimas décadas.-

 

 

Contemplan rescatar la concertación social

Por Juan Bolívar Díaz

La decisión del Gobierno de elevar la carga impositiva, aun a costa de los sectores productivos, ha generado una fuerte preocupación en ámbitos sociales convencidos de que el crecimiento fundado en el gasto público por vía de mayores impuestos y endeudamiento está agotado, lo que obliga a implementar un nuevo  modelo de desarrollo económico.

Algunos sectores se plantean la conveniencia de rescatar la concertación social que entre 1994 y 2003 generó el Grupo de Apoyo a la Democracia, el Foro Ciudadano y la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad que dieron fuerza a la sociedad civil para motorizar reformas y contener los desbordamientos gubernamentales.

Confrontación a la vista. La decisión gubernamental de indexar la inflación de los últimos tres años en los impuestos a los combustibles y de unificar la administración, recaudación y fiscalización de los impuestos selectivos a los combustibles, suprimiendo exoneraciones, ha generado fuertes preocupaciones en los ámbitos empresariales, especialmente entre los industriales que hace tiempo vienen demandando un cambio de modelo económico que incentive la productividad y las exportaciones.

Tanto el empresariado, como la oposición política y economistas han planteado la revocación de las medidas, convencidos de que desatarán inflación y pondrán en mayores dificultades competitivas a los sectores productivos, especialmente el industrial y el turístico, además de los consumidores que tendrán que pagar más caros los combustibles, el transporte de pasajeros y de mercancías y la energía eléctrica. Y los efectos llevarían por dos vías: la indexación de los impuestos y la supresión de exoneraciones a los autogeneradores. Al turismo le tocaría también por el alza del combustible de los aviones. Aunque Bengoa se lanzó casi solo tras la búsqueda de recursos para paliar un déficit presupuestario que en la primera mitad del año supera en unos 25 mil millones de pesos los 47 mil millones que se habían contemplado como déficit para el 2010, es obvio que se trata de un proyecto de gobierno, avalado en la reunión del presidente Leonel Fernández con su equipo económico la noche del miércoles 21 en el Palacio Nacional.

El lunes de esta semana Bengoa pronunció un discurso por una cadena estatal de televisoras y posteriormente salieron en su auxilio los ministros de Economía e Industria y Comercio, así como el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, mientras el primer mandatario, como ya es habitual, guarda silencio. Ello dio margen para que el liderazgo empresarial apelara a él y consiguiera que se anunciara una “reunión de concertación” el lunes próximo, a lo que contribuyeron pronunciamientos del Asesor Industrial del Poder Ejecutivo Antonio Isa Conde y del mediador eclesiástico Agripino Núñez Collado.

Más allá de lo anunciado.  Pero por encima de lo anunciado hasta ahora, lo que más preocupa a los empresarios es el discurso contra los incentivos a la producción que enarbola el ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, como punta de lanza de una línea gubernamental que promueve la captación de recursos a cualquier precio con tal de mantener niveles insostenibles de gastos.

Un influyente dirigente empresarial explicaba el viernes que está en juego un problema estratégico y de poderes, ya que el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene en suspenso el acuerdo con el Gobierno dominicano, a consecuencia del desbordamiento del gasto durante la reciente campaña electoral.

Como no concibe la austeridad y está en una desenfrenada carrera por construir otra línea del Metro sin claro financiamiento ni transparencia, agotado el límite de financiamiento, no tiene otra opción que recurrir a los impuestos.

Esa línea de acción conduce a la supresión de incentivos a los  sectores productivos, incluyendo algunos de los instituidos en la “Ley de Proindustria”, la 392-07, que formó parte del Plan Nacional de Competitividad iniciado en marzo del 2007 como fruto de las negociaciones del empresariado con el Gobierno que viabilizaron la última reforma tributaria de finales del 2006. Esa concertación arrojó también una “Ley de Austeridad” promulgada el 28 de diciembre del 2006, que el Gobierno ignoró por completo.

El asesor Isa Conde llegó a decir la semana pasada que “Bengoa apuesta a subir las tasas, y nosotros a incrementar el producto” (semanario Clave del jueves 22) y esta semana varios medios recogieron su afirmación de que la modificación de la Ley de Proindustria “es un monumento a la mediocridad” y “un negocio de capar perros” ya que a su juicio no aumentará las recaudaciones.

La oposición a las medidas anunciadas se alimenta también de la convicción de que son apenas el inicio de una ofensiva, porque el déficit gubernamental demanda mucho mayores recursos, que incluirían extensión del ITBIS a productos y servicios de primera necesidad y supresión de incentivos y subsidios a la producción, que están en el discurso del FMI para los países en desarrollo, no para Estados Unidos y la Unión Europea, donde se mantienen altos subsidios y políticas proteccionistas para sectores productivos.

Poder político desbordado.  En sectores empresariales y sociales crece la convicción de que el poder político se ha desbordado en la última década mediante el incremento del gasto corriente y los subsidios improductivos de corte clientelistas que ya alcanzan a cerca de millón y medio de personas, además del aumento de una burocracia con salarios e incentivos que superan a los de la mayor parte del sector privado.

El presidente de la Asociación de Industrias, Manuel Díez Cabral, se quejó el 30 de junio de que mientras el empleo en la industria manufacturera caía en la última década un 23 por ciento, en la administración pública aumentaba un 24 por ciento. Los niveles de incremento del gasto corriente no se han detenido ni en los momentos más críticos de la crisis económica de los últimos dos años.

Entre abril del 2009 y el mismo mes del 2010 la nómina gubernamental creció en 23 mil 766 personas para un 15 por ciento. En el primer semestre de este año se elevó en 4.5 por ciento, según la encuesta del mercado de trabajo del Banco Central citada el jueves por Edwin Ruiz en el semanario Clave.

Un factor que dificulta que asomen planes de austeridad en el Gobierno es el desbordamiento del liderazgo del presidente Fernández y la predominancia política de su partido, apoyada con el gasto gubernamental que en las dos últimas elecciones ha implicado graves déficits fiscales.

Cuando ya se promueve abiertamente la continuidad del mandatario pese a los límites establecidos en la Constitución promulgada hace apenas seis meses, luce más incierto el tránsito por la austeridad que se han impuesto las naciones europeas.

Como el Gobierno no puede prescindir del acuerdo con el FMI, por sus graves repercusiones en la confianza, la inversión y el crédito, ni luce dispuesto a reducir sus gastos, y como está llegando al límite del endeudamiento, se teme que apelará con fuerza al incremento impositivo, sobre todo porque el ministro de Economía, Temístocles  Montás, dijo el jueves 29 que la presión tributaria ha bajado del 16 al 13 por ciento en los últimos dos años.

Plantear nuevos impuestos le está resultando difícil, ya que en la campaña electoral los dirigentes del área económica juraron que no se contemplaba otra reforma tributaria.

Y la cuestión se tornará más crítica este mes cuando tendrán que empezar a definir el proyecto de presupuesto para el 2011, que debería estar listo en septiembre.

Vuelta a la concertación

Por esas múltiples razones y el secretismo que impera en el Gobierno, y de cara a las profundas reformas del Poder Judicial instituidas en la nueva Constitución, algunos dirigentes sociales, incluyendo empresariales, plantean la conveniencia de rescatar instrumentos de concertación de la sociedad civil como el Foro Ciudadano y más específicamente la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad que tanto coadyuvó a contener los excesos continuistas del presidente Hipólito Mejía.

Las instituciones empresariales, con excepción de los Industriales de Herrera y la Federación de Asociaciones Industriales, igual que las entidades sindicales, protagonizaron una virtual retirada del Foro y la Coalición, instrumentos que podrían desatar presiones para contener el poder peledeísta en el Consejo Nacional de la Magistratura que en pocos meses deberá reestructurar la Suprema Corte de Justicia y constituir los nuevos tribunales Constitucional y Superior Electoral. El Congreso, bajo absoluto control del partido gobernante, también está llamado a escoger una nueva Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Los escenarios de concertación fueron debilitados por una política gubernamental de cooptación de cuadros dirigenciales abajo y en el medio, mientras arriba se repartían contratos y favores gubernamentales. Casi todo el liderazgo sindical y gran parte del popular, sectores intelectuales, dirigentes feministas y comunicadores fueron incorporados a la elástica nómina estatal. El resultado ha sido una gran desarticulación.

Lo relevante es que dirigentes empresariales que habían abandonado los escenarios de concertación social comienzan a darse cuenta de que hay que reconstituirlos como elemento de presión y contención, sobre todo teniendo en cuenta la debilidad de la oposición política partidista.