Reinado de la incertidumbre

Por Juan Bolívar Díaz
26_06_2016 HOY_DOMINGO_260616_ Opinión9 A

La decisión del retiro del Reino Unido (RU) de la Unión Europea (UE) en el referendo del jueves, rebasa con mucho el límite de la mayor concertación de Estados de la historia y se inscribe en las incertidumbres generadas por un desorden económico internacional fundado en una concentración de la riqueza insostenible, que implica la degradación de los avances logrados en casi siete décadas de esfuerzos por una nueva civilización, de bienestar compartido, como fundamento de la paz.

Esta decisión ultranacionalista pone en jaque a la UE, agobiada por las consecuencias de la crisis financiera internacional que comenzó en el 2008 y no acaba de ser superada, amenazando ahora con una nueva recesión, y por el desmadre de la inmigración de cientos de miles de africanos y asiáticos que tocan las puertas de Europa, impulsados por las degradaciones económicas y políticas autogeneradas en sus propios países, pero con muchísima responsabilidad de las naciones del llamado mundo occidental.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, lo ha expresado de forma dramática: “temo que el Brexit pueda marcar no solo el comienzo de la destrucción de la Unión Europea, sino también el de la civilización occidental”. Aunque lo primero que está en peligro es la unidad misma del RU, ya que líderes de dos de sus estados federados, Escocia e Irlanda del Norte, donde el voto por la permanencia alcanzó 62 y 56 por ciento, están solicitando sus propios referendos para determinar si permanecen en la UE. Lo mismo demandan partidos ultranacionalistas de Francia, Italia y Holanda, tres de los más importantes fundadores de la UE, alentados por el resultado del jueves.

Lo único claro es el reinado de la incertidumbre, que se traslada a Estados Unidos, donde, ya no se puede descartar que pueda alcanzar el poder el señor Donald Trump, quien hasta hace pocos meses no era tomado muy en serio, pero ha logrado convertirse en candidato presidencial de uno de los dos partidos dominantes, reivindicando las políticas de exclusión y aislamiento ultranacionalista.

Tampoco en Europa se creía que el electorado del RU se decantaría mayoritariamente por el aislacionismo. Mucho menos después de esa ofensiva final donde no solo el primer ministro hizo campaña para evitarlo, sino dos de sus antecesores, al igual que gran parte de sus fuerzas vivas, como las universidades, el mundo financiero, el empresariado, científicos, artistas, escritores, deportistas y grandes medios de comunicación sustentaron la permanencia. Y tuvieron el respaldo de los gobernantes y la opinión pública de casi toda Europa y de Estados Unidos.
Tiene que ser muy grande la incertidumbre y el desconcierto económico social para que la mayoría de los habitantes del RU se hayan manifestado contra la UE, desoyendo las advertencias, hasta de la mayoría de sus empleadores, sobre las consecuencias negativas que para ellos mismos puede tener el aislamiento.

Todo nos remite a la crisis del orden económico internacional, que no ha perdonado ni al estado de bienestar logrado por los europeos y norteamericanos tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial y por los retos del comunismo que obligó a moderar la voracidad del capitalismo salvaje.

El aislacionismo, la ruptura de la concertación internacional, el predominio del nacionalismo no resolverán la crisis del capitalismo, y en vez de generar conciliación y paz, agudizarán las confrontaciones, los odios, fanatismos y exclusiones que sustentan el terrorismo internacional.

Es que resulta insostenible un desorden mundial en el que 62 personas concentran la misma cantidad de riqueza que 3,600 millones, la mitad de la humanidad, y que el 1 por ciento, es decir 72 millones de personas, usufructúan tanta riqueza como el 99 por ciento, es decir 7,127 millones de seres humanos. Nos acecha una inmensa tragedia.

La regularización sí, desnacionalización no

Por Juan Bolívar Díaz

28_06_2015 HOY_DOMINGO_280615_ El País13 A

La renovada oleada de críticas y condenas internacionales al país no cuestionan el derecho a regular la masiva inmigración haitiana, sino que siguen referidas a la sentencia del Tribunal Constitucional que privó de la nacionalidad a decenas de miles de personas, y a los temores de que puedan ser deportadas.

Asumiendo esa realidad la estrategia comunicativa del Gobierno debe privilegiar la información de que por fin se dispuso la validación de las actas de nacimiento de 55 mil descendientes de haitianos nacidos en el país y que ninguno, aún los que no habían sido registrados, será deportado del territorio nacional.

Gran oleada de críticas. Al vencerse al plazo para que los inmigrantes indocumentados se acogieran al Plan Nacional de Regularización de Inmigrantes (PNRE) se desató la más alta oleada de críticas desde la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional de septiembre del 2013 que privó de la nacionalidad dominicana a miles de descendientes de haitianos nacidos en el país en ocho décadas, lo que ha obtenido el rechazo casi unánime de la comunidad internacional.

Periódicos tan importantes como The New York Times y Washington Post en Estados Unidos y El País de Madrid y cadenas de televisión como CNN, Univisión, BBC-Mundo o Al Jazzira, y múltiples canales locales de Estados Unidos y Canadá recogieron las incidencias de los atropellados e inhumanos registros de los extranjeros al final del plazo oficial y de la huida hacia Haití de algunos miles que preferían salir por voluntad propia llevándose sus pertenencias, a ser deportados perdiéndolo todo. El Washington Post publicó reportajes toda esta semana, uno con foto a 4 columnas en primera página edición impresa.

Decenas de periodistas de múltiples nacionalidades y representantes de organismos como Amnistía Internacional llegaron al país atraídos por innumerables anuncios de funcionarios de que al concluir el plazo de inscripción de los extranjeros se iniciarían las deportaciones de quienes no se registraran.

La atropellada afluencia de multitudes de hombres, mujeres y niños en los últimos días, cuando se flexibilizó la inscripción, durmiendo a la intemperie y contenidos por guardias armados, terminaron por atraer la atención informativa mundial.

Aquí se montó el espectáculo televisivo del mes a nivel internacional, con imágenes degradantes de la condición humana, incluyendo a los canales nacionales.

Hasta el Papa Francisco. Es significativo que las advertencias y temores que se expresaron en artículos y editoriales de los periódicos y en declaraciones de organismos internacionales, como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la unión de estados caribeños Caricom o de Amnistía Internacional, tenían en común la preocupación de que pudieran ser convertidos en apátridas miles de domínico-haitianos desnacionalizados o que nunca fueron inscritos en el Registro Civil.

Las expresiones del alcalde de Nueva York, donde no hubo un llamado a boicotear el turismo dominicano como se ha dicho, y las recriminaciones del alcalde de Montreal, que dispararon la alarma nacional, tampoco rechazaban el derecho a regular la inmigración al territorio dominicano, sino a la desnacionalización, tema que movilizó marchas y debates académicos en Nueva York y Miami.

De repente resurgió con más fuerza la oleada de críticas que recibió el país a finales del 2013 y el año pasado por la anulación de registros civiles retroactiva al 1929.

La reacción del Gobierno y de la opinión pública nacional se ha fundado en un pretendido interés internacional por dañar la imagen del país, restando legitimidad hasta a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tratando de ignorar voces tan insospechadas como la del Papa Francisco, quien casi recriminó a los obispos dominicanos cuando le visitaron en Roma el 28 de mayo pasado, al decirles que “la atención pastoral y caritativa de los inmigrantes, sobre todo a los provenientes de la vecina Haití, que buscan mejores condiciones de vida en territorio dominicano, no admite la indiferencia de los pastores de la Iglesia”.

El Papa se refirió al conflicto por los desnacionalizados al exhortar a los obispos a “seguir colaborando con las autoridades civiles para alcanzar soluciones solidarias a los problemas de quienes son privados de documentos o se les niega sus derechos básicos”.

Los 55 mil restituidos. El pecado original que ha manchado el legítimo esfuerzo por regularizar los inmigrantes para establecer controles, fue haberlo emprendido después de la desnacionalización rechazada por más de la mitad de los dominicanos, según las encuestas y unánimemente en el exterior. En vez de haberse reglamentado e implementado el plan de regularización de los inmigrantes dispuesto por la Ley de Migración del 2004, pasaron diez años de persecución de sus descendientes nacidos en el país.

En mayo del año pasado la Ley 169-14 dispuso restituir la nacionalidad a quienes fueron privados de ella por la sentencia 168/13, pero costó 13 meses implementarla. La Junta Central Electoral, que había iniciado en el 2007 la negación de la documentación de los descendientes de haitianos, ignoró el mandato de la ley hasta concluir un inventario del Registro Civil dispuesto por la sentencia del Tribunal Constitucional.

Coincidiendo con el final del plazo para la regularización fue que la JCE dispuso que las 165 oficialías del Estado Civil validen las actas de nacimiento de 55 mil personas a quienes se les tenían suspendidas, publicando los listados el viernes 26. También se ordenó restituir las cédulas de identidad, con sus mismos números, a quienes se les había cancelado. Eso a su vez permitirá a esa población declarar a sus hijos como dominicanos, lo que ya hizo con sus cuatro hijos Juliana Deguís, la domínico-haitiana por la que el Tribunal Constitucional dictó su sentencia 168/13.

Revisar la estrategia oficial. La estrategia gubernamental debería centrarse en difundir internacionalmente la decisión de devolver la ciudadanía a esas 55 mil personas y sus descendientes, lo que mejoraría radicalmente el clima para proseguir la regularización de los inmigrantes, especialmente en el ámbito internacional, incluyendo a Haití.

Sería fundamental restringir los requisitos a lo fundamental, como la identidad, y las certificaciones de buena conducta, de empleo y vivienda, así como del arraigo y de haber ingresado al país antes del 2011, como establece el decreto. Eso debería acompañarse de presión para que los empleadores otorguen los certificados de empleo.

Ayudaría mucho un esfuerzo por combatir el tráfico de turnos y el picoteo que ha encarecido el proceso, al grado que el promedio de gastos de los que han tratado de cumplir los requerimientos, ronda los 10 mil pesos, según abogados y dirigentes sociales que les han dado asistencia.

Lo de más sería mantener firme la voluntad y el compromiso de no deportar, ni por error, a ninguno de los nacidos en el país. Demasiado pesada sería de por sí la repatriación de más de 200 mil extranjeros, incluidos los llegados en los tres últimos años después de la encuesta que para el 2012 los estimó en 458 mil.

Improvisada ofensiva

Preocupado por la fuerte oleada de críticas y temiendo que pudiera llegar a afectar la economía nacional, cuando se difundió sin base objetiva que, como represalia, Haití había suspendido la importación de 35 productos nacionales, el Gobierno lanzó una improvisada ofensiva internacional, que abarcaría a las principales ciudades de Estados Unidos, a la Unión Europea, América Central y reuniones de la OEA, SICA y Naciones Unidas y con los diplomáticos acreditados en el país y en Puerto Príncipe.

La estrategia gubernamental se basa en los avances logrados en el PNRE, sobre todo cuando en los últimos días liberalizó los requisitos, aceptando inscripciones hasta completar 288 mil, aunque apenas 4,308 habían logrado completar los minuciosos requisitos, muchos de ellos difíciles de alcanzar para una población pobre y marginal.

Las autoridades decidieron otorgar estatus provisional de uno a dos años para que quienes llegaron a inscribirse puedan completar los requerimientos, anunciaron que darán oportunidad de concluir la regularización a unos 20-25 mil haitianos pendientes de recibir la documentación que han solicitado a su embajada en Santo Domingo, y estatus de inmigrantes definitivos a 2,835 pensionados tras décadas de trabajo en el antiguo Consejo Estatal del Azúcar.

En otro gesto de buena voluntad se acordó otorgar visas gratis a 7,986 haitianos que estudian en universidades dominicanas.

Un hecho que pudo ser positivo, como el regreso voluntario a Haití de más de 17 mil migrantes, tuvo efectos negativos por las caravanas y las declaraciones de muchos que parecían huir de una inminente batida que los dejaría sin sus ajuares. Muy pocos aceptaron viajar en autobuses del Gobierno, porque no incluía el transporte de sus bienes.

 

RD país de emigrantes más que de inmigrantes

Por Juan Bolívar Díaz

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La Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2012), publicada esta semana por el gobierno dominicano demuestra que se ha exagerado la inmigración haitiana, equivalente al 4.7 por ciento de la población, por lo que este es netamente un país de emigrantes, con más del 15 por ciento de los nacionales en el exterior.

Los resultados de esta rigurosa investigación deberán contribuir a establecer políticas inmigratorias eficientes y justas, incluyendo la regulación de los inmigrantes temporales y de los de ascendencia extranjera, especialmente de los haitianos sometidos a un régimen de ghetto o apartheid.

Base para política migratoria. En pleno Palacio Nacional y por boca del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, se anunciaron los resultados de la ENI-2012, llamados a constituir una base importante para las políticas migratorias del país.

Allí estaban también representantes de la Unión Europea y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), que auspiciaron la investigación, cuya muestra abarcó 63 mil viviendas y lugares visitados, con 20 mil 499 entrevistas completas entre el 31 de julio y el 30 de septiembre del 2011.

En la presentación, el director de la ONE, Pablo Tactuk, plantea que el estudio ha generado información, “a través de la cual, por primera vez en la historia nacional, será posible proporcionar informaciones acerca del volumen real de personas nacidas en el extranjero y residentes en el país”.

La representante del UNFPA, Sonia Vásquez  dice  que sus resultados permitirán tomar decisiones que orienten las políticas públicas de manera más certera y se encaminen a propiciar un desarrollo armónico al servicio del bienestar y el respeto a los derechos humanos que, sin distinción, corresponden a cada uno de los habitantes  de esta parte de la isla”.

La encuesta revela estadísticas sobre las características y forma de vida de los inmigrantes, incluyendo condiciones de educación, salud, seguridad social, ubicación geográfica, documentación y empleo. Contrario a lo que se creía el 92.6 por ciento de los haitianos dice tener actas nacimiento, el 51.9 cédula de identidad y el 37.8 por ciento pasaportes emitidos en Haití.

De los datos se puede  interpretar que la inmigración haitiana tiene alta movilidad. El 22.8 por ciento dijo haber venido dos o más veces, el 32.3 por ciento planea regresar a su nación. Un alto 82.7 por ciento llegó después del año 2000, con 38.6 entre el 2010 y 2012 cuando el flujo se elevó tras el terremoto que destruyó su país. El 35.7 por ciento trabaja en el sector agropecuario, 25.9 en la construcción, 16.5 en el comercio y 10.4 por ciento en otros servicios. Los datos deberán contribuir a establecer limitaciones a nuevos inmigrantes y a la regularización de los ya internados.

Los domínico-haitianos. La encuesta permite una aproximación a los descendientes de haitianos en el país, 209 mil 912, que no llegan a la mitad de los domínico-americanos en Estados Unidos. Arroja una dimensión del ghetto o apartheid que está generando ya el despojo de las actas de nacimiento a millares de ellos y otras discriminaciones como la negativa a emitirles cédulas de identidad. Los datos muestran las condiciones de pobreza, de educación y vida en general de los descendientes de haitianos, mejor que los nacidos en Haití, pero peor que la de los demás descendientes de extranjeros.

Debe tenerse en cuenta que el 25.6 por ciento de los descendientes de haitianos tienen actas de nacimiento del país de sus padres, y 23.5 por ciento tienen cédula dominicana, lo que implica que unos serían unos 109 mil los nacidos en el país con problemas de identificación.

Los resultados de esta encuesta deberían provocar una mayor racionalidad del debate sobre “el problema haitiano” a partir de datos de origen técnico confiable y ejecutado por personal especializado, que desmitifican una serie de presunciones subjetivas, en particular una mayor aceptación de ese 2.1 por ciento de  domínico-haitianos, un de las centenares de mezclas de nacionalidades aceptadas en el mundo. Para ellos tiene que haber políticas de inclusión, no de exclusión, puesto que se quedarán aquí para siempre y sus descendientes no pueden ser condenados al ostracismo en su propia tierra.

La cuantificación de los domínico-haitianos pone en situación más difícil la política de desnacionalización que ejecuta la Junta Central Electoral con efecto retroactivo, cuya denuncia se incrementa semana tras semana tanto en el país como en los ámbitos internacionales, y que según fuentes confiables podría generar restricciones de importaciones agrícolas en países de la Unión Europea.

Región de alta migración. La proporción de inmigrantes en la República Dominicana, 5.4 por ciento de la población nacional, y 7.9 por ciento si se incluyen sus descendientes en el país, está por encima del promedio mundial, que es de 3.1 por ciento, con 214 millones, y de la región latinoamericana y caribeña que es del 3.3 por ciento, según las cifras que maneja la representante del UNFPA.

La emigración dominicana es proporcionalmente de las más altas del mundo y del continente, sobrepasando el 15 por ciento de la población nacional, estimada en 9 millones 716 mil 940 personas. Sólo en Estados Unidos se han cuantificado sobre 900 mil, y más de un millón 400 mil incluyendo los descendientes,  según el censo federal del 2010. En Puerto Rico se estimaron en 68 mil residentes legales, pero se cree que los ilegales podrían ser otros tantos, para unos 140 mil, aunque allí se exagera hasta 300 mil. En Europa hay más de 200 mil dominicanos, sólo en España se estiman en 160 mil.

Decenas de miles de dominicanos están regados por el mundo, incluyendo a naciones tan lejanas como Australia y Japón. En Venezuela se llegaron a censar 50 mil, y en algunas islas del Caribe, como las Antillas Holandesas (Aruba, Curazao y San Martin) los inmigrantes dominicanos alcanzan hasta el 12 por ciento de la población.

Haití tiene alrededor del 20 por ciento de su población, en el exterior, más de 2 millones, en primer lugar en Estados Unidos, más los 458 mil registrados ahora aquí y decenas de miles en Canadá y Francia. En los últimos años se están extendiendo a Brasil, Perú, Venezuela y otras naciones sudamericanas.

El Caribe, por su proximidad a Norte América, es de las regiones de más alta migración del mundo. Sólo en Estados la población de origen puertorriqueño, 4.6 millones de personas, supera la de la isla, 3.7 millones, y los cubanos 1.7 millones, según el censo federal del 2010. Los de origen mexicano, 31 millones, representan el 28 por ciento de la población residente en México.-

524 mil 632 inmigrantes

Los resultados arrojados por la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) causaron sorpresa general por las cifras tan exageradas que se han manejado en los últimos años sobre la inmigración extranjera, de hasta un millón y medio de haitianos.

Los residentes extranjeros son 524 mil 632, de los cuales 458 mil 233,  el 87 por ciento, nacieron en Haití. Los restantes 66 mil 399 proceden de Estados Unidos, España, Puerto Rico, Italia, China y otras naciones. 53.9 son jóvenes entre 20 y 34 años.

La segunda mayoría de inmigrantes es de nacidos en Estados Unidos, con 13 mil 514, de los cuales una parte deben ser descendientes de dominicanos. Los nacidos en España son 6 mil 720, siguiendo los 4 mil 416 de Puerto Rico, 4 mil 40 italianos, 3 mil 643 de China y 3 mil 599 franceses. De Venezuela, Cuba y Colombia han llegado 3 mil 434, 3 mil 145 y 2 mil 738 personas respectivamente.

Contando la población descendiente de extranjeros, nacida en el país, la encuesta totaliza 244 mil 151 personas, de los cuales 209 mil 912 son de origen haitiano y los restantes 34 mil 239 de otras nacionalidades.

Los inmigrantes y sus descendientes nacidos en el país totalizan 768 mil 783 personas, de los cuales los de origen haitiano son 668 mil 145, cifra que sigue muy por debajo de las cantidades que se manejan en el debate público sobre la inmigración proveniente del vecino país.

 

Una oportunidad para Leonel

Por Juan Bolívar Díaz

Ahora que el presidente Leonel Fernández ha aclarado que no tuvo intención de negar la existencia de un grave problema de corrupción en su discurso en el acto de proclamación de las Iniciativas Participativas Anticorrupción (IPAC), merece que se le dé una oportunidad para demostrar que la participación del Gobierno en ese proyecto no es un simple aguaje disimulador.

La precisión, si no rectificación, rescata el esfuerzo auspiciado por el Gobierno mismo, por una docena de organismos internacionales y numerosas instituciones sociales para prevenir y reducir la corrupción, promoviendo la transparencia y fortaleciendo las instituciones encargadas de perseguir todo género de malversación.

Ya extrañaba el discurso del doctor Fernández, donde reducía la corrupción a casos aislados de individuos, puesto que él mismo fue de los primeros en denunciar sus escandalosos niveles, cuando en su campaña electoral de 1996 proclamó que su costo alcanzaba  los 30 mil millones de pesos anuales, superior al presupuesto de gastos del Gobierno.

Y desde entonces es que el dispendio y el robo de  los bienes públicos se han multiplicado a sus anchas, como indican las denuncias públicas, las fortunas de los políticos y funcionarios y las evaluaciones internacionales.

 Pero lo relevante ahora es concentrar la atención en las propuestas de anticorrupción proclamadas esta semana para instaurar un régimen de transparencia y reducir la corrupción, que no han sido fruto tan sólo de la sociedad civil y los organismos internacionales, sino también de las preocupaciones de algunos altos funcionarios, de los mejores del Gobierno, como los ministros de la Presidencia, César Pina Toribio; de Economía, TemístoclesMontás, y de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, comprometidos a darle seguimiento.

El documento final del consenso recoge 43 recomendaciones. Si bien es cierto que una parte de ellas están encaminadas a promover el cumplimiento de leyes claves como las que deben regir las compras y contrataciones,  la de función pública y la de libre acceso a la información, también hay novedades importantes para la transparencia y la persecución del pillaje público.

No es lo principal, pero sí significativo que el presidente Fernández puede comenzar a demostrar su apoyo a las IPAC, convocando un acto público para proclamar el 2011 como “Año de la Transparencia y de la Rendición de Cuentas”, como se propone.

Pero como eso es muy fácil, tiene que aterrizar con otras como ordenar a la Contraloría General “no autorizar libramientos de pagos que no cumplan con la Ley de Compras y Contrataciones”, transferir a la DGCP la administración y control del portal Compras Dominicanas”, publicación inmediata de la ejecución presupuestaria, y muy especialmente la recomendación de implementar la “Cuenta Única del Tesoro” para el manejo de los ingresos y egresos de todas las instituciones del Estado, en lugar de las miles que hay y que facilitan la sustracción de lo público.

Otras de las IPAC fáciles son la creación de un índice de Costos y Catálogos de Precios de la Construcción, de un Sistema Único y Global de Suministros para el sector Salud y fortalecimiento de  Promese/CAL, (previsto en el decreto 991-00), así como la creación de un Mecanismo de Monitoreo Social Permanente para las Compras y Contrataciones Públicas, el Mecanismo participativo para Concertar y Monitorizar  Propuestas, y diversas campañas de concienciación ciudadana.

Tiene el presidente una gran agenda pendiente, ahora que ha reconocido el problema de la corrupción, y comenzar a dar ejemplo de transparencia, por ejemplo colocando en Internet los ingresos y egresos de su propia fundación.

Y no le costará mucho, porque el Banco Mundial, BID, la Unión Europea, la USAID y varias agencias de la ONU se han comprometido a aportar más de 15 millones de dólares para cubrir gastos.  Manos a la obra, Presidente!