Por Juan Bolívar Díaz

Parece urgente resolver las incoherencias para recuperar la confianza y contener la desproporcionada devaluación

          Está generalizada la convicción de que la corrida cambiaria de las últimas semanas es desproporcionada a la situación de la economía nacional y está determinada en gran parte por un ambiente de incertidumbres y falta de confianza incentivado por incoherencias en el gobierno.

            Se afianza la impresión de que hay dos gabinetes económicos y dos partidos enfrentados en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, lo que genera desconfianza en la conducción económica, especialmente de cara a un próximo año que será preelectoral, por lo que aumentarán las tentaciones de querer gastar más de lo que la situación económica soporta.

            Para recuperar la confianza el gobierno tendría que comenzar por contener los desbordamientos que se registran entre sus propios legisladores, cuyas más negativas expresiones han sido los intentos por elevar el monto de los bonos soberanos y desconocer el pacto político para dividir las funciones de la Junta Central Electoral.

Grave corrida cambiaria

            El proceso devaluatorio que ha sufrido el peso en el último cuatrimestre del año alcanzó esta semana niveles sumamente preocupantes, llamados a desatar fuerte devaluación, afectando la estabilidad macroeconómica que ha predominado en los últimos diez años y que hasta hace poco era de los éxitos reconocidos al gobierno.

            Con el peso sobre 22.50 por dólar, la devaluación sobrepasa el 30 por ciento en lo que va del año, con una corrida que se inició en agosto, cuando todavía se cotizaba a 18.30, y que ha desarrollado una alarmante velocidad en las últimas tres semanas. Al concluir el 2001 el peso se cotizaba a poco más de 17 por dólar.

            Los funcionarios del sector económico, encabezados por el secretario de Finanzas, atribuyen la corrida a especulación y los dirigentes de las asociaciones empresariales a la incertidumbre y falta de confianza, pero todos concuerdan en que no hay fundamentos económicos para ese nivel devaluatorio.

            De nada han valido las inyecciones de divisas dispuestas por el Banco Central en los últimos meses, las que han reducido las reservas monetarias en unos 570 millones de dólares, para dejarlas en apenas poco más de 300 millones. Tampoco han dado resultado las restricciones monetarias, que hace un par de meses llegaron a sr exageradas, ni la emisión de certificados de participación.

            No hay explicación objetiva si son ciertas las estimaciones de que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se ha reducido este año a 1.3 por ciento del producto bruto interno, lo que sería la tercera parte del 4 por ciento registrado el año pasado. Menos aún cuando la principal fuente de divisas, el turismo, ha comenzado a dar muestras de recuperación, mientras las remesas siguen aumentando, aunque a menor nivel que en los años anteriores.

Incertidumbre y desconfianza

               Los líderes empresariales coincidieron esta semana en la estimación de que la corrida cambiaria está determinada por un ambiente de incertidumbres y desconfianza que se habría apoderado de los agentes económicos. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada dijo que la tasa cambiaria debe estabilizarse entre 20 y 21 pesos por dólar

            Marino Ginebra descarta la especulación simple y sostiene que “se trata de un asunto de desconfianza que pudiera solucionarse con un Congreso en sintonía con los asuntos económicos”.

            Por su parte el presidente de la Asociación de Industrias, Lisandro Macarrulla, estimó que estamos enfrentando “una crisis de confianza y falta de credibilidad

en la gestión gubernamental”.

            La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios también juzgo desproporcionada el alza de la tasa de cambio, atribuyéndola a “pérdida de confianza de los agentes financieros en las políticas del gobierno”.

            Las preocupaciones se centran en el gasto gubernamental de este año, con fuerte endeudamiento, y en las proyecciones para el próximo y se multiplicaron con el empeño de la mayoría perredeísta en el Senado de elevar el monto de 600 millones de dólares en los bonos soberanos solicitados en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo.

            En principio los senadores propusieron aumentar los bonos hasta 800 millones de dólares y en primer lectura los bajaron a 750, supuestamente para recomprar acciones de las empresas distribuidoras de energía capitalizadas hace poco más de tres años.

            La decisión senatorial ha estado huérfana de bases objetivas, ya que dos de las tres distribuidoras han reiterado que no están vendiendo acciones, que en todo caso no podrían ser compradas con 150 o 200 millones de dólares.

               La mayoría de los senadores perredeístas se ha embarcado en una acción de puro corte politiquero, pretendiendo capitalizar la seria inconformidad de la población con el desempeño de esas empresas y el costo de la energía, creando expectativas falsas que el gobierno no puede satisfacer.

            El espectáculo montado el miércoles 4 cuando los senadores insultaron a los representantes de las empresas distribuidoras de energía en medio de un prolongado interrogatorio, en nada contribuye al ambiente de sosiego que precisa el gobierno para buscar soluciones a la problemática energética.

Dos gabinetes económicos

            Lo peor es que en el Senado parece haber un equipo económico enfrentado al del Poder Ejecutivo. Desde la semana anterior el Secretario de Finanzas publicó un comunicado advirtiendo sobre los riesgos de la pretendida compra de acciones, estimando que podría enviar señales equívocas al mercado de inversionistas y perjudicar el esfuerzo por colocar los 600 milllones de dólares en bonos.

            Pero los cuestionamientos senatoriales se revierten contra el mismo gobierno que negoció en Madrid los contratos con las distribuidoras de energía y que ha estado haciéndolo también con las generadoras.

            Los senadores han llevado su activismo al grado de sustituir a los agentes del Poder Ejecutivo que son los llamados a trazar la política energética y a renegociar soluciones. Es este gobierno también el que ha autorizado los recientes incrementos en la tarifa de la energía eléctrica.

            Como las cabezas del intento senatorial son precisamente del grupo perredeísta del presidente Hipólito Mejía (el PPH), se expresan dudas de si hay en realidad una rebelión contra la política gubernamental o un doble juego para meter de contrabando otros 150 millones de dólares en bonos soberanos que luego serían destinados a inversiones en un año preelectoral. Ese es un factor generador de incertidumbre y desconfianza.

            Ya algunos legisladores gobiernistas, incluyendo al presidente del Senado,han adelantado también el propósito de elevar la asignación dispuesta para el Congreso en el proyecto de ley de presupuesto para el 2003, elaborado por el equipo económico del Poder Ejecutivo.

Dos partidos en uno

            Hace ya meses que se incrementan las diferencias en el seno del partido de gobierno, y sus propios dirigentes denuncian sistemáticamente que el PPH es quien controla los legisladores y mantiene una ofensiva de tierra arrasada frente a otras corrientes dentro de la organización.

            Eso quedó en evidencia en ocasión de la prolongada discusión sobre las reformas constitucionales que concluyó contradiciendo el credo antireeleccionista del Partido Revolucionario Dominicano, cuyos organismos lucen inoperantes.

            El partido como tal no ha predominado en las resonantes iniciativas de sus legisladores. Y su presidente Hatuey de Camps, como muchos otros dirigentes, incluyendo a varios de los aspirantes a la próxima candidatura presidencial, se han desligado de las mismas.

Los precandidatos Enmanuel Esquea y Ramón Alburquerque han buscado abierta distancia, criticando políticas oficialistas y las improvisaciones legislativas. Y ni la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch ha podido mantenerse al márgen, formulando críticas diplomáticas.

Esquea proclamó esta semana en el telediario de Teleantillas que “no se puede mantener el poder sin un partido”, tras diagnosticar una situación de serias incongruencias entre el PRD, sus legisladores y su gobierno.

La percepción es que la lucha por la candidatura presidencial aumentará las incoherencias en el partido de gobierno, donde aún hay quienes sueñan con convencer al presidente Mejía de que se lance a la carrera continuista, lo que elevaría el tono de las disputas intrapartidarias.

            No hay duda de que los factores políticos no tienden a generar confianza, en el futuro inmediato, lo que juega en abono de la pérdida del cada vez más precario equilibrio macroeconómico, dentro de un panorama económico internacional desfavorable y portador de incertidumbres por riesgos de guerra.

Responsabilidad del Presidente

               Por factores objetivos y subjetivos la imagen del gobierno sigue en picada, no sólo por recientes escándalos como el llamado “Pepegate”, sino especialmente por la delicada situación económica.

            Los problemas ponen a prueba el liderazgo del presidente Hipólito Mejía, quien la noche del jueves anunció un discurso para referirse nuevamente al asunto energético y pidió a sus legisladores que se limiten a los bonos solicitados en su proyecto de ley.

            Debe resultarle difícil volver a hablar de los problemas energéticos, después de los discursos de agosto y septiembre y de numerosos intentos fallidos, como aquel de prohibir por decreto los “apagones financieros”.

            Pero el mandatario debe asumir el liderazgo frente a los legisladores y tratar de recomponer la coherencia en su partido para lo cual tendría que contener definitivamente los pujos de los reeleccionistas.

            En lo inmediato deberá disipar las incertidumbres requiriendo una rápida aprobación del presupuesto y de sólo los 600 millones en bonos soberanos, así como de la reforma electoral que ya acogieron los diputados.

            Más que cambiar el equipo económico, como algunos han propuesto en términos radicales, podría fortalecerlo tratando de concluir el consenso que el mismo ha adelantado con la cúpula del empresariado sobre asuntos fiscales. Eso y una contundente proclama de austeridad para el próximo año podría contribuir a disipar las incertidumbres y a devolver la estabilidad al mercado cambiario.-

Por Juan Bolívar Díaz

El caso que protagoniza el coronel Pedro Julio Goico, con implicaciones no esclarecidas, pone de relieve la debilidad de las instituciones nacionales

             El fraude atribuido al coronel Pedro Julio Goico, hasta principios de noviembre jefe de la avanzada de seguridad del Presidente de la República, constituye el mayor escándalo producido en los dos años y 3 meses que lleva este gobierno, cuya imagen ha quedado empañada y merece más aclaraciones que las ofrecidas hasta el momento.

            El caso se constituyó en la comidilla nacional y hasta salpicó la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estados y de Gobiernos, en cuya seguridad ya trabajaba el rudo militar, subjúdice desde hace 5 años cuando fue sometido a la justicia, involucrado en un fraude a la Lotería Nacional que fue cuantificado en 90 millones de pesos.

            Diversos aspectos de la ocurrencia muestran una vez más la debilidad de las instituciones nacionales, desde el Poder Ejecutivo hasta el Judicial, incluyendo a las Fuerzas Armadas, donde hasta un gerente bancario puede ser convertido en oficial sin más requisito que la de socio de cualquier usufructuario del poder.

La comidilla nacional           

            El fraude en que está involucrado el jefe de seguridad del Presidente de la República y su acompañante más notorio en sus desplazamientos dentro y fuera del país, se constituyó en la gran comidilla nacional de las últimas dos semanas.

               En todos los círculos, fueran políticos, empresariales o sociales, en los estadios de beisbol o en los centros nocturnos no se ha cherchado de otra cosa, y ni hablar de los medios de comunicación, donde se ha especulado en todas las dimensiones, afectando considerablemente la imagen del gobierno.

La ocurrencia ofreció material de actualidad al espectáculo “Humor Viejo no se Olvida” que han estado presentando en el club nocturno Maunaloa los destacados humoristas Freddy Beras Goico, Cuquín Victoria, Felipe Polanco y Luisito Martí, con la algarabía y carcajadas de los asistentes.

En la prensa internacional, incluyendo los diarios madrileños, se dio alto relieve al escándalo, resaltándose el cargo del coronel Goico y la circunstancia de que estaba llamado a tener un papel fundamental en la seguridad de los dignatarios que asitirían a la Cumbre Iberoamericana de Bábaro.

Muchos de los cientos de periodistas que llegaron al país no preguntaban otra cosa, tratando de que les esclarecieran los alcances de la corrupción denunciada, algo que resultaba difícil hasta para muchos de los mejores conocedores de las triquiñuelas nacionales.    

La imagen de bravucón que con tanto esmero había cultivado el coronel Goico era la perfecta para magnificar el escándalo. Y periodistas y medios nacionales han aprovechado para cobrarle parte de los desafueros en que incurrió con reporteros de todas las categorías.

Se ha llegado a publicar que el comportamiento de Goico en los más de 30 viajes internacionales del presidente Hipólito Mejía había provocado protestas de autoridades de varios países, entre los cuales se citan a Estados Unidos, México, Japón, y en Canadá, donde habría de concluir la carrera del jefe de seguridad presidencial.

Inexplicable lentitud

            Producido el escándalo ha resultado inexplicable que el presidente Hipólito Mejía colocara en un papel tan relevante, en su propio entorno de seguridad, a alguien que estaba subjúdice, en libertad bajo fianza tras haber sido involucrado en un fraude denunciado en septiembre de 1997 contra la Lotería Nacional, de la que, por cierto, era también jefe de seguridad.

            Se le acusó, junto al haitiano Frederick Marzourka, de estafa a fondos públicos y asociación de malhechores, y a quien la jueza Miriam Germán ordenó mantener en prisión, el 24 de octubre de 1997, considerando que existían “indicios graves, serios, precisos y concordantes” de responsabilidad en los hecho que se le imputaron.

            Pasó 6 meses en prisión, hasta lograr libertad condicional bajo fianza por decisión de la Suprema Corte de Justicia en marzo de 1998, lo que no lo relevaba del procesamiento judicial.

            Entonces era mayor del Ejército Nacional y por los cargos juidiciales quedó suspendido. Se supone que por “haberse fajado” en la campaña electoral, el presidente Mejía ordenó su reincorporación y lo hizo objeto de dos ascensos, hasta convertirlo en coronel.

            Fue notable que transcurrió mes y medio desde el momento (el 20 de septiembre pasado) en que el presidente del Banco Intercontinental puso en conocimiento del mandatario las irregularidades en que se involucra al coronel Goico, hasta que fue destituido y apresado.

Por Juan Bolívar Díaz

Mientras el Presidente Mejía y el secretario de Finanzas insistían en la concertación económica, los legisladores oficialistas persistían en cultivar la incertidumbre política                                         

            El secretario de Finanzas, José Lois Malkum marcó el paso positivo del gobierno esta semana al revelar una concertación en marcha entre el gobierno y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) con miras a asegurar la estabildiad macroeconómica en medio de la grave crisis de la economía internacional.

            Pero el ámbito político gubernamental siguió dando palos de ciegos cuando legisladores oficialistas cuestionaron el reciente acuerdo del diálogo político para dividir las funciones de la Junta Central Electoral y amenazaron con una nueva reforma constitucional para volver sobre la reducción del porcentaje del voto para elegir presidente.

            En tanto en el seno del Partido Revolucionario Dominicano seguían profundizándose las divergencias, agitadas por el protagonismo del grupo que sigue al presidente Hipólito Mejía, el denominado PPH, lo que al mismo tiempo empuja a los aspirantes a la candidatura presidencial a una prematura campaña interna.

Señales contradictorias

            En el ámbito internacional hubo señales contradictorias a lo largo de la semana. Lo más positivo fue que el petróleo se mantuvo en baja por primera vez en los últimos dos meses, reduciendo su precio en más de dos dólares el barril, pero el dólar dio señales de debilidad, como la economía de los Estados Unidos.

            A mediados de semana el euro superó en valor al dólar norteamericano tanto en los mercados europeos como en Nueva York, y la Reserva Federal norteamericana llevaba las tasas de interés a su nivel más bajo en medio siglo, 1.25 por ciento anual, que es dinero gratis si se le compara con las tasas prevalencientes en la República Dominicana.

            Para algunos analistas la victoria del Partido Republicano y el presidente GeorgeBush en las elecciones parciales del martes podría moderar el protagonismo guerrerista que tendría por objetivo explotar electoralmente el sentimiento patriótico

Norteamericano, lo que en consecuencia seguiría moderando el precio del petróleo.

            En esa línea se inscribiría el nuevo texto de resolución sobre Irak sometido por Estados Unidos a consideración de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que establece un camino más moderado de confrontación con el régimen de Saddan Husein.

            Sin embargo, otros analizan que tras el respaldo electoral que le permitió controlar la mayoría del Senado, hasta ahora en manos demócrata, el presidente Bush podría sentirse estimulado en sus afanes guerreristas, que tendrían el incentivo de los petroleros de su sureño estado de Tejas que soñarían con la explotación de las riquezas petrolíficas iraquíes.

            Las expectativas económicas norteamericanas seguían siendo inciertas, en medio de la desconfianza de los consumidores, con balance negativo en el empleo y sin que afloren elementos que permitan superar la casi recesión de los últimos meses.

            Para algunos, la guerra podría ayudar a reactivar la economía norteamericana. Pero afectaría en lo inmediato el precio del petróleo y el turismo internacional, lo que repercutiría en mayores dificultades para las economías dependientes, como la dominicana.

Actitud positiva

            El martes antes de viajar a Canadá, el presidente Hipólito Mejía se reunió con los senadores de su partido para pedirles respaldo a la concertación lograda en el diálogo político que permitiría superar los conflictos políticos originados en la designación de los jueces electorales y crear un mejor ambiente para viabilizar una nueva emisión de bonos soberanos.

            Fuentes de crédito indican que el presidente fue “tan sincero y convincente” que ninguno de los radicales defensores de las facultades legislativas se atrevió a cuestionar el pacto.

            Al día siguiente el secretario de finanzas, José Lois Markum, adelantó que el gobierno buscar concertar con el CONEP para una serie de 8 o 9 medidas encaminadas a mantener la estabilidad macoreconómica.

            Entre ellas incluyó no sólo la emisión de bonos soberanos por 600 millones de dólares, sino también la presentación de un presupuesto virtualmente congelado para el año próximo y disposiciones de austeridad y de corte monetario y fiscal.

            El gobierno no estaría en disposición de atender todos los reclamos del sector empresarial, pero le está consultando y escuchando y trataría de lograr acuerdos básicos, aunque no elimine el adelanto del 1.5 por ciento sobre las ventas ni desmonte significativamente la comisión cambiaria. Podría hacer concesiones en los gravámenes, de por sí bajos, de las materias primas, equipos y maquinarias.

            En el liderazgo empresarial se ha estado evaluando la posibilidad de presentar opciones impositivas que mantengan los ingresos estatales, entre las cuales han señalado la ampliación de la base del itebis, aunque al mismo tiempo plantean su reducción del 12 al 8 por ciento. También se habla de aumento al impuesto a la vivienda suntuaria y a las apuestas, que no compensarían más que un desonte parcial de la comisión cambiaria.

            La ampliación de la base impositiva del Itebis es considerada injusta porque tendería a gravar alimentos no consumo generalizado, lo que repercutiría sobre las clases medias bajas y los sectores populares. Nadie quiere ni discutir la posibilidad de que se graven las medicinas.

            Las simples consultas con el sector empresarial tiende a generar un clima de comprensión y confianza, que explicaría el respaldo que este ha adelantado a la nueva smisión de bonos soberanos, destinada a renegociar deuda externa de corto plazo por unos 250 millones de dólares, a pagar deuda interna por otros 135 millones de dólares y otros 215 millones para crear un fondo de contringencia ante la posibilidad de guerra internacional, que al mismo tiempo fortalecería las reservas de divisas.

Por Juan Bolívar Díaz

El Presidente Mejía constituído en garante del cumplimiento del pacto; pendiente la estabilidad macroeconómica y agenda para el desarrrollo                                           

            Aunque sostenido sobre un frágil hilo, el acuerdo pactado esta semana por los líderes de los partidos políticos mayoritarios y el gobierno para superar el enfrentamiento por la Junta Central Electoral (JCE) es un acontecimiento positivo llamado a contribuir a una necesaria distensión que permita enfocar la atención nacional en los problemas que amenazan la estabilidad macroeconómica de la última década.

            El consenso fue posible gracias a una firme decisión del presidente Hipólito Mejía, bajo cuya responsabildad quedará el cumplimiento por parte de los legisladores oficialistas, algunos de los cuales han llegado a creerse el propio argumento de que no pueden transar ni rectificar sin alterar el orden constitucional.

            Queda pendiente comprobar si las partes tendrán la misma voluntad para concoer los otros dos temas establecidos en la agenda del diálogo, referentes a disposiciones para mantener la estabildiad macroeconómica y definir los alcances de una agenda nacional de desarrollo.

Acuerdo reconfortante

            El pacto anunciado el jueves en el marco del diálogo iniciado el 21 de octubre para superar el enconado enfrentamiento político generado por la elección de los jueces electorales, cayó como un refrigerante en el caluroso otoño tropical, despertando leves expectativas de nuevas concertaciones que permitan enfrentar los acuciante problemas nacionales, especialmente del orden macroeconómico.

            Contradiciendo los vaticinios pesimistas que dominaron parte importante de la opinión pública desde el inicio del diálogo, los líderes de los partidos mayoritarios y el gobierno del presidente Hipólito Mejía lograron acuerdos básicos, lo que deja abiertas las puertas a nuevas concertaciones en los ámbitos políticos, sociales y económicos.

            Lo fundamental ha sido que se comprometieron a una reforma de la ley electoral para dividir las funciones administrativas, reglamentarias y contenciosas de la JCE y elevar a 9 la matrícula del organismo.

Los dos nuevos magistrados serían escogidos por consenso entre los partidos y en consulta con las organizaciones de la sociedad civil. Serían tres de acuerdo a una versión publicada por el periódico HOY, según la cual se habría pactado la renuncia de uno de los dos últimos en ser designados por el Senado.

            Habrá una cámara de administrativa, integrada por tres miembros, y la contenciosa por 5, más el presidente del plenario del organismo, que seguirá siendo el doctor Ramón Morel Cerda. Cada cámara decidirá en su ámbito propio. El pleno de los jueces sesionará para la materia reglamentaria.

            Al mismo tiempo los partidos se comprometieron a respetar plenamente el mandato de la ley electoral para que los directores de los organismos claves de la JCE, como la dirección general de elecciones, dirección de cómputos y del registro civil, sean escogidos por consenso.

            Cuando se anunció el pacto, los partidos apenas disponían de un borrador y abogados de los mismos se disponían a redactor las reformas a ser introducidas en la legislación electoral a través del presidente Hipólito Mejía, quien había sorprendido a la opinión pública con la convocatoria del diálogo, reclamado por los partidos de oposición y parte de las organizaciones sociales.

Parche mal pegado

            La forma en que se divide la JCE, sin tocar la Constitución de la República constituye un parche mal pegado. Es un acuerdo endeble, fruto de la necesidad del gobierno de poner límite a los enfrentamientos, para mejorar el clima en que podría enfrentar los problemas macroeconómicos y de la impotyencia de la oposición para doblar el brazo a la mayoría perredeísta en el Congreso y el Poder Ejecutivo.

            Lo ideal hubiese sido modificar el artículo 92 de la Constitución de la República que atribuye los funciones de dirección, reglamentación y enjuiciamiento a la JCE y entonces crear dos organismos totalmente separados, como se ha registrado en México, Perú, Chile, Paraguay y otros países de la región.

            Pero la conflictiva reforma constitucional concluída en agosto pasado ha sido un disuasivo para todos los sectores. Algunos se encrispaban de sólo insinuarse la posbilidad de volver a otra reforma de la carta magna. Se daba por seguro que algunos oficialistas insistirían en plabntear la reducción del porcentaje para elegir el Presidente de la República.

            El Instituto Federal Electoral en México y la Organización Nacional de Procesos Electorales, en Perú, son el ejemplo. Se trata de instituciones cuyo fin único es organizar los procesos electorales. Todo lo que tiene que ver con recursos jurídicos, de interpretación, de impugnación o conocimiento de diferendos se dirige a un tribunal superior electoral.

En algunos países el tribunal elñectoral es la propia Suprema Corte de Justicia o una cámara especializada de esta. En cualquier caso lo que se persigue es que quienes dictaminen sobre los conflictos no sean los mismos que tomen las decisiones en primera instancia., es decir, evitar el conflicto del que es juez y parte.

           La fórmula dominicana será obviamente un híbrido, asumeindo que pase la prueba de las interpretaciones iniciales. En otras palabras, que los legisladores y los actuales jueces acepten la intepretación de los pactantes. Monseñor Agripino Núñez, el mediador del diálogo explicó que “había que buscar una fórmula que no coludiera con la Constitución ni requiriera reformarla”.

Firme apoyo presidencial

            Desde el comienzo del diálogo Núñez Collado insistió en la firmeza del apoyo del presidente Mejía. Y fue más enfático al anunciar los acuerdos. Hasta dijo que el mismo mandatario había insinuado “una solución permanente” para que estas crisis electorales no se repitan.

            El primer mandatariono no sólo había sido el padre de la convocatoria a diálogo, sino que fue en un almuerzo al que invitó el lunes 28, donde se fraguó definitivamente el acuerdo.

            El compromiso presidencial es tan claro delante del mediador y las partes que nadie tiene dudas de que el acuerdo será acatado por los congresistas, aunque algunas voces destempladas pretendan ensayar un relajo parecido al practicado con los resultados de la comisión para la reforma constitucional.

            Fuentes del partido de gobierno ratifican que Hipólito Mejía había comprendido la necesidad de resolver el enfrentamiento y promover una distensión nacional. No sólo por razones económicas coyunturales, como la necesidad de que le aprueben uan nueva emisión de bonos soberanos, sino también para evitar que fraguara un frente antiperredeísta encabezado por los dos grandes partidos de oposición.

            El agrónomo Mejía también habría aceptado que no favorecía la imagen de su gobierno que la cumbre de gobernantes iberoamericanos, -a reunirse en el país el 15 y 16 de noviembre- lo encontrara en medio de una crisis política que incluía el retiro de los legisladores de oposición.

            En círculos gubernamentales se ha confirmado que la reunión del presidente Mejía con un grupo de dirigentes reformistas encabezados por su presidente Rafael Bello Andino fue clave para que decidiera promover una transacción. Estos le habrían expuesto los efectos que el enfrentamiento estaba generando en la militancia de su partido, que cerraba la puerta a la colaboración.

            Eso aparte de las presiones del PLD, las señales del empresariado y de la jerarquía eclesiástica, y de sectores importantes de la opinión pública, que abogaban por un clima político más apropiado a las circunstancias nacionales e internacionales.

¿Proseguirá el diálogo?

          Superado el principal factor de conflicto en la coyuntura nacional, muchos se preguntan si el diálogo proseguirá hasta agotar los otros dos puntos de la agenda trazada a su inicio.

            La impresión que se recoje en círculos oficialistas es que el gobierno no tiene mucho interés en que le marquen pauta a seguir frente a los problemas económicos, sobre todo porque sabe que toda la oposición política y las entidades sociales van a insistir en reclamarle austeridad y hasta reducción del gasto corriente.

            Ya voceros empresariales han adelantado que pedirán un presupuesto para el 2003 igual al del año que concluye. Otros contemplan que se elimine el recargo cambiario y no han faltado los que demandan hasta la eliminación del impuesto del 1.5 por ciento a las ventas.

            Sin llegar a complacer las posiciones más oportunistas, el gobierno podría hacer algunas concesiones, incluyendo un compromiso firme de contracción del gasto y proseguir el desmonte de la comisión cambiaria, lo que al mismo tiempo repercutiría en moderación de las tendencias inflacionarias.

            De entrada, el gobierno ya tiene como meta inmediata que le aprueben una nueva smiión de bonos soberanos, a la cual es obvio que no se opone el empresariado. Más bien, algunos sectores, especialmente la banca, la consideran imprescindible para enderezar la pendiente resbaladiza por la que rueda cuesta abajo el peso.

            Esta semana el presidente Mejía no sólo confirmó que el gobierno quiere otros 500 millones de dólares en bonos soberanos, sino que por primera vez planteó públicamente que la nación atravieza por una crisis financiera.

            Nadie en el diálogo pretende que se siente allí el equipo que elabora el presupueusto para discutir las partidas. Lo que se concibe es una declaración general donde se propongan metas y propósitos. A cambio los opositores tendrían que admitir que la crisis económica tiene un alto componente importado, a través de la recesión internacional, la crisis del turismo y el alza del petróleo.

            La segunda etapa del diálogo podría aportar elementos de conciliación para enfrentar la crisis económica internacional con racionalidad. El gobierno pidiendo y ganando colaboración y comprensión, a cambio de mayor transparencia y concertación.

            Mientras tanto, se espera que los acuerdos políticos contribuyan a mejorar el clima político y diluyan en parte las incertidumbres que habrían puesto alguna parte en la corrida cambiaria que registró el caliente octubre.-

Por Juan Bolívar Díaz

De confirmarse esa tendencia, el PRD y su gobierno tendrán que someterse a una profunda revisión

             La aparición del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el primer lugar de las preferencias partidarias en la encuesta Penn, Schoen y Berland para el diario El Caribe causó sorpresa entre los observadores políticos esta semana y despertó entusiasmo entre dirigentes y militantes de esa organización.

           Por sí solo el partido morado no aparecía a la cabeza de ninguna de las encuestas reconocidas desde la campaña electoral de 1990 cuando el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) perdió la hegemonía política tras su derrota electoral de 1986 y la división protagonizada por sus líderes José Francisco Peña Gómez y Jacobo Majluta.

            De reconfirmarse esa tendencia en el electorado, el PRD y su gobierno tendrían que hacerse una revisión profunda para tratar de determinar las causas de una caída tan estrepitosa, apenas tres meses después de su apabullante triunfo en las elecciones congresionales y municipales de mayo pasado.

Un tremendo salto

            El resultado de las preferencias partidarias en la encuesta Penn, Schoen & Berland fue publicado en la edición de El Caribe del martes 17 y se perdió un poco en medio del discurso presidencial con sus anuncios de nuevas políticas en materia de energía.

            Desde luego, la publicación no pasó desapercibida ni para los peledeístas, que la tomaron con disimulado entusiasmo, ni para los perredeístas entre quienes ocasionó preocupaciones.

            La pregunta fue formulada como sigue: “Dentro de dos años tendrán lugar elecciones presidenciales. Si esas elecciones tuvieran lugar hoy, pensando sólo en los partidos, y no en los candidatos, por cuál partido votaría usted?”.

            El 33 por ciento respondió que votaría por el PLD y sólo el 28 por ciento por el PRD y el 19 por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). En la encuesta anterior de esa firma, en febrero pasado, el perredeísmo superó al peledeísmo 37 a 27 por ciento, lo que implica que el partido blanco perdió 9 puntos en 6 meses, mientras el morado ganaba 6 puntos porcentuales.

            Este resultado difiere considerablemente del presentado por la encuesta Hamilton & Beattie para HOY, publicada a mediados de agosto pasado. En esta el PRD mantenía una cómoda ventaja de 40 a 24 por ciento sobre el PLD. Con el PRSC estacionado en 21 por ciento.

            Entre el trabajo de campo de las dos investigaciones sólo mediaron tres semanas. La de Hamilton del 2 al 5 de agosto, y la de Penn del 23 al 26 del mismo mes.

            Debe advertirse que las encuestas anteriores de ambas firmas fueron en la campaña electoral y que la ventaja del perredeísmo fue ratificada por los resultados de la votación del 16 de mayo.

            Sólo en la campaña electoral de 1990 el PLD, con sus propias fuerzas, encabezó las encuestas sueprando ampliamente al PRD que vio sus simpatías descender por debajo del 20 por ciento. El la votación de aquel año, afectada por graves irregularidades, el partido morado registró 33 por ciento, contra 35 del PRSC que se quedó con el poder, y el perredeísmo con un repunte en los últimos días de campaña alcanzó el 24 por ciento.

Largo dominio del PRD

            El PLD perdió la hegemonía en las encuestas desde finales de 1990 y no la había recuperado hasta esta de Penn. Para la segudna vuelta de los comicios de 1996, su candidato Leonel Fernández logró superar al doctor José Francisco Peña Gómez, pero ya entonces en alianza con el PRSC. En las dos de Gallup para Rumbo publicadas en junio de 1990, con registros de 55 a 44 por ciento y 50 a 49 por ciento. En la votación Fernández ganó 52 a 48 por ciento.

            En la primera vuelta de las elecciones de 1996 Peña Gómez y el PRD mantuvieron el dominio en todas las encuestas. En la Gallup de marzo 42 a 37 por ciento sobre el doctor Fernández y el PLD y 46 a 37 por ciento a principios de mayo. La votación de esa primera vuelta favoreció al partido blanco 46 contra 39 por ciento. Jacinto Peynado por el PRSC, consiguió el 15 por ciento.

            En la campaña electoral de 1998 el PRD mantuvo su dominio en las encuestas consideradas independientes. En la última de Hamilton para HOY, en abril de ese año, registró 43 contrra 31 del PLD y 17 del PRSC. En junio, después de su barrida electoral, el perredeísmo seguía arriba 50 contra 29 y 13 en la encuesta Hamilton.

            Desde entonces el partido blanco nunca perdió a hegemonía, nituvo un resultado por debajo del 30 por ciento como en la última de Penn, mientras el partido morado se disputaba el segundo lugar con el PRSC, casi siempre por encima de este, aunque guardando corta distancia.

            El resultado arrojado esta semana por la encuesta de El Caribe es tan sorprendente que habría que esperar a una próxima investigación para ver si se ratifica o fue fruto de algún error del muestreo o una expresión pasajera derivada de la protesta generalizada por la larga tanda de apagones que sublevó los ánimos populares en las últimas semanas.

            De cualquier forma, la sorpresa ha causado preocupación entre los perredeístas y gran aliento en las filas de los peledeístas. Una analista del PLD se manifestó sorprendido, diciendo que nadie esperaba eso. Especialmente en cuanto a las simpatías partidarias. Porque en cuanto a las posibles candidaturas, Leonel Fernández viene registrando una gran fortaleza en las últimas encuestas tanto de Penn como de Hamilton.

Por Juan Bolívar Díaz

La encuesta de El Caribe ratifica la caída en el crédito del gobierno que registró la de HOY el pasado mes

             El gobierno perredeísta del presidente Hipólito Mejía atravieza por su peor momento en los comienzos de su segunda mitad, afectado básicamente por la crisis energética que ha alcanzado uno de sus peores niveles, por alzas de precios derivadas del incremento en el costo del petróleo y la devaluación del peso y por el auge de la delincuencia.

            La encuesta de Penn, Schoen & Berland, publicada esta semana por el diario El Caribe, ratificó el deterioro de la imagen del gobierno que había reflejado la de Hamilton para HOY publicada a mediados del mes pasado.

            Las perspectivas no apuntan a una mejoría del crédito gubernamental en lo inmediato, dado el inminente aumento en la tarifa de la energía eléctrica que se anuncia para la próxima semana, aunque a corto plazo un mejoramiento significativo de la electricidad podría reducir uno de los factores de mayor disgusto en la población.

Percepción ratificada

               En líneas generales la encuesta de Penn, Schoen & Berland para el diario El Caribe ha ratificado la percepción negativa de la gestión gubernamental que había registrado la de Hamilton para HOY publicada a mediados de agosto pasado.

            En la de Penn es mucho mayor el porcentaje de los encuestados que consideran que las cosas no van en dirección equivocada, al registrar un 69 por ciento, 10 puntos sobre el 59 que la anterior de la misma firma presentó en febrero pasado. Ante similar pregunta la Hamilton arrojó en agosto un 57 por ciento, 5 puntos más que su anterior en marzo.

            Ambas investigaciones reflejan una mayoría de la población insatisfecha con la labor del gobierno. Mientras la de HOY registró una calificación positiva del 45 por ciento, un punto más que en marzo, la de El Caribe indica una satisfacción del 40 por ciento, 10 puntos menos que en febrero.

            El pesimismo se ha reflejado por igual en las dos encuestas. En la Hamilton el 47 por ciento, 11 puntos más que en marzo, estimó que dentro de un año su situación personal será peor. La de Penn registró un 41 por ciento con expectativas peores sobre la situación del país dentro de un año, 5 puntos más que en febrero.

            Los porcentajes de los que consideran que la situación será mejor dentro de un año han sido del 28 por ciento en la primera y 33 por ciento en la última, en ambos casos en reducción en relación al 34 y 45 por ciento de las encuestas anteriores.

            La Penn preguntó además por la satisfacción con la labor del presidente, arrojando sólo un 42 por ciento, 6 puntos menos que en febrero.

            Estas dos encuestas, junto a la de Gallup han sido las más acreditadas de las publicadas en el país en las últimas dos décadas. Casi siempre han sido cuestionadas por los gobernantes de los tres partidos mayoritarios, pero acogidas cuando han estado en la oposición.

Factores adversos

            En la actual perecepción negativa sobre la gestión gubernamental está pesando preponderantemente el deterioro registrado en las últimas semanas por el servicio energético. La reducción de la oferta de electricidad por factores fundamentalmente financieros ha afectado ultimamente hasta a los sectores de clases medias y altas donde se paga el servicio, considerado entre los más caros del mundo.

            En las poblaciones del interior del país y en los barrios populares los apagones han impactado tan negativamente que se han reflejado en violentas protestas, con las consiguientes represiones policiales, con saldos de muertos y heridos.

            La demanda de electricidad es lo que motoriza las protestas sociales durante el gobierno perredeísta, lo que parece indicar que se está poniendo más atención a los demás servicios públicos y a la construcción de múltiples obras, como escuelas, arreglos de calles y caminos, que las motorizaron en años anteriores.

            La percepción negativa está siendo impulsada también por repetidas elevaciones de precios de los combustibles, determinadas por el incremento del costo del petróleo, que en las últimas semanas ha vuelto a rondar los 30 dólares el barril, por encima de los 25 dólares que promedió en el 2001.

            Se trata de un factor de origen exógeno, al igual que la pérdida de valor del peso, determinada por la recesión internacional y la inseguridad que han repercutido sobre el turismo y las exportaciones de zonas francas.

            La devaluación del peso, que ronda el 12 por ciento en los dos años del actual gobierno, pero concentrada en los últimos tres meses, repercute en incrementos de precios no solo de los combustibles, sino también de todos los productos importados.

            Las quejas sobre el aumento en el costo de la vida son mayúsculas, pese a que el país registró en el último año una de las tasas de inflación más bajas en mucho tiempo, de apenas 4 por ciento, y sólo 2 por ciento en la primera mitad del año.

            El esfuerzo de las autoridades por contener la devaluación ha conllevado restricciones monetarias que a su vez se reflejan en aumentos de las tasas de interés, con el consiguiente encarecimiento del dinero y contracción de la inversión, lo que deviene en desempleo.

            Con los Estados Unidos en pie de guerra, las perspectivas internacionales son negativas, manteniendo elevados los precios del petróleo y generando pesimismo sobre el futuro inmediato.

            Otro factor que está incidiendo en la visión pesimista de la población es el incremento de la delincuencia. Hay tendencias a magnificarla cuando se producen hechos a los que el país no está acostumbrado como el secuestro del empresario Capellán o los ajustes de cuentas entre narcotraficantes. Aunque la Policía ha logrado con asombrosa rapidez determinar los autores de los más conmocionantes hechos delictivos.

Esperado discurso presidencial

            Las perspectivas en lo inmediato no son halagueñas si se tiene en cuenta que ya está anunciado un aumento en la tarifa de la energía eléctrica, que algunos medios informativos han magificado, llegando a estimarlo hasta en 100 por ciento.

            Los informes más realistas parecen cifrarlo entre 20 y 30 por ciento, pero suficiente para generar nuevas inconformidades y protestas. Las autoridades hacen esfuerzos porque el aumento no castigue a los sectores de menores ingresos y consumo. Pero mientras tanto, las expectativas son negativas.

            El discurso presidencial anunciado para el martes 17 versará sobre la renegociación de los contratos con los generadores de electricidad, lo que a corto plazo deberá traducirse en una notable mejoría del servicio, pero conlleva el fin del subsidio del gobierno por el sobreprecio del petróleo que ha predominado desde comienzos del 2000.

            Los efectos negativos que se debieron dispersar a lo largo de los últimos dos años y medio por la elevación del costo del petróleo, podrían sentirse ahora de golpe, agravando la inconformidad social.

            Se espera que el presidente Mejía disponga algunas medidas de compensación para los sectores de menores ingreos, pero el aumento del costo de la electricidad se reflejará en los sectores medios y altos y en los industriales, comerciantes y establecimientos de servicios.

            Más allá de las medidas compensatorias, que no podrán ser muchas, el gobierno tendrá que apelar a la creación de un clima de mayor conciliación en los ámbitos políticos, eliminando factores de irritación y confrontación. Al respecto podría apelar a una negociación para elegir una Junta Central Electoral con algún grado de consenso político y social.

            Por demás, los estrategas gubernamentales tendrían que hacer un mayor y sistemático esfuerzo para explicar a la población que muchas de las dificultades coyunturales son fruto de un ámbito económico y político internacional poco propicio, que ha puesto en apuros mayores a la generalidad de las economás latinoamericanas.-