Por Juan Bolívar Díaz
El Presidente Mejía constituído en garante del cumplimiento del pacto; pendiente la estabilidad macroeconómica y agenda para el desarrrollo
Aunque sostenido sobre un frágil hilo, el acuerdo pactado esta semana por los líderes de los partidos políticos mayoritarios y el gobierno para superar el enfrentamiento por la Junta Central Electoral (JCE) es un acontecimiento positivo llamado a contribuir a una necesaria distensión que permita enfocar la atención nacional en los problemas que amenazan la estabilidad macroeconómica de la última década.
El consenso fue posible gracias a una firme decisión del presidente Hipólito Mejía, bajo cuya responsabildad quedará el cumplimiento por parte de los legisladores oficialistas, algunos de los cuales han llegado a creerse el propio argumento de que no pueden transar ni rectificar sin alterar el orden constitucional.
Queda pendiente comprobar si las partes tendrán la misma voluntad para concoer los otros dos temas establecidos en la agenda del diálogo, referentes a disposiciones para mantener la estabildiad macroeconómica y definir los alcances de una agenda nacional de desarrollo.
Acuerdo reconfortante
El pacto anunciado el jueves en el marco del diálogo iniciado el 21 de octubre para superar el enconado enfrentamiento político generado por la elección de los jueces electorales, cayó como un refrigerante en el caluroso otoño tropical, despertando leves expectativas de nuevas concertaciones que permitan enfrentar los acuciante problemas nacionales, especialmente del orden macroeconómico.
Contradiciendo los vaticinios pesimistas que dominaron parte importante de la opinión pública desde el inicio del diálogo, los líderes de los partidos mayoritarios y el gobierno del presidente Hipólito Mejía lograron acuerdos básicos, lo que deja abiertas las puertas a nuevas concertaciones en los ámbitos políticos, sociales y económicos.
Lo fundamental ha sido que se comprometieron a una reforma de la ley electoral para dividir las funciones administrativas, reglamentarias y contenciosas de la JCE y elevar a 9 la matrícula del organismo.
Los dos nuevos magistrados serían escogidos por consenso entre los partidos y en consulta con las organizaciones de la sociedad civil. Serían tres de acuerdo a una versión publicada por el periódico HOY, según la cual se habría pactado la renuncia de uno de los dos últimos en ser designados por el Senado.
Habrá una cámara de administrativa, integrada por tres miembros, y la contenciosa por 5, más el presidente del plenario del organismo, que seguirá siendo el doctor Ramón Morel Cerda. Cada cámara decidirá en su ámbito propio. El pleno de los jueces sesionará para la materia reglamentaria.
Al mismo tiempo los partidos se comprometieron a respetar plenamente el mandato de la ley electoral para que los directores de los organismos claves de la JCE, como la dirección general de elecciones, dirección de cómputos y del registro civil, sean escogidos por consenso.
Cuando se anunció el pacto, los partidos apenas disponían de un borrador y abogados de los mismos se disponían a redactor las reformas a ser introducidas en la legislación electoral a través del presidente Hipólito Mejía, quien había sorprendido a la opinión pública con la convocatoria del diálogo, reclamado por los partidos de oposición y parte de las organizaciones sociales.
Parche mal pegado
La forma en que se divide la JCE, sin tocar la Constitución de la República constituye un parche mal pegado. Es un acuerdo endeble, fruto de la necesidad del gobierno de poner límite a los enfrentamientos, para mejorar el clima en que podría enfrentar los problemas macroeconómicos y de la impotyencia de la oposición para doblar el brazo a la mayoría perredeísta en el Congreso y el Poder Ejecutivo.
Lo ideal hubiese sido modificar el artículo 92 de la Constitución de la República que atribuye los funciones de dirección, reglamentación y enjuiciamiento a la JCE y entonces crear dos organismos totalmente separados, como se ha registrado en México, Perú, Chile, Paraguay y otros países de la región.
Pero la conflictiva reforma constitucional concluída en agosto pasado ha sido un disuasivo para todos los sectores. Algunos se encrispaban de sólo insinuarse la posbilidad de volver a otra reforma de la carta magna. Se daba por seguro que algunos oficialistas insistirían en plabntear la reducción del porcentaje para elegir el Presidente de la República.
El Instituto Federal Electoral en México y la Organización Nacional de Procesos Electorales, en Perú, son el ejemplo. Se trata de instituciones cuyo fin único es organizar los procesos electorales. Todo lo que tiene que ver con recursos jurídicos, de interpretación, de impugnación o conocimiento de diferendos se dirige a un tribunal superior electoral.
En algunos países el tribunal elñectoral es la propia Suprema Corte de Justicia o una cámara especializada de esta. En cualquier caso lo que se persigue es que quienes dictaminen sobre los conflictos no sean los mismos que tomen las decisiones en primera instancia., es decir, evitar el conflicto del que es juez y parte.
La fórmula dominicana será obviamente un híbrido, asumeindo que pase la prueba de las interpretaciones iniciales. En otras palabras, que los legisladores y los actuales jueces acepten la intepretación de los pactantes. Monseñor Agripino Núñez, el mediador del diálogo explicó que “había que buscar una fórmula que no coludiera con la Constitución ni requiriera reformarla”.
Firme apoyo presidencial
Desde el comienzo del diálogo Núñez Collado insistió en la firmeza del apoyo del presidente Mejía. Y fue más enfático al anunciar los acuerdos. Hasta dijo que el mismo mandatario había insinuado “una solución permanente” para que estas crisis electorales no se repitan.
El primer mandatariono no sólo había sido el padre de la convocatoria a diálogo, sino que fue en un almuerzo al que invitó el lunes 28, donde se fraguó definitivamente el acuerdo.
El compromiso presidencial es tan claro delante del mediador y las partes que nadie tiene dudas de que el acuerdo será acatado por los congresistas, aunque algunas voces destempladas pretendan ensayar un relajo parecido al practicado con los resultados de la comisión para la reforma constitucional.
Fuentes del partido de gobierno ratifican que Hipólito Mejía había comprendido la necesidad de resolver el enfrentamiento y promover una distensión nacional. No sólo por razones económicas coyunturales, como la necesidad de que le aprueben uan nueva emisión de bonos soberanos, sino también para evitar que fraguara un frente antiperredeísta encabezado por los dos grandes partidos de oposición.
El agrónomo Mejía también habría aceptado que no favorecía la imagen de su gobierno que la cumbre de gobernantes iberoamericanos, -a reunirse en el país el 15 y 16 de noviembre- lo encontrara en medio de una crisis política que incluía el retiro de los legisladores de oposición.
En círculos gubernamentales se ha confirmado que la reunión del presidente Mejía con un grupo de dirigentes reformistas encabezados por su presidente Rafael Bello Andino fue clave para que decidiera promover una transacción. Estos le habrían expuesto los efectos que el enfrentamiento estaba generando en la militancia de su partido, que cerraba la puerta a la colaboración.
Eso aparte de las presiones del PLD, las señales del empresariado y de la jerarquía eclesiástica, y de sectores importantes de la opinión pública, que abogaban por un clima político más apropiado a las circunstancias nacionales e internacionales.
¿Proseguirá el diálogo?
Superado el principal factor de conflicto en la coyuntura nacional, muchos se preguntan si el diálogo proseguirá hasta agotar los otros dos puntos de la agenda trazada a su inicio.
La impresión que se recoje en círculos oficialistas es que el gobierno no tiene mucho interés en que le marquen pauta a seguir frente a los problemas económicos, sobre todo porque sabe que toda la oposición política y las entidades sociales van a insistir en reclamarle austeridad y hasta reducción del gasto corriente.
Ya voceros empresariales han adelantado que pedirán un presupuesto para el 2003 igual al del año que concluye. Otros contemplan que se elimine el recargo cambiario y no han faltado los que demandan hasta la eliminación del impuesto del 1.5 por ciento a las ventas.
Sin llegar a complacer las posiciones más oportunistas, el gobierno podría hacer algunas concesiones, incluyendo un compromiso firme de contracción del gasto y proseguir el desmonte de la comisión cambiaria, lo que al mismo tiempo repercutiría en moderación de las tendencias inflacionarias.
De entrada, el gobierno ya tiene como meta inmediata que le aprueben una nueva smiión de bonos soberanos, a la cual es obvio que no se opone el empresariado. Más bien, algunos sectores, especialmente la banca, la consideran imprescindible para enderezar la pendiente resbaladiza por la que rueda cuesta abajo el peso.
Esta semana el presidente Mejía no sólo confirmó que el gobierno quiere otros 500 millones de dólares en bonos soberanos, sino que por primera vez planteó públicamente que la nación atravieza por una crisis financiera.
Nadie en el diálogo pretende que se siente allí el equipo que elabora el presupueusto para discutir las partidas. Lo que se concibe es una declaración general donde se propongan metas y propósitos. A cambio los opositores tendrían que admitir que la crisis económica tiene un alto componente importado, a través de la recesión internacional, la crisis del turismo y el alza del petróleo.
La segunda etapa del diálogo podría aportar elementos de conciliación para enfrentar la crisis económica internacional con racionalidad. El gobierno pidiendo y ganando colaboración y comprensión, a cambio de mayor transparencia y concertación.
Mientras tanto, se espera que los acuerdos políticos contribuyan a mejorar el clima político y diluyan en parte las incertidumbres que habrían puesto alguna parte en la corrida cambiaria que registró el caliente octubre.-