El 2003 será de activismo político y atención económica

Por Juan Bolívar Díaz

La institucionalidad democrática será sometida a prueba en la JCE y el Poder Ejecutivo mientras se definen las candidaturas para el 2004 

            Desde sus primeros días el año 2003 estará marcado por la actividad política y las luchas internas en los partidos por la consecución de las candidaturas para las elecciones presidenciales de mayo del 2004.

            La institucionalidad democrática tendrá una nueva prueba especialmente en la Junta Central Electoral (JCE) que deberá hacer viable el voto de los residentes en el exterior, y en el Poder Ejecutivo, que como tal debería mantenerse al margen de las posiciones partidistas.

            El país llega al nuevo año con algunas incertidumbres económicas cuya suerte está en el gobierno comprometido, mediante el pacto con los empresarios, a controlar el gasto público, a reducir su nómina y a un mínimo de ahorro como forma de contener el proceso devaluatorio e inflacionario y mantener la estabildiad cambiaria de la última década.

A bailar tocan!

            Como un año preelectoral, el 2003 que comienza será de gran activismo político en la búsqueda temprana de definiciones para los comicios presidenciales de mayo del 2004. De hecho la lucha comenzó hace meses y varios precandidatos hasta mantienen promoción en la radio y la televisión.

            El registro de los últimos torneos electorales indica que los partidos de oposición escogen sus candidatos alrededor de un año antes de los comicios, mientras los de gobierno, especialmente si existe posibilidad de reelección, esperan al menos hasta el último semestre. Si el candidato no es el presidente de turno, la tendencia es a dilatar su emergencia como forma de prolongar el predominio del mandante. En las repostulaciones de Balaguer la formalización se daba alrededor de 3 meses antes de los comicios.

            Esta vez el primero que definirá su candidatura presidencial será el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), preocupado por proyectar una nueva opción, tras la desaparición de su eterno candidato el doctor Joaquín Balaguer.

            De las diez elecciones presidenciales en que ha participado desde su fundación en 1964, el PRSC llevó de candidato a Balaguer en 9. La única ocasión en que no pudo hacerlo fue por la prohibición de la reelección presidencial en 1994, como parte del pacto que suturó el último trauma electoral provocado por el legendario caudillo. Le tocó a Jacinto Peynado y Balaguer lo traicionó apoyando a Leonel Fernández.

            Los reformistas tienen ya definido un calendario de elecciones primarias. La primera fase arranca en enero cuando ocho aspirantes a la candidatura presidencial se lanzarán al más intenso activismo, pues por el método de encuesta serán preseleccionados cinco. Antes de mayo esperan estar celebrando votaciones primarias con participación de todos los militantes para escoger su candidato.

            Los precandidatos reformistas son Jacinto Peynado, Carlos Morales Troncoso, Federico Antún, José Hazim Frappier, Eduardo Estrella, Héctor Rodríguez Pimentel, Alexis Joaquín Castillo y Tito Hernández.

            El Partido de la Liberación Dominicana espera elegir su candidato a mediados del año, con una votación primaria de sus bases y hasta el momento sólo se proyectan dos candidatos, los Fernández, presidente y vicepresidente de la República en el período 1996-2000: Leonel Fernández Reyna y Jaime David Fernández Mirabal, quienes ya llevan varios meses en actividades proselitistas.

El PRD con retraso

            El Partidio Revolucionario Dominicano (PRD) es el que luce retrasado y probablemente no podrá escoger su candidato hasta bien entrada la segunda mitad del año. En primer lugar porque en su “tendencia” o grupo más influyente, el Proyecto Presidencial Hipólito (PPH) persisten núcleos poderosos que todavía acarician la idea de la reelección presidencial, lo que no se definiría absolutamente temprano del año.

            Otra razón de retraso es que el PRD tendría que realizar una doble convención y la primera sería para renovar sus cuadros dirigenciales, desde su Comité Ejecutivo Nacional hasta los comités de zona y de base, y los “frentes de masas”, como la juventud o los profesionales.

            Aún en la oposición, la generalidad de las veces el PRD ha celebrado sus convenciones para elegir candidatos presidenciales entre octubre y noviembre del año anterior a los comicios, aunque en el 2000 se adelantó unos 3 meses. Aunque fue el primer partido nacional en celebrar elecciones primarias para los comicios de 1982, antes y después siempre ha atravesado por serias dificultades.

            Por lo menos unos 6 dirigentes perredeístas se mantienen con expectativas de convertirse en candidato o candidata presidencial para el 2004: Ya en campaña se encuentran Enmanuel Esquea y Ramón Albulquerque. Milagros Ortiz Bosch, Hatuey de Camps y Rafael Suverbí son considerados como precandidatos aunque no lo han formalizado. Rafael Abinader sería el sexto.

            Además de que el presidente Hipólito Mejía ha sostenido en infindiad de declaraciones que no aceptará una repostulación, el desgaste que ha sufrido su gobierno y la propia imagen en la segunda mitad de este año, parecen haber sepultado el proyecto reeleccionista impulsado por el PPH.

            Eso lo han reconocido en público y privado hasta dirigentes de este grupo, pero hay quienes guardan la expectativa de una renovación con el año que comienza, cifrada en una superación de las dificultades económicas nacionales.

            En el caso remoto de que el presidente Mejía fuera convencido de renegar de la palabra empeñada, nadie duda que se impondría su candidatura, aunque generaría serios conflictos al interior de un PRD donde todavía quedan fuertes corrientes anticontinuistas.   Leonel, Jacinto y Milagros

            Se se descarta la repostulación de Hipólito Mejía, los que lucen con mayores posibilidades de convertirse en candiatos presidenciales de los tres partidos mayoritarios son Leonel Fernández, Jacinto Peynado y Milagros Ortiz Bosch, por lo que uno de ellos sería el príoximo presidente o la primera presidenta del país.

            Eso está documentado en las encuestas de preferencias políticas publicadas después que Mejía se convirtiera en presidente. Y en los tres casos sistemáticamente con amplias ventajas sobre sus competidores internos.

            Jacinto Peynado encabeza las preferencias para la candidatura reformista, dentro y fuera de su partido, en todas las encuestas en que no se ha considerado a Balaguer como opción. Y duplica a su más cercano contendiente que lo ha sido Carlos Morales Troncoso. Federico Antún, José Hazim y Eduardo Estrella tendrían que dar tremenda sorpresa para imponerse sobre los dos primeros.

            Leonel Fernández se enfrenta a un candidato de amplias simpatías incluso fuera del PLD, Jaime David Fernández, un abanderado de los principios en que se fundó ese partido. Pero la condición de expresidente parece pesar mucho en la tradición nacional, aparte del hecho de que aquel conserva un discurso que fascina a las clases medias, donde está el fuerte de la nueva militancia peledeísta que definirá la candidatura.

            Milagros Ortiz Bosch, Hatuey de Camps y Rafael Suberví , serían de acuerdo a las encuestas de los últimos dos años, los de mayores posibilidades de encabezar la boleta blanca para el 2004. Enmanuel Esquea ha crecido pero sobre todo en el exrerior del partido.

            Fuentes bien informadas indican que el presidente Mejía se inclinaría por su vicepresidenta, que incluso ya lo habría insinuado claramente, tanto a ella como a dirigentes del PPH. Suberví ha sido el de mejor relación con los pepeachistas, pero se le considera uno de los más vulnerables frente al electorado nacional.

            En cambio, Milagros Ortiz es estimada como la del discurso y prendas personales llamadas a compensar el desgaste sufrido por el PRD en el actual ejercicio del poder, especialmente en las clases medias y los forjadores de opinión pública.

El peso de la economía

            La confianza en el arbitraje electoral y la marcha de la economía nacional son las dos mayores interrogantes con que se inicia el año.

            La plena superación del conflicto por los jueces electorales es fundamental para comenzar el 2003 conteniendo las incertidumbres que han afectado la economía nacional en los últimos meses.

            Más aún por cuanto en los primeros meses tendrá que definirse sin la menor duda el levantamiento del padrón electoral para el voto de los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior. Será imposible sin una JCE de consenso, y cualquier intento de imposición desde el poder sólo serviría para ampliar la desconfianza.

            Un conflicto de esa naturaleza remitiría a cuestionamientos sobre el futuro de los comicios, poniendo en peligro los avances institucionales y democráticos de los últimos años. Desde luego, sus repercusiones económicas serían muy negativas sobre si persiste un escenario internacional tan adverso como el del último año.

            El petróleo de West Texas, referencia para el país, llegó a Navidad a casi 32 dólares el barril, después de dos semanas de incremento de precios y el espectro de la guerra, que sería una ocupación de Irak, parece en renovación al concluir el año. De producirse no sólo llevaría el petróleo sobre 40 dólares, sino que también afectaría el turismo.

            En el orden interno quedará en manos del presidente Mejía el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Las líneas a seguir están contenidas en el Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico recién firmado por el gobierno con el Consejo Nacional de la Empresa Privada.

Eso lo reconocen, en constancia pública, hasta el secretario de finanzas José Lois Malkún, los asesores económicos del Ejecutivo, como José Luis Alemán, Félix Calvo y Carlos Despradel, y miembros de la Junta Monetaria como Eduardo García Michel.

Todo se resume en control del gasto público, con reducción de nóminas estatales, ahorro fiscal, estricto cumplimiento de la ley de presupuesto y la finalidad de los bonos soberanos y prioridades en la inversión.

               En todos los años que anteceden a comicios presidenciales existe la tendencia a aumentar el gasto para atender demandas y ganar votos. Pero las perspectivas de la economía parecen indicar que ese camino puede resultar en una encerrona, porque podría generar mayor desestabilidad, con niveles de devaluación e inflación que serían graves para la nación y desastrosos para el PRD y su gobierno.-

El Senado debe aprobar la division de la JCE

Por Juan Bolívar Díaz

Las disposiciones de la Junta Monetaria y el pacto con los empresarios contuvo la corrida cambiaria  

            El gobierno logró esta semana contener la corrida de la tasa de cambio con algunas disposiciones de la Junta Monetaria, la firma del Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico con los empresarios y la aprobación del senado al proyecto de bonos soberanos por sólo 600 millones de dólares, como propuso el Poder Ejecutivo.

            Sin embargo, para restablecer la confianza y despejar las incertidumbres todavía está pendiente que el Senado perredeísta apruebe el proyecto de reformas que divide las funciones de la Junta Central Electoral pactado entre los partidos mayoritarios y el Presidente de la República y el presupeusto del próximo año.

            Aunque persisten resistencias entre senadores radicales, la cámara alta no tiene otra alternativa que hacer honor al consenso, a menos que quiera desautorizar al presidente Mejía y al Partido Revolucionario Dominicano, lo que agudizaría los enfrentamientos políticos y dilataría la aprobación de los bonos sobernos en la Cámara de Diputados, revirtiendo los avances de los últimos días.

Se despeja el panorama

            Sin anunciarlo expresamente, el gobierno se declaró en sesión permanente y la Juunta Monetaria sesionó sábado y domingo pasados para disponer medidas a fin de contener la corrida devaluatoria que sufrió el peso en las dos semanas anteriores.

            Consideradas insuficentes en sí mismas, se informó que se habían hecho otras recomendaciones al Presidente de la República a la par que se anunciaba para el lunes 9 la firma del Pacto por la Estabildiad y el Desarrollo Económico que el equipo económico del gobierno había acordado con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).

            El documento se firmó la mañana del lunes en el Palacio Nacional, implicando reformas al proyecto de Rectificación Tributaria que el Ejecutivo había sometido al Congreso Nacional, en los ámbitos fiscal y arancelario, llamadas a incentivar las actividades empresariales y a dar confianza al sector.

            En el documento se establece el compromiso del gobierno para ejecutar el próximo año un presupuesto “que hace énfasis en la austeridad, garantizando la atención a los pobres con una mayor focalización y cobertura de sus programas sociales”, generando un superavit fiscal de unos 100 millones de pesos mensuales.

            Conlleva un compromiso difícil de lograr, como es el de llevar las nóminas del Estado a los niveles que tenían en agosto del 2000, lo que implicaría el despedido de decenas de miles de empleados. Pero deja la esperanza de que al menos se produzca alguna reducción, por lo menos en las llamadas “nominillas”, de empleados temporeros, muchos de ellos realmente “botellas”.

            Otro compromiso del gobierno contenido en el pacto es el de una política de endeudamiento externo “más restrictiva” basada en una estrategia preparada por la Comisión que revisa los préstamos externos, y a un “control estrricto” del endeudamiento interno o avales bancarios de las instituciones públicas.

La prima en retroceso

            Las disposiciones de la Junta Monetaria, prorrogando restricciones monetarias y tendentes a evitar la especulación con las divisas, junto a la firma del pacto con los empresarios produjeron el efecto inmediato de contener la devaluación del peso. En los siguientes días de la semana la tasa retrocedió de más de 24 por uno a que había cerrado la semana hasta colocarse por debajo del 22 por uno.

            Las expectativas, incentivadas por el anuncio de que el turismo creció un 25 por ciento en noviembre, en relación al mismo mes del año pasado, es de que la tasa cambiaria pueda estabilizarse entre 20 y 21 pesos por dólar, revirtiendo en parte el proceso inflacionario desatado.

            El proceso de recuperación de la estabilidad tuvo otro ingreidnete de incentivo cuando el miércoles el Senado aprobó el proyecto original del Poder Ejecutivo de 600 millones de bonos soberanos, pese a la persistencia de un puñado de senadores en elevarlos a 750 millones supeustamente para adquirir acciones de las distribuidoras de energía.

            El gobierno, y particularmente su gabinete económico, se anotó un punto, reduciendo el protagonismo de varios senadores perredeístas que no tuvieron el valor de retirar su moción.

            Al concluir la semana el mercado cambiario lucía a la expectativa, aún sin recuperar la normalidad, ya que la oferta de divisas era limitada. Estaba por verse aún sin el retroceso en los niveles de devaluación era definitivo o fruto de la presión de las autoridades.

            Las medidas adicionales recomendadas al Ejecutivo por la Junta Monetaria no se han conocido, pero se supone que estaban incluídas en el pacto firmado por el gobierno con la cúpula del empresariado, algunos de cuyos líderes todavía aguardan la decisión senatorial en torno al presupuesto del 2003 y la reforma de la ley electoral.

            La persistencia de senadores perredeístas en modificar el consenso sobre la JCE e introducir modificaciones en el proyecto de presupuesto, mantenia la opinión pública a la expectativa.Todavía el jueves los senadores Pedro Antonio Luna, César Díaz Filpo y César Augusto Matías persistían en declarar que sólo aumentarán el número de jueces electorales, pero que rechazan la división de funciones de la JCE considerándola inconstitucional.

Hipólito se la juega

            Fuentes de crédito dan por hecho que el Senado aprobará la reforma de la ley electoral como fue consensuada por los tres partidos mayoritarios y el presidente Mejía. Se afirma que el mandatario fue claro en pedir a los senadores, durante una reunión celebrada a principio de semana, que acogieran el consenso político y le evitaran mayores dificultades al gobierno.

               En los más cercanos colaboradores del presidente Mejía como en la cúpula del perredeísmo existe la convicción de que no es posible desconocer el pacto para dividir las funciones de la JCE sin causar graves dificultades políticas con repercusiones en la delicada situación económica.

            La cuestión luce más complicada por cuanto los voceros de los dos partidos mayoritarios de oposición han condicionado la aprobación de los bonos soberanos a que el Senado perredeísta acoja el acuerdo sobre la ley electoral, con la amenaza de volver a retirar sus legisladores del Congreso Nacional.

            El desconocimiento de ese pacto dejaría muy mal parado al Presidente Hipólito Mejí, desautorizándolo para cualquier otro tipo de acuerdo y sembraría dudas sobre el cumplimiento del pacto con los empresarios.

            Debe tomarse en cuenta que el texto del pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico comienza ponderando el proyecto de reforma electoral y expresando confianza en que será aprobado “tal como fue consensuado”.

            Una actitud intransigente de los senadores perredeístas también entraría en contradicción con el discurso del presidente Mejía al firmar el pacto con los empresarios, en el cual llamó a sus adversarios políticos “a luchar juntos para que las tareas de construcción de una sociedad más justa y equitativa no se vea obstaculizada por intereses partidistas”.

            En la misma pieza, el mandatario apeló a los medios de comunicación “para que en lo adelante forjemos una sólida alianza que contribuya con la estabilidad, la tranquilidad, la confianza y la paz social”.

El PRD a prueba

            Más allá del protagonismo de tres o cuatro de sus senadores, la situación pone nuevamente a prueba la capacidad del perredeísmo para actuar coherentemente desde el poder. Rechazar el acuerdo sobre la JCE implicaría una desconfianza definitiva en su capacidad para pactar con el resto de la sociedad.

            Entre dirigentes perredeístas, como en el gobierno, existe la convicción de que los senadores finalmente aprobarán la reforma electoral y trasladarán su protagonismo a reformular algunas partidas presupuestarias, aunque no lleguen tan lejos como propuso el senador por Independencia que abogó por incluir dos carreteras y un camino vecinal.

            La prolongación del debate sobre la reforma electoral sólo serviría para mantener las incertidumbres y bloquear la aprobación de los 600 millones de dólares en bonos soberanos, llamados también a contribuir en la estabilidad de la tasa de cambio.

            Una rápida aprobación no sólo agilizaría los bonos soberanos, sino que también contribuiría a fortalecer la recuperación de la confianza en la capacidad del gobiernio y su partido para atender a los reclamos de la opinión pública.

            En términos puramente políticos, una negativa del Senado frente a la reforma electoral profundizaría la distancia que tiende a tomar el Partido Reformista Social Cristiano del gobierno y lo acercaría al Partido de la Liberación Dominicana, lo que es una mala inversión a 17 meses de los comicios presidenciales y con un diferendo que afectaría el proceso electoral.

            Los que llevan anotaciones no habrán pasado por alto que esta semana emergió un público cuestionamiento a la posición del presidente del PRSC, por parte de dos precandidatos presidenciales, Federico Antún y Héctor Rodríguez Pimentel, y del dirigente Leonardo Matos Berrido. Tras celebrar una reunión éstos acusaron públicamente a Rafael Bello Andino de colaboracionista con el gobierno,. Reclamándole tomar distancia.

            La crítica fue más significativa por cuanto estos tres dirigentes reformistas eran de los señalados como promotores de acuerdos con el PRD y su gobierno. Rodríguez Pimentel fue hasta hace poco cónsul en Haití y Matos Berrido es embajador en Italia.

            Más allá de los pataleos y de una pretendida independencia a ultranza de los legisladores perredeístas, no tienen alternativa a la aprobación de la reforma electoral. Y mientras más pronto se produzca será mejor para despejar las incertidumbres y afianzar la recuperación de la confianza en su gobierno, fundamentales en esta coyuntura para el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica nacional y para el futuro inmediato de su partido.-

Opositores se proponen dividir las funciones de la Junta central Electoral

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque sin mucho aliento PLD y PRSC se aferran a la brecha de la negociación que abrió Mejía, pero planeando una larga lucha                                         

            Todas las fuerzas de la nación parecieron aferrarse esta semana al hálito de esperanza que se desprendió de las declaraciones del presidente Hipólito Mejía en las que se manifestaba en disposición a convocar al liderazgo político para discutir la situación derivada de la elección de los jueces de la Junta Central Electoral (JCE).

            Hasta los más radicales opositores optaron públicamente por la pequeña brecha al entendimiento abierta por el mandatario, aunque en privado recordaban que en varias ocasiones Mejía había formulado planteamientos conciliatorios que poco después eran sustituídos por expresiones de desprecio a sus opositores.

            Pero mientras tanto, los legisladores de los dos mayores partidos de la oposición se retiraron del Congreso y líderes de los mismos comenzaron a reunirse para delinear un curso de acción cómun que pasará por insistir en una mediación de la Iglesia Católica y en una nueva reforma para dividir las funciones administrativas de las contenciosas en materia electoral.

Complicado el panorama

            El balance de la semana arroja una mayor complejidad en el panorama político nacional, tras el retiro del Congreo de los bloques legislativos de los dos principales partidos de oposición, mientras los líderes de estos comenzaban a reunirse publicamente con el objetivo de concertar acciones para sustentar su oposición a los jueces electorales recién electos por el Senado.

            Así mismo, las declaraciones de los líderes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Reformista Social Cristiano (PRSC) prometían un largo enfrentamiento en torno a la integración de la Junta Central Electoral, incentivado por los informes de que el organismo iniciaba el proceso para elegir las juntass electorales municipales y para implementar el voto de los residentes en el exterior.

La semana comenzó con fuertes cuestionamientos al presidente Mejía por haber reiterado el domingo, tras su retorno de Estados Unidos, que no le pagaría a los legisladores que no asistieran a sesiones, aún reconociendo que con ello violaría la ley de autonomía del Congreso Nacional.

Después de haberse metido de lleno en la pelea por la decisión de los senadores, el primer mandatario dio un paso hacia la rectificación, acogiendo una propuesta del senador del PLD por el DN, José Tomás Perez, quien el lunes le pidió muy respetuosamente que se pusiera por encima del enfentamiento y asumiendo su papel de Jefe del estado se constituyera en ente de moderación y mediación.

Ese mismo día Mejía tomó la palabra a Pérez y expresó su disposición a convocar una reuniíon cumbre de líderes políticos para abordar las diferencias, pese a que todavía insistía en que “no van a cobrar”, refiriéndose a los legisladores de la oposición que ya habían materializado su retiro del Congreso para presionar una solución al diferendo sobre la JCE.

Aunque dudando de la disposición del presidente Mejía para promover un entendimiento, poco definida en sus alcances, sus opositores políticos y dirigentes de la sociedad civil se aferraron a la ventana abierta y favorecieron la reunión.

Al caer la semana no se vislumbra una solución al enfrentamiento, aunque el bloque perredeísta sigue mostrando fisuras, como quedó de manifiesto en declaraciones del senador Ramón Alburquerque, del precandidato presidencial Enmanuel Esquea y del presidente del Comité del Distrito Nacional, José Antonio Najri, quienes formularon advertencias sobre el curso que llevan el gobierno y el partido.

PRSC y PLD coordinan

Pero en términos políticos lo más significativo de la semana, después del retiro de los bloques legislativos fue la reunión pública sostenida el jueves en un restaurante del malecón capitalino entre comisionados del PLD y el PRSC, abriendo un escenario de reencuentro formal entre ellos.

El dirigente peledeísta Franklin Almeyda llamó la atención sobre el significado de la reunión y la disposición de ambas partes en proseguir concertando para revertir el arbitraje electoral que consideran desfavorable.

Además de Almeyda, por el partido morado estuvieron el secretario general Reinaldo Pared, y los dirigentes Danilo Medina, Francisco Javier y Monchy Fadul. Por la parte reformista el secretario político Johnny Jones y los dirigentes Rogelio Genao, José Hazim, Atilio Guzmán y Liselotte Marte de Barrios.

Franklin Almeida explicó que el PLD ha decidido concertar con los reformistas hasta donde sea necesario. En lo inmediato respaldaron la decisión del PRSC que la semana anterior pidió la mediación del rector de la Universidad Católica Madre y Maestra, monseñor Agripino Núñez Collado. Al mismotiempo expresan sincronía con la propuesta de los reformistas de que se aborde el problema de la JCE a partir de una nueva reforma de la ley electoral.

Se trata de dividir las funciones organizativas y administrativas de las contenciosas en materia electoral. Es decir crear un organismo o comisión organizadora de elecciones y dejar la JCE como el tribunal contencioso. Para esa reforma habría que abrir un espacio de entendimiento, dentro del cual cupiera también una reformulación de los jueces de la JCE.

Incentivos al entendimiento

Dirigentes reformistas concuerdan en que el espacio de entendimiento ha quedado abierto, por lo menos entre los dos partidos mayoritarios de oposición. Frente a la apertura del presidente hay división, pero aún en el PLD, caracterizado por la confrontación al partido de gobierno, se advierten tendencias a la moderación, conscientes de que no hay más alternativa que negociar. Aunque persisten voces duras como la de Alejandrina Germán, quien descalificó al presidente Mejía para convocar al entendimiento.

Una de las ocasiones en que el actual primer mandatario se manifestó más conciliatorio con sus opositores fue el 17 de mayo pasado, tras conocer en España el resultado de los comicios del día anterior que otorgaron a su partido una amplia mayoría congresional y municipal.

Mejía reaccionó entonces diciendo que redoblaría los esfuerzos en beneficio de la gente, “pero deseo hacerlo con la ayuda de todos, porque quiero que sepan que este triunfo no nos envanece personalmente, ni debe envanecer a nuestro partido, sino que nos convence de que si todo el país trabaja en la justa dirección, el triunfo será todavía más amplio, porque será de todos”.

Ese hermoso propósito se desvaneció días después, al retornar al país cuando descalificó a su antecesor Leonel Fernández, por demás presidente del PLD. Hay quienes creen que esta vez el agrónomo Mejía está más consciente de la necesidad de bajar la temperatura política, especialmente por la difícil situación económica internacional que cada día se refleja más en el país.

Otra razón, hasta ahora menos visible es la cumbre de los jefes de estados iberoamericanos a efectuarse en el país el 15 y 16 de noviembre. A la imagen del gobierno no le favorecería que ese cónclave encontrara un ambiente político de confrontación. En la oposición se baraja también ese factor, tanto como el económico y no faltarán quienes pretendan hasta abusar de ellos.-

Dos anuncios incentivan la resistencia

            Enpeñada en dar impresión de normalidad y sellar el “hecho cumplido”, la JCE formuló esta semana dos anuncios, en espacios pagados, que tuvieron efecto contraproducente. El primero se refirió a la creación de la Oficina del Voto en el Exterior y el segundo planteando el inicio del proceso para “conformar, reconformar o reestructurar las Juntas Electorales de los municipios que así lo ameriten”.

            Se trata de iniciar los preparativos para dar cumplimiento a la reforma electoral de 1997 que instituye el voto de los dominicanos residentes en el exterior, que ya hace tiempo provoca suspicacias entre los opositores, por la circunstancia de que las oficinas de empadronamiento y lugares de votación serán los consulados, como es normal en todos las naciones que permiten el sufragio en el exterior.

            El PLD ha sido particularmente suspicaz, expresando abierta oposición, en una actitud un tanto irracional, porque no es posible crear oficinas electorales, de empadronamiento ni votación, al márgen de las representaciones consulares y diplomáticas en el exterior. Pero si se mantiene el cuestionamiento a la JCE, mayor será la oposición al voto en el exterior.

            En general tanto dirigentes políticos como articulistas sobreestiman el influjo que tendrían los residentes en el exterior en las elecciones, creyendo que cientos de miles de dominicanos correrán a votar.

            Esa apreciación ha quedado en entredicho en la primera fase de preparación del voto en el exterior. En efecto, desde principios de este año la JCE viene celebrando reuniones en Nueva York, Madrid, Miami y otras ciudades de grandes colonias de dominicanos y dominicanos.

            Incluso se abrió una preinscripción y apenas 4 mil ciduadanos respondieron en Nueva York y menos de mil en Miami. La indiferencia ha llamado la atención, tanto como ha crecido la suspicacia.

            La reestructuración de las juntas electorales municipales, que siempre afecta a una gran proporción, y esta vez incluirá necesariamenmte al DN y Santiago, es materia de extrema sensibilidad para los partidos, convencidos de que “cuando los resultados son estrechos, las elecciones se ganan en las juntas municipales”.

            Ni reformistas ni peledeístas verán con indiferencia que la decisión en la reestructuración de los árbitros electorales de los municipios quede exclusivamente en manos de una JCE que ellos consideran bajo absoluto dominio del partido de gobierno.

            El segundo aviso pedía a los organismos que procedan en los próximos días a convocar a los partidos reconocidos y a representantes de la sociedad civil para reestructurar las juntas que lo ameriten.

            El efecto fue de incremento de la preocupación por la suerte del próximo proceso electoral y por lo tanto de incentivo a la concertación entre los dos partidos mayoritarios de oposición, que insistirán en extenderla a otros grupos políticos y a organizaciones sociales. Para ello ya comisiones del PLD se han reunido con dirigentes de los partidos Nueva Alternativa, MIUCA-PCT, Bloque Independiente Socialdemócrata, Alianza por la Demcoracia y Fuerza Nacional Progresista.-

La OEA no puede intervenir en la elección de la JCE

Por Juan Bolívar Díaz

El PRD y su gobierno no podrán ignorar el clamor nacional por jueces de consenso                                         

            El propósito del Partido de la Liberación Dominicana de llevar una instancia ante la Organización de Estados Americanos para que medie ante el Senado a fin de que elija por consenso los jueces de la Junta Central Electoral (JCE) resultará fallida ya que ese organismo carece de facultad para intervenir preventivamente en los asuntos internos de sus estados miembros.

            El anuncio peledeísta podrá pasar como mecanismo de presión, pero carece de fundamento y de ser materializado dejará mal parados a sus promotores que deberían conocer los mecanismos operativos del organismo interamericano.

            El esfuerzo del PLD debería concentrarse en fortalecer la opinión pública nacional en torno a la demanda, especialmente de los partidos de oposición y de las instituciones sociales como de los medios de comunicación, siendo obvio que el PRD no podrá imponer su voluntad a menos que quiera sumir el país en una crisis política que dificultaría la gobernabilidad.

Sorprendente propuesta

            El Comité Político del PLD sorprendió esta semana con el anuncio de que enviará a Washington una comisión de sus dirigentes para gestionar la mediación de la OEA para persuadir al Senado de que escoja los jueces electorales en consenso con los partidos y la sociedad civil.

            La sorpresa se fundamenta en que en el partido morado hay numerosos dirigentes, comenzando por el expresidente Leonel Fernández, que conocen los mecanismos operativos de esa institución hemisférica.

            Es casi imposible que se pueda invocar preventivamente la Carta Democrática Interamericana suscrita en Washington el 11 de septiembre del año pasado. El documento establece acciones colectivas frente a violaciones de la institucionalidad democrática, que en este caso no se han producido.

            La OEA no podría ni siquiera enviar una misión de observación sin contar con una invitación formal del Estado dominicano, que es miembro de pleno derecho. Ese requisito es requerido para las observaciones electorales de rutina.

            Ni la secretaría general ni ninguno de los órganos del sistema interamericano pueden ser puestos en movimiento por una simple petición de un partido basada en una presunción. Difícilmente pudieran establecer un precedente semejante, pues se encontrarían frecuentemente ante peticiones similares provenientes de numerosos países.

            Y aún si el Senado ratificara los actuales jueces electorales o escogiera otros sin consenso, no sería suficiente para movilizar los órganos del sistema interamericano. Lo primero que preguntarían es si la decisión legislativa estuvo fundada en la Constitución de la República. Menos aún si se trata de una elección avalada por 29 de 31 miembros de un órgano legislativo.

            Hay que tener presente que esos legisladores fueron fruto de un proceso electoral reconocido por la misión de observadores de la OEA como limpios y transparentes, particularmente en lo que corresponde a la gestión del tribunal electoral.

            El mayor reconocimiento que hicieron los observadores internacionales a los procesos electorales organizados por las actuales autoridades electorales, es que todas sus decisiones fueron adoptadas en consulta con los partidos políticos.

            Las irregularidades registradas en los comicios de mayo pasado fueron irrelevantes tanto en la tradición como en el actual contexto interamericano y los organismos internacionales tomaron nota de que la JCE anuló los cientos de votos que se demostraron fruto de tramperías o deficiencias locales.

Legítima aspiración

            Lo que no parece discutible es la legitimidad de la aspiración del PLD, como de la generalidad de los partidos políticos y de numerosas instituciones sociales, de que los jueces electorales sean fruto del consenso y expresión de la pluralidad política democrática.

            Esa aspiración seguramente sería compartida en cualquier ámbito democrático internacional, aunque no pueda originar una mediación, si no se vulneran los principios constitucionales y los preceptos legales.

            En el debate que lleva ya más de un mes, el PRD y sus legisladores se han quedado práticamente solos en el propósito de ignorar al resto de la comunidad política en la conformación del tribunal electoral.

            La generalidad de los medios de comunicación, y los líderes religiosos, empresariales, así como las instituciones sociales más comprometidas en el proceso de afianzamiento democrático han reivindicado el consenso con que fueron integradas las juntas electorales que presidieron los doctores César Estrella Sahdalá y Juan Sully Bonnelly.

            En ambas ocasiones predominó el principio de que los árbitros electorales deben ser aceptables para la mayor parte de los competidores por encima del mandato constitucional que otorga al Senado la facultad de elegirlos.

            El consenso quedó roto en 1998 cuando fue electa la junta que preside el doctor Ramón Morel Cerda. En esa oportundiad la opinión pública se dividió, ya que el gobierno del PLD acababa de elegir los integrantes de la Cámara de Cuentas días antes de que correspondiera, con los legisladores que llegaban a su fin, escamoteándole el derecho a los entrantes donde el PRD tenía mayoría absoluta.

            También se dio en el contexto en que los peledeístas habían sonsacado una decena de diputados perredeístas para impedir que asumieran la presidencia de la cámara baja.

            En otras palabras que fueron los gobiernistas, con respaldo de los reformistas, quienes dificultaron el consenso al ignorar la mayoría perredeísta.

            La indulgencia ante la revancha del Senado controlado por el PRD fue posible en parte porque ese partido no controlaba el gobierno y en consecuencia sus posibilidades de manipulación electoral eran menores. Ello no evitó una crisis que afectó a la JCE durante más de medio año y para superarla hubo que realizar negociaciones.

            En primer lugar, la propia JCE apeló a la asistencia de la sociedad civil y del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) para que dieran seguimiento al proceso organizativo de las elecciones y auditaran el padrón electoral fotográfico entonces en proceso de conformación.

            Por otro lado, el PRD y sus senadores tuvieron que terminar negociando con el PLD y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) para adicionar dos nuevos jueces al tribunal electoral propuestos por estos. En otras palabras que después de la crisis siempre hubo que concertar.

El PRD no puede solo

            La experiencia de 1998 demostró que el PRD no pudo mantener la JCE que eligió sin consenso y que tuvo que concertar con la sociedad civil y los otros dos partidos mayoritarios.

            En la coyuntura actual hay diferencias importantes que harían más crítica una elección de jueces electorales solo por los perredeístas. Primero porque ahora el PRD controla no solo el Senado, sino también el Poder Ejecutivo. Y porque ahora tiene la mayor responsabilidad en el rumbo del Estado, y en la creación de un clima de convivencia política que auspicie la gobernabildiad.

            Las dificultades por las que atravieza la economía nacional, presionada por graves factores internacionales, las crecientes protestas por los apagones y el aumento de la delincuencia y la violencia demandan un mayor esfuerzo de concertación desde el gobierno y no auspician la confrontación generadora de desconfianza.

               Nadie le puede pedir al PRD que renuncie a la mayoría legislativa que le otorgó elelectorado. Pero sí que tome en cuenta al resto de la sociedad política y civil y a la opinión pública en materia tan sensible como la elección de jueces electorales.

            El radicalismo, en algún grado injusto, con que algunos sectores de la oposición enjuician a los actuales jueces electorales dificulta el consenso, pero obliga a transaciones en aras de la convivencia democrática y el mantenimiento de la confianza en la institucionalidad electoral.

            Hay indicios claros de que tanto en el PRD como en el gobierno hay dirigentes influyentes que están conscientes de que se precisa algún grado de consenso para elegir los jueces electorales y evitar una crisis política.

            Para que los perredeístas puedan salir con las suyas tendrían que conseguir el apoyo por lo menos del PRSC. Se descarta que lo consigan con el PLD ni con las instituciones más políticas de la sociedad civil.

            Si se mide por los pronunciamientos de los dirigentes reformistas ese apoyo no está fácil de lograr. No ha habido un solo de los colorados influyentes que no se haya pronunciado a favor de la concertación para integrar la jueva JCE. Algunos se cuentan entre los radicales en el rechazo a la continuidad de los actuales jueces.

            Desde luego, en aras del consenso no sería conveniente una renovación total del tribunal de elecciones, que tampoco sería justo.

            Por el momento, en vez de gestiones internacionales, lo que tienen que tratar los peledeístas es de concentrar su esfuerzo en un amplio frente en pro del consenso, haciendo difícil que el sector reformista colaboracionista del gobierno pueda inhibirse o transar.

            Sin los reformistas ni los peledeístas el PRD y sus senadores tendrán que negociar. Si persisten en su propósito de imponerse no sólo desatarán una crisis política, sino que contribuirán al acercamientro PLD-PRSC, lo que a mediano plazo puede ser una péxima inversión política.-

Limitados éxitos en la mitad del gobierno perredeísta

Por Juan Bolívar Díaz

El excesivo y aventurero endeudamiento externo y el aumento del gasto corriente son sus déficits

            Al llegar a la mitad de su período el presidente Hipólito Mejía y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) pueden reivindicar algunos éxitos, pero están muy lejos de haberse encaminado hacia la redención de los más pobres y de materializar el “gobierno compartido” que habían programado.

            Su mayor éxito sería el haber mantenido la estabilidad macroeconómica, con un crecimiento significativo dentro de circunstancias internacionales muy desfavorables y la ejecución de una descentralización de la inversión pública en beneficio de las comunidades del interior del país, así como la ejecución de importantes reformas legislativas.

            Pero el déficit es inmenso, resaltando un excesivo y aventurero endeudamiento externo, el aumento del gasto corriente y el mantenimiento de una política poco transparente de adjudicación de obras y compras, ratificando el grado a grado, mecanismo tradicional de corrupción.

Logros significativos

            Cuando se pase balance la próxima semana a la primera mitad del gobierno perredeísta del presidente Hipólito Mejía se encontrarán algunos éxitos significativos, particularmente el haber restablecido la estabilidad macroeconómica que encontró en picada con fuertes déficits pese a haberse enfrentado a un escenario internacional muy adverso.

            Con un petróleo sobre los 25 dólares el barril y en un escenario de recesión internacional que ha afectado a los países más desarrollados, incluyendo a Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, y ha desestabilizado las principales economías latinoamericanas, la República Dominicana ha seguido creciendo por encima del promedio, sobre el 2.5 por ciento el año pasado y alrededor del 5 en lo que va de éste.

            El gobierno del presidente Mejía puede reivindicar haber descentralizado la inversión pública, atendiendo la demanda de pequeñas obras de una gran proporción de las comunidades del interior del país, hasta el punto de haber desarticulado el escenario de protestas sociales de los últimos años.

            No ha habido crecimiento espectacular en la inverisón en educación y salud pública como se prometió, pero sí una mejoría en construcción, materiales y equipamiento de escuelas, en acueductos, caminos vecinales, calles y carreteras.

            También podrá exhibir el gobierno perredeísta el haber materializado una serie de reformas legislativas que estuvieron empantanadas durante años, como las de salud, educación, seguridad social, de electricidad y de combustibles, aprovechando la mayoría congresional de que disfruta el PRD desde 1998.

            La más trascendente de esas reformas, la que instituye el Sistema Nacional de Seguridad Social, está todavía pendiente de ejecución, aunque se han creado los mecanismos y se procede a la aprobación de los reglamentos que la harán viable, si a la vez se dispone de los recursos financieros correspondientes.

            Otro éxito fue haber ejecutado una importante reforma fiscal sin mayores traumas, de devaluación o inflación, lo que ha permitido elevar los ingresos fiscales en más de un 40 por ciento y colocar el país en mejores perspectivas de ajustarse a los acuerdos impuestos por la globalización internacional y el libre comercio.

            Buscando ejecutar su programa de “gobierno compartido”, el régimen del presidente Mejía ha sido prolífico en la creación de mecanismos de participación social, aunque muy poco efectivo en ponerlos en vigencia, como son los casos del Sistema Nacional de Planificación Económica, Social y Administrativa, que instituye el Consejo Nacional de Desarrollo y los consejos regionales, provinciales, municipales y sectoriales, y el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para el Gabinete social.

            Tampoco ha habido éxito en la implementación del Consejo Asesor en Materia de Lucha contra la Corrupción de la Presidencia de la República, ni en el Consejo Nacional de Competividad o en el Consejode Seguimiento a las Asociaciones sin Fines de Lucro.

Los grandes déficits

            Entre los mayores déficits de la gestión gubernamental se cuenta el excesivo y aventurero endeudamiento externo, con préstamos que rondan ya los 2 mil 500 millones de dólares, en su mayoría de corto plazo, altas tasas de intereses y amarrados a suministros y servicios sin concurso previo.

            El incremento de la deuda externa ha sido la crítica más consistente que ha recibido el gobierno de Mejía, y por el que ha pagado un alto costo en imagen, aunque fuera de los 500 millones de dólares de los bonos soberanos, lo ejecutado no llega al 20 por ciento del resto contratado.

Algunos de esos préstamos han sido rechazados hasta por sectores internos del mismo gobierno, como ocurrió recientemente con uno de 185 millones de dólares que los ejecutivos del Instituto Nacional de la Vivienda se negaron a recibir, en tanto que otros fueron suscritos con aventureros internacionales que no acabar de reunir el capital comprometido.

            Otro flanco de las críticas al gobierno ha sido el excesivo gasto corriente que ha llegado a comprometer el 80 por ciento del presupuesto, si bien en parte por mayores servicios sociales, también por aumento de las empleos y botellas en beneficio de quienes “se fajaron en la campaña”, que hicieron escándalos en áreas como la Organización Metropolitana de Servicios de Autobuses y la Autoridad Portuaria Dominicana.

            La abundancia de ayudantes presidenciales inorgánicos ha persistido en la política del Estado, generando numerosos escándalos que han incluído asesinatos y encarcelamientos pr actividades mafiosas de diverso género.

            Las críticas al gasto público han sido tan consistentes que ya en tres ocasiones el presidente ha tenido que emitir disposiones para controlar el gasto o reducirlo, sin que se hayan apreciado resultados positivos.

            Uno de los más claros fracasos gubernamentales ha sido el no haber podido mejorar significativamente el servicio energético, especialmente para las comunidades del interior del país y los sectores de menores ingresos, pese a haber suprimido subsidios a la electricidad y al gas propano que consumían cientos de millones de pesos.

            La generalidad de las protestas sociales que ha enfrentado el gobierno, varias con saldos de muertos y heridos, han sido morotizados por la inconformidad de la población de los barrios y poblaciones con un servicio de energía y la percepción es que el gobierno no ha logrado entenderse con las empresas suministradores de energía, ni controlando los abusivos apagones ni cumpliendo sus propios compromisos. Aunque en las últimas semanas aparece en una renegociación de contratos que podría aligerar la carga a corto plazo, mientras se instalan nuevas plantas de producción.

            Las encuestas han mostrado que la mayoría de la población cree que el gobierno ha fracasado en reducir la corrupción, al menos en los términos prometidos. La persistencia del grado a grado en el otorgamiento de contratos de obras y suministros es una puerta permanentemente abierta al tráfico de influencia y la malversación de recursos públicos.

Un presidente subestimado

            Al llegar a la mitad de su período gubernamental resulta obvio que el presidente Hipólito Mejía ha desarrollado extraordinarias habilidades políticas y ejecutivas y que se aprovechó ventajosamente de la subestimación de que fue objeto por sus opositores.

            Aunque incurriendo en frecuentes excesos verbales, fruto de su espontaneismo, cuando no de actitudes prepotentes, el carácter del agrónomo Mejía ha seguido impactando en los sectores medios y bajos de la población, aunque con creciente rechazo en las capas sociales medias altas y superiores.

            Pero sus habilidades le han permitido mantener la colaboración del Partido Reformista Social Cristiano, especialmente hasta la reciente muerte de su caudillo, a quien el mandatario virtualmente tuvo en su bolsillo. A la vez que ha impugnado y descalificado excesivamente al Partido de la Liberación Dominicana.

            Hipólito Mejía ha tenido como ningún otro presidente perredeísta la colaboración de su partido, aunque ha desperdiciado la posibilidad de convertirse definitivamente en su líder unificador, dando prioridad al encabezamiento de su grupo intrapartidario, el llamado Proyecto Presidencial Hipólito (PPH) que pudo haber disuelto desde que ganó la candidatura presidencial en 1999 con el 74 por ciento del voto de los perredeístas, más que suficiente para investirlo como líder indiscutido.

            Los sectarios afanes de reformas constitucionales en que parte importante de sus funcionarios y seguidores del PPH y en el Congreso invirtieron 19 meses, con resultados pírricos y denunias de compra de conciencias, restaron brillo y simpatías al presidente Mejía y su gobierno.

            Hay quienes piensan que al menos tuvieron un efecto positivo para el régimen, al mantener entretenidos a los medios de comunicación y a la sociedad sivil, desviando la atención de las más graves urgencias nacionales y de los compromisos programáticos del mandatario y su partido, especialmente del prometido paquete social.

            El gobierno llega a su segundo año con pocos movimientos en su gabinete, habiénsose registrado apenas dos cambios de secretario de Industria, sendos del secretario de Finanzas, del administrativo de la Presidencia, del de Turismo y el de Interior y Policía, pero sólo dos funcionarios salieron definitivamente del gobierno, el reformista Angel Lockward y el aliado Fernando Alvarez Bogaert.

            El presidente Hipólito Mejía alcanza la mitad de su período con una aceptable aceptación de su gestión, que no alcanza al 49.85 por ciento con que resultó electo en el 2000, pero ha estado por encima del 40 por ciento en la generalidad de las encuestas, proporción más que válida a la luz del 19 por ciento que se le atribuyó al presidente peruano Alejandro Toledo al cumplir su primer año de gestión el pasado 28 de julio.

            Si produce alguna renovación de su equipo, mayores esfuerzos por limitar la corrupción, mantiene la descentralización de la inversión y logra ejecutar una buena parte de los créditos contratados y mejorar el servicio energético, Mejía podría alcanzar mayor éxito en su segunda mitad de gobierno.-

El parto de los montes o el fracaso de una reforma

Por Juan Bolívar Díaz

            Tras 19 meses de esfuerzos por imponer una reforma sectaria de la Constitución de la República, pasando por encima de los principos y de los compromisos contraídos con la democracia y la participación, el resultado de la Asamblea Revisora no ha podido ser más aleccionador: la mayoría perredeísta del Congreso y el gobierno ha cosechado un resultado pírrico.

            Una vez más el único reivindicado fue el doctor Joaquín Balaguer, cuyos seguidores negociaron con el gobierno para hacer aprobar una reelección que el presidente Hipólito Mejía rechaza, y luego le sacaron los pies a la hora de “reivindicar” la memoria de José F. Peña Gómez, ratificando la mayoría absoluta para elegir el presidente de la República.

            Ese resultado ratifica que ya no es suficiente disponer del poder del gobierno y de las mayorías congresionales ni utilizarlo sin ningún escrúpulo para imponerse al resto de la sociedad, y debería frenar los impulsos de quienes creen que ya no deben consultar ni a su propio partido.

El fracaso sabatino

               Aunque todos los cálculos indicaban que sin los votos reformistas no era posible conseguir las dos terceras partes necesarias para aprobar la reducción del porcentaje para elegir el Presidente de la República, los oficialistas se pricipitaron y ni por cortesía quisieron esperar el final del duelo por la muerte del expresidente Joaquín Balaguer.

            Llegaron a la Asamblea pretendiendo imponerse, sin calcular suficientemente las consecuencias que tendría para su crédito y la gobernabildiad que pasaran una reforma contra los dos partidos mayoritarios y una parte del tercero, que a la vez había sido rechazada por gran parte de la sociedad civil y de la opinión pública.

            Se había previsto que aún descontando los 12 legisladores peledeístas “conquistados” a las posiciones oficialistas, resultaba imposible aprobar la reducción del porcentaje para la elección presidencial, porque los reformistas ya no podían seguir ayudando al grupo gubernamental. El resultado de 100 votos a favor y 62 en contra no dejó duda. Aún hubiesen asistido todos los legisladores y votaran por ese cambio, no habrían reunido los dos tercios. 60 votos lo impedían.

              La asamblea no pudo ser más caótica y degradante. Se pudo ver por televisión cómo los senadores y diputados se conducían a gritos mientras el grupo oficialista realizaba maniobras desesperadas tratando de imponerse. Repitieron una votación para obtener un resultado más desfavorable.

Primera victoria       

            Para el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) el resultado de este sábado fue su primera victoria tras la desaparición de su caudillo. Ratificaron su vocación por la supervivencia más allá de las negociaciones que se atribuyeron a algunos de sus representantes y a miembros del anillo balaguerista.

            La dicotomía había quedado clara desde hacía varias semanas. Unos favorecían la reducción del factor de elección presidencial buscada por los oficialistas, la gran mayoría estaba en contra. El jueves 11 el vicepresidente ejecutivo del partido, Rafael Bello Andino, había instruído para que se transaran por el 45.

            Tras la aprobación de la reelección presidencial y la eliminación de los colegios cerrados, esto último de universal consenso, la noche del sábado, sobrevino apenas 7 horas después la muerte de Balaguer. Ahí quedó decretado el fracaso en lograr la reducción del porcentaje, que era “la reivindicación peñagomista”, según los oficialistas.

            Es que ahora sin Balaguer, el PRSC no podía facilitar al PRD un triunfo en los próximos comicios, fuera o no con reelección, y peor si la había. Si alguien lo sabía de sobra eran los colorados, conocedores a fondo de las ventajas que proporciona el ejercicio del poder a la hora de hacer campaña como de contar los votos.

            El mantenimiento de la myaoría absoluta para elegir presidente era ahora fundamental para la supervivencia del PRSC como factor de poder. Si quedan en un segundo lugar en los comicios del 2004, saben que pueden contar con los voto del Partido de la Liberación Dominicana, no sólo por la deuda contraida en 1996, sino y muy especialmente por las contradicciones irreconciliables entre los dos partidos fundados por Juan Bosch.

            Y si quedan en tercer lugar, los reformistas serían los de las llaves decisorias, conscientes de que si en el 2000 Hipólito Mejía y el PRD no llegaron a la mayoría absoluta en los próximos comicios podría ser más difícil, por el desgaste del poder. Ya entonces el PRSC no tiene que ser tan generoso como en 1996, habría que negociar con ellos bajo términos de conveniencia mutua.

            Si había reformistas comprometidos con los oficialistas como se dice, estos podían alegar que ya ellos cumplieron con lo de la reelección presidencial y que las nuevas circunstancias los obligaban a retroceder, pues no se podían suicidar. Además de las inconveniencias que para los promotores significaba aparecer desde ya dividiendo al PRSC.

          Una clara mayoría reformista consideraba fundamental mantener el 50 más uno, asumido como consigna de superviviencia desde el mortuorio mismo hasta la sepultura de Balaguer.

Una última maniobra tendiente a detener la avalancha reformista se produjo la mañana del viernes, horas antes de la reunión donde la Comisión Ejecutiva y los legisladores resolverían la posición a seguir en la Asamblea Revisora. Se corrió la versión de que la reunión había sido suspendida por el duelo.

            Inmediatamente algunos dirigentes se movilizaron y a las 10 ya tenían logrado que más de la mitad de los miembros de la Comisión firmara un documento reclamando el mantenimiento del factor de elección. Y como quiera acudieron a la convocatoria. El resultado fue que si habia alguien dispuesto aún a jugar el papel de los oficialistas, no pudo siquiera sacar la cabeza.

Resultado pírrico

            Para los promotores de esta reforma constitucional el resultado final no pudo haber sido más pírrico, después de una lucha que comenzó con la aprobación senatorial del 11 de diciembre del 2000, es decir que abarcó más de un año y 7 meses.

            Les costó una profunda división entre los legisladores del mismo partido gobernante y colocar las primeras contradicciones entre gobiernistas y dirigentes perredeístas, pasando por encima de la Comisión Política y de la presidencia del partido. Sin ni siquiera una discusión formal entre los integrantes de los bloques del PRD en ambas cámaras.

Así mismo les costó una distancia con los sectores de la sociedad civil que antes consideraban aliados, sobre todo en materia de reformas institucionales, legales y constitucionales, a los que burlaron y han comenzado a despreciar y a desconsiderar.

Ridiculizaron al propio presidente Mejía y a Hatuey de Camps, firmantes del Pacto para la Reforma Constitucional del 27 de septiembre del 2001, junto al PLD y el PRSC, echado al safacón por funcionarios subalternos del mandatario y por legisladores de su grupo dentro del PRD, el llamado PPH.

El sector oficialista llevó al PRD a renunciar a principios que le eran fundamentales y en el que sus fundadores y líderes habían consumido tantas energías, como el de la no reelección presidencial.

Se aducía como explicación a la precipitada e inconsulta reforma constitucional que era fundamental “reivindicar a Peña Gómez”, eliminando la mayoría absoluta impuesta en la reforma de 1994 por la alianza PLD-PRSC para impedir que el líder perredeísta alcanzara la presidencia en la primera vuelta.

En efecto, esa reforma tuvo esa intención y la logró. Pero además se hizo sin el consenso del PRD, y violando un acuerdo previo, firmado incluso en un proceso auspiciado por la Fundación Siglo 21, que buscaba instituir la doble vuelta con un porcentaje de 40 por ciento para ganar en la primera.

En el proceso de promoción de la reforma, los oficialistas tuvieron que ir reduciendo sus expectativas. Primero no pudieron colar la prolongación del actual Congreso y luego tuvieron que abandonar las pretensiones de eliminar la inamovilidad de los jueces. Con el agravante de que ahora no consiguieron reducir el factor de elección presidencial.

El que mucho abarca…

Aunque por debajo se sentía, la reelección no figuraba al principio como objetivo de la reforma. Fue introducida con fuerza después del pacto firmado en septiembre, promovido por sectores de la sociedad civil como transacción para que fuera una constituyente por elección popular la que se abocara a una reforma profunda de la Carta Magna.

Los cuatro puntos a modificar, de acuerdo al pacto de septiembre, fueron de consenso en la amplia comisión integrada por decreto presidencial que entre abril y agosto discutió sobre la forma y el fondo de la reforma.

Esa comisión iba más lejos en cuanto al factor de elección, pues favoreció la fórmula argentina del 45 por ciento minimo, pero también con el 40 si había una distancia mayor del 10 por ciento entre los dos más votados en una primera vuelta. O sea, que de entrada reducía 5 puntos al mínimo requerido. Nadie se opuso ni en la subcomisión que recomendó esa fórmula ni en la plenaria de la comisión que la aprobó.

   EL PLD y el PRSC, la favorecieron tanto en la comisión como en el pacto firmado en el Palacio Nacional. Hubiese resultado mejor a los oficialistas que lo conseguido en la Asamblea Revisora que acaba de concluir, pero fueron ellos los que echaron a la basura el acuerdo del 27 de septiembre. Es decir, al romper el consenso, al querer imponerse y abarcar más de lo posible, sembraron las semillas para este parto de los montes.

En el acuerdo figuraba la eliminación de los colegios cerrados, la elección de los representantes al Parlamento Centroamericano, ahora nombrados por el Poder Ejecutivo, en contradicción con los reglamentos de ese organismo, y la institución de la Asamblea Constituyente por elección popular, misma que figuró en los programas de gobierno del PLD y el PRD y en los discursos de José Francisco Peña Gómez.

Lo que no figuraba era la reelección presidencial que es el único galardón de los promotores, con el absurdo de que no les servirá para nada, dadas las persistentes afirmaciones de Hipólito Mejía de que no se repostulará en cumplimiento de los principios y compromisos perredeístas.

Para quién habrán trabajado los promotores de la reforma es la preguna generalizada este fin de semana. Por de pronto reivindicaron a Balaguer y renegaron de Peña Gómez, y abrieron una puerta al continuismo que a lo mejor se use contra ellos en el futuro. Sería lo que se llama atajar para que otro enlace.-

La Reforma constitucional pende de la vida de Balaguer

Por Juan Bolívar Díaz

            El proyecto de reforma constitucional pendiente de ser conocido por la Asamblea Revisora de la Constitución es tan excluyente, sectario y limitado que depende ahora mismo de la preciara salud del expresidente Joaquín Balaguer, cada día más en el umbral de la muerte.

            La última gran ironía del omnipresente caudillo reformista sería marcharse ahora o inahabilitarse definitivamente con lo cual dejaría colgando a los sectores perredeístas y gubernamentales que han colocado su fortuna en unas manos que se ubican en los límites mismos del misterio de la vida.

            De golpe y porrazo los estrategas de la restauración del reeleccionismo podrían comprobar que casi todos los dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), como el Partido de Liberación Dominicano (PLD) y gran parte de los mismos dirigentes del partido de gobierno, como de la sociedad civil y la opinión pública rechazan una reforma que sólo se apoya en el poder gubernamental.

Balaguer se apaga

            Más allá del espectacular relanzamiento del confeso sicario Carlos Evertz Fournier, lo más relevante de la semana que concluye ha sido la enfermedad que obligó al internamiento en un centro médico del expresidente Joaquín Balaguer.

            Aunque a menudo se le ha considerado eterno e inmortal, no tanto por los 96 años que cumplirá el primero de septiembre, como por los 72 que lleve en la vida pública, manteniéndose todavía como el gran árbitro político nacional, el caudillo ha vuelto a mostrar fragilidad y a poner en vilo al país.

            El urgente internamiento del jueves 4 de julio repuso sobre el debate nacional la existencia de un hombre que ya hace más de una década se autoubicó en su libro memorial en el umbral mismo de la muerte, y quien hace tiempo sobrevive precariamente reclinado en un sillón y sumido en la oscuridad, aunque aferrado como nadie al último hálito de vida.

            Es inmensa la vocación para sobrevivir de Joaquín Balaguer, a quien en las últimas semanas se le atribuye un conato de derrame cerebral, culebrillas en el rostro y llagas en espalda, fruto de la posición en que permanece, a más de la úlcera sangrante diagnosticada.

            Por ello nadie debe sorprenderse si en este fin de semana o en próximos días pueda retornar a sus dominios residenciales, como tampoco de que -como humano al fin- siga siendo arrastrado al precipicio de la muerte.

            Es el único sobreviviente de su generación política y ha visto partir a muchos de sus contendientes, algunos más jóvenes, desde Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, hasta Jacobo Majluta, Antono Guzmán, Rafael Bonnelly, Francisco Augusto Lora y Héctor García Godoy. Sin irse más atrás a rememorar a Rafael Estrella Ureña, Rafael Vidal y muchos otros.

            Por la clínica Abréu, donde está recluído, ha desfilado el liderazgo político y gubernamental, mientras la ciudadanía sigue pendiente de los informes sobre el hombre que por más tiempo ha influído sobre el destino de la nación dominicana.

Momento crítico

            La salud de Balaguer se ha resquebrajado en un momento crítico, horas después que fuera promulgada la ley que convoca una Asamblea Revisora de la Constitución -a reunirse a más tardar en 15 días-, que en gran medida depende de él y sin que acabaran de definirse sus alcances.

            La ley enuncia tres propósitos de modificaciones constitucionales: restablecer la reelección presidencial, eliminar los colegios electorales cerrados y reducir el porcentaje para la elección presidencial en primera vuelta. Pero sólo en los dos primeros hay consenso entre sus sustentadores, los legisladores del grupo perredeísta que llevó al poder al presidente Hipólito Mejía, conocido como PPH y el caudillo reformista.

            De hecho, al ser hospitalizado el doctor Balaguer había todo un debate público en cuanto a si éste respaldaba la reducción del porcentaje para la elección presidencial.

El proyecto no especifica a cuánto sería disminuído. Unos aducen que al 45 por ciento, otros al 40, y no faltaban entre los gobiernistas algunos gandíos que querían restablecer la mayoría simple que predominó en el constitucionalismo dominicano hasta la última modificación del 1994.

Como Balaguer es ya todo un misterio, puesto que no hace vida pública ni habla al país ni puede escribir y firmar un mensaje, se le atribuía haber aceptado la proporción media del 45 por ciento. Al menos eso dijo al principio de la semana el presidente perredeísta del Senado, Andrés Bautista García.

Por su parte la presidenta de la Cámara de Diputados, la reformista Rafaela Alburquerque, mantenía un lenguaje tan ambivalente como su lealtad política de los últimos tiempos, viéndose presionada a una nueva consulta para determinar la real posición de Balaguer, debido al rechazo casi unánime de dirigentes y legisladores de su partido.

Casi todos los dirigentes reformistas influyentes han rechazado la reducción del porcentaje para la elección presidencial pareja al restablecimiento de la reelección, al entender que favorecería el continuismo perredeísta. Algunos en términos tan dramáticos como José Osvaldo Leger, quien llegó a decir que Balaguer sería el sepulturero del PRSC.

Carlos Morales Troncoso, Jacinto Peynado, José Hazim, Federico Antún, Johnny Jones, Guillermo Caram, Héctor Rodríguez Pimentel, Liselot Marte, Donald Reid Cabral y Angel Lockward han estado a la cabeza de la oposición.

Creen que el proyecto sólo beneficia al grupo del presidente Mejía y a la larga al PRD y además disminuye las posibilidades de los opositores y ratifica a los reformsitas como la cola del partido de gobierno.

Al rescate del PRSC

En el liderazgo reformista y en parte de la opinión pública predomina el criterio de que Balaguer ya es prisionero del círculo íntimo del que depende, algunos de cuyos miembros estarían sacando beneficios gubernamentales de una posición marcada por nubosidades y contradicciones.

Antes del internamiento ya se discutía en ámbitos reformistas qué podrían hacer para “rescatar el PRSC de la Máximo Gómez 25 y llevarlo por caminos institucionales y en brazo de sus organismos hasta su local nacional”, como lo definió un dirigente.

Una fuente confió que incluso se llegó a convocar una reunión el pasado martes para discutir el curso de acciones a seguir. Hubo quejas porque no asistieron Peynado y Morales Troncoso, los dos que en los últimos años han aparecido con más posibilidades de mantener unificado el partido y encarnar una candidatura presidencial viable.

Entre reformistas se habla con pena y hasta vergüenza de su incpacidad para hacerse valer en el partido más allá de una voluntad caudillesca en irreversible proceso de deterioro. Hay cionsenso en que ya el caudillo carece de recursos y fuerzas para contener un frente que agrupe los principales dirigentes nacionales. Pero la desconfianza mutua es el gran escollo.

Sin embargo, el agravamiento de las limitaciones existenciales de Joaquín Balaguer está llamado a incrementar las inquietudes que sacuden el reformismo, donde hay cada día mayor conciencia de que sería “casi un suicidio” afrontar un nuevo proceso electoral con el desconcierto en que se mantiene el partido colorado.

Una nueva derrota electoral en el 2004 sería la tercera en materia presidencial, contando las de 1996 y 2000 y la quinta consecutiva incluyendo las dos congresionales y municipales. A la cola del PRD sería peor, puesto que dejaría al PLD cosechar todas las insatisfacciones y el desgaste del gobierno perredeísta.

Con el título de “Grito desesperado al doctor Balaguer”, Héctor Rodríguez Pimentel dramatizó las inquietudes reformistas en artículo publicado el jueves 4 de julio en el Listín Diario. “No permita Presidente Balaguer que nuestro partido se extinga, ahogado por las apetencias personales de uso pocos, y por las lisonjas oportunistas de los que como aves de carroña lo cortejan”, expresó.

Tras plantear que lo que salva al PRSC es “un relevo sin trauma de la hegemonía ejecutiva”, Rodríguez Pimentel concluye pidiéndole a su líder que “inicie y encabece este proceso de transición hacia un liderazgo colegiado en su partido”.

Depende de Balaguer

            Tal como están de revueltas las abejas en el panal reformista, el proyecto de reforma constitucional impulsado a espaldas del PRD por su sector hegemónico en el gobierno, depende ahora mismo de la salud del doctor Balaguer.

            En la medida en que se prolongue su enfermedad o se agrave, y peor si desaparece, será más difícil conseguir el apoyo de la totalidad de los legisladores reformistas, fundamentales para conseguir las dos terceras partes de los votos necesarios para aprobar las reformas en la Asamblea Revisora de la Constitución.

            La suma de quienes aprobaron la ley de convocatoria en la dos cámaras arroja 104 votos ( 85 diputados y 19 senadores) del total de 179 legisladores, 149 diputados y 30 senadores. Los dos tercios serían 120. Todavía los promotores tendrían que asegurar otros 16 votos.

            Esta circunstancia ha puesto más claramente de manifiesto la fragilidad del proyecto de reformas constitucionales cocinado al vapor, sin consenso con la sociedad política ni civil, atropellando incluso al propio partido de gobierno, excluyendo a todo potencial disidente y utilizando los recursos del poder para presionar, intimidar y hasta comprar, como denuncian a diario legisladores y dirigentes políticos de todos los colores.

            Sería un gran tropiezo para sus auspiciadores que el agravamiento de Balaguer les impidiera materializar su excluyente proyecto. Pero también quedarían expuestos a un gran frente de oposición, que junto a las disensiones internas dificultaría la gobernabildiad en la segunda mitad del período de gobierno.

            El proceso marca un asombroso parecido a lo ocurrido al gobierno de Leonel Fernández que hace justamente 4 años se embarcó en un proyecto reeleccionista y hasta aprobó una ley revocando la inamovildiad de los jueces, tras comprarse –al igual que ahora- diez diputados de oposición. Aquella vez fracasó la reforma constitucional, que como ahora dependía del reformismo y de una matrícula de apenas 15 legisladores peledeístas.

            Una diferencia importante es que en 1998 no hubo clara disensión en el seno del PLD, como la hay ahora en el PRD, lo que agrava considerablemente la aventura constitucionalista, especialmente con la renuncia a principios y la apertura de una reelección que el presidente Mejía –a diferencia de Fernández- se empeña en rechazar.-

Incongruente y peculiar reforma constitucional

Por Juan Bolívar Díaz

            La nación dominicana se encuentra al borde de una de las más peculiares entre las 36 reformas que ha sufrido su Constitución, pues se persigue restablecer la posibilidad de una reelección presidencial que el incumbente del Poder Ejecutivo ha rechazado hasta la saciedad.

            Lo más inconcebible es que teniendo claramente el liderazgo de su partido, el presidente Hipólito Mejía se declare incompetente para convencer a sus propios seguidores y funcionarios subalternos de lo inútil que resultaría para ellos una reforma que por demás divide profundamente hasta el propio partido de gobierno.

            Lo más incongruente de la última semana ha sido la resignación con que el primer mandatario admitió que una reforma constitucional impuesta a una parte de la sociedad política y de la sociedad civil daría al traste con las posibilidades de concertación que él mismo había planteado tras la victoria electoral de su partido.

Larga y dura batalla

            Aunque el Senado había aprobado el proyecto de convocatoria de una asamblea revisora de la Constitución, al comenzar la semana todavía quedaban esperanzas de que el proyecto de concertación esbozado por el presidente Hipólito Mejía predominaría sobre un afán constitucionalista que llevaba ya más de 19 meses.

            Pero el respaldo del caudillo reformista Joaquín Balaguer y la diligencia de los promotores determinó que los diputados le dieran su primera aprobación y se apresten a la definitiva este sábado, lo que determinaría la reunión de la asamblea revisora de la Constitución, integrada por los miembros de ambas cámaras legislativas, dentro de los 15 dias siguientes a la publicación de la convocatoria.

            El proyecto fue introducido y aprobado sorpresivamente por primera vez en el Senado el 11 de diciembre del 2000 y desde entonces se mantuvo como espada de damocles sobre la sociedad dominicana.

            Por lo menos cuatro veces quedó detenido por la oposición de gran parte de la opinión pública y de las organizaciones sociales más preocupadas por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. La primera fue con el casi unánime rechazo que generó la aprobación senatorial, definida con los agravantes de “acechanza, nocturnidad y premeditación”. Esa vez el proyecto no llegó a ser conocido por la Cámara de Diputados.

            A comienzos del 2001, cuando legisladores perredeístas se aprestaban a reintroducir el proyecto, grupos de la Sociedad Civil lograron con el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Hatuey de Camps y el presidente Mejía la conformación de una comisión que propondría “de modo consensuado” al Poder Ejecutivo el contenido y la forma para una modificación de la Constitución.

            El decreto creando la comisión fue emitido el 21 de marzo. Estuvo integrada por representantes de todos los partidos reconocidos por la Junta Central Electoral, de la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral y la Comisión Nacional para Reforma del Estado, así como de una veintena de organizaciones de la sociedad civil y unas diez personalidades.

El pacto natimuerto

            El informe de la comisión fue entregado al Presidente Mejía el 13 de agosto pasado y de inmediato se reactivaron las gestiones legislativas por reintroducir el proyecto original, el cual sufrió otro tropiezo temporal cuando el 27 de septiembre dirigentes de los tres partidos mayoritarios firmaron en el Palacio Nacional un “Pacto para la Reforma Constitucional”, teniendo al presidente Mejía como promotor y firmante-testigo.

            Este pacto, también promovido desde la Sociedad Civil, fue una transacción que incluía tres de las reformas promovidas por legisladores, -reducción del porcentaje para ganar la presidencia en primera vuelta, eliminación de los colegios electorales cerrados e institución de la elección de representantes al Parlamento Centroamericano- más la institución de la Asamblea Constituyente por elección popular, reclamada por las organizaciones sociales.

            Pero el mismo día en que fue firmado, el Consultor Jurídico del Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, entregó al Congreso el paquete de proyectos elaborado por la Comisión Especial designada por decreto, pero no así el pacto, lo que marcó la voluntad de ignorarlo, como en efecto ocurrió.

            Aunque dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y del PRD mostraron algún interés en la materialización del pacto, los legisladores prosiguieron su propio camino, burlando no solo el esfuerzo del presidente, sino también a la comisión de la Sociedad Civil encargada de darle seguimiento, que integraron monseñor Agripino Núñez Collado, la entonces coordinadora de Participación Ciudadana, Melba Barnett, y el abogado Ramón Tapia Espinal, quien fallecería pocos meses después.

Fue así como se reintrodujo al Congreso el proyecto original, siendo aprobado de urgencia por las dos cámaras en diciembre del 2001; en el Senado sin guardar el dia libre entre las dos lecturas que establece la Constitución, lo que aprovechó el presidente Mejía para elevar una consulta a la Suprema Corte de Justicia, la que declaró nula la ley de convocatoria, propinando el cuarto tropiezo al desenfrenado propósito constitucionalista.

            La conclusión de la legislatura y la campaña para las elecciones congresionales y municipales del pasado 16 de mayo dilataron la reaparición del proyecto, finalmente reintroducido y aprobado en el Senado la semana pasada.

            Un factor que parece haber favorecido ahora la aprobación es que con los comicios de mayo se cayó definitivamente uno de los aspectos que más resistencia despertaban, consistente en la prolongación del período del actual Congreso con el pretexto de juntar las elecciones congresionales y municipales con las presidenciales.

Serias incoherencias

            El proyecto de reforma constitucional ha estado revestido de serias contradicciones e incoherencias desde su aparición hace 19 meses. Primero porque pese a tratarse de un asunto del máximo relieve, no fue discutido ni se buscó consenso ni siquiera en el partido de los promotores.

Por el contrario tanto los organismos directivos del PRD como del PLD rechazaron el propósito constitucionalista. Los congresistas reivindicaron una autonomía absoluta que no han validado para ninguna de las reformas legales realizadas en la última década, la mayoría de las cuales han pasado años detenidas hasta lograrse consenso político y social. Tal consenso se ha rechazado, contradictoriamente, para la reforma de la ley de leyes.              

            Pero la mayor incoherencia está en el esfuerzo de la mayoría de los legisladores perredeístas por restablecer la reelección presidencial, aún cuando el presidente Mejía ha repetido hasta el cansancio que no se repostulará, y pese a que la no reelección apareceía como un principio fundamental del perredeísmo, reivindicado en la Constitución de 1963, por la que se fue a una guerra civil dos años después, y en la reforma de 1994.

            El restablecimiento de la reelección es un golpe contundente a la memoria del líder perredeísta José Francisco Peña Gómez, quien la hizo prohibir en la reforma de hace apenas 8 años, lo que tuvo como uno de sus grandes aportes al proceso democrático hasta su muerte en 1998.

            La contradicción es mayor por cuanto los propulsores del restablecimiento de la reelección son las cabezas más visibles del grupo del propio presidente Mejía dentro del PRD, quienes por demás ocupan funciones relevantes en su gobierno, tales como el secretario de Agricultura, Eligio Jáquez, el Consultior Juridíco, Guido Gómez Mazara, y el constructor de Obras del Estado, Hernani Salazar.

            La contradicción es tan grande que el mismo presidente Mejía se ha quejado de que casi nadie cree su reiteración de que no se repostulará. Y lo cierto es que ni partidarios ni opositores creen que el mandatario es ajeno al proyecto y apuestan a que terminará repostulado para los comicios del 2004.

            En el análisis político no cabe la afirmación presidencial de que él nada puede hacer y que tiene que respetar la iniciativa de los legisladores, cuando los reales promotores son sus subordinados en el Poder Ejecutivo. Por demás llamó la atención que recientemente el presidente señaló quien debía presidir el Senado y dio garantías de que no pasaría una reforma que liquidara la inamovilidad de los jueces, aspecto que por cierto fue abandonado en el proyecto aprobado la semana pasada por el Senado y ahora por los diputados.

El costo político

               Limitada ahora a tres aspectos de interés grupal la reforma constitucional planteada en el proyecto de ley tiene demasiados rechazos, de la opinión pública y de los líderes de oposición, incluyendo a los del Partido Reformista Social Cristiano, cuyo caudillo le dio el visto bueno. Y para colmo del presidente y de la vicepresidenta de la República, asi como del presidente y de la mayoría de los dirigentes del partido de gobierno.

            Pareciera que el costo que conlleva, al liquidar los tímidos intentos de concertación que había esbozado el presidente Mejía, y precipitar enfentamientos políticos, no está compensado por los frutos que se espera de un reeleccionismo en el vacío, a no ser que el país esté asistiendo a un sainete político.

            No han faltado quienes han advertido otra contradicción grave: que los restauradores del reeleccionismo estén trabajando para otro. Si el presidente Mejía no se repostula y otro partido ganara los comicios del 2004, el PRD podría estar abriendo las puertas para verse de nuevo de frente al continuismo, con todas las prácticas antidemocráticas que lo ha acompañado en la historia nacional y latinoamericana.

            Por de pronto, son los propios perredeístas quienes formularon las primeras denuncias de que se han estado usando recursos estatales para promover la reelección, lo que augura la reaparición de los abusos del poder que la han acompañado.

            El proyecto reeleccionista ya tiene el sello de la descomposición democrática con denuncias de compras y ventas de conciencias, dejará herido al propio partido en que se incuba y despertará los espectros de los fundadores y líderes perredeístas desaparecidos, con Juan Bosch y Francisco Peña Gómez a la cabeza, y un ejército de miles de muertos por defender la Constitución antireeleccionista de 1963.-

El Presidente HM contiene la contrareforma

Por Juan Bolívar Díaz

            Los pronunciamientos del presidente Hipólito Mejía en la última semana constituyen un muro de contención para los entusiastas legisladores que han vuelto a desenfundar los afanes por imponer una reforma constitucional regresiva buscando restaurar la reelección presidencial y eliminar la inamovilidad de los jueces.

            Reafirmando su compromiso de no buscar una reelección presidencial, tras unos comicios que fortalecieron su gestión política y de gobierno, el mandatario parece más convencido que antes de que tendría un costo muy alto y peligroso el imponer una reforma política que no ha sido consensuada ni siquiera con su propio partido.

            Mientras tanto, contradiciendo a los funcionarios y legisladores promotores de la contrareforma, en el Partido Revolucionario Dominicano parece crecer el rechazo al continuismo, lo que haría más traumática su restauración, dividiendo profundamente a la sociedad dominicana.

Firmes planteamientos

            Ha llamado la atención que el agrónomo Hipólito Mejía se ha situado más como presidente de la nación y estadista que como dirigente político desde que conociera el amplio triunfo logrado por su partido en las elecciones congresionales y municipales del pasado 16 de mayo.

Comenzó pidiendo a sus parciales que no se envanecieran con el triunfo electoral y trabajaran en la dirección correcta para convertirlo en una victoria de todos.

Obviamente algunos de sus parciales no interpretaron el mensaje y de inmediato se lanzaron a dar por inminente la reforma constitucional que han promovido persistentemente desde diciembre del 2000, ratificando que impondrían la reelección presidencial y llegando a proclamar que se llevarían de paso la inamovilidad de los jueces, entre otras cuestiones rechazadas en amplios sectores políticos y sociales.

Algunos senadores y diputados perredeístas desaforados consiguieron rápidamente un movimiento de rechazo en la opinión pública y la renovación de las incertidumbres en sectores políticos, empresariales y sociales que temen reformas fundamentales impuestas, sin tomar en cuenta la pluralidad de visiones de la sociedad dominicana.

Frente a tales planteamientos el presidente Mejía no sólo reiteró su compromiso de respetar el principio antireeleccionista de su partido, sino que además se manifestó muy concretamente sobre la aceleración.

Hablando en el programa dominical de los periodistas Ramón Colombo y Juan Taveras Hernández, el 2 de junio, el mandatario tuvo oportunidad de elaborar sus criterios, rechazando que se trate sobre una reforma constitucional en estos meses, ni en esta legislatura, que es la última del Congreso que concluye el 16 de agsoto.

Cuando le hablaron de la mayoría perredeísta en el Congreso, Mejía dijo: “Yo quiero que haya un equilibrio de las fuerzas democráticas del país e internamente también en el PRD. Lo hemos demostrado como presidente:no queremos aplastar a nadie, queremos una participación lógica, sin arrogancias, porque lo hemos demostrado”.

Posteriormente el miércoles y más concretamente el jueves 6, Hipólito Mejía expresó su firme apoyo a la inamovilidad de los jueces, diciendo que no permitirá que sea eliminada.

Los planteamientos del gobernante han sido tan concretos y firmes en los últimos días que deben contener, al menos por ahora, los afanes de una parte de sus seguidores por reformar la constitución a cualquier precio.

En la misma dirección pareció ubicarse el presidente del Senado, Andrés Bautista García, quien el miércoles 5 dijo por televisión al periodista Miguel Guerrero que los legisladores perredeístas no utilizarán la fuerza aplastante para avasallar y cometer bellaquerías. Aunque insistió en la necesidad de reformar la Constitución, la condicionó al “consenso de todos los sectores”.

El diverso PRD

            Hay quienes creen que el presidente Mejía ha quedado preso de sus persistentes promesas, incluso con páginas firmadas en los periódicos, de que respetará el principio antireeleccionisa de su partido. Ha recordado varias veces, en público y en privado, que usó lo que llamó subterfugio jurídico para vetar la convocatoria de la Asamblea Nacional para reformar la constitución aprobada por ambas cámaras a fines del año pasado.

            Amparados en la palabra del presidente, en las últimas semanas han aumentado los pronunciamientos de líderes perredeístas contra la reelección, incluyendo a la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, quien el 30 de mayo pasado propuso un congreso de su partido para discutir la propuesta, advirtiendo que la reforma constitucional “debe reflejar el avance de la democracia”.

            Actuando con la prudencia que recomienda su cargo, la doctora Ortiz Bosch ha reiterado su convicción antireeleccionista, amparándose en los propios pronunciamientos del primer mandatario.

            El presidente del partido, Hatuey de Camps, ha sido el más firme contradictor de la propuesta promovida básicamente por los dirigentes del “Proyecto Presidencial Hipólito” (PPH). En las últimas semanas han rechazado la propuesta reeleccionista otros dirigentes que habían mantenido discreción sobre el particular, como los senadores Ramón Alburquerque y José Antonio Najri, y el secretario de Interior y Policía Pedro Franco Badía. Mientras Amaury Justo Duarte respaldaba la propuesta de congreso partidario para discutir el asunto.

            Por su parte Enmanuel Esquea, José Rodríguez Soldevilla y Rafael Suberví Bonilla han declarado abiertamente que buscarán la candidatura presidencial perredeísta para el 2004.

Actitud conciliatoria

            Resalta que el Presidente Mejía, no sólo ha formulado planteamientos de contención a sus propios seguidores, sino que ha pasado a una actitud personal conciliatoria, desde sus visitas del sábado y el lunes pasados a los senadores y síndicos electos por Santiago y el Distrito Nacional.

            El sábado se desplazó no sólo a la residencia del perredeísta Víctor Méndez, senador electo por Santiago, sino también a la de José Enrique Sued, reformista electo como síndico por el municipio. Y el lunes hizo lo mismo con Roberto Salcedo y José Tomás Pérez, peledeístas electos a la sindicatura y la senaduría del DN, almorzando con ellos en la residencia del último.

            El presidente no sólo prometió colaborar al éxito de la misión de los opositores, proclamando que se impone “un verdadero equilibrio de fuerzas en el ejercicio de los poderes públicos”, sino que también propuso consenso para la agenda legislativa y la acción gubernamental.

            En un encuentro con directivos del Listín Diario la noche del lunes declaró que “para alcanzar una agenda de desarrollo común el único camino es asumir con responsabilidad el diálogo y el entendimiento entre todos los sectores que forman la sociedad”, señalando que la gente no quiere más pleito, “vamos a trabajar, vamos a buscar armonía”.

            Después de haber expresado su decisión de promover que los reformistas mantengan la dirección de la Cámara de Diputados y de la Liga Municipal Dominicana, envíando su Consultor Jurídico a expresarlo directamente al expresidente Joaquín Balaguer,

Mejía abrió la puerta a una conciliación con el liderazgo peledeísta.

            Concluiría una brillante semana visitando al presidente del PLD, el doctor Leonel Fernández, con quien había protagonizado agrios intercambios de ataques en los últimos meses. Las fuertes expresiones del presidente en relación a Fernández sorprendieron a los observadores, contrastando con las declaraciones de los primeros meses de su gestión, cuando repitió varias veces que al exmandatario había que respetarlo y considerarlo.

El encuentro abre un escenario para la negociación y el entendemiento, fortaleciendo la tendencia a la distensión de los últimos días que tan buena acogida ha tenido en la opinión pública, fortalece la imagen del presidente Mejía, que se sitúa como estadista, y beneficia al gobierno que tiene que enfrentar problemas serios como los que afectan al turismo y al sector energético.

Amplia oposición

               Las perspectivas derivadas de los planteamientos presidenciales y la actitud de la opinión pública no auguran éxito para los intentos de precipitar una reforma constitucional sin consenso político y social. Más bien los condenan al fracaso, al menos que sus propios seguidores quieran poner en ridículo los empeños del mandatario.

            Cada vez parece más difícil que el actual Congreso Nacional logre el objetivo de reformar la Constitución. El aplazamiento pedido por el presidente Mejía se deriva de una correcta interpretación de la coyuntura.

            Con nuevos legisladores recién electos, que no cambian la correlación de fuerzas en una Asamblea Nacional constituyente, habrá muy escaso respaldo a que los salientes se aboquen a la importante reforma. La mayoría de ellos concluyen su misión y una parte carecerá del equilibrio necesario para esa tarea. Hay quienes consideran que algunos serán presa fácil de posiciones transfugistas u oportunistas, a cambio de prevendas.

            Por demás, a dos meses de concluir el período es ya imposible encontrar el sosiego necesario para ejecutar una reforma constitucional aceptable para la sociedad política y civil.

            El PLD es abierto opositor a la reforma al vapor y el PRSC pasa por momentos de indefinición sobre su rol, pero con fuertes tendencias a buscar distancia del gobierno, como forma de prepararse para el desafío electoral por la presidencia dentro de dos años.

            Y en el liderazgo de la sociedad civil es casi imposible encontrar respaldo para una reforma constitucional a la carrera, que sólo serviría para incrementar incertidumbres.-

El sistema electoral sigue mejorando

Por Juan Bolívar Díaz

            Pese a las serias deficiencias en el llenado de las actas de una alta proporción de colegios electorales y a las irregularidades e intentos de fraude comprobados en Santiago, las recientes elecciones marcaron nuevos pasos de avance en el sistema electoral dominicano.

            Como es natural los sectores menos beneficiarios del resultado electoral magnifican las deficiencias, algunos hasta el punto de sostener que estas fueron las votaciones más viciadas de la historia nacional, aunque lo que les convendría es ser más reflexivos y autocríticos para identificar sus limitaciones y mejorar su desempeño en el futuro próximo.

            La experiencia de este mayo debe también motorizar nuevas reformas para seguir perfeccionando el sistema electoral y mejorar la representación con mayores oportunidades para las minorías, así como para reducir prácticas viciosas que todavía persisten, como las compras de cédulas.

El balance es positivo

            Tal vez por la ilusión de que habían sido superadas las propensiones al fraude y los abusos de poder que caracterizaron la historia electoral dominicana, o por cierta tendencia al pesimismo, numerosos voceros de la opinión pública han llegado a desdeñar la transparencia y de los recientes comicios y sus resultados.

            Entre dirigentes políticos de oposición, especialmente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la magnificación de las deficiencias, irregularidades e intentos de fraude llega a extremos que sólo podrían explicarse en un deseo de justificar un desempeño poco auspicioso, especialmente a la luz de las expectativas que sustentaron.

            Llama la atención que esa haya sido la reacción de peledeístas tan maduros como Euclides Gutiérrez y Eduardo Selman. Una posición tan radical podría justificarse en el candidato a la senaduría de Santiago por el partido morado, Francisco Domínguez Brito, quien fue víctima de lo que puede ser calificado como intento de fraudes por elementos del partido oficialista.

            Aunque en el 96 por ciento de los colegios electorales hubo delegados de tres o más partidos que vigilaron el comportamiento del proceso, de acuerdo al informe de observación electoral de Participación Ciudadana, apenas en dos o tres de los 125 municipios se han presentado evidencias de serias irregularidades.

            En la mayoría de las circunscripciones, municipios y provincias los resultados fueron razonablemente amplios, con más de 5 y hasta 10 por ciento de diferencia entre los partidos competidores.

            Tal vez la sensación de fracaso es mayor porque los principales problemas de computación y los resultados más estrechos se registraron precisamente en los dos principales centros urbanos y de comunicaciones del país, el Distrito Nacional y Santiago.

            El mal llenado de las actas, a consecuencia del voto preferencial, que en el DN afectó a más de la tercera parte de los colegios, obligó a una revisión y depuración de cada una en las juntas electorales municipales haciendo lentísimo el proceso de cómputos y originando suspicacias Y la votación casi pareja entre peledeístas y perredeístas en las dos principales jurisdicciones, determinó aún mayor lentitud.

            Pero precisamente la revisión minuciosa permitió que en Santiago pudieran detectarse por lo menos cuatro actas fraudulentamente alteradas. En cada una de ellas se agregó 100 votos a la candidatura congresional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Y hubo otras con irregularidades menores.

En el DN prevaleció el triunfo de las candidaturas congresionales y municipales del PLD, el cual se vislumbró desde los primeros resultados. En la boleta congresional por menos del 1 por ciento, 39.20 a 38.28 por ciento.

            Como se demostró el año pasado en Estados Unidos, hasta las democracias más instituidas y antiguas pueden ser sacudidas cuando los resultados son tan estrechos. Si se hurga un poco se encontrarán hasta fraudes, aunque, no conformen un patrón generalizado. En las discutidas elecciones que llevaron a George Bush a la presidencia, decididas más de un mes después de las votaciones y en la Suprema Corte de Justicia, se comprobó que hubo personas que votaron más de una vez.

            Las recientes elecciones dominicanas fueron reconocidas como transparentes y libres por las misiones de observación internacionales. Todavía este jueves el embajador de Estados Unidos, Hans Hertell, no vaciló en ponderarlas cuando compareció al almuerzo de los medios de comunicación del Grupo Corripio.

Mancha en Santiago

            Sin duda la mancha del proceso electoral se registró en el municipio de Santiago, con la comprobación de varias actas alteradas con el evidente propósito de favorecer al candidato a senador del partido de gobierno.

            El que este prevaleciera con apenas mil 73 votos, equivalentes al 0.50 por ciento sobre el candidato del PLD, mantuvo en pie las suspicacias sobre el real resultado. El extraordinario prestigio del candidato del PLD, Francisco Domínguez Brito, y las simpatías que despertó contribuyeron al cuestionamiento.

            Sin embargo, las suspicacias han quedado en el marco de las especulaciones, ya que los interesados no pudieron mostrar suficientes alteraciones para cambiar el resultado en su favor. El hecho objetivo es que el presidente de la Junta Central Electoral presidió una audiencia en la Junta Electoral de Santiago, donde el partido morado presentó una serie de irregularidades en el cómputo.

            También es cierto que dos días después la JCE reconoció todas las irregularidades documentadas por el PLD y descontó al PRD más de 500 votos, agregando algunos que correspondían al opositor. Es un hecho sin precedente en la historia electoral del país, que una junta electoral reconozca y corrija irregularidades aducidas por un partido de oposición.

            El PLD se ha quejado, y por ello ha apelado hasta la Suprema Corte de Justicia, de que el pleno de los jueces de la JCE no escuchó sus alegatos, que a falta de prueba en contrario serían los mismos que presentó en la sesión que presidió dos días antes el doctor Ramón Morel Cerda en Santiago.

            En estricta formalidad la audiencia de Santiago debió ser con el pleno de los jueces de la JCE. Pero también es un hecho objetivo que el máximo tribunal electoral se amparó en la ley electoral, razón por la cual la instancia ante la Suprema Corte está destinada al fracaso.

            En efecto, si se consulta el Párrafo I del Inciso II, referente a lo “Contencioso Electoral”, del artículo 6 de la Ley Electoral, se leerá lo siguiente: “Las decisiones en materia contenciosa serán tomadas después de oídos, o habiendo sido regularmente citados, los partidos políticos y/o candidatos interesados, en audiencia pública, a menos que la Junta decida resolver el asunto en cámara de consejo, especialmente si ha de fallar en un medio de inadmisión, una nulidad o cualquiera otra excepción”.

            Efectivamente, la JCE se declaró en “cámara de consejo”. Y no solo había oído, sino que admitió todas las irregularidades demostradas por el PLD. En aras de transparencia, el plenario de la JCE debió haber seguido el camino más amplio, citando y escuchando de nuevo en audiencia pública a los interesados, aunque fuera una repetición. Pero la ley no la obligaba y el PLD no ha mostrado a la opinión pública irregularidades adicionales que lo justificaran.

            Se ha aducido el uso de recursos estatales por parte del partido gobernante, lo cual fue obvio especialmente en algunos municipios donde las encuestas revelaban fuerte competencia de la oposición. Empero, entre los periodistas es generalizado el criterio de que tal uso fue mucho menor al registrado todavía en los comicios del 2000 y 1998, para no ir más atrás.

            Esta vez también hubo menos protagonismo de la figura presidencial, quien no participó en mítines ni en caravanas. Sus inauguraciones no fueron convertidas en manifestaciones partidarias, aunque tuvieron la intención de influir. Se echaron de menos la campaña sucia y las denuncias de que votarían los haitianos. Y las víctimas de la violencia en el proceso de redujeron a la mitad de las 10 registrada hace 4 años, incluyendo a la pareja de reformistas asesinada a balazos en Jarabacoa la noche de los cómputos.

Nuevas reformas      

         El resultado de las votaciones, que concentra el poder congresional y municipal en los tres grandes partidos, reafirma la necesidad de una reforma política que garantice la representación de las minorías políticas.

            Para combatir la compra de votos, denunciado esta vez también en menor medida, se puede establecer que el elector y electora puedan ser identificados con otros documentos que contengan fotografía. Y que sólo se le impida el voto en caso de que deje duda en relación a la fotografía y demás datos registrados en el padrón electoral.

            Aunque el voto preferencial pasó la prueba al ser utilizado por la mayoría de los electores y electoras sin que aumentara el número de votos nulos, reveló una gran debilidad, al haber desatado competencias y rivalidades al interior de los mismos partidos a favor de los candidatos y candidatas de más recursos económicos.

            Esa debilidad puede ser neutralizada con una prohibición de la promoción individual por los medios de comunicación, limitándola a las presentaciones personales, a reuniones y manifestaciones.

            Finalmente la eliminación del colegio electoral “cerrado” reducirá las dificultades logísticas del proceso electoral, aliviará las tensiones y hacinamientos y contendrá la tendencia al incremento de la abstención.

            Las elecciones del pasado día 16 demostraron que habrá que seleccionar con más rigor el personal que operará los colegios electorales y darle un entrenamiento más riguroso. Habrá más voluntarios de nivel y responsabilidad en la medida en que afiancemos y demos credibilidad al sistema electoral, razón por la cual es negativo y contraproducente magnificar las dificultades y las irregularidades registradas en los últimos comicios.-