Por Juan Bolívar Díaz

            Tras 19 meses de esfuerzos por imponer una reforma sectaria de la Constitución de la República, pasando por encima de los principos y de los compromisos contraídos con la democracia y la participación, el resultado de la Asamblea Revisora no ha podido ser más aleccionador: la mayoría perredeísta del Congreso y el gobierno ha cosechado un resultado pírrico.

            Una vez más el único reivindicado fue el doctor Joaquín Balaguer, cuyos seguidores negociaron con el gobierno para hacer aprobar una reelección que el presidente Hipólito Mejía rechaza, y luego le sacaron los pies a la hora de “reivindicar” la memoria de José F. Peña Gómez, ratificando la mayoría absoluta para elegir el presidente de la República.

            Ese resultado ratifica que ya no es suficiente disponer del poder del gobierno y de las mayorías congresionales ni utilizarlo sin ningún escrúpulo para imponerse al resto de la sociedad, y debería frenar los impulsos de quienes creen que ya no deben consultar ni a su propio partido.

El fracaso sabatino

               Aunque todos los cálculos indicaban que sin los votos reformistas no era posible conseguir las dos terceras partes necesarias para aprobar la reducción del porcentaje para elegir el Presidente de la República, los oficialistas se pricipitaron y ni por cortesía quisieron esperar el final del duelo por la muerte del expresidente Joaquín Balaguer.

            Llegaron a la Asamblea pretendiendo imponerse, sin calcular suficientemente las consecuencias que tendría para su crédito y la gobernabildiad que pasaran una reforma contra los dos partidos mayoritarios y una parte del tercero, que a la vez había sido rechazada por gran parte de la sociedad civil y de la opinión pública.

            Se había previsto que aún descontando los 12 legisladores peledeístas “conquistados” a las posiciones oficialistas, resultaba imposible aprobar la reducción del porcentaje para la elección presidencial, porque los reformistas ya no podían seguir ayudando al grupo gubernamental. El resultado de 100 votos a favor y 62 en contra no dejó duda. Aún hubiesen asistido todos los legisladores y votaran por ese cambio, no habrían reunido los dos tercios. 60 votos lo impedían.

              La asamblea no pudo ser más caótica y degradante. Se pudo ver por televisión cómo los senadores y diputados se conducían a gritos mientras el grupo oficialista realizaba maniobras desesperadas tratando de imponerse. Repitieron una votación para obtener un resultado más desfavorable.

Primera victoria       

            Para el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) el resultado de este sábado fue su primera victoria tras la desaparición de su caudillo. Ratificaron su vocación por la supervivencia más allá de las negociaciones que se atribuyeron a algunos de sus representantes y a miembros del anillo balaguerista.

            La dicotomía había quedado clara desde hacía varias semanas. Unos favorecían la reducción del factor de elección presidencial buscada por los oficialistas, la gran mayoría estaba en contra. El jueves 11 el vicepresidente ejecutivo del partido, Rafael Bello Andino, había instruído para que se transaran por el 45.

            Tras la aprobación de la reelección presidencial y la eliminación de los colegios cerrados, esto último de universal consenso, la noche del sábado, sobrevino apenas 7 horas después la muerte de Balaguer. Ahí quedó decretado el fracaso en lograr la reducción del porcentaje, que era “la reivindicación peñagomista”, según los oficialistas.

            Es que ahora sin Balaguer, el PRSC no podía facilitar al PRD un triunfo en los próximos comicios, fuera o no con reelección, y peor si la había. Si alguien lo sabía de sobra eran los colorados, conocedores a fondo de las ventajas que proporciona el ejercicio del poder a la hora de hacer campaña como de contar los votos.

            El mantenimiento de la myaoría absoluta para elegir presidente era ahora fundamental para la supervivencia del PRSC como factor de poder. Si quedan en un segundo lugar en los comicios del 2004, saben que pueden contar con los voto del Partido de la Liberación Dominicana, no sólo por la deuda contraida en 1996, sino y muy especialmente por las contradicciones irreconciliables entre los dos partidos fundados por Juan Bosch.

            Y si quedan en tercer lugar, los reformistas serían los de las llaves decisorias, conscientes de que si en el 2000 Hipólito Mejía y el PRD no llegaron a la mayoría absoluta en los próximos comicios podría ser más difícil, por el desgaste del poder. Ya entonces el PRSC no tiene que ser tan generoso como en 1996, habría que negociar con ellos bajo términos de conveniencia mutua.

            Si había reformistas comprometidos con los oficialistas como se dice, estos podían alegar que ya ellos cumplieron con lo de la reelección presidencial y que las nuevas circunstancias los obligaban a retroceder, pues no se podían suicidar. Además de las inconveniencias que para los promotores significaba aparecer desde ya dividiendo al PRSC.

          Una clara mayoría reformista consideraba fundamental mantener el 50 más uno, asumido como consigna de superviviencia desde el mortuorio mismo hasta la sepultura de Balaguer.

Una última maniobra tendiente a detener la avalancha reformista se produjo la mañana del viernes, horas antes de la reunión donde la Comisión Ejecutiva y los legisladores resolverían la posición a seguir en la Asamblea Revisora. Se corrió la versión de que la reunión había sido suspendida por el duelo.

            Inmediatamente algunos dirigentes se movilizaron y a las 10 ya tenían logrado que más de la mitad de los miembros de la Comisión firmara un documento reclamando el mantenimiento del factor de elección. Y como quiera acudieron a la convocatoria. El resultado fue que si habia alguien dispuesto aún a jugar el papel de los oficialistas, no pudo siquiera sacar la cabeza.

Resultado pírrico

            Para los promotores de esta reforma constitucional el resultado final no pudo haber sido más pírrico, después de una lucha que comenzó con la aprobación senatorial del 11 de diciembre del 2000, es decir que abarcó más de un año y 7 meses.

            Les costó una profunda división entre los legisladores del mismo partido gobernante y colocar las primeras contradicciones entre gobiernistas y dirigentes perredeístas, pasando por encima de la Comisión Política y de la presidencia del partido. Sin ni siquiera una discusión formal entre los integrantes de los bloques del PRD en ambas cámaras.

Así mismo les costó una distancia con los sectores de la sociedad civil que antes consideraban aliados, sobre todo en materia de reformas institucionales, legales y constitucionales, a los que burlaron y han comenzado a despreciar y a desconsiderar.

Ridiculizaron al propio presidente Mejía y a Hatuey de Camps, firmantes del Pacto para la Reforma Constitucional del 27 de septiembre del 2001, junto al PLD y el PRSC, echado al safacón por funcionarios subalternos del mandatario y por legisladores de su grupo dentro del PRD, el llamado PPH.

El sector oficialista llevó al PRD a renunciar a principios que le eran fundamentales y en el que sus fundadores y líderes habían consumido tantas energías, como el de la no reelección presidencial.

Se aducía como explicación a la precipitada e inconsulta reforma constitucional que era fundamental “reivindicar a Peña Gómez”, eliminando la mayoría absoluta impuesta en la reforma de 1994 por la alianza PLD-PRSC para impedir que el líder perredeísta alcanzara la presidencia en la primera vuelta.

En efecto, esa reforma tuvo esa intención y la logró. Pero además se hizo sin el consenso del PRD, y violando un acuerdo previo, firmado incluso en un proceso auspiciado por la Fundación Siglo 21, que buscaba instituir la doble vuelta con un porcentaje de 40 por ciento para ganar en la primera.

En el proceso de promoción de la reforma, los oficialistas tuvieron que ir reduciendo sus expectativas. Primero no pudieron colar la prolongación del actual Congreso y luego tuvieron que abandonar las pretensiones de eliminar la inamovilidad de los jueces. Con el agravante de que ahora no consiguieron reducir el factor de elección presidencial.

El que mucho abarca…

Aunque por debajo se sentía, la reelección no figuraba al principio como objetivo de la reforma. Fue introducida con fuerza después del pacto firmado en septiembre, promovido por sectores de la sociedad civil como transacción para que fuera una constituyente por elección popular la que se abocara a una reforma profunda de la Carta Magna.

Los cuatro puntos a modificar, de acuerdo al pacto de septiembre, fueron de consenso en la amplia comisión integrada por decreto presidencial que entre abril y agosto discutió sobre la forma y el fondo de la reforma.

Esa comisión iba más lejos en cuanto al factor de elección, pues favoreció la fórmula argentina del 45 por ciento minimo, pero también con el 40 si había una distancia mayor del 10 por ciento entre los dos más votados en una primera vuelta. O sea, que de entrada reducía 5 puntos al mínimo requerido. Nadie se opuso ni en la subcomisión que recomendó esa fórmula ni en la plenaria de la comisión que la aprobó.

   EL PLD y el PRSC, la favorecieron tanto en la comisión como en el pacto firmado en el Palacio Nacional. Hubiese resultado mejor a los oficialistas que lo conseguido en la Asamblea Revisora que acaba de concluir, pero fueron ellos los que echaron a la basura el acuerdo del 27 de septiembre. Es decir, al romper el consenso, al querer imponerse y abarcar más de lo posible, sembraron las semillas para este parto de los montes.

En el acuerdo figuraba la eliminación de los colegios cerrados, la elección de los representantes al Parlamento Centroamericano, ahora nombrados por el Poder Ejecutivo, en contradicción con los reglamentos de ese organismo, y la institución de la Asamblea Constituyente por elección popular, misma que figuró en los programas de gobierno del PLD y el PRD y en los discursos de José Francisco Peña Gómez.

Lo que no figuraba era la reelección presidencial que es el único galardón de los promotores, con el absurdo de que no les servirá para nada, dadas las persistentes afirmaciones de Hipólito Mejía de que no se repostulará en cumplimiento de los principios y compromisos perredeístas.

Para quién habrán trabajado los promotores de la reforma es la preguna generalizada este fin de semana. Por de pronto reivindicaron a Balaguer y renegaron de Peña Gómez, y abrieron una puerta al continuismo que a lo mejor se use contra ellos en el futuro. Sería lo que se llama atajar para que otro enlace.-

Por Juan Bolívar Díaz

            El proyecto de reforma constitucional pendiente de ser conocido por la Asamblea Revisora de la Constitución es tan excluyente, sectario y limitado que depende ahora mismo de la preciara salud del expresidente Joaquín Balaguer, cada día más en el umbral de la muerte.

            La última gran ironía del omnipresente caudillo reformista sería marcharse ahora o inahabilitarse definitivamente con lo cual dejaría colgando a los sectores perredeístas y gubernamentales que han colocado su fortuna en unas manos que se ubican en los límites mismos del misterio de la vida.

            De golpe y porrazo los estrategas de la restauración del reeleccionismo podrían comprobar que casi todos los dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), como el Partido de Liberación Dominicano (PLD) y gran parte de los mismos dirigentes del partido de gobierno, como de la sociedad civil y la opinión pública rechazan una reforma que sólo se apoya en el poder gubernamental.

Balaguer se apaga

            Más allá del espectacular relanzamiento del confeso sicario Carlos Evertz Fournier, lo más relevante de la semana que concluye ha sido la enfermedad que obligó al internamiento en un centro médico del expresidente Joaquín Balaguer.

            Aunque a menudo se le ha considerado eterno e inmortal, no tanto por los 96 años que cumplirá el primero de septiembre, como por los 72 que lleve en la vida pública, manteniéndose todavía como el gran árbitro político nacional, el caudillo ha vuelto a mostrar fragilidad y a poner en vilo al país.

            El urgente internamiento del jueves 4 de julio repuso sobre el debate nacional la existencia de un hombre que ya hace más de una década se autoubicó en su libro memorial en el umbral mismo de la muerte, y quien hace tiempo sobrevive precariamente reclinado en un sillón y sumido en la oscuridad, aunque aferrado como nadie al último hálito de vida.

            Es inmensa la vocación para sobrevivir de Joaquín Balaguer, a quien en las últimas semanas se le atribuye un conato de derrame cerebral, culebrillas en el rostro y llagas en espalda, fruto de la posición en que permanece, a más de la úlcera sangrante diagnosticada.

            Por ello nadie debe sorprenderse si en este fin de semana o en próximos días pueda retornar a sus dominios residenciales, como tampoco de que -como humano al fin- siga siendo arrastrado al precipicio de la muerte.

            Es el único sobreviviente de su generación política y ha visto partir a muchos de sus contendientes, algunos más jóvenes, desde Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, hasta Jacobo Majluta, Antono Guzmán, Rafael Bonnelly, Francisco Augusto Lora y Héctor García Godoy. Sin irse más atrás a rememorar a Rafael Estrella Ureña, Rafael Vidal y muchos otros.

            Por la clínica Abréu, donde está recluído, ha desfilado el liderazgo político y gubernamental, mientras la ciudadanía sigue pendiente de los informes sobre el hombre que por más tiempo ha influído sobre el destino de la nación dominicana.

Momento crítico

            La salud de Balaguer se ha resquebrajado en un momento crítico, horas después que fuera promulgada la ley que convoca una Asamblea Revisora de la Constitución -a reunirse a más tardar en 15 días-, que en gran medida depende de él y sin que acabaran de definirse sus alcances.

            La ley enuncia tres propósitos de modificaciones constitucionales: restablecer la reelección presidencial, eliminar los colegios electorales cerrados y reducir el porcentaje para la elección presidencial en primera vuelta. Pero sólo en los dos primeros hay consenso entre sus sustentadores, los legisladores del grupo perredeísta que llevó al poder al presidente Hipólito Mejía, conocido como PPH y el caudillo reformista.

            De hecho, al ser hospitalizado el doctor Balaguer había todo un debate público en cuanto a si éste respaldaba la reducción del porcentaje para la elección presidencial.

El proyecto no especifica a cuánto sería disminuído. Unos aducen que al 45 por ciento, otros al 40, y no faltaban entre los gobiernistas algunos gandíos que querían restablecer la mayoría simple que predominó en el constitucionalismo dominicano hasta la última modificación del 1994.

Como Balaguer es ya todo un misterio, puesto que no hace vida pública ni habla al país ni puede escribir y firmar un mensaje, se le atribuía haber aceptado la proporción media del 45 por ciento. Al menos eso dijo al principio de la semana el presidente perredeísta del Senado, Andrés Bautista García.

Por su parte la presidenta de la Cámara de Diputados, la reformista Rafaela Alburquerque, mantenía un lenguaje tan ambivalente como su lealtad política de los últimos tiempos, viéndose presionada a una nueva consulta para determinar la real posición de Balaguer, debido al rechazo casi unánime de dirigentes y legisladores de su partido.

Casi todos los dirigentes reformistas influyentes han rechazado la reducción del porcentaje para la elección presidencial pareja al restablecimiento de la reelección, al entender que favorecería el continuismo perredeísta. Algunos en términos tan dramáticos como José Osvaldo Leger, quien llegó a decir que Balaguer sería el sepulturero del PRSC.

Carlos Morales Troncoso, Jacinto Peynado, José Hazim, Federico Antún, Johnny Jones, Guillermo Caram, Héctor Rodríguez Pimentel, Liselot Marte, Donald Reid Cabral y Angel Lockward han estado a la cabeza de la oposición.

Creen que el proyecto sólo beneficia al grupo del presidente Mejía y a la larga al PRD y además disminuye las posibilidades de los opositores y ratifica a los reformsitas como la cola del partido de gobierno.

Al rescate del PRSC

En el liderazgo reformista y en parte de la opinión pública predomina el criterio de que Balaguer ya es prisionero del círculo íntimo del que depende, algunos de cuyos miembros estarían sacando beneficios gubernamentales de una posición marcada por nubosidades y contradicciones.

Antes del internamiento ya se discutía en ámbitos reformistas qué podrían hacer para “rescatar el PRSC de la Máximo Gómez 25 y llevarlo por caminos institucionales y en brazo de sus organismos hasta su local nacional”, como lo definió un dirigente.

Una fuente confió que incluso se llegó a convocar una reunión el pasado martes para discutir el curso de acciones a seguir. Hubo quejas porque no asistieron Peynado y Morales Troncoso, los dos que en los últimos años han aparecido con más posibilidades de mantener unificado el partido y encarnar una candidatura presidencial viable.

Entre reformistas se habla con pena y hasta vergüenza de su incpacidad para hacerse valer en el partido más allá de una voluntad caudillesca en irreversible proceso de deterioro. Hay cionsenso en que ya el caudillo carece de recursos y fuerzas para contener un frente que agrupe los principales dirigentes nacionales. Pero la desconfianza mutua es el gran escollo.

Sin embargo, el agravamiento de las limitaciones existenciales de Joaquín Balaguer está llamado a incrementar las inquietudes que sacuden el reformismo, donde hay cada día mayor conciencia de que sería “casi un suicidio” afrontar un nuevo proceso electoral con el desconcierto en que se mantiene el partido colorado.

Una nueva derrota electoral en el 2004 sería la tercera en materia presidencial, contando las de 1996 y 2000 y la quinta consecutiva incluyendo las dos congresionales y municipales. A la cola del PRD sería peor, puesto que dejaría al PLD cosechar todas las insatisfacciones y el desgaste del gobierno perredeísta.

Con el título de “Grito desesperado al doctor Balaguer”, Héctor Rodríguez Pimentel dramatizó las inquietudes reformistas en artículo publicado el jueves 4 de julio en el Listín Diario. “No permita Presidente Balaguer que nuestro partido se extinga, ahogado por las apetencias personales de uso pocos, y por las lisonjas oportunistas de los que como aves de carroña lo cortejan”, expresó.

Tras plantear que lo que salva al PRSC es “un relevo sin trauma de la hegemonía ejecutiva”, Rodríguez Pimentel concluye pidiéndole a su líder que “inicie y encabece este proceso de transición hacia un liderazgo colegiado en su partido”.

Depende de Balaguer

            Tal como están de revueltas las abejas en el panal reformista, el proyecto de reforma constitucional impulsado a espaldas del PRD por su sector hegemónico en el gobierno, depende ahora mismo de la salud del doctor Balaguer.

            En la medida en que se prolongue su enfermedad o se agrave, y peor si desaparece, será más difícil conseguir el apoyo de la totalidad de los legisladores reformistas, fundamentales para conseguir las dos terceras partes de los votos necesarios para aprobar las reformas en la Asamblea Revisora de la Constitución.

            La suma de quienes aprobaron la ley de convocatoria en la dos cámaras arroja 104 votos ( 85 diputados y 19 senadores) del total de 179 legisladores, 149 diputados y 30 senadores. Los dos tercios serían 120. Todavía los promotores tendrían que asegurar otros 16 votos.

            Esta circunstancia ha puesto más claramente de manifiesto la fragilidad del proyecto de reformas constitucionales cocinado al vapor, sin consenso con la sociedad política ni civil, atropellando incluso al propio partido de gobierno, excluyendo a todo potencial disidente y utilizando los recursos del poder para presionar, intimidar y hasta comprar, como denuncian a diario legisladores y dirigentes políticos de todos los colores.

            Sería un gran tropiezo para sus auspiciadores que el agravamiento de Balaguer les impidiera materializar su excluyente proyecto. Pero también quedarían expuestos a un gran frente de oposición, que junto a las disensiones internas dificultaría la gobernabildiad en la segunda mitad del período de gobierno.

            El proceso marca un asombroso parecido a lo ocurrido al gobierno de Leonel Fernández que hace justamente 4 años se embarcó en un proyecto reeleccionista y hasta aprobó una ley revocando la inamovildiad de los jueces, tras comprarse –al igual que ahora- diez diputados de oposición. Aquella vez fracasó la reforma constitucional, que como ahora dependía del reformismo y de una matrícula de apenas 15 legisladores peledeístas.

            Una diferencia importante es que en 1998 no hubo clara disensión en el seno del PLD, como la hay ahora en el PRD, lo que agrava considerablemente la aventura constitucionalista, especialmente con la renuncia a principios y la apertura de una reelección que el presidente Mejía –a diferencia de Fernández- se empeña en rechazar.-

Por Juan Bolívar Díaz

            La nación dominicana se encuentra al borde de una de las más peculiares entre las 36 reformas que ha sufrido su Constitución, pues se persigue restablecer la posibilidad de una reelección presidencial que el incumbente del Poder Ejecutivo ha rechazado hasta la saciedad.

            Lo más inconcebible es que teniendo claramente el liderazgo de su partido, el presidente Hipólito Mejía se declare incompetente para convencer a sus propios seguidores y funcionarios subalternos de lo inútil que resultaría para ellos una reforma que por demás divide profundamente hasta el propio partido de gobierno.

            Lo más incongruente de la última semana ha sido la resignación con que el primer mandatario admitió que una reforma constitucional impuesta a una parte de la sociedad política y de la sociedad civil daría al traste con las posibilidades de concertación que él mismo había planteado tras la victoria electoral de su partido.

Larga y dura batalla

            Aunque el Senado había aprobado el proyecto de convocatoria de una asamblea revisora de la Constitución, al comenzar la semana todavía quedaban esperanzas de que el proyecto de concertación esbozado por el presidente Hipólito Mejía predominaría sobre un afán constitucionalista que llevaba ya más de 19 meses.

            Pero el respaldo del caudillo reformista Joaquín Balaguer y la diligencia de los promotores determinó que los diputados le dieran su primera aprobación y se apresten a la definitiva este sábado, lo que determinaría la reunión de la asamblea revisora de la Constitución, integrada por los miembros de ambas cámaras legislativas, dentro de los 15 dias siguientes a la publicación de la convocatoria.

            El proyecto fue introducido y aprobado sorpresivamente por primera vez en el Senado el 11 de diciembre del 2000 y desde entonces se mantuvo como espada de damocles sobre la sociedad dominicana.

            Por lo menos cuatro veces quedó detenido por la oposición de gran parte de la opinión pública y de las organizaciones sociales más preocupadas por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. La primera fue con el casi unánime rechazo que generó la aprobación senatorial, definida con los agravantes de “acechanza, nocturnidad y premeditación”. Esa vez el proyecto no llegó a ser conocido por la Cámara de Diputados.

            A comienzos del 2001, cuando legisladores perredeístas se aprestaban a reintroducir el proyecto, grupos de la Sociedad Civil lograron con el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Hatuey de Camps y el presidente Mejía la conformación de una comisión que propondría “de modo consensuado” al Poder Ejecutivo el contenido y la forma para una modificación de la Constitución.

            El decreto creando la comisión fue emitido el 21 de marzo. Estuvo integrada por representantes de todos los partidos reconocidos por la Junta Central Electoral, de la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral y la Comisión Nacional para Reforma del Estado, así como de una veintena de organizaciones de la sociedad civil y unas diez personalidades.

El pacto natimuerto

            El informe de la comisión fue entregado al Presidente Mejía el 13 de agosto pasado y de inmediato se reactivaron las gestiones legislativas por reintroducir el proyecto original, el cual sufrió otro tropiezo temporal cuando el 27 de septiembre dirigentes de los tres partidos mayoritarios firmaron en el Palacio Nacional un “Pacto para la Reforma Constitucional”, teniendo al presidente Mejía como promotor y firmante-testigo.

            Este pacto, también promovido desde la Sociedad Civil, fue una transacción que incluía tres de las reformas promovidas por legisladores, -reducción del porcentaje para ganar la presidencia en primera vuelta, eliminación de los colegios electorales cerrados e institución de la elección de representantes al Parlamento Centroamericano- más la institución de la Asamblea Constituyente por elección popular, reclamada por las organizaciones sociales.

            Pero el mismo día en que fue firmado, el Consultor Jurídico del Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, entregó al Congreso el paquete de proyectos elaborado por la Comisión Especial designada por decreto, pero no así el pacto, lo que marcó la voluntad de ignorarlo, como en efecto ocurrió.

            Aunque dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y del PRD mostraron algún interés en la materialización del pacto, los legisladores prosiguieron su propio camino, burlando no solo el esfuerzo del presidente, sino también a la comisión de la Sociedad Civil encargada de darle seguimiento, que integraron monseñor Agripino Núñez Collado, la entonces coordinadora de Participación Ciudadana, Melba Barnett, y el abogado Ramón Tapia Espinal, quien fallecería pocos meses después.

Fue así como se reintrodujo al Congreso el proyecto original, siendo aprobado de urgencia por las dos cámaras en diciembre del 2001; en el Senado sin guardar el dia libre entre las dos lecturas que establece la Constitución, lo que aprovechó el presidente Mejía para elevar una consulta a la Suprema Corte de Justicia, la que declaró nula la ley de convocatoria, propinando el cuarto tropiezo al desenfrenado propósito constitucionalista.

            La conclusión de la legislatura y la campaña para las elecciones congresionales y municipales del pasado 16 de mayo dilataron la reaparición del proyecto, finalmente reintroducido y aprobado en el Senado la semana pasada.

            Un factor que parece haber favorecido ahora la aprobación es que con los comicios de mayo se cayó definitivamente uno de los aspectos que más resistencia despertaban, consistente en la prolongación del período del actual Congreso con el pretexto de juntar las elecciones congresionales y municipales con las presidenciales.

Serias incoherencias

            El proyecto de reforma constitucional ha estado revestido de serias contradicciones e incoherencias desde su aparición hace 19 meses. Primero porque pese a tratarse de un asunto del máximo relieve, no fue discutido ni se buscó consenso ni siquiera en el partido de los promotores.

Por el contrario tanto los organismos directivos del PRD como del PLD rechazaron el propósito constitucionalista. Los congresistas reivindicaron una autonomía absoluta que no han validado para ninguna de las reformas legales realizadas en la última década, la mayoría de las cuales han pasado años detenidas hasta lograrse consenso político y social. Tal consenso se ha rechazado, contradictoriamente, para la reforma de la ley de leyes.              

            Pero la mayor incoherencia está en el esfuerzo de la mayoría de los legisladores perredeístas por restablecer la reelección presidencial, aún cuando el presidente Mejía ha repetido hasta el cansancio que no se repostulará, y pese a que la no reelección apareceía como un principio fundamental del perredeísmo, reivindicado en la Constitución de 1963, por la que se fue a una guerra civil dos años después, y en la reforma de 1994.

            El restablecimiento de la reelección es un golpe contundente a la memoria del líder perredeísta José Francisco Peña Gómez, quien la hizo prohibir en la reforma de hace apenas 8 años, lo que tuvo como uno de sus grandes aportes al proceso democrático hasta su muerte en 1998.

            La contradicción es mayor por cuanto los propulsores del restablecimiento de la reelección son las cabezas más visibles del grupo del propio presidente Mejía dentro del PRD, quienes por demás ocupan funciones relevantes en su gobierno, tales como el secretario de Agricultura, Eligio Jáquez, el Consultior Juridíco, Guido Gómez Mazara, y el constructor de Obras del Estado, Hernani Salazar.

            La contradicción es tan grande que el mismo presidente Mejía se ha quejado de que casi nadie cree su reiteración de que no se repostulará. Y lo cierto es que ni partidarios ni opositores creen que el mandatario es ajeno al proyecto y apuestan a que terminará repostulado para los comicios del 2004.

            En el análisis político no cabe la afirmación presidencial de que él nada puede hacer y que tiene que respetar la iniciativa de los legisladores, cuando los reales promotores son sus subordinados en el Poder Ejecutivo. Por demás llamó la atención que recientemente el presidente señaló quien debía presidir el Senado y dio garantías de que no pasaría una reforma que liquidara la inamovilidad de los jueces, aspecto que por cierto fue abandonado en el proyecto aprobado la semana pasada por el Senado y ahora por los diputados.

El costo político

               Limitada ahora a tres aspectos de interés grupal la reforma constitucional planteada en el proyecto de ley tiene demasiados rechazos, de la opinión pública y de los líderes de oposición, incluyendo a los del Partido Reformista Social Cristiano, cuyo caudillo le dio el visto bueno. Y para colmo del presidente y de la vicepresidenta de la República, asi como del presidente y de la mayoría de los dirigentes del partido de gobierno.

            Pareciera que el costo que conlleva, al liquidar los tímidos intentos de concertación que había esbozado el presidente Mejía, y precipitar enfentamientos políticos, no está compensado por los frutos que se espera de un reeleccionismo en el vacío, a no ser que el país esté asistiendo a un sainete político.

            No han faltado quienes han advertido otra contradicción grave: que los restauradores del reeleccionismo estén trabajando para otro. Si el presidente Mejía no se repostula y otro partido ganara los comicios del 2004, el PRD podría estar abriendo las puertas para verse de nuevo de frente al continuismo, con todas las prácticas antidemocráticas que lo ha acompañado en la historia nacional y latinoamericana.

            Por de pronto, son los propios perredeístas quienes formularon las primeras denuncias de que se han estado usando recursos estatales para promover la reelección, lo que augura la reaparición de los abusos del poder que la han acompañado.

            El proyecto reeleccionista ya tiene el sello de la descomposición democrática con denuncias de compras y ventas de conciencias, dejará herido al propio partido en que se incuba y despertará los espectros de los fundadores y líderes perredeístas desaparecidos, con Juan Bosch y Francisco Peña Gómez a la cabeza, y un ejército de miles de muertos por defender la Constitución antireeleccionista de 1963.-

Por Juan Bolívar Díaz

            Los pronunciamientos del presidente Hipólito Mejía en la última semana constituyen un muro de contención para los entusiastas legisladores que han vuelto a desenfundar los afanes por imponer una reforma constitucional regresiva buscando restaurar la reelección presidencial y eliminar la inamovilidad de los jueces.

            Reafirmando su compromiso de no buscar una reelección presidencial, tras unos comicios que fortalecieron su gestión política y de gobierno, el mandatario parece más convencido que antes de que tendría un costo muy alto y peligroso el imponer una reforma política que no ha sido consensuada ni siquiera con su propio partido.

            Mientras tanto, contradiciendo a los funcionarios y legisladores promotores de la contrareforma, en el Partido Revolucionario Dominicano parece crecer el rechazo al continuismo, lo que haría más traumática su restauración, dividiendo profundamente a la sociedad dominicana.

Firmes planteamientos

            Ha llamado la atención que el agrónomo Hipólito Mejía se ha situado más como presidente de la nación y estadista que como dirigente político desde que conociera el amplio triunfo logrado por su partido en las elecciones congresionales y municipales del pasado 16 de mayo.

Comenzó pidiendo a sus parciales que no se envanecieran con el triunfo electoral y trabajaran en la dirección correcta para convertirlo en una victoria de todos.

Obviamente algunos de sus parciales no interpretaron el mensaje y de inmediato se lanzaron a dar por inminente la reforma constitucional que han promovido persistentemente desde diciembre del 2000, ratificando que impondrían la reelección presidencial y llegando a proclamar que se llevarían de paso la inamovilidad de los jueces, entre otras cuestiones rechazadas en amplios sectores políticos y sociales.

Algunos senadores y diputados perredeístas desaforados consiguieron rápidamente un movimiento de rechazo en la opinión pública y la renovación de las incertidumbres en sectores políticos, empresariales y sociales que temen reformas fundamentales impuestas, sin tomar en cuenta la pluralidad de visiones de la sociedad dominicana.

Frente a tales planteamientos el presidente Mejía no sólo reiteró su compromiso de respetar el principio antireeleccionista de su partido, sino que además se manifestó muy concretamente sobre la aceleración.

Hablando en el programa dominical de los periodistas Ramón Colombo y Juan Taveras Hernández, el 2 de junio, el mandatario tuvo oportunidad de elaborar sus criterios, rechazando que se trate sobre una reforma constitucional en estos meses, ni en esta legislatura, que es la última del Congreso que concluye el 16 de agsoto.

Cuando le hablaron de la mayoría perredeísta en el Congreso, Mejía dijo: “Yo quiero que haya un equilibrio de las fuerzas democráticas del país e internamente también en el PRD. Lo hemos demostrado como presidente:no queremos aplastar a nadie, queremos una participación lógica, sin arrogancias, porque lo hemos demostrado”.

Posteriormente el miércoles y más concretamente el jueves 6, Hipólito Mejía expresó su firme apoyo a la inamovilidad de los jueces, diciendo que no permitirá que sea eliminada.

Los planteamientos del gobernante han sido tan concretos y firmes en los últimos días que deben contener, al menos por ahora, los afanes de una parte de sus seguidores por reformar la constitución a cualquier precio.

En la misma dirección pareció ubicarse el presidente del Senado, Andrés Bautista García, quien el miércoles 5 dijo por televisión al periodista Miguel Guerrero que los legisladores perredeístas no utilizarán la fuerza aplastante para avasallar y cometer bellaquerías. Aunque insistió en la necesidad de reformar la Constitución, la condicionó al “consenso de todos los sectores”.

El diverso PRD

            Hay quienes creen que el presidente Mejía ha quedado preso de sus persistentes promesas, incluso con páginas firmadas en los periódicos, de que respetará el principio antireeleccionisa de su partido. Ha recordado varias veces, en público y en privado, que usó lo que llamó subterfugio jurídico para vetar la convocatoria de la Asamblea Nacional para reformar la constitución aprobada por ambas cámaras a fines del año pasado.

            Amparados en la palabra del presidente, en las últimas semanas han aumentado los pronunciamientos de líderes perredeístas contra la reelección, incluyendo a la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, quien el 30 de mayo pasado propuso un congreso de su partido para discutir la propuesta, advirtiendo que la reforma constitucional “debe reflejar el avance de la democracia”.

            Actuando con la prudencia que recomienda su cargo, la doctora Ortiz Bosch ha reiterado su convicción antireeleccionista, amparándose en los propios pronunciamientos del primer mandatario.

            El presidente del partido, Hatuey de Camps, ha sido el más firme contradictor de la propuesta promovida básicamente por los dirigentes del “Proyecto Presidencial Hipólito” (PPH). En las últimas semanas han rechazado la propuesta reeleccionista otros dirigentes que habían mantenido discreción sobre el particular, como los senadores Ramón Alburquerque y José Antonio Najri, y el secretario de Interior y Policía Pedro Franco Badía. Mientras Amaury Justo Duarte respaldaba la propuesta de congreso partidario para discutir el asunto.

            Por su parte Enmanuel Esquea, José Rodríguez Soldevilla y Rafael Suberví Bonilla han declarado abiertamente que buscarán la candidatura presidencial perredeísta para el 2004.

Actitud conciliatoria

            Resalta que el Presidente Mejía, no sólo ha formulado planteamientos de contención a sus propios seguidores, sino que ha pasado a una actitud personal conciliatoria, desde sus visitas del sábado y el lunes pasados a los senadores y síndicos electos por Santiago y el Distrito Nacional.

            El sábado se desplazó no sólo a la residencia del perredeísta Víctor Méndez, senador electo por Santiago, sino también a la de José Enrique Sued, reformista electo como síndico por el municipio. Y el lunes hizo lo mismo con Roberto Salcedo y José Tomás Pérez, peledeístas electos a la sindicatura y la senaduría del DN, almorzando con ellos en la residencia del último.

            El presidente no sólo prometió colaborar al éxito de la misión de los opositores, proclamando que se impone “un verdadero equilibrio de fuerzas en el ejercicio de los poderes públicos”, sino que también propuso consenso para la agenda legislativa y la acción gubernamental.

            En un encuentro con directivos del Listín Diario la noche del lunes declaró que “para alcanzar una agenda de desarrollo común el único camino es asumir con responsabilidad el diálogo y el entendimiento entre todos los sectores que forman la sociedad”, señalando que la gente no quiere más pleito, “vamos a trabajar, vamos a buscar armonía”.

            Después de haber expresado su decisión de promover que los reformistas mantengan la dirección de la Cámara de Diputados y de la Liga Municipal Dominicana, envíando su Consultor Jurídico a expresarlo directamente al expresidente Joaquín Balaguer,

Mejía abrió la puerta a una conciliación con el liderazgo peledeísta.

            Concluiría una brillante semana visitando al presidente del PLD, el doctor Leonel Fernández, con quien había protagonizado agrios intercambios de ataques en los últimos meses. Las fuertes expresiones del presidente en relación a Fernández sorprendieron a los observadores, contrastando con las declaraciones de los primeros meses de su gestión, cuando repitió varias veces que al exmandatario había que respetarlo y considerarlo.

El encuentro abre un escenario para la negociación y el entendemiento, fortaleciendo la tendencia a la distensión de los últimos días que tan buena acogida ha tenido en la opinión pública, fortalece la imagen del presidente Mejía, que se sitúa como estadista, y beneficia al gobierno que tiene que enfrentar problemas serios como los que afectan al turismo y al sector energético.

Amplia oposición

               Las perspectivas derivadas de los planteamientos presidenciales y la actitud de la opinión pública no auguran éxito para los intentos de precipitar una reforma constitucional sin consenso político y social. Más bien los condenan al fracaso, al menos que sus propios seguidores quieran poner en ridículo los empeños del mandatario.

            Cada vez parece más difícil que el actual Congreso Nacional logre el objetivo de reformar la Constitución. El aplazamiento pedido por el presidente Mejía se deriva de una correcta interpretación de la coyuntura.

            Con nuevos legisladores recién electos, que no cambian la correlación de fuerzas en una Asamblea Nacional constituyente, habrá muy escaso respaldo a que los salientes se aboquen a la importante reforma. La mayoría de ellos concluyen su misión y una parte carecerá del equilibrio necesario para esa tarea. Hay quienes consideran que algunos serán presa fácil de posiciones transfugistas u oportunistas, a cambio de prevendas.

            Por demás, a dos meses de concluir el período es ya imposible encontrar el sosiego necesario para ejecutar una reforma constitucional aceptable para la sociedad política y civil.

            El PLD es abierto opositor a la reforma al vapor y el PRSC pasa por momentos de indefinición sobre su rol, pero con fuertes tendencias a buscar distancia del gobierno, como forma de prepararse para el desafío electoral por la presidencia dentro de dos años.

            Y en el liderazgo de la sociedad civil es casi imposible encontrar respaldo para una reforma constitucional a la carrera, que sólo serviría para incrementar incertidumbres.-

Por Juan Bolívar Díaz

            Pese a las serias deficiencias en el llenado de las actas de una alta proporción de colegios electorales y a las irregularidades e intentos de fraude comprobados en Santiago, las recientes elecciones marcaron nuevos pasos de avance en el sistema electoral dominicano.

            Como es natural los sectores menos beneficiarios del resultado electoral magnifican las deficiencias, algunos hasta el punto de sostener que estas fueron las votaciones más viciadas de la historia nacional, aunque lo que les convendría es ser más reflexivos y autocríticos para identificar sus limitaciones y mejorar su desempeño en el futuro próximo.

            La experiencia de este mayo debe también motorizar nuevas reformas para seguir perfeccionando el sistema electoral y mejorar la representación con mayores oportunidades para las minorías, así como para reducir prácticas viciosas que todavía persisten, como las compras de cédulas.

El balance es positivo

            Tal vez por la ilusión de que habían sido superadas las propensiones al fraude y los abusos de poder que caracterizaron la historia electoral dominicana, o por cierta tendencia al pesimismo, numerosos voceros de la opinión pública han llegado a desdeñar la transparencia y de los recientes comicios y sus resultados.

            Entre dirigentes políticos de oposición, especialmente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la magnificación de las deficiencias, irregularidades e intentos de fraude llega a extremos que sólo podrían explicarse en un deseo de justificar un desempeño poco auspicioso, especialmente a la luz de las expectativas que sustentaron.

            Llama la atención que esa haya sido la reacción de peledeístas tan maduros como Euclides Gutiérrez y Eduardo Selman. Una posición tan radical podría justificarse en el candidato a la senaduría de Santiago por el partido morado, Francisco Domínguez Brito, quien fue víctima de lo que puede ser calificado como intento de fraudes por elementos del partido oficialista.

            Aunque en el 96 por ciento de los colegios electorales hubo delegados de tres o más partidos que vigilaron el comportamiento del proceso, de acuerdo al informe de observación electoral de Participación Ciudadana, apenas en dos o tres de los 125 municipios se han presentado evidencias de serias irregularidades.

            En la mayoría de las circunscripciones, municipios y provincias los resultados fueron razonablemente amplios, con más de 5 y hasta 10 por ciento de diferencia entre los partidos competidores.

            Tal vez la sensación de fracaso es mayor porque los principales problemas de computación y los resultados más estrechos se registraron precisamente en los dos principales centros urbanos y de comunicaciones del país, el Distrito Nacional y Santiago.

            El mal llenado de las actas, a consecuencia del voto preferencial, que en el DN afectó a más de la tercera parte de los colegios, obligó a una revisión y depuración de cada una en las juntas electorales municipales haciendo lentísimo el proceso de cómputos y originando suspicacias Y la votación casi pareja entre peledeístas y perredeístas en las dos principales jurisdicciones, determinó aún mayor lentitud.

            Pero precisamente la revisión minuciosa permitió que en Santiago pudieran detectarse por lo menos cuatro actas fraudulentamente alteradas. En cada una de ellas se agregó 100 votos a la candidatura congresional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Y hubo otras con irregularidades menores.

En el DN prevaleció el triunfo de las candidaturas congresionales y municipales del PLD, el cual se vislumbró desde los primeros resultados. En la boleta congresional por menos del 1 por ciento, 39.20 a 38.28 por ciento.

            Como se demostró el año pasado en Estados Unidos, hasta las democracias más instituidas y antiguas pueden ser sacudidas cuando los resultados son tan estrechos. Si se hurga un poco se encontrarán hasta fraudes, aunque, no conformen un patrón generalizado. En las discutidas elecciones que llevaron a George Bush a la presidencia, decididas más de un mes después de las votaciones y en la Suprema Corte de Justicia, se comprobó que hubo personas que votaron más de una vez.

            Las recientes elecciones dominicanas fueron reconocidas como transparentes y libres por las misiones de observación internacionales. Todavía este jueves el embajador de Estados Unidos, Hans Hertell, no vaciló en ponderarlas cuando compareció al almuerzo de los medios de comunicación del Grupo Corripio.

Mancha en Santiago

            Sin duda la mancha del proceso electoral se registró en el municipio de Santiago, con la comprobación de varias actas alteradas con el evidente propósito de favorecer al candidato a senador del partido de gobierno.

            El que este prevaleciera con apenas mil 73 votos, equivalentes al 0.50 por ciento sobre el candidato del PLD, mantuvo en pie las suspicacias sobre el real resultado. El extraordinario prestigio del candidato del PLD, Francisco Domínguez Brito, y las simpatías que despertó contribuyeron al cuestionamiento.

            Sin embargo, las suspicacias han quedado en el marco de las especulaciones, ya que los interesados no pudieron mostrar suficientes alteraciones para cambiar el resultado en su favor. El hecho objetivo es que el presidente de la Junta Central Electoral presidió una audiencia en la Junta Electoral de Santiago, donde el partido morado presentó una serie de irregularidades en el cómputo.

            También es cierto que dos días después la JCE reconoció todas las irregularidades documentadas por el PLD y descontó al PRD más de 500 votos, agregando algunos que correspondían al opositor. Es un hecho sin precedente en la historia electoral del país, que una junta electoral reconozca y corrija irregularidades aducidas por un partido de oposición.

            El PLD se ha quejado, y por ello ha apelado hasta la Suprema Corte de Justicia, de que el pleno de los jueces de la JCE no escuchó sus alegatos, que a falta de prueba en contrario serían los mismos que presentó en la sesión que presidió dos días antes el doctor Ramón Morel Cerda en Santiago.

            En estricta formalidad la audiencia de Santiago debió ser con el pleno de los jueces de la JCE. Pero también es un hecho objetivo que el máximo tribunal electoral se amparó en la ley electoral, razón por la cual la instancia ante la Suprema Corte está destinada al fracaso.

            En efecto, si se consulta el Párrafo I del Inciso II, referente a lo “Contencioso Electoral”, del artículo 6 de la Ley Electoral, se leerá lo siguiente: “Las decisiones en materia contenciosa serán tomadas después de oídos, o habiendo sido regularmente citados, los partidos políticos y/o candidatos interesados, en audiencia pública, a menos que la Junta decida resolver el asunto en cámara de consejo, especialmente si ha de fallar en un medio de inadmisión, una nulidad o cualquiera otra excepción”.

            Efectivamente, la JCE se declaró en “cámara de consejo”. Y no solo había oído, sino que admitió todas las irregularidades demostradas por el PLD. En aras de transparencia, el plenario de la JCE debió haber seguido el camino más amplio, citando y escuchando de nuevo en audiencia pública a los interesados, aunque fuera una repetición. Pero la ley no la obligaba y el PLD no ha mostrado a la opinión pública irregularidades adicionales que lo justificaran.

            Se ha aducido el uso de recursos estatales por parte del partido gobernante, lo cual fue obvio especialmente en algunos municipios donde las encuestas revelaban fuerte competencia de la oposición. Empero, entre los periodistas es generalizado el criterio de que tal uso fue mucho menor al registrado todavía en los comicios del 2000 y 1998, para no ir más atrás.

            Esta vez también hubo menos protagonismo de la figura presidencial, quien no participó en mítines ni en caravanas. Sus inauguraciones no fueron convertidas en manifestaciones partidarias, aunque tuvieron la intención de influir. Se echaron de menos la campaña sucia y las denuncias de que votarían los haitianos. Y las víctimas de la violencia en el proceso de redujeron a la mitad de las 10 registrada hace 4 años, incluyendo a la pareja de reformistas asesinada a balazos en Jarabacoa la noche de los cómputos.

Nuevas reformas      

         El resultado de las votaciones, que concentra el poder congresional y municipal en los tres grandes partidos, reafirma la necesidad de una reforma política que garantice la representación de las minorías políticas.

            Para combatir la compra de votos, denunciado esta vez también en menor medida, se puede establecer que el elector y electora puedan ser identificados con otros documentos que contengan fotografía. Y que sólo se le impida el voto en caso de que deje duda en relación a la fotografía y demás datos registrados en el padrón electoral.

            Aunque el voto preferencial pasó la prueba al ser utilizado por la mayoría de los electores y electoras sin que aumentara el número de votos nulos, reveló una gran debilidad, al haber desatado competencias y rivalidades al interior de los mismos partidos a favor de los candidatos y candidatas de más recursos económicos.

            Esa debilidad puede ser neutralizada con una prohibición de la promoción individual por los medios de comunicación, limitándola a las presentaciones personales, a reuniones y manifestaciones.

            Finalmente la eliminación del colegio electoral “cerrado” reducirá las dificultades logísticas del proceso electoral, aliviará las tensiones y hacinamientos y contendrá la tendencia al incremento de la abstención.

            Las elecciones del pasado día 16 demostraron que habrá que seleccionar con más rigor el personal que operará los colegios electorales y darle un entrenamiento más riguroso. Habrá más voluntarios de nivel y responsabilidad en la medida en que afiancemos y demos credibilidad al sistema electoral, razón por la cual es negativo y contraproducente magnificar las dificultades y las irregularidades registradas en los últimos comicios.-