Por Juan Bolívar Díaz
De nuevo se expresan incoherencias entre los perredeístas responsables del poder, cuando se impone la moderación
El gobierno no ha logrado quitarse de encima el escándalo Pepe Goico cuando se enfrenta a un nuevo elemento de incertidumbre con la propuesta de sus senadores de aumentar en 200 millones de dólares el proyecto de ley de emisión de nuevos bonos soberanos para adquirir acciones de las empresas de energía capitalizadas.
La idea de los senadores perredeístas podrá estar inspirada en el deseo de reducir la voracidad con que se manejan algunas de las empresas capitalizadas, especialmente las distribuidoras de energía, pero carece de fundamento para hacerla razonablemente viable y pone en riesgo el crédito gubernamental frente a inversores extranjeros, gobiernos y organismos internacionales.
El camino correcto en las actuales circunstancias, afectadas por factores internacionales, es la moderación, la conciliación expresadas en el proyecto de reforma de la ley electoral y en las conversaciones gubernamentales para inspirar confianza en el sector empresarial.
Propuesta descabellada
Si la idea de readquirir las empresas energéticas capitalizadas perseguía desviar la atención pública del escándalo que envuelve al que fuera jefe de la avanzada de seguridad del presidente Hipólito Mejía, no logró el objetivo.
La opinión pública sigue mostrando insatisfacción con el curso de la acción judicial y la falta de información sobre aspectos fundamentales del escándalo y la iniciativa de senadores perredeístas para recomprar acciones de las empresas energéticas carece del mínimo fundamento para hacerla viable.
Los senadores, encabezados por el presidente del Senado, licenciado Andrés Bautista, no han podido presentar un plan, o un curso a seguir que justifique la emisión de bonos adicionales por 200 millones de dólares a los 600 que solicita el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley introducido la semana anterior.
Nadie ha explicado qué se podría recomprar con 200 millones de dólares, ni qué se haría posteriormente con esas empresas. En otras palabras con qué capital se procedería ni quien lo aportaría. Tampoco qué garantía habría ahora de que el Estado las administraría con mejor fortuna que en las décadas pasadas.
Se ignora si las acciones a comprar son solamente las de las tres empresas distribuidoras, -Edenorte, Edesur y Edeeste- o si también se incluye a las involucradas en los paquetes generadores de Itabo y Haina.
Como los capitalistas asociados con el Estado no están vendiendo sus acciones, y más bien han declarado lo contrario, los propulsores de la recompra tampoco han explicado cómo podría materializarse su plan.
Debe presumirse que incluye la rescisión de los contratos que las amparan, firmados unos por tiempo indefinido y otros hasta por 40 años. Y si han de rescindir los defectuosos contratos que amparan las distribuidoras, con mayor razón deberán proseguir con los que permiten a la Smith and Enron y la Cogentry cobrar millones de pesos al Estado aún cuando tengan apagadas sus plantas.
Seria contradicción
Si fuera tan simple rescindir esos contratos, el planteamiento senatorial implicaría una seria contradicción con la política del gobierno, que sería el llamado a tomar una iniciativa de esa naturaleza, que lo enfrentaría con los gobiernos de España y Estados Unidos, que acudirían, como ya lo han hecho, en defensa de los intereses de sus inversionistas.
No se trataría sólo de contradecir las negociaciones de los gobiernos anteriores, responsables de los contratos de generación y distribución, sino de este mismo, que ya ha realizado renegociaciones tanto con generadoras como con distribuidoras, algunas de ellas hace apenas tres meses.
El propósito choca también con la emisión de bonos soberanos, basada en el crédito del país en los mercados internacionales, y que seguramente se vería afectado por el desconocimiento de contratos, algunos de los cuales fueron aprobados por el Congreso Nacional o se ampararon en la ley de capitalización de las empresas públicas.
Debido a las reformas estructurales impulsadas por el gobierno y al clima para la inversión extranjera, la calificación de riesgo del pais ha sido mejorada en los últimos tres meses por dos de las entidades internacionales más reconocidas en la materia, la Standard & Poor´s y Moody´s. En ese crédito se basa la posibilidad de colocar en el mercado internacional nuevos bonos soberanos a menores tasas de interés.
La contradicción fue advertida por el secretario de Finanzas, José Lois Malkún, en el comunicado publicado el martes 19 donde exhorta al Congreso “a evitar la introducción de modificaciones al Proyecto de Ley de Emisión de Bonos Soberanos que pudiesen enviar señales equivocadas al mercado internacional de capitales sobre la política económica del Gobierno Dominicano”.
La iniciativa senatorial obligó al presidente Mejía a rechazarla publicamente en dos ocasiones esta misma semana, llegando a informar el jueves que se comunicó con los ejecutivos de las empresas distribuidoras para expresarles su desacuerdo con la compra de sus acciones, sosteniendo que eso no prosperará.
Necesaria coherencia
En beneficio de los senadores que auspician el proyecto se podría pensar que están inspirados en el propósito de reducir la prepotencia con que se manejan algunos de los empresarios privados del sector energético, que lucen incapaces de entender la indignación nacional frente al enmarañado y encarecido servicio que ofrecen.
La persistencia de los apagones en momentos en que se ha producido un pesado aumento de la tarifa energética, y los cuestionamientos sistemáticos de los contratos que los amparan crean una situación delicada para el gobierno que está pagando un costo político considerable.
Pero el lanzar palos de ciegos, condenados a terminar en nuevas frustraciones, sólo sirve para contradecir la política del gobierno central por parte de los legisladores de su propio partido, algunos de ellos vinculados directamente al presidente Mejía.
Persisten en una independencia a ultranza del Poder Legislativo que no se registra en ninguna democracia y que mella el prestigio y la credibilidad de quienes ejercen el Poder Ejecutivo, en consecuencia del propio partido.
Abonan también la percepción generalizada en la opinión pública de que los perredeistas son incapaces de conducirse con la mínima coherencia y que se manejan desde el poder como si estuvieran en la oposición, siempre a nombre de la independencia y la democracia política.
Requiere confianza
Lo menos que necesita el gobierno en las actuales circunstancias es contradicción de sus propios legisladores. Requiere confianza para crear un clima de colaboración y comprensión sobre las dificultades económicas, en momentos en que se han reducido las reservas de divisas y el peso mantiene un agudo proceso de devaluación que lo conduce rumbo al 21 por dólar.
El camino correcto luce ser la conciliación que implican las conversaciones que una comisión de funcionarios gubernamentales sostiene con el alto empresariado en busca de confianza mutua y colaboración para enfrentar las dificultades.
Ese esfuerzo ha quedado subestimado en la opinión pública por el ruido del escándalo de corrupción y de las iniciativas legislativas, no sólo en materia de bonos soberanos, sino también con las amenazas de desconcoer el acuerdo pactado por el gobierno y los tres partidos mayoritarios, para superar la incertidumbre derivada de la elección de los jueces electorales.
El camino al acuerdo con el empresariado tampoco está allanado de obstáculos, sobre todo a la luz de sus expectativas de que las autoridades eliminen el recargo cambiario y el anticipo del impuesto del 1.5 por ciento de las ventas. También resulta difícil atender el reclamo de generalizar el ITEBIS a cambio de reducirlo del 12 al 8 por ciento, lo que ha sido rechazado de antemano por el propio Presidente Mdejía.
Pero los negociadores oficiales han mostrado apertura, reclamando al empresariado que muestre compensaciones fiscales a las reducciones que implicarían sus demandas y planteando aplicar la legislación que devuelve impuestos internos a las exportaciones.
Mientras la economía internacional no repunte y se recupere el turismo y las exportaciones de zonas francas, y el petróleo se mantenga sobre 25 dólares el barril, el gobierno dominicano navegará con serias limitaciones y dificultades. Requiere comprensión y colaboración. Pero sus propios partidarios no dan el ejemplo.-
Expediente insatisfactorio
Al concluir la semana es generalizado el criterio de que el gobierno no ha podido quitarse de encima el escándalo generado en las acusaciones a quien fuera jefe de la avanzada de seguridad del presidente Mejía.
Hasta el Procurador General de la República, Virgilio Bello Rosa, resultó sorprendido con el calificativo de correccional dado por el Fiscal del Distrito Nacional al expediente que involucra al coronel Pepe Goico en un fraude por 40 millones de pesos denunciado por un banco, lo cual decreta la libertad bajo fianza de los implicados.
Después de casi tres semanas preso y de la retención de un avión y un helicóptero que usaba el militar, ahora resulta que fue una víctima y que, según sus abogados, habrá que pedirle perdón. Se trató tan sólo de un cómplice por descuido, porque la tarjeta emitida a su nombre era operada fraudulentamente por el gerente del banco que denunció el fraude ante el propio Presidente de la República.
A esta altura de las investigaciones, nada se ha informado sobre las razones que tuvieron las autoridades para allanar y retener el avión y el helicóptero que alquilaba el mismo Goico. Tampoco se ha explicado cómo se compraban bienes y servicios a nombre de instituciones militares sin que el Estado fuera responsable ni pagara la factura correspondiente.
Y en tal circunstancia, el gobierno queda desautorizado para combatir la corrupción, como lo expresara el jueves 21 el responsable Procurador General de la República. No hay dudas de que el costo político para el gobierno será tan alto como el de la factura petrolera, o de la energética.-