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La institucionalidad democrática estará a prueba en el nuevo año

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

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El año 2016 llega con grandes incertidumbres sobre el rumbo de la institucionalidad democrática nacional por el desguañangue en que se encuentra el sistema político, corroído por la corrupción, el clientelismo y el reparto de candidaturas, y por los efectos corrosivos que históricamente han acompañado en el país los proyectos reeleccionistas.

El primer desafío será evitar que el gasto público vuelva a disparar el déficit fiscal como aconteció en las dos últimas elecciones presidenciales lo que haría más perentorio un nuevo parche tributario que asoma para frenar el rumbo de la insostenibilidad fiscal, ya que pocos creen que el pragmatismo político permita una reforma integral.

Un panorama nublado. El año que concluye deja espesas nubes sobre la institucionalidad democrática nacional por el desguañangue en que se encuentran los partidos que han sostenido el sistema político, la profunda crisis del sistema judicial, por la progresiva descomposición social y por los efectos corrosivos que históricamente han acompañado los procesos reeleccionistas en la historia del país.

Aunque la percepción más generalizada es que el presidente Danilo Medina logrará la reelección, la crisis interna por la que atraviesa su partido, y los escándalos de los últimos meses arrojan dudas que solo pueden disipar la persistente debilidad y dispersión de la oposición política que presentará por lo menos cuatro candidatos presidenciales para una competencia enormemente desigual.

Se asume que, además del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llegarán a las urnas los que postulan a Luis Abinader, Guillermo Moreno, Minou Tavárez Mirabal y Pelegrín Castillo. Se cree que otros tres candidatos proclamados, Hatuey De Camps, por el Partido Revolucionario Social Demócrata, Juan Cohén, del Partido Nacional Voluntad Ciudadana y Soraya Aquino, del Partido de Unidad Nacional, terminarán firmando alianzas.

Las dos principales opciones, PLD y PRM, comenzarán el año con dificultades para completar sus boletas congresuales y municipales, el primero aún sin dilucidar los traumas de la muy parcial elección primaria que celebró el 13 de diciembre, y de la que dos semanas después no ha podido concluir, afrontando impugnaciones derivadas de la violencia con muertos y heridos y de acusaciones de alteración de padrones y robos de urnas, que afectan municipios como Santiago, La Vega y Santo Domingo Norte. El PRM con complicaciones en el Distrito Nacional y otras jurisdicciones y sin haber podido explicar los alcances de su reciente pacto con el PRSC, mientras el resto de los partidos tiene dificultades hasta para completar el listado de 4 mil 200 candidatos.

La crisis de la justicia. La circunstancia de que al terminar las fiestas navideñas, el mismo 7 de enero, se celebra con un acto solemne el Día del Poder Judicial, pondrá de nuevo sobre el tapete la crisis que sacude a ese poder del Estado. Ese día en el tradicional discurso el presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, tendrá que responder los cuestionamientos que sacuden a esas dos instancias, la primera involucrada en una banda de traficantes de sentencia y la segunda descalificada nada menos que por el Procurador General de la República, cuando intentaba explicar su decisión de no recurrir en casación el descargo del dirigente peledeísta Félix Bautista del grave expediente de corrupción que había sostenido.

El último agravamiento lo ha constituido una instancia-demanda del juez Rafael Ciprián, degradado por el organismo superior sin explicación ni justificación, en clara violación de la Constitución y de la Ley de Carrera Judicial. Tras haber declarado que la motivación habría sido que no declaró ganadora la plancha del PLD a la presidencia del Colegio de Abogados, ese magistrado plantó pleito en términos radicales, en dos desafiantes comunicados.

Ciprián escribió, entre muchos otros cargos: “ya basta de humillaciones sin nombre y de chantajes del poder. Lucharé hasta el final para que se respeten la independencia y la dignidad del juez dominicano, para que haya verdadera justicia, para que los jueces dicten sentencias conforme al Derecho y no a la orden superior”… y agregó “Sentaremos un precedente contra la arbitrariedad del poder, el abuso y el autoritarismo”.

Problemas del arbitraje. Entre analistas se da consenso en que si la competencia por el poder se cierra, la institucionalidad democrática afrontará mayores dificultades, especialmente por la histórica imposición del reeleccionismo y la cultura del abuso del Estado. Cincuenta mil tarjetas para subsidios sociales se suman en enero a más de dos millones ya en manos de la población más pobre y políticamente manipulable. En la elección congresual y municipal del 2010, en el barrio capitalino de San Carlos la observación electoral de Participación Ciudadana pudo contactar la existencia de centros informáticos que verificaban cuáles beneficiarios de tarjetas no habían votado, y salían a buscarlos.

Con una legislación electoral tan atrasada que ni siquiera han querido adaptarla a los planteamientos de la Constitución promulgada hace seis años y un arbitraje, Junta Central Electoral (JCE) y Tribunal Superior Electoral, bajo control del partido gobernante, la competitividad se reduce substancialmente.

El primer desafío del año para el arbitraje es que la JCE conozca una instancia de su titular Eddy Olivares y abra en enero el período de campaña electoral, como ha hecho en tres de los últimos cuatro comicios nacionales, sin esperar el límite de 90 días, para lo cual está facultada. Eso le permitiría un mayor margen legal para contener los excesos, aunque hay pocas expectativas al respecto.

Los graves excesos en la elección primaria del PLD que solo escogía candidaturas a regidores y unos cuantos diputados y alcaldes, certificados por su presidente Leonel Fernández en artículo en el Listín Diario del pasado lunes, se proyectan ominosamente sobre la elección nacional, sobre todo si ven riesgos de perder parte substancial del poder.

Costo de una larga fiesta. De lo que no hay dudas es que cuando concluya el proceso electoral el 15 de mayo, o el 26 de junio (último domingo del mes, artículo 209-1 de la Constitución) si es necesaria la segunda vuelta para la mayoría absoluta, a la sociedad se le pasará la factura del alto costo de la política. Es imposible estimar con alguna certeza a cuánto asciende una campaña electoral que empezó antes que se juramentara el gobierno electo en el 2012.

Cientos de precandidatos a todos los niveles de elección se han gastado miles de millones de pesos, la mayoría de ellos inútilmente ya que al final no hubo convenciones democráticas. En gran proporción los ha pagado el Estado, sea por sustracción de fondos, en vehículos, combustibles, teléfono, oficinas, en sueldos y nominillas, y por los barrilitos y cofrecitos de los legisladores, casi todos buscando reelegirse.

Del presupuesto nacional saldrán este año para los partidos unos 1,700 millones de pesos, y nadie podrá calcular cuántos miles más costará el proyecto reeleccionista más grande de la historia nacional, ya que esta vez no solo incluye al presidente, sino a todos los senadores, y a más de dos tercios de los diputados y de los alcaldes en ejercicio.

De que el Gobierno piensa gastar mucho en la campaña hay indicadores visibles en el presupuesto aprobado para el 2016. Como ejemplo, la partida de materiales y suministros de la Presidencia, que este año ejecutó 2 mil 500 millones de pesos, está triplicada a casi 8 mil millones de pesos.

Viene otro parche tributario. Los déficits fiscales crónicos del Gobierno dominicano comenzaron precisamente en la campaña reeleccionista del 2008, con cerca de 60 mil millones de pesos, porque los ingresos solo crecieron 5 por ciento, el gasto se disparó en 30 por ciento. En los años de elecciones 2010 y 12 los déficits alcanzaron récord, el último por 156 mil millones de pesos solo en el Gobierno Central. El FMI lo estimó en 8 por ciento del PIB, aunque aquí se redujo al 6 por ciento.

La última reforma tributaria, pues el Gobierno eludió el compromiso de una fiscal integral, fue precisamente para conjurar ese hoyo. Y pese al incremento de los tributos, ha mantenido persistentes déficits por encima de los 70 mil millones de pesos anuales. Participación Ciudadana documentó en su evaluación de fin de año que para el 2016, al déficit presupuestario proyectado de 75 mil 894 millones de pesos, habrá que adicionarle empréstitos por 97 mil 366 millones para amortización de la deuda pública y el costo financiero de la deuda del Banco Central, para un total de unos 230 mil millones de pesos. Una insostenibilidad que volverá a reclamar parches en la resaca electoral, cualquiera que sea el veredicto de las urnas.

El 2003 será de activismo político y atención económica

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La institucionalidad democrática será sometida a prueba en la JCE y el Poder Ejecutivo mientras se definen las candidaturas para el 2004 

            Desde sus primeros días el año 2003 estará marcado por la actividad política y las luchas internas en los partidos por la consecución de las candidaturas para las elecciones presidenciales de mayo del 2004.

            La institucionalidad democrática tendrá una nueva prueba especialmente en la Junta Central Electoral (JCE) que deberá hacer viable el voto de los residentes en el exterior, y en el Poder Ejecutivo, que como tal debería mantenerse al margen de las posiciones partidistas.

            El país llega al nuevo año con algunas incertidumbres económicas cuya suerte está en el gobierno comprometido, mediante el pacto con los empresarios, a controlar el gasto público, a reducir su nómina y a un mínimo de ahorro como forma de contener el proceso devaluatorio e inflacionario y mantener la estabildiad cambiaria de la última década.

A bailar tocan!

            Como un año preelectoral, el 2003 que comienza será de gran activismo político en la búsqueda temprana de definiciones para los comicios presidenciales de mayo del 2004. De hecho la lucha comenzó hace meses y varios precandidatos hasta mantienen promoción en la radio y la televisión.

            El registro de los últimos torneos electorales indica que los partidos de oposición escogen sus candidatos alrededor de un año antes de los comicios, mientras los de gobierno, especialmente si existe posibilidad de reelección, esperan al menos hasta el último semestre. Si el candidato no es el presidente de turno, la tendencia es a dilatar su emergencia como forma de prolongar el predominio del mandante. En las repostulaciones de Balaguer la formalización se daba alrededor de 3 meses antes de los comicios.

            Esta vez el primero que definirá su candidatura presidencial será el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), preocupado por proyectar una nueva opción, tras la desaparición de su eterno candidato el doctor Joaquín Balaguer.

            De las diez elecciones presidenciales en que ha participado desde su fundación en 1964, el PRSC llevó de candidato a Balaguer en 9. La única ocasión en que no pudo hacerlo fue por la prohibición de la reelección presidencial en 1994, como parte del pacto que suturó el último trauma electoral provocado por el legendario caudillo. Le tocó a Jacinto Peynado y Balaguer lo traicionó apoyando a Leonel Fernández.

            Los reformistas tienen ya definido un calendario de elecciones primarias. La primera fase arranca en enero cuando ocho aspirantes a la candidatura presidencial se lanzarán al más intenso activismo, pues por el método de encuesta serán preseleccionados cinco. Antes de mayo esperan estar celebrando votaciones primarias con participación de todos los militantes para escoger su candidato.

            Los precandidatos reformistas son Jacinto Peynado, Carlos Morales Troncoso, Federico Antún, José Hazim Frappier, Eduardo Estrella, Héctor Rodríguez Pimentel, Alexis Joaquín Castillo y Tito Hernández.

            El Partido de la Liberación Dominicana espera elegir su candidato a mediados del año, con una votación primaria de sus bases y hasta el momento sólo se proyectan dos candidatos, los Fernández, presidente y vicepresidente de la República en el período 1996-2000: Leonel Fernández Reyna y Jaime David Fernández Mirabal, quienes ya llevan varios meses en actividades proselitistas.

El PRD con retraso

            El Partidio Revolucionario Dominicano (PRD) es el que luce retrasado y probablemente no podrá escoger su candidato hasta bien entrada la segunda mitad del año. En primer lugar porque en su “tendencia” o grupo más influyente, el Proyecto Presidencial Hipólito (PPH) persisten núcleos poderosos que todavía acarician la idea de la reelección presidencial, lo que no se definiría absolutamente temprano del año.

            Otra razón de retraso es que el PRD tendría que realizar una doble convención y la primera sería para renovar sus cuadros dirigenciales, desde su Comité Ejecutivo Nacional hasta los comités de zona y de base, y los “frentes de masas”, como la juventud o los profesionales.

            Aún en la oposición, la generalidad de las veces el PRD ha celebrado sus convenciones para elegir candidatos presidenciales entre octubre y noviembre del año anterior a los comicios, aunque en el 2000 se adelantó unos 3 meses. Aunque fue el primer partido nacional en celebrar elecciones primarias para los comicios de 1982, antes y después siempre ha atravesado por serias dificultades.

            Por lo menos unos 6 dirigentes perredeístas se mantienen con expectativas de convertirse en candidato o candidata presidencial para el 2004: Ya en campaña se encuentran Enmanuel Esquea y Ramón Albulquerque. Milagros Ortiz Bosch, Hatuey de Camps y Rafael Suverbí son considerados como precandidatos aunque no lo han formalizado. Rafael Abinader sería el sexto.

            Además de que el presidente Hipólito Mejía ha sostenido en infindiad de declaraciones que no aceptará una repostulación, el desgaste que ha sufrido su gobierno y la propia imagen en la segunda mitad de este año, parecen haber sepultado el proyecto reeleccionista impulsado por el PPH.

            Eso lo han reconocido en público y privado hasta dirigentes de este grupo, pero hay quienes guardan la expectativa de una renovación con el año que comienza, cifrada en una superación de las dificultades económicas nacionales.

            En el caso remoto de que el presidente Mejía fuera convencido de renegar de la palabra empeñada, nadie duda que se impondría su candidatura, aunque generaría serios conflictos al interior de un PRD donde todavía quedan fuertes corrientes anticontinuistas.   Leonel, Jacinto y Milagros

            Se se descarta la repostulación de Hipólito Mejía, los que lucen con mayores posibilidades de convertirse en candiatos presidenciales de los tres partidos mayoritarios son Leonel Fernández, Jacinto Peynado y Milagros Ortiz Bosch, por lo que uno de ellos sería el príoximo presidente o la primera presidenta del país.

            Eso está documentado en las encuestas de preferencias políticas publicadas después que Mejía se convirtiera en presidente. Y en los tres casos sistemáticamente con amplias ventajas sobre sus competidores internos.

            Jacinto Peynado encabeza las preferencias para la candidatura reformista, dentro y fuera de su partido, en todas las encuestas en que no se ha considerado a Balaguer como opción. Y duplica a su más cercano contendiente que lo ha sido Carlos Morales Troncoso. Federico Antún, José Hazim y Eduardo Estrella tendrían que dar tremenda sorpresa para imponerse sobre los dos primeros.

            Leonel Fernández se enfrenta a un candidato de amplias simpatías incluso fuera del PLD, Jaime David Fernández, un abanderado de los principios en que se fundó ese partido. Pero la condición de expresidente parece pesar mucho en la tradición nacional, aparte del hecho de que aquel conserva un discurso que fascina a las clases medias, donde está el fuerte de la nueva militancia peledeísta que definirá la candidatura.

            Milagros Ortiz Bosch, Hatuey de Camps y Rafael Suberví , serían de acuerdo a las encuestas de los últimos dos años, los de mayores posibilidades de encabezar la boleta blanca para el 2004. Enmanuel Esquea ha crecido pero sobre todo en el exrerior del partido.

            Fuentes bien informadas indican que el presidente Mejía se inclinaría por su vicepresidenta, que incluso ya lo habría insinuado claramente, tanto a ella como a dirigentes del PPH. Suberví ha sido el de mejor relación con los pepeachistas, pero se le considera uno de los más vulnerables frente al electorado nacional.

            En cambio, Milagros Ortiz es estimada como la del discurso y prendas personales llamadas a compensar el desgaste sufrido por el PRD en el actual ejercicio del poder, especialmente en las clases medias y los forjadores de opinión pública.

El peso de la economía

            La confianza en el arbitraje electoral y la marcha de la economía nacional son las dos mayores interrogantes con que se inicia el año.

            La plena superación del conflicto por los jueces electorales es fundamental para comenzar el 2003 conteniendo las incertidumbres que han afectado la economía nacional en los últimos meses.

            Más aún por cuanto en los primeros meses tendrá que definirse sin la menor duda el levantamiento del padrón electoral para el voto de los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior. Será imposible sin una JCE de consenso, y cualquier intento de imposición desde el poder sólo serviría para ampliar la desconfianza.

            Un conflicto de esa naturaleza remitiría a cuestionamientos sobre el futuro de los comicios, poniendo en peligro los avances institucionales y democráticos de los últimos años. Desde luego, sus repercusiones económicas serían muy negativas sobre si persiste un escenario internacional tan adverso como el del último año.

            El petróleo de West Texas, referencia para el país, llegó a Navidad a casi 32 dólares el barril, después de dos semanas de incremento de precios y el espectro de la guerra, que sería una ocupación de Irak, parece en renovación al concluir el año. De producirse no sólo llevaría el petróleo sobre 40 dólares, sino que también afectaría el turismo.

            En el orden interno quedará en manos del presidente Mejía el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Las líneas a seguir están contenidas en el Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico recién firmado por el gobierno con el Consejo Nacional de la Empresa Privada.

Eso lo reconocen, en constancia pública, hasta el secretario de finanzas José Lois Malkún, los asesores económicos del Ejecutivo, como José Luis Alemán, Félix Calvo y Carlos Despradel, y miembros de la Junta Monetaria como Eduardo García Michel.

Todo se resume en control del gasto público, con reducción de nóminas estatales, ahorro fiscal, estricto cumplimiento de la ley de presupuesto y la finalidad de los bonos soberanos y prioridades en la inversión.

               En todos los años que anteceden a comicios presidenciales existe la tendencia a aumentar el gasto para atender demandas y ganar votos. Pero las perspectivas de la economía parecen indicar que ese camino puede resultar en una encerrona, porque podría generar mayor desestabilidad, con niveles de devaluación e inflación que serían graves para la nación y desastrosos para el PRD y su gobierno.-

Joaquín Balaguer: Constructor y autócrata insaciable de poder

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El doctor Joaquín Balaguer pasará a la historia, junto a Nicolás de Ovando y Rafael Leonidas Trujillo, como un gran edificador de obras físicas, pero sobre todo como el más persistente amante del poder, por el que soportó iniquidades y humillaciones aunque luego de obtenerlo lo ejerció y disfrutó como un rey, hasta agotar su último aliento.

Pero si los que escriben la historia profundizan un poco sobre su carrera política tendrán que consignar que fue un autócrata, huérfano de criterios y prácticas democráticas, tanto en el ejercicio del gobierno como al interior de su Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) a cuyas riendas se aferró hasta la muerte a los 96 años, ciego y casi paralítico.

Sin embargo, objetivamente habrá que reconocerle un éxito extraordinario en el ejercicio del poder, aunque imponiendo una prostitución de la política dando plena vigencia a la máxima de que el fin justifica los medios y venciendo a casi todos los políticos de su generación y a una parte de los que le siguieron.

Acumulación original

Es imposible enjuiciar la carrera política de Joaquín Balaguer sin remontarse a su acumulación original de poder, que parte de la autoría del manifiesto con que el “Movimiento Cívico” del 23 de febrero de 1930 pone fin al gobierno continuista de Horacio Vásquez y abre las puertas al brigadier Rafael Leonidas Trujillo para iniciar su tiranía de 31 años.

Balaguer pasa esas tres décadas a la sombra de la dictadura, sin inmutarse ni tener el menor gesto frente a sus excesos y aberraciones, y va ascendiendo en la escala burocrática ocupando los diversos grados del cuerpo diplomático, luego subsecretarías y secretarías de Estado hasta la nominación a la vicepresidencia en la farsa electoral de 1957, en la que el tirano colocó de presidente a su hermano Héctor Trujillo.

En una desesperada jugada política Trujillo hace renunciar a su hermano en agosto de 1960, con lo que su enigmático amigo Balaguer pasa a ocupar la primera magistratura, el lugar justo para intentar suceder al tirano ajusticiado 9 meses después.

Ni un leve gesto de protesta o indignación expresó nunca ante los más espantosos crímenes de los sicarios del gobierno que presidía. Ni siquiera cuando el 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas las hermanas Mirabal. Ni un año después, cuando Ramfis Trujillo masacra a los sobrevivientes del movimiento 30 de mayo que acabó con la dictadura.

Tampoco haría el menor gesto en 1973 para evitar el fusilamiento de Francisco Caamaño, el héroe de la resistencia a la invasión norteamericana de 1965. Y jamás dispuso justicia para los cientos de asesinatos políticos que tuvieron lugar en sus gobiernos. En algunos casos más bien los justificó.

En principio se creía que el presidente títere de Trujillo era un hombre muy débil, “muñequito de papel” le llamaron en las manifestaciones contra los remanentes de la tiranía en el período 1961-1962. Pero luego demostraría que energías ni carácter ni valor le faltaban para la confrontación política y el ejercicio gubernamental. Lo que le sobraba era ambición de poder, astucia para disimular y hacerse pasar por insulso, en aras de alcanzar el poder.

No importaban las humillaciones, ni las iniquidades, ni los envilecimientos del gobierno al que servía. Siguió siendo uno de sus principales ideólogos, intelectual orgánico incondicional hasta el final y se negó a exiliarse “para estar debajo del árbol cuando el fruto maduro cayese”, según se le atribuyó.

A principios de 1962 ya el político de Navarrete había abierto su propio espacio, saliendo a las tribunas a hablar duro y expresar las leves críticas al tirano que se ahorró durante 31 años. Repartió parte del patrimonio que Trujillo se había expropiado y cuando tuvo que asilarse, ya había conformado una “imagen de estadista”, con velocidad y dedicación admirables.

De guerras fría y caliente

Joaquín Balaguer fue un trabajar sin tregua ni descanso de la política, su única pasión y amor salvaje a tiempo completo. Con una sagacidad extraordinaria para colarse por los intersticios de los acontecimientos. Volvió al país al amparo de la intervención militar norteamericana de 1965, sin la cual otro podría haber sido su destino.

Y de inmediato se constituyó para Estados Unidos como el candidato ideal con larga experiencia de Estado, influencia en las fuerzas represivas del viejo régimen, dedicación y capacidad. Sobre el lomo de la guerra fría cabalgaría este hombre que se haría imprescindible ante poderes nacionales y transnacionales para evitar que República Dominicana “volviera a verse de nuevo en peligro de convertirse en otra Cuba”.

Es así como el líder reformista se justifica en el poder, en nuevas farsas electorales como las de 1970 y 1974, en las que la oposición política ni siquiera puede participar. Y cuando lo hace en 1978 y derrota al presidente reeleccionista se tropieza con la paralización del cómputo, la ocupación de las juntas electorales y los intentos del régimen y sus fuerzas armadas y policiales por usurpar el gobierno.

Sólo un gran movimiento nacional y el apoyo de los “liberales de Washington” encabezados por el presidente Jimmy Carter, del gobierno venezolano de Carlos Andrés Pérez y de los gobiernos de la Internacional Socialista pudieron ponerle límites al deseo de Balaguer y sus fuerzas de mantenerse en el poder. Lo entregaron pero con aquel “fallo histórico” de la Junta Central Electoral que descuenta al Partido Revolucionario Dominicano cuatro senadores para que el Partido Reformista pudiera quedarse con el control del Senado y por ende del Poder Judicial y de la Junta Central Electoral. Había gobernado sin piedad con los izquierdistas y opositores, cientos de los cuales fueron asesinados, otros tantos hechos prisioneros y miles lanzados al exilio. Las convicciones antidemocráticas de Balaguer eran tan firmes que ni siquiera cuando se vio obligado a entregar el poder, en 1978, se dio el lujo de amnistiar prisioneros y exiliados, sabiendo que su sucesor Antonio Guzmán estaría obligado a hacerlo.

En esos años hubo períodos de tantos crímenes y persecución que el país vivía casi en la dictadura. La diferencia fundamental fue la libertad de prensa sustentada en algunos medios periodísticos. Hasta Juan Bosch y José F. Peña Gómez atravesaron por períodos en los que se les prohibió usar las frecuencias de radio y televisión. Las libertades de reunión, manifestación, tránsito, organización política y sindical, estaban severamente limitadas. Balaguer controlaba por completo la justicia, instrumentaba políticamente las fuerzas armadas y la policía, el sistema electoral, los órganos de auditoría, y el Congreso Nacional. No compartía el poder con nadie. Ni siquiera con un organismo de su partido, ni permitía que ninguno de sus “compatriotas” incubara proyectos políticos propios.

Todos los reformistas que en algún momento despuntaron serían humillados o restringidos. Con la constitución convertida en “un simple pedazo de papel” y la “corrupción deteniéndose sólo en las puertas de su despacho”, la política balaguerista sería de compra y corrupción de individuos e instituciones, como forma de reinar mediante la degradación de los demás.

Vuelve y Vuelve

Cuando el Partido Revolucionario Dominicano naufragó en las ambiciones y las divisiones y muchos de sus líderes se corrompieron, Balaguer fue reivindicado y al volver al poder en 1986, demostraría gran capacidad de adaptación a los nuevos tiempos.

Su período de 10 años se diferenció del primero de 12, en cuanto al respeto de las libertades políticas y los derechos humanos. Pero la manipulación electoral resurgió con fuerza, expresándose en las elecciones de 1990 y 1994 con escandalosos fraudes que crearon crisis políticas. La corrupción se multiplicó y concluyó quebrando todo el patrimonio empresarial del Estado, hasta la Lotería Nacional en dos ocasiones.

Pero el doctor Balaguer volvió a demostrar sus extraordinarias capacidades, aunque ya estaba ciego y los años comenzaban a mellar sus demás facultades. Se constituyó en mito y leyenda, llegando a gobernar hasta los 90 años de edad, repostulándose a los 94, aunque para fracasar.

Balaguer se benefició en gran manera de la división del PRD que originó el Partido de la Liberación Dominicana en 1973. No dudó en sacrificar a su propio partido en 1996 en aras de su gloria personal, para que el PLD le debiera el haber alcanzado el poder. Boicoteó la candidatura presidencial de su “compatriota” Peynado, con tanto descaro que ni siquiera votó en la primera vuelta, lo que sí hizo en la segunda por Leonel Fernández.

El Frente Patriótico fue la máxima maniobra política de Balaguer y uno de sus mayores éxitos, pues a partir de entonces sería reivindicado absolutamente por sus contradictores de los otros dos partidos, incluyendo al profesor Juan Bosch y al doctor Peña Gómez, pero sobre todo a Leonel Fernández y a Hipólito Mejía y sus colaboradores, que se disputarían su gracia hasta el día de su muerte.

El balance final

Joaquín Balaguer debió morir satisfecho. Llegó a su día final cortejado por sus principales contradictores, hasta investido como “padre de la democracia” a pesar de sus carencias paternales. Nadie le pudo despojar definitivamente del poder.

Cuando no pudo moverse trasladó el partido a su propia casa. Y jamás cedió ante el reclamo de que iniciara un proceso de institucionalización y democratización del PRSC. Sólo él contó hasta la muerte, su velatorio de cuatro días y su funeral de 16 horas, correspondieron con su megalomanía política.

El balance en término de sus aportes a la democracia es pobre. Se adaptó a nuevos tiempos, pero no aportó ni siquiera a su partido. Todo lo hizo en beneficio propio sin la menor distracción. Por eso jamás tuvo una compañera ni reconoció ninguno de los varios hijos que se le atribuyen.

Con 72 años de vida política, con 45 de ejercicio del poder y árbitro hasta los 96, Joaquín Balaguer fue un fenómeno universal y así deberá quedar registrado. Pero ni al final quiso abandonar sus prácticas autocráticas para que la muerte le fuera más leve.

Deja un conjunto considerable de obras físicas importantes, proporcional al ejercicio presidencial de 22 años, sin contar el año y medio de la transición trujillista. Por esas obras, como Trujillo, también será reconocido.

En aras de la varilla y el cemento y manejando a su antojo el presupuesto nacional, el caudillo sacrificó los servicios básicos, degradando la educación, liquidando un “seguro social” que no era seguro ni social, arruinando los hospitales y el transporte público y dejando el país sumido en la más espantosa oscuridad, pues se negó a realizar las inversiones que demandaba el desarrollo energético, por lo cual se paga ahora un altísimo precio.

Pero su peor legado es el haber vendido el silencio cómplice con la tiranía, el oportunismo, el uso de la corrupción, el abuso de los recursos estatales, el crimen político y el debilitamiento de las instituciones democráticas como sinónimo del éxito político.

Durante mucho tiempo habrá políticos dominicanos tratando de repetir el éxito balaguerista, algo que ya resultará imposible, no sólo por estos tiempos de la globalización y los cambios sociales registrados en la nación, sino también porque capacidades como las de Joaquín Balaguer no se cosechan con frecuencia.

Tendrían que comenzar por renunciar a la tierna compañía de la esposa y los hijos, de los amigos, de las tertulias y los deportes, de los sancochos y las fiestas, para que, como en Balaguer, nada humano distraiga su gesto, su pasión inconmensurable por el poder.

 

El Senado debe aprobar la division de la JCE

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Las disposiciones de la Junta Monetaria y el pacto con los empresarios contuvo la corrida cambiaria  

            El gobierno logró esta semana contener la corrida de la tasa de cambio con algunas disposiciones de la Junta Monetaria, la firma del Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico con los empresarios y la aprobación del senado al proyecto de bonos soberanos por sólo 600 millones de dólares, como propuso el Poder Ejecutivo.

            Sin embargo, para restablecer la confianza y despejar las incertidumbres todavía está pendiente que el Senado perredeísta apruebe el proyecto de reformas que divide las funciones de la Junta Central Electoral pactado entre los partidos mayoritarios y el Presidente de la República y el presupeusto del próximo año.

            Aunque persisten resistencias entre senadores radicales, la cámara alta no tiene otra alternativa que hacer honor al consenso, a menos que quiera desautorizar al presidente Mejía y al Partido Revolucionario Dominicano, lo que agudizaría los enfrentamientos políticos y dilataría la aprobación de los bonos sobernos en la Cámara de Diputados, revirtiendo los avances de los últimos días.

Se despeja el panorama

            Sin anunciarlo expresamente, el gobierno se declaró en sesión permanente y la Juunta Monetaria sesionó sábado y domingo pasados para disponer medidas a fin de contener la corrida devaluatoria que sufrió el peso en las dos semanas anteriores.

            Consideradas insuficentes en sí mismas, se informó que se habían hecho otras recomendaciones al Presidente de la República a la par que se anunciaba para el lunes 9 la firma del Pacto por la Estabildiad y el Desarrollo Económico que el equipo económico del gobierno había acordado con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).

            El documento se firmó la mañana del lunes en el Palacio Nacional, implicando reformas al proyecto de Rectificación Tributaria que el Ejecutivo había sometido al Congreso Nacional, en los ámbitos fiscal y arancelario, llamadas a incentivar las actividades empresariales y a dar confianza al sector.

            En el documento se establece el compromiso del gobierno para ejecutar el próximo año un presupuesto “que hace énfasis en la austeridad, garantizando la atención a los pobres con una mayor focalización y cobertura de sus programas sociales”, generando un superavit fiscal de unos 100 millones de pesos mensuales.

            Conlleva un compromiso difícil de lograr, como es el de llevar las nóminas del Estado a los niveles que tenían en agosto del 2000, lo que implicaría el despedido de decenas de miles de empleados. Pero deja la esperanza de que al menos se produzca alguna reducción, por lo menos en las llamadas “nominillas”, de empleados temporeros, muchos de ellos realmente “botellas”.

            Otro compromiso del gobierno contenido en el pacto es el de una política de endeudamiento externo “más restrictiva” basada en una estrategia preparada por la Comisión que revisa los préstamos externos, y a un “control estrricto” del endeudamiento interno o avales bancarios de las instituciones públicas.

La prima en retroceso

            Las disposiciones de la Junta Monetaria, prorrogando restricciones monetarias y tendentes a evitar la especulación con las divisas, junto a la firma del pacto con los empresarios produjeron el efecto inmediato de contener la devaluación del peso. En los siguientes días de la semana la tasa retrocedió de más de 24 por uno a que había cerrado la semana hasta colocarse por debajo del 22 por uno.

            Las expectativas, incentivadas por el anuncio de que el turismo creció un 25 por ciento en noviembre, en relación al mismo mes del año pasado, es de que la tasa cambiaria pueda estabilizarse entre 20 y 21 pesos por dólar, revirtiendo en parte el proceso inflacionario desatado.

            El proceso de recuperación de la estabilidad tuvo otro ingreidnete de incentivo cuando el miércoles el Senado aprobó el proyecto original del Poder Ejecutivo de 600 millones de bonos soberanos, pese a la persistencia de un puñado de senadores en elevarlos a 750 millones supeustamente para adquirir acciones de las distribuidoras de energía.

            El gobierno, y particularmente su gabinete económico, se anotó un punto, reduciendo el protagonismo de varios senadores perredeístas que no tuvieron el valor de retirar su moción.

            Al concluir la semana el mercado cambiario lucía a la expectativa, aún sin recuperar la normalidad, ya que la oferta de divisas era limitada. Estaba por verse aún sin el retroceso en los niveles de devaluación era definitivo o fruto de la presión de las autoridades.

            Las medidas adicionales recomendadas al Ejecutivo por la Junta Monetaria no se han conocido, pero se supone que estaban incluídas en el pacto firmado por el gobierno con la cúpula del empresariado, algunos de cuyos líderes todavía aguardan la decisión senatorial en torno al presupuesto del 2003 y la reforma de la ley electoral.

            La persistencia de senadores perredeístas en modificar el consenso sobre la JCE e introducir modificaciones en el proyecto de presupuesto, mantenia la opinión pública a la expectativa.Todavía el jueves los senadores Pedro Antonio Luna, César Díaz Filpo y César Augusto Matías persistían en declarar que sólo aumentarán el número de jueces electorales, pero que rechazan la división de funciones de la JCE considerándola inconstitucional.

Hipólito se la juega

            Fuentes de crédito dan por hecho que el Senado aprobará la reforma de la ley electoral como fue consensuada por los tres partidos mayoritarios y el presidente Mejía. Se afirma que el mandatario fue claro en pedir a los senadores, durante una reunión celebrada a principio de semana, que acogieran el consenso político y le evitaran mayores dificultades al gobierno.

               En los más cercanos colaboradores del presidente Mejía como en la cúpula del perredeísmo existe la convicción de que no es posible desconocer el pacto para dividir las funciones de la JCE sin causar graves dificultades políticas con repercusiones en la delicada situación económica.

            La cuestión luce más complicada por cuanto los voceros de los dos partidos mayoritarios de oposición han condicionado la aprobación de los bonos soberanos a que el Senado perredeísta acoja el acuerdo sobre la ley electoral, con la amenaza de volver a retirar sus legisladores del Congreso Nacional.

            El desconocimiento de ese pacto dejaría muy mal parado al Presidente Hipólito Mejí, desautorizándolo para cualquier otro tipo de acuerdo y sembraría dudas sobre el cumplimiento del pacto con los empresarios.

            Debe tomarse en cuenta que el texto del pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico comienza ponderando el proyecto de reforma electoral y expresando confianza en que será aprobado “tal como fue consensuado”.

            Una actitud intransigente de los senadores perredeístas también entraría en contradicción con el discurso del presidente Mejía al firmar el pacto con los empresarios, en el cual llamó a sus adversarios políticos “a luchar juntos para que las tareas de construcción de una sociedad más justa y equitativa no se vea obstaculizada por intereses partidistas”.

            En la misma pieza, el mandatario apeló a los medios de comunicación “para que en lo adelante forjemos una sólida alianza que contribuya con la estabilidad, la tranquilidad, la confianza y la paz social”.

El PRD a prueba

            Más allá del protagonismo de tres o cuatro de sus senadores, la situación pone nuevamente a prueba la capacidad del perredeísmo para actuar coherentemente desde el poder. Rechazar el acuerdo sobre la JCE implicaría una desconfianza definitiva en su capacidad para pactar con el resto de la sociedad.

            Entre dirigentes perredeístas, como en el gobierno, existe la convicción de que los senadores finalmente aprobarán la reforma electoral y trasladarán su protagonismo a reformular algunas partidas presupuestarias, aunque no lleguen tan lejos como propuso el senador por Independencia que abogó por incluir dos carreteras y un camino vecinal.

            La prolongación del debate sobre la reforma electoral sólo serviría para mantener las incertidumbres y bloquear la aprobación de los 600 millones de dólares en bonos soberanos, llamados también a contribuir en la estabilidad de la tasa de cambio.

            Una rápida aprobación no sólo agilizaría los bonos soberanos, sino que también contribuiría a fortalecer la recuperación de la confianza en la capacidad del gobiernio y su partido para atender a los reclamos de la opinión pública.

            En términos puramente políticos, una negativa del Senado frente a la reforma electoral profundizaría la distancia que tiende a tomar el Partido Reformista Social Cristiano del gobierno y lo acercaría al Partido de la Liberación Dominicana, lo que es una mala inversión a 17 meses de los comicios presidenciales y con un diferendo que afectaría el proceso electoral.

            Los que llevan anotaciones no habrán pasado por alto que esta semana emergió un público cuestionamiento a la posición del presidente del PRSC, por parte de dos precandidatos presidenciales, Federico Antún y Héctor Rodríguez Pimentel, y del dirigente Leonardo Matos Berrido. Tras celebrar una reunión éstos acusaron públicamente a Rafael Bello Andino de colaboracionista con el gobierno,. Reclamándole tomar distancia.

            La crítica fue más significativa por cuanto estos tres dirigentes reformistas eran de los señalados como promotores de acuerdos con el PRD y su gobierno. Rodríguez Pimentel fue hasta hace poco cónsul en Haití y Matos Berrido es embajador en Italia.

            Más allá de los pataleos y de una pretendida independencia a ultranza de los legisladores perredeístas, no tienen alternativa a la aprobación de la reforma electoral. Y mientras más pronto se produzca será mejor para despejar las incertidumbres y afianzar la recuperación de la confianza en su gobierno, fundamentales en esta coyuntura para el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica nacional y para el futuro inmediato de su partido.-

Dos gabinetes económicos y dos partidos en el gobierno

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Parece urgente resolver las incoherencias para recuperar la confianza y contener la desproporcionada devaluación

          Está generalizada la convicción de que la corrida cambiaria de las últimas semanas es desproporcionada a la situación de la economía nacional y está determinada en gran parte por un ambiente de incertidumbres y falta de confianza incentivado por incoherencias en el gobierno.

            Se afianza la impresión de que hay dos gabinetes económicos y dos partidos enfrentados en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, lo que genera desconfianza en la conducción económica, especialmente de cara a un próximo año que será preelectoral, por lo que aumentarán las tentaciones de querer gastar más de lo que la situación económica soporta.

            Para recuperar la confianza el gobierno tendría que comenzar por contener los desbordamientos que se registran entre sus propios legisladores, cuyas más negativas expresiones han sido los intentos por elevar el monto de los bonos soberanos y desconocer el pacto político para dividir las funciones de la Junta Central Electoral.

Grave corrida cambiaria

            El proceso devaluatorio que ha sufrido el peso en el último cuatrimestre del año alcanzó esta semana niveles sumamente preocupantes, llamados a desatar fuerte devaluación, afectando la estabilidad macroeconómica que ha predominado en los últimos diez años y que hasta hace poco era de los éxitos reconocidos al gobierno.

            Con el peso sobre 22.50 por dólar, la devaluación sobrepasa el 30 por ciento en lo que va del año, con una corrida que se inició en agosto, cuando todavía se cotizaba a 18.30, y que ha desarrollado una alarmante velocidad en las últimas tres semanas. Al concluir el 2001 el peso se cotizaba a poco más de 17 por dólar.

            Los funcionarios del sector económico, encabezados por el secretario de Finanzas, atribuyen la corrida a especulación y los dirigentes de las asociaciones empresariales a la incertidumbre y falta de confianza, pero todos concuerdan en que no hay fundamentos económicos para ese nivel devaluatorio.

            De nada han valido las inyecciones de divisas dispuestas por el Banco Central en los últimos meses, las que han reducido las reservas monetarias en unos 570 millones de dólares, para dejarlas en apenas poco más de 300 millones. Tampoco han dado resultado las restricciones monetarias, que hace un par de meses llegaron a sr exageradas, ni la emisión de certificados de participación.

            No hay explicación objetiva si son ciertas las estimaciones de que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se ha reducido este año a 1.3 por ciento del producto bruto interno, lo que sería la tercera parte del 4 por ciento registrado el año pasado. Menos aún cuando la principal fuente de divisas, el turismo, ha comenzado a dar muestras de recuperación, mientras las remesas siguen aumentando, aunque a menor nivel que en los años anteriores.

Incertidumbre y desconfianza

               Los líderes empresariales coincidieron esta semana en la estimación de que la corrida cambiaria está determinada por un ambiente de incertidumbres y desconfianza que se habría apoderado de los agentes económicos. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada dijo que la tasa cambiaria debe estabilizarse entre 20 y 21 pesos por dólar

            Marino Ginebra descarta la especulación simple y sostiene que “se trata de un asunto de desconfianza que pudiera solucionarse con un Congreso en sintonía con los asuntos económicos”.

            Por su parte el presidente de la Asociación de Industrias, Lisandro Macarrulla, estimó que estamos enfrentando “una crisis de confianza y falta de credibilidad

en la gestión gubernamental”.

            La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios también juzgo desproporcionada el alza de la tasa de cambio, atribuyéndola a “pérdida de confianza de los agentes financieros en las políticas del gobierno”.

            Las preocupaciones se centran en el gasto gubernamental de este año, con fuerte endeudamiento, y en las proyecciones para el próximo y se multiplicaron con el empeño de la mayoría perredeísta en el Senado de elevar el monto de 600 millones de dólares en los bonos soberanos solicitados en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo.

            En principio los senadores propusieron aumentar los bonos hasta 800 millones de dólares y en primer lectura los bajaron a 750, supuestamente para recomprar acciones de las empresas distribuidoras de energía capitalizadas hace poco más de tres años.

            La decisión senatorial ha estado huérfana de bases objetivas, ya que dos de las tres distribuidoras han reiterado que no están vendiendo acciones, que en todo caso no podrían ser compradas con 150 o 200 millones de dólares.

               La mayoría de los senadores perredeístas se ha embarcado en una acción de puro corte politiquero, pretendiendo capitalizar la seria inconformidad de la población con el desempeño de esas empresas y el costo de la energía, creando expectativas falsas que el gobierno no puede satisfacer.

            El espectáculo montado el miércoles 4 cuando los senadores insultaron a los representantes de las empresas distribuidoras de energía en medio de un prolongado interrogatorio, en nada contribuye al ambiente de sosiego que precisa el gobierno para buscar soluciones a la problemática energética.

Dos gabinetes económicos

            Lo peor es que en el Senado parece haber un equipo económico enfrentado al del Poder Ejecutivo. Desde la semana anterior el Secretario de Finanzas publicó un comunicado advirtiendo sobre los riesgos de la pretendida compra de acciones, estimando que podría enviar señales equívocas al mercado de inversionistas y perjudicar el esfuerzo por colocar los 600 milllones de dólares en bonos.

            Pero los cuestionamientos senatoriales se revierten contra el mismo gobierno que negoció en Madrid los contratos con las distribuidoras de energía y que ha estado haciéndolo también con las generadoras.

            Los senadores han llevado su activismo al grado de sustituir a los agentes del Poder Ejecutivo que son los llamados a trazar la política energética y a renegociar soluciones. Es este gobierno también el que ha autorizado los recientes incrementos en la tarifa de la energía eléctrica.

            Como las cabezas del intento senatorial son precisamente del grupo perredeísta del presidente Hipólito Mejía (el PPH), se expresan dudas de si hay en realidad una rebelión contra la política gubernamental o un doble juego para meter de contrabando otros 150 millones de dólares en bonos soberanos que luego serían destinados a inversiones en un año preelectoral. Ese es un factor generador de incertidumbre y desconfianza.

            Ya algunos legisladores gobiernistas, incluyendo al presidente del Senado,han adelantado también el propósito de elevar la asignación dispuesta para el Congreso en el proyecto de ley de presupuesto para el 2003, elaborado por el equipo económico del Poder Ejecutivo.

Dos partidos en uno

            Hace ya meses que se incrementan las diferencias en el seno del partido de gobierno, y sus propios dirigentes denuncian sistemáticamente que el PPH es quien controla los legisladores y mantiene una ofensiva de tierra arrasada frente a otras corrientes dentro de la organización.

            Eso quedó en evidencia en ocasión de la prolongada discusión sobre las reformas constitucionales que concluyó contradiciendo el credo antireeleccionista del Partido Revolucionario Dominicano, cuyos organismos lucen inoperantes.

            El partido como tal no ha predominado en las resonantes iniciativas de sus legisladores. Y su presidente Hatuey de Camps, como muchos otros dirigentes, incluyendo a varios de los aspirantes a la próxima candidatura presidencial, se han desligado de las mismas.

Los precandidatos Enmanuel Esquea y Ramón Alburquerque han buscado abierta distancia, criticando políticas oficialistas y las improvisaciones legislativas. Y ni la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch ha podido mantenerse al márgen, formulando críticas diplomáticas.

Esquea proclamó esta semana en el telediario de Teleantillas que “no se puede mantener el poder sin un partido”, tras diagnosticar una situación de serias incongruencias entre el PRD, sus legisladores y su gobierno.

La percepción es que la lucha por la candidatura presidencial aumentará las incoherencias en el partido de gobierno, donde aún hay quienes sueñan con convencer al presidente Mejía de que se lance a la carrera continuista, lo que elevaría el tono de las disputas intrapartidarias.

            No hay duda de que los factores políticos no tienden a generar confianza, en el futuro inmediato, lo que juega en abono de la pérdida del cada vez más precario equilibrio macroeconómico, dentro de un panorama económico internacional desfavorable y portador de incertidumbres por riesgos de guerra.

Responsabilidad del Presidente

               Por factores objetivos y subjetivos la imagen del gobierno sigue en picada, no sólo por recientes escándalos como el llamado “Pepegate”, sino especialmente por la delicada situación económica.

            Los problemas ponen a prueba el liderazgo del presidente Hipólito Mejía, quien la noche del jueves anunció un discurso para referirse nuevamente al asunto energético y pidió a sus legisladores que se limiten a los bonos solicitados en su proyecto de ley.

            Debe resultarle difícil volver a hablar de los problemas energéticos, después de los discursos de agosto y septiembre y de numerosos intentos fallidos, como aquel de prohibir por decreto los “apagones financieros”.

            Pero el mandatario debe asumir el liderazgo frente a los legisladores y tratar de recomponer la coherencia en su partido para lo cual tendría que contener definitivamente los pujos de los reeleccionistas.

            En lo inmediato deberá disipar las incertidumbres requiriendo una rápida aprobación del presupuesto y de sólo los 600 millones en bonos soberanos, así como de la reforma electoral que ya acogieron los diputados.

            Más que cambiar el equipo económico, como algunos han propuesto en términos radicales, podría fortalecerlo tratando de concluir el consenso que el mismo ha adelantado con la cúpula del empresariado sobre asuntos fiscales. Eso y una contundente proclama de austeridad para el próximo año podría contribuir a disipar las incertidumbres y a devolver la estabilidad al mercado cambiario.-

 

El sistema electoral requiere modificaciones más amplias

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Urgen reformas para garantizar la democracia interna de los partidos y representación de las minorías políticas  

            El sistema electoral dominicano requiere una reforma mucho más profunda que la que cursa en el Congreso Nacional, limitada a resolver, con un parche mal pegado, el conflicto originado en la conformación de la Junta Central Electoral (JCE).

            De hecho con la reforma constitucional de agosto pasado se desperdició la oportunidad de separar plenamente las funciones administrativas y normativas de las jurisdiccionales de la JCE, para establecer la representación congresional de las minorías políticas y limitar el creciente número de los diputados.

La reforma electoral también se quedará corta, manteniendo un régimen antidemocrático que dificulta la emergencia de nuevos partidos políticos y de agrupaciones independientes que postulen al Congreso y los municipios.

Sólo en coyunturas críticas

            La historia nacional demuestra que las reformas políticas para perfeccionar el sistema político sólo se realizan en coyunturas de crisis, como la que determinó el proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional para diovidir las funciones de la JCE.

            En el orden constitucional, las reformas de avance más significativas se han realizado al salir de la tiranía de Trujillo y en 1994, tras los fraudes electorales de 1990 y 94, especialmente después del último, el cual sumió al país en una profunda crisis política.

            La reforma constitucional de este año se inscribe, como la mayoría de las 37 sufridas por la carta magna, para establecer la reelección presidencial, mediante el mecanismo de la imposición de las mayorías predominantes, cuando no fabricadas mediante el soborno.

            De hecho, tanto la reforma constitucional de agosto, como la que ahora persigue modificar la ley electoral para dividir las funciones de la JCE, han ignorado incluso propuestas que han sido fruto de consenso en distintos momentos de la vida política.

            Algunas de esas propuestas fueron pactadas en 1993 entre los partidos mayoritarios, al amparo de un esfuerzo de la Fundación Siglo 21, pero nueve años después siguen siendo planteadas en los foros del Consejo Nacional para Reforma del Estado y en otros con participación de representantes de los partidos y entidades de la sociedad civil.

            Casi todas fueron discutidas y aprobadas por la amplia Comisión Especial para la Reforma Constitucional constituída el año pasado por el Presidente Hipólito Mejía, pero posteriormente ignoradas por la última Asamblea Nacional que se quedó en el restablecimiento de la reelección y la eliminación, por cansancio, de los llamados colegios electorales cerrados.

En lo constitucional

            Desde el consenso Siglo 21 se estableció la conveniencia de constituir dos organismos diferentes para ejercer las funciones actualmente atribuidas a la JCE. Uno ejercería las atribuciones reglamentarias y administrativas y el otro sería un tribunal contencioso.

            De esa forma se persigue que quienes ejercen de jueces no tengan nada que ver con la reglamentación y organización de los procesos electorales, y por lo tanto no tengan la natural tendencia a defender los resultados de su propia gestión.

               Hay quienes plantean que la función contenciosa quede en manos de la propia Suprema Corte de Justicia, como rige en Estados Unidos y otros países, mediante la creación de una cámara electoral, que sólo tendría que operar en ocasión de impugnaciones electorales. El resto del tiempo ejercerían otras funciones judiciales.

            Para cualquiera de las dos fórmulas sería indispensable la reforma del artículo 92 de la Constitución. Los partidos optaron ahora por la fórmula de dos cámaras dentro del mismo organismo, siguiendo el modelo de la Suprema Corte de Justicia. La diferencia es que ésta no tiene que juzgar sus propios actos.

            Otra demanda pactada hace nueve años, es la reforma de los artículos 21 y 24 para establecer nuevas proporciones de habitantes por diputados, encaminada a detener el creciente número de estos, que este año llegó a 149 y que en el 2006 ascenderían a 180, si el reciente censo nacional confirma las proyecciones que cuantifican la población nacional en casi 9 millones de personas.

            En esos mismos artículos tendría que incluirse la representación congresional de los partidos minoritarios, por acumulación de votos a nivel nacional, como forma de democratizar el sistema político.         

            Al instituirse el voto de los dominicanos residentes en el exterior para la elección presidencial, es más urgente modificar el artículo 89 de la carta magna para eliminar la herencia trujillista de que los comicios tienen que ser justamente el 16 de mayo. Cuando caiga en día laborable determinará la abstención de gran parte de los residentes en el exterior, que tendrían que faltar a sus trabajos para ejercer el voto. Lo indicado es que se establezca el segundo o tercer domingo de mayo.

De los partidos políticos

            Otra reforma importante que ha demandado la sociedad dominicana es la llamada a instituir un régimen de los partidos políticos para garantizar la democracia interna en la elección de sus dirigentes y candidatos.

            Es relevante que todavía algunos partidos, incluido el mayoritario, pasan mucho tiempo sin renovar democráticamente sus órganos dirigenciales, y que en muchos casos las cúpulas son determinantes en la escogencia de candidatos a todos los cargos electivos.

            Los proyectos esbozados por comisiones gubernamentales y sociales se han inclinado a una ley separada de partidos políticos. También podría formularse dentro de la misma ley electoral, ampliando los alcances de los artículos 41 al 66, integrantes de su Título VIII, titulado “De los Partidos Políticos”.

            Se ha propugnado por la institución de las votaciones primarias obligatorias para elegir los candidatos mediante voto universal de los miembros de los partidos.

            Establecido el financiamiento público a los partidos, se impone también instituir mecanismos para limitar el del sector privado para diminuir el tráfico de influencia y el rentismo que caracteriza la relación de los políticos con los poderes económicos que invierten en los que tienen posibilidades de ganar.                        

Una reforma al artículo 86 de la ley electoral debe dejar explícitamente establecido que el senador y los diputados se eligen por separado, al igual que el síndico y los regidores, mediante el doble marcado de la boleta electoral para eliminar el arrastre y dar más opciones a los electores.

            En los artículos 87 y 88 se debe prohibir la campaña electoral en las calles y plazas públicas y en los medios de comunicación fuera del período oficial de campaña, que se proclama a más tardar 90 días antes de cada elección. Es imperativo para reducir el período de campaña electoral y el costo antidemocrático de la promoción de candidatos.

Facilitar las alternativas

            La reforma electoral de 1997 estableció condiciones poco democráticas para el reconocimiento de nuevos partidos políticos y para que agrupaciones independientes puedan presentar candidaturas.

            Debe ser revisada la letra f del artículo 42 que requiere locales abiertos en los municipios cabeceras de todas las provincias para reconocer nuevos partidos políticos, porque limita ese derecho a los posesionarios de mucho financiamiento.

            Se impone también reformar el artículo 76 de la ley electoral para reducir el porcentaje de ciudadanos que deben respaldar las candidaturas independientes, que llegan hasta un abusivo 20 por ciento.

            Para un nuevo partido y para mantener el reconocimiento se requiere el 2 por ciento de los votantes en las últimas elecciones. Para las agrupaciones independientes la escala comienza en el 7 por ciento en las jurisdicciones con más de 60 mil electores y asciende hasta 20 por ciento en las de hasta 5 mil. Obsérvese que en este caso no se trata de los votantes en los últimos comicios, sino de los inscritos en el registro electoral.

            Con la abstención de la mitad de los electores en los comicios congresionales y municipales, estos porcentajes se duplican en relación al requerido para reconocer los partidos, lo que implica que la escala va del 14 al 40 por ciento de los votantes en las últimas elecciones para congreso y municipios. Un verdadero escándalo.

Otros avances democráticos

            Con la división de las funciones de la JCE no hay razón para que se mantenga la condición de abogado para ejercer las funciones administrativas y reglamentarias. (artículo 4) Ahí debe haber una integración pluridisciplinaria. Convendría que hubiese administradores y especialistas en ciencias políticas e informática. No lo contempla el proyecto en discusión.

Ahí mismo debe establecerse la condición de apartidista para ser titular del organismo organizador de las elecciones. Por lo menos no haber militado en ningún partido durante los últimos 5 años.

            En el artículo 6 de la ley electoral debe quedar consignado que todas las funciones administrativas y reglamentarias de los procesos electorales deben hacerse en consulta con los delegados de los partidos, lo mismo que para las decisiones concernientes al voto de los dominicanos residentes en el exterior, establecido en el artículo 86.

            Otra reforma que se impone espara dejar abierto al público el escrutinio de los colegios electorales, como forma de hacer más transparente el proceso y reducir las manipulaciones que con frecuencia se denuncian en los cómputos.

            Es obvio que para estas reformas se precisa una visión más amplia y democrática del liderazgo político. Contrario a lo que piensan los de corta visión, estarían llamadas a fortalecer el sistema electoral dominicano y a reducir los enfrentamientos y las incertidumbres que repuntan en casi todos los procesos electorales.-

La propuesta de reestatizar la energía sólo servirá para generar más incertidumbre

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

De nuevo se expresan incoherencias entre los perredeístas responsables del poder, cuando se impone la moderación

             El gobierno no ha logrado quitarse de encima el escándalo Pepe Goico cuando se enfrenta a un nuevo elemento de incertidumbre con la propuesta de sus senadores de aumentar en 200 millones de dólares el proyecto de ley de emisión de nuevos bonos soberanos para adquirir acciones de las empresas de energía capitalizadas.

            La idea de los senadores perredeístas podrá estar inspirada en el deseo de reducir la voracidad con que se manejan algunas de las empresas capitalizadas, especialmente las distribuidoras de energía, pero carece de fundamento para hacerla razonablemente viable y pone en riesgo el crédito gubernamental frente a inversores extranjeros, gobiernos y organismos internacionales.

            El camino correcto en las actuales circunstancias, afectadas por factores internacionales, es la moderación, la conciliación expresadas en el proyecto de reforma de la ley electoral y en las conversaciones gubernamentales para inspirar confianza en el sector empresarial.

Propuesta descabellada

            Si la idea de readquirir las empresas energéticas capitalizadas perseguía desviar la atención pública del escándalo que envuelve al que fuera jefe de la avanzada de seguridad del presidente Hipólito Mejía, no logró el objetivo.

            La opinión pública sigue mostrando insatisfacción con el curso de la acción judicial y la falta de información sobre aspectos fundamentales del escándalo y la iniciativa de senadores perredeístas para recomprar acciones de las empresas energéticas carece del mínimo fundamento para hacerla viable.

            Los senadores, encabezados por el presidente del Senado, licenciado Andrés Bautista, no han podido presentar un plan, o un curso a seguir que justifique la emisión de bonos adicionales por 200 millones de dólares a los 600 que solicita el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley introducido la semana anterior.

            Nadie ha explicado qué se podría recomprar con 200 millones de dólares, ni qué se haría posteriormente con esas empresas. En otras palabras con qué capital se procedería ni quien lo aportaría. Tampoco qué garantía habría ahora de que el Estado las administraría con mejor fortuna que en las décadas pasadas.

            Se ignora si las acciones a comprar son solamente las de las tres empresas distribuidoras, -Edenorte, Edesur y Edeeste- o si también se incluye a las involucradas en los paquetes generadores de Itabo y Haina.

            Como los capitalistas asociados con el Estado no están vendiendo sus acciones, y más bien han declarado lo contrario, los propulsores de la recompra tampoco han explicado cómo podría materializarse su plan.

            Debe presumirse que incluye la rescisión de los contratos que las amparan, firmados unos por tiempo indefinido y otros hasta por 40 años. Y si han de rescindir los defectuosos contratos que amparan las distribuidoras, con mayor razón deberán proseguir con los que permiten a la Smith and Enron y la Cogentry cobrar millones de pesos al Estado aún cuando tengan apagadas sus plantas.

Seria contradicción

            Si fuera tan simple rescindir esos contratos, el planteamiento senatorial implicaría una seria contradicción con la política del gobierno, que sería el llamado a tomar una iniciativa de esa naturaleza, que lo enfrentaría con los gobiernos de España y Estados Unidos, que acudirían, como ya lo han hecho, en defensa de los intereses de sus inversionistas.

            No se trataría sólo de contradecir las negociaciones de los gobiernos anteriores, responsables de los contratos de generación y distribución, sino de este mismo, que ya ha realizado renegociaciones tanto con generadoras como con distribuidoras, algunas de ellas hace apenas tres meses.

            El propósito choca también con la emisión de bonos soberanos, basada en el crédito del país en los mercados internacionales, y que seguramente se vería afectado por el desconocimiento de contratos, algunos de los cuales fueron aprobados por el Congreso Nacional o se ampararon en la ley de capitalización de las empresas públicas.

            Debido a las reformas estructurales impulsadas por el gobierno y al clima para la inversión extranjera, la calificación de riesgo del pais ha sido mejorada en los últimos tres meses por dos de las entidades internacionales más reconocidas en la materia, la Standard & Poor´s y Moody´s. En ese crédito se basa la posibilidad de colocar en el mercado internacional nuevos bonos soberanos a menores tasas de interés.

            La contradicción fue advertida por el secretario de Finanzas, José Lois Malkún, en el comunicado publicado el martes 19 donde exhorta al Congreso “a evitar la introducción de modificaciones al Proyecto de Ley de Emisión de Bonos Soberanos que pudiesen enviar señales equivocadas al mercado internacional de capitales sobre la política económica del Gobierno Dominicano”.

            La iniciativa senatorial obligó al presidente Mejía a rechazarla publicamente en dos ocasiones esta misma semana, llegando a informar el jueves que se comunicó con los ejecutivos de las empresas distribuidoras para expresarles su desacuerdo con la compra de sus acciones, sosteniendo que eso no prosperará.

Necesaria coherencia

               En beneficio de los senadores que auspician el proyecto se podría pensar que están inspirados en el propósito de reducir la prepotencia con que se manejan algunos de los empresarios privados del sector energético, que lucen incapaces de entender la indignación nacional frente al enmarañado y encarecido servicio que ofrecen.

            La persistencia de los apagones en momentos en que se ha producido un pesado aumento de la tarifa energética, y los cuestionamientos sistemáticos de los contratos que los amparan crean una situación delicada para el gobierno que está pagando un costo político considerable.

            Pero el lanzar palos de ciegos, condenados a terminar en nuevas frustraciones, sólo sirve para contradecir la política del gobierno central por parte de los legisladores de su propio partido, algunos de ellos vinculados directamente al presidente Mejía.

            Persisten en una independencia a ultranza del Poder Legislativo que no se registra en ninguna democracia y que mella el prestigio y la credibilidad de quienes ejercen el Poder Ejecutivo, en consecuencia del propio partido.

            Abonan también la percepción generalizada en la opinión pública de que los perredeistas son incapaces de conducirse con la mínima coherencia y que se manejan desde el poder como si estuvieran en la oposición, siempre a nombre de la independencia y la democracia política.

Requiere confianza  

            Lo menos que necesita el gobierno en las actuales circunstancias es contradicción de sus propios legisladores. Requiere confianza para crear un clima de colaboración y comprensión sobre las dificultades económicas, en momentos en que se han reducido las reservas de divisas y el peso mantiene un agudo proceso de devaluación que lo conduce rumbo al 21 por dólar.

            El camino correcto luce ser la conciliación que implican las conversaciones que una comisión de funcionarios gubernamentales sostiene con el alto empresariado en busca de confianza mutua y colaboración para enfrentar las dificultades.

            Ese esfuerzo ha quedado subestimado en la opinión pública por el ruido del escándalo de corrupción y de las iniciativas legislativas, no sólo en materia de bonos soberanos, sino también con las amenazas de desconcoer el acuerdo pactado por el gobierno y los tres partidos mayoritarios, para superar la incertidumbre derivada de la elección de los jueces electorales.

            El camino al acuerdo con el empresariado tampoco está allanado de obstáculos, sobre todo a la luz de sus expectativas de que las autoridades eliminen el recargo cambiario y el anticipo del impuesto del 1.5 por ciento de las ventas. También resulta difícil atender el reclamo de generalizar el ITEBIS a cambio de reducirlo del 12 al 8 por ciento, lo que ha sido rechazado de antemano por el propio Presidente Mdejía.

            Pero los negociadores oficiales han mostrado apertura, reclamando al empresariado que muestre compensaciones fiscales a las reducciones que implicarían sus demandas y planteando aplicar la legislación que devuelve impuestos internos a las exportaciones.

            Mientras la economía internacional no repunte y se recupere el turismo y las exportaciones de zonas francas, y el petróleo se mantenga sobre 25 dólares el barril, el gobierno dominicano navegará con serias limitaciones y dificultades. Requiere comprensión y colaboración. Pero sus propios partidarios no dan el ejemplo.-

Expediente insatisfactorio

            Al concluir la semana es generalizado el criterio de que el gobierno no ha podido quitarse de encima el escándalo generado en las acusaciones a quien fuera jefe de la avanzada de seguridad del presidente Mejía.

            Hasta el Procurador General de la República, Virgilio Bello Rosa, resultó sorprendido con el calificativo de correccional dado por el Fiscal del Distrito Nacional al expediente que involucra al coronel Pepe Goico en un fraude por 40 millones de pesos denunciado por un banco, lo cual decreta la libertad bajo fianza de los implicados.

               Después de casi tres semanas preso y de la retención de un avión y un helicóptero que usaba el militar, ahora resulta que fue una víctima y que, según sus abogados, habrá que pedirle perdón. Se trató tan sólo de un cómplice por descuido, porque la tarjeta emitida a su nombre era operada fraudulentamente por el gerente del banco que denunció el fraude ante el propio Presidente de la República.

            A esta altura de las investigaciones, nada se ha informado sobre las razones que tuvieron las autoridades para allanar y retener el avión y el helicóptero que alquilaba el mismo Goico. Tampoco se ha explicado cómo se compraban bienes y servicios a nombre de instituciones militares sin que el Estado fuera responsable ni pagara la factura correspondiente.

            Y en tal circunstancia, el gobierno queda desautorizado para combatir la corrupción, como lo expresara el jueves 21 el responsable Procurador General de la República. No hay dudas de que el costo político para el gobierno será tan alto como el de la factura petrolera, o de la energética.-

El gobierno enfrenta su mayor escándalo

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El caso que protagoniza el coronel Pedro Julio Goico, con implicaciones no esclarecidas, pone de relieve la debilidad de las instituciones nacionales

             El fraude atribuido al coronel Pedro Julio Goico, hasta principios de noviembre jefe de la avanzada de seguridad del Presidente de la República, constituye el mayor escándalo producido en los dos años y 3 meses que lleva este gobierno, cuya imagen ha quedado empañada y merece más aclaraciones que las ofrecidas hasta el momento.

            El caso se constituyó en la comidilla nacional y hasta salpicó la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estados y de Gobiernos, en cuya seguridad ya trabajaba el rudo militar, subjúdice desde hace 5 años cuando fue sometido a la justicia, involucrado en un fraude a la Lotería Nacional que fue cuantificado en 90 millones de pesos.

            Diversos aspectos de la ocurrencia muestran una vez más la debilidad de las instituciones nacionales, desde el Poder Ejecutivo hasta el Judicial, incluyendo a las Fuerzas Armadas, donde hasta un gerente bancario puede ser convertido en oficial sin más requisito que la de socio de cualquier usufructuario del poder.

La comidilla nacional           

            El fraude en que está involucrado el jefe de seguridad del Presidente de la República y su acompañante más notorio en sus desplazamientos dentro y fuera del país, se constituyó en la gran comidilla nacional de las últimas dos semanas.

               En todos los círculos, fueran políticos, empresariales o sociales, en los estadios de beisbol o en los centros nocturnos no se ha cherchado de otra cosa, y ni hablar de los medios de comunicación, donde se ha especulado en todas las dimensiones, afectando considerablemente la imagen del gobierno.

La ocurrencia ofreció material de actualidad al espectáculo “Humor Viejo no se Olvida” que han estado presentando en el club nocturno Maunaloa los destacados humoristas Freddy Beras Goico, Cuquín Victoria, Felipe Polanco y Luisito Martí, con la algarabía y carcajadas de los asistentes.

En la prensa internacional, incluyendo los diarios madrileños, se dio alto relieve al escándalo, resaltándose el cargo del coronel Goico y la circunstancia de que estaba llamado a tener un papel fundamental en la seguridad de los dignatarios que asitirían a la Cumbre Iberoamericana de Bábaro.

Muchos de los cientos de periodistas que llegaron al país no preguntaban otra cosa, tratando de que les esclarecieran los alcances de la corrupción denunciada, algo que resultaba difícil hasta para muchos de los mejores conocedores de las triquiñuelas nacionales.    

La imagen de bravucón que con tanto esmero había cultivado el coronel Goico era la perfecta para magnificar el escándalo. Y periodistas y medios nacionales han aprovechado para cobrarle parte de los desafueros en que incurrió con reporteros de todas las categorías.

Se ha llegado a publicar que el comportamiento de Goico en los más de 30 viajes internacionales del presidente Hipólito Mejía había provocado protestas de autoridades de varios países, entre los cuales se citan a Estados Unidos, México, Japón, y en Canadá, donde habría de concluir la carrera del jefe de seguridad presidencial.

Inexplicable lentitud

            Producido el escándalo ha resultado inexplicable que el presidente Hipólito Mejía colocara en un papel tan relevante, en su propio entorno de seguridad, a alguien que estaba subjúdice, en libertad bajo fianza tras haber sido involucrado en un fraude denunciado en septiembre de 1997 contra la Lotería Nacional, de la que, por cierto, era también jefe de seguridad.

            Se le acusó, junto al haitiano Frederick Marzourka, de estafa a fondos públicos y asociación de malhechores, y a quien la jueza Miriam Germán ordenó mantener en prisión, el 24 de octubre de 1997, considerando que existían “indicios graves, serios, precisos y concordantes” de responsabilidad en los hecho que se le imputaron.

            Pasó 6 meses en prisión, hasta lograr libertad condicional bajo fianza por decisión de la Suprema Corte de Justicia en marzo de 1998, lo que no lo relevaba del procesamiento judicial.

            Entonces era mayor del Ejército Nacional y por los cargos juidiciales quedó suspendido. Se supone que por “haberse fajado” en la campaña electoral, el presidente Mejía ordenó su reincorporación y lo hizo objeto de dos ascensos, hasta convertirlo en coronel.

            Fue notable que transcurrió mes y medio desde el momento (el 20 de septiembre pasado) en que el presidente del Banco Intercontinental puso en conocimiento del mandatario las irregularidades en que se involucra al coronel Goico, hasta que fue destituido y apresado.

Entre consulta económica y reiterado pujilato político

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Mientras el Presidente Mejía y el secretario de Finanzas insistían en la concertación económica, los legisladores oficialistas persistían en cultivar la incertidumbre política                                         

            El secretario de Finanzas, José Lois Malkum marcó el paso positivo del gobierno esta semana al revelar una concertación en marcha entre el gobierno y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) con miras a asegurar la estabildiad macroeconómica en medio de la grave crisis de la economía internacional.

            Pero el ámbito político gubernamental siguió dando palos de ciegos cuando legisladores oficialistas cuestionaron el reciente acuerdo del diálogo político para dividir las funciones de la Junta Central Electoral y amenazaron con una nueva reforma constitucional para volver sobre la reducción del porcentaje del voto para elegir presidente.

            En tanto en el seno del Partido Revolucionario Dominicano seguían profundizándose las divergencias, agitadas por el protagonismo del grupo que sigue al presidente Hipólito Mejía, el denominado PPH, lo que al mismo tiempo empuja a los aspirantes a la candidatura presidencial a una prematura campaña interna.

Señales contradictorias

            En el ámbito internacional hubo señales contradictorias a lo largo de la semana. Lo más positivo fue que el petróleo se mantuvo en baja por primera vez en los últimos dos meses, reduciendo su precio en más de dos dólares el barril, pero el dólar dio señales de debilidad, como la economía de los Estados Unidos.

            A mediados de semana el euro superó en valor al dólar norteamericano tanto en los mercados europeos como en Nueva York, y la Reserva Federal norteamericana llevaba las tasas de interés a su nivel más bajo en medio siglo, 1.25 por ciento anual, que es dinero gratis si se le compara con las tasas prevalencientes en la República Dominicana.

            Para algunos analistas la victoria del Partido Republicano y el presidente GeorgeBush en las elecciones parciales del martes podría moderar el protagonismo guerrerista que tendría por objetivo explotar electoralmente el sentimiento patriótico

Norteamericano, lo que en consecuencia seguiría moderando el precio del petróleo.

            En esa línea se inscribiría el nuevo texto de resolución sobre Irak sometido por Estados Unidos a consideración de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que establece un camino más moderado de confrontación con el régimen de Saddan Husein.

            Sin embargo, otros analizan que tras el respaldo electoral que le permitió controlar la mayoría del Senado, hasta ahora en manos demócrata, el presidente Bush podría sentirse estimulado en sus afanes guerreristas, que tendrían el incentivo de los petroleros de su sureño estado de Tejas que soñarían con la explotación de las riquezas petrolíficas iraquíes.

            Las expectativas económicas norteamericanas seguían siendo inciertas, en medio de la desconfianza de los consumidores, con balance negativo en el empleo y sin que afloren elementos que permitan superar la casi recesión de los últimos meses.

            Para algunos, la guerra podría ayudar a reactivar la economía norteamericana. Pero afectaría en lo inmediato el precio del petróleo y el turismo internacional, lo que repercutiría en mayores dificultades para las economías dependientes, como la dominicana.

Actitud positiva

            El martes antes de viajar a Canadá, el presidente Hipólito Mejía se reunió con los senadores de su partido para pedirles respaldo a la concertación lograda en el diálogo político que permitiría superar los conflictos políticos originados en la designación de los jueces electorales y crear un mejor ambiente para viabilizar una nueva emisión de bonos soberanos.

            Fuentes de crédito indican que el presidente fue “tan sincero y convincente” que ninguno de los radicales defensores de las facultades legislativas se atrevió a cuestionar el pacto.

            Al día siguiente el secretario de finanzas, José Lois Markum, adelantó que el gobierno buscar concertar con el CONEP para una serie de 8 o 9 medidas encaminadas a mantener la estabilidad macoreconómica.

            Entre ellas incluyó no sólo la emisión de bonos soberanos por 600 millones de dólares, sino también la presentación de un presupuesto virtualmente congelado para el año próximo y disposiciones de austeridad y de corte monetario y fiscal.

            El gobierno no estaría en disposición de atender todos los reclamos del sector empresarial, pero le está consultando y escuchando y trataría de lograr acuerdos básicos, aunque no elimine el adelanto del 1.5 por ciento sobre las ventas ni desmonte significativamente la comisión cambiaria. Podría hacer concesiones en los gravámenes, de por sí bajos, de las materias primas, equipos y maquinarias.

            En el liderazgo empresarial se ha estado evaluando la posibilidad de presentar opciones impositivas que mantengan los ingresos estatales, entre las cuales han señalado la ampliación de la base del itebis, aunque al mismo tiempo plantean su reducción del 12 al 8 por ciento. También se habla de aumento al impuesto a la vivienda suntuaria y a las apuestas, que no compensarían más que un desonte parcial de la comisión cambiaria.

            La ampliación de la base impositiva del Itebis es considerada injusta porque tendería a gravar alimentos no consumo generalizado, lo que repercutiría sobre las clases medias bajas y los sectores populares. Nadie quiere ni discutir la posibilidad de que se graven las medicinas.

            Las simples consultas con el sector empresarial tiende a generar un clima de comprensión y confianza, que explicaría el respaldo que este ha adelantado a la nueva smisión de bonos soberanos, destinada a renegociar deuda externa de corto plazo por unos 250 millones de dólares, a pagar deuda interna por otros 135 millones de dólares y otros 215 millones para crear un fondo de contringencia ante la posibilidad de guerra internacional, que al mismo tiempo fortalecería las reservas de divisas.

 

Un frágil pero positivo acuerdo entre los partidos mayoritarios

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El Presidente Mejía constituído en garante del cumplimiento del pacto; pendiente la estabilidad macroeconómica y agenda para el desarrrollo                                           

            Aunque sostenido sobre un frágil hilo, el acuerdo pactado esta semana por los líderes de los partidos políticos mayoritarios y el gobierno para superar el enfrentamiento por la Junta Central Electoral (JCE) es un acontecimiento positivo llamado a contribuir a una necesaria distensión que permita enfocar la atención nacional en los problemas que amenazan la estabilidad macroeconómica de la última década.

            El consenso fue posible gracias a una firme decisión del presidente Hipólito Mejía, bajo cuya responsabildad quedará el cumplimiento por parte de los legisladores oficialistas, algunos de los cuales han llegado a creerse el propio argumento de que no pueden transar ni rectificar sin alterar el orden constitucional.

            Queda pendiente comprobar si las partes tendrán la misma voluntad para concoer los otros dos temas establecidos en la agenda del diálogo, referentes a disposiciones para mantener la estabildiad macroeconómica y definir los alcances de una agenda nacional de desarrollo.

Acuerdo reconfortante

            El pacto anunciado el jueves en el marco del diálogo iniciado el 21 de octubre para superar el enconado enfrentamiento político generado por la elección de los jueces electorales, cayó como un refrigerante en el caluroso otoño tropical, despertando leves expectativas de nuevas concertaciones que permitan enfrentar los acuciante problemas nacionales, especialmente del orden macroeconómico.

            Contradiciendo los vaticinios pesimistas que dominaron parte importante de la opinión pública desde el inicio del diálogo, los líderes de los partidos mayoritarios y el gobierno del presidente Hipólito Mejía lograron acuerdos básicos, lo que deja abiertas las puertas a nuevas concertaciones en los ámbitos políticos, sociales y económicos.

            Lo fundamental ha sido que se comprometieron a una reforma de la ley electoral para dividir las funciones administrativas, reglamentarias y contenciosas de la JCE y elevar a 9 la matrícula del organismo.

Los dos nuevos magistrados serían escogidos por consenso entre los partidos y en consulta con las organizaciones de la sociedad civil. Serían tres de acuerdo a una versión publicada por el periódico HOY, según la cual se habría pactado la renuncia de uno de los dos últimos en ser designados por el Senado.

            Habrá una cámara de administrativa, integrada por tres miembros, y la contenciosa por 5, más el presidente del plenario del organismo, que seguirá siendo el doctor Ramón Morel Cerda. Cada cámara decidirá en su ámbito propio. El pleno de los jueces sesionará para la materia reglamentaria.

            Al mismo tiempo los partidos se comprometieron a respetar plenamente el mandato de la ley electoral para que los directores de los organismos claves de la JCE, como la dirección general de elecciones, dirección de cómputos y del registro civil, sean escogidos por consenso.

            Cuando se anunció el pacto, los partidos apenas disponían de un borrador y abogados de los mismos se disponían a redactor las reformas a ser introducidas en la legislación electoral a través del presidente Hipólito Mejía, quien había sorprendido a la opinión pública con la convocatoria del diálogo, reclamado por los partidos de oposición y parte de las organizaciones sociales.

Parche mal pegado

            La forma en que se divide la JCE, sin tocar la Constitución de la República constituye un parche mal pegado. Es un acuerdo endeble, fruto de la necesidad del gobierno de poner límite a los enfrentamientos, para mejorar el clima en que podría enfrentar los problemas macroeconómicos y de la impotyencia de la oposición para doblar el brazo a la mayoría perredeísta en el Congreso y el Poder Ejecutivo.

            Lo ideal hubiese sido modificar el artículo 92 de la Constitución de la República que atribuye los funciones de dirección, reglamentación y enjuiciamiento a la JCE y entonces crear dos organismos totalmente separados, como se ha registrado en México, Perú, Chile, Paraguay y otros países de la región.

            Pero la conflictiva reforma constitucional concluída en agosto pasado ha sido un disuasivo para todos los sectores. Algunos se encrispaban de sólo insinuarse la posbilidad de volver a otra reforma de la carta magna. Se daba por seguro que algunos oficialistas insistirían en plabntear la reducción del porcentaje para elegir el Presidente de la República.

            El Instituto Federal Electoral en México y la Organización Nacional de Procesos Electorales, en Perú, son el ejemplo. Se trata de instituciones cuyo fin único es organizar los procesos electorales. Todo lo que tiene que ver con recursos jurídicos, de interpretación, de impugnación o conocimiento de diferendos se dirige a un tribunal superior electoral.

En algunos países el tribunal elñectoral es la propia Suprema Corte de Justicia o una cámara especializada de esta. En cualquier caso lo que se persigue es que quienes dictaminen sobre los conflictos no sean los mismos que tomen las decisiones en primera instancia., es decir, evitar el conflicto del que es juez y parte.

           La fórmula dominicana será obviamente un híbrido, asumeindo que pase la prueba de las interpretaciones iniciales. En otras palabras, que los legisladores y los actuales jueces acepten la intepretación de los pactantes. Monseñor Agripino Núñez, el mediador del diálogo explicó que “había que buscar una fórmula que no coludiera con la Constitución ni requiriera reformarla”.

Firme apoyo presidencial

            Desde el comienzo del diálogo Núñez Collado insistió en la firmeza del apoyo del presidente Mejía. Y fue más enfático al anunciar los acuerdos. Hasta dijo que el mismo mandatario había insinuado “una solución permanente” para que estas crisis electorales no se repitan.

            El primer mandatariono no sólo había sido el padre de la convocatoria a diálogo, sino que fue en un almuerzo al que invitó el lunes 28, donde se fraguó definitivamente el acuerdo.

            El compromiso presidencial es tan claro delante del mediador y las partes que nadie tiene dudas de que el acuerdo será acatado por los congresistas, aunque algunas voces destempladas pretendan ensayar un relajo parecido al practicado con los resultados de la comisión para la reforma constitucional.

            Fuentes del partido de gobierno ratifican que Hipólito Mejía había comprendido la necesidad de resolver el enfrentamiento y promover una distensión nacional. No sólo por razones económicas coyunturales, como la necesidad de que le aprueben uan nueva emisión de bonos soberanos, sino también para evitar que fraguara un frente antiperredeísta encabezado por los dos grandes partidos de oposición.

            El agrónomo Mejía también habría aceptado que no favorecía la imagen de su gobierno que la cumbre de gobernantes iberoamericanos, -a reunirse en el país el 15 y 16 de noviembre- lo encontrara en medio de una crisis política que incluía el retiro de los legisladores de oposición.

            En círculos gubernamentales se ha confirmado que la reunión del presidente Mejía con un grupo de dirigentes reformistas encabezados por su presidente Rafael Bello Andino fue clave para que decidiera promover una transacción. Estos le habrían expuesto los efectos que el enfrentamiento estaba generando en la militancia de su partido, que cerraba la puerta a la colaboración.

            Eso aparte de las presiones del PLD, las señales del empresariado y de la jerarquía eclesiástica, y de sectores importantes de la opinión pública, que abogaban por un clima político más apropiado a las circunstancias nacionales e internacionales.

¿Proseguirá el diálogo?

          Superado el principal factor de conflicto en la coyuntura nacional, muchos se preguntan si el diálogo proseguirá hasta agotar los otros dos puntos de la agenda trazada a su inicio.

            La impresión que se recoje en círculos oficialistas es que el gobierno no tiene mucho interés en que le marquen pauta a seguir frente a los problemas económicos, sobre todo porque sabe que toda la oposición política y las entidades sociales van a insistir en reclamarle austeridad y hasta reducción del gasto corriente.

            Ya voceros empresariales han adelantado que pedirán un presupuesto para el 2003 igual al del año que concluye. Otros contemplan que se elimine el recargo cambiario y no han faltado los que demandan hasta la eliminación del impuesto del 1.5 por ciento a las ventas.

            Sin llegar a complacer las posiciones más oportunistas, el gobierno podría hacer algunas concesiones, incluyendo un compromiso firme de contracción del gasto y proseguir el desmonte de la comisión cambiaria, lo que al mismo tiempo repercutiría en moderación de las tendencias inflacionarias.

            De entrada, el gobierno ya tiene como meta inmediata que le aprueben una nueva smiión de bonos soberanos, a la cual es obvio que no se opone el empresariado. Más bien, algunos sectores, especialmente la banca, la consideran imprescindible para enderezar la pendiente resbaladiza por la que rueda cuesta abajo el peso.

            Esta semana el presidente Mejía no sólo confirmó que el gobierno quiere otros 500 millones de dólares en bonos soberanos, sino que por primera vez planteó públicamente que la nación atravieza por una crisis financiera.

            Nadie en el diálogo pretende que se siente allí el equipo que elabora el presupueusto para discutir las partidas. Lo que se concibe es una declaración general donde se propongan metas y propósitos. A cambio los opositores tendrían que admitir que la crisis económica tiene un alto componente importado, a través de la recesión internacional, la crisis del turismo y el alza del petróleo.

            La segunda etapa del diálogo podría aportar elementos de conciliación para enfrentar la crisis económica internacional con racionalidad. El gobierno pidiendo y ganando colaboración y comprensión, a cambio de mayor transparencia y concertación.

            Mientras tanto, se espera que los acuerdos políticos contribuyan a mejorar el clima político y diluyan en parte las incertidumbres que habrían puesto alguna parte en la corrida cambiaria que registró el caliente octubre.-