Por Juan Bolívar Díaz

La encuesta de El Caribe ratifica la caída en el crédito del gobierno que registró la de HOY el pasado mes

             El gobierno perredeísta del presidente Hipólito Mejía atravieza por su peor momento en los comienzos de su segunda mitad, afectado básicamente por la crisis energética que ha alcanzado uno de sus peores niveles, por alzas de precios derivadas del incremento en el costo del petróleo y la devaluación del peso y por el auge de la delincuencia.

            La encuesta de Penn, Schoen & Berland, publicada esta semana por el diario El Caribe, ratificó el deterioro de la imagen del gobierno que había reflejado la de Hamilton para HOY publicada a mediados del mes pasado.

            Las perspectivas no apuntan a una mejoría del crédito gubernamental en lo inmediato, dado el inminente aumento en la tarifa de la energía eléctrica que se anuncia para la próxima semana, aunque a corto plazo un mejoramiento significativo de la electricidad podría reducir uno de los factores de mayor disgusto en la población.

Percepción ratificada

               En líneas generales la encuesta de Penn, Schoen & Berland para el diario El Caribe ha ratificado la percepción negativa de la gestión gubernamental que había registrado la de Hamilton para HOY publicada a mediados de agosto pasado.

            En la de Penn es mucho mayor el porcentaje de los encuestados que consideran que las cosas no van en dirección equivocada, al registrar un 69 por ciento, 10 puntos sobre el 59 que la anterior de la misma firma presentó en febrero pasado. Ante similar pregunta la Hamilton arrojó en agosto un 57 por ciento, 5 puntos más que su anterior en marzo.

            Ambas investigaciones reflejan una mayoría de la población insatisfecha con la labor del gobierno. Mientras la de HOY registró una calificación positiva del 45 por ciento, un punto más que en marzo, la de El Caribe indica una satisfacción del 40 por ciento, 10 puntos menos que en febrero.

            El pesimismo se ha reflejado por igual en las dos encuestas. En la Hamilton el 47 por ciento, 11 puntos más que en marzo, estimó que dentro de un año su situación personal será peor. La de Penn registró un 41 por ciento con expectativas peores sobre la situación del país dentro de un año, 5 puntos más que en febrero.

            Los porcentajes de los que consideran que la situación será mejor dentro de un año han sido del 28 por ciento en la primera y 33 por ciento en la última, en ambos casos en reducción en relación al 34 y 45 por ciento de las encuestas anteriores.

            La Penn preguntó además por la satisfacción con la labor del presidente, arrojando sólo un 42 por ciento, 6 puntos menos que en febrero.

            Estas dos encuestas, junto a la de Gallup han sido las más acreditadas de las publicadas en el país en las últimas dos décadas. Casi siempre han sido cuestionadas por los gobernantes de los tres partidos mayoritarios, pero acogidas cuando han estado en la oposición.

Factores adversos

            En la actual perecepción negativa sobre la gestión gubernamental está pesando preponderantemente el deterioro registrado en las últimas semanas por el servicio energético. La reducción de la oferta de electricidad por factores fundamentalmente financieros ha afectado ultimamente hasta a los sectores de clases medias y altas donde se paga el servicio, considerado entre los más caros del mundo.

            En las poblaciones del interior del país y en los barrios populares los apagones han impactado tan negativamente que se han reflejado en violentas protestas, con las consiguientes represiones policiales, con saldos de muertos y heridos.

            La demanda de electricidad es lo que motoriza las protestas sociales durante el gobierno perredeísta, lo que parece indicar que se está poniendo más atención a los demás servicios públicos y a la construcción de múltiples obras, como escuelas, arreglos de calles y caminos, que las motorizaron en años anteriores.

            La percepción negativa está siendo impulsada también por repetidas elevaciones de precios de los combustibles, determinadas por el incremento del costo del petróleo, que en las últimas semanas ha vuelto a rondar los 30 dólares el barril, por encima de los 25 dólares que promedió en el 2001.

            Se trata de un factor de origen exógeno, al igual que la pérdida de valor del peso, determinada por la recesión internacional y la inseguridad que han repercutido sobre el turismo y las exportaciones de zonas francas.

            La devaluación del peso, que ronda el 12 por ciento en los dos años del actual gobierno, pero concentrada en los últimos tres meses, repercute en incrementos de precios no solo de los combustibles, sino también de todos los productos importados.

            Las quejas sobre el aumento en el costo de la vida son mayúsculas, pese a que el país registró en el último año una de las tasas de inflación más bajas en mucho tiempo, de apenas 4 por ciento, y sólo 2 por ciento en la primera mitad del año.

            El esfuerzo de las autoridades por contener la devaluación ha conllevado restricciones monetarias que a su vez se reflejan en aumentos de las tasas de interés, con el consiguiente encarecimiento del dinero y contracción de la inversión, lo que deviene en desempleo.

            Con los Estados Unidos en pie de guerra, las perspectivas internacionales son negativas, manteniendo elevados los precios del petróleo y generando pesimismo sobre el futuro inmediato.

            Otro factor que está incidiendo en la visión pesimista de la población es el incremento de la delincuencia. Hay tendencias a magnificarla cuando se producen hechos a los que el país no está acostumbrado como el secuestro del empresario Capellán o los ajustes de cuentas entre narcotraficantes. Aunque la Policía ha logrado con asombrosa rapidez determinar los autores de los más conmocionantes hechos delictivos.

Esperado discurso presidencial

            Las perspectivas en lo inmediato no son halagueñas si se tiene en cuenta que ya está anunciado un aumento en la tarifa de la energía eléctrica, que algunos medios informativos han magificado, llegando a estimarlo hasta en 100 por ciento.

            Los informes más realistas parecen cifrarlo entre 20 y 30 por ciento, pero suficiente para generar nuevas inconformidades y protestas. Las autoridades hacen esfuerzos porque el aumento no castigue a los sectores de menores ingresos y consumo. Pero mientras tanto, las expectativas son negativas.

            El discurso presidencial anunciado para el martes 17 versará sobre la renegociación de los contratos con los generadores de electricidad, lo que a corto plazo deberá traducirse en una notable mejoría del servicio, pero conlleva el fin del subsidio del gobierno por el sobreprecio del petróleo que ha predominado desde comienzos del 2000.

            Los efectos negativos que se debieron dispersar a lo largo de los últimos dos años y medio por la elevación del costo del petróleo, podrían sentirse ahora de golpe, agravando la inconformidad social.

            Se espera que el presidente Mejía disponga algunas medidas de compensación para los sectores de menores ingreos, pero el aumento del costo de la electricidad se reflejará en los sectores medios y altos y en los industriales, comerciantes y establecimientos de servicios.

            Más allá de las medidas compensatorias, que no podrán ser muchas, el gobierno tendrá que apelar a la creación de un clima de mayor conciliación en los ámbitos políticos, eliminando factores de irritación y confrontación. Al respecto podría apelar a una negociación para elegir una Junta Central Electoral con algún grado de consenso político y social.

            Por demás, los estrategas gubernamentales tendrían que hacer un mayor y sistemático esfuerzo para explicar a la población que muchas de las dificultades coyunturales son fruto de un ámbito económico y político internacional poco propicio, que ha puesto en apuros mayores a la generalidad de las economás latinoamericanas.-