Por Juan Bolívar Díaz
Tras 19 meses de esfuerzos por imponer una reforma sectaria de la Constitución de la República, pasando por encima de los principos y de los compromisos contraídos con la democracia y la participación, el resultado de la Asamblea Revisora no ha podido ser más aleccionador: la mayoría perredeísta del Congreso y el gobierno ha cosechado un resultado pírrico.
Una vez más el único reivindicado fue el doctor Joaquín Balaguer, cuyos seguidores negociaron con el gobierno para hacer aprobar una reelección que el presidente Hipólito Mejía rechaza, y luego le sacaron los pies a la hora de “reivindicar” la memoria de José F. Peña Gómez, ratificando la mayoría absoluta para elegir el presidente de la República.
Ese resultado ratifica que ya no es suficiente disponer del poder del gobierno y de las mayorías congresionales ni utilizarlo sin ningún escrúpulo para imponerse al resto de la sociedad, y debería frenar los impulsos de quienes creen que ya no deben consultar ni a su propio partido.
El fracaso sabatino
Aunque todos los cálculos indicaban que sin los votos reformistas no era posible conseguir las dos terceras partes necesarias para aprobar la reducción del porcentaje para elegir el Presidente de la República, los oficialistas se pricipitaron y ni por cortesía quisieron esperar el final del duelo por la muerte del expresidente Joaquín Balaguer.
Llegaron a la Asamblea pretendiendo imponerse, sin calcular suficientemente las consecuencias que tendría para su crédito y la gobernabildiad que pasaran una reforma contra los dos partidos mayoritarios y una parte del tercero, que a la vez había sido rechazada por gran parte de la sociedad civil y de la opinión pública.
Se había previsto que aún descontando los 12 legisladores peledeístas “conquistados” a las posiciones oficialistas, resultaba imposible aprobar la reducción del porcentaje para la elección presidencial, porque los reformistas ya no podían seguir ayudando al grupo gubernamental. El resultado de 100 votos a favor y 62 en contra no dejó duda. Aún hubiesen asistido todos los legisladores y votaran por ese cambio, no habrían reunido los dos tercios. 60 votos lo impedían.
La asamblea no pudo ser más caótica y degradante. Se pudo ver por televisión cómo los senadores y diputados se conducían a gritos mientras el grupo oficialista realizaba maniobras desesperadas tratando de imponerse. Repitieron una votación para obtener un resultado más desfavorable.
Primera victoria
Para el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) el resultado de este sábado fue su primera victoria tras la desaparición de su caudillo. Ratificaron su vocación por la supervivencia más allá de las negociaciones que se atribuyeron a algunos de sus representantes y a miembros del anillo balaguerista.
La dicotomía había quedado clara desde hacía varias semanas. Unos favorecían la reducción del factor de elección presidencial buscada por los oficialistas, la gran mayoría estaba en contra. El jueves 11 el vicepresidente ejecutivo del partido, Rafael Bello Andino, había instruído para que se transaran por el 45.
Tras la aprobación de la reelección presidencial y la eliminación de los colegios cerrados, esto último de universal consenso, la noche del sábado, sobrevino apenas 7 horas después la muerte de Balaguer. Ahí quedó decretado el fracaso en lograr la reducción del porcentaje, que era “la reivindicación peñagomista”, según los oficialistas.
Es que ahora sin Balaguer, el PRSC no podía facilitar al PRD un triunfo en los próximos comicios, fuera o no con reelección, y peor si la había. Si alguien lo sabía de sobra eran los colorados, conocedores a fondo de las ventajas que proporciona el ejercicio del poder a la hora de hacer campaña como de contar los votos.
El mantenimiento de la myaoría absoluta para elegir presidente era ahora fundamental para la supervivencia del PRSC como factor de poder. Si quedan en un segundo lugar en los comicios del 2004, saben que pueden contar con los voto del Partido de la Liberación Dominicana, no sólo por la deuda contraida en 1996, sino y muy especialmente por las contradicciones irreconciliables entre los dos partidos fundados por Juan Bosch.
Y si quedan en tercer lugar, los reformistas serían los de las llaves decisorias, conscientes de que si en el 2000 Hipólito Mejía y el PRD no llegaron a la mayoría absoluta en los próximos comicios podría ser más difícil, por el desgaste del poder. Ya entonces el PRSC no tiene que ser tan generoso como en 1996, habría que negociar con ellos bajo términos de conveniencia mutua.
Si había reformistas comprometidos con los oficialistas como se dice, estos podían alegar que ya ellos cumplieron con lo de la reelección presidencial y que las nuevas circunstancias los obligaban a retroceder, pues no se podían suicidar. Además de las inconveniencias que para los promotores significaba aparecer desde ya dividiendo al PRSC.
Una clara mayoría reformista consideraba fundamental mantener el 50 más uno, asumido como consigna de superviviencia desde el mortuorio mismo hasta la sepultura de Balaguer.
Una última maniobra tendiente a detener la avalancha reformista se produjo la mañana del viernes, horas antes de la reunión donde la Comisión Ejecutiva y los legisladores resolverían la posición a seguir en la Asamblea Revisora. Se corrió la versión de que la reunión había sido suspendida por el duelo.
Inmediatamente algunos dirigentes se movilizaron y a las 10 ya tenían logrado que más de la mitad de los miembros de la Comisión firmara un documento reclamando el mantenimiento del factor de elección. Y como quiera acudieron a la convocatoria. El resultado fue que si habia alguien dispuesto aún a jugar el papel de los oficialistas, no pudo siquiera sacar la cabeza.
Resultado pírrico
Para los promotores de esta reforma constitucional el resultado final no pudo haber sido más pírrico, después de una lucha que comenzó con la aprobación senatorial del 11 de diciembre del 2000, es decir que abarcó más de un año y 7 meses.
Les costó una profunda división entre los legisladores del mismo partido gobernante y colocar las primeras contradicciones entre gobiernistas y dirigentes perredeístas, pasando por encima de la Comisión Política y de la presidencia del partido. Sin ni siquiera una discusión formal entre los integrantes de los bloques del PRD en ambas cámaras.
Así mismo les costó una distancia con los sectores de la sociedad civil que antes consideraban aliados, sobre todo en materia de reformas institucionales, legales y constitucionales, a los que burlaron y han comenzado a despreciar y a desconsiderar.
Ridiculizaron al propio presidente Mejía y a Hatuey de Camps, firmantes del Pacto para la Reforma Constitucional del 27 de septiembre del 2001, junto al PLD y el PRSC, echado al safacón por funcionarios subalternos del mandatario y por legisladores de su grupo dentro del PRD, el llamado PPH.
El sector oficialista llevó al PRD a renunciar a principios que le eran fundamentales y en el que sus fundadores y líderes habían consumido tantas energías, como el de la no reelección presidencial.
Se aducía como explicación a la precipitada e inconsulta reforma constitucional que era fundamental “reivindicar a Peña Gómez”, eliminando la mayoría absoluta impuesta en la reforma de 1994 por la alianza PLD-PRSC para impedir que el líder perredeísta alcanzara la presidencia en la primera vuelta.
En efecto, esa reforma tuvo esa intención y la logró. Pero además se hizo sin el consenso del PRD, y violando un acuerdo previo, firmado incluso en un proceso auspiciado por la Fundación Siglo 21, que buscaba instituir la doble vuelta con un porcentaje de 40 por ciento para ganar en la primera.
En el proceso de promoción de la reforma, los oficialistas tuvieron que ir reduciendo sus expectativas. Primero no pudieron colar la prolongación del actual Congreso y luego tuvieron que abandonar las pretensiones de eliminar la inamovilidad de los jueces. Con el agravante de que ahora no consiguieron reducir el factor de elección presidencial.
El que mucho abarca…
Aunque por debajo se sentía, la reelección no figuraba al principio como objetivo de la reforma. Fue introducida con fuerza después del pacto firmado en septiembre, promovido por sectores de la sociedad civil como transacción para que fuera una constituyente por elección popular la que se abocara a una reforma profunda de la Carta Magna.
Los cuatro puntos a modificar, de acuerdo al pacto de septiembre, fueron de consenso en la amplia comisión integrada por decreto presidencial que entre abril y agosto discutió sobre la forma y el fondo de la reforma.
Esa comisión iba más lejos en cuanto al factor de elección, pues favoreció la fórmula argentina del 45 por ciento minimo, pero también con el 40 si había una distancia mayor del 10 por ciento entre los dos más votados en una primera vuelta. O sea, que de entrada reducía 5 puntos al mínimo requerido. Nadie se opuso ni en la subcomisión que recomendó esa fórmula ni en la plenaria de la comisión que la aprobó.
EL PLD y el PRSC, la favorecieron tanto en la comisión como en el pacto firmado en el Palacio Nacional. Hubiese resultado mejor a los oficialistas que lo conseguido en la Asamblea Revisora que acaba de concluir, pero fueron ellos los que echaron a la basura el acuerdo del 27 de septiembre. Es decir, al romper el consenso, al querer imponerse y abarcar más de lo posible, sembraron las semillas para este parto de los montes.
En el acuerdo figuraba la eliminación de los colegios cerrados, la elección de los representantes al Parlamento Centroamericano, ahora nombrados por el Poder Ejecutivo, en contradicción con los reglamentos de ese organismo, y la institución de la Asamblea Constituyente por elección popular, misma que figuró en los programas de gobierno del PLD y el PRD y en los discursos de José Francisco Peña Gómez.
Lo que no figuraba era la reelección presidencial que es el único galardón de los promotores, con el absurdo de que no les servirá para nada, dadas las persistentes afirmaciones de Hipólito Mejía de que no se repostulará en cumplimiento de los principios y compromisos perredeístas.
Para quién habrán trabajado los promotores de la reforma es la preguna generalizada este fin de semana. Por de pronto reivindicaron a Balaguer y renegaron de Peña Gómez, y abrieron una puerta al continuismo que a lo mejor se use contra ellos en el futuro. Sería lo que se llama atajar para que otro enlace.-