Por Juan Bolívar Díaz
Parece urgente resolver las incoherencias para recuperar la confianza y contener la desproporcionada devaluación
Está generalizada la convicción de que la corrida cambiaria de las últimas semanas es desproporcionada a la situación de la economía nacional y está determinada en gran parte por un ambiente de incertidumbres y falta de confianza incentivado por incoherencias en el gobierno.
Se afianza la impresión de que hay dos gabinetes económicos y dos partidos enfrentados en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, lo que genera desconfianza en la conducción económica, especialmente de cara a un próximo año que será preelectoral, por lo que aumentarán las tentaciones de querer gastar más de lo que la situación económica soporta.
Para recuperar la confianza el gobierno tendría que comenzar por contener los desbordamientos que se registran entre sus propios legisladores, cuyas más negativas expresiones han sido los intentos por elevar el monto de los bonos soberanos y desconocer el pacto político para dividir las funciones de la Junta Central Electoral.
Grave corrida cambiaria
El proceso devaluatorio que ha sufrido el peso en el último cuatrimestre del año alcanzó esta semana niveles sumamente preocupantes, llamados a desatar fuerte devaluación, afectando la estabilidad macroeconómica que ha predominado en los últimos diez años y que hasta hace poco era de los éxitos reconocidos al gobierno.
Con el peso sobre 22.50 por dólar, la devaluación sobrepasa el 30 por ciento en lo que va del año, con una corrida que se inició en agosto, cuando todavía se cotizaba a 18.30, y que ha desarrollado una alarmante velocidad en las últimas tres semanas. Al concluir el 2001 el peso se cotizaba a poco más de 17 por dólar.
Los funcionarios del sector económico, encabezados por el secretario de Finanzas, atribuyen la corrida a especulación y los dirigentes de las asociaciones empresariales a la incertidumbre y falta de confianza, pero todos concuerdan en que no hay fundamentos económicos para ese nivel devaluatorio.
De nada han valido las inyecciones de divisas dispuestas por el Banco Central en los últimos meses, las que han reducido las reservas monetarias en unos 570 millones de dólares, para dejarlas en apenas poco más de 300 millones. Tampoco han dado resultado las restricciones monetarias, que hace un par de meses llegaron a sr exageradas, ni la emisión de certificados de participación.
No hay explicación objetiva si son ciertas las estimaciones de que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se ha reducido este año a 1.3 por ciento del producto bruto interno, lo que sería la tercera parte del 4 por ciento registrado el año pasado. Menos aún cuando la principal fuente de divisas, el turismo, ha comenzado a dar muestras de recuperación, mientras las remesas siguen aumentando, aunque a menor nivel que en los años anteriores.
Incertidumbre y desconfianza
Los líderes empresariales coincidieron esta semana en la estimación de que la corrida cambiaria está determinada por un ambiente de incertidumbres y desconfianza que se habría apoderado de los agentes económicos. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada dijo que la tasa cambiaria debe estabilizarse entre 20 y 21 pesos por dólar
Marino Ginebra descarta la especulación simple y sostiene que “se trata de un asunto de desconfianza que pudiera solucionarse con un Congreso en sintonía con los asuntos económicos”.
Por su parte el presidente de la Asociación de Industrias, Lisandro Macarrulla, estimó que estamos enfrentando “una crisis de confianza y falta de credibilidad
en la gestión gubernamental”.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios también juzgo desproporcionada el alza de la tasa de cambio, atribuyéndola a “pérdida de confianza de los agentes financieros en las políticas del gobierno”.
Las preocupaciones se centran en el gasto gubernamental de este año, con fuerte endeudamiento, y en las proyecciones para el próximo y se multiplicaron con el empeño de la mayoría perredeísta en el Senado de elevar el monto de 600 millones de dólares en los bonos soberanos solicitados en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
En principio los senadores propusieron aumentar los bonos hasta 800 millones de dólares y en primer lectura los bajaron a 750, supuestamente para recomprar acciones de las empresas distribuidoras de energía capitalizadas hace poco más de tres años.
La decisión senatorial ha estado huérfana de bases objetivas, ya que dos de las tres distribuidoras han reiterado que no están vendiendo acciones, que en todo caso no podrían ser compradas con 150 o 200 millones de dólares.
La mayoría de los senadores perredeístas se ha embarcado en una acción de puro corte politiquero, pretendiendo capitalizar la seria inconformidad de la población con el desempeño de esas empresas y el costo de la energía, creando expectativas falsas que el gobierno no puede satisfacer.
El espectáculo montado el miércoles 4 cuando los senadores insultaron a los representantes de las empresas distribuidoras de energía en medio de un prolongado interrogatorio, en nada contribuye al ambiente de sosiego que precisa el gobierno para buscar soluciones a la problemática energética.
Dos gabinetes económicos
Lo peor es que en el Senado parece haber un equipo económico enfrentado al del Poder Ejecutivo. Desde la semana anterior el Secretario de Finanzas publicó un comunicado advirtiendo sobre los riesgos de la pretendida compra de acciones, estimando que podría enviar señales equívocas al mercado de inversionistas y perjudicar el esfuerzo por colocar los 600 milllones de dólares en bonos.
Pero los cuestionamientos senatoriales se revierten contra el mismo gobierno que negoció en Madrid los contratos con las distribuidoras de energía y que ha estado haciéndolo también con las generadoras.
Los senadores han llevado su activismo al grado de sustituir a los agentes del Poder Ejecutivo que son los llamados a trazar la política energética y a renegociar soluciones. Es este gobierno también el que ha autorizado los recientes incrementos en la tarifa de la energía eléctrica.
Como las cabezas del intento senatorial son precisamente del grupo perredeísta del presidente Hipólito Mejía (el PPH), se expresan dudas de si hay en realidad una rebelión contra la política gubernamental o un doble juego para meter de contrabando otros 150 millones de dólares en bonos soberanos que luego serían destinados a inversiones en un año preelectoral. Ese es un factor generador de incertidumbre y desconfianza.
Ya algunos legisladores gobiernistas, incluyendo al presidente del Senado,han adelantado también el propósito de elevar la asignación dispuesta para el Congreso en el proyecto de ley de presupuesto para el 2003, elaborado por el equipo económico del Poder Ejecutivo.
Dos partidos en uno
Hace ya meses que se incrementan las diferencias en el seno del partido de gobierno, y sus propios dirigentes denuncian sistemáticamente que el PPH es quien controla los legisladores y mantiene una ofensiva de tierra arrasada frente a otras corrientes dentro de la organización.
Eso quedó en evidencia en ocasión de la prolongada discusión sobre las reformas constitucionales que concluyó contradiciendo el credo antireeleccionista del Partido Revolucionario Dominicano, cuyos organismos lucen inoperantes.
El partido como tal no ha predominado en las resonantes iniciativas de sus legisladores. Y su presidente Hatuey de Camps, como muchos otros dirigentes, incluyendo a varios de los aspirantes a la próxima candidatura presidencial, se han desligado de las mismas.
Los precandidatos Enmanuel Esquea y Ramón Alburquerque han buscado abierta distancia, criticando políticas oficialistas y las improvisaciones legislativas. Y ni la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch ha podido mantenerse al márgen, formulando críticas diplomáticas.
Esquea proclamó esta semana en el telediario de Teleantillas que “no se puede mantener el poder sin un partido”, tras diagnosticar una situación de serias incongruencias entre el PRD, sus legisladores y su gobierno.
La percepción es que la lucha por la candidatura presidencial aumentará las incoherencias en el partido de gobierno, donde aún hay quienes sueñan con convencer al presidente Mejía de que se lance a la carrera continuista, lo que elevaría el tono de las disputas intrapartidarias.
No hay duda de que los factores políticos no tienden a generar confianza, en el futuro inmediato, lo que juega en abono de la pérdida del cada vez más precario equilibrio macroeconómico, dentro de un panorama económico internacional desfavorable y portador de incertidumbres por riesgos de guerra.
Responsabilidad del Presidente
Por factores objetivos y subjetivos la imagen del gobierno sigue en picada, no sólo por recientes escándalos como el llamado “Pepegate”, sino especialmente por la delicada situación económica.
Los problemas ponen a prueba el liderazgo del presidente Hipólito Mejía, quien la noche del jueves anunció un discurso para referirse nuevamente al asunto energético y pidió a sus legisladores que se limiten a los bonos solicitados en su proyecto de ley.
Debe resultarle difícil volver a hablar de los problemas energéticos, después de los discursos de agosto y septiembre y de numerosos intentos fallidos, como aquel de prohibir por decreto los “apagones financieros”.
Pero el mandatario debe asumir el liderazgo frente a los legisladores y tratar de recomponer la coherencia en su partido para lo cual tendría que contener definitivamente los pujos de los reeleccionistas.
En lo inmediato deberá disipar las incertidumbres requiriendo una rápida aprobación del presupuesto y de sólo los 600 millones en bonos soberanos, así como de la reforma electoral que ya acogieron los diputados.
Más que cambiar el equipo económico, como algunos han propuesto en términos radicales, podría fortalecerlo tratando de concluir el consenso que el mismo ha adelantado con la cúpula del empresariado sobre asuntos fiscales. Eso y una contundente proclama de austeridad para el próximo año podría contribuir a disipar las incertidumbres y a devolver la estabilidad al mercado cambiario.-